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Filtran informe de la SIDE que confirma espionaje a opositores y hasta jubilados
4 de agosto, por La ilegalidad de Milei y Caputo — Política, Libertades Democráticas, SIDE, Servicios de inteligencia, Diario La Nación, Javier Milei, Hugo Alconada Mon, Espionaje ilegal, Santiago Caputo, Política, Libertades Democráticas, SIDE, Servicios de inteligencia, Diario La Nación, Javier Milei, Hugo Alconada Mon, Espionaje ilegal, Santiago Caputo
El periodista Hugo Alconada Mon difundió un documento que deja en evidencia las actividades prohibidas por ley que llevan adelante los espías de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Adorni se negó a dar una respuesta. Es hora de disolver todo aparato montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan.
El periodista de investigación Hugo Alconada Mon reveló este domingo que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) está elaborando “reportes” sobre actividades, reuniones y movilizaciones que protagonizan “líderes políticos, sociales y sindicales de todos los partidos y espacios, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza o sus dirigentes ni sobre funcionarios nacionales”.
La SIDE versión libertariana está conducida por Sergio Neiffert, un publicista y productor mediático que antes de ser nombrado en el cargo no tenía ningún tipo de experiencia en el área. Su relación estrecha con Santiago Caputo lo colocó en ese lugar “estratégico” para las acciones clandestinas del Estado en perjuicio de la población. Porque los servicios de inteligencia ya no pueden pensarse tan sólo como las “cloacas” del Estado capitalista, parafraseando al italiano Norberto Bobbio, sino más bien como parte de sus “cimientos”.
Alconada Mon reprodujo en un artículo de La Nación fragmentos de uno de esos informes, titulado Hechos previstos 09JUL25 (fechado el martes 8 de julio), en el que se lee un reporte de actividades políticas realizadas el Día de la Independencia por parte de referentes políticos de izquierda, del peronismo y radicales, entre otros.
La redacción del informe estuvo a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) , una de las cuatro patas en las que Neiffert dividió la SIDE hace un año. A su frente está el también caputista Alejandro Cecati y, según el decreto de “necesidad” y “urgencia” (¿?) 614/24 que creó el nuevo organigrama, la función de la agencia debería ser investigar “amenazas susceptibles de afectar los derechos y garantías de los habitantes de la República Argentina y la plena vigencia y funcionamiento de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”. Nada que ver con informes como éste.
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Según el artículo de La Nación, el reporte de inteligencia tiene nueve carillas y puntea “actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros”. Precisa “horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una”, sin ninguna referencia a supuestas “amenazas a la seguridad” que justifique tal sistematización de información.
Bajo el rótulo de “obtención y reunión de información” (lenguaje típico de los informes basados en espionaje ilegal) hay datos sobre gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Alberto Weretilneck (Río Negro), legisladores como el senador Wado de Pedro y el diputado Facundo Manes, intendentes como Mayra Mendoza y exintendentes como Néstor Grindetti, referentes de la UCR , el PJ (Máximo Kirchner), el Frente Renovador (Sergio Massa) y la Coalición Cívica y organizaciones como la CGT , la CTA la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) , el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y La Bancaria .
También hay referencias específicas y las jubiladas y los jubilados que se movilizan al Congreso todos los miércoles.
“Sin identificar a su autor, autora o autores, el informe tampoco detalla la hora en que fue redactado y distribuido dentro de la SIDE ”, afirma Alconada Mon. Y destaca que a lo largo de las nueve carillas “no consignaron actividad alguna de funcionarios nacionales, figuras de La Libertad Avanza (LLA) o de ‘Las fuerzas del cielo', como tampoco sobre las negociaciones y reuniones que por esas horas protagonizaban o estaban por protagonizar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y algunos colaboradores, como Sebastián Pareja o Eduardo ‘Lule' Menem con emisarios de PRO como Diego Santilli y Cristian Ritondo”.
“Según los analistas o agentes que redactaron el reporte, esos y otros temas permitían anticipar ‘un escenario de alta conflictividad tanto en el plano parlamentario como en el social'”, afirma el periodista de La Nación. Algo que le permitiría al Gobierno de Javier Milei “anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales”. Según expertos consultados por el propio Alconada Mon, eso por sí mismo “podría configurar una violación de la legislación vigente”.
En efecto, la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe recolectar y sistematizar información sobre personas o grupos “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Para algunas fuentes trascriptas por La Nación, “el informe describe eventos públicos (como reuniones políticas y protestas) basados en datos de acceso público (redes sociales, prensa), sin que haya evidencia de espionaje ilegal, como podría ser la interceptación de comunicaciones privadas”. Pero sí es “cuestionable” que la SIDE “monitoree a actores políticos y releve estrategias partidarias, o haga un seguimiento de las protestas sociales”.
Otras fuentes sí afirman que reportes como el develado por Alconada Mon violan o están al borde de violar la Ley de Inteligencia Nacional. “Podría interpretarse como un ‘resumen de prensa' elaborado por analistas de la SIDE basados en ‘fuentes abiertas', sí, pero me pregunto para qué la SIDE destina personal, tiempo y recursos a algo que podría hacerlo el equipo de Adorni”, dijo uno de los consultados.
Otro agregó: “Informes de ese tipo los elaboraban −y acaso los sigan elaborando− en la Policía Federal , la Gendarmería o la Prefectura , pero si lo hace la SIDE , entonces debería consignar qué delitos investigaría o qué podría amenazar la seguridad pública, para de ese modo justificar este tipo de informes, pero no ocurrió. Y aunque ese tipo de informes se haya hecho en el pasado, es ilegal”.
Finalmente Alconada Mon dice que se contactó con el vocero presidencial Manuel Adorni para tener una versión oficial sobre el informe Hechos previstos 09JUL25, “pero no obtuvo respuesta a su consulta”.
El decreto de Milei que creó la SIDE aseguraba que “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias, como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”. O sea, lo mismo que están haciendo los espías bajo las órdenes de Milei, Caputo y Neiffert.
Pasan los gobiernos y la SIDE sigue siendo un organismo dedicado a espiar ilegalmente, armar causas y perseguir política y judicialmente tanto a opositores como a organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, ambientalistas, originarias, culturales y a la izquierda. Su historia está plagada de complicidad o acción directa en hechos de magnitud como el atentado a la AMIA o participación en el gran delito organizado.
Como ya se escribió en este sitio, los partidos patronales se la pasan afirmando que los “servicios” son necesarios para la “seguridad” del país. Pero la historia demuestra que nunca se apartaron de su real misión: acumular información de la sociedad para utilizarla en beneficio de las clases dominantes y de los gobiernos de turno.
Las organizaciones de derechos humanos, la izquierda, sobrevivientes de la dictadura y familiares de víctimas de la represión en “democracia” llevan décadas exigieron que se abran los archivos del espionaje, donde están las explicaciones a muchos de los más atroces crímenes cometidos desde el propio Estado o con su complicidad.
Ningún gobierno, sea de derecha o “progresista”, ordenó poner en conocimiento de la población esa información secreta que sigue en manos la SIDE , de las fuerzas federales, policías provinciales, Fuerzas Armadas y servicios penitenciarios.
Los multimillonarios presupuestos destinados a sostener esos “servicios” nunca son cuestionados y siempre hay una nueva “necesidad” (excusa) para agrandarlos. Así, cada nuevo inquilino de la Casa Rosada los usa para controlar, perseguir y reprimir a gusto. No hay interés nacional ni popular que justifique la existencia ese espionaje. La cuestión de fondo pasa por disolver todo aparato de inteligencia montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan.
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Industrias Secco: la empresa acusada en la causa Cuadernos, denuncia a sus trabajadores por enfrentar despidos ilegales
2 de agosto, por Impunidad patronal — Mundo de l@s trabajador@s, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Ministerio de Trabajo, Axel Kicillof , Campaña contra los despidos, Cuadernos, #Despidos, Walter Correa, Trabajadores de Secco, NO a los despidos discriminatorios, Mundo de l@s trabajador@s, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Ministerio de Trabajo, Axel Kicillof , Campaña contra los despidos, Cuadernos, #Despidos, Walter Correa, Trabajadores de Secco, NO a los despidos discriminatorios
Una empresa de energía y minería, de ganancias extraordinarias y contratos con el estado, que despide trabajadores ilegalmente, denuncia penalmente a trabajadores que luchan contra despidos. Los que van al banquillo de los acusados en noviembre, pretenden amedrentar a los trabajadores que desafían la impunidad patronal.
¿Quién es el dueño de la empresa?
El dueño de Industrias JF Secco es Jorge Balán, quien declaró —bajo la figura de “arrepentido”— que pagó coimas en “la causa de los Cuadernos” y que en noviembre irá a juicio oral por “cohecho”. Para defenderse hasta llegó a esgrimir la ridícula defensa de que los pagos no eran coimas, sino que se trataba de aportes para la campaña electoral que no habían sido declarados, siguiendo la estrategia de Ángelo Calcaterra, primo de Macri y otro de los empresarios imputados. No pudo zafar. A fin de año él tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
¿Por qué los despidos son ilegales y discriminatorios?
La empresa despidió el año pasado a 7 trabajadores eléctricos que operaban en una planta de la empresa que funcionaba en el CEAMSE de Ensenada y este año despidió a otros 30 treinta trabajadores del sector de emergencias. Estos despidos son completamente ilegales y discriminatorios ya que incluyen a delegados con fueros, candidatos y activistas del gremio eléctrico (Fetera CTA-A), los llamados “bomberos de la luz”.
Cabe aclarar que los despidos discriminatorios están prohibidos por la Ley antidiscriminación, Constitución Nacional, Tratados Internacionales y la Organización Internacional del trabajo, en este caso se tratan de despidos antisindicales, también prohibidos por la Ley de Asociaciones Sindicales, más aún en el caso de delegados y candidatos a delegados. Como estos despidos están prohibidos, el remedio frente a este ataque ilegal no es una indemnización, sino que la reincorporación, eso es lo que reclaman los trabajadores. Incluso el 245 bis incorporado por la “Ley Bases” que intentan avanzar en que la empresas paguen para poder discriminar, es completamente ilegal, inconstitucional e inconvencional.
Estos actos ilegales abrieron un conflicto laboral contra los despidos que lleva meses y que consiguió la solidaridad de importantes organismos y personalidades de derechos humanos. Entre numerosas firmas se encuentran las de Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Secretaria de DD.HH. de CTA-A Capital, el Encuentro Militante Cachito Fuckman, CORREPI, HIJOS Zona Oeste, Mesa de Memoria de Lanús, Ismael Jalil (abogado de DD.HH.), Red Socialista por los Derechos Humanos, Colectivo Memoria Militante, CeProDH, entre otros.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Frente al conflicto por despidos, la empresa respondió con denuncias penales contra los trabajadores que luchan por sus puestos de trabajo.
Primer intento: fue al inicio del conflicto en el mes de junio. Autoridades del CEAMSE San Martín, a pedido de Secco, realizaron una denuncia penal contra los trabajadores que reclaman por sus puestos de trabajo en la planta ubicada en dicho lugar. Esa denuncia incluyó un falso testimonio de un supervisor de Secco, quien mintió para que la denuncia prosperara, diciendo que los trabajadores no le permitían la permanencia en la planta. La empresa se mostró muy activa en esa causa, presentando diferentes escritos. Sin embargo, esa primera causa penal fue archivada, básicamente porque se trata de un conflicto laboral (como consta en el Ministerio de Trabajo local) y no de un conflicto penal. Para archivar la causa, la fiscalía tuvo en cuenta los argumentos presentados por Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Resolución de la fiscalia nro. 2 de San Martín Tan ridícula es la posición de la empresa, que hasta el momento se llevaron adelante siete audiencias en el Ministerio de Trabajo de PBA (de las que consta actas), de las que formó parte la misma, pero sin dar una respuesta al reclamo por las reincorporaciones de los trabajadores despedidos ilegalmente.
Segundo intento: como esa denuncia inicial fue archivada, la empresa decidió seguir amedrentando a los trabajadores con una nueva denuncia, esta vez en el fuero federal, denunciando “entorpecimiento de servicio público (Art 194 CP)” , que no busca más que amedrentar a los trabajadores y atentar con las libertades sindicales de los trabajadores y la libertad de expresión.
En una primera instancia la Justicia Federal indicó que era incompetente, que la actuaciones debian tramitarse en la Justicia local de San Martín (donde ya se encuentra archivada la causa), pero Secco apeló para seguir hostigando a los trabajadores e intentar impedir cualquier tipo de medida gremial.
Además del absurdo de pedir la intervención de la Justicia Federal para un asunto local que ni siquiera tiene carácter penal, esta maniobra es completamente inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos. Ya que viola el principio de non bis in idem, cuyo principio indica no sólo que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos, sino que lleva a la prohibición de un segundo proceso por el mismo delito, sea que el acusado haya sufrido pena o no la haya sufrido, y sea que en el primer proceso haya sido absuelto o condenado. Como se indicó, estas actuaciones ya fueron archivadas en la justicia local.
Resolución de la fiscalia nro. 2 de San Martín Conclusión: empresarios impunes que buscan atacar los derechos elementales de los trabajadores, impedir la libertad de expresión, la posibilidad de organizarse sindicalmente, el derecho a huelga, criminalizar la protesta y amedrentar a los trabajadores. Protestar es un derecho, no un delito.
Una empresa sin crisis, ganancias extraordinarias y los motivos de fondo
La empresa indica que alega una crisis en el sector y falta de “contratos” para despedir a los trabajadores de “emergencias”. Pero la verdadera crisis la viven los usuarios y vecinos que pagan las consecuencias de estos despidos. Sólo este mes tuvimos dos grandes apagones masivos en el AMBA y la inundación de Zárate-Campana donde los “bomberos de la luz” pudiesen haber restablecido el servicio de inmediato asistiendo a los afectados.
Enre, 27/07/2025 La realidad es muy distinta ya que la empresa, en los últimos años, firmó múltiples contratos con el estado (nacional, provincial, municipales), participó y fue adjudicataria de nuevas licitaciones, puso en pie un parque solar en Rosario y construyó naves industriales que implican millones de dólares de inversión. Y quiere utilizar personal ajeno a la planta de San Martín para realizar tareas que antes realizaban los trabajadores despedidos. Crisis no hay, como es de público conocimiento las ganancias extraordinarias de las empresas como Secco ligadas a la energía y minería.
DataGremial, 29/07/2025 Lo que quieren son despidos para precarizar el trabajo. En sintonía con los planes del gobierno nacional, que con acuerdo de la CGT quiere imponer una segunda etapa de la reforma laboral, a través del Consejo de Mayo. Ese es el verdadero motivo de estos despidos es imponer flexibilización laboral, cambios de convenio y peores condiciones de trabajo. ¿El Ministerio de Trabajo de la PBA, a cargo de Walter Correa, y el Gobierno provincial, de Axel Kicillof, va a seguir dejando que estas empresas acusadas de coimeras sigan actuando con impunidad contra los trabajadores?
Equipos de generación de energía móvil que asisten a la Casa Rosada Mundo de l@s trabajador@s / Zona Oeste del Gran Buenos Aires / Libertades Democráticas / CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) / Ministerio de Trabajo / Axel Kicillof / Campaña contra los despidos / Cuadernos / #Despidos / Walter Correa / Trabajadores de Secco / NO a los despidos discriminatorios -
Santiago Maldonado: ocho años de un crimen atroz que el Estado no quiere esclarecer
1ro de agosto, por ¡Presente! — Política, Chubut, Libertades Democráticas, Gendarmería, Impunidad, Patricia Bullrich, Desaparición forzada, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Santiago Maldonado, Pablo Noceti, Sergio Maldonado, Rafael Nahuel, Represión, Política, Chubut, Libertades Democráticas, Gendarmería, Impunidad, Patricia Bullrich, Desaparición forzada, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Santiago Maldonado, Pablo Noceti, Sergio Maldonado, Rafael Nahuel, Represión
¿Cómo logran zafar Bullrich y Gendarmería de su responsabilidad en esa emblemática desaparición seguida de muerte? ¿Qué hicieron por la verdad y la justicia quienes gobernaron entre 2019 y 2023? El cuerpo de Santiago no estuvo siempre en el mismo lugar. Si fue un crimen de Estado, ¿quién atiende el reclamo de la familia? ¿No importa cuándo leas esto?
“Santiago no es una ausencia. No es alguien que no está, sino que su ser, su alma, su símbolo se mantiene entre nosotros gracias a todos los que recuerdan, los que luchan, los que buscan justicia, cada uno desde su lugar, aportando su modesto grano de arena para avivar la llama de la memoria, y para que el olvido no llegue antes que la verdad”. Así cierra Sergio Maldonado su libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano, recientemente publicado por Marea Editorial.
Este viernes se cumplen ocho años de aquella descomunal represión en la que un centenar y medio de efectivos de Gendarmería Nacional arremetió a tiros contra un grupo de jóvenes de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen , a la altura del kilómetro 1.848 de la Ruta Nacional 40. Santiago, artesano, tatuador, anarquista, vecino de El Bolsón, se había sumado a la protesta de la comunidad mapuche, que venía siendo atacada con saña por el Estado defensor de terratenientes como el magnate italiano Carlo Benneton.
Maldonado estuvo 78 días desaparecido. Su cuerpo fue encontrado en la orilla del Río Chubut, a metros de donde Gendarmería había desatado su furia criminal y en un lugar que ya había sido revisado varias veces con anterioridad. Tanto antes como después del hallazgo del cadáver, y hasta nuestros días, el Estado argentino hizo todo para ocultar cómo, cuándo y por qué desapareció el joven de 28 años. Y peor aún, el Estado se empecinó en preservar la impunidad para los responsables materiales, intelectuales y políticos del crimen.
Ni los gendarmes, ni quienes les dieron las órdenes, ni el Poder Judicial, ni los gobiernos que pasaron desde entonces respondieron aún por ese crimen de Estado. Un crimen que profundizó la criminalización del pueblo mapuche y de quienes se solidarizan con sus luchas. Criminalización que continuó pocos meses después con la muerte de Rafael Nahuel a manos de una patota de la Prefectura Naval. Y con el gobierno peronista del Frente de Todos, que violó los derechos humanos de la comunidad a la que pertenecía Nahuel. Continuidad encarnada en la propia Patricia Bullrich, repuesta hace un año y medio en el Ministerio de “Seguridad Nacional” por Javier Milei para hacer lo que mejor sabe: mentir, pegar, detener, herir, matar. Desaparecer.
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¿Quién es el terrorista?
Aquel 1° de agosto de 2017 Gendarmería, bajo órdenes directas de Bullrich y su jefe de Gabinete Pablo Noceti, desplegó un operativo para desalojar por la fuerza la Ruta 40, cortada por una decena de miembros de la Pu Lof . Testigos como Julio Saquero (referente de la APDH Chubut) comprobaron las primeras maniobras de encubrimiento, como la salida de móviles de la fuerza portando bolsas negras. Noceti supervisó personalmente los movimientos. Los gendarmes lavaron patrulleros antes de ser peritados, violaron precintos y manipularon muestras de ADN. En los escuadrones de Esquel y El Bolsón se adulteraron pruebas fundamentales. Otras, directamente, se borraron.
Días después de la desaparición, con un país preguntándose “¿dónde está Santiago?”, en el Senado Patricia Bullrich violó la identidad reservada de un testigo clave, mientras su ministerio y empresas periodísticas tan defensoras de los terratenientes como ella lanzaban todo tipo de fake news e hipótesis insólitas para desviar la atención. Que Santiago estaba en Entre Ríos, en Misiones o en Chile. Que había asaltado encapuchado a un empleado de Benetton y escapó herido. Que lo dejaron morir los mapuche. Que la familia no colaboraba y ocultaba cosas. Todo orquestado desde la cúspide del Poder Ejecutivo.
El operativo de encubrimiento fue total. Desde la construcción de un relato político y mediático acorde a sus necesidades hasta ilegales tareas de inteligencia sobre la familia Maldonado, Madres de Plaza de Mayo como Nora Cortiñas y otres referentes de derechos humanos. Incluso el juez Daniel Rafecas de Comodoro Py creyó conveniente no mover el avispero y cinco años después de los hechos decidió archivar la causa por ese espionaje clandestino sin investigar prácticamente nada.
A fines de 2017, con Maldonado y Nahuel muertos, Bullrich sacó de su galera el maloliente Informe RAM, una amalgama de datos, nombres y lugares que quiso hacer pasar como “investigación” para justificar la avanzada represiva contra las comunidades mapuche de Chubut, Río Negro y Neuquén. Bajo el rótulo de Resistencia Ancestral Mapuche la ministra y sus secuaces juntaron tantas fabulaciones como pudieron y salieron a gritar que la Patagonia estaba infectada de terroristas disfrazados de indígenas. Ocho años después, a la luz de los hechos, ¿quién ejerció el verdadero terror?
Poder Judicial no es igual a Justicia
El documental Santiago Maldonado, un crimen de Estado , producido por La Izquierda Diario en agosto de 2018, muestra lo ocurrido durante todo aquel año de intensa lucha por verdad y justicia. Con testimonios de Sergio Maldonado, Andrea Antico, Verónica Heredia, Nora Cortiñas, Ricardo Ragendorfer, Myriam Bregman y Matías Aufieri (estos últimos querellantes en la causa por espionaje) una de las conclusiones del film es que Justicia y Poder Judicial están muy lejos de ser sinónimos.
La causa penal por la desaparición forzada seguida de muerte desde el inicio se convirtió en un decálogo de la injusticia. El juez federal de Esquel Guido Otranto fue desplazado por su parcialidad manifiesta. En su lugar asumió Gustavo Lleral, juez federal de Rawson, que se diferenció de su colega en algunas formas pero terminó llevando el caso a un callejón sin salida. Se negó a hacer pericias claves, ignoró a la familia y trabajó en tandem con el Gobierno de Mauricio Macri y con la fiscal Silvina Ávila. Finalmente cerró la causa en noviembre de 2018.
La autopsia realizada al cuerpo de Santiago sólo pudo determinar que su muerte se produjo por “asfixia por sumersión”. No cómo, ni dónde ni cuándo. Jueces, fiscales, peritos, criminólogos y periodistas saben bien que las causales de un desenlace como éste pueden ser múltiples y diversas. Pero el juez dijo ante las cámaras y micrófonos “¡se ahogó!”, casi todos lo repitieron como loros y pasaron a otro tema. Por ejemplo, a las elecciones de medio término que se realizarían el 22 de octubre, apenas cinco días después del hallazgo.
La familia de Santiago, encabezada por Sergio y Andrea, con la compañía jurídica y humana de la abogada Verónica Heredia, no descansó en la búsqueda de verdad y justicia. La mayoría de las pruebas que obran en el expediente fueron aportadas o exigidas por ellos o por otras querellas de organismos de derechos humanos. Desde el propio Estado, nada. O mejor dicho silencio, complicidad y encubrimiento.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia obligó al juez Lleral a desarchivar la causa. Pero él siguió con su misión. En febrero de 2023 volvió a “archivarla” y, además, sobreseyó a los cuatro gendarmes imputados. Ni condenados, ni absueltos. Tras nuevas presentaciones de Maldonado, la Cámara comodorense finalmente separó a Lleral por su larga “inacción” y ordenó reabrir la causa.
Hace una semana Sergio le decía al colega Alejandro Bercovich en Radio Con Vos: “Todo lo que se dijo sobre que ‘se ahogó', o el invento de lo de los ‘55 peritos', se fue con el juez Lleral en mayo del año pasado. Vino un nuevo juez, Federico Calvete, que está en Ushuaia. Él nos permitió la ampliación de pericias que estaban pendientes. Una era la palinológica, que vino a dar cuenta de que Santiago no pudo estar todo el tiempo en el mismo lugar y que, a lo sumo, estuvo treinta días. Eso confirma lo que siempre dije, que hubo tres rastrillajes y el cuerpo no estaba ahí”.
Los resultados de la pericia en cuestión están detallados en esta otra nota de La Izquierda Diario. Encabezado por la doctora Leticia Povilauskas de la Universidad Nacional de La Plata, el análisis del polen encontrado en el cuerpo y las ropas de Santiago demostró que no pudo haber estado más de un mes sumergido en el río y, menos aún, en ese lugar. Estuvo 78 días desaparecido, pero el polen hallado corresponde a una floración posterior a esas fechas y a especies arbóreas de otro lugar. Sin dudas, hay mucho por descubrir.
¿Va a investigar seriamente el juez Calvete? Aún faltan pericias clave sobre el teléfono de Santiago, su ropa, el estado del DNI y los billetes hallados intactos en sus bolsillos. También debería hacerse una exhaustiva reconstrucción de los hechos del 1° de agosto de 2017, con testigos presenciales y todas las partes representadas. Cosas que parecen elementales, pero que siguen ausentes en la causa.
Desde hace años la familia propone la actuación de un grupo independiente de expertos internacionales que puedan analizar todas las evidencias y determinar qué se sabe realmente y qué resta por averiguar. El Estado argentino se negó sistemáticamente a aceptarlo. Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), de larga trayectoria en investigaciones de crímenes atroces, desde hace años trabaja para el mismo Estado, con lo cual no puede ser juez y parte.
Cuando la impunidad avanza
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado fue un crimen de Estado, resultado de una política sistemática de represión y encubrimiento, con responsabilidad directa del gobierno de Macri, Bullrich y sus fuerzas represivas. La protección del negocio del Grupo Benetton y la defensa de la “propiedad privada” fueron el eje de la represión, con complicidad del gobierno provincial y del Poder Judicial.
La desaparición forzada de una persona empieza con la privación de la libertad por parte del Estado y sigue con la falta de información sobre su paradero y con la negativa del mismo Estado a reconocer el hecho. Por la propia característica del hecho criminal, es el Estado quien debe demostrar que no es responsable.
En estos años, quienes tuvieron en sus manos los resortes estatales le negaron verdad y justicia a la familia de Santiago, a sus amigos, a la comunidad mapuche y a la sociedad en general. Por el contrario, la impunidad fue garantizada por todos los gobiernos: el de Cambiemos, el del Frente de Todos y ahora el de La Libertad Avanza con Bullrich otra vez como ministra.
En su conversación en Radio Con Vos de la semana pasada, Sergio dijo que hasta antes de la llegada de Milei, él veía a Bullrich como “a un ser patético” y “muy desquiciada”, pero que con LLA ya en el poder todo se potenció. “Hoy Bullrich dice cualquier barbaridad, como cuando el año pasado en el caso Loan dijo que iba a hacerle radiografías a los yacarés, cualquier delirio”, agregó. Recordó que hace ocho años la ministra afirmaba cosas como que “a los mapuche los financian los iraníes” o que “hay células terroristas” en la Patagonia. Y se quejó: “Pero nunca pagó un costo por todo eso”.
Se podría agregar a lo dicho que si Bullrich y el resto de los funcionarios pueden mentir impunemente y armar relatos a su gusto es porque también hay una parte de la dirigencia opositora, tanto política como intelectual, sindical y social, que no pone todo su poder de convocatoria y movilización en pos de dar pelea hasta derrotarlos. Hasta hubo sectores que en 2023, desde el mismo espectro “nacional y popular”, fomentaron el crecimiento de Milei y Villarruel para taponar a Juntos por el Cambio.
Además de Viviana Canosa, fueron Sergio Berni y Juan Grabois quienes confirmaron que operadores de Sergio Massa (el candidato elegido por Cristina Kirchner para suceder a Alberto Fernández) había colaborado activamente en el armado de las listas “libertarias”. Todo eso mientras el Frente de Todos, con Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, no movía un pelo por verdad y justicia para Santiago.
Sergio seguirá luchando y reclamando lo que corresponde. Mientras tanto, acumula indignaciones al ver cómo, pese a la verdad de los hechos y el paso de los años, Bullrich y Gendarmería siguen siendo un dúo nefasto que arrasa con vidas, derechos y libertades.
Con la nuestra financian estos operativos desmedidos en el Congreso para Reprimir Jubilados. #FueraBullrich #FueraMilei pic.twitter.com/P3zs7dQZ25
— Sergio Maldonado (@vikingomaldo) July 30, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La pelea por verdad y justicia para Santiago es la misma que la que llevamos años dando por Julio López, María Cash, Luciano Arruga, Margarita Verón, Daniel Solano, Facundo Castro y tantxs otrxs. Porque cada vez que un gobierno reprime, encubre y garantiza impunidad, repite la historia de la peor cara del Estado argentino.
La organización, la memoria y la movilización son el único camino para que la impunidad no se repita y para que ningún gobierno, ninguna Bullrich ni ningún juez cómplice vuelva a decidir sobre la vida de quienes luchan. ¡Santiago Maldonado Presente!
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Se reabre la causa y apartan al juez que dio impunidad a Gendarmería
En mayo de 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia atendió los pedidos de la Fiscalía y las querellas. Al juez Gustavo Lleral lo reemplazó el juez de Ushuaia, Federico Calvete, a quien la Cámara le pidió “máxima diligencia y premura” para “procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”.
El testimonio clave, desde adentro de la propia Gendarmería, que puede hacer girar la causa
En 2017 una profesional de la salud que trabajó durante años en el Escuadrón de Esquel escuchó a varios gendarmes comentar que, tras el operativo represivo del 1° de agosto hubo un “detenido” que “se les fue”. ¿A qué jefes y subalternos mencionó? ¿Qué otros detalles contó ante el fiscal de la causa? En 2022 declaró judicialmente y afirmó que la Gendarmería la seguía persiguiendo.
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En 2017 Darío Nieto anotó en su celular “lo nombramos nosotros, está bien, serio, ya tuvimos contactos”. La familia pidió entonces la nulidad del proceso judicial. Pero nada cambió.
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En noviembre de 2018, poco antes de intentar dar por cerrada la causa, el juez Lleral llamó por teléfono a la madre de Santiago y se escudó diciendo que había sido presionado para actuar como actuó. La familia Maldonado publicó entonces un comunicado de prensa.
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Bullrich dijo que "cualquier intervención de Gendarmería en la desaparición y fallecimiento de Maldonado" es "un relato". Pero los hechos la desmienten. Así te lo comentábamos hace siete años.
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La represión en la Pu Lof de Cushamen que culminó con la desaparición y muerte de Maldonado no fue un hecho aislado. El plan estatal de “declararle la guerra” a la comunidad mapuche lleva años.
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A fines de 2017 Bullrich presentó un “informe” sobre la fantasmal Resistencia Ancestral Mapuche plagado de falacias e inventos. Un audaz paso represivo para perseguir y encarcelar a quienes luchan por sus tierras en Río Negro, Neuquén y Chubut.
Ruata: el jefe de los prefectos que “no encontraban” a Santiago Maldonado y mataron a Rafael Nahuel
El 25 de noviembre de 2017 el Ministerio de Seguridad brindó un increíble parte del operativo que terminó con la muerte de Rafael Nahuel. El jefe de los prefectos, el mismo que comandó los violentos operativos y los sospechosos rastrillajes en el Río Chubut.
La abogada que asesoró al Ministerio de Seguridad durante el macrismo, en febrero de 2023 reconoció por televisión que Santiago Maldonado y Rafael Nahuel perdieron la vida producto de la brutalidad de las fuerzas represivas comandadas por Patricia Bullrich. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Los Maldonado tenían razón: “La autopsia no dice ni cómo, ni cuándo ni dónde murió Santiago”
Esa y otras irregularidades fueron definidas en septiembre de 2019 por la Cámara de Comodoro Rivadavia, que ordenó reabrir la investigación cerrada por el juez Lleral casi un año antes.
Condenaron al médico de la Federal que filtró las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado
Werther Aguiar es culpable de “violación de secretos” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”. En 2019 lo condenaron a un año y medio de prisión y tres y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pablo Noceti: una vida dedicada a la defensa de genocidas y a la represión al pueblo mapuche
Gloria Pagés realizó este informe en el que cuenta quién es el exfuncionario de Bullrich que dirigió el operativo represivo contra la comunidad mapuche que terminó con la desaparición y muerte de Maldonado. Fue denunciado penalmente.
La detención de Facundo Jones Huala y el crimen originario que se oculta tras ella
En enero de 2023 un operativo de la Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón al lonko de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Chushamen. Fue por una contravención excarcelable, pero los gobiernos argentino y chileno no dudaron en impulsar su extradición a Chile. Allí el Poder Judicial lo esperó para consumar un capítulo más de la criminalización y sojuzgamiento de las comunidades mapuche.
A tres años de la desaparición, denunciaron las responsabilidades macristas. Reclamaron que investigara un grupo de expertos. Y dijeron que esperaban algo de Fernández, pero “lo que escuchamos fue su mensaje diciéndole a la Gendarmería ‘la Argentina está en deuda con ustedes'”. El documento completo.
Sergio Maldonado dijo en 2021 que “Al Frente de Todos no le interesa lo que pasó con Santiago”
El hermano de Santiago dijo luego de que se cumplieran cuatro años del crimen que la coalición peronista “no quería saber” qué pasó y “mucho menos que se haga justicia”.
La carta de la madre de Santiago Maldonado en el día que cumpliría 32 años
El 25 de julio Santiago Maldonado cumplía años. En 2021 Stella, su mamá, publicó una conmovedora carta donde remarcaba que a cuatro años de su desaparición seguida de muerte "no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia".
El provocador regalo de Gendarmería a Bullrich por la impunidad en el caso Maldonado
Faltaban pocos días para que la ministra de "no voy a tirar un gendarme por la ventana" y la "doctrina Chocobar" dejara su cargo en diciembre de 2019. Gendarmería la despidió con un regalo, un sable con una inscripción provocadora.
Imagen original Chelo Candia
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Grave: la Policía Federal detuvo ilegalmente a militante del PTS-FITU por repartir volantes
31 de julio, por Constitución — Política, Principal2, Libertades Democráticas, Libertades Democráticas, Detenciones arbitrarias, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU), Política, Principal2, Libertades Democráticas, Libertades Democráticas, Detenciones arbitrarias, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU)
Sucedió en la estación de Constitución mientras militantes y simpatizantes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad repartían volantes y difundían sus propuestas para las próximas elecciones del 7 de septiembre. Se trata de un grave atropello a libertades democráticas básicas y hay que repudiarlo.
Sucedió en la estación de Constitución mientras militantes y simpatizantes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad repartían volantes y difundían sus propuestas para las próximas elecciones del 7 de septiembre. Se trata de un grave atropello a libertades democráticas básicas y hay que repudiarlo.
La Policía Federal detiene ilegalmente a un compañero. ¿Están prohibiendo hacer campaña electoral a la oposición? Es un derecho democrático repartir volantes y difundir propuestas. ¡Que lo liberen ya! pic.twitter.com/GtnpKe32XJ
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 31, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La Policía Federal de la estación Constitución detuvo a un militante de nuestro partido por repartir volantes del Frente de Izquierda.
Desde esa delegación de la Federal que se encuentra en el hall de la estación salieron los policías responsables del asesinato de Mariano…— Myriam Bregman (@myriambregman) July 31, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Tras alrededor de cincuenta minutos detenido de forma arbitraria, después de la concurrencia de decenas de compañeras y compañeros simpatizantes y militantes del PTS en el Frente de Izquierda, finalmente fue liberado. Siguen llegando trabajadores de distintos sectores de CABA junto a estudiantes para decir presente y dejar claro que ese tipo de atropellos antidemocráticos no se van a dejar pasar.
Después de la detención y el intento de amedrentamiento, sigue la actividad de campaña del PTS-FIT en Constitución.
NO PASARÁN!! ? https://t.co/M3jMOTVESY pic.twitter.com/65Air79rlI— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) July 31, 2025
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En desarrollo
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Grave: la Policía Federal detuvo ilegalmente a militante del PTS-FITU por repartir volantes
31 de julio, por Constitución — Política, Libertades Democráticas, Libertades Democráticas, Detenciones arbitrarias, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU), Política, Libertades Democráticas, Libertades Democráticas, Detenciones arbitrarias, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU)
Sucedió en la estación de Constitución mientras militantes y simpatizantes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad repartían volantes y difundían sus propuestas para las próximas elecciones del 7 de septiembre. Se trata de un grave atropello a libertades democráticas básicas y hay que repudiarlo.
Sucedió en la estación de Constitución mientras militantes y simpatizantes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad repartían volantes y difundían sus propuestas para las próximas elecciones del 7 de septiembre. Se trata de un grave atropello a libertades democráticas básicas y hay que repudiarlo.
La Policía Federal detiene ilegalmente a un compañero. ¿Están prohibiendo hacer campaña electoral a la oposición? Es un derecho democrático repartir volantes y difundir propuestas. ¡Que lo liberen ya! pic.twitter.com/GtnpKe32XJ
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 31, 2025
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La Policía Federal de la estación Constitución detuvo a un militante de nuestro partido por repartir volantes del Frente de Izquierda.
Desde esa delegación de la Federal que se encuentra en el hall de la estación salieron los policías responsables del asesinato de Mariano…— Myriam Bregman (@myriambregman) July 31, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Tras alrededor de cincuenta minutos detenido de forma arbitraria, después de la concurrencia de decenas de compañeras y compañeros simpatizantes y militantes del PTS en el Frente de Izquierda, finalmente fue liberado. Siguen llegando trabajadores de distintos sectores de CABA junto a estudiantes para decir presente y dejar claro que ese tipo de atropellos antidemocráticos no se van a dejar pasar.
}}
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NO PASARÁN!! ? https://t.co/M3jMOTVESY pic.twitter.com/65Air79rlI— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) July 31, 2025
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Liberaron al militante detenido por hacer campaña electoral en Constitución!! https://t.co/M3jMOTVESY pic.twitter.com/qOrzw2dk7U
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) July 31, 2025
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