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Mendoza: represión, censura y un relato mediático al servicio del poder
13 de abril, por Opinión — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Alfredo Cornejo, Extractivismo, Persecución política, Ley de glaciares, Represión, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Alfredo Cornejo, Extractivismo, Persecución política, Ley de glaciares, Represión
La escalada represiva del gobierno de Alfredo Cornejo contra el movimiento en defensa del agua ya dejó más de 40 personas detenidas e imputadas. En paralelo, los grandes medios mendocinos despliegan una cobertura selectiva que no solo oculta la violencia estatal, sino que además criminaliza la protesta social. La combinación no es nueva: represión en las calles y censura o distorsión en los medios
El contraste se vuelve evidente al observar el tratamiento que recibió un reciente escrache protagonizado por estudiantes en la Universidad Nacional de Cuyo. Allí, decenas de jóvenes repudiaron la apología antiderechos de una charla contra la Educación Sexual Integral impulsada por sectores fundamentalistas vinculados al Opus Dei en la Facultad de Filosofía y Letras. Medios locales instalaron la idea de “violencia” y de una supuesta negativa al debate por parte de los manifestantes. El propio decano declaró que “la Facultad busca promover un espacio de diálogo y nos sorprende el nivel de violencia que hay en la sociedad”, mientras aseguraba que “no se permiten actos contra los derechos humanos”. Una afirmación que omite, de manera llamativa, que la ESI es reconocida justamente como un derecho humano fundamental que garantiza a niños, niñas y adolescentes el acceso a información científica, precisa y adecuada a su edad sobre los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la sexualidad, herramienta clave en la prevención de la violencia de género y el abuso sexual.
Dos semanas después de ese episodio —y casi sin cobertura mediática—, la policía mendocina reprimió con violencia una movilización en el centro contra la modificación de la Ley de Glaciares, que habilita la megaminería en zonas glaciares y periglaciares. Ocho manifestantes -3 mujeres y 5 varones- fueron detenidos salvajemente, a los golpes, entre muchos policías, e imputados utilizando figuras que vienen de la Dictadura como el artículo 194 por “entorpecimiento del tránsito” y otros delitos como “resistencia a la autoridad”. Las causas, como en todos los casos anteriores, aparecen sostenidas en acusaciones endebles o directamente armadas, orientadas a disciplinar la protesta y a sembrar miedo. Cinco días después, seguimos exigiendo la libertad de Micaela y Adrián, que continúan detenidos injunstamente.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>La pregunta es inevitable: ¿qué hechos son considerados “violentos” y cuáles no? ¿Quién define los límites del debate? ¿Por qué tenemos que estar en calma e inmóviles cuando ciertos sectores ponen en cuestión derechos que tanto nos costaron conseguir? Mientras se condena un escrache a sectores antiderechos, se silencia la represión estatal organizada. La violencia parece tener distintos parámetros según quién la ejerza. Para los poderosos, es una herramienta legítima; para el pueblo que se moviliza, un delito.
El endurecimiento de este esquema represivo no podría sostenerse sin una trama de complicidades. Cornejo ha dedicado minuciosamente su mandato a concentrar la suma del poder público: una Legislatura que funciona como escribanía de día y como centro ilegal de detención en noches de movilizaciones como la del 23 de octubre pasado; fuerzas represivas cada vez más enardecidas; una justicia adicta que se presta al circo del armado de causas para aleccionar y disuadir la protesta social; medios de comunicación altamente disciplinados por la pauta oficial para reproducir el relato del poder político y económico. Así, se construye un cerco informativo que invisibiliza conflictos sociales de fondo, como la defensa del agua que lleva más de un año de masivas movilizaciones frente al avance extractivista en la provincia y el país.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ya lo advertía Rodolfo Walsh: “El periodismo es libre o es una farsa”. La vigencia de esa definición se vuelve palpable cuando desde la propia Justicia se intenta condicionar el rol de la prensa libre. El presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay, exhortó públicamente a los medios a “ser responsables” al referirse a la independencia judicial. Sin embargo, los hechos muestran otra cosa: causas armadas contra luchadores, imputaciones sin pruebas sólidas -como acusaciones basadas únicamente en declaraciones policiales- y episodios que involucran a funcionarios judiciales y políticos que permanecen ocultos.
Walsh, en plena dictadura, impulsaba la “Cadena Informativa” como herramienta para romper el cerco de la censura: “El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento”, escribía. Salvando las distancias históricas, el mecanismo vuelve a resonar. Cuando la información se concentra y se manipula, la libertad desaparece y se abre paso a la corrupción.
La historia argentina ofrece lecciones que no pueden ignorarse. Procesos como el Cordobazo y el Mendozazo mostraron que, frente a políticas regresivas y gobiernos que avanzan contra el pueblo, emergen respuestas colectivas y de la lucha de clases que desbordan los intentos de control. Aquellos ciclos de rebelión solo pudieron ser derrotados mediante una represión sistemática que desembocó en el terrorismo de Estado.
Hoy, en un contexto de crisis social, económica y de representación, el gobierno provincial intenta evitar que el descontento social emerja en las calles de formas más agudas. La criminalización de la protesta y la censura mediática son parte de esa estrategia. Pero también hay memoria y experiencia acumulada en quienes luchan.
Porque si algo enseña la historia es que ningún dispositivo represivo ni ningún cerco informativo pueden sostenerse indefinidamente frente a un pueblo que decide organizarse y hacer oír su voz. Allí radica lo valiosísimos que son los medios independientes, como La Izquierda Diario y tantos otros, así como los registros audiovisuales de cada persona que en cada movilización son indispensables para conocer la verdad que los poderosos quieren ocultar.
Finalmente, vale retomar las palabras de Walsh en el informe N°1 de diciembre de 1976, titulado “Crónica del terror” y publicado en El violento oficio de escribir:
“Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
DERROTE AL TERROR HAGA CIRCULAR ESTA INFORMACIÓN". -
Caso Facundo Castro: el fiscal encubridor de la Policía Bonaerense ataca de nuevo
12 de abril, por Sumario sin secreto — Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Sergio Berni, Impunidad, Policía Bonaerense, Facundo Castro, Santiago Ulpiano Martínez, Cristina Castro, Sumario sin secreto, Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Sergio Berni, Impunidad, Policía Bonaerense, Facundo Castro, Santiago Ulpiano Martínez, Cristina Castro, Sumario sin secreto
Santiago Ulpiano Martínez, exjuez benefactor de genocidas, cumplió un rol clave en 2020 en el encubrimiento de uniformados y funcionarios provinciales en la causa por la desaparición y muerte del joven de Pedro Luro. Se apartó del caso, pero abrió nuevos expedientes en los que acusa sin pruebas a miembros de la querella. El crimen sigue impune.
Es curioso que mucha gente piense que la causa judicial que investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro está cerrada y concluída. Podría considerarse que resultó exitosa la campaña encubridora orquestada desde la Gobernación con apoyo de los jefes de la Policía Bonaerense y de cloacas mediáticas propaladoras del mensaje favorable a los sectores de poder de Bahía Blanca y alrededores.
No. La causa penal por el crimen del joven de 22 años nacido y criado en Pedro Luro, partido de Villarino, sigue abierta. Se tramita en el Juzgado Federal 2 bahiense, a cargo del juez Walter López da Silva, y a cargo de la investigación está el equipo de fiscales que integran Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili.
El asunto es que ni el juez ni los fiscales parecen estar interesados en empujar la concreción de las medidas de prueba que siguen pendientes. Algunas incluso están en proceso de conclusión, pero los resultados finales se postergan indefinidamente, dejando sin respuestas del Estado a las múltiples preguntas que desde hace seis años se sigue haciendo la familia Castro.
La querella encabezada por Cristina Castro, madre de la víctima, sólo recibe mensajes de impunidad. No sólo en beneficio de los agentes Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Siomara Flores, imputados en la causa, sino para todo un sistema en el que interactúan diversos engranajes siempre al servicio de los sectores dominantes.
En 2025, al cumplirse un lustro de la última vez que a Facundo se lo vio con vida, detallamos el estado de la causa, con sus pruebas y sus grises. Hoy se podría repetir el mismo texto, por lo que te invitamos a verlo acá. El nulo avance de la “investigación” deja en evidencia la injerencia directa de aquellos sectores en el expediente, con la anuencia de los funcionarios judiciales. A casi seis años, la familia sigue esperando que el Estado le diga cuándo, dónde, cómo y por qué murió Facundo. Y quiénes son los culpables de su prematura muerte.
Frente común
Lejos de cualquier obsesión conspirativa, es indudable que hay más de un interesado en que la causa judicial no avance. Al tope de la lista está la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nadie olvida el protagonismo de esa fuerza en 2020 en la aplicación a sangre y fuego de la cuarentena obligatoria por la pandemia de covid-19.
Durante aquel período, tras el DNU de Alberto Fernández, el aparato represivo estatal asesinó en todo el país a una persona cada dos días. La mitad de las víctimas cayeron en la provincia gobernada por Axel Kicillof. Para los amantes de la coima, el verdugueo, la picana y el gatillo fácil, ése fue uno de los momentos más “gloriosos” de La Bonaerense en la historia reciente. Echar luz sobre el caso de Facundo no está en los planes de la institución que hace treinta años fue bautizada como “la maldita Policía”.
Quien también está interesado en la impunidad es el propio Poder Ejecutivo provincial. Desde el principio el gobernador peronista le confió la “resolución” del asunto a Sergio Berni, su ministro de Seguridad, al que sostuvo durante todo su primer mandato pese a los múltiples cuestionamientos, incluso desde dentro de su espacio político. Y en éste como en otros casos, Berni actuó decididamente en favor de los máximos sospechosos. Que hoy siguen en funciones bajo las órdenes de Javier Alonso, sucesor del excarapintada en el Ministerio.
Axel Kicillof y Sergio Berni Cuando recibió a Cristina y sus abogados en La Plata, en agosto de 2020, el Gobernador le prometió “transparencia” a la familia del joven cuyo cuerpo acababa de ser hallado en un cangrejal de Villarino Viejo. Pero desde entonces todo lo hecho por su gestión alrededor del caso mutó de opaco a oscuro. Transparencia cero. El engaño oficial fue denunciado en 2024 por la misma madre de Facundo a través de una carta abierta, que este diario reprodujo.
Al grupo de interesados en la impunidad se suma, por supuesto, la “crema” del Poder Judicial de Bahía Blanca. Dos de sus máximos referentes, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza federal María Marrón, fueron quienes manejaron la causa luego del cambio de carátula de “averiguación de paradero” (fuero ordinario) a “desaparición forzada” (fuero federal).
Martínez “investigó” al revés. Desechó pruebas verosímiles, dilató pericias pedidas por las querellas, fue indiferente a testigos convincentes y, a la vez, le dio validez al relato de “testigos” de dudosa moral y procedencia. Tras hacer el trabajo sucio, en febrero de 2021 se apartó de la causa, pese a existir desde muchos meses antes un pedido de recusación de los denunciantes. Diez meses después, a pedido de los fiscales que lo reemplazaron, fue separada del caso la jueza Marrón.
Imposible dejar de mencionar a las empresas mediáticas, nacionales y regionales, que tienen un pacto tácito con las policías, los funcionarios y la “Justicia”. Cuando un hecho así compromete el orden público y pone bajo la lupa a los supuestos garantes de la “seguridad ciudadana”, la línea que separa la tibieza de la complicidad se hace invisible. Cuando los funcionarios ponen en marcha el clásico Operativo Encubrimiento siempre aparecen pésimos exponentes del periodismo dispuestos a reproducir el discurso que emana del poder político.
En el sur bonaerense esa conexión entre medios y política se llama La Nueva Provincia . Desde hace una década el multimedio pertenece a Gustavo Elías, el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Desde los sitios La Nueva y La Brújula 24, el Canal 9 de televisión y las radios AM LU2 y FM Ciudad, hace honor al anterior dueño, Vicente Massot, colaborador de la dictadura, acusado de matar a Enrique Heinrich y Miguel Loyola, obreros gráficos de su imprenta, y de colaborar en otros 35 crímenes. Fue de esa cloaca informativa que salió un libro contra la familia de Facundo.
El frente común de actores interesados en la impunidad del caso hace pie en un sector social, burgués, con peso en la región. Sectores medios altos, conservadores, que se protegen con esa misma policía, que financian al sistema político que le garantiza sus negocios (legales e ilegales) y se beneficia de este Poder Judicial. Además de llenar de publicidad y pauta, claro, a sus amigos mediáticos.
Policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González | Fotos de redes sociales Perra revancha
Sólo quien posee un pensamiento ultra retorcido puede culpar a las víctimas de la violencia estatal de sufrir sus consecuencias. Pero es lo que está sucediendo con la querella de la familia Castro. Quien ejecuta el ataque es nada menos que el fiscal Ulpiano Martínez, con complicidad de jueces y camaristas. Un plan de impunidad recargado.
Martínez abrió un expediente contra el adiestrador de perros Marcos Herrero, acusándolo de haber cometido el delito de “falso testimonio” durante su actuación en el caso de Facundo. En ese entonces Herrero era empleado de la Policía de Río Negro y participó como perito de la querella en siete procedimientos. Precisamente se lo acusó de falso testimonio “en siete ocasiones”.
Corporaciones como Clarín o La Nueva Provincia acusaron a Herrero de plantar o truchar pruebas, pero nada de eso figuró en el expediente. Le imputan “falso testimonio”, es decir que mintió. ¿Pero sobre qué y cómo? Nada en el expediente lo explica. En abril de 2025 el Juzgado Federal 1 bahiense condenó al perito a siete años, pero en la sentencia no se menciona qué prueba o evidencia “plantó” junto a sus perros.
¿Qué significaría que plantó pruebas? Que se pudo meter en las comisarías de Teniente Origone y Bahía, engañar a los policías y dejar en esos lugares piedras y amuletos de madera adjudicables a Facundo. Nada de eso se probó y por eso no se lo acusó de eso. Sólo se cuestionaron judicialmente sus métodos de rastrillaje por carecer de la ortodoxia institucionalizada.
Hay que recordar que los siete procedimientos estuvieron monitoreados y controlados por la propia autoridad judicial que terminó enjuiciando a Herrero. Si no era el mismo fiscal, iba un subordinado suyo. Y la Gendarmería Nacional custodió todo, llegando a revisar las vestimentas de Herrero y hasta la dentadura de los canes. Si fueron testigos directos, ¿por qué tardaron años en denunciarlo?
La condena del adiestrador está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras ser rechazado en febrero de este año un recurso de Casación presentado por la defensa. El presidente de los camaristas que lo rechazaron es Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia de Javier Milei.
Santiago Ulpiano Martínez en los estudios de La Brújula 24 Contra el derecho y la ciencia
Apoyándose en la condena a Herrero (que aún no está firme) Ulpiano Martínez abrió otros dos expedientes, uno contra Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, y el otro contra Virginia Créimer, médica forense que también participó en el caso como perito de la querella. A ambos les acusó de colaborar con el adiestrador de perros en el “falso testimonio”. La teoría conspirativa de Martínez no tiene pies ni cabeza, pero el fiscal parece tener vía libre para hacer a su antojo.
Las “pruebas” contra el doctor Peretto las aportó el entonces subcomisario José Pérez, segundo de la delegación bahiense de la Policía Federal. Se trataba de un intercambio telefónico con el abogado de Cristina en el que éste habría mencionado que una de las piedras halladas por Herrero era del joven desaparecido.
¿Delito? Ninguno. Por eso el mismo juez López da Silva que condenó al adiestrador no tuvo el coraje de condenar a Peretto y terminó dictando “falta de mérito”. Causa archivada, sin condena ni absolución, con lo que podría reactivarse si Martínez encuentra de casualidad alguna nueva “prueba”.
Las “pruebas” contra la doctora Créimer también brillan por su ausencia. Por eso ella recusó al fiscal Martínez, más interesado en perseguir al entorno de Cristina Castro que en investigar en serio. El fiscal primero citó a la perita como testigo en la causa contra Herrero, ya que habían compartido rastrillajes en la búsqueda de Facundo, y luego usó ese testimonio (dado bajo juramento de decir verdad) para acusarla de cómplice.
Créimer asegura que el fiscal violó su derecho de defensa y al debido proceso. Entre otros fundamentos, denuncia la maniobra de Martínez al convocarla a dos audiencias el mismo día con media hora de diferencia: una para que la forense pudiera presentar la recusación contra él y la otra para la indagatoria. Así, se le negó el tiempo mínimo necesario para preparar su defensa legal.
Quienes conocen la causa de cerca aseguran que Créimer no debería correr ningún riesgo judicial, ya que la construcción fantasiosa de Ulpiano Martínez debería tener un límite y no avanzar más allá de un intento criminalizador. No debería convertirse en natural que un fiscal y un par de jueces impongan sus propias creaciones por sobre los hechos para condenar y joderles la vida a quienes odian.
La doctora Créimer hizo pública una carta abierta en la que, apoyándose en su larga trayectoria al servicio de las víctimas de la violencia estatal, en todos sus niveles, denuncia que ya lleva dos décadas sufriendo hostigamiento y persecución desde diferentes sectores de poder.
Cristina Castro delante del mural por Facundo en Pedro Luro | Foto Amnistía Internacional Derecho al futuro…
Desde el principio del caso la familia de Facundo comprendió que debería batallar contra un sistema en el que varios actores, a veces en conjunto y otras por separado, actúan en función de un mismo interés: preservar a la Policía Bonaerense como herramienta de coerción y represión. Aún a costa de encubrir a criminales con mentiras y maniobras, ese sistema privilegia la “gobernabilidad” de la fuerza a atender el reclamo elemental de las víctimas.
Cuando vieron cómo se condenó a Herrero, la madre de Facundo y quienes la acompañan anticiparon que los mismos canallas con poder irían por más. Las acusaciones a peritos y abogados confirman aquel pronóstico. Hay quien dice que, aplicando hasta el final la lógica del fiscal Ulpiano Martínez, no habría que descartar que mañana quiera enjuiciar a la propia Cristina por falsear su propio testimonio. Hablame de revictimización sin hablarme de revictimización.
Nada está dicho, sobre todo cuando hay un objetivo central: bancar a La Bonaerense. Un interés de clase, transversal a todos los gobiernos. Algo que seguramente agradece el gobernador Axel Kicillof, quien en medio de la crisis económica que atraviesan millones de bonaerenses lo que menos desea es tener problemas con la gorra, fundamental para mantener el “orden” burgués.
En la causa que sigue abierta hace seis años por la desaparición forzada seguida de muerte hay pruebas de sobra para quien quiera verlas. Pruebas que superan ampliamente a los falaces “indicios” que usa Ulpiano Martínez. Los fiscales Sylvestre, Azzolin y Gentili aún no recibieron los resultados de peritajes a teléfonos celulares de decenas de policías. Una medida que muchos ayudan a dilatar al extremo. ¿Qué revelaciones esconde esa cloaca telefónica?
En septiembre de 2020 Carlos Bianco, entonces jefe de Gabinete de Kicillof y hoy su ministro de Gobierno, dijo ante una consulta en C5N: “No vamos a encubrir a nadie, no nos podemos permitir como sociedad no saber qué es lo que sucedió con Facundo”. Hoy ya ni habla del caso. Su jefe, mientras tanto, cada vez que se le da la oportunidad difunde las fake news del grupo La Nueva Provincia a cambio de que lo ayuden en su campaña del Movimiento Derecho al Futuro. Un museo de grandes novedades…
Imagen AGR Medios
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Milton Tolomeo: “Hay un Guantánamo en Ezeiza, soy un preso político de esta dudosa democracia”
10 de abril, por Desde la cárcel — Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, Reforma laboral, Torturas, Violencia institucional, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Columnistas Vertical , Policía Federal, Congreso de la Nación , Ezeiza, Marcos Paz, Represión, Alejandra Monteoliva , Milton Tolomeo, Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, Reforma laboral, Torturas, Violencia institucional, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Columnistas Vertical , Policía Federal, Congreso de la Nación , Ezeiza, Marcos Paz, Represión, Alejandra Monteoliva , Milton Tolomeo
Desde el 14 de febrero está preso bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. La ministra Monteoliva lo acusa de “terrorista”, no así el Poder Judicial. En un texto escrito en su celda de Marcos Paz (donde lo trasladaron tras estar en el “Sigplar” de Ezeiza) denuncia cómo vivió haber pasado por ese sistema. Pero también reivindica haberse manifestado en el Congreso contra la Reforma Laboral. Leé acá su carta completa.
Milton Tolomeo es un masajista deportivo y socorrista profesional que vive en la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Además trabaja como ayudante de una portería en CABA. Tiene 39 años y en la medianoche del sábado 14 de febrero, en las instalaciones de un club de Avellaneda donde estaba trabajando, fue detenido por un ejército de uniformados al mando del Ministerio de “Seguridad Nacional”.
Tolomeo está acusado de haber usado una bomba molotov para resistir la represión del miércoles 11 de febrero, desatada frente al Congreso contra la movilización en repudio a la esclavista y antiobrera Reforma Laboral. Acorde al relato criminalizador de la protesta, la campaña de La Libertad Avanza coloca al manifestante en la categoría de “terrorista”. Eso derivó, en su caso, ser víctima de un trato a todas luces violatorio de los derechos humanos elementales.
El Estado nacional lo encerró en las cárceles de máxima seguridad de Ezeiza, primero, y de Marcos Paz después. Pese a las irregularidades en su identificación como protagonista de los hechos, se lo mantiene con prisión preventiva. Formalmente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Se lo acusa de los supuestos delitos de “tenencia de material incendiario”, “intimidación pública” y “atentado a la autoridad”. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, su represora ministra Alejandra Monteoliva y el fiscal del caso, el juez a cargo de la causa rechazó que Milton sea imputado por “terrorismo”. De todos modos, los cargos que se le endilgan podrían derivar en una condena por varios años. Mientras, las huestes “libertarias” usan su caso como ejemplo de sus objetivos.
Tolomeo lleva 55 días preso. A las ya conocidas condiciones infrahumanas que afectan a toda la población de las cárceles argentinas, sean federales o provinciales, en su caso se suma un gran secretismo oficial sobre su situación judicial. Así lo denuncian sus abogades María del Carmen Verdú y Rodolfo Zárate de la Correpi y su compañera Eva del Rosario. También la Asamblea Autoconvocada de Lanús que exige su liberación y el cierre de la causa.
Milton escribió una extensa carta abierta desde su celda del Complejo Federal II de Marcos Paz, donde está desde el 19 de marzo. A través de ese texto comunica a la sociedad su situación, cómo lo detuvieron y cuál fue el proceso personal que lo llevó aquel miércoles 11 de febrero a manifestarse frente al Congreso y resistir la represión de un gobierno que, mientras acusa de “terroristas” a quienes resisten el ajuste, reivindica el terrorismo de Estado de los año 70 y el genocidio que perpetra el Estado de Israel al mando del terrorista Benjamin Netanyahu.
Quien quiera oír que oiga
En su carta, publicada en el sitio de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y que podés leer completa más abajo, Tolomeo detalla lo vivido en este mes y medio. Pero lo contextualiza contando que desde diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei a la Presidencia, empeoró su vida y la de muchas personas. “Dejé de comer saludable para pasar a comer lo que llegaba a comprar o saltear comidas por no tener dinero”, dice. Por si fuera poco, en julio de 2024 lo echaron de la fábrica Ferrum junto a otros 400 trabajadores.
“No podía aceptar eso como algo normal, no es una palabra ni una acción que yo comparta, porque considero que si uno no actúa, no pelea y no se manifiesta disconforme, se entrega a la resignación, sentimiento que no me representa”, relata ligando el presente a su “experiencia como hijo del 2001”, volviendo a escuchar apellidos tan nocivos como Bullrich, Caputo y Sturzenegger.
Así, su “deber ideológico” le indicaba que “tenía que estar ahí” y acompañar la lucha por sus “guía de camino: los jubilados y jubiladas de los miércoles”. Al mismo tiempo, denuncia a quienes “persiguen y atacan a cada persona y a cada conjunto que decide no doblegarse a sus obscenas órdenes”.
Su detención se produjo la medianoche del sábado 14 de febrero en el Club Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, cuando “irrumpieron alrededor de 70 efectivos, algunos de ellos con chalecos azules; otros, de civil y sin identificación”. Lo rodearon, violentaron, le impidieron hablar mientras lo insultaban y hasta amenazaron con romper las instalaciones. Se lo llevaron a una dependencia de la Policía Federal de Villa Lugano. Siempre a los golpes.
Días después lo trasladaron al penal de Ezeiza y lo alojaron bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo. “Vas al Sigplar , con los narcos de Rosario”, le anticiparon. Terminó en una celda diminuta, sin sus libros, su cuaderno, su lapicera y su ropa, “como si fuera una de las personas más peligrosas del país”. Los guardias se cubrían con pasamontañas que, por si fuera poco, tienen bordada una bandera de Estados Unidos. Vale recordar que el Servicio Penitenciario Federal también depende del ministerio que conduce Monteoliva.
En la carta desde la cárcel Tolomeo recuerda que durante días estuvo incomunicado y que luego se enteró que ni su familia ni sus abogados estuvieron informados debidamente de su traslado a Ezeiza. “No lo sabía ni el juez de la causa, lo cual a mi entender es muy grave. Si el juez no designa que yo ingrese al Sigplar , ¿quién lo ordena?”. La respuesta la tienen, lógicamente, Monteoliva y sus secuaces.
Detalla los malos tratos de parte de los guardias y funcionarios. Por ejemplo, que luego de cada visita que recibía lo revisaban desnudo y hasta adentro de la boca. “Así de humillante era después de cada vez que te ‘veías' con alguien de afuera: un Guantánamo en Ezeiza”, lo define. Pasaba encerrado más veinte horas diarias y siempre filmado (hasta en las duchas).
Para Milton, haber ingresado en el Sigplar “implicó una tortura psicológica (...) privado de todo derecho constitucional y legal (... ) Nos negaban toda posibilidad de dignidad”. Y afirma que en el penal de Marcos Paz hay un Sigplar aún peor, del que zafó gracias a que logró que lo alojaran en una celda común.
Por todo eso, Tolomeo responsabiliza al Gobierno en su conjunto, al Servicio Penitenciario Federal y a la ministra Monteoliva por si algo le sucede a su integridad. “Soy una persona que tiene muchos deseos de vivir y que sueña con una vida allá afuera. No me voy a callar. No voy a dejar de actuar como ciudadano político (...) Soy un preso político en épocas de dudosa democracia”, concluye su texto.
Foto Correpi Testimonio del encierro (escrito de Milton Tolomeo)
“Me presento. Mi nombre es Milton Iván Tolomeo. Tengo 39 años. Soy una persona que no soporta las injusticias y que siempre creyó que es posible cambiarlas, que siempre hay que involucrarse cuando éstas suceden y no resignarse ni mirar para otro lado.
Me desempeño como operario de maestranza de medio turno, y como masajista deportivo en mi gabinete privado del barrio de Parque Chacabuco. Me involucré en el tema del cuerpo humano porque entendí el cuidado del ser en todo sus ámbitos; y a su vez entiendo la importancia y la fragilidad del cuerpo humano, eso me lo brindaron los cursos y capacitaciones como las que hice de socorrista en distintos lugares, pero, como siempre, busco ir un poco más allá, entiendo que en el humano no importa sólo el cuerpo, sino que también son igualmente importantes los ambientes socioculturales que éste habita, ya que impactan directamente en el mantenimiento de su salud.
A mi entender, la coyuntura actual social, política y económica conlleva un enorme agravante para los diferentes cuidados de la salud en todo su concepto, dado que afecta principalmente los estados psicoemocionales de las personas. Como a mí me sucedía, de tal manera no podía quedarme de brazos cruzados sin intentar hacer nada al respecto.
Desde diciembre de 2023 mi vida fue empeorando. No sólo la mía, claro, sino la de muchas personas que habitan el suelo de mi país, pero la más desequilibrante, dañina y opresiva fue la situación económica que me llevó a fragilidades tales como por ejemplo hacer cuentas para viajar: tener que calcular si tomarme dos colectivos, subte casi imposible, o caminar varias cuadras, por no poder pagar un boleto.
También cambié mis hábitos alimenticios: dejé de comer saludable para pasar a comer lo que llegaba a comprar o saltear comidas por no tener dinero para cubrir las cuatro comidas diarias. Ni hablar de sostener un alquiler, cuando las subas no acompañan los salarios. Todo esto empeoró cuando en julio de 2024 me echaron de la fábrica en la cual trabajaba, ‘FERRUM', sin causa. Se redujo la producción y, al no haber consumo interno, se achicaron horarios y, por sobre todo, se despidieron operarios. Yo fui uno de esos despedidos por el recorte (uno de los más de 400 hasta el momento en el que yo estaba, en la planta de Avellaneda). Fui uno más de esos desempleados que venía en crecida en toda la industria nacional. Experimenté en carne propia lo que venía escuchando en algunos medios de comunicación. Una familia más sin el sustento que otorga el trabajo.
No podía aceptar eso como algo normal, no es una palabra ni una acción que yo comparta, porque considero que si uno no actúa, no pelea y no se manifiesta disconforme, se entrega a la resignación, sentimiento que no me representa. Había que estar en la calle manifestando mi descontento más fuerte que aquel 20 de diciembre del 2023, cuando se anunció la Ley Bases, que fue diseñada sólo para oprimir, controlar y dominar al ciudadano y a la ciudadana de a pie.
Entendía que era una historia que continuaba por mi experiencia como hijo del 2001, y mis más certeros miedos cuando volvía a escuchar varios nombres y apellidos que formaron parte de esa historia: planes de ahogo económico por el mismo apellido que nos llevó a deudas con el FMI fuera de serie, ajustes por otro apellido cuyo plan anterior fue llevarnos al agobio, todo sostenido por un sistema casi militarizado en las calles a cargo de las fuerzas de seguridad, también por orden de un apellido de la trágica historia de diciembre del 2001 (los nombres y apellidos los saben, no hace falta decirlos, pero si anda algún desmemoriado o distraído, son Caputto, Sturzeneger y Bullrich).
De más está decir que salir y permanecer en la calle no alcanzó para frenar el plan maquiavélico de estos personajes y su gobierno. De hecho, fueron mucho más violentos en todo su accionar y sometieron a toda la clase trabajadora, provocaron y causaron miedo y agobio en todo trabajador y trabajadora. Sistematizaron el temor obscenamente generando miedos reales como a que te echen de tu trabajo, que no consigas trabajo (por la alta tasa de desempleo). Que no puedas comer, y en el peor de los casos, que te metan preso (como lo hacen ahora conmigo).
Persiguen y atacan a cada persona y a cada conjunto que decide no doblegarse a sus obscenas órdenes, y podría estar nombrando eternas luchas que atacan como lo son los trabajadores del Garrahan, Los Jubilados que miércoles tras miércoles la única respuesta que reciben es represión por parte del Estado. Esto último lo he visto muchos miércoles; no me lo contó nadie; lo vivía en carne propia: las abuelas tiradas en el piso con sangre, porque un miembro de la fuerza la empujaba con su escudo, de un jubilado con el brazo roto porque otro miembro de la fuerza lo había golpeado, de los fotorreporteros gaseados, atropellados y hasta golpeados con granadas de gas en la cabeza.
Es muy triste que como sociedad esto no nos sorprenda y sea una imagen común de todas las semanas. Como también lo es ir los miércoles sabiendo que te van a gasear, pegar, empujar, y demás abusos violentos por cualquiera de las tres fuerzas o peor, de las tres juntas. He ido llorando en el colectivo sabiendo que era injusto presentarme para que se violenten, sólo para decir que son ellos “los poderosos”. Los jubilados les estaban demostrando la real resistencia y les hacían saber que el verdadero poder proviene de los ideales de la lucha del pueblo.
Mi deber ideológico me decía que tenía que estar ahí y acompañar esa lucha por mis guía de camino: los jubilados y jubiladas de los miércoles. Un miércoles concreto, el 11 de febrero de 2026, se trataba en el Senado la “Reforma” Laboral, con la ley que era un abuso descomunal para todos los trabajadores. No era una ley que atrasaba, sino que era algo nunca visto, ni siquiera en las épocas de esclavitud, pero a eso apuntaba un poco ir, obvio que ese miércoles me iba a hacer presente para resistir ese atropello, aunque esa ley ya estuviese igual comprada en el Senado, en Diputados, en los sindicatos, la CGT, los gremios y la “¿oposición?” (si es que existe).
Si bien mi infierno había comenzado antes, fue a partir de ese día que se puso aún más oscuro. Y no hablo precisamente de la violenta represión que comenzaron los efectivos de la PFA, su hidrante y el hidrante de Gendarmería, mediante el cual ya habían empezado a reprimir violentamente.
Mi infierno más profundo y el de mi familia fue puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad el sábado 14 de febrero en el barrio de Avellaneda, más precisamente en el Club Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, donde realizaba tareas como masajista deportivo en un evento de boxeo de Alberto Melián, realizando masajes a voluntad a los deportistas que peleaban, para concientizar acerca de los beneficios del masaje pre y post competitivo.
Terminado el evento, a eso de las 00:00 hs del domingo, irrumpieron al club alrededor de 70 efectivos, algunos de ellos con chalecos azules; otros, de civil y sin identificación. Me rodearon, me tomaron por la fuerza, desproporcional y desmedida, como están acostumbrados a ejercer sobre un trabajador, en este caso, de contextura delgada (60 kilos), morocho, sin recursos económicos ni poder político.
Me sometieron a tratos violentos, me impidieron hablar, me agredieron verbalmente, me dijeron que yo estaba detenido y me llevaron violentamente por la puerta de atrás, amenazando con romper toda la puerta en caso de que no les dieran paso. Me subieron esposado a una camioneta no identificada. Me golpearon dentro de ella. Durante todo ese proceso, yo les decía que no estaba ofreciendo ningún tipo de resistencia y que iba a cooperar, para calmar al oficial (que no estaba identificado). Se encontraba alterado y nervioso. Yo a esta altura tenía bastante miedo por su comportamiento sin saber por qué había tantos efectivos y porque ningún “móvil” estaba identificado.
Me trasladaron a una estación de servicio Shell, me bajaron de la camioneta, me presentaron frente a más personas, ninguna se identificó, todos estaban vestidos de civil, me sacaron fotos y me volvieron a subir no recuerdo si a ésa o a otra camioneta diferente.
Me trasladaron a una dependencia de la PFA en Avellaneda, sobre la Avenida Hipóloto Yrigoyen. Empezaron a preguntar por mi persona, si había alguien en mi casa, a lo que respondí que no. Me advirtieron que si estaba mi novia allí, que yo les avisara, porque “la va a pasar mal”. Les entregué las llaves de mi casa. Luego de un rato de tenerme ahí, me exigieron que les dijera dónde estaba la ropa, las zapatillas y todo, que ‘hable porque me van a romper toda la casa y tirar las paredes si es necesario', a lo que respondí que no entendía lo que me hablaba y qué quería. Me trataron de leer mis ‘derechos' y les dije que no comprendía nada, porque quien lo lee no es claro, se trababa y titubeaba, como si le costara o no supiera leer.
Luego de un largo tiempo me volvieron a subir a un auto, todo esto ya con varios teléfonos filmándome. Aún continuaba un alto número de policías. Los teléfonos y las filmaciones comenzaron a ser más importantes y de mayor interés en filmarme en situación de detenido. Parecía prioridad visualizar mi imagen que el procedimiento en sí.
Me llevaron a Azopardo (edificio biométrico / médico legista). Luego me trasladaron a Lugano en otro auto con destino a la Alcaldía Nº 8 de Madariaga. Creo que después de tenerme toda la madrugada de pie mientras llenaban formularios y demás, me bajaron a una celda alrededor de las 7:00 am. Me recibieron otros detenidos con los cuales iba a convivir unos cuatro o cinco días.
Me llamaron el lunes por la tarde para citarme ante el Tribunal de Contravención y Faltas en Flagrancias Nº 6 de CABA. Me reuní, esposado y con un efectivo de la PFA a cada lado, con mi abogada, María del Carmen Verdú, y solicité que me sacaran las esposas y nos den privacidad de hablar. Sólo ceden al pedido de quitarme las esposas, pero no se retiraron de la habitación, entonces, tuvimos que hablar bajo sus miradas y atención, ya que me negaron tener privacidad con mis abogados.
Luego, cuando dieron sala de audiencia, me senté frente al juez y demás personas y tuve que escuchar al fiscal acusarme de varias cosas ante las que no sabía si reír o llorar. Entre ellas, las de ser un terrorista. En ese momento mi cara ya no era de asombro ni de escucha. Ahí me preocupé, sentí como que el fiscal estaba diciendo palabras ya antes nombradas por políticos de este gobierno. Sentí como que estaba leyendo un escrito hecho por la ministra de Seguridad Monteoliva, insistendo con la figura de terrorismo, que intentó instalar en todo momento.
Para mi sorpresa y miedo, escuché que me pedía de 5 a 15 años de prisión. Me pregunto ¿qué tan terrorista soy? ¿Qué terror causé? ¿Acaso formo parte de una organización (no estoy en ninguna) que se financia con coimas del organismo que debe velar por los derechos de las personas con discapacidad? ¿Acaso estoy bancado por los narcos como Fred Machado? ¿Fui o soy partícipe de una estafa a los argentinos, como lo es $Libra? ¿Soy yo quien miércoles tras miércoles saca a tres fuerzas armadas para ‘combatir' y pegarles a los jubilados? ¿Me financio con robos al Estado y sus contribuyentes? ¿Apaleo al pueblo trabajador día a día, aumento tras aumento?
Yo no participé en ninguna de las estafas nombradas. Ni siquiera elegí someterme a EE.UU. con dinero del que desconocemos cómo y en qué condiciones vamos a recibir o devolver, pero resulta que el terrorista y el que tiene que estar preso soy yo.
Disculpas por mostrarme descontento con el abuso del Estado sobre el pueblo argentino. Parte del pueblo, porque hay otra muy pequeña parte y, oh casualidad, son los que más poder adquisitivo tienen, se favorecen. Pero el terrorista para este fiscal soy yo. Quisiera conocer su visión y su trabajo en casos anteriores.
Luego de salir del Juzgado 6 me devolvieron a Lugano. El martes me notificaron de mi traslado a Ezeiza. ‘Qué rápido actuó la justicia', pienso, por no decir que la Justicia fue sumisa y mandada por el Ministerio de Seguridad. ¿La Justicia es fuerte? O se muestra fuerte cuando el ministerio y el Gobierno así lo ordenan? Si fuese fuerte, ¿no sería más justa y mostraría su fortaleza con los poderosos? La Justicia se hace la poderosa con los débiles, porque es sumisa al poder. La Justicia ya no es un poder separado: trabaja en conjunto con el poder débil de turno.
El miércoles a primera hora del día llega el médico legista. El mismo que me había visto en Azopardo. Me llevan a la sala continua de la alcaidía y mi sorpresa fue muy fuerte al ver varios miembros de las fuerzas especiales esperando por mí. Comenzaba nuevamente el show de las cámaras de celulares. Enfocan varios hacia mí. Me piden que me coloque un traje que a mi entender es ropa de trabajo. Poniendo la misma ropa a un preso que a un trabajador, detalle que me parece no menor. La ropa varios talles más grandes. Todo lo que decía y hacía tenía que ser siempre mirando a cámara, lo que luego entiendo de esto es que era para el show de la Ministra de Seguridad y su gobierno. Para sus redes.
Me ponen un chaleco y casco para trasladarme en un camión blindado al Penal de Ezeiza. Logro ingresar pasado el mediodía. Ahí me informa un miembro del Servicio de Fuerzas Especiales que voy a ser alojado ‘con los de Rosario'. ‘Los narcos', me dice. Hasta ahí yo no sabía de qué se me estaba hablando. Paso la primera puerta y me recibe gente con casco, pasamontañas y más cámaras. Me informan que estoy bajo el ilegal e inconstitucional ‘Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo' (de ahora en más, ‘SIGPLAR').
Todas mis pertenencias y yo pasamos por un escáner. Secuestran mis libros, mi lapicera, mi cuaderno, mi ropa. Me tratan como su fuera una de las personas más peligrosas del país, y todo esto sin ver un rostro ni una identificación. Estoy aturdido. No comprendo el por qué, ni nada. Me llevan a una diminuta celda y me encierran ahí.
Otros detenidos se acercan por una mirilla a mi celda y me cuentan un poco dónde estoy y bajo el régimen que me encuentro. Entonces, quedo todavía más aturdido, porque yo estoy en esta pequeña celda con un colchón un poco más ancho que un cartón, y bajo las condiciones que me cuentan mis vecinos de celda. Son ellos los que me muestran un trato y un costado humano alcanzándome elementos de higiene básicos, para limpiar la celda sucia y yo poder higienizarme.
Me dicen que van a darme un recreo de la celda el jueves al mediodía, que era mi horario de esparcimiento. Ese recreo constaba de cuatro horas fuera de la celda, las otras veinte horas diarias tenía que estar encerrado y solo. Ese miércoles 18/02 me encontré experimientando por primera vez lo que es la tortura del SIGPLAR. Esas primeras horas era gente acercándose a la mirilla para saber si necesitaba algo. Eran los otros presos. El personal no se volvió a acercar hasta las aproximadas dieciséis o diecisiete horas para hacerme entrega de la cena, que para mí era el desayuno.
Esa noche dormí poco, entrecortado y mal. No sabía que así iba a ser mi rutina de sueño durante todo el próximo mes. Al otro día, me sacan de la celda a las 8:00 am, conozco a mis compañeros de recreo.
La convivencia con estas personas representó el contacto más humano que yo tuve ahí adentro. Ellos no entendían cómo una persona primaria, sin causas anteriores, sin antecedentes, sin haber nunca estado en un penitenciario, caía en ese sistema, en el SIGPLAR. En los siguientes temas desconozco la sincronización, día y horarios exactos, porque una vez que se entra al sistema te aíslan de tus vínculos: abogados, noticias, reloj, de todo el exterior, eso lleva a cualquier ser humano a una confusión temporal, de horarios y fechas, que es impresionante.
Esa misma mañana, mientras me contaban dónde estaba, me cocinaron como lo hicieron durante todo el mes siguiente, siempre tratando de darle sabor a la comida que entregaba el SPF. Estos compañeros junto con los otros internos (eran catorce) me demostraron lo que es la solidaridad, y el lado humano en situaciones difíciles. Los presos “más peligrosos” me brindaron apoyo.
El primer contacto con el exterior lo tuve de Natalia, de la Procuración Penitenciaria Nacional. Ella me trajo novedades de mi entorno familiar y de mi abogada. Esto fue el 26 de febrero, porque en mi ingreso al sistema me retiraron todos mis números telefónicos que tenía anotados en un papel: eran los teléfonos de mis familiares y abogados. Me dijeron que se los entregara, que ellos se iban a comunicar. Me hicieron llenar un formulario con sus teléfonos y nombre para así poder comunicarme (nunca sucedió: estuve sin comunicación con mis vínculos todo el tiempo que pasé secuestrado bajo el SIGPLAR: un mes entero).
Natalia me dijo que mi abogada estaba haciendo lo imposible para ponerse en contacto conmigo, que por suerte pudieron ubicarme, ya que en ningún momento se habría comunicado mi traslado a este sistema. No lo sabía mi defensora, no lo sabía el juez de la causa, lo cual a mi entender es muy grave. Si el juez no designa que yo ingrese al SIGPLAR ¿quién lo ordena? ¿Qué persona u organismo designa tan autoritariamente mi condición de recluso? ¿Acaso el fiscal tiene más autoridad y su decisión pesa más que la del juez? ¿O fue el Ministerio de Seguridad que intervino directamente en las decisiones en las que le toca arbitrar a la justicia?
Procuración trae un poco de calma a mi persona, porque supe que no estaba sólo y abandonado como pretende colocarme el sistema. Tengo a mi familia ahí afuera y a mi defensora activando pero no dejarme en el olvido. Gracias a todo el conjunto de personas que hacen posible que existan organizaciones como Correpi: sin ellas, mis palabras serían otras o no tendría por qué. Seguiría aislado. Natalia me confirma un poco más del régimen y me dice todos los NO puedo que me van a tocar afrontar en el sistema.
Transcurren los días en Ezeiza, sin poder comunicarme con mi familia ni con mis abogados. Yo recién tendría novedades de ellos dos el 6 de marzo calculo, día en el que, después de insistir y de que les hayan negado el acceso a verme en ocasiones anteriores en el penal, me dicen que ellos el 03/03 habían enviado un e-mail al juzgado autorizando los números de mis abogados para yo así poder hablar con ellos.
La visita que tengo de ellos es por tiempo reloj, de una ahora exacta. A través de un vidrio y hablando por un teléfono en cada pared separados por un ventanal de vidrio, con cámaras y micrófonos. Con esa “privacidad” contábamos. Transcurrido el tiempo sonó el timbre y nos tenemos que despedir.
Ante cada salida que yo tenía fuera del pabellón, las requisas consistían en sacarse las prendas de arriba, pantalones, zapatillas, medias y bajarte los calzoncillos. Te hacían dar vuelta con los calzoncillos bajos, abrir la boca y si te encontraban un papelito o algo escrito te amenazaban con sancionarte. Así de humillante era después de cada vez que te “veías” con alguien de afuera: un Guantánamo en Ezeiza.
Si bien mi abogada había recibido la confirmación del juzgado con el ok de mis defensores confirmados por jefatura interna del sistema, yo seguía sin poder comunicarme con ella. ¿Por qué? Porque por más que el juez dictara algo, se informe a los defensores, Jefatura acepte, todo debe pasar por la Coordinación.
Y ¿en qué consiste esta área? Él es quien determina lo que se puede y lo que se quiere. Es la traba que frena todo despacho entre el personal del SPF y el recluso. Es el organismo que le dice “NO” a todo. Se le envía audiencia y no responde. Se le envía habeas corpus y no acata ni responde. Se maneja con tal impunidad con respecto a los derechos de los reclusos, que no le da la mínima importancia a los DDHH ni a las normas internacionales de protección de las personas. Tal violencia solo puede ocurrir con el pleno aval y el pleno apoyo del gobierno actual.
Esto ya me lo habían advertido otros presos: ‘Si te dicen que están esperando que lo envíe Coordinación, dalo por perdido, porque ignoran cualquier solicitud y documento que uno desde acá les solicite'.
A todo esto, ¿cómo podía yo sacar audiencia desde Ezeiza? El encargado de turno traía ‘unos papelitos', éramos 15 en el pabellón: los papelitos a veces podían ser 15, 10, 8 ó 5, dependiendo del antojo del día del sistema. Teníamos que ver quién pedía audiencia de los 15, dependiendo de la urgencia nuestra y del área que necesitáramos esa semana. Las áreas son Visita, Sociales, Jefatura, médico de planta, Odontología, Coordinación, Criminología, ‘Educación', ‘Trabajo', Pañol y algunas más. Diez áreas, aproximadamente.
Quince presos. Diez papelitos. Así se manejaban. La birome te la daban ellos para que pidieras audiencia en ese momento, porque no nos permitían tener birome, cuaderno, papel ni libros. Ropa limitada, pero pastillas psiquiátricas, te las ofrecían sin que las pidieras.
El área de ‘Educación': acá, si insistías mucho, te podían dar un libro; pero lo que era estudio, capacitación no existía. Algún curso con fotocopias: no más que eso.
Trabajo: no brindaban ningún tipo de taller ni tenían interés en generar nada similar. Deporte: consistía en una hora semanal. Los cinco internos del recreo de ese horario. Una canchita de fútbol llena de pozos y peligros para desarrollar actividad deportiva . Era una cancha cerrada entre cuatro paredes, con rejas por todos lados, inclusive el techo, y te daban una pelota. Eso era el área de deporte. Nada que se le pareciera menos a lo que yo entiendo por tal cosa.
Médico de planta: me llama y me hace no más de tres preguntas, literal: si tengo alguna enfermedad, si tomo medicación y qué resultados tenía de mi extracción de sangre. (A mí me sacaron sangre, calculo que un extraccionista, y me preguntaba a mí por los resultados. En fin.) El profesional, antes de atenderte, te hacía firmar el cuaderno de actas, para acreditar que te había visto. Debería ser un médico excelente, porque con tres preguntas ya sabía todo pero absolutamente todo de tu salud.
Odontología: aún sigo esperando respuesta. Se me había salido una funda dental en Ezeiza, tras lo cual envié un hábeas corpus, pero sigo sin atención (hoy: 30/03).
Visita: igual, te atendía después de enviar habeas corpus, encima te atendía mal y se enojaba cuando reclamabas la atención. Ni hablar de información. Como muchas de las áreas, te decía “está en Coordinación”.
Jefatura: ellos sólo querían demostrar que tenían poder y mandaban ellos (en realidad, sólo acataban órdenes de otros). Te decían frases como ‘¿te das cuenta de que acá ustedes no eligen ni pueden hacer nada? Les manejamos hasta el control de la tele. Lo único que pueden hacer es respirar'.
Había que cumplir los objetivos de puntuación del programa. Entre ellos estaban ‘educación' y ‘trabajo', y como dije antes, desde estas áreas no te brindaban nada. Con esa excusa te bajaban puntos de criminología, tanto de concepto como de conducta. Todos los internos estaban en desacuerdo al momento de los puntos, porque al bajártelos te complicaba aún más en las libertades.
En este sistema de Alto Perfil había algunos casos bien puntuados con 10-8, con excelente conducta. Pero, al ser casos mediáticos, los metían en este sistema, que, me parece importante remarcar, fue creado ilegalmente mediante una resolución para combatir la violencia de Rosario, pero había gente como yo que no calificaba de ‘alto riesgo'. Y sin explicaciones más que si salía en la tele o se mediatizaba la causa, contás con dos posibilidades de caer al sistema: eso, sólo por ser mediático.
A mí me tocó experimentar este ilegal SIGPLAR desde adentro, por ser mi causa de pantalla y medios, experimenté no ver ni tener contacto con mis abogados ni vínculos afectivos de mi entorno. Me encerraban 20 horas diarias en una diminuta celda, nos filmaban hasta en las duchas, teníamos requisa dos veces por semana, estábamos privados de noticias a partir de que un director del SPF se quedó con plata que no le correspondía, no permitían el ingreso de depósito que mi familia y varias personas me querían hacer, porque desde el día uno que yo estaba pidiendo elementos de higiene y limpieza básicos: lavandina, jabón, papel higiénico, un trapo.
Así de básico. No sólo no me entregaron hasta un día antes de irme, sino que tampoco me permitía hacerme cargo a mí de los elementos de higiene, sino fuera por la solidaridad de los detenidos, no hubiera tenido nada. El único contacto con afuera fue la Procuración. Cuando bajaron una comitiva y les pudimos contar todas las falencias del alojamiento y del sistema en sí, cómo afectaban nuestra vida, querían vender en las cámaras un Guantánamo en Argentina, y era un mamarracho antiderechos.
Para los videos y spots, todo el dinero, pero para sostener eso se notaba gran falta de presupuesto y predisposición: falta de elementos de higiene básicos, falta de ropa (sólo me entregaron ese conjunto en Lugano, varios talles más grandes que el mío). Faltante de calzado. Nunca me dieron calzado. Faltante de agua en el baño, faltante de ducha, y, por sobre todo, faltante de humanidad.
Quiero resaltar un detalle no menor: todo el personal usaba pasamontañas y en el costado del pasamontañas todos llevaban una bandera de EEUU bordada, sublimada o como etiqueta (no sé, a mí me hacía ruido ¿no? Lo dejo para que lo piensen).
Haber ingresado en este sistema implicó una tortura psicológica para mí. Estuve privado de todo derecho constitucional y legal. Era una locura no saber días, horarios, comer mal, dormir peor, te venían a iluminar con linternas a través de las mirillas mientras dormías.
En un momento comencé a realizar actividad física junto a mis compañeros de recreo. Pero al Servicio le molestaba que se dibujara (con pasta dental, a falta de tener otra cosa) el piso del patio, un patio de 10 x 5 con rejas hasta en los techos altos. Todo lo que realizáramos para evadirnos o generar distracción, el sistema , mediante requisas, nos lo quitaba. Yo dibujaba círculos y cruces para marcar ejercicios de boxeo y en una de las requisas vinieron a decirme que no las hiciera más, que estaba ‘prohibido', como casi todo allí adentro.
En otra ocasión, armamos un ajedrez ‘tumbero' con cartas para las fichas y tela para el tablero y lo secuestraron. Cartas armadas, las secuestraban; ejercicios, nos los prohibían. Así nos hacían vivir: nos negaban toda posibilidad de dignidad.
Puedo escribir recién ahora lo que recuerdo de esa locura sin entendimiento para mí porque forma parte de ese programa de tortura que no debería existir, pero para peor también funciona en Marcos Paz otro SIGPLAR más estricto, en condiciones, por lo que me dijeron, de 23 horas de encierro y 1 hora de recreo.
Quiero dejarlo bien claro: estos programas ilegales de tortura son una verdadera aberración. Yo aún desconozco mi fuero dentro de ese maldito sistema. Mis compañeros estaban sorprendidos porque siempre se decía que quien entra al sistema no sale. Cuando a mí me buscan el miércoles 19/03 a aproximadamente las 17 hs, se va sorprendido el mismo personal de pasamontañas diciéndome ‘¿Existe esto?' que era mi traslado a un pabellón común. Es entonces cuando me trasladan de Ezeiza a Marcos Paz.
Tampoco sé por qué hasta el miércoles a las 17 hs era considerado uno de los presos más peligrosos del país y después, a las 20 horas, ya era un preso común. Lo que sí sé es que le agradezco y le debo mucho a María del Carmen Verdú, por trabajar e insistir siempre en mi liberación y por brindar apoyo a mi pareja Eva, que es la persona que más presente estuvo, que se cargó cada minuto de su vida desde mi detención a hoy, para que yo recupere mi libertad.
Se transformó en una persona aún más admirable para mí, porque me llena de orgullo tener una compañera tan aguerrida como demuestra ser Eva, sobreponiendo su bienestar a la causa y lucha por mi liberación. Yo por suerte hoy recuperé la palabra al moverme del SIGPLAR. Tengo mis pensamientos aún no encontrados con respecto a mi traslado, y también mis miedos.
Responsabilizo al Ministerio de Seguridad, al Gobierno en su conjunto, al Servicio Penitenciario Federal, a la Ministra de Seguridad Monteoliva si le llegara a pasar algo a mi integridad física. Yo soy una persona que tiene muchos deseos de vivir y que sueña con una vida allá afuera. No me voy a callar. No voy a dejar de actuar como ciudadano político. Porque mis principios y valores son mi fortaleza.
Yo soy una persona que no va a hacerse daño, no se va a envenenar, no me voy a suicidar, ni tengo conflictos con otros internos del Módulo V Pabellón I de Marcos Paz. Entiendo que soy un preso político en épocas de dudosa democracia.
Escribo estas horas para libre difusión con previa autorización de Eva Laura del Rosario, quien es la que se puso al hombro y cargó con esta lucha. Escribo esto para que quede asentado como documento para mis abogados: Rodolfo Zárate y María delCarmen Verdú. Para mi familia: Eva, mi pareja; Mauro, mi hermano; Soledad, mi hermana; María Alejandra, mi tía; Eduardo, mi padre; Silvia, mi madre. Amigos, como Juli y Papu, porque toda esa red junto con las organizaciones sociales, asambleas (es especial, la de Lanús), personalidades políticas, instituciones como la Procuración, organismos de DDHH y demás individuos que sostienen mis días como preso político, gracias a todos por tomarse el tiempo de leerme para entenderme y comprender.
Milton Tolomeo. 30/03/2026. Marcos Paz.”
Milton Tolomeo | Foto Correpi
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Ley de Glaciares: uno por uno, cómo votaron los diputados en la reforma promineras
9 de abril, por Cámara baja — Parlamentaria, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Diputados, Cámara de Diputados, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU), Ley de glaciares, La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria , Parlamentaria, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Diputados, Cámara de Diputados, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU), Ley de glaciares, La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria
En la madrugada del jueves la Cámara baja sancionó una nueva norma que modifica la ley vigente desde 2012 y pone en riesgo las reservas de agua en todo el país. ¿Qué postura tomó cada bloque?
En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados votó la reforma a la Ley de Glaciares, una normativa basada en la protección de los bienes naturales comunes frente al avance del lobby megaminero. Usando al Gobierno de Javier Milei como ariete, las grandes corporaciones extractivistas buscan flexibilizar los controles ambientales para seguir saqueando las riquezas nacionales.
La votación fue nominal, es decir que cada diputada o diputado tuvo que expresar públicamente su postura. Esto permite saber quiénes son los que se alinean con los intereses de las corporaciones. El resultado dejó en evidencia la complicidad de los bloques mayoritarios con el lobby minero.
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El resultado fue de 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. La Libertad Avanza aportó sus 94 bancas y las otras 43 fueron otorgadas por los habituales colaboradores del oficialismo y por quienes responden a los intereses mineros de sus provincias. Entre estos últimos figuran diputadas y diputados de la UCR y Unión por la Patria.
Como afirma Jesica Calcagno, el Gobierno recibió un apoyo transversal a todos los bloques políticos, con la excepción del Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Algo que ya había sucedido al votarse la media sanción en el Senado.
Los gobernadores que más hicieron fuerza para que salga la reforma fueron, lógicamente, los de las provincias mineras. Se trata de Alfredo Cornejo de Mendoza y Carlos Sadir de Jujuy (ambos de la UCR); Raúl Jalil de Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta (ambos del PJ) y Marcelo Orrego de San Juan (Por San Juan). En ese rejunte de votos radicales y peronistas se incluyen los de Jorge Chica y Cristian Andino, los dos sanjuaninos que actualmente integran Unión por la Patria.
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Además de las provincias directamente mineras, ayudaron al Gobierno bloques de otras como Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Río Negro. Allí estuvieron los tres diputados ex UxP que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, incluido el cristinista Javier Noguera.
La lista se completa con Nicolás Massot, uno de los señalados por la Asociación de Abogados Ambientalistas por ser socio de una empresa involucrada en un proyecto minero de litio en Salta.
Contra la reforma promegaminería y en defensa del agua y los glaciares votaron los bloques enteros del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) y la Coalición Cívica y la mayoría del bloque de Unión por la Patria. Se sumaron diputados a título personal como Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Jorge Fernández y la exmileísta Marcela Pagano.
La abstención estuvo en manos de Oscar Zago y Eduardo Falcone y la neuquina Karina Maureira que responde al gobernador Rolando Figueroa.
Foto Cámara de Diputados
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Caso Daiana Abregú: condenan a una policía por incumplimiento del deber
7 de abril, por Muerte en comisaría — Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Violencia policial, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Daiana Abregú, Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Violencia policial, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Daiana Abregú
Vanesa Nuñez, única policía que llegó a juicio, fue condenada a sólo dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este miércoles 1 de abril se conoció la sentencia en un juicio que duró solo tres audiencias: dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación por haber sido declarada culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el juez Aníbal Alberto Álvarez, titular del Juzgado en lo Correccional 1 de Azul, la oficial no cumplió su tarea de imaginaria (responsable de la vigilancia en los calabozos).
El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú fue encontrada muerta dentro de la celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida; había sido detenida apenas ocho horas antes por una contravención la noche del sábado, día que había salido a divertirse con unos amigos.
Al comienzo de la instrucción la causa fueron imputados cinco policías imputados por el delito de homicidio agravado. Durante el primer año de investigación fueron sobreseídos cuatro de ellos y reincorporados a la fuerza; sólo quedó imputada la agente Núñez.
Una condena con sabor a poco, que llega tras una instrucción judicial deficiente, plagada de irregularidades y dilaciones. Hubo sobrados indicios de que detrás de su muerte estaba involucrado el personal policial, situación agravada por el encubrimiento de los hechos de parte de funcionarios judiciales y políticos, especialmente del Ministerio de Seguridad bonaerense. Amnistía Internacional Argentina había solicitado “una investigación urgente, imparcial e independiente para lograr justicia en este caso de violencia policial”. No olvidemos la responsabilidad del Ministerio de Seguridad bonaerense en el encubrimiento de sus subordinados implicados en casos, llegando al uso de abogados de la institución para su defensa.
Para la familia de Daiana, cuya lucha junto a amigos y organismos de derechos humanos fue fundamental para que la causa llegue a juicio, esta condena no alcanza: "No repara. A Daiana la torturaron y la mataron. Queremos justicia real por Daiana Abregú".
