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Se suspendió el inicio del juicio contra los manifestantes de la revuelta del 2023
9 de octubre, por Jujuy — Política, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Derechos Humanos, Jujuy, Reforma constitucional Jujuy, Política, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Derechos Humanos, Jujuy, Reforma constitucional Jujuy
El pasado 2/10 el tribunal encabezado por Ana Carolina Pérez Rojas hizo lugar a la suspensión de audiencias de debate previstas para iniciar el 26 de octubre. Se realizaron distintas acciones colectivas para frenar el juicio. En este caso, si bien no se trata de una suspensión o absolución definitiva de los criminalizados por ser parte de la lucha contra la Reforma de la Constitución antidemocrática de 2023, se abren preguntas ¿cómo sigue la causa? ¿cómo actuar ante este escenario?
Recordemos que hace tres años existe la causa penal P-271479 iniciada por el Ministerio Público de la Acusación donde se criminaliza a 20 referentes de organizaciones sociales y políticas que -junto con decenas de miles de personas en toda la provincia de Jujuy- se manifestaron contra la reforma constituyente en 2023. Las imputaciones fueron muy graves en un principio (casi que se trataba de asociaciones ilícitas), pero con el correr del tiempo y por la imposibilidad de probarlas -que aún pesa sobre el fiscal Funes- la acusación finalmente es por los delitos de “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves doblemente agravadas” (por el número de personas y tratarse de policías) en su mayoría. Algunos imputados también tienen el delito de “daños”, todos en concurso real.
El modus operandi del Estado jujeño en cabeza de su poder judicial ya es conocido. Armar causas como represalia, disciplinamiento y amenaza. Pero quien apoya la lupa en este proceso penal y observa las múltiples irregularidades acontecidas, puede asociar el objetivo del régimen: judicializar el derecho a la rebelión. Se ve en los ritmos adoptados por el poder judicial (acelerar o frenar en función del rédito político que pudiera tener), se ve en los planteos y pruebas rechazados a las defensas.
La negativa judicial -la mayoría en cabeza de Rodolfo Fernández, Juez de control- a diversas pruebas ofrecidas encontró su colmo con los informes realizados por organismos de Derechos Humanos. Uno realizado por la Misión de DDHH y otro encomendado desde la Secretaría de DDHH de la Nación. Ambos contaron con la firma del premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel -entre otros- y relevaron múltiples casos de violencia institucional, represión y severas lesiones a la población. Incluyeron casos de personas que no eran propiamente manifestantes -puesto que la cacería desplegada lejos estuvo de ser “racional”- y de las comunidades en días previos. Contextualizan esas semanas en la provincia de Jujuy, la situación de protesta generalizada y la respuesta represiva del Estado. El juez de control los desestimó e impidió que se tomen como prueba en juicio. Muestra clara de su intención de estigmatizar a “algunos” para deslegitimar una acción colectiva, como la rebelión que tuvo lugar.
Cabe también recordar que las detenciones y heridos se multiplicaron por cientos en manos de una policía provincial que no sólo reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos -muchos dirigidos a la cara generando lesiones permanentes- piedras arrojadas con gomeras, sino que realizó allanamientos ilegales con camionetas sin patente, algunas prestadas por empresarios amigos del gobierno, y con persecuciones a caballo por distintas calles del barrio centro de la ciudad capital. De todo esto se hicieron eco distintos organismos, como Amnistía Internacional por ejemplo. El desprestigio de un Estado que reprimió salvajemente a las comunidades y a otros cientos, ya resonaba desde el 17 de junio de 2023 en el ingreso a Purmamarca. Ninguno de los funcionarios que ordenaron o reprimieron, lesionaron o dejaron sin ojos a manifestantes se encuentra detenido, imputado o separado, por la justicia ni el gobierno. El ex gobernador, Gerardo Morales, responsable del accionar de las fuerzas de seguridad no fue nunca citado a declarar.
¿Cómo sigue la causa?
El debate oral tiene una suspensión momentánea. Por pedido de una de las defensas y conformidad de la fiscalía se suspendió el inicio del juicio, que estaba previsto para el 26/10. La jueza Pérez Rojas instó a las partes a llegar a una solución alternativa al conflicto penal o bien realizar el juicio. Para lo primero, se precisaría que la defensa y la fiscalía acuerden una reparación. Si la misma es económica, si se trata de tareas comunitarias o alguna otra opción.
Si se parte de la premisa de que en 2023 hubo una rebelión popular y se ejerció el legítimo derecho a la protesta social, a la huelga y resistencia (incluso previstos constitucionalmente en el art. 14bis, 36 y concordantes) si el objetivo del fiscal es judicializar la rebelión, no cabe reconocimiento alguno a reparar daño al Estado. Miles de trabajadores y comunidades se rebelaron ante un gobierno autoritario y antidemocrático, funcionarios y policías desataron una represión salvaje ¿y los que van a juicio son 20 manifestantes? De allí debe concluirse que no corresponde reparación del daño al Estado. El daño lo generó el propio Estado, con su reforma antiderechos y la feroz represión desatada.
Es el propio gobierno quien debe dar las explicaciones, no quienes expresaron su descontento. No pueden cargarse las cuentas a las personas que se manifestaron en defensa de los derechos de las mayorías trabajadoras y las comunidades. La defensa de las libertades democráticas exige un fuerte repudio que resuene en todos lados, y que exprese la solidaridad de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas para con la protesta social. La suspensión momentánea del juicio puede tomarse como un punto de apoyo para desplegar una gran campaña nacional y exigir el sobreseimiento definitivo de todos los criminalizados.
Más allá de algunas iniciativas que se dieron recientemente para repudiar este juicio, tanto de los imputados y organizaciones aliadas como del bloque PTS-FITU en la legislatura, y todo triunfo táctico que pueda lograrse en el terreno legal/judicial, hay una tarea de primer orden que está en organizar la bronca que ya se viene expresando en las calles. Si hablamos de rebelión popular en 2023, de la actual precarización de las condiciones de vida, de la necesidad de una huelga general para derrotar los planes de miseria planificada que traen Milei y sus cómplices (como Sadir en Jujuy), debe asumirse la tarea de coordinar toda esa bronca, donde el repudio a la criminalización de la protesta y la defensa de las libertades democráticas también sean parte de las reivindicaciones. Porque de fondo está la pelea por imponer la huelga general para derrotar el plan de las grandes corporaciones y el FMI que aplican los gobiernos.
Desde el Ceprodh orientamos la defensa legal de los imputados en esta causa apostando a fortalecer esta estrategia independiente y a sumar a jóvenes estudiantes y profesionales comprometidos con el pueblo trabajador, a una militancia por los derechos humanos y las libertades democráticas.
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Cuatro años sin Lolo Regueiro y sin justicia
6 de octubre, por La Plata — Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Policía Bonaerense, Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Policía Bonaerense
Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del hincha de Gimnasia, sus familiares y amigos se movilizarán La Plata para exigir que la causa avance y se deje sin efecto el sobreseimiento de Javier Aparicio, extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) . La concentración será el 6 de octubre frente a la sede del Tribunal de Casación.
El próximo 6 de octubre se cumplen cuatro años de la muerte de César "Lolo" Regueiro, el hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, acaecida durante la brutal represión de la policía bonaerense durante el partido que disputaban Gimnasia y Boca Juniors.
Pasados apenas unos minutos del inicio del partido en el bosque platense, se desató una cacería feroz en las afueras. La represión descontrolada de la Policía Bonaerense contra miles de simpatizantes, mayoritariamente familias, fue transmitida en vivo y en directo. Adentro, mientras los gases sobrevolaban y la cancha se convirtió en una pesadilla de la cual no se podía salir.
Entre las personas impactadas por los gases, los golpes y las balas de goma, Lolo Regueiro, de 57 años, que había ido a ver el partido con una de sus hijas y dos de sus nietos, no pudo salr. A poco de intentar escapar de la cancha, el hincha y socio tripero falleció.
Te puede interesar: ¿Quién mató a Lolo Regueiro? De la cacería de la Bonaerense a los engaños de Berni y Alak
La familia Regueiro denunció desde el principio toda una serie de irregularidades alrededor del caso, antes, durante y después de los hechos. Siempre hablaron de encubrimiento por parte de la propia Policía, las autoridades provinciales y las del Municipio (entonces en manos del macrista Julio Garro, hoy del peronista Alak).
El reclamo de la familia estará centrado en la situación judicial de la causa. En particular, pedirán que no avance el sobreseimiento de Eduardo Aparicio, extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide); y que el expediente vuelva a quedar en manos de un Tribunal Oral Criminal (TOC).
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Cuatro años sin Lolo Regueiro, sin justicia y con la Policía Bonaerense impune
6 de octubre, por La Plata — Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Policía Bonaerense, Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Policía Bonaerense
Al cumplirse un nuevo aniversario de la represión que terminó con la vida del hincha de Gimnasia, sus familiares y amigos se movilizarán La Plata para exigir que la causa avance y se deje sin efecto el sobreseimiento de Eduardo Aparicio, extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) . La concentración será el 6 de octubre frente a la sede del Tribunal de Casación.
El próximo 6 de octubre se cumplen cuatro años de la muerte de César "Lolo" Regueiro, el hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, acaecida durante la brutal represión de la policía bonaerense durante el partido que disputaban Gimnasia y Boca Juniors.
Pasados apenas unos minutos del inicio del partido en el bosque platense, se desató una cacería feroz en las afueras. La represión descontrolada de la Policía Bonaerense contra miles de simpatizantes, mayoritariamente familias, fue transmitida en vivo y en directo. Adentro, mientras los gases sobrevolaban y la cancha se convirtió en una pesadilla de la cual no se podía salir.
Entre las personas impactadas por los gases, los golpes y las balas de goma, Lolo Regueiro, de 57 años, que había ido a ver el partido con una de sus hijas y dos de sus nietos, no pudo salr. A poco de intentar escapar de la cancha, el hincha y socio tripero falleció.
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La familia Regueiro denunció desde el principio toda una serie de irregularidades alrededor del caso, antes, durante y después de los hechos. Siempre hablaron de encubrimiento por parte de la propia Policía, las autoridades provinciales y las del Municipio (entonces en manos del macrista Julio Garro, hoy del peronista Alak).
El reclamo de la familia estará centrado en la situación judicial de la causa. En particular, pedirán que no avance el sobreseimiento de Eduardo Aparicio, extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide); y que el expediente vuelva a quedar en manos de un Tribunal Oral Criminal (TOC).
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Bolivia: la DEA y el Escudo de las Américas detrás de la detención del fiscal que investigaba a Cerimedo
2 de octubre, por Injerencia imperialista — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Bolivia, DEA, Edición Uruguay, Fernando Cerimedo, Escudo de Las Américas, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Bolivia, DEA, Edición Uruguay, Fernando Cerimedo, Escudo de Las Américas
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, que investigaba a Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei acusado de intentar matar a Nadia Beller, fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru la noche del miércoles 30 de septiembre, dos días después de que Washington le retirara la visa. No es casualidad: es un golpe institucional diseñado por la DEA, avalado por Washington y ejecutado por el gobierno de Rodrigo Paz para ahogar las investigaciones que podrían hundir al presidente boliviano, a Trump Jr. y a sus aliados argentinos.
La secuencia es demasiado perfecta. El lunes 28, Washington anunció la revocatoria de visas contra Mariaca y el fiscal departamental Alberto Zeballos, acusándolos de corrupción y de obstaculizar investigaciones. El miércoles por la noche, sin orden judicial, ambos fueron aprehendidos. Casi en simultáneo, la policía entró a la Fiscalía General en Sucre para impedir la conferencia de prensa donde iban a denunciar la detención, y terminó arrestando a una veintena de funcionarios. Horas después, Marco Rubio felicitó públicamente a Paz: “Estados Unidos apoya estas medidas audaces”.
El mensaje es inequívoco. Washington señala, la DEA opera, el gobierno boliviano ejecuta y Rubio aplaude. Y en el centro de todo está un nombre: Fernando Cerimedo.
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El caso Cerimedo: por qué Paz necesita apagar la investigación
Fernando Cerimedo es el fundador de La Derecha Diario, y fue el cerebro digital de la campaña de Milei. En agosto fue detenido en Bolivia, acusado de planificar el intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller.
Beller sobrevivió al ataque llevado adelante por dos sicarios disfrazados de repartidores; le dispararon cuando estaba embarazada de cuatro meses. En la investigación posterior, Beller denunció una red de corrupción que excede largamente lo personal. Sostuvo, lo que ya era de público conocimiento, que Cerimedo tiene vínculos directos con el círculo íntimo de Paz, incluida la esposa del presidente, María Elena Urquidi.
Pero dijo algo más. Beller sostuvo públicamente que "acá no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo". Lo acusó de manejar un grupo policial de élite que no responde a otras autoridades, y de ser testigo de las operaciones corruptas del gobierno de Paz: los "negocios" de nafta, diésel y oro.
La investigación también reveló fotos de Cerimedo con Donald Trump Jr. y Brad Parscale (director digital de las campañas de Trump en 2016 y 2020). No es solo un caso de violencia personal: es una cadena que atraviesa Washington, Buenos Aires y La Paz.
El "felicitaciones" de Washington y la mano de la DEA
Tras las detenciones, el secretario de Estado Marco Rubio salió inmediatamente a "felicitar" al gobierno de Paz en X. Dijo: "Las acciones de Bolivia muestran el tipo de liderazgo que necesitamos para que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero".
No es retórica diplomática. Es una señal de recompensa.El ministro de Gobierno de Bolivia, Oviedo, reconoció que la operación contó con "la cooperación del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias". Es decir, la DEA -esa agencia con un historial larguísimo de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales e impunidad en América Latina- participó directamente en el armado y la ejecución.
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El libreto de Washington es claro. Primero sacan las visas, generan presión política; después los agentes locales ejecutan las detenciones; finalmente felicitan públicamente, confirmando que "colaborar" tiene premio.
No es anticorrupción, es encubrimiento
Mariaca no es, ni de lejos, una figura que la izquierda deba defender. El sistema judicial boliviano está profundamente cuestionado, y la fiscalía es sospechada de "armar" causas según las necesidades políticas de turno. Sobre Mariaca pesan acusaciones gravísimas que deben ser esclarecidas.
Pero ahí está justamente el punto: cuando Washington decide quién puede ser investigado y quién no, no estamos ante un mecanismo de justicia, sino ante una manipulación descarada al servicio de los intereses del imperio. Nada tiene que ver con combatir la corrupción ni el narcotráfico. La visa, el informe de inteligencia, la intervención de la DEA son las herramientas de siempre. Lo que ocurre en Bolivia con Mariaca no es un caso aislado: es la continuación de una política sistemática de injerencia que utiliza la “lucha contra el narcotráfico” como coartada para disciplinar a los países que no se pliegan a sus intereses. El secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela es una prueba de ello.
¿A quién encubren con estas detenciones?
A Cerimedo, al presidente Paz y su familia, y a toda la red de corrupción y propaganda digital de la nueva derecha continental. Con Mariaca detenido, la investigación contra Cerimedo queda debilitada.
Es por esto mismo que la operación sienta un precedente peligroso. Esto no es solo un problema boliviano. Se está estableciendo el modus operandi del "Escudo de las Américas": con la excusa del "narcotráfico" y la "anticorrupción", Estados Unidos puede señalar a cualquier funcionario latinoamericano, quitarle la visa, y esperar que su gobierno lo detenga. Los países que no obedecen enfrentan presión económica y política; los que obedecen reciben la felicitación pública de Rubio.
El mecanismo, en esencia, es este: Washington decide quién es "criminal" y los gobiernos locales o el Poder Judicial ejecutan.
Lo de Bolivia tiene que ser una nueva alarma. Hay que exigir la libertad inmediata de Mariaca y Zeballos. Como plantean los compañeros de La Izquierda Diario de Bolivia, es necesario que se conforme una comisión independiente para investigar todas las denuncias, a Cerimedo y sus vínculos con el gobierno de Paz y con Trump Jr., y que se esclarezca el rol concreto de la DEA en las detenciones. Pero sobre todo, hay que rechazar que Washington tenga derecho a decidir quién puede ser investigado en Bolivia y quién no. No es la visa de Washington la que decide quién es culpable.
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Foto: El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca y Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario
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El operativo del facho de Macri desde adentro: "A nuestros hijos los trataron peor que animales"
1ro de octubre, por Tormenta Negra — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Alejandrina Barry, Jorge Macri, Estigmatización, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Represión, Luca Bonfante, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Alejandrina Barry, Jorge Macri, Estigmatización, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Represión, Luca Bonfante
"Quieren que tengamos miedo", "hoy vamos a hablar, esto no puede ser", son algunos de los testimonios cargados de bronca registrados en la audiencia pública en la Legislatura porteña contra el accionar llevado adelante las fuerzas represivas de la Ciudad.
Este martes, se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una audiencia pública en la que vecinos de villas y barrios populares denunciaron las situaciones vividas durante los operativos “Tormenta Negra” de Jorge Macri.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En las intervenciones cargadas de bronca y de ganas de frenar esta barbaridad se reflejaron la burtalidad, la violencia, el hostigamiento y el racismo con que se manejan las fuerzas represivas de Macri irrumpiendo en las casas de los vecinos, golpeándolos salvajemente, acosándolos verbalmente, filmándolos.
La instancia fue convocada por los presidentes de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional y de la Comisión de Derechos Humanos Garantías y Antidiscriminación, Alejandro “Pitu” Salvatierra y Andrés La Blunda. Contó con la participación de otros legisladores y referentes de diversas organizaciones políticas, sociales y civiles.
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Tormenta Negra I y II son los nombres que le puso el facho de Jorge Macri a las redadas que su policía lleva a cabo de manera sincronizada en unas 15 villas y asentamientos de la CABA (como la Villa 31, Villa 21-24, Barrio Cildañez, Barrio 1-11-14, entre otros.
Policías de la Ciudad, Infantería, helicópteros, motos, cuatriciclos y camiones jaula durante horas montaron su show represivo en los barrios más pobres de la Ciudad. Esa es la respuesta del Macri para los vecinos y vecinas de los barrios populares al hambre, endeudamiento, precariedad laboral y estructural.
Una de las intervenciones más sentidas fue la de Claudia, vecina del barrio de Villa Soldati. Ella contó que a su hijo casi lo matan: "Lo tengo en casa, pero no está bien, psicologícamente porque lo golpearon todo. Lo que le hicieron a mi hijo no se le hace ni a los animales".
"Quieren que tengamos miedo, que no hagamos nada que nos quedemos en nuestra casa con nuestros hijos y no hagamos nada. La policía nos hace mierda para que no salgamos de la villa, pero hoy vamos a hablar. Esto no puede ser", advirtió.
A su hijo lo golpearon delante de todo el barrio y le negaron asistencia médica. Luego pasó toda la noche detenido sin atención médica. Además, según explicó, dejaron asentado en el registro policial que las lesiones se las había producido el detenido sólo en un accidente.
Otras vecinas y vecinos, referentes sociales dejaron testimonios brutales. El de una vecina que habló también de su hijo Leo que "estaba desvanecido, la gente estaba furiosa y había como 100 policías". Explicó que lo agarraron, lo tiraron, le pegaron: "hicieron un desastre con el joven, entonces yo salí y les dije si podían llamar una ambulancia y el de la moto dijo que no, que lo iba a llevar al destacamento y ahí nomás empezó a disparar".
Jorge Macri ahora dice que con el feroz operativo Tormenta Negra salva vidas y que lo acusamos que discrimina. Ella es una de tantas mamá que denuncian como balearon y golpearon a sus hijos que venían de trabajar y que no pueden dormir por la noche por terror de que otro brutal operativo represivo suceda en cualquier momento. La discrimación y el racismo la transformó en una política de estado, no lo decimos sólo nosotrxs, lo denuncian los propios vecinos de los barrios populares que lo sufren cotidianamente. No vamos a permitir que imponga un estado policial un matón facho qué le arruina la vida a los más humildes para su show y campaña electoral.
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) October 1, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>En su campaña de cara a 2027, Macri viene actuando como un verdadero fascista contra los sectores populares. Vendedores ambulantes, cartoneros, personas en situación de calle son sus principales objetivos. A lo que les suma desalos de familias enteras y estos operativos brutales.
Alejandrina Barry, referente de DDHH y operadora social de la Villa 21-24 que estuve presente en la audiencia se refirió a Jorge Macri en sus redes sociales: "La discrimación y el racismo la transformó en una política de estado, no lo decimos sólo nosotrxs, lo denuncian los propios vecinos de los barrios populares que lo sufren cotidianamente. No vamos a permitir que imponga un estado policial un matón facho qué le arruina la vida a los más humildes para su show y campaña electoral".
