Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
Declaró Patricia Walsh: “Un país que construye impunidad no tiene futuro”
14 de mayo, por Comodoro Py — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Rodolfo Walsh, Patricia Walsh, Masacre Calle Corro, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Rodolfo Walsh, Patricia Walsh, Masacre Calle Corro
Comenzó el juicio oral por la Masacre de Calle Corro, operativo ilegal dónde fue asesinada Vicki Walsh, junto a sus compañeros, el 29 de septiembre de 1976. Declaró Patricia Walsh, hermana de Vicki; María de los Ángeles Navarro; y dos conscriptos. El CEPRODH junto con Myriam Bregman participan de la querella.
Comenzó el juicio oral por la Masacre de la calle Corro, el operativo ilegal en el que fueron asesinadas María Victoria “Vicki” Walsh y sus compañeros José Coronel, Alberto Molinas Benuzzi, Ismael Salame e Ignacio Bertrán, el 29 de septiembre de 1976. En la jornada declararon Patricia Walsh, su hermana; María de los Ángeles Navarro; y dos conscriptos que fueron testigos de la masacre.
En el proceso se juzga a seis oficiales y suboficiales del GADA 101, dependiente del Cuerpo I del Ejército, responsables del operativo realizado en la vivienda de la calle Corro 105 con el objetivo de exterminar al grupo de militantes que integraba la Secretaría Política de Montoneros. Los imputados son seis oficiales y suboficiales: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos, exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Cuerpo I del Ejército. La Cámara confirmó el procesamiento de dos militares más.
Estuvieron presentes Victoria Montenegro y Alejandrina Barry (hijas de desaparecidos), Andres Lablunda (Presidente de la Comisión de DDHH de la legislatura porteña), Margarita Cruz (Asociación ex Detenidos Desaparecidos), Lidia Frank, Carlos "el Sueco" Lordkipanise, Luis Zamora, Elsa Oshiro y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Andrea Robles (hija de asesinado por la Triple A), referentes de Sipreba y de la intersindical de Derechos Humanos, Carlos Loza (ex detenido desaparecido), Lucía Gringa (hija de desaparecidos) y una importante participación de estudiantes de derecho.
Te puede interesar: Comienza el juicio oral por la Masacre de Calle Corro donde fue asesinada Vicki Walsh
Patricia Walsh: “Estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre, porque lucharon contra la dictadura”
Patricia Walsh reconstruyó con precisión los hechos ocurridos desde el momento en que se enteró, a través de los medios de comunicación, del asesinato de su hermana y sus compañeros. Los comunicados oficiales hablaban de un “operativo” en el que habían sido “abatidos”, el término utilizado por las Fuerzas Armadas. En ese momento Patricia estaba embarazada y tenía una hija de tres años, María Eva. No podía atravesar el duelo, antes necesitaba saber dónde estaba su sobrina María Victoria, de apenas un año y dos meses, a quien su hija llamaba “Tolita”.
“Pasaron muchos años y quizás hoy sea difícil imaginarlo, pero vivíamos en plena dictadura y absolutamente aterrorizados. Se podía perder la vida de un momento a otro, se fuera militante o no. Mi hermana militaba en Montoneros y debía cambiar constantemente de casa por razones de seguridad. Teníamos mucho miedo”, declaró.
También recordó que las represalias no se dirigían únicamente contra los militantes, sino también contra sus familias. Además “Éramos todos periodistas. El gremio estaba sufriendo un ataque brutal porque querían impedir que circulara la información. Para ellos era peor que las armas”, sostuvo.
Sobre su padre, Rodolfo Walsh, señaló: “Estaba tratando de resistir esa situación y organizaba junto a otros periodistas la agencia clandestina ANCLA”. En ese marco, remarcó que no fue casual la desaparición de numerosos escritos del periodista.
Según los testimonios incorporados a la causa, el operativo contó con más de cien soldados y miembros de grupos de tareas que respondían al Primer Cuerpo del Ejército y al Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA). Los conscriptos que declararon dieron cuenta de la participación de distintas fuerzas de seguridad: Policía Federal, incluso personal de civil, Bomberos y Gendarmería. “Todo el barrio quedó aterrorizado. Utilizaron armas de guerra que no pueden emplearse bajo ninguna circunstancia en una zona urbana. Eso solo fue posible en una dictadura tan sangrienta como la que tuvimos”, afirmó Patricia Walsh.
También denunció las irregularidades posteriores al asesinato: “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo”. Recordó además que al cuerpo de Vicki le robaron la alianza de casamiento y una cadena de oro que le había regalado su madre. “No solo eran asesinos; también eran ladrones. Sacarle el anillo a una muchacha muerta o arrancarle un collar del cuello es algo difícil de comprender”, expresó.
“Mi hermana fue asesinada. Amaba ser mamá. Sabía, sin embargo, que corría el riesgo de ser torturada, igual que su hija Tolita, si era detenida... Yo estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre porque lucharon contra la dictadura”, concluyó.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Construcción de impunidad
Durante su declaración, Patricia Walsh también cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el juicio y reclamó que los imputados muestren sus rostros. “¿Estas personas hicieron algo solamente el 29 de septiembre de 1976? ¿Y después qué hicieron? Estoy segura de que no fue el único crimen. Tengo derecho a preguntarme por qué en un juicio público no pueden verse al menos sus caras”, planteó.
Y agregó: “Además de genocidas, asesinos y ladrones, son cobardes. No muestran sus caras porque presumo que todavía pueden ser identificados. Eso es lo que hace verdaderamente público a un juicio”.
Para Walsh, los beneficios otorgados a los imputados contribuyen a sostener mecanismos de impunidad. “Esto es lo que no podemos permitir. Un país que no tiene justicia y que sigue tolerando niveles de impunidad como los actuales es un país al que le va a costar construir un futuro mejor”, afirmó.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de la organización H.I.J.O.S., “por la justicia contra el olvido y el silencio”, en su lucha contra la impunidad.
Además de Patricia Walsh, la querella presentó como testigo a María de los Ángeles Navarro, vecina de la esquina de Corro y Yerbal, donde tenía su vivienda y un comercio. También declararon dos conscriptos que fueron trasladados al operativo.
-
Juicio 1 y 60: condenaron a perpetua a genocidas que actuaron en La Plata
14 de mayo, por Lesa humanidad — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Crímenes de lesa humanidad, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Crímenes de lesa humanidad
Se trata de represores que actuaron en la sede de los Cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, ubicados en las calles 1 y 60 y la comisaría 8va. El veredicto llegó luego de tres años de haberse iniciado el juicio. A 50 años de la última dictadura cívico militar y contra el negacionismo de Milei y sus amigos, la pelea por Memoria, Verdad y Justicia sigue en pie.
Con una sala colmada que gritaba "a donde vayan los iremos a buscar", el Tribunal Oral Federal N°1, a cargo de la jueza Karina Yabor y los jueces Ricardo Basílico y Andrés Basso, condenó a prisión perpetua a 11 represores por crímenes de lesa humanidad, en el marco de genocidio, cometidos contra 300 víctimas, en los centros clandestinos de detención conocidos como" 1 y 60" y "Comisaria 8va.".
Los condenados a perpetua son: Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Jaime Lamont Smart, Rubén Vicente Sanchez, Enrique Cicciani, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Blamaceda y Jorge Di Pascuale. Por su parte, Lucas Marceo Castro recibió 18 años de prisión y Carlos Castillo 25 años.
Asimismo instaron a la realización de actualizaciones de informes periciales de los condenados que se encuentran bajo prisión domiciliaria. Y ordenan a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Buenos Aires la señalización de los predios donde funcionaron los centros clandestinos 1 y 60, Comisaría 8va. y Comisaría 2da.
Hay que destacar que de los condenados en este juicio, solo dos permancen detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto goza del privilegio de la prisión domiciliaria. Privilegio que quedó en evidencia durante la transmisión al ver a los acusados deambular por sus domcilios durante la lectura de la sentencia. Urge la inmediata revocación de las domiciliarias y efectivización de la prisión de los genocidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO A LAS EXCARCELACIONES Y DOMICILIARIAS.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
SON 30.000, FUE GENOCIDIO.
-
Pablo Grillo: va a juicio el gendarme que disparó al fotógrafo y siguen investigando a sus superiores
13 de mayo, por Bullrich al horno — Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, María Romilda Servini , Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo, Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, María Romilda Servini , Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo
La jueza federal María Servini hizo lugar al pedido de la familia del fotorreportero y de la Fiscalía. El cabo primero Héctor Guerrero será juzgado próximamente por su conducta homicida. El expediente sigue abierto en busca de determinar otras responsabilidades en la cadena de mandos, tanto de Gendarmería como del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich.
La jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires convalidó el pedido de querellantes y Fiscalía para que el cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero sea juzgado por el gravísimo ataque que ejecutó contra el fotorreportero Pablo Grillo la tarde del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, durante la represión a la una movilización masiva de jubiladas y jubilados. Como se sabe, un disparo de granada de gas lacrimógeno, ejecutado de forma irregular y violando el protocolo de uso, hirió en su cabeza a Grillo, quien durante muchos meses luchó por sobrevivir.
Como se informó la semana pasada, el fiscal a cargo de la instrucción Eduardo Taiano solicitó a la jueza Servini la elevación a juicio oral contra Guerrero tras haber determinado la culpabilidad del gendarme en los delitos de “lesiones gravísimas agravadas” y “abuso de armas en concurso con abuso de la función pública”. El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3 no se animó a acompañar el pedido de la familia Grillo, patrocinada por abogados del CELS y la LADH, que como querellante batalla desde el inicio del expediente para que al uniformado se lo juzgue por “tentativa de homicidio agravado”.
En su fallo de este martes, la jueza declaró “clausurada la instrucción de la presente causa respecto de Héctor Jesús Guerrero (titular del D.N.I no 39.038.475, argentino, nacido el día 1 de noviembre de 1995) en orden a los hechos descriptos” tanto por Taiano como por la querella.
“Consecuentemente, elévese de forma parcial la presente causa a Juicio Oral y Público, remitiéndose estas actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal, a los efectos de proceder al sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que habrá de entender en este expediente”, agregó Servini al tiempo que reiteró “la prohibición de salida del país” del imputado.
Al elevar la causa a juicio “de forma parcial”, la magistrada ordena al fiscal mantener abierto el expediente de instrucción y seguir investigando, lo que podría generar nuevas imputaciones tanto de miembros de Gendarmería como de funcionarios del área de Seguridad. Algo que, lógicamente, pone nerviosa a la exministra Patricia Bullrich, quien al momento del ataque criminal comandaba el megaoperativo represivo en el Congreso.
“Extráiganse testimonios de la presente causa a los fines de continuar con esta investigación en orden a determinar la eventual responsabilidad penal en relación al hecho que damnificara a Pablo Nahuel Grillo”, escribió la jueza Servini en su fallo de tres páginas.
Pablo en su casa, un año después del ataque de Gendarmería | Foto Kaloian Santos Cabrera @justiciaporpablogrillo Bullrich ya debe ser indagada
Ante la confirmación de la elevación a juicio contra el cabo primero Guerrero, la actual senadora de La Libertad Avanza debería ser convocada sin más demoras a prestar declaración indagatoria. Los delitos que podría endilgarle el fiscal Taiano son encubrimiento agravado (con pena de hasta seis años de prisión), partícipe secundaria del intento de homicidio (puede superar los diez años de prisión) e incluso instigadora de ese intento de asesinato (con penas aún mayores).
Todo depende de hasta dónde se anime a llegar un Poder Judicial que siempre ayudó a Bullrich en sus actuaciones criminales. Allí están los crímenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado ocurridos en la década pasada, cuando tuvo su primer paso por el ministerio represivo de la mano de Mauricio Macri.
“Pedimos que se profundice la investigación respecto de distintos jefes de Gendarmería y Policía Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron a que Guerrero pusiera en riesgo la vida de Pablo y del resto de las personas que se manifestaban aquel 12 de marzo”, dijeron desde la querella en un comunicado difundido la semana pasada.
Desde el momento en el que se supo que Grillo había terminado el Hospital Ramos Mejía con heridas que lo dejaron al borde de la muerte, Bullrich decidió ponerse del lado de Guerrero y defenderlo con uñas, dientes y muchas mentiras. En un clara actitud encubridora, esa misma tarde salió por los medios a justificar el accionar de sus subordinados y a acusar a Pablo de ser un “militante”.
Once meses después de los hechos y con muchas de las pruebas a la vista de toda la sociedad, Bullrich siguió defendiendo al cabo homicida. En enero volvió a decir a través de sus canales amigos como Tn y LN+, que aquel disparo “fue bien hecho” y que tanto Guerrero como la Gendarmería en general hicieron “lo que tenían que hacer”.
A la apología del crimen (otro delito tipificado en el Código Penal) desplegada por la senadora le respondió el propio padre de la víctima. Apenas escuchó reiterar las mentiras desde la impunidad gubernamental, Fabián Grillo calificó de “una inmoralidad absoluta, una agresión desde un lugar de poder, de una persona que hoy está legislando”.
A todo eso se suma que en un año y dos meses Bullrich y sus secuaces (empezando por su sucesora Alejandra Monteoliva) se negaron a aportar toda la información que tienen y que podría esclarecer el caso. Ni siquiera fueron quienes entregaron al fiscal Taiano el nombre del potencial asesino del joven fotógrafo. Eso, por el contrario, fue mérito del trabajo colectivo encabezado por el Mapa de la Policía (del que orgullosamente participó La Izquierda Diario).
Hoy, cuando el Gobierno de Javier Milei intenta surfear la impredecible ola del Adornigate, Bullrich busca “zafar” desmarcándose del jefe de Gabinete pidiendo que muestre sus “pruebas”. Un cinismo nivel Dios. Justo ella, una especialista en ocultar, mentir y tergiversar toda realidad para ajustarla a sus propósitos políticos, tanto personales como de los espacios a los que circunstancialmente se afilia.
Patricia Bullrich debe ser ya mismo convocada por el fiscal Taiano a prestar declaración indagatoria. Algo que debería derivar en un procesamiento y posterior juicio. Como a Guerrero, su protegido.
Cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, a la salida de los Tribunales de Comodoro Py | Foto Realización colectiva de trabajadores de prensa
-
Florencio Varela on fire: más allá del maquillaje, la Bonaerense sigue siendo la “maldita policía”
10 de mayo, por Sumario sin secreto — Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Corrupción, Violencia policial, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Florencio Varela, Brutalidad policial, Julio Pereyra, Andrés Watson, Abuso policial, Javier Alonso, Sumario sin secreto, Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Corrupción, Violencia policial, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Florencio Varela, Brutalidad policial, Julio Pereyra, Andrés Watson, Abuso policial, Javier Alonso, Sumario sin secreto
Salieron a la luz varios delitos flagrantes cometidos por comisarios y oficiales del populoso partido del sur del Gran Buenos Aires. ¿Qué une a la “secta del gatillo” retratada por Rodolfo Walsh en años de dictaduras con el actual ejército de cien mil uniformados que conduce Javier Alonso? A cambio de una pauta millonaria, el entramado mediático casi ni toca el tema. Kicillof agradecido.
“El lugar de subordinación que ocupa la Policía dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva; ésos son, en todo caso, los verdaderos ejemplos aislados. Punteros barriales, concejales, diputados, gobernadores, son sus mandantes o protectores, según cargos y capacidad de acción. Detrás de todo gran policía corrupto hay siempre un gran político”.
Esa descripción, precisa e inobjetable, se lee en la introducción de La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Ed. Planeta). Parafraseando a Rodolfo Walsh, el libro publicado en 1997 por Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil hoy es un crudo testimonio de aquellos difíciles tiempos de hegemonía menemduhaldista.
Allí los autores decían que, dos décadas antes y a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, la Policía de la Provincia de Buenos Aires había tenido un “salto cualitativo” en su corrupción. “Como siempre en estos casos, lo que empieza como ‘autofinanciamiento operativo' se convierte en operativo de financiamiento personal; sin que una alternativa sea mejor que la otra”.
El genocida Etchecolatz es, precisamente, uno de los comisarios mencionados por Rodolfo Walsh en su investigación de fines de la década de 1960 sobre la secta del gatillo alegre y la picana, que publicó por entregas en el semanario CGT de los Argentinos.
En 2023, entrevistado por La Izquierda Diario , Ragendorfer afirmaba: “La Bonaerense es como el agua, toma la forma del envase que la contiene. Lo que antes funcionaba como una empresa, quizás la única empresa estatal que funciona, devino en la aparición de una cantidad de hordas policiales autónomas que se disputaron entre sí el negocio del delito”. Ya habían pasado 26 años de la publicación de su libro, cuarenta de los tiempos de Camps y Etchecolatz y 55 de las notas de Walsh.
También pasaron varias gobernaciones. Desde el fin de la dictadura a nuestros días, en el sillón de La Plata se sentaron siete mandatarios. Intercalado con un mandato radical (1983-87) y otro del gorilismo macrista (2015-2019), el peronismo gobernó la provincia más del 80 % del tiempo transcurrido en “democracia”.
Todas las columnas de Sumario sin secreto podés verlas acá
¿Qué hilos de continuidad unen a aquella “secta” genocida con el ejército de casi cien mil uniformados que hoy conduce Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof? Algunos hechos ocurridos en las últimas semanas en Florencio Varela, protagonizados por la “maldita policía” (así bautizada en los años 90) tal vez sirvan de modesto muestrario. Con medio millón de habitantes, el municipio del sur del Gran Buenos Aires tuvo sólo dos intendentes en los últimos 32 años. Julio Pereyra y Andrés Watson. Dos amigos íntimos de la Policía.
Socios políticos y policiales. Andrés Watson (izquierda), Axel Kicillof y Julio Pereyra (derecha) | Foto Cronos Te puede interesar: Se resolvió prisión preventiva para el policía bonaerense que asesinó al docente Cristian Pereyra
Una banda descontrolada
A fines de octubre de 2025 los oficiales César Gari y Ariel Lus fueron detenidos en el marco de una causa penal por “extorsión”, “exacciones ilegales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según el expediente en manos de la fiscal Nuria Gutiérrez de la UFI 4 de Florencio Varela, Gari les pedía coimas a personas que, por diversos motivos, llegaban a la Comisaría Primera. A algunas, luego de pedirles la respectiva “comisión”, las derivaba a la Secretaría de Recursos Médicos y Análisis de Causas, donde Lus (que además es médico) también les pedía altas sumas de dinero.
El “detalle” es que ambos oficiales pedían transferencias de cientos de miles de pesos a sus cuentas personales. Resultó sencillo descubrirlos. “No puede ser tan pelotudo”, habrá pensado al enterarse Mirta “La Turca” Lus, tía del doctor policial y durante años secretaria del histórico intendente Julio Pereyra.
Gari y Lus eran subordinados del comisario inspector José Gatti, jefe de la Policía Científica de Quilmes con alcances jurisdiccionales en Varela. El martes pasado él también fue detenido a pedido de los fiscales Darío Provisionato y Federico Pagliuca, quienes lo acusan de “encubrimiento” y “robo de pruebas”. Descubrieron que se había llevado a su casa varias notebooks y computadoras que usaban otros cinco miembros de la Comisaría Primera, que estaban presos desde el 2 de mayo.
Para los fiscales, los aparatos que Gatti se llevó de la seccional tendrían información importante que atesoraba la banda integrada, al menos, por el titular de la Primera, comisario Edgardo Oviedo, el jefe del Servicio de Calle, Diego Benítez, y los oficiales Claudio Roldán, Ignacio Lucas y Alexis Lugo. Los delitos de los que se los acusa son varios y variados. Pero, como suele pasar en estos casos, cayeron por un exceso de confianza en sí mismos.
– Dame diez mil dólares o te meto preso - le dijo Benítez a un automovilista en medio de un control vehicular en la esquina de Novak y Aniceto Díaz.
– Tengo cuatro mil encima nomás - respondió el hombre dedicado a la compraventa de chatarra. Llevaba una carga de restos de cobre. Los canas le dijeron que “investigaban” un supuesto robo de cables y que si no pagaba esa cifra lo llevarían preso.
– Conseguí el resto y que te lo traigan - insistió el comisario Benítez. Finalmente se llevaron los U$S 4.000 y el cobre.
Según las fuentes, el chatarrero conoce a uno del Comando de Patrullas. Avisado del asunto, el policía le ofreció acompañarlo a la Primera a reclamar “que le devuelvan lo robado”. El escándalo fue in crescendo y terminó en un sumario abierto en la Auditoría General de Asuntos Internos de La Plata y un expediente en los Tribunales.
Un mes antes de esas detenciones, el laburante Jorge Denis había denunciado a Benítez y sus secuaces por armarle una causa y aplicarle apremios ilegales dentro de la Comisaría. ¿Qué “delito” había cometido? Filmarlos cuando ellos detenían violentamente a otra persona en plena calle. Todo un modus operandi que difícilmente el ministro Alonso y el gobernador Kicillof desconozcan, aunque callen.
El 18 de abril otros tres miembros de La Bonaerense de Varela fueron detenidos. El comisario Javier Paola, titular de la Comisaría Tercera, y sus oficiales del Servicio de Calle Juan Torrado y Sergio Olivera están acusados por el fiscal Pagliuca de “robo agravado”. Un traficante colombiano, que estuvo preso en Estados Unidos, denunció que tras detenerlo en la calle le revisaron sus pertenencias y se quedaron con parte de las joyas que transportaba. Y que luego fueron a la casa de su expareja y se llevaron U$S 4.000.
Por si fuera poco, en la madrugada del 4 de mayo la propia Policía detuvo a uno de sus jerarcas. Fue luego de que una mujer de Berazategui llamara pidiendo auxilio. Cuando los efectivos llegaron a la casa de la localidad de El Pato, se encontraron con otro patrullero en el que estaba el comisario general Gastón Ghe, nada menos que el superintendente de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.
Ghe estaba más que borracho. Había ido a la casa de su pareja, la amenazó de muerte y le prometió suicidarse. Por eso ella llamó al 911. Al revisarlo, sus camaradas le encontraron $ 13 millones en billetes de cien, quinientos y mil. Todo un recaudador. Al trascender el caso, el ministro Alonso lo sacó de su puesto y nombró en su lugar al comisario mayor Cristian Novelino.
Te puede interesar: Ajuste, hambre y complicidades: la quita del MESA y el vaciamiento de la escuela pública
Paloma y Josué
La tarde del 30 de enero de 2025 Josué Salvatierra de 14 años y Paloma Gallardo de 16 salieron de sus casas con destino incierto. Era normal que pasearan juntos. Pero ese día no regresaron a sus hogares. Ambas familias llamaron al 911 para denunciar sus ausencias. Dos días después sus cadáveres fueron encontrados entre pastizales y vías del tren, en un descampado privado. Muy cerca de allí funciona la Comisaría Cuarta de Bosques.
El caso conmovió al país. Durante días los móviles televisivos se apostaron en las casas de Paloma y Josué, entrevistaron a familiares, amigos y vecinos. Como siempre sucede, un nuevo caso “tapa” al otro y el crimen fue quedando en el olvido. Pero en esos días se habló mucho de la “maldita cuarta de Bosques”. Es que tanto esa seccional como la misma Dirección de Investigaciones con asiento en Quilmes hicieron (y hacen) todo para que el caso no se esclarezca.
La versión policial (mediáticamente tomada como verdadera) insiste con que fueron víctimas de un intento de robo a mano de dos jóvenes conocidos de la zona. Las familias, su abogado y casi todo Varela, en cambio, nunca dejaron de señalar a la Policía. “De mínima, están encubriendo, aunque podrían haber participado directamente del crimen”, es un comentario extendido. Hasta denunciaron espionaje ilegal en las marchas por justicia.
En una de las movilizaciones, los seres queridos de Paloma y Josué detectaron a un grupo de personas que les sacaban fotos desde un Chevrolet Corsa gris oscuro. Al acercarse y preguntarles quiénes eran, intentaron irse sin identificarse. Pero reconocieron ser policías de civil que cumplían órdenes del comisario Edgardo Oviedo, el entonces mandamás de la Cuarta que luego del caso fue trasladado a la Primera. Sí, el mismo que fue detenido hace ocho días. Huelga decir que, pese a que se apartó a la Bonaerense del caso y el fiscal Hernán Bustos Rivas fue obligado a abandonar el expediente, el doble crimen sigue impune.
“Maldita Cuarta de Bosques”. Así llama la comunidad a la seccional de esa localidad de Florencio Varela | Foto El Diario Varelense Los juegos del Pequeño J
Es probable que el autor intelectual de las crueles torturas y posterior asesinato de Brenda Del Castillo (20 años), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) haya sido Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “El Pequeño J”. El joven peruano, también de 20 años de edad, acaba de ser extraditado desde Perú (a donde se había fugado tras el hecho) para ser juzgado junto a otras diez personas por el triple femicidio cometido en septiembre del año pasado.
Las pibas fueron secuestradas en La Matanza, pero el crimen se consumó en una casa de la calle Chañar al 700 del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Hasta el momento, ninguno de los acusados es policía y gran parte de los allanamientos y detenciones estuvieron a cargo de la propia Bonaerense. El expediente se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Pero una pregunta se impone, ¿la fuerza provincial no tuvo nada que ver?
Según las fuentes judiciales, en la causa no sólo se investigan las tres muertes. También habría pruebas de un sinfin de actividades criminales previas cometidas por la banda liderada por la familia Valverde Victoriano, que van desde el narcomenudeo hasta la trata de personas y el lavado de dinero. Y, como se sabe, nada de eso podría funcionar sin la autorización policial.
¿De cuánta impunidad habrán creído gozar Pequeño J y sus cómplices para planear, organizar y consumar semejante atrocidad? ¿Cuántos crímenes previos habrán cometido para pensar que éste podría pasar desapercibido en un conurbano ensangrentado? ¿Cuántos de esos hechos sucedieron a espaldas de la Policía Bonaerense? ¿Cuánto cobraban los comisarios varelenses para dejarles las “zonas liberadas” y encubrir los efectos colaterales de esos negocios?
Está bien que la banda haya caído y que el triple femicidio no quede impune. El Estado es responsable de esclarecer el caso y darle algo que se asemeje a la “justicia” a las familias de Brenda, Lara y Morena. Pero la población trabajadora de La Matanza, Varela y todo el conurbano merece saber toda la verdad. Aunque declame su inocencia, Pequeño J ya tiene el boleto picado. Saber quién maneja ahora sus negocios es más complicado. Mucho más con La Bonaerense de por medio.
Empoderados. Axel Kicillof, Javier Alonso y la plana mayor de la Policía Bonaerense | Foto Prensa Gobierno PBA “Los Paisas” del comisario Rodríguez
Consultados por La Izquierda Diario, docentes que trabajan en escuelas públicas de Florencio Varela coinciden en afirmar que, “lejos de lo que dicen los medios, la Bonaerense está muy presente en los barrios, sobre todo organizando el delito y verdugueando a los pibes”. Una situación, afirman, que “existe en todo el Conurbano, pero acá pareciera que lo hacen con mucha más impunidad que en otros lados”. La conclusión es razonable.
En noviembre pasado, el sitio La Barriada publicó un artículo titulado “Los Paisas”: la banda de narcomenudeo que no existe en Florencio Varela . Allí dio detalles de lo que es vox populi en el sur del Gran Buenos Aires pero pocos se animan a denunciar.
“Hace menos de una década, la venta de drogas se comenzó a instalar en los campos lindantes a la zona urbana o semirural de Florencio Varela. La compraventa de drogas, para la cual los pibes vulnerables hacen largas filas, es conocida por las familias vecinas, las fuerzas policiales, el gobierno municipal y los concejales opositores… ¡pero todos fingen qué no pasa nada!”, dice la nota.
En el sur del Gran Buenos Aires es muy conocido el comisario mayor Ramón Rodríguez, quien entre 2020 y 2023 estuvo al frente de la Estación de Policía local. Allí lo puso Sergio Berni apenas asumió como titular de la cartera de Seguridad del flamante gobierno de Kicillof. Mediante el decreto 141/2020 el gobernador hizo cambios en la organización territorial de la fuerza represiva. El objetivo era maquillar un poco aquello que, rascando, destila pus por todos sus poros. Todo con el aval del intendente Watson.
Ante la sucesión de hechos violentos ocurridos en los inhóspitos terrenos varelenses, el comisario Rodríguez lanzó la “noticia” de que todo era culpa de Los Paisas, una supuesta banda narco a la que calificó de “poderosa” y “peligrosa”. Sin embargo, nunca pudo demostrar su existencia.
En noviembre de 2023, poco antes de que Berni dejara el Ministerio en manos de Javier Alonso, el comisario Rodríguez fue apartado de la Distrital de Varela. Fue después de la detención de seis de sus subordinados, en el marco de una causa por cobro de coimas y venta de drogas. Según dijeron entonces desde la Auditoría General de Asuntos Internos, las comisarías Primera, Segunda y Sexta de Varela eran parte de una red delictiva que operaba desde hacía un año antes.
“Si ‘Los Paisas' fuera una poderosa banda que ocupó decenas de campos, ¿cómo es que no se conocen sus jefes y su entramado organizativo después de tantos años?”, se preguntaba el artículo de La Barriada de noviembre pasado, cuando la Bonaerense volvió a mencionar a la supuesta banda. Y recordaba que a fines de agosto del 2020 la propia Policía había difundido que el grupo había sido desarticulado. “Hubiese sido una gran noticia”, ironizaba el portal noticioso, si no fuera porque la banda “jamás existió”.
“Lo que sí existe es el hecho de que, según diferentes fuentes, la propia Policía Bonaerense gestiona los campos donde diferentes grupos venden drogas a cambio de dinero y garantizar que las violencias que puedan surgir no se extiendan a la zona céntrica o a los barrios que rodean al centro varelense”, concluía. Nada muy diferente a lo dicho por Ragendorfer y Dutil en su libro de 1997.
Foto Enfoque Rojo El inolvidable Zisuela
Todo Varela recuerda el caso del histórico dirigente peronista y exconcejal Daniel Zisuela, quien tras ser valientemente denunciado por varias pibas fue condenado en 2021 a trece años de prisión por encabezar una red dedicada a la “facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores agravada”.
Todo Varela sabe que es imposible que esa red funcionara sin la ayuda directa de comisarios, oficiales y suboficiales. Sólo quien no tenga la honestidad como principio podrá negar tal certeza.
“Ese caso destapó buena parte de la podredumbre del poder político”, dicen a este diario docentes que día a día conversan con miles de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Es que Zisuela fue mano derecha del inoxidable intendente Julio Pereyra, alfil de Sergio Massa en la Zona Sur y, durante años, secretario general de la regional de Utghra, el sindicato gastronómico que maneja a nivel nacional Luis Barrionuevo.
Al corruptor de menores lo defendió Omar Luis “El Turco” Daer, otro personaje del paisaje conurbano. Empresario allegado a Aníbal Fernández, el abogado fue asesor en el Senado del expresidente Carlos Menem, a quien defendió en causas como la del encubrimiento del atentado a la AMIA y la del contrabando de armas a Ecuador. También patrocinó al comisario de la Bonaerense Alfredo Fanchiotti, uno de los asesinos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En 2015, gracias a su nefasto amigo y juez de la Corte bonaerense Luis Genoud, llegó a ser durante siete años conjuez del máximo tribunal provincial.
En enero de 2022 Daer no tuvo mejor idea que pegarse un tiro en el cuello para “resolver” una supuesta discusión marital. Fue en su casa del cheto Barrio Parque de Bernal. De casualidad no murió. Su pareja y socia María Attolini dijo que minutos antes habían discutido. Según las crónicas periodísticas, un hijo de un matrimonio anterior del Turco dudó de esa versión y pidió que se investigara el caso por posible tentativa de homicidio. Era César Daer, en ese entonces pareja de Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes. Si las paredes de la coqueta casa de Bernal hablaran…
El líder peronista Daniel Zisuela murió en enero del año pasado, a los 64 años, en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Semanas después, el mismo Tribunal Oral 1 de Quilmes que lo había condenado lo sobreseyó por “extinción de la acción penal” (algo habitual cuando fallece el imputado). Pero, mal que le pese a su familia, su apellido no pasará fácilmente al olvido.
En abril arrancó en los mismos Tribunales de Quilmes otro juicio, titulado Zisuela II, donde siete personas están acusadas de haber sido partícipes secundarias en buena parte de los delitos por los que el viejo referente peronista fue condenado hace cinco años. La encargada de dictar sentencia será la jueza María Florencia Butiérrez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Varela.
Foto Prensa Gobierno PBA Te puede interesar: Salarios que no alcanzan, deudas que crecen: la realidad de las docentes de PBA
El silencio no es salud
Es comprensible que Kicillof, su ministro Alonso, el resto de su gabinete y hasta el subsecretario de Derechos Humanos Matías Moreno callen sobre estas aberraciones. Saben que sus compromisos políticos y sus medidas de gobierno no hacen más que perpetuar un estado de cosas que cada día desangra más a la población bonaerense. No es a ellos, gerentes del criminal Estado capitalista, a quienes se les debe pedir verdad y justicia. ¿Pero por qué también callan quienes se dedican a informar?
Un relevamiento publicado en febrero por el sitio El Disenso mostró que en 2025 el gobierno de Unión por la Patria “invirtió” al menos $ 62.500 millones (unos U$S 50 millones) en pauta publicitaria distribuída entre los grupos mediáticos más grandes. La encargada de ese reparto fue la (¿ex?) camporista Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública bonaerense. En el top ten de los destinatarios están Indalo (C5N y Radio Diez, entre otros), América, Crónica, El Destape, Clarín, Infobae, Perfil, Octubre (Página|12 y AM 750, entre otros), Telefe y La Nación.
En diciembre pasado La Izquierda Diario te contó que Rey había dejado sin trabajo a una veintena de laburantes precarizados de Radio Provincia y que habría un virtual plan de vaciamiento de la emisora estatal. Al igual que con gran parte de los escándalos policiales de Florencio Varela, en ese caso las grandes empresas periodísticas ocultaron esos despidos.
El staff político capaz de reivindicar, sin solución de continuidad, a apologistas del crimen como José Ignacio Rucci y a denunciantes de esos crímenes como Rodolfo Walsh, es el que habla de “derechos humanos” mientras empodera sin parar a esa maldita policía que acumula décadas de enriquecimiento ilícito y muertes al por mayor. Es el mismo staff que, mientras le hace la venia a los comisarios, garantiza el derrumbe de las escuelas bonaerenses. Esas escuelas a las que van millones de Paloma, Josué, Brenda, Lara y Morena. Que te hablen después de “derecho al futuro”.
Comisaría Primera de Florencio Varela | Foto El Diario Varelense
-
Villarruel censuró un acto en homenaje a Pablo Grillo en el día contra la violencia institucional
7 de mayo, por Senado — Política, Libertades Democráticas, Senado, Patricia Bullrich, Pablo Grillo, Política, Libertades Democráticas, Senado, Patricia Bullrich, Pablo Grillo
Las autoridades del Senado suspendieron el evento a realizarse este viernes fue "por cuestiones de seguridad". Sin embargo, la convocatoria se sostiene y llaman a la sociedad a acompañar a Pablo Grillo y su familia a exhibir las fotos a las 16.30 en la puerta del Congreso.
La vicepresidenta del senado Victoria Villaruel decidió cancelar un evento que se iba a celebrar en el Salón Azul del Congreso en homenaje al fotoperiodista Pablo Grillo, recientemente recuperado de salud tras haber sido víctima de la represión policial de Patricia Bulrrich que amenazó con su vida.
El acto estaba convocado para este viernes 8 de mayo. La decisión de suspenderlo obedeció a "motivos de seguridad" invocando aspectos tales como que "las personas a cargo de la convocatoria se negaron a dar una lista de los participantes e invitados".
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En la red social Instagram la cuenta “justicia por Pablo Grillo” denunció censura y acusó a Villarruel y a la senadora y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), por la cancelación de la actividad.
Este hecho sucedió a horas de conocerse la noticia que inquieta a Patricia Bullrich, ya que el gendarme que casi mata a Pablo Grillo quedó a un paso del juicio oral.
Te puede interesar: Bullrich nerviosa: el gendarme que casi mata a Pablo Grillo quedó a un paso del juicio oral
Bullrich fue la responsable del operativo represivo ya que ejercía como ministra de Seguridad cuando Grillo fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno. La misma fue disparada por las fuerzas de seguridad en la feroz represión del 12 de marzo del año pasado contra el ajuste de Milei y en favor de los jubilados. El cartucho impactó en la cabeza del fotógrafo, provocándole fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.
"La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada" indicó el senador Wado de Pedro en redes, convocante del acto, al conocer la noticia.
Convocan a rodear de solidaridad a Pablo y a su familia, que decidieron exponer las fotos este viernes 8/5 a las 16.30 en la puerta del Congreso y exigir que se permita su exposición adentro del mismo.
