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Malvinas, Antártida y recursos estratégicos: ¿qué busca Estados Unidos en el Atlántico Sur?
23 de mayo, por Cesión de soberanía — Libertades Democráticas, Islas Malvinas , Edición Uruguay, Comando Sur , Ministerio de Defensa, Bloque1 A4 1 titulo, Javier Milei, Antártida, Libertades Democráticas, Islas Malvinas , Edición Uruguay, Comando Sur , Ministerio de Defensa, Bloque1 A4 1 titulo, Javier Milei, Antártida
El convenio firmado entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco del "Programa de Protección de Bienes Comunes Globales", permite el monitoreo conjunto del Mar Argentino. Se trata de una cesión de soberanía que habilita el acceso de Washington a recursos naturales estratégicos del Atlántico Sur.
El reciente acuerdo firmado entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos es presentado por el Gobierno nacional como un paso estratégico para modernizar la infraestructura y combatir la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Sin embargo, lejos de ser una mera cooperación técnica, el convenio, cuyo nombre es "Programa de Protección de Bienes Comunes Globales", habilita tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el mar argentino. Al considerar al Mar Argentino como un "bien común global", el acuerdo expresa una clara cesión de soberanía.
En la práctica, estos acuerdos implican que Estados Unidos tendrá acceso a recursos naturales estratégicos y buscará fortalecer la "seguridad regional" según sus propios intereses.
No es el primer acuerdo con el Comando Sur. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces canciller Santiago Cafiero ya había sentado precedentes al firmar una asociación con el Departamento de Estado en materia de seguridad del Atlántico Sur. Ahora, con el actual acuerdo, Estados Unidos consolida su presencia militar y de inteligencia en una de las regiones estratégicas del planeta por su cercanía con la Antártida, por las rutas bioceánicas y por sus riquezas naturales marítimas. Además, el otro gran interés de Estados Unidos es alejar a China de la región, utilizando como excusa la depredación de barcos chinos en el límite de las 200 millas.El problema de fondo: ¿qué son los "bienes comunes globales"?
La principal controversia reside en la justificación misma del acuerdo: el resguardo de esos supuestos bienes comunes. Si bien la pesca ilegal es una amenaza real, el argumento del Comando Sur deja de lado la jurisdicción argentina: el Mar Argentino, incluyendo su plataforma continental y la milla 201, no es un "bien común global". Al adoptar esta terminología, el gobierno de Milei suscribe que se trata de espacios de "interés global", lo que abre la puerta a futuras operaciones unilaterales de potencias extranjeras en nombre del "bien común". Y esto es crítico porque la región concentra enormes recursos pesqueros, potencial energético offshore y es puerta estratégica hacia la Antártida, territorio clave en futuras disputas globales por recursos naturales, minerales críticos y agua dulce.
Injerencia yanqui: Milei al servicio del imperio
Un dato revelador del acuerdo es que el anuncio no lo realizó el Ministerio de Defensa argentino, sino la Embajada de Estados Unidos y el propio Comando Sur. Esto no es un dato menor: sugiere que el principal impulsor y vocero es el socio norteamericano, mientras que el gobierno argentino se limita a acatar las órdenes del imperio yanqui. La decisión de no someter el contenido del acuerdo al Congreso ni a las provincias del litoral marítimo habla a las claras de la alineación automática que el gobierno de Milei establece con Washington.
La excusa de la modernización
El convenio tendrá una duración inicial de cinco años e incluirá entrega de equipamiento militar, tecnología de vigilancia, entrenamiento de élite y cooperación operativa directa entre fuerzas estadounidenses y argentinas. Bajo la excusa de modernizar los equipos de la Armada, anuncian la adquisición de las aeronaves B-200M Cormorán con sensores WESCAM MX-10, los futuros B-360ER y los drones de despegue vertical.
Estos "acuerdos" entre la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) para la vigilancia marítima en el Atlántico Sur confirman que la subordinación al imperio es política de Estado: se delega el control operativo y la inteligencia en la disputa por el Atlántico Sur, donde también se encuentran las Islas Malvinas y los recursos energéticos. Estados Unidos prestará el equipamiento y, seguramente, por lo menos durante cinco años, se quedará con la información de esta zona.
La tecnología ya fue probada y quedó oficialmente transferida este año tras la firma entre Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota, y el jefe de la Armada Argentina, Juan Carlos Romay. Pero el programa no se agota allí. El Comando Sur adelantó que la cooperación se expandirá con "equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas".
El acuerdo, además, tiene antecedentes recientes. En 2025, también bajo mecanismos de cooperación impulsados por Washington, avanzó la transferencia de dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER MPA para la Armada Argentina, destinadas a vigilancia y patrullaje marítimo.
Todos estos convenios y equipamiento revisten un importante peligro, porque no se puede olvidar que históricamente la injerencia militar estadounidense ha servido para imponer sus planes en la región a sangre y fuego.Alineamiento automático
Este acuerdo con el Comando Sur no es un hecho aislado. Es una pieza más de un alineamiento automático y estratégico del gobierno de Javier Milei con los intereses de Washington. Una postura que ya se había expresado en el posicionamiento a favor de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, en el silencio cómplice ante el asedio a Venezuela, que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro, y en la presión creciente que soporta Cuba, en el apoyo al gobierno boliviano mientras las movilizaciones populares cuestionan los planes de ajuste. También se manifestó en el apoyo irrestricto a Israel, que lleva adelante un genocidio en Gaza.
El mismo alineamiento se profundizó hace apenas semanas con la visita del mandatario al portaaviones nuclear USS Nimitz, cuando la nave recorría la costa argentina, y con la llegada de buques militares estadounidenses para ejercicios conjuntos en aguas de la zona económica exclusiva. Así, mientras la diplomacia estadounidense consolida su presencia militar e informativa en uno de los territorios más codiciados del planeta, el gobierno argentino no solo cede soberanía, sino que además avala tácitamente que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, una causa histórica e irrenunciable para el pueblo argentino, quede subordinada a los intereses geopolíticos de Washington.
El Atlántico Sur es considerado una de las zonas más estratégicas para Argentina debido a la histórica disputa por las Islas Malvinas, la presencia militar británica en el área y la enorme riqueza natural existente en la plataforma marítima argentina. Porque las Malvinas son argentinas y porque los recursos naturales deben quedar en la región, es necesario luchar tanto por la salida de Estados Unidos de América Latina como por el fin de la ocupación británica en las Malvinas.
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Condenan al exjuez Aráoz de Lamadrid: cobró coimas para encubrir el crimen de Mariano Ferreyra
22 de mayo, por Burocracia asesina — Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Unión Ferroviaria, Ferroviarios, Burocracia sindical, Columnistas Vertical , Mariano Ferreyra, José Pedraza, Partido Obrero (PO), Barracas, Coimas, Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Unión Ferroviaria, Ferroviarios, Burocracia sindical, Columnistas Vertical , Mariano Ferreyra, José Pedraza, Partido Obrero (PO), Barracas, Coimas
La sentencia del TOF 8 también alcanzó a Luis Ameghino Escobar, exsecretario de la Cámara de Casación. El crimen ocurrido en pleno gobierno de Cristina Kirchner destapó a la mafia de José Pedraza y a varios de sus cómplices empresarios, funcionarios y policías. El militante del PO fue asesinado en medio de una protesta de tercerizados que reclamaban el pase a planta permanente.
A 16 años del asesinato a tiros de Mariano Ferreyra en Barracas, a mano de una patota de la Unión Ferroviaria, finalmente hubo condenas contra dos de los implicados por el encubrimiento del crimen. El mediodía del 20 de octubre de 2010, el joven militante del Partido Obrero cayó mientras acompañaba una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente.
El ataque armado de la patota tuvo la complicidad de la Policía Federal y de la porteña, además del apoyo explícito del gobierno de Cristina Kirchner a la burocracia comandada por el hoy fallecido José Pedraza y sus secuaces.
Este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y al exsecretario de Casación Luis Ameghino Escobar a penas de cinco y tres años de prisión, respectivamente, por haber cobrado coimas para encubrir y proteger a los responsables del asesinato de Ferreyra.
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Para el juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, su excolega Aráoz Lamadrid fue “autor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias agravado, cohecho activo y pasivo”, mientras que Escobar fue “partícipe necesario del delito de tráfico de influencias agravado”. El juicio fue impulsado por la querella de la familia de Mariano, con representación letrada del CELS, y actuaron el fiscal titular de la Fiscalía General 8 ante los Tribunales Orales Federales de CABA, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D'Angelo.
Según se pudo determinar, Pedraza pagó U$S 50.000 al juez Aráoz de Lamadrid y otro tanto al agente de la SIDE y operador judicial Juan José Riquelme para que éstos influyeran sobre los jueces de la Cámara de Casación que debían resolver sobre el enjuiciamiento de los asesinos. Uno de esos magistrados era Eduardo Rafael Riggi, quien estuvo detrás del sorteo fraudulento de la Sala III. Luis Ameghino Escobar, uno de los recientemente condenados, era secretario de la Cámara.
Las coimas cobradas por el exjuez y el exsecretario tuvieron como objetivo desplegar un operativo de impunidad para el viejo caudillo de la UF, José Pedraza, quien con el resto de los jerarcas del sindicato enviaron a un grupo de lúmpenes a reprimir la lucha de trabajadores tercerizados del Roca. Además del fallecimiento de Mariano, el ataque dejó mal herida a Elsa Rodríguez, también militante del PO.
Pedraza, como es de público conocimiento, era uno de los sindicalistas protegidos por el Estado, en ese entonces al mando de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho la causa penal por el crimen reveló conversaciones telefónicas posteriores al hecho en las que el propio Pedraza conspiraba contra los trabajadores y la izquierda junto al entonces ministro de trabajo Carlos Tomada.
La sentencia es un paso más en la larga pelea de los familiares y compañeros de Ferreyra por aclarar no sólo quiénes apretaron el gatillo, sino también quiénes intentaron tapar la verdad y garantizar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales.
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En agosto de 2012, casi dos años después del ataque mafioso, comenzó el juicio oral y público que sentó en el banquillo de los acusados a Pedraza y 16 acusados más. Había desde miembros de la patota que disparó hasta jerarcas de la Policía Federal que permitieron la cacería de manifestantes.
Ese juicio sacó a la luz el fraude laboral que durante años se había ejecutado sobre miles de laburantes con participación directa de la dirigencia de la Unión Ferroviaria a través de falsas “cooperativas”. El crecimiento económico de los años kirchneristas se basó, entre muchas otras cosas, en la proliferación de mano de obra barata de millones de trabajadoras y trabajadores precarizados que dejan la vida en fábricas y empresas por salarios miserables. Ése fue el móvil último del crimen de Mariano: terminar con la lucha de los tercerizados que se venían organizando y luchando por el pase a planta permanente desde principios de 2010.
El 19 de abril de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de CABA dio a conocer la sentencia de aquel primer juicio. Como ya se relató detalladamente en este diario, el proceso había comenzado con la calificación de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas”, pero a poco de andar el Tribunal la cambió por “homicidio simple”, desconociendo la existencia de un plan criminal. Gracias a eso, quedaron impunes los funcionarios nacionales y los empresarios de la entonces Ugofe .
Finalmente Pedraza y su segundo en el sindicato, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, fueron condenados por “homicidio simple” a 15 años de prisión en su calidad de “partícipes necesarios”. El delegado Pablo Díaz, quien condujo a la patota en el ataque, y los pistoleros Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez recibieron condenas a 18 años. El resto de la banda recibió penas menores, de entre 11 y 8 años. Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, los encargados de esconder las armas homicidas, fueron escandalosamente absueltos.
En el caso de los policías federales, también tuvieron penas menores. El comisario Luis Mansilla recibió diez años, Jorge Ferreyra nueve, los oficiales Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti 2 (de ejecución condicional) y David Villalba (el camarógrafo policial que dejó de filmar al momento del crimen) apenas recibió una multa. En tanto que Rolando César Garay fue absuelto.
Pedraza murió en 2018, a los 75 años. Cumplía su prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero, adquirido con las riquezas arrancadas a miles de ferroviarios durante décadas. Uno de sus secuaces, el condenado Pablo Díaz, en mayo de 2021 logró el beneficio de la “libertad condicional”. Le faltaban cumplir ocho años de condena.
El crimen de Mariano Ferreyra es un símbolo de la violencia estatal y paraestatal que sufren quienes luchan por los derechos de los trabajadores. También de la impunidad con la que se mueven los poderosos en la Argentina.
Pese a las penas irrisorias de cinco y tres años por encubrir un crimen tan atroz, el juicio que acaba de terminar dio nuevos fundamentos para comprender las tramas del poder en las que se cruzan empresarios, dirigentes sindicales, funcionarios, policías y jueces. La impunidad y el encubrimiento son moneda corriente cuando de proteger los intereses de los capitalistas se trata.
Cerámico por Mariano Ferreyra confeccionado por los obreros sin parón de la ex Zanon de Neuquén. Tras estar varios años instalado en la estación de Constitución, fue arrancado en 2018 por las autoridades del ferrocarril Roca. | Foto Enfoque Rojo
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Escrache a Duhalde por familiares de Kosteki y Santillán, sus defensores respondieron con la marcha peronista
22 de mayo, por Universidad de Lanús — Juventud, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, Juventud, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús
Fue en el cine de la Universidad Nacional de Lanús, donde el exgobernador y expresidente interino, principal responsable de la Masacre de Avellaneda de junio de 2002, fue a presentar un libro sobre su gestión junto al rector Daniel Bozzani. Sus simpatizantes, enojados por la manifestación en su contra, se pusieron muy nerviosos.
“El rector (Daniel) Bozzani recibe a un asesino: repudiamos la visita de Duhalde a la UNLa”, dice el posteo de Instagram compartido por el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y la cuenta Familias y Compas de Darío y Maxi. El repudio se debió a que este miércoles el exgobernador bonaerense y expresidente interino, máximo responsable de la Masacre de Avellaneda perpetrada el 26 de junio de 2002, provocadoramente participó en la presentación de un libro apologético de su pasado.
La obra escrita por Aritz Recalde, nada menos que el director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa, se titula La gobernación de Eduardo Duhalde. 1991-1999. El proyecto político que transformó la provincia de Buenos Aires. El libro lo editó la propia Universidad de Lanús y se puede leer sin gastar ni un peso haciendo clic acá.
Según denuncian el CESACO y los seres queridos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fue el rector Daniel Bozzani quien “encargó a la universidad la presentación de este libro”, abriéndole las puertas a quien “dio la orden de ejecutar manifestantes el 26 de junio de 2002”.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Como se sabe, Santillan y Kosteki fueron asesinados en aquella jornada de lucha social que dejó más de 90 heridos (31 con balas de plomo) y 200 detenidos en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la estación ferroviaria de Avellaneda. La misma estación que años después fue rebautizada con el nombre de esos jóvenes militantes de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.
“Duhalde es el impulsor de la ‘Maldita Policía' Bonaerense, responsable de la Masacres de Wilde, de Ramallo y de Budge, de la desaparición de Miguel Bru y Andrés Núñez y el asesinato de 259 personas por casos de gatillo fácil y torturas durante su gobierno”, detalla el posteo.
Como se sabe, Santillan y Kosteki fueron asesinados en aquella jornada de lucha social que dejó más de 90 heridos (31 con balas de plomo) y 200 detenidos en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la estación ferroviaria de Avellaneda. La misma estación que años después fue rebautizada con el nombre de esos jóvenes militantes de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.
“Duhalde es el impulsor de la ‘Maldita Policía' Bonaerense, responsable de la Masacres de Wilde, de Ramallo y de Budge, de la desaparición de Miguel Bru y Andrés Núñez y el asesinato de 259 personas por casos de gatillo fácil y torturas durante su gobierno”, detalla el posteo.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria y los seres queridos de Kosteki y Santillán recordaron, a su vez, que Bozzani, el rector de la UNLa, “hace pocas semanas recibió al ‘Gallego' Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias que constantemente ataca a las universidades nacionales y se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa línea, afirman, la máxima autoridad de la Universidad “continúa dando la bienvenida a figuras nefastas que representan la cara del ajuste y la represión ¡Duhalde asesino, no sos bienvenido! ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes! ¡Juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda! ¡Basta de impunidad!”
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Estudiantes junto a familiares de Kosteki y Santillán repudiaron homenaje a Duhalde
22 de mayo, por Universidad de Lanús — Política, Universidad, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Puente Pueyrredón, Lanús, UNLa, Avellaneda, Eduardo Duhalde, Hilda "Chiche" Duhalde, Masacre de Avellaneda, Política, Universidad, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Puente Pueyrredón, Lanús, UNLa, Avellaneda, Eduardo Duhalde, Hilda "Chiche" Duhalde, Masacre de Avellaneda
Fue en el cine de la universidad, donde el exgobernador y expresidente interino, principal responsable de la Masacre de Avellaneda de junio de 2002, presentó un libro sobre su gestión junto al rector Daniel Bozzani. Sus simpatizantes, enojados por la manifestación en su contra, en respuesta cantaron la marcha peronista.
“El rector (Daniel) Bozzani recibe a un asesino: repudiamos la visita de Duhalde a la UNLa”, dice el posteo de Instagram compartido por el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y la cuenta Familias y Compas de Darío y Maxi. El repudio se debió a que este miércoles el exgobernador bonaerense y expresidente interino, máximo responsable de la Masacre de Avellaneda perpetrada el 26 de junio de 2002, provocadoramente participó en esa sede universitaria de la presentación de un libro apologético de su pasado.
La obra escrita por Aritz Recalde, nada menos que el director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa, se titula La gobernación de Eduardo Duhalde. 1991-1999. El proyecto político que transformó la provincia de Buenos Aires. El libro lo editó la propia Universidad de Lanús y se puede leer sin gastar ni un peso haciendo clic acá.
Según denuncian el Cesaco y los seres queridos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fue el rector Daniel Bozzani quien “encargó a la universidad la presentación de este libro”, abriéndole las puertas a quien “dio la orden de ejecutar manifestantes el 26 de junio de 2002”.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Como se sabe, Santillan y Kosteki fueron asesinados en aquella jornada de lucha social que dejó más de 90 heridos (31 con balas de plomo) y 200 detenidos en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la estación ferroviaria de Avellaneda. La misma estación que años después fue rebautizada con el nombre de esos jóvenes militantes de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.
“Duhalde es el impulsor de la ‘Maldita Policía' Bonaerense, responsable de la Masacres de Wilde, de Ramallo y de Budge, de la desaparición de Miguel Bru y Andrés Núñez y el asesinato de 259 personas por casos de gatillo fácil y torturas durante su gobierno”, detalla el posteo.
Cine Tita Merello de la UNLa | Foto Facebook Eduardo Duhalde <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria y los seres queridos de Kosteki y Santillán recordaron, a su vez, que Bozzani, el rector de la UNLa, “hace pocas semanas recibió al ‘Gallego' Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias que constantemente ataca a las universidades nacionales y se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa línea, afirman, la máxima autoridad de la Universidad “continúa dando la bienvenida a figuras nefastas que representan la cara del ajuste y la represión ¡Duhalde asesino, no sos bienvenido! ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes! ¡Juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda! ¡Basta de impunidad!”
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Foto Facebook Eduardo Duhalde
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Protestar no es delito: consiguen el sobreseimiento de Raquel Blas en Mendoza
19 de mayo, por Libertades democráticas — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social
La reconocida luchadora mendocina fue sobreseída en una causa que impulsaba el Gobierno provincial, que la tuvo imputada más de dos años por parte del fiscal Giunta, quien mantiene a más de 40 personas imputadas por defender el agua de Mendoza y oponerse a la minería contaminante
Foto: Diario Los Andes
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, informaron este lunes fue sobreseída Raquel Blas en la causa que impulsaba el Gobierno provincial de Cornejo por acciones de lucha contra el DNU 70/23 de Milei. "Tras 2 años de estar perseguida por el fiscal Giunta por orden política del gobernador Cornejo, hoy la Justicia Penal se pronunció por su sobreseimiento", aseguraron desde el CeProDH, quienes a través de Enrique Jasid encabezaron su defensa junto a Alfredo Guevara.
"Esta sentencia llega en un momento donde otras 40 personas están imputadas por orden del mismo Fiscal por defender el agua de Mendoza y oponerse a la megaminería contaminante.
La lucha en defensa de los derechos humanos y en contra la criminalización y represión de la protesta continua", completaron desde el organismo de abogados.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Este fallo llega en un contexto donde en la provincia existen más de 40 personas imputadas por manifestarse y participar de diferentes movilizaciones en contra del plan de ajuste y saqueo de Milei y Cornejo. Las masivas movilizaciones contra la minera San Jorge y en defensa de la Ley de Glaciares, han sido brutalmente reprimidas por el Gobierno provincial, dejando en claro que, ante el evidente rechazo popular al extractivismo, Cornejo lo quiere imponer a los palos.
Las sistemáticas represiones han derivado en más de 40 mendocinos y mendocinas detenidas en distintas movilizaciones, quienes pese a recuperar su libertad, siguen imputadas y perseguidas por la Justicia y el Gobierno provincial.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El sobreseimiento de Blas es una conquista en la lucha contra la represión y persecución que quiere imponer Cornejo y su Justicia contra las y los luchadores de toda la provincia.
Organizaciones sociales, políticas, de mujeres y de derechos humanos, de trabajadores, estudiantiles continúan denunciando la avanzada en la criminalización de la protesta social en la provincia y exigiendo la absolución de todos los luchadores y luchadoras.
