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El Dámaso Centeno: el negacionismo de Milei llega al aula para adoctrinar con la "memoria completa"
13 de julio, por Memoria, Verdad y Justicia — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Madres de Plaza de Mayo, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Principal4, Ministerio de Defensa, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Madres de Plaza de Mayo, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Principal4, Ministerio de Defensa
A 50 años del golpe, mientras las plazas se llenan de pañuelos y voces que exigen Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno de Milei persiste con su prédica negacionista. El próximo martes, en el Dámaso Centeno de Caballito, dependiente de Defensa, se dictará una clase de la llamada "memoria completa" para sexto año. La comunidad educativa, exalumnos y familiares de los desaparecidos repudian este nuevo intento de reivindicar el terrorismo de Estado.
La "memoria completa", una farsa para justificar el genocidio, es el viejo relato de los defensores de la dictadura. Impulsada por Victoria Villarruel, esta narrativa busca instalar la teoría de los dos demonios, equiparar la lucha popular con el terrorismo de Estado y, en definitiva, allanar el camino para la libertad de los genocidas.
No es casualidad que esta ofensiva se dé desde el Ministerio de Defensa, hoy a cargo de Carlos Presti, militar e hijo de un genocida. Fue ese mismo ministerio el que, en abril de 2024 bajo la gestión de Luis Petri, desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), un área clave que durante años aportó pruebas documentales a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Petri, entonces, calificó a sus integrantes de hacer "macartismo" contra las Fuerzas Armadas. El objetivo es claro: garantizar la impunidad de los genocidas y negar el acceso a la verdad.
El Dámaso Centeno, un colegio con historia y memoria
El Dámaso Centeno no es un colegio cualquiera. Ubicado en el corazón de Caballito, fue fundado a fines del 1800 y por sus aulas pasaron figuras como Charly García y Nito Mestre. Pero también fue testigo del terror. Trece de sus alumnos y exalumnos fueron detenidos-desaparecidos durante la última dictadura: Juan Eduardo Estévez, Eduardo Giorello, Alejandro Capobianco, Sergio Nocera, Juan Carlos "Manolo" Cubas, María Luz Vega, Eduardo Vega, Alejandro Almeida (hijo de Taty Almeida), Margarita Erlich, Eduardo G. Poyastro, Patricia Chait, Néstor Marcelo Elías y Rodolfo Sarmiento.
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Exalumnos del Dámaso que fueron compañeros de esos jóvenes desaparecidos, junto a familiares -entre ellos la querida Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo-, enfrentaron durante años a los coroneles que aún tenían cargo en el colegio. Con una lucha persistente y tenaz, lograron lo que parecía imposible, colocar una placa recordatoria en homenaje a sus compañeros. Esa placa, que simboliza la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, es la que este gobierno negacionista hoy intenta borrar.
El repudio de la comunidad educativa
Ante esta nueva provocación, exalumnos del Dámaso Centeno que integran la lucha por Memoria, Verdad y Justicia expresaron su enérgico repudio. Estos son sus testimonios:
Juan: "Escribo este mensaje para repudiar la clase que se realizará el próximo 14/07 en el Instituto S.M. Dr. Dámaso Centeno, donde sus autoridades, con el argumento de impulsar la "memoria completa" sobre lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar, reivindicarán el genocidio, el secuestro y desaparición de personas y el remate del país. La "memoria" de los milicos es incompleta por la naturaleza misma de la represión clandestina llevada a cabo por ellos. No es necesario extenderse en el tema porque la sociedad y sus organizaciones intermedias difundieron y documentaron el genocidio. La Memoria (a secas) requiere, entre otras cosas, la lista de los ciudadanos secuestrados, asesinados y/o desaparecidos durante la represión ilegal, y las circunstancias en que ocurrieron tales hechos. Por último, dejo constancia de la participación decisiva en la preservación de la memoria de un grupo de exalumnos egresados del Dámaso Centeno."
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Emilio: “Soy exalumno del Dámaso Centeno y siempre supe de la evidente colaboración del colegio -al entregar las fotografías de los exalumnos a los genocidas de entonces- en la identificación de los detenidos-desaparecidos de dicho colegio. Los testimonios de sobrevivientes así lo atestiguan. Es alarmante que ahora y en dicho colegio -¡nada menos!- se pretenda adoctrinar a los actuales estudiantes con una mirada de “memoria completa”, tendenciosa y distorsionada de la realidad de aquellos años de exterminio masivo de personas. ¡Son 30.000! ¡Fue un genocidio!"
Oscar: “Este 14 de julio en el Dámaso se va a hablar de 'memoria completa'. Un verdadero eufemismo de lo que prefiero llamar "justificacionismo" del Terrorismo de Estado. Como integrante de exalumnos del Damaso por Memoria, Verdad y Justicia, repudio este nuevo intento de reivindicación de Videla y los militares del proceso. Sería bueno para empezar a reparar la historia que los genocidas recuperaran la memoria y nos digan, aunque sea después de 50 años, ¿dónde están los cuerpos de nuestros familiares, compañeros y amigos?, así como que le devuelvan la identidad que le robaron cuando eran bebés a los más de 300 hombres y mujeres, muchos de ellos nacidos en los más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio como la ex ESMA. Por el Dámaso pasaron 13 exalumnos que son hasta el día de hoy detenidos-desaparecidos, entre ellos Alejandro, el hijo de Taty Almeida; por ellos y los 30000 siempre seguiremos pidiendo y exigiendo Memoria, Verdad y Justicia."
Pablo: "Ante la charla que quieren hacer este martes 14, en el Dámaso Centeno con alumnos del último año, sobre la memoria completa organizada por el Ministerio de Defensa. Es un nuevo avance de este gobierno de Milei, negacionista junto con todos los funcionarios macristas que integran el gobierno. Una más… deberían decirnos dónde están los cuerpos de los 30 mil, para poder dejar una flor; deberían decir qué hicieron con ellos, dónde los enterraron, dónde los mataron, dónde los fusilaron, en qué lugar del río los tiraron. ¿Dónde están los nietos y las nietas que faltan? Que devuelvan los bienes que se robaban cuando entraban a las casas. Y deben ir presos todos aquellos que faltan. Esta es una parte de toda la verdad de aquellos años. Seguiremos por Memoria, Verdad y Justicia. ¡¡Son 30 mil!!
Un acto de adoctrinamiento en el marco de una política de Estado negacionista
Esta convocatoria no es un hecho aislado. Es parte de una ofensiva sistemática del gobierno de Javier Milei que, desde el 24 de marzo de 2024, viene promoviendo el revisionismo negacionista a través de spots oficiales y declaraciones de sus principales referentes. El propio Milei ha impulsado esta prédica, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha sido la principal vocera de la "memoria completa", llegando a afirmar que "todos los montoneros tienen que estar presos" y cuestionando abiertamente las políticas de derechos humanos.
Los organismos de derechos humanos y un amplio sector de la sociedad que seguimos peleando por justicia para los 30.000 desaparecidos estamos junto a la comunidad del Dámaso Centeno, que se opone a esta avanzada negacionista. Repudiamos este acto. No se puede ni se debe permitir ningún acto negacionista en ningún colegio, mucho menos que sea utilizado como centro de adoctrinamiento.
Memoria, Verdad y Justicia. Ni olvido, ni perdón.
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El Mundial 2026: racismo estatal y negocios millonarios
11 de julio, por Opinión — Deportes, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Racismo, Edición México, Edición Uruguay, Mundial de futbol 2026, Principal2 3, Deportes, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Racismo, Edición México, Edición Uruguay, Mundial de futbol 2026, Principal2 3
El Mundial 2026 se desarrolla en un clima de tensiones que trasciende el espectáculo deportivo, donde el racismo institucional se expresa con crudeza. Así, los gobiernos capitalistas y las grandes corporaciones utilizan la cita mundialista como un laboratorio de odio, apuestas millonarias y divisiones chauvinistas.
Los discursos de odio en este Mundial no son desahogos aislados; provienen directamente de las cúpulas del poder político. Los datos de la propia FIFA confirman esta tendencia: el racismo se consolidó como la forma de discriminación más frecuente durante el torneo, representando el 11% de los contenidos ofensivos detectados en redes sociales, un salto alarmante frente al 8% registrado en Qatar 2022. Especialistas advierten que la naturalización de estas expresiones se agrava de forma drástica cuando son promovidas por funcionarios públicos.
No se trata solo de violencia verbal aislada en las redes sociales. El racismo durante este Mundial tiene rostros y apellidos, y no solo en las tribunas. Los casos más abominables provienen de funcionarios públicos que han utilizado su influencia para propagar el odio racial.
La senadora paraguaya Celeste Amarilla se convirtió en el símbolo de esta violencia discursiva tras la eliminación de su selección ante Francia. En sus redes sociales, calificó a Kylian Mbappé de "camerunés colonizado" y recurrió a otros comentarios racialmente despectivos. La respuesta de Mbappé fue inmediata y contundente. A través de X calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo" y lamentó que, por culpa de esos comentarios, el mundo estuviera hablando del racismo de una dirigente política en lugar de reconocer la histórica actuación de la selección paraguaya. También aseguró que nunca permitirá que personas como ella propaguen mensajes de odio y discriminación.
Pero el caso de Amarilla no es aislado. En Argentina, integrantes del gobierno de Milei realizan campañas racistas sistemáticas. El principal asesor presidencial, Santiago Caputo, publicó en su cuenta de X tras la eliminación de Brasil: "Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas". Daniel Parisini ("Gordo Dan") y el diputado Agustín Romo (LLA) se sumaron a los ataques contra Mbappé y Brasil con mensajes que vinculaban racismo, transfobia y xenofobia. Romo intentó disfrazar su chovinismo de retórica anticolonial al asegurar que, aunque Mbappé “se haga el canchero”, no podrá cambiar que “juega para el país que esclavizó, traficó y vendió a sus ancestros”. En la misma sintonía, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se refirió a la eliminación de Paraguay atacando al seleccionado francés: “Muy bien Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Frente al repudio generalizado, Casado ensayó la típica retirada cobarde, diciendo que solo se trató de un “sarcasmo”. Estos episodios no son exabruptos individuales: exponen de forma obscena cómo el poder político utiliza las plataformas digitales para legitimar, normalizar y masificar el supremacismo racial.
La doble moral de las potencias colonizadoras
El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, mantiene una política asesina contra los inmigrantes a través del ICE que no se suspendió durante este Mundial. La expulsión del árbitro internacional somalí Omar Artán, el rechazo sistemático de visas a hinchas musulmanes y los obstáculos impuestos al ingreso de familiares de los jugadores (como ocurrió inicialmente con la madre del arquero de Cabo Verde) son claros reflejos de esta línea migratoria. A esto se suma la situación que le impuso a la selección de Irán, obligada a residir en Tijuana, México, y a retirarse de territorio estadounidense inmediatamente después de cada partido jugado. Mientras tanto, la administración de Trump utiliza el evento deportivo para promover su agenda y exhibir un poder absoluto, mostrándose capaz, incluso, de alterar las reglas del juego al presionar para que la FIFA anule la tarjeta roja de un jugador de su selección.
Por su parte, el gobierno francés de Emmanuel Macron utiliza los comentarios y cánticos racistas, como lo de sectores de la hinchada argentina, o las declaraciones de la senadora de Paraguay, para impulsar una campaña chovinista orientada a sembrar división y confrontación entre pueblos. El discurso oficial francés se apropia de la bandera antirracista, tratando de ocultar la historia colonial de Francia y desviar la atención de las profundas tensiones sociales internas, cuando en sus propias calles la extrema derecha avanza y la discriminación estructural es una realidad cotidiana. Resulta contradictorio que pretendan erigirse en defensores de los derechos humanos cuando, al mismo tiempo, reprimen a la juventud en barrios vulnerables de familias migrantes, protegen la impunidad policial ante delitos racistas, se blindan las fronteras y se criminaliza a migrantes y personas indocumentadas. Instrumentalizar políticamente los insultos contra figuras como Mbappé es un cinismo total. Su objetivo es distraer, dividir y fortalecer un relato nacionalista que poco tiene que ver con la lucha antirracista.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Las tribunas como espacio de unidad
A pesar de este contexto, el Mundial 2026 deja postales de solidaridad que contrastaron con el racismo institucional y el negocio de corporaciones como la FIFA. Las hinchadas, en su diversidad, protagonizaron valiosos intercambios culturales, gestos de fraternidad e intercambio entre pueblos de seis continentes que desafiaron el relato oficial, tales como compartir comida regional, intercambiar camisetas en señal de respeto mutuo o abrazarse tras la eliminación de un rival. Estas muestras de fraternidad, aunque invisibilizadas por los grandes medios que prefieren amplificar los enfrentamientos y las divisiones, demostraron que los pueblos no siguen las consignas de sus gobiernos.
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Las tribunas se convirtieron, además, en una caja de resonancia de las luchas internacionales. Uno de los gestos más potentes es la presencia de banderas de Palestina en los estadios y las calles de Estados Unidos. Hinchas de Turquía, Alemania, Bosnia, México, Francia, Marruecos mostraron su apoyo al pueblo palestino y denunciaron el genocidio en Gaza. Los hinchas marroquíes han sido particularmente visibles, ondeando la bandera palestina en Times Square y en el estadio de Boston antes del partido contra Francia, desafiando las presiones diplomáticas y mediáticas.
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El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, se convirtió en un símbolo al dedicar la victoria de su equipo a Palestina y declarar que "si una persona en cualquier parte del mundo no siente algo por el pueblo palestino, entonces perdió parte de su humanidad". Sus palabras resonaron con fuerza en Gaza, donde cientos de personas se reunieron para ver los partidos, sintiendo que el Mundial también es una ventana para visibilizar el genocidio que sufren por parte del gobierno sionista de Israel y los gobiernos cómplices que los apoyan, como Estados Unidos, Francia, Argentina, entre otros.
El fútbol es de los de abajo
Este Mundial, como otros, expone dos realidades paralelas e irreconciliables. Por arriba, los gobiernos capitalistas y los monopolios utilizan el deporte para dividir y disciplinar a través del chauvinismo; líderes como Trump y Milei, cada uno a su manera, lo convierten en un arma de propaganda política para expandir el odio y fragmentar a los pueblos. Abajo, en cambio, se encuentran muchos que repudian estas campañas.
El desafío que nos deja este Mundial es no permitir que nos roben la pasión. La defensa del juego popular implica enfrentar tanto a los gobiernos racistas como a las corporaciones que invaden los estadios con publicidades nefastas a favor de las apuestas online o el consumo de comida chatarra.
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El desafío es también tomar la lucha contra el racismo para convertirla, no en una mera batalla cultural, sino en parte indisoluble de la lucha de clases. Porque el racismo es un arma del capitalismo y de sus Estados para generar prejuicios entre los explotados y oprimidos. Al dividir a la clase trabajadora por su color de piel, origen o rasgos culturales, el sistema debilita la resistencia colectiva y oculta al verdadero enemigo que tenemos en común. Por eso, combatir el racismo es combatir la explotación. Esta pelea exige la unidad internacional de todos los sectores oprimidos, porque solo así podemos enfrentar al poder establecido y construir una alternativa desde abajo.
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Bahía Blanca: la madre de Thiago denuncia que no tiene abogado y la causa sigue sin fiscal firme
9 de julio, por Campaña solidaria y por justicia — Política, Edición Argentina, Principal Grande, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial, Política, Edición Argentina, Principal Grande, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial
Aldana, la mamá del adolescente baleado en el barrio Noroeste, denuncia las dilaciones de la justicia, y pide solidaridad ante el abandono del Estado. Docentes, estudiantes e investigadores impulsan una campaña de solidaridad para colaborar con la familia.
(Foto: Emmanuel Briane - La Nueva)
Ya pasaron 2 meses desde que Thiago de 14 años recibiera un disparo en la cabeza en el Barrio Noroeste aquel 7 de mayo. A contracorriente del discurso oficial Aldana, la madre de Thiago, denuncia que todavía no tiene abogado asignado y recién cuenta con un fiscal firme.
El fiscal que tómo la causa fue Marcelo Romero Jardín, quien estuvo a cargo de la causa por la explosión en el local de La Cámpora y de la sentencia por la violación en manada realizada por al menos 7 jovenes en Villarino. Fue el fiscal mismo quien le confirmó a la madre que la causa llegó al poder judicial en el mes de junio. La familia aún no cuenta con acceso a la causa.
El niño de 14 años fue dado de alta finalmente, sigue recuperándose para futuras intervenciones y manteniendo relación con maestras que aportan a sostener su vínculo con la escuela. Sería de esperar que ante la gravedad del asunto Aldana pudiera contar con ayuda para acceder a los tratamientos e intervenciones de forma gratuita o ser asistida para poder llevar el día a día en esta situación, pero esto no es así.
Es Aldana y su familia quienes están cubriendo todos los gastos de salud y atención en una ciudad en la que cada vez se cobran más sobreprecios en atención sanitaria y los tratamientos e intervenciones se vuelven cada vez más caros. El gobierno local de Federico Susbielles le prometió una tarjeta de compra de alimentos con un tope de solo $40.000 para el próximo mes.
No es una casualidad que la crisis social que estamos atravesando impacte más fuertemente a las mujeres que son madres y más ante hechos como estos la falta de respuesta por parte del estado, el municipio local y la justicia pueden ser factores que imposibiliten o vuelvan más lento el avance.
La lentitud de la justicia para poner en movimiento la causa y asignar un abogado a la familia contrasta con la rapidez de la cobertura amarillista del hecho por parte de la prensa local.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ante esta situación es urgente poder ayudar a Aldana y su familia, para que Thiago pueda tener el tratamiento y recuperación que necesita y también para acompañar a su familia en el pedido de justicia. Desde docentes, trabajadoras de la salud y educación junto a jóvenes estudiantes e investigadores de la universidad estamos impulsando una campaña común para aportar financieramente ante esta difícil situación.
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Bahía Blanca: la madre de Thiago denuncia que no tiene abogado y grandes demoras en la justicia
9 de julio, por Campaña solidaria y por justicia — Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial, Principal2 2, Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial, Principal2 2
Aldana, la mamá del adolescente baleado en el barrio Noroeste, denuncia demoras, que la causa aún no tiene fiscal definitivo, y pide solidaridad ante el abandono del Estado. Docentes, estudiantes e investigadores impulsan una campaña de solidaridad para colaborar con la familia.
(Foto: Emmanuel Briane - La Nueva)
Ya pasaron 2 meses desde que Thiago de 14 años recibiera un disparo en la cabeza en el Barrio Noroeste aquel 7 de mayo. A contracorriente del discurso oficial Aldana, la madre de Thiago, denuncia que todavía no tiene abogado asignado y recién cuenta con un fiscal firme.
El fiscal que tómo la causa fue Marcelo Romero Jardín, quien estuvo a cargo de la causa por la explosión en el local de La Cámpora y de la sentencia por la violación en manada realizada por al menos 7 jovenes en Villarino. Fue el fiscal mismo quien le confirmó a la madre que la causa llegó al poder judicial en el mes de junio. La familia aún no cuenta con acceso a la causa.
El niño de 14 años fue dado de alta finalmente, sigue recuperándose para futuras intervenciones y manteniendo relación con maestras que aportan a sostener su vínculo con la escuela. Sería de esperar que ante la gravedad del asunto Aldana pudiera contar con ayuda para acceder a los tratamientos e intervenciones de forma gratuita o ser asistida para poder llevar el día a día en esta situación, pero esto no es así.
Es Aldana y su familia quienes están cubriendo todos los gastos de salud y atención en una ciudad en la que cada vez se cobran más sobreprecios en atención sanitaria y los tratamientos e intervenciones se vuelven cada vez más caros. El gobierno local de Federico Susbielles le prometió una tarjeta de compra de alimentos con un tope de solo $40.000 para el próximo mes.
No es una casualidad que la crisis social que estamos atravesando impacte más fuertemente a las mujeres que son madres y más ante hechos como estos la falta de respuesta por parte del estado, el municipio local y la justicia pueden ser factores que imposibiliten o vuelvan más lento el avance.
La lentitud de la justicia para poner en movimiento la causa y asignar un abogado a la familia contrasta con la rapidez de la cobertura amarillista del hecho por parte de la prensa local.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ante esta situación es urgente poder ayudar a Aldana y su familia, para que Thiago pueda tener el tratamiento y recuperación que necesita y también para acompañar a su familia en el pedido de justicia. Desde docentes, trabajadoras de la salud y educación junto a jóvenes estudiantes e investigadores de la universidad estamos impulsando una campaña común para aportar financieramente ante esta difícil situación.
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Carta de Embajada boliviana confirma encubrimiento de represión y expulsión ilegal de la misión humanitaria argentina
8 de julio, por Urgente — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Bolivia, Argentina, ddhh, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Bolivia, Argentina, ddhh
La Embajada boliviana respondió oficialmente después de impedir el ingreso de nuestra delegación al país. La nota intenta justificar la expulsión negando las denuncias de represión y cuestionando la legitimidad de una misión independiente de derechos humanos. Al hacerlo, termina confirmando la voluntad del gobierno de Paz de ocultar los graves hechos represivos llevados adelante contra quienes llevaban adelante su legítimo derecho a la protesta.
Las vulneraciones de derechos humanos vienen siendo denunciadas por organizaciones de derechos humanos, obreras, campesinas y los pueblos originarios de Bolivia. La respuesta a la delegación argentina llegó varias semanas después de haber sido retenidos durante horas y expulsados del territorio. La nota oficial, enviada por la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina y firmada por el consejero Mauricio Rodríguez Leigue, fue presentada como una “explicación institucional” de aquella decisión.
Pero el documento hace mucho más que justificar un trámite administrativo. Repite punto por punto la versión oficial del gobierno de Rodrigo Paz: sostiene que la crisis fue resuelta "mediante el diálogo", niega que la actuación de las fuerzas represivas haya provocado asesinatos en el marco de las protestas y afirma que nuestra misión carecía de legitimidad para realizar tareas de observación.
Paradójicamente, la propia necesidad de impedir el ingreso de una delegación integrada por referentes de derechos humanos, dirigentes sindicales, abogados y legisladores revela el objetivo político de esa decisión. Si el gobierno estuviera convencido de que no hubo violaciones a los derechos humanos, no tendría motivos para impedir una investigación independiente. La carta termina mostrando aquello que intenta ocultar: el esfuerzo por aislar al país de toda mirada internacional mientras continúan las denuncias de detenciones arbitrarias y persecución contra quienes participaron de las protestas y se aplica un estado de excepción que ha recrudecido la persecusión y la violación de las garantías democráticas continuando con el encarcelamiento de referentes y sectores que participaron de las protestas, para que el pueblo no continúe ejerciendo su legítimo derecho a la protesta frente a un saqueo y ajuste muy parecido al que vivimos en la Argentina.
La mentira del "diálogo"
La carta afirma que el gobierno privilegió "en todo momento los mecanismos democráticos, la concertación y el respeto al Estado de Derecho". Sin embargo, esa versión choca con lo ocurrido durante las semanas de las protestas.
Mientras centenares de comunidades campesinas, originarias, trabajadores y sectores populares sostuvieron más de 100 puntos de bloqueo y distintas formas de organización decididas en cabildos, la respuesta estatal fue el despliegue de fuerzas militares, policiales y para estatales para despejar las rutas y desarticular la protesta a la fuerza.
El documento llega incluso a sostener que "como resultado de la actuación de las fuerzas del orden, no se produjo el fallecimiento de ninguna persona", atribuyendo las muertes a los propios bloqueos. Esa afirmación contradice las denuncias realizadas por organizaciones sociales, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, que denunciaron personas asenidas, heridos por armas de fuego, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y múltiples hechos de violencia estatal durante la represión y en las propias detenciones. Los casos confirmados de asesinados se tratan de Alberto Cruz Chinche de 71 años, Martha Villca Sosa de 51 años y Víctor Quispe Cruz de 24 años; a su vez hay otros 6 casos en proceso de investigación (datos confirmados por el ProDHcre de Bolivia).¿Por qué impedir una misión independiente?
Otro de los argumentos de la Embajada es que nuestra delegación "carecía de legitimidad" por no tratarse de un organismo internacional con reconocimiento estatal.
Es un razonamiento revelador. Las misiones internacionales de derechos humanos impulsadas por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos existen precisamente cuando los propios Estados son denunciados por cometer violaciones a los derechos fundamentales. Su legitimidad proviene de la independencia política frente a los gobiernos y del compromiso con las víctimas. En mi caso, Alejandrina Barry, soy hija de desaparecidos de la última dictadura militar y militante por la Verdad y la Justicia hace décadas y he participado de distintas misiones internacionales, ¿se atreven a decir que no cuento con legitimidad?
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Como lo planteamos públicamente nuestro objetivo era reunirnos con familiares, organizaciones obreras, campesinas e indígenas, recoger testimonios y documentar las denuncias. Nunca pudimos hacerlo. Fuimos retenidas e incomunicadas en el aeropuerto de El Alto antes de ser hostigadas durante horas y devueltas a la Argentina tratandonos como criminales.
El problema para el gobierno no era una cuestión migratoria. Era impedir que una delegación independiente pudiera registrar lo que estaba ocurriendo en Bolivia y desenmascarar a un gobierno que hizo de la represión contra el pueblo una política de estado.
La persecución continúa
Mientras la Embajada habla de "normalidad institucional", la persecución contra dirigentes sociales continúa. La reciente detención de Vicente Zalazar, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, muestra que la respuesta estatal no terminó con el levantamiento de los bloqueos. Por el contrario, la judicialización de dirigentes obreros y campesinos busca disciplinar a quienes encabezaron la resistencia a pesar de la traición abierta de la COB. Lejos de confirmar un escenario de "diálogo", estos hechos muestran que continúa una política de criminalización de la protesta.
Argentina conoce el valor de la solidaridad internacional
Para quienes integramos esta misión, la apelación a la "soberanía" para impedir una observación independiente tiene una resonancia histórica ineludible.
Durante la última dictadura militar, los militares se escudaron en la “soberanía nacional” para intentar bloquear cualquier investigación independiente sobre la dictadura genocida. Mientras miles de familiares y organismos de derechos humanos rompían el cerco de silencio y presentaban denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, los voceros del régimen y sectores aliados –incluyendo medios, empresarios y la Iglesia– denunciaban una supuesta “intromisión en los asuntos internos del país” y acusaban a los familiares de “crear problemas” o de ser parte de la “subversión”. Sin embargo, la movilización de las víctimas y la presión internacional lograron que la CIDH recibiera miles de denuncias, dejando en evidencia la magnitud de los crímenes y la impunidad que pretendía garantizar el Estado. La experiencia argentina demuestra que la defensa de los derechos humanos no puede limitarse a las fronteras nacionales: la solidaridad internacional y la acción independiente de los organismos de derechos humanos han sido y siguen siendo herramientas fundamentales para enfrentar la represión y la impunidad, y para acompañar la lucha de quienes resisten la violencia estatal en cualquier parte del mundo.
No podrán imponer el silencio
La carta de la Embajada es un nuevo hecho que demuestra la política que pretende continuar llevando adelante el gobierno de Paz, esto no puede borrar los hechos ni acallar las denuncias que aún continuamos recibiendo y con las que elaboramos un informe que será presentado internacionalmente para desenmascarar a un gobierno totalmente autoritario que persigue y aplica el estado de excepción para intentar contener la bronca de quienes protagonizaron la rebelión.
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La expulsión de nuestra delegación, lejos de cerrar el debate, reforzó la necesidad de que nuevas misiones independientes puedan ingresar a Bolivia y entrevistarse libremente con las organizaciones involucradas así como no dejar de hablar de Bolivia para romper el cerco mediático que llevan adelante los grandes medios de comunicación.
Seguiremos exigiendo la libertad de todos los detenidos por luchar, el cierre de las causas contra dirigentes sociales y el ingreso irrestricto de comisiones independientes de derechos humanos. Afirmamos nuestro compromiso total con las y los compañeros que protagonizaron esa enorme lucha por más de 50 días y sufrieron las peores aberraciones por parte del Gobierno y acompañaremos incondicionalmente toda iniciativa que se lleve adelante en nuestro país, Argentina, en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas bolivianas porque estamos convencida que el camino es la más amplia y efectiva solidaridad internacionalista con los de nuestra misma clase.
¡Sumá tu firma a esta campaña en defensa de las libertades democráticas y contra el estado de excepción en Bolivia!
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