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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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  • Axel González, ¿otro joven desaparecido por la Policía?

    7 de julio, por Chaco — , , , , , , , , , , , , ,

    El changarín de 21 años vive en Fontana, cerca de Resistencia. Desde el 17 de mayo no se sabe nada de él. Varios testigos vieron cómo la noche anterior policías de la Comisaría Segunda lo persiguieron hasta un monte. La “investigación” judicial tiene infinidad de irregularidades. La familia exige respuestas, verdad y justicia.

    Axel González tiene 21 años y desde el 17 de mayo su familia denuncia que está desaparecido. Viven en la localidad de Fontana, muy cerca de Resistencia. El joven trabaja haciendo changas en la zona del barrio Takay de Puerto Tirol. Según diversos testimonios, la noche anterior al menos tres efectivos de la Comisaría Segunda de la Policía de Chaco lo persiguieron y habrían sido los últimos en verlo con vida.

    “Hay muchos testigos que tienen miedo, porque hay un abuso sistemático por parte de la Policía de la Fontana y de Puerto Tirol, manejos no legales en cuanto a perseguir jóvenes, en barrios marginales donde la realidad es que corre la droga, y entonces se naturaliza que la policía te persiga, te acose, te corra, te meta preso y te cague a trompadas. Así, los pibes no dicen nada porque saben que el vuelto no es caramelo”, dijo la abogada Gabriela Tomljenovic a la periodista Adriana Meyer en una nota publicada en Página|12. La letrada asegura que “el miedo de los vecinos es tan grande que ni siquiera aceptan declarar bajo identidad reservada”.

    Hasta donde se pudo reconstruir, Axel salió de la casa de su madre, María Inés Gómez, la noche del sábado 16 de mayo. Iba a encontrarse con Ludmila Villordo, su novia. En el camino se encontró con su amigo Ariel Lázaro, con quien se quedó algunas horas. En un audio enviado a su novia, Axel relató que estaba siendo perseguido por policías en un patrullero, quienes lo acusaban del supuesto robo de una moto. Según su amigo, el joven, buscó refugiarse en una zona de monte y bañados. Desde entonces la familia no se sabe nada de él.

    En Fontana la familia realiza manifestaciones exigiendo la aparición con vida de González. “Te voy a encontrar hijo querido, que me digan dónde estás”, dice su madre mientras camina las calles del pueblo. “Policías de la comisaría segunda fueron los que perseguían a mi hijo, y ellos fueron los últimos que lo vieron con vida, agrega. Pese a preferir el anonimato, son muchos los testigos afirmaron haber visto cómo los efectivos lo persiguieron a bordo del móvil.

    La familia denuncia que no es la primera vez que Axel es hostigado por la Policía. “En 2024 ingresaron de civil a su casa, en otro momento le rompieron las costillas, y una tercera vez lo obligaron a golpear a un detenido bajo amenaza de ser golpeado. Cuando su mamá le decía de ir a denunciar, Axel se negaba con el argumento de que iba a ser peor. De hecho, otra fuente del caso comentó que es posible que el joven haya estado en el momento y lugar equivocado, y supiera algo comprometedor”, relata Meyer.

    La doctora Tomljenovic, patrocinante de la familia, recordó que la Fiscalía emitió una medida cautelar para proteger a las y los testigos. “Sabemos que un abogado defensor de los policías sacó del expediente una declaración testimonial y la filtró a un medio que la difundió tal cual en las redes, con todos los datos personales del declarante. Se dice que la cautelar es un bozal legal pero no es así, queremos que los medios hablen de la causa, que no se olviden de Axel, lo que no se puede es ventilar el contenido de pruebas, eso puede comprometer a la investigación”, afirmó.

    A su vez la abogada denunció que hubo una “pérdida de tiempo muy valioso en los primeros diez días” de la desaparición del joven. Y responsabiliza al titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Luciano Santos, quien “en ese tiempo no hizo nada útil”. Nunca lograron que la madre de Axel fuera recibida y el fisal desoyó el reclamo de la letrada respecto a que diera intervención en las pesquisas a una fuerza federal y no a la propia fuerza sospechada. “Estábamos ante una desaparición forzada, pero no hizo nada de eso, tampoco apartó a la Policía del Chaco”, sentenció.

    Tomljenovic pidió ante el Ministerio Público Fiscal que se integre un “equipo” de investigadores al igual que sucedó en otros casos, como el de Cecilia Strzyzowski, víctima de femicidio del clan liderado por Emerenciano Sena (de estrechos vínculos con la Policía chaqueña y el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich). Desde la Procuración aceptaron la sugerencia de la abogada de la madre de Axel y se formó un equipo integrado por Julieta Arolfo de la Fiscalía 14 y la fiscal de Cámara Noelia Encina. Hasta el momento se comprometieron a “reconstruir la línea de tiempo hasta la desaparición” y motorizaron el apartamiento de fuerza represiva provincial de las actuaciones en el caso. Ahora interviene la Gendarmería, otra fuerza altamente sospechada en diversos crímenes contra la juventud de las barriadas populares del país.

    Las fiscalas pidieron a su vez el peritaje a los teléfonos de los seis efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana que estuvieron de guardia durante la madrugada del domingo 17 de mayo. El análisis de los celulares estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) dependiente de la Procuración General de la Nación.

    Por su parte, el padre del joven desaparecido y su abogado pidieron directamente la detención de los tres policías policías de Fontana que iban a bordo del patrullero, pero las fiscalas se negaron a canalizar ese reclamo. Se sospecha que esos mismos policías intentaron desviar la búsqueda “plantando” una ojota en la zona. Así, habrían intentado sembrar la idea de que el joven “se escapó de los policías, entró en una propiedad de los Iñiguez que linda con un bañado o estero, y se perdió, dicen. ¿Se lo tragó la tierra? ¿Se ahogó? Es concreto sí que hacía muchísimo frío y él había consumido, lo cual condiciona cualquier reacción que haya tenido”.

    Como parte de los cuestionamientos al fiscal Luciano Santos, desde el patrocinio legal de la madre de Axel denuncian la imputación penal contra el amigo, Ariel Lázaro. “No habíamos podido ni presenciar su declaración como testigo. Así, perdimos el testigo más importante. Y no podés usar tampoco su testimonial. Le quedó muy grande el saco al fiscal. Imputó a siete civiles, les dictó la prisión preventiva a la tarde y a la noche se declaró incompetente. Escupió el asado y se fue a la mierda, hizo paquete para las fiscalías con un moño. Lo único que sí hizo fue pedir las cámaras y el libro de guardia de la comisaría”, detalló Gabriela Tomljenovic ante la periodista de Página|12.

    Meyer agrega que la familia de Axel “tuvo una reunión con el subsecretario de Seguridad, Juan de la Cruz González, y su hermana Cintia enfureció al enterarse que los policías de Fontana fueron trasladados a la zona metropolitana. La joven le dijo al funcionario que esto ‘era una burla'. Y lo increpó: ‘¿Qué garantía me das vos de que ellos no estuvieron ahí alterando la investigación?'”.

    María Inés, la madre del pibe desaparecido, exige respuestas inmediatas. Y también que “se limpie toda la mugre de la Policía”. Al marchar por las calles se encuentra con otras víctimas, como la mamá de Nelson Gusak, otro pibe desaparecido en 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado en junio pasado. Según la versión oficial, Nelson se “suicidó”. Una explicación habitual de los agentes del Estado, tanto nacional como de todas las provincias, cuando se trata de desviar el foco de la Policía y demás fuerzas represivas.

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  • Diputados provinciales del FIT-U visitan a Mariela Agunin, presa en Saavedra, y exigen su libertad

    3 de julio, por Criminalización del cannabis — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    En conferencia de prensa en Bahía Blanca, junto a familiares y amigos de Mariela, Christian Castillo (PTS) dijo: “Hay que cambiar la ley de drogas”. Mónica Schlotthauer (IS) agregó: “no tiene que haber más presos por cannabis”. El Colegio de Trabajadores Sociales de Bahía Blanca y la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la UNS se solidarizaron.

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    En la mañana de este viernes 3 de julio se realizó una conferencia de prensa en Bahía Blanca ante el edificio donde está el Juzgado de Garantías N°3, en Colón 46, donde se tramita la causa que mantiene presa a Mariela Agunin desde hace más de dos meses, con prisión preventiva. El fiscal Mauricio Del Cero, el “cogollero gris” como lo bautizó la revista de Verbitsky, El Cohete a la Luna, pide para ella una pena que va de 6 a 20 años.

    Participaron de la conferencia familiares y amigos de Mariela, integrantes de comparsas de candombe, referentes sindicales y de derechos humanos de la ciudad como Dante Patrignani y Ana Canullo (CTA) y Eugenia Fermento (Aduns), y los diputados provinciales del FIT-Unidad Christian Castillo (PTS) y Mónica Schlotthauer (IS). Acercó su adhesión solidaria a la conferencia la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la UNS. Ya había publicado un comunicado en solidaridad el Colegio de Trabajadores Sociales de la ciudad.

    Luego de la conferencia, los diputados y referentes sindicales la pudieron visitar en el penal de Saavedra, estuvieron con ella conversando sobre las condiciones de detención. Le transmitieron apoyo y solidaridad, además de conversar sobre el proyecto que presentaron en la Legislatura Bonaerense que pide por su libertad y cuestiona el arbitrario y desmedido proceso judicial que enfrenta.

    Ella les habló de sus proyectos laborales, es técnica agropecuaria y estaba por anotarse en el Centro de Educación Agraria de General Cerri cuando fue detenida, además de que se formó como técnica en acceso por cuerdas, para realizar trabajos en altura en los parques eólicos de la ciudad. Su vida es la de una mujer trabajadora, que cuidaba chicos, vendía comida casera y hacía trabajos en construcción en seco y construcción comunitaria en barro. No la de una narcotraficante como intenta calificarla la justicia.

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    Su amiga Priscilla abrió la conferencia de prensa: “Familiares y amigos de Mariela venimos al poder judicial a acompañarla en este proceso que es totalmente injusto, Mariela no es narcotraficante, es una ciudadana como todos nosotros, el Estado le está dando la espalda, la está destruyendo el sistema. Pedimos que se la libere, ahora estamos exigiendo la domiciliaria para que queremos que pueda esperar el proceso que queda en la casa. Le piden una pena que es para un jefe narco”

    El delito es “comercialización de estupefacientes agravada”, como si se tratara de una narcotraficante. La detienen y le inician al instante una causa solamente por haberle vendido 5 gramos de cannabis (una cantidad bajísima) a una amiga con la que se había encontrado en la plaza Rivadavia. Le regaló en ese momento a su amiga otros dos gramos. Nada distinto a lo que hacen muchas y muchos usuarios que cultivan, en su círculo íntimo. Por eso sus allegados denuncian que la metieron presa por 7 gramos de cannabis. Ella era usuaria medicinal, con prescripción médica, por eso había tenido dos plantas. Pero su certificado estaba en trámite hacía casi dos años al momento de la detención por responsabilidad del mismo Estado que la criminalizó.

    Los peritajes a su celular mostraron que, dos meses antes del intercambio en la Plaza Rivadavia por el que le armaron la causa, le había vendido otros 5 gramos a una amiga, que contaba con Reprocann vigente. Alguien con ese certificado, puede transportar legalmente 40 gramos, casi diez veces más. Recibió por cada uno de los dos intercambios 35 mil pesos, un monto de dinero ridículamente bajo, con separación de dos meses. Pero el fiscal a pesar de todo habla de “lucro” y “habitualidad” y el aparato judicial, por ahora, obedece a ese absurdo impulso punitivista sobre una mujer trabajadora, mientras la ciudad ve por las noticias casos gravísimos del verdadero narco, que actúa impunemente.

    Santiago, hermano de Mariela, explicó que ella está “destruida” por el accionar estatal, que la arrancó de su casa, de sus trabajos, de la comparsa de candombe que integraba. Al estar detenida no puede seguir utilizando medicinalmente el cannabis que lo tenía indicado por insomnio, eso junto al encierro afectó gravemente su salud mental. Su hermano denunciaba que “ella está medicada con quetiapina y clonazepam. Está pasandola muy mal, no puede dormir. Mucho tormento. “

    El Diputado provincial del Frente de Izquierda Unidad y dirigente del PTS, Christian “Chipi” Castillo expresó en la conferencia:

    “Hay que cambiar la ley de drogas más en general, tiene un concepto de penalización al consumidor que fallos de la corte han dejado sin efecto. Y sin embargo la ley sigue como si nada, y hay grises que cuando un fiscal que quiere ganar prensa utiliza, se transforman en persecuciones insólitas como la que estamos viendo en este caso. La fueron a buscar un año y tres meses después de su detención inicial, 13 efectivos le destrozaron la casa, una vivienda que ella había autoconstruido de barro, cualquiera que conozca la historia de Mariela puede ver que no tiene nada que ver con la acusación que le hacen , es absurdo, pero el sistema judicial funciona de esta forma.

    Con Mónica Schlotthauer hemos venido para ir a visitarla al penal, hemos presentado una declaración en la cámara de diputados de la provincia para por lo menos políticamente opinar sobre el asunto. No podemos resolver sobre el tema judicial pero sí dar una opinión y sensibilizar a la opinión pública. En vez de perseguir a los narcos, se la agarran con una consumidora. Reprocann es el registro que tienen los productores de cannabis. Es un elemento en contra del narcotrafico el cultivo propio de las personas, y en el caso de Mariela agravado porque ella hacía uso del cannabis con efectos medicinales y terapéuticos y esto no se toma en cuenta”

    Por su parte la diputada del FIT-U, de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer expresó: “Estamos reclamando libertad o, como dijo la compañera, que vuelva a la casa y espere el procedimiento allí. Acá hay fiscales que fueron condenados con seis años por causas, del narco-cheto y otras, que no han pasado un día por una comisaría, una noche. Entonces por qué tanta saña sobre los sectores populares.”

    La diputada provincial también se refirió a la necesidad de despenalizar y regular el cannabis, ya que se trata de una sustancia con usos terapéuticos e industriales, distinta a drogas peligrosas con las que la ley de Drogas vigente la iguala, al igual que iguala a usuarios y cultivadores, a quienes intercambien pequeñas cantidades como Mariela, con grandes narcotraficantes, que cuentan con la impunidad que les brinda el Estado.

    Por eso la urgencia de la regulación integral y la amnistía inmediata a todas las personas procesadas o condenadas por causas relacionadas con el cannabis, como plantea el proyecto (armado en común con organizaciones de cultivadores y usuarios) presentado desde el 2016 ininterrumpidamente por el Frente de Izquierda. En mayo de este año Myriam Bregman y Nicolás del Caño volvieron a presentarlo para que no pierda estado parlamentario.

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  • Ordenaron liberar a Franco Oscari, el campesino jujeño perseguido por Patricia Bullrich

    3 de julio, por Un logro de la movilización — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El joven de 24 años seguirá procesado por supuestas “amenazas” a la senadora. La única “prueba” es un supuesto mensaje privado por Facebook. La persecución política contra él y su comunidad de Las Goteras, que luchan por defender la tierra de los depredadores capitalistas, no termina. El juez Lijo debe desprocesarlo y sobreseerlo.

    Este viernes el Poder Judicial federal ordenó liberar a Franco Oscari, el joven campesino de 24 años que vive con su familia y trabaja en Las Goteras, un paraje de la localidad jujeña de Palma Sola, en el departamento de Santa Bárbara. Durante más de una semana estuvo detenido irregularmente en una causa por supuestas “amenazas coactivas” que el juez federal Ariel Lijo le abrió desde Buenos Aires a pedido de la senadora ultraderechista Patricia Bullrich.

    Tras un brutal allanamiento de la Policía Federal, ocurrido en la madrugada del miércoles 24 de junio, el Estado mantenía a Franco detenido en condiciones irregulares e intentó llevárselo a la Ciudad de Buenos Aires. Fue la movilización popular en las calles la que evitó esa maniobra, junto a la presión social que incluyó un petitorio nacional con más de mil firmas de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Myriam Bregman, Pablo Grillo y Sergio Maldonado, entre otros.

    Las acciones solidarias con Oscari y su familia incluyeron presentaciones de proyectos de exigencia de su libertad tanto en el Congreso como en la Legislatura jujeña y el Concejo Deliberante de Humahuaca, motorizadas por las y los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda.

    La liberación de Oscari es consecuencia de esa campaña solidaria que se fue extendiendo con el correr de la semana. Desde hace dos días estaba alojado en la sede de San Salvador de la Policía Federal. Antes se había logrado que se lo trasladara desde la sede de Salta, a donde había llegado por orden de Lijo, quien inicialmente y a espaldas de la defensa del joven intentó llevárselo a CABA (a 1.600 kilómetros de distancia).

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    Pero la pelea por el fin de la persecución judicial no termina. Lo que hizo el juez Lijo es no dictarle la prisión preventiva, pero la “Justicia” mantendrá a Franco procesado en una causa federal con la que pretende amedrentarlo, no sólo a él y su familia sino a toda la comunidad campesina jujeña. Oscari se organiza en Tierra Fértil, organización que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina, que defiende sus territorios ancestrales del avance de los capitalistas del agronegocio y la minería.

    Bajo la acusación de una supuesta “amenaza coactiva” contra Bullrich, además del procesamiento el juez Lijo le impuso a Oscari algunos condicionamientos a su libertad. Por un lado, un embargo sobre sus bienes de $ 700 mil. La suma (modesta en términos del Poder Judicial federal) es una muestra clara de las condiciones de existencia de Franco. Y a la vez confirma las nulas posibilidades que tiene de concretar cualquier “amenaza” hacia la exministra de “Seguridad”.

    Por otro lado, se le impide salir del país sin previa autorización del propio Lijo y se lo obliga a notificar al juez cualquier movimiento que haga fuera de la provincia. Por si fuera poco, se lo obliga a presentarse una vez al mes (mientras el proceso siga abierto) en la sede policial de San Salvador, “a efectos de estar a derecho”. El paraje Las Goteras dista unos 160 kilómetros de la capital jujeña. Esos viajes, sólo para decir “acá estoy”, no son otra cosa que un refuerzo del sometimiento al joven y su familia por parte del Estado.

    La lucha por el desprocesamiento total de Franco Oscari continúa. Si la movilización popular logró su liberación, también podrá conseguir que Franco quede libre de todo cargo. Lijo y Bullrich no tienen pruebas para demostrar que el joven campesino tiene algo que ver con la criminalidad. Son ellos los que cargan verdaderos prontuarios. En el caso de la senadora, directamente es responsable política de crímenes como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y del intento de homicidio de Pablo Grillo. El carácter de clase de la “Justicia” está más que claro. La lucha obrera, campesina y popular no debe aflojar.

    Franco Oscari y Samantha Delgado, una de sus abogadas, al momento de su liberación

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  • El Concejo Deliberante de Humahuaca exige la libertad de Franco Oscari

    3 de julio, por Proyecto del PTS-FITU — , , , , , , , , , , , , ,

    Se aprobó por mayoría la iniciativa del concejal de izquierda Alfredo Ayarde. La misma es a raíz de la detención hace 10 días del joven campesino de Palma Sola por enviar un mensaje privado por la red social facebook a Patricia Bullrich y de la campaña nacional que se impulsa por su libertad.

    En la décimo cuarta sesión ordinaria, llevada a cabo ayer jueves, el Concejo Deliberante de Humahuaca, a través de la Declaración N° 1696/2026, presentada desde la banca del PTS-Frente de Izquierda, repudió la violenta detención del joven Franco Oscari y, a la vez, exigió su libertad.

    El instrumento fue aprobado por mayoría con cuatro votos positivos; Cristian Paredes y Alex Frites del PJ, Osvaldo Cari de CONFIAR y Alfredo Ayarde del PTS Frente de Izquierda. La banca de La Libertad Avanza a cargo de la profesora Alejandra Fernandez se abstuvo.

    La Declaración fue presentada en el marco de las graves irregularidades que se cometieron durante la detención del joven, a causa de una denuncia realizada por la Senadora Patricia Bullrich por amenazas a través de la red social Facebook. Las irregularidades incluyen allanamiento violento y desmedido en su domicilio por parte de la Policía Federal, ordenado por el juez federal Ariel Lijo; incomunicación por varias horas y traslado arbitrario fuera de la Provincia sin que se haya notificado a sus abogadas, entre otras.
    Además la Declaración también rechaza y repudia el accionar violatorio de la Ley N° 23.338, Contra la Tortura otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

    Por otro lado, Franco Oscari lleva detenido un poco más de una semana y su detención se da después de que la justicia frenara un desalojo en el territorio que habita junto a su familia y defiende de los intentos de saqueo de empresas mineras y de los desmontes descontrolados que ya produjeron daños importantes.

    Según Ayarde “este proceso da muestras a las claras que el accionar de la justicia tiene elementos sobrados de amedrentamiento y actos persecutorios en contra de todos aquellos que levantan sus voces para oponerse a las políticas de despojo, saqueo y extractivismo que profundiza Milei y sus colaboradores en la provincia”.

    Las bancas del PTS FITU presentaron o son firmantes de proyectos similares en el Congreso, también en la Legislatura jujeña y otros concejos deliberantes.

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  • Jujuy: la presión social logró que Franco Oscari fuera trasladado más cerca de su familia

    2 de julio, por Persecución política — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El joven campesino y militante en defensa de la tierra lleva más de una semana preso por enviarle un mensaje por Facebook a Patricia Bullrich. La causa la abrió el juez Ariel Lijo. El reclamo por su libertad crece. La movilización popular impidió que lo lleven a CABA y ahora se logró su vuelta a San Salvador.

    Como viene informando La Izquierda Diario , el campesino jujeño Franco Oscari lleva más de una semana detenido por la Policía Federal en el marco de una causa que le armaron entre Patricia Bullrich y el juez federal porteño Ariel Lijo.

    Además de un expediente por “amenazas coactivas”, cuya única “prueba” es un supuesto mensaje privado enviado a la senadora por la red social Facebook, el joven de 24 años viene sufriendo un tratamiento institucional que denota una clara persecución política con intenciones de dejar un nuevo mensaje represivo a la comunidad jujeña.

    Oscari vive con su familia en Las Goteras, un paraje del municipio de Palma Sola del departamento de Santa Bárbara. Integran Tierra Fértil, una organización del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina), y junto a su comunidad llevan años recibiendo ataques del Estado nacional y provincial por defender su territorio ancestrale del avance del capitalismo extractivista y agrodepredador.

    Tras sufrir en la madrugada del martes 24 de junio un brutal allanamiento de la Federal en su humilde vivienda, el joven fue detenido por orden de Lijo. Incomunicado y sin poder ver a sus abogadas, quisieron llevárselo a la Ciudad de Buenos Aires, a casi 1.600 kilómetros de Las Goteras.

    Gracias al rápido accionar de organizaciones que conformaron la Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari , primero se logró impedir ese traslado y, luego de pasar varios días en la delegación Salta de la fuerza represiva nacional, finalmente fue alojado en San Salvador, la capital jujeña. Esto último se produjo luego de que el juez federal de San Salvador, Eduardo Hansen, respondiera al habeas corpus interpuesto por la defensa del joven.

    Este miércoles por la noche, la Coordinadora anunció que Oscari “llegó aproximadamente a las 21hs a San Salvador de Jujuy. Pudo comunicarse con sus allegados y su abogada ya lo pudo ver. En el marco de la difícil situación que está viviendo, Franco se encuentra bien, aliviado por estar de nuevo en Jujuy más cerca de su familia y está agradecido por las muestras de apoyo, solidaridad y difusión de su situación”. Agregaron que continúan “exigiendo su pronta libertad y que sea mantenido únicamente en la delegación de la Policía Federal de San Salvador de Jujuy, y no en una unidad penitenciaria”.

    Paralelamente, el bloque de legisladoras y legisladores del PTS-FITU presentó en la Legislatura de Jujuy un proyecto de declaración por la libertad de Franco. El texto lleva la firma de Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy y Damia Lebbo.

    El texto plantea que el Parlamento provincial debe repudiar todo accionar violatorio de la Ley 23.338 contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Eso es lo que “está sufriendo Franco Oscari por parte de la Policía Federal y la Justicia Federal: allanamiento violento de madrugada en su vivienda, negación de visita de representante legal, traslado arbitrario, sin notificación a sus abogadas e incomunicación durante varias horas, como también su detención fuera de la provincia de Jujuy”.

    Un proyecto similar ya se presentó también en el Congreso, a través de un escrito firmado por Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola. Desde las bancas del PTS-FITU también se hicieron presentaciones similares en Concejos Deliberantes como el de Humahuaca.

    La exigencia de la libertad de Franco Oscari y el fin de su persecución judicial se extiende a nivel nacional. Quienes quieran sumar su firma pueden adherir al formulario que se encuentra en este link. La familia y compañeres, a su vez, pusieron en pie un fondo de lucha para costear las visitas y demás trámites. Recaudan colaboracionea a través de una cuenta de Mercado Pago con el alias libertad.22.franco a nombre de Gloria Isabel Mamani.

    Sin dudas, se impone la más amplia movilización en Jujuy pero también a nivel nacional para sacar a Franco de su lugar de detención, que vuelva a su casa y se lo desprocese. Es Patricia Bullrich quien debería estar investigada y juzgada por el intento de homicidio de Pablo Grillo frente al Congreso o el crimen del joven bagayero Fernando Gómez en Salta, ambos a manos de Gendarmería que ella tenía a su cargo cuando era ministra de “Seguridad Nacional”.

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