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  • ¡Libertad para Mariela! El diputado Christian Castillo propuso una declaración en la Legislatura bonaerense

    5 de junio, por Presa por cannabis — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El diputado del FIT presentó un proyecto de declaración contra la detención de Mariela Agunin de Bahía Blanca, la fiscalía pide entre 6 y 20 años de cárcel por 7 gramos de cannabis. El reclamo por su libertad fue parte del documento que se leyó en la movilización local del Ni Una Menos.

    El diputado provincial Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y representante del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) en la Cámara baja, presentó el 3 de junio un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para exigir la inmediata libertad de Mariela Agunin. La joven de Bahía Blanca se encuentra detenida en Saavedra por tener tan solo 7 gramos de cannabis, pese a que contaba con el certificado del Reprocann en trámite (hoy vigente).

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    El proyecto repudia enérgicamente la persecución judicial y policial que sufre Agunin desde el pasado 15 de abril, tras un desmesurado allanamiento en su vivienda de Bahía Blanca. Asimismo, denuncia el accionar punitivo de la UFIJ N° 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, a quien señalan por criminalizar sistemáticamente a usuarios y cultivadores de cannabis.

    Conocé más de este caso: ¡Libertad para Mariela! Bahía Blanca: una joven trabajadora está presa hace un mes y medio por 7 gramos de cannabis

    La Fiscalía de Del Cero está pidiendo para ella una pena que va de 6 a 20 años, coherente con su cruzada junto a la Policía Bonaerense contra jóvenes cultivadores y usuarios. Cabe recordar también que el fiscal Del Cero, apodado por la revista El Cohete a la Luna como “el cogollero gris” por su punitivismo, además fue garante de la impunidad del poder político de Monte Hermoso en el aberrante femicidio de Katherine Moscoso.

    La mayor parte de las personas privadas de su libertad por casos encuadrados como “narcomenudeo” son mujeres. Por eso la consigna “Ni una presa más por cannabis” fue incluida en el documento del Ni Una Menos en Bahía Blanca junto a la de “¡Libertad para Mariela Agunin!” Y se organizó una intervención de candomberas, compañeras y amigas de Mariela al inicio de la movilización.

    Desde el bloque de la izquierda calificaron el operativo en el que la detuvieron como un “ensañamiento del aparato punitivo”, que implicó 13 policías rompiendo la puerta de la pequeña casa de barro, construida por la propia mariela comunitariamente. “Mientras las grandes redes del narcotráfico operan impunes, las fuerzas de seguridad y la justicia provincial se ensañan con la juventud trabajadora y las mujeres, armando estadísticas a costa de su libertad y su salud”, declaró Chistian Castillo.

    En Bahía Blanca, además, hay un amplio sistema de vigilancia con cámaras y persecución con redadas violentas en los barrios populares. Esta política municipal se complementa con el tándem entre el Fiscal Del Cero y la Policía Bonaerense que permanentemente requisan y arman causas a jóvenes y trabajadores por pequeñas cantidades de cannabis, se amparan en el concepto sui generis de "microtráfico" además con métodos muy cuestionables como en el caso, que cubrimos desde este medio, de los jóvenes de Puan.

    El texto presentado en la Legislatura Provincial Bonaerense por Christian Castillo traza un paralelismo directo del caso de Mariela con el emblemático caso de Damián Raña en Ensenada (2019), cuya libertad se conquistó mediante la movilización popular, y destaca la contradicción de estas detenciones frente a la tendencia internacional, como la reciente reclasificación del cannabis en EE. UU.

    Seguimos exigiendo la legalización integral, como plantea el proyecto presentado nuevamente hace pocos días en el Congreso Nacional por Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Es similar al presentado en 2016, previo intercambio con organizaciones cannábicas que participaron de su elaboración. Esto es central para terminar con la persecución, incoherente con el sistema de Reprocann que reconoce su uso medicinal, y conseguir la amnistía a todas las personas condenadas por cannabis.

    Luego del #NiUnaMenos, que logró una masiva movilización en todo el país, frente a femicidios como los de Agostina Vera y bajo la consigna “¡Ni una presa más por cannabis!”, es necesario convocar a las organizaciones sociales, cannábicas y de derechos humanos a coordinar acciones para arrancar la libertad de Mariela.

    Leé el proyecto de declaración completo acá:

    Proyecto de Decaración by La Izquierda Diario

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  • Muy grave: la policía de Torres detuvo a dirigentes de ATE en Comodoro Rivadavia

    3 de junio, por Ataque antisindical — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    En el marco del paro de 72hs convocado por ATE y la CTA - A, trabajadores y dirigentes estatales intentaron entregar un petitorio reclamando por una recomposición salarial en la delegación del Ministerio de Educación de Comodoro Rivadavia. Pero la Policía de Ignacio Torres los reprimió con gases y balas de goma. Fueron detenidos cinco dirigentes de ATE y ya los liberaron. Reproducimos a continuación la declaración firmada por En Clave Roja en la UNPSJB previa a su liberación.

    Desde En Clave Roja y la juventud del PTS en la UNPSJB, repudiamos la violenta represión por las fuerzas del gobernador Torres a los trabajadores estatales ocurrida hoy en la delegación administrativa del Ministerio de Educación de Comodoro Rivadavia y exigimos la inmediata liberación de Verónica Rosales, secretaria general de ATE y CTA - A Chubut, Lorena Rosales, Evangelina Arbe, Marcelo Echeveste y José Barra.

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    Denunciamos que su detención constituye un grave ataque anti-sindical y, por lo tanto, es un hecho gravísimo que hay que repudiar ampliamente. Todos los centros de estudiantes de la UNPSJB y la FUP deberían pronunciarse ya mismo. Porque la detención es un atentado a las más mínimas libertades democráticas: se produjo durante una protesta para exigir una recomposición salarial de emergencia para las y los trabajadores estatales. Y su significado es el de un intento de golpe disciplinador contra la organización sindical y la protesta social, para garantizar el ajuste que aplica el gobierno provincial de Ignacio Torres, el mejor alumno de Milei.

    Responsabilizamos de la integridad de los detenidos al gobernador, Ignacio Torres, y al ministro de seguridad, Hector Iturrioz.

    Pero lejos de intimidar, la represión solo va a encender la chispa de la solidaridad y la lucha. La organización y la movilización son el camino para frenar el ajuste y conquistar la libertad plena de quienes se animan a pelear. Y por eso tenemos que acompañar a los trabajadores estatales, porque la dignidad no se negocia ni se encierra.

    ¡Libertad inmediata para Verónica Rosales, Lorena Rosales, Evangelina Arbe, Marcelo Echeveste y José Barra!

    En Clave Roja (Juventud PTS + Independientes) en la UNPSJB.

    Finalmente, alrededor de las 22hs los trabajadores y dirigentes estatales fueron liberados.

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  • Las vitrinas del horror. Qué fueron los “Museos de Lucha contra la Subversión”

    31 de mayo, por A 50 años del Golpe — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Su historia es poco conocida pero hubo al menos cuatro. Funcionaron durante la última dictadura en predios militares, a metros de los centros clandestinos de detención. Fueron desmantelados poco antes del 83. En el juicio a las Juntas, Videla negó su existencia. Hoy queda poca documentación que lo respalde, salvo algunas fotos, archivos dispersos y testimonios sueltos, más una estructura hallada en una excavación del EAAF en 2010 por la causa Santucho-Urteaga.

    Pese al intento de borrar la historia, aún aparecen piezas del rompecabezas incompleto de lo que fue la última dictadura. Algunas llevan años a la luz, de otras no se sabe nada (dónde están los desaparecidos, dónde sus hijas e hijos apropiados), y algunas otras quedaron en el medio, en un camino de luces y sombras, conocidas pero no tanto, documentadas más o menos, aún recordadas entre voces. Como los Museos de Lucha contra la Subversión, esos espacios montados para la “batalla cultural” de entonces: la construcción de un enemigo temible que justifique la instauración de la dictadura más atroz que vivió Argentina. Y -quizás lo más macabro del plan- sea que esos “museos” abiertos al público estuvieran montados a metros de los lugares donde tenían a los “desaparecidos”, quienes probablemente habían sido los dueños de los objetos que se exhibían, mientras las Madres y organismos de DDHH llevaban rondas y rondas buscando.

    Del allanamiento a la vitrina: la construcción del enemigo

    Los Museos de Lucha contra la Subversión no eran museos; no tenían curadores ni carteles, tampoco público para recorrerlos, sus visitantes fueron personas cercanas al ámbito militar y estudiantes primarios y secundarios llevados en compulsivas visitas escolares. Lo que tenían eran vitrinas. Y dentro de esas vitrinas, desde armas -sobre todo las incautadas a la guerrilla en el Operativo Independencia en Tucumán- hasta equipos de radiofonía o para prensa clandestina; aunque lo que abundaba era lo otro: panfletos, revistas y publicaciones partidarias, banderas de organizaciones, muchos libros como los de cualquier casa, discos de música popular, radios, electrodomésticos, accesorios. Y el tinte más bizarro lo daban unos maniquíes que hubo en todos esos museos, vestidos a modo explicativo de “cómo visten los subversivos” en un sentido estereotipado por los militares, o tal vez porque podía ser la misma ropa de quienes metros hacia adentro del mismo predio, estaban sufriendo la tortura.

    No fueron un capricho local. Fueron un dispositivo sistemático del que hasta la fecha se reconstruyó la existencia de cuatro. Se cree que todos fueron impulsados por el General Antonio Domingo Bussi, que los fue montando en cada destino militar que tuvo en su carrera, porque coincide con todas las fechas de inauguración:

    El primero de ellos comenzó en 1976 en Tucumán, donde Bussi fue interventor (1976-1977); el segundo, dos años después en Campo de Mayo (provincia de Buenos Aires) donde fue Subjefe del Comando de Institutos Militares (1977-1979); el tercero en Córdoba en 1980 cuando se desempeñó como Comandante del III Cuerpo de Ejército; y el cuarto en 1981 en el Regimiento de Infantería I de Patricios en la Ciudad de Buenos Aires donde fue Comandante del I Cuerpo de Ejército (diciembre 1980 a diciembre 1981).

    Y así empezaban las cosas en los Museos de la Subversión: un objeto robado a su dueño, un dueño al que le borraban el nombre y una historia que era armada pieza a pieza, contextualizada en un nuevo lugar.

    Y así funcionaban. No explicaban. Exhibían y construían. Un mate al lado de un panfleto. Una olla de campamento junto a una foto de militantes. La cercanía física hacía el resto: los objetos eran prueba de subversión. Objetos anónimos que dejaron de ser el libro de Juana o los discos de Mario. Dejaron de pertenecer, de ser objetos de uso común a botines de guerra. Porque fueron trasladados en el secuestro y el robo, de la casa al centro clandestino y del centro clandestino a la vitrina, para construir el imaginario social de un enemigo que había que combatir por sus lecturas, por su música, por su deseo de cambiar el mundo. Y porque había que temer también esas lecturas, esas músicas, esas ideas, las prohibidas, las que podrían señalarte.

    Los cuatro museos, banderas de la teoría de los dos demonios, fueron desmantelados poco antes de la restauración democrática. En el Juicio a las Juntas (1985) el exdictador Jorge Rafael Videla, principal acusado de entonces por los crímenes de la dictadura, se encargó de negar también su existencia. Si negaban la desaparición de personas y el robo de sus bebés, por qué admitir que además robaron todo cuanto pudieron. No solo los objetos sin valor de los museos sino el resto de las cosas que tuvieran las personas que asesinaron, electrodomésticos, joyas, autos, casas, terrenos, aunque nada de eso se haya exhibido después.

    Recuerdos del Operativo Independencia. El museo que legitimó la represión en Tucumán

    Tucumán fue el campo de pruebas donde el Estado comenzó a ensayar el terror un año antes del golpe. Los “Decretos de aniquilamiento” firmados por el gobierno de Isabel Perón en febrero de 1975 dieron inicio al Operativo Independencia. El nombre lo decía sin disimulo: el objetivo era aniquilar al enemigo. La provincia, con fuerte tradición sindical en los cañaverales y talleres ferroviarios, y con peso estudiantil combativo por ser el centro universitario del NOA, fue el primer territorio donde hubo operativos de secuestro con apoyo civil-empresarial, que facilitó operativos con cortes de luz como en Ledesma, cortes de rutas, vigilancia sobre casas, barrios, facultades, escuelas y lugares de trabajo, donde las burocracias sindicales entregaban compañeros. Y el primer centro clandestino del país comenzó a funcionar ese mismo año allí: la “Escuelita de Famaillá”. Un cuarto de los asesinatos y desapariciones de Tucumán ocurrieron solo durante ese operativo.

    Ya en dictadura, para promover un relato que justifique los crímenes, el Ejército montó en 1976 el primero de estos espacios de exhibición: el “Museo de la Lucha contra la Subversión”, que se emplazó dentro de uno que ya existía (el Museo de la Policía) y que funcionaba en la Jefatura de policía de San Miguel de Tucumán, donde a su vez funcionaba un centro clandestino de detención y tortura de personas.

    La historiadora Marta Philp documentó que el dispositivo se completó en 1977 con “simulacros de combate”, con helicópteros, morteros y desfiles para mostrar a la población una supuesta victoria sobre la “subversión”, y con la exhibición de “trofeos de guerra”. Homenajes a militares caídos y nombres de pueblos fundados durante el operativo reforzaban hacia la población civil, la idea de una guerra interna.

    En el mismo sentido, en 1977 el Ejército Argentino publicó el libro “Tucumán, Argentina: cuna de la Independencia, 1816-1977; sepulcro de la subversión, 1975-1977 ”, y dictó su lectura obligatoria en instituciones educativas y bibliotecas públicas de todo el país. Este libro como los “museos” dejaron sentado el intento de la dictadura por controlar la lectura de la historia con su discurso triunfal sobre un enemigo peligroso y el ocultamiento de sus crímenes sobre población civil.

    El más documentado: Museo de Lucha contra la Subversión - Córdoba

    Inaugurado en 1980, funcionó en el Comando III del cuerpo del Ejército dentro del vastísimo predio de La Perla, uno de los centros clandestinos más grandes que hubo en el interior del país, de donde partieron “vuelos de la muerte”, y también conocido por sus prácticas de lo que llamaron “autopista de la muerte”, en referencia los fusilamientos de prisioneros que hacían al costado de la ruta. Desapariciones, tortura, violación, robo de bebés quedaron demostrados en la megacausa que juzgó los crímenes de este centro en 2016, donde también se determinó que allí se cometieron delitos de lesa humanidad incluso antes del golpe, durante el gobierno de Isabel Perón.

    Es el museo del que más registros documentales y pruebas hay. Muchas revistas de la época publicaron fotos y descripciones del lugar, particularmente una que registra la visita nada menos que del teniente general Jorge Rafael Videla en el marco de un homenaje a las “víctimas caídas en la lucha contra la subversión”.

    Según registros de prensa, su “museo móvil” tuvo una habilitación oficial y hasta un stand propio en la Muestra Agrícola, Ganadera e Industrial realizada en el predio de la Sociedad Rural de la provincia, con un acto presidido por el propio Bussi, el gobernador Adolfo Sigwald y el brigadier Antonio José Crossetto.

    El historiador James Brennan ubica al museo móvil recorriendo distintos puntos del país ese mismo año para celebrar victorias en los lugares de algunos de los crímenes más atroces. Era una muestra itinerante que exhibía los mismos objetos de todos los museos, en número más reducido.

    Capital Federal: Museo de la Subversión “Cesáreo Ángel Cardozo”

    Funcionó dentro del Regimiento I de Patricios, sede del I Cuerpo de Ejército, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo predio donde también operó un centro clandestino de detención. El I Cuerpo tenía jurisdicción sobre CABA y Gran Buenos Aires, y dependía operativamente de él la represión en centros clandestinos del circuito ABO: Atlético-Banco-Olimpo, ubicado a pocas cuadras del Regimiento.

    Fue bautizado “César Augusto Carrizo” en homenaje a un policía federal asesinado por Montoneros en 1975. Igual que los otros museos, su lógica era brutal: mientras en un sótano se torturaba, en la planta alta se exponían objetos como prueba de una “guerra” que nunca fue tal.
    No hay registro de que haya estado abierto al público y fue desmantelado antes de 1983.

    Nombre propio en Campo de Mayo: Museo “Mayor Don Juan Carlos Leonetti”

    Ubicado en la zona noroeste del AMBA, Campo de Mayo fue el principal centro de exterminio y coordinación represiva del país. En sus ocho mil hectáreas hubo al menos cuatro centros clandestinos, una maternidad para robar bebés y una pista de donde despegaron los vuelos de la muerte hacia el Río de la Plata. En 1978 inauguró su museo antisubversivo por donde pasaron periodistas de distintos medios afines a la dictadura y está documentada la visita de contingentes de escuelas secundarias dependientes de las universidades de Buenos Aires y La Plata.

    Las vitrinas mostraban lo de siempre en esos espacios: armas, libros, fotos, discos. Pero también una máquina lanza panfletos, una bandera vietnamita y una camioneta que ocultaba una emisora para interferir canales de televisión. Y en el subsuelo, bajo la losa, armaron la réplica de una cárcel del pueblo, igual a las que usaba la guerrilla.

    El nombre fue en homenaje al jefe del operativo del grupo de tareas que en 1976 había emboscado a la cúpula del ERP en Villa Martelli y herido de muerte a Roberto Santucho y Benito Urteaga, porque en el tiroteo el coronel Juan Carlos Leonetti -póstumamente ascendido a mayor- también murió. La ambulancia y otros vehículos con los cuerpos, muertos y heridos fueron a Campo de Mayo. Aunque el museo fue destruido años después, pudo reconstruirse algo de la historia.

    La prensa de la época describe una sala especial con todo lo robado del departamento de Santucho, de donde fue llevado: ropas, documentación falsa, cartas, pelucas, bigotes postizos, y en una pared un cuadro con su título de Contador Público y Perito Partidor expedido por la Universidad Nacional de Tucumán en 1961.

    En los Juicios por la Verdad (1998) el suboficial Víctor Ibáñez declaró que Santucho no murió como se dijo en Villa Martelli, sino que llegó vivo a Campo de Mayo en cuyo hospital falleció horas más tarde. Además, testificó que en la inauguración del museo, en una ceremonia reservada a un selecto grupo de militares y su entorno, sentado en una silla dentro de la réplica de la cárcel del pueblo ubicaron el cadáver conservado de Santucho vestido con la misma ropa ensangrentada que llevaba puesta al morir. Y aunque no pudo ser probado, la gravedad del testimonio obligó al general Martín Balza a reconocer la existencia del museo y a entregar el inventario completo.

    Ana Cristina Santucho, una de las hijas, recibió además del listado, una foto pegada sobre una cartulina roja. En letras mayúsculas con la tipografía del museo decía “CADÁVER DE ROBERTO M. SANTUCHO. ERP, 19 JUL 1976”, y una imagen de su rostro con dos heridas de bala. Las pericias no pudieron determinar si la foto es antes o después de muerto. Santucho continúa desaparecido.

    En 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense excavó Campo de Mayo. Los cuerpos nunca aparecieron, pero sí encontraron pruebas del museo, como los cimientos de la cárcel del pueblo. El Hospital Militar, utilizado como maternidad clandestina, fue recuperado como Espacio por la Memoria, y el aeródromo también. Lo mismo sucedió con la mayoría de los centros clandestinos del país. Los museos en cambio, se desarmaron en silencio. No hubo juicio para las vitrinas.

    Como el Operativo Independencia fue la antesala y ensayo de lo que vendría después, nada de lo que sucedió durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar fue al azar ni de forma aislada. Todo estuvo planificado: secuestros, torturas, violaciones, centros clandestinos, robo de bebés y de propiedades. Los museos también fueron parte de eso. Y como al resto, intentaron borrarlos, ocultar pruebas, pero los testigos, los huesos, los archivos y las fotos hablan.

    A 50 años del golpe genocida, en tiempos donde el negacionismo quiere borrar la historia, los detenidos desaparecidos viven en cada lucha, porque la memoria no se guarda en los museos, es un presente que interpela y un futuro que construimos. Los sueños de cambiar el mundo de raíz no caben en las vitrinas porque su historia se escribe aún hoy en las calles.

    Fue genocidio. Son 30.000.

    Sobre el funcionamiento de estos museos ver
    *Laura Malosetti Costa, "La bolsa de mando de Susana B..." Runa, 2026
    *Mariana Sirimarco, “Museos de la Lucha contra la Subversión: exponer el triunfo”, Runa 40.2, 2019.
    *Mariana Sirimarco, “Santucho en el Museo (de Campo de Mayo…)”, Revista del Museo de Antropología, UNC, 2023.

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  • Bahía Blanca: una joven trabajadora está presa hace un mes y medio por 7 gramos de cannabis

    30 de mayo, por ¡Libertad para Mariela! — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Mariela Agunin tenía su Reprocann en trámite por demoras del Estado, pero fue detenida en un operativo casi cinematográfico por 7 gramos de cannabis. Su familia nos hace llegar su testimonio, que habla de salud mental, encierro y punitivismo, de sus proyectos frenados por la detención. Este 3J también vamos a decir ¡Ni una presa más por cannabis!

    Mariela le dio una bolsita con 7 gramos de cannabis a una amiga en la plaza central de Bahía Blanca, pero agentes policiales las interceptaron y allí comenzó una causa totalmente desproporcionada. La Fiscalía de Mauricio del Cero está pidiendo una condena por un delito de tráfico que según la nefasta Ley de Drogas involucraría entre 6 y 20 años de prisión. Es clave en la causa el “agravante” de que el hecho haya tenido lugar en un espacio de “esparcimiento público”, como si estuviera distribuyendo algo al público, cuando se trató de una interacción entre dos personas que tenían una amistad.

    Te puede interesar: Por qué marchamos por “despenalización ya” y exigimos “basta de personas presas por marihuana”

    Un operativo cinematográfico contra una mujer trabajadora sola en su casa

    Mariela es una trabajadora autónoma que vende panes rellenos a la salida de los boliches, también trabaja de niñera, hace trabajos comunitarios de bioconstrucción y changas de construcción en seco con su familia. Ella estaba buscando otras salidas laborales, por eso hizo un curso para tener una certificación como técnica en acceso por cuerdas para poder trabajar, por ejemplo, en los molinos eólicos de la región.

    Además estaba buscando insertarse en el sistema educativo a partir de su título como técnica agropecuaria. Tenía que presentar un proyecto en la segunda quincena de abril, y exactamente el 15 de abril es allanada su casa y ella queda detenida, en un operativo desmesurado, con más de una docena de policías. Esa modalidad de grandes despliegues policiales para atacar las casas de jóvenes laburantes es un modus operandi del tándem entre Del Cero y la Policía Bonaerense.

    “Fue de película” cuenta Mariela a sus familiares que la visitan: “Yo estaba sola, para colmo estaba desnuda, me rompen la puerta, entran 13 efectivos armados, rodean la casa, me preguntan si había alguien más, digo que no hay nadie. Se ríen, yo al estar desnuda no podía levantar las manos. Fue totalmente desmedido, no encontraron absolutamente nada, yo no tenía plantas ni nada. Me dijeron que fue el allanamiento más rapido que habían hecho, en dos horas habían terminado con todo. Mi casa es de 4 por 6, una casa de barro muy humilde. De todas manera me llevaron detenida, inculpándome con cinco causas”.

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    Cannabis, salud mental y encierro

    Mariela además cuenta con Reprocann, el cannabis la ayudaba con su insomnio y para eso se lo indicó su médica. Al estar detenida ya no pudo utilizarlo, y su salud mental se deterioró, con episodios de ansiedad, pánico e insomnio, por lo que debió requerir psicofármacos. Por eso Mariela expresa a su familia que lo que están pidiendo es “Que se considere mi salud mental, el encierro no me está haciendo bien. Yo antes no era así, no necesitaba tomar nada, ahora no puedo dormir si no me dan dos pastillas”.

    Está hace un mes y medio privada de su libertad en Saavedra. Ella relató a sus familiares sobre el impacto de todo esto en su salud: “Llego acá y fue muchísima angustia, llanto todo el tiempo, acostarme llorando con desesperación, despertarme en medio de la noche y seguir llorando. La médica clínica del penal me da clonazepam para dormir, a la tercera semana me empiezan a agarrar pesadillas horribles con que alguien me quería matar.

    Me daba terror que me manden a un penal. Acá todo el tiempo se escuchan ruidos, estaba en permanente alerta. Me despertaba con episodios de pánico a las 3 de la mañana. Pedí que me vea una psiquiatra porque el clonazepam no me alcanzaba, logré que me vea una psiquiatra particular que me agrega Quetiapina, la médica clínica de la penitenciaría avaló esto, y con ambas medicaciones empecé a dormir mejor aunque estoy todo el tiempo cansada, con el efecto residual de las medicaciones.”

    El ensañamiento de la justicia y la necesidad de la lucha contra el prohibicionismo

    Además del operativo totalmente desmesurado, se había fundamentado la detención y el allanamiento en información irregular, proporcionada por la Fiscalía de Del Cero, que posteriormente fue descartada. El abogado de Mariela, Carlos Carnevale, pide la nulidad del allanamiento y la detención, la inmediata excarcelación, y el arresto domiciliario.

    En aquel momento, Mariela tenía ya en trámite su Reprocann, con indicación médica que la habilitaba con una receta a tener sus plantas. Su certificado quedó en trámite desde 2023, trabado no por responsabilidad de Mariela sino por responsabilidad del propio Estado. Hoy su Reprocann se encuentra aprobado pero nada de todo esto fue tenido en cuenta por la Fiscalía. De hecho la Fiscalía de Del Cero rechazó todos los pedidos de arresto domiciliario y nulidad de la investigación. Ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones la posibilidad de revisar todas estas irregularidades, y considerar la salud mental para definir la excarcelación y el arresto domiciliario.

    En una futura nota vamos a revisar quién es el Fiscal a cargo del caso, su permanente cruzada contra cultivadores y usuarios de cannabis, y un sistema de vigilancia articulado entre el Municipio de Bahía Blanca, la Policía Bonaerense y la Fiscalía que permanentemente puebla los portales de noticias policiales con supuestos “golpes al narco” por dos plantas o un par de cogollos. Por eso el Fiscal Mauricio del Cero se ganó que la revista El Cohete a la Luna lo bautizara “el cogollero gris”.

    Mariela sabe que si bien su caso trascendió a la prensa, “así como yo hay un montón de personas en la misma situación y la verdad es que no se habla”. Por eso es fundamental rodearla de solidaridad, que las organizaciones cannábicas, los centros de estudiantes y el movimiento de mujeres, que este 3J saldrá a las calles en un nuevo Ni una menos, exijan libertad para Mariela, y que esto sea parte de la pelea por el fin de la persecución a cultivadoras, cultivadores, usuarias y usuarios de cannabis. ¡No más presas y presos por plantar y utilizar cannabis!

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  • Bolivia: organismos de derechos humanos denuncian torturas, detenciones ilegales y amenaza de estado de sitio

    https://youtu.be/QXa4EfBZpmQ?si=zDGysN5ctv97n3xE
    29 de mayo, por Represión — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Belén Dávalos integra el ProDHCre (Profesiones por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal). Denuncia el brutal accionar estatal. Reclaman la solidaridad internacional de organismos de DDHH, políticos, sociales, contra la represión y en defensa del derecho de protesta.

    Publicamos a continuación el testimonio de Belén Dávalos, integrante del ProDHCre (Profesiones por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal). La representante de la organización de Derechos Humanos denuncia el brutal accionar policial y estatal durante la represión a los bloqueos y en las marchas que se realizaron en la ciudad de La Paz. Al mismo tiempo desde el ProDHCre pide la solidaridad internacional de organismos de DDHH, políticos, sociales, contra la represión y en defensa del derecho de protesta.

    "Yo soy Belén Dávalos, miembro del Procre, profesionales por los derechos humanos contra la represión estatal en Bolivia. Actualmente vivimos un un momento de altísima conflictividad social en el país.

    Desde el 1ro de mayo al 24 de mayo tenemos el registro de más de 320 detenidos en el marco de las movilizaciones y bloqueos y distintas acciones de represión que ha realizado la policía y el ejército, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto. En este momento tenemos reporte que más de 221 personas han sido liberadas de estas detenciones. Tenemos también el reporte de siete fallecidos.

    Nos hemos acercado a los distintos espacios de las celdas judiciales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero también de los comandos policiales de las zonas de San Pedro y Cotahuma.

    Lo que nosotros hemos podido constatar en estas visitas y acompañamientos es que ha existido un exceso de fuerza en en las detenciones, ha habido tortura no solo el momento de la detención, sino también durante el tiempo que han permanecido en las celdas judiciales.

    Con otras instituciones de derechos humanos a nivel nacional como el ITI que es el Instituto de terapia especializada en tortura y represión estatal, algunas otras también que nos han venido acompañando como la Asamblea permanente derechos humanos paralela y las asambleas permanentes de derechos humanos de provincia, hemos podido reportar con fotografías, videos y entrevistas.

    En estos días hemos podido evidenciar casos terribles, como el de un compañero de la tercera edad que venía de provincia, un hombre que apenas hablaba español, hablaba el aimara como lengua principal. Él no contaba con documentos de identidad, fue detenido en una movilización el 18 de mayo, vulneraron todos sus derechos, no se siguió el debido proceso ni al momento de la detención ni durante las supuestas investigaciones posteriores. El señor ni siquiera contaba con un documento de identidad, situación que es muy recurrente y común en personas del área rural, sobre todo de la tercera edad. Ni siquiera recordaba su fecha de nacimiento.

    ¿Cómo es posible que una persona sin un documento de identidad y sin poder ser reconocido en el propio sistema pasa a ser imputado directamente por un crimen de sedición y terrorismo? Un hombre que además no no llevaba nada, no fue encontrado en flagrancia, no estaba cometiendo ningún delito, más que solamente el hecho de protestar que hoy en día en Bolivia se se está persiguiendo y criminalizando.

    Hemos podido evidenciar el caso de varias mujeres a las que incluso se les ha negado el acceso a insumos de higiene menstrual durante las detenciones. Tenemos el caso de una madre y una hija que pasaban por una de las movilizaciones, se resguardaron con el grupo movilizado de los gases que lanzaba la policía durante la represión, fueron detenidas, se les quitó sus medicamentos, fueron obligadas a estar detenidas durante más de 3 días en celdas judiciales, cosa que también va en contra del debido proceso, porque no podrían estar más de 24 horas detenido en estas instancias.

    Ellas incluso tenían a cargo menores de edad, a los que no pudieron atender durante estos días por la detención, no se les permitía ceder a una llamada para comunicarse con sus familiares, no se convocaban abogados para defender sus casos. La mayoría de los detenidos y detenidas pasaban directamente con imputación por crímenes como sedición, terrorismo, paraguas legales bastante ambiguos. Ese es un poco el juego que también hace el el sistema eh policial y judicial en en Bolivia eh para seguir vulnerando sus derechos. Muchos de los detenidos y detenidas señalan que hubo una saña racial durante las detenciones.

    Es decir, a muchas de las personas las llevaban detenidas únicamente por llevar un aguayo por llevar alguna prenda digamos de los de los pueblos originarios o por el propio color de piel. En ese sentido hacemos una denuncia internacionalmente por todas estas vulneraciones de los derechos humanos que está cometiendo el Estado y a la constante criminalización.

    Queremos denunciar que lo que está sucediendo no son excesos aislados en el marco de las movilizaciones y los conflictos sociales que venimos atravesando en el último mes. Estamos hablando de un patrón sistemático por parte del Estado para la criminalización de la protesta y la vulneración de derechos humanos. El gobierno ha tratado de instalar una narrativa en distintos espacios internacionales de que lo que estamos viviendo en Bolivia es una violencia bilateral. Y en ese sentido desde el ProDHCre queremos denunciar que no podemos equiparar las violencias que se pueden ejercer desde el aparato estatal haciendo uso de los sistemas policiales, militares, judiciales y de detención con algunos hechos de violencia que pueden surgir en el marco de las movilizaciones.

    En este momento el gobierno de Bolivia está instalando una narrativa que criminaliza a todos los movilizados, que criminaliza y quita el derecho democrático a la protesta de las y los bolivianos, que en este momento exigen su renuncia, pero que nacen, los conflictos, desde una serie de exigencias y peticiones que el gobierno ignoró olímpicamente durante todo este tiempo.

    Desde Bolivia y desde el ProDHCre llamamos, convocamos a las distintas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional a a escuchar nuestra las denuncias, a enviar comisiones de veduría para lo que hoy estamos atravesando en el país, más que necesarias, justamente en búsqueda de esta imparcialidad que pueda generar justicia y frente a todos los hechos de vulneración de derechos humanos que está cometiendo el Estado en este momento contra la gente movilizada y que se encuentra en los distintos puntos de bloqueo.

    Hoy día. fue abrogada tanto por la Cámara de Senadores como de diputados, la ley 1341, también conocida como la ley Eva Copa, que era una ley que generaba la normativa necesaria en caso de que el ejecutivo quisiera decretar un estado de sitio o un estado de excepción. Realmente alertamos a la comunidad internacional y a todos los defensores de derechos humanos a que esta situación que estamos atravesando en el país de vulneración de derechos y de criminalización de la protesta pueda agravarse frente a las posibilidades de el decretar un estado de sitio o un estado de excepción donde corre un mayor riesgo la vulneración de nuestros derechos. Pedimos y exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos y detenidas.

    Pedimos y exigimos también la eliminación de todos los procesos de investigación que han sido levantados sin haber seguido los debidos procesos Así que convocamos a toda la comunidad internacional de derechos humanos a poner los ojos en Bolivia, a enviar comisiones de veduría y a sumarse a nuestras denuncias."

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