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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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Artículos

  • Repudiable: primera jornada sin los jueces presentes en la sala

    24 de febrero, por Juicio CNU II — , , , , , , , , , , , , ,

    Con la sala de audiencias colmada de familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, los jueces del tribunal dieron inicio a la lectura de elevación a juicio desde sus casas de manera virtual. Los acusados también participaron vía remota. Indignación de sobrevivientes y familiares.

    Con una demora de dos años desde el pedido de elevación a juicio, este lunes comenzó el segundo juicio contra integrantes de la Concentración Universitaria Nacional (CNU), banda paraestatal que llevó a cabo crímenes en las ciudades de La Plata y Mar del Plata en los años previos a la dictadura genocida; delitos casi sin juzgamiento hasta hace unas décadas atrás, gracias a la incansable lucha de familiares y sobrevivientes.

    Los imputados Castillo y Pomares siguieron la audiencia por Zoom desde la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, mientras que Jesús lo hizo desde su domicilio.

    El dato que llamó la atención de quienes participaron de la audiencia, generando una gran indignación, fue que los jueces a cargo del Tribunal: Jorge Gorini, Fernando Minguillón y la jueza María Gabriela López Iñíguez, como así también Ricardo Basílico como juez suplente, no se encontraban presentes en la sala de audiencias. Todos ellos siguieron el desarrollo de la jornada de manera virtual.

    La llegada de la pandemia trastocó la vida cotidiana al punto de transitarla desde la virtualidad. El Poder judicial no fue la excepción. La virtualidad unió en una misma pantalla víctimas con victimarios. En distintos juicios pudo verse (aún se los puede ver) a los genocidas gozar de las mayores comodidades de su hogar, incluso aquellos pocos que están presos en la unidad vip de Campo de Mayo. Hoy se sumaron a esta comodidad los jueces. Los presentes en la sala dejaron sentado su denuncia al grito de "tribunal ausente, nuestros 30.000 presentes".

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    En esta primera audiencia se dio lectura de un resumen de la acusación, donde se destacó el rol de la CNU, cuyo accionar "sistematizado y organizado, en connivencia estatal, tuvo como objetivo "la eliminación de los 'subversivos' u opositores políticos al gobierno". Dicho accionar tenía como sello característico "acribillar a sus víctimas con una gran cantidad de impactos de armas de fuego. Este ensañamiento respondía a tres objetivos: instalar el terror, demostrar la identidad de los autores -era una especie de firma de sus crímenes- y su capacidad operativa".

    Mientras los represores disfrutan de sus domicilios, otros mueren sin castigo; sobrevivientes y familiares que dejan la vida atestiguando sobre el horror y buscando una justicia que el Poder Judicial dilata y fragmenta en el tiempo. Tanta impunidad es caldo de cultivo para el cacareo negacionista.

    La próxima audiencia será el 4 de marzo.

    Mirá la primera audiencia

    Fuente Pulso-La Retaguardia

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  • ¡Todos y todas por la liberación de Milton! No mas presos por luchar

    23 de febrero, por Lanús — , , , , , , , , , , , , , , ,

    La asamblea autoconvocada de Lanús exige la liberación de Milton Tolomeo y el cierre de la causa, así como de todos los presos por luchar contra la reforma esclavista

    La Asamblea Autoconvocada de Lanús lanzó una campaña por la liberación de Milton Tolomeo, fundador de la misma, quien fue detenido unos días después de la importante movilización contra la reforma laboral el pasado 11 de febrero. Su detención, se da en el marco de una avanzada represiva que busca disciplinar a quienes salen a luchar contra el ajuste y la precarización laboral que impulsa el gobierno de Milei y sus cómplices. Como se expresó en las calles miles de trabajadores y de sectores populares, se movilizaron para rechazar esta reforma retrógrada.

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    La organización de Derechos Humanos “Red Federal por la Defensa de los DD. HH. y la Democracia”, ha asumido la defensa de Milton, quien se encuentra con prisión preventiva, y en un comunicado exigen su inmediata liberación debido a que no existen motivos para su situación ya “que el compañero cuenta con suficiente arraigo, carece de antecedentes y de posibilidad de entorpecer el proceso”. A su vez, informaron que la fiscalía solicitó que siga detenido en “base a dudosos informes de identificación antropométrica de la policía federal”.

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    Desde este medio, nos sumamos a difundir esta campaña y llamamos a todes a ser parte de esta pelea por la liberación de Milton Tolomeo y el cierre de la causa, así como de todos los presos por luchar. Pelear contra esta nefasta reforma laboral no es un delito, los criminales son los que quieren sumir en la precarización y la pobreza a les trabajadores de Argentina.

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  • Prioridades de Milei: U$S 11 millones para camiones militares, millones de jubilados en la miseria

    23 de febrero, por Negocio armado — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El ministro de Defensa Carlos Presti viajó a Alemania y cerró un multimillonario contrato con Mercedes Benz por la compra de 64 Unimog. Festejan en los cuarteles, mientras la motosierra y la licuadora siguen destrozando jubilaciones y presupuestos en salud, educación y vivienda.

    El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, acaba de volver de Alemania, donde participó de Munich Security Conference (Conferencia de Seguridad de Munich). Allí, entre otras cosas actividades oficiales y privadas, visitó la planta alemana de Mercedes-Benz Special Trucks para terminar de concretar la compra del Estado argentino de un total de 64 camiones militares Unimog 4000 para el Ejército Argentino (fuerza de la que él fue jefe hasta hace poco).

    Casi como una ironía de la historia, Mercedes Benz es una de las corporaciones que más se involucraron en el genocidio de los años 70 en Argentina. Su gerencia, en complicidad con la burocracia sindical del Smata encabezada por José Rodríguez, promovió el secuestro de decenas de obreros y 14 delegados de la Comisión Interna de su planta automotriz de La Matanza están desaparecidos. Además de ser su principal cliente, el Ejército tuvo en la Mercedes un gran aliado. Tanto que meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976, la gerencia “donó” un equipo de neonatología para el hospital de Campo de Mayo, que se convertiría en la maternidad clandestina más grande del país, con un número aún no determinado de hijas e hijos robados a las secuestradas.

    Presti, orgulloso hijo de un genocida de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, habrá sentido un placer extremo al pisar la planta alemana de Mercedes Benz. Ésa que también jugó un rol central durante las décadas de 1930 y 1940 como proveedora privilegiada y colaboradora crucial de las tropas comandadas por Adolf Hitler.

    Unimog U4000 de Mercedes Benz
    Unimog U4000 de Mercedes Benz

    La compra de los vehículos (sólo para una de las tres Fuerzas Armadas) se realizó en dos tandas. En 2025 la Dirección de Material del Ejército, a través del Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) le encargó 48 unidades del U4000 a Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U. Con un costo de U$S 170.000 por cada camión, ese primer lote implicó un gasto de US$ 8.160.000. Luego, en el marco del viaje de Presti a Alemania, se confirmó el encargo de 16 unidades más, sumando U$S 2.720.000 al gasto inicial.

    En total, por los 64 vehículos el Estado pagará U$S 10.880.000. A la cotización del dólar de estos días, esa cifra equivale a no menos de $ 15.200 millones (si fuera a la cotización, por ejemplo, de diciembre de 2025, esa cifra ascendería a más de $ 16.000 millones).

    Desde que asumió en diciembre de 2023 Javier Milei enarbola un lema canallesco pero relativamente efectivo para justificar su plan de motosierra y ajuste brutal: “no hay plata”. La pregunta que se impone es, entonces, ¿de dónde saca el mismo Gobierno el dinero para abrochar este enorme negociado con la Mercedes Benz para dotar al Ejército de camiones que, se presume, sólo tendrán como fin el traslado de soldados y materiales de cuartel en cuartel?

    Hay algunos cálculos básicos que responden claramente ese interrogante. Como se explica en otro artículo de La Izquierda Diario, entre abril de 2024 y diciembre de 2025 (con el cambio por decreto de la movilidad), millones de jubiladas y jubilados que perciben el haber mínimo, hoy valuado en $ 369.600,88, perdieron en promedio $ 1 millón cada uno (la diferencia entre el cálculo con la movilidad anterior y la decretada por Milei). Eso sin contar lo que perdieron por la no actualización del bono de $ 70 mil.

    Según datos de 2025 del boletín estadístico de la Subsecretaría de Seguridad Social, casi tres millones de adultos mayores cobran la mínima de la Anses. Sólo tomando ese universo de beneficiarios (quedan afuera jubilades de régimenes provinciales y quienes cobran haberes de miseria apenas por encima de la mínima), el robo de Milei y Toto Caputo a las y los jubilados fue de $ 3 billones. Con apenas un vuelto de ese “ahorro” criminal, Presti pudo comprar los camiones para regocijo de sus subordinados.

    Otra cuenta ejemplificadora. Anses es la encargada de abonar mes a mes las pensiones no contributivas por discapacidad a quienes están en situación de vulnerabilidad y no tienen ingresos para sobrevivir. El otorgamiento de esos beneficios se vehiculiza a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Actualmente cada uno de esos beneficios rondan los $ 244 mil. La compra de los Unimog U4000 para el Ejército equivale a casi 63 mil pensiones.

    Vale recordar que la gestión de Diego Spagnuolo, examigo personal y exabogado de les hermanes Milei, les quitó esas pensiones a miles de personas con discapacidad de forma absolutamente irregular, ilegítima y deshumanizante. Todo eso mientras, según los audios del mismo Spagnuolo, desde la Andis se hacían fenomenales negociados con coimas incluídas (el 3 % de Karina) en beneficio de empresarios y funcionarios.

    Otros muchos cálculos podrían hacerse para demostrar no sólo que “sí hay plata” sino que los recursos públicos son direccionados por el Gobierno según sus propios intereses ideológicos, políticos y, en definitiva, de clase. Lo cierto es que la compra de 64 vehículos a U$S 170 mil dólares cada uno para mejorar el aparato represivo estatal es una demostración de cuáles son los principios de La Libertad Avanza .

    Según información difundida por medios aliados de la Casa Rosada y otros “especializados” como el sitio Zona Militar, la Dirección de Material del Ejército ya pidió que el Ministerio de Economía le autorice también la compra de “una flota proyectada de mil camiones tácticos 4×4”. Otro negoción para alguna automotriz multinacional.

    Para los “especialistas” en Defensa y los nostálgicos de las Fuerzas Armadas genocidas, se trata de una renovación necesaria para las tropas. Para los intereses reales del pueblo trabajador, es otro saqueo a las arcas públicas en detrimento de mejoras en salud, jubilaciones, educación o vivienda. Es decir, la razón de ser del gobierno mal llamado “libertario”.

    Carlos Presti recibiendo la llave del primer Unimog de manos de un gerente de Mercedes Benz Alemania | Foto Ministerio de Defensa

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  • La Plata: comenzó el segundo juicio por los crímenes de la CNU

    23 de febrero, por Lesa humanidad — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Darán inicio las audiencias donde se juzgan a tres integrantes del grupo parapolicial de derecha peronista, socios de la Triple A, que actuó antes del golpe genocida contra militantes, estudiantes y trabajadores, fundamentalmente en las ciudades de Mar del Plata y La Plata. Seguí la cobertura.

    Desde las 9:30 hs en los Tribunales Federales de La Plata comenzarán las audiencias del juicio oral y público que tendrá en el banquillo a tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el período previo al 24 de marzo de 1976. Los imputados son Carlos Ernesto “El indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Tony” Jesús.

    Son acusados de los delitos de homicidio calificado, tormentos y privación ilegal de la libertad contra 13 víctimas: Jorge Rosendo Ruda , Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz , Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.

    Seguí las audiencias en vivo por La Izquierda Diario

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  • Ciberespionaje de la SIDE: control poblacional y “libertad” algorítmica

    20 de febrero, por Informe — , , , , , , , , , , , , , , ,

    El DNU 941 firmado por Milei el 31 de diciembre, que dio más poder e impunidad a la Secretaría de Inteligencia del Estado, busca legitimar la vigilancia masiva e intrusiva sobre los ciudadanos con la excusa de proteger “infraestructuras críticas”. Nuevos gatillos para las viejas armas del espionaje ilegal, la persecución política y el cercenamiento de las libertades de prensa y expresión.

    Toda (re)organización que se construye en aras del orden y el progreso es, en sí misma, un acto reflejo que responde al ímpetu de control. Hablamos de organización -vale aclarar- en los términos que William White empleó para abordar la búsqueda de la uniformidad por sobre multiplicidad; la uniformidad por sobre el pensamiento individual que, en 1956, observó, impulsaban las democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Decía White, “la uniformidad es enemiga de la libertad”.

    ¿Qué relación tiene esta observación con el Decreto 941/2025, firmado por Javier Milei la tarde del 31 de diciembre? La reestructuración del funcionamiento y potestades del órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional “reorganiza” un aparato represivo que jamás dejó de funcionar, dotándolo de mayores herramientas y, más triste aún, justificando su razón de ser.

    Pero el DNU 941, cuyos despropósitos ya han sido analizados en este medio, busca “reordenar” y entrelazar una serie de disposiciones cuyo denominador común es el control estatal del “ciberespacio”. Así, cumple la función de cerrar un círculo que intenta legitimar la persecución ideológica fusionando “ciberseguridad” e “inteligencia”.

    A falta de una ley sobre ciberseguridad, el Gobierno cree haber encontrado el modo –léase “nodo”- de regular la defensa de las famosas “infraestructuras críticas”, cuya definición es tan ambigua como la interpretación de conceptos como “flagrancia” e “influencia, injerencia o interferencia de factores externos”, que aparecen en el DNU.

    Esta “organización”, es la maquinaria resultante de un engranaje que nada tiene para envidiar ni al mejor modelo de ingeniería social del peor de los despotismos.

    Posicionamiento político y algo más

    Que la actualización de estructuras -nuevos entes, adecuación de competencias en otros casos-que modifica Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 haga foco, como eje estratégico, en la ciberseguridad, no es casual. Es el modo -léase “nodo”- de armonizar leyes, decretos y resoluciones que se caían por el propio peso de su inconsistencia: Ley 26. 388 de Delitos Informáticos (2008), Decretos 614/2024, 615/2024 y 274/2025 (modificaciones en “Inteligencia”). Y el Decreto 383/2025 y las Resoluciones 428/2024 y 710/2024, que habilitaron el denominado “ciberpatrullaje” y la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), encargada de esta tarea (y un poco más…)

    El DNU 941 intenta ser ese salvavidas que un pato sin glándula uropígea necesita para no hundirse si sus plumas embeben demasiado líquido. En ese sentido, Argentina no sería el primer país en que, degradación institucional mediante, el pretexto de proteger "infraestructuras críticas" funcione para validar herramientas de vigilancia masiva o intrusiva sobre los ciudadanos.

    El propio Índice Nacional de Ciberseguridad (NCSI, por sus siglas en inglés) -herramienta europea de medición en tiempo real de la capacidad de las naciones para prevenir y gestionar incidentes- advierte que las mismas facultades que se necesitan para detener una amenaza crítica (monitorear tráfico de datos, interceptar comunicaciones de atacantes, etc.) pueden utilizarse para investigar “delitos” convencionales.

    Las variables que analiza el NCSI para puntuar a un país mantienen un correlato con el articulado del Convenio de Budapest. ¿De qué se trata? El primer tratado internacional para combatir el ciberdelito, elaborado por el Consejo de Europa y al cual Argentina adhirió en 2017. Un “toma y daca” de los cuales para recibir hay que adecuarse a sus normas: el Decreto va en ese sentido. No es casual que el decreto haga foco en ciberseguridad, decíamos.

    Legítima defensa


    El Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo descentralizado que depende de Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni, funciona como el ente coordinador que permite a la SIDE justificar el acceso a datos. Bajo el argumento de proteger el "espacio digital nacional", se legitima el uso de ciberpatrullaje para detectar lo que el algoritmo clasifica como “desestabilización”. En conjunto buscan consolidar un aparato que funcione como puente legal y técnico para validar las medidas mencionadas anteriormente.

    La influencia del Convenio de Budapest en las legislaciones regionales y nacionales, y las preocupaciones que ello ha suscitado en la sociedad civil ilustran la situación en argentina. Por citar un ejemplo, La Electronic Frontera Foundation (organización sin fines de lucro líder en la defensa de las libertades civiles en el mundo digital), denunció que las últimas actualizaciones de los protocolos del convenio “puede poner en peligro a usuarios de tecnología, periodistas, activistas y poblaciones vulnerables, y debilitar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de todos en todo el mundo”.

    Otro aspecto del Convenio de Budapest bajo la lupa y que se puede -y se debe- transpolar al escenario nacional es el concepto de “seguridad” asociado a la “defensa”. ¿Cuál es el límite entre defensa y ataque? El dicho “la mejor defensa es un buen ataque”, atribuido a decenas de personas y replicado por otras tantas, ya sea en el ámbito militar o en el fútbol, aplica a la ciberseguridad.

    Los expertos en protección de privacidad de datos informáticos coinciden en que las normativas promovidas por la convención tipifican como delitos cibernéticos algunas actividades que entidades públicas y privadas practican como “defensa-activa”. Una de ellas, quizás la más significativa, es la que exige a los Estados parte el uso de herramientas “con el propósito de investigaciones o procedimientos relativos a delitos relacionados con sistemas y datos informáticos” o “para la recopilación de pruebas en formato electrónico de un delito penal”. Veremos a continuación cómo funcionan estos mecanismos de defensa-activa, cómo se aplican en nuestro país y sus implicancias en materia de cibervigilancia.

    Nuevos gatillos para viejas armas

    La “inteligencia” o la infiltración sobre individuos o grupos para buscar pruebas de un delito no cometido y el armado de causas arbitrarias convive con la democracia desde su retorno, herencia de la dictadura.

    En Argentina, con el Decreto 941 -que complementa a las normativas mencionadas-, el Estado mantiene e incrementa el acceso y uso de datos de organismos públicos, flexibiliza la obtención de datos de empresas privadas, y “moderniza” -a la vez que la “justifica”- la cibervigilancia.

    Nos centraremos en el último eje, el cual tiene por objetivo realizar el “perfilado algorítmico” de las personas (esto funciona prácticamente del mismo modo que los sistemas que deciden qué publicidades mostrarte en, por ejemplo, Instagram).

    El año pasado el Ministerio de Seguridad otorgó a la Policía las facultades para realizar requisas y patrullajes en el entorno digital. Hoy, dichas tareas se realizan a través de “software de monitoreo de fuentes abiertas”, sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que analizan datos masivos (Big Data) empleados por la UIASS. Es decir, no "leen" el contenido como un humano, sino que procesan información en base a tres ejes:

    – Minería de Opinión o “sentimiento”: el software clasifica publicaciones en redes sociales (X, Facebook, Instagram) como positivas, negativas o neutras.

    – Detección de Patrones y Alertas: Utilizan palabras clave (keywords) para identificar picos de malestar social o “mensajes peligrosos”.

    – Contactos en redes sociales. Un individuo puede ser marcado como “peligroso” simplemente por interactuar con otros perfiles.

    Todo eso puede derivar en detenciones por infracciones menores que no ocurrirían sin ese perfilado previo.

    ¿Qué implica este mecanismo? En primer lugar, de no mediar un control judicial en tiempo real, el “paraguas” de la ciberseguridad permite un ciberpatrullaje masivo que puede vulnerar el derecho a la privacidad garantizado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. A su vez, como el algorítmico no distingue la ironía, cualquier crítica política puede ser considerada como amenaza a la seguridad.

    La Electronic Frontier Foundation explica estos riesgos agregando que como los algoritmos de las agencias de inteligencia carecen de contexto cultural, al buscar “amenazas a la estabilidad del Estado”, el software suele etiquetar la disidencia política, la organización de protestas o la crítica ácida como preindicadores de criminalidad, justificando la intervención de la SIDE o fuerzas policiales sin una orden judicial por delito consumado.

    Este tipo de sistemas opera asignando un puntaje de riesgo (Risk Scoring). Es decir, si una persona interactúa frecuentemente con grupos marcados como “conflictivos” o sus publicaciones son etiquetadas como “incitadoras de violencia” por la IA de la UIAAS, su puntaje aumenta.

    Otro dato interesante para comprender cómo funciona el perfilamiento algorítmico es el denominado sesgo. La IA no solo analiza datos existentes, sino que en el proceso de (de)generación de perfiles completa datos faltantes -llena “vacíos”- a partir de fragmentos.

    El montaje final es muy curioso: para rellenar estos vacíos, se entrecruzan estos datos de redes sociales con otros de tendencias de compras, salud, antecedentes penales, para así llenar vacíos sobre la filiación política, nivel socioeconómico o hábitos de una persona con un alto grado de probabilidad.

    La IA predice, ese es su metier. Y basa sus predicciones en patrones preexistentes o -sin eufemismos- en prejuicios y estereotipos. No mide un delito cometido, sino la probabilidad estadística de que una persona cometa un acto ilícito o represente una amenaza.

    Ya no hablamos sólo de violación a la Ley de Proteccion de Datos personales sino de que además desconocemos qué información “deducida” tiene el Estado sobre nosotros, lo que vulnera el derecho a la autodeterminación informativa.

    Nodos: donde la “magia” sucede


    A decir verdad, el Decreto 941 no otorga a la SIDE la capacidad de recolectar directamente todos los datos mencionados. El modo que tiene la autoridad en Inteligencia de Argentina de acceder a dicha información es, a través de -ahora sí-, los nodos de intercambio. Es que, al controlar el flujo de información en estos puntos, puede reconstruir la vida de un ciudadano sin haber sido quien recolectó los datos originalmente.

    Estos nodos son, entre otros, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y su Sistema de Identidad Digital (SID) -que valida quién es quién con datos biométricos faciales, la GDE (Gestión Documental Electrónica), el CUV (Centro de Monitoreo Urbano) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que solicita metadatos a empresas de telecomunicaciones argentinas-.

    Otros datos de los que se sirve el Estado son, gracias al Convenio de Budapest, los que facilitan las compañías multinacionales de servicios informáticos y comunicación. Argentina se ubica en el puesto 26 del mundo en solicitudes de datos de usuarios a empresas como Google, Meta o Apple.

    Las empresas tecnológicas suelen entregar metadatos (ubicación, registros de conexión, identificadores de dispositivos cercanos, duración de llamadas, contactos con mayor interacción) ante pedidos formales, incluso si el contenido de los mensajes está cifrado.

    Por ejemplo, Meta (dueña de WhatsApp e Instagram) cuenta con Meta Law Enforcement Portal, un sitio exclusivo donde las fuerzas de seguridad argentinas -previamente validadas- envían solicitudes de información para investigaciones “criminales”.

    ¿Qué obtiene Meta a cambio? Quizás la respuesta se vincule con la denuncia que, en julio de 2024, se presentó ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) contra dicha compañía por utilizar datos privados de usuarios argentinos para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial sin consentimiento explícito.

    A su vez, en noviembre de 2025, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires firmó con Microsoft un “acuerdo marco de colaboración en inteligencia artificial” para aplicar esta tecnología en el sector judicial. A nivel nacional también se celebraron convenios con Google para capacitación y uso de servicios como Google Cloud, para procesamiento masivo de datos.

    Luego, los sistemas de videovigilancia inteligente y análisis de datos se integran con los organismos nacionales para cerrar el círculo entre el movimiento físico y la actividad digital. En Argentina, el mayor proveedor de esta tecnología es Danaide S.A., empresa que recientemente ha ganado licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y la provincia de Mendoza.

    Finalmente, en la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad es donde el dato de la SUBE se mezcla con el posteo de Instagram y la foto del Renaper.

    Derechos y garantías

    El entrecruzamiento de datos estatales es un mecanismo que se ha especificado en la Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, que es el documento que regula los “estándares de interoperabilidad” en el Estado nacional.

    A su vez, toda la información sobre convenios entre organismos estatales es, en virtud de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, de libre acceso para cualquier ciudadano.

    En tanto, el uso indebido de datos sujetos a perfilado algorítmico y modelos de IA por parte del Estado han sido tratados por la Agencia de Acceso a la información Pública en el “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial”, publicó en el Boletín Oficial como Resolución 161/2023 de la AAIP.

    En cuanto a los sistemas de perfilamiento algorítmico y control poblacional, cabe destacar que los procesos de licitaciones en curso para contrataciones y adquisiciones por parte del estado de hardware, software y demás equipamiento, soluciones, servicios, capacitación y soporte para el “Programa de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas” han sido publicados en el Boletín Oficial en referencia al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OC AR 5735 y al préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 9455-AR.

    Finalmente, los concursos públicos y abiertos al día de la fecha llamados por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el marco de su “Proyecto de Incremento de Capacidades de Ciberdefensa”, pueden encontrarse en el sitio web Compr.ar. No obstante, los anexos de “Especificaciones Técnicas” del pliego han sido declarados como “Secreto Militar”, según el documento público.

    Imagen creada con IA - Gemini

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