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¡Basta de represión!: que liberen ya a los siete detenidos frente al Congreso
31 de julio, por Repudio popular — Política, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Chacarita , Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Principal4, Represión, Política, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Chacarita , Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Principal4, RepresiónEste miércoles nuevamente los gobiernos de Milei-Bullrich y de Jorge Macri desataron su furia represiva contra la marcha de jubilados. Aún hay siete detenidos de forma irregular, varios de ellos hinchas de Chacarita que acompañaban a Carlos y otros jubilados. Organizaciones exigen la inmediata libertad.
Cómo todas las semanas, este miércoles muchos jubilados y jubiladas se concentraron para protestar frente al Congreso en reclamo de sus derechos más básicos, bastardeados y atacados por el gobierno de Javier Milei. Y como también es costumbre, un megaoperativo con cientos de efectivos de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió brutalmente tanto a personas mayores, manifestantes solidarios y trabajadoras y trabajadores de prensa.
El saldo de detenidos en la jornada fue de siete personas. Se trata de Javier Mendoza, Agustín Cano, Leandro Maristan, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos y Hugo Eischler. Varios de ellos son vecinos del partido de San Martín e hinchas de Chacarita , que suelen concurrir al Congreso en solidaridad con el reclamo de las y los jubilados. Carlos Dawlowfki, uno de los jubilados más conocidos que marcha cada miércoles, es precisamente hincha del mismo club y este miércoles resultó herido por las fuerzas represivas.
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A los siete detenidos los acusaron de “atentado y resistencia a la autoridad”, lo que habitualmente hace el Estado para criminalizar la protesta social. Según afirmó en la noche del miércoles la abogada que tomó la defensa de los presos, en las próximas horas serían liberados, luego de pasar por los trámites judiciales de rigor y una revisación médica de rutina. Se encontraban detenidos la Comisaría Vecinal 4A, ubicada en Zavaleta 435.
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Desde la Asamblea Popular de San Martín, vecinas y vecinos de los detenidos exigieron “pronta e inmediata liberación” de todos ellos y denunciaron que “su detención fue dada de una forma totalmente violenta y arbitraria”. En un comunicado difundido en las redes sociales, dicen “¡No más presos por luchar!”
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También se pronunció al respecto Nahuel González, trabajador ferroviario de la Línea Mitre, vecino de San Martín y candidato a concejal del PTS-Frente de Izquierda para las elecciones del 7 de septiembre.
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Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, legisladora porteña (MC) del PTS-FITU y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) , se hizo presente en el reclamo de libertad para los detenidos y exigió el fin de la “impunidad para quienes reprimen salvajemente a jubiladxs, periodistas y todos los que los acompañamos solidariamente”.
⚠️Exigimos libertad inmediata a los detenidos en la represión a los jubiladxs que cada miércoles protestan contra el ajuste y ataques del Gobierno, junto a sectores solidarios que los y las acompañamos. https://t.co/va2kWlJaJU
— CeProDH (@ceprodh) July 30, 2025
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Hasta el momento quienes no se han pronunciado son las autoridades de Chacarita Juniors , pese a que ya viene siendo sistemático el ataque a hinchas del club por parte de las fuerzas represivas estatales. Además del regular hostigamiento al jubilado Carlos y de estas últimas detenciones, sigue en rehabilitación Jonathan Navarro, quien el 12 de marzo perdió la visión de su ojo izquierdo producto de una disparo de bala de goma efectuado por un miembro de Prefectura.
El caso de Navarro tuvo novedades esta semana, tras haber sido identificado el prefecto agresor gracias a un trabajo colectivo difundido por el Mapa de la Policía.
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¡Basta de represión!: tras más de veinte horas, liberaron a los siete detenidos frente al Congreso
31 de julio, por Repudio popular — Política, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Chacarita , Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Política, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Chacarita , Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, RepresiónEste miércoles nuevamente los gobiernos de Milei-Bullrich y de Jorge Macri desataron su furia represiva contra la marcha de jubilados. Hubo siete detenidos de forma irregular, varios de ellos hinchas de Chacarita que acompañaban a Carlos y otros jubilados. Organizaciones exigieron su inmediata libertad, que se consiguió más de veinte horas después de los hechos.
Cómo todas las semanas, este miércoles muchos jubilados y jubiladas se concentraron para protestar frente al Congreso en reclamo de sus derechos más básicos, bastardeados y atacados por el gobierno de Javier Milei. Y como también es costumbre, un megaoperativo con cientos de efectivos de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió brutalmente tanto a personas mayores, manifestantes solidarios y trabajadoras y trabajadores de prensa.
El saldo de detenidos en la jornada fue de siete personas. Se trata de Javier Mendoza, Agustín Cano, Leandro Maristan, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos y Hugo Eischler. Varios de ellos son vecinos del partido de San Martín e hinchas de Chacarita , que suelen concurrir al Congreso en solidaridad con el reclamo de las y los jubilados. Carlos Dawlowfki, uno de los jubilados más conocidos que marcha cada miércoles, es precisamente hincha del mismo club y este miércoles resultó herido por las fuerzas represivas.
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Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, legisladora porteña (MC) del PTS-FITU y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) , se hizo presente en el reclamo de libertad para los detenidos y exigió el fin de la “impunidad para quienes reprimen salvajemente a jubiladxs, periodistas y todos los que los acompañamos solidariamente”.
Liberaron a los detenidos en la represión de ayer a la ronda de jubilados, después de 20 horas. @jorgemacri y su Ministro de Seguridad siguen sin dar explicaciones de la violenta represión que incluyó provocadores y un policía con arma de fuego. https://t.co/cZy3rQsntm
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) July 31, 2025
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A los siete detenidos los acusaron de “atentado y resistencia a la autoridad”, lo que habitualmente hace el Estado para criminalizar la protesta social. Fueron alojados durante casi un día en la Comisaría Vecinal 4A, ubicada en Zavaleta 435.
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Desde la Asamblea Popular de San Martín, vecinas y vecinos de los detenidos exigieron “pronta e inmediata liberación” de todos ellos y denunciaron que “su detención fue dada de una forma totalmente violenta y arbitraria”. En un comunicado difundido en las redes sociales, dicen “¡No más presos por luchar!”
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También se pronunció al respecto Nahuel González, trabajador ferroviario de la Línea Mitre, vecino de San Martín y candidato a concejal del PTS-Frente de Izquierda para las elecciones del 7 de septiembre.
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Hasta el momento quienes no se han pronunciado son las autoridades de Chacarita Juniors , pese a que ya viene siendo sistemático el ataque a hinchas del club por parte de las fuerzas represivas estatales. Además del regular hostigamiento al jubilado Carlos y de estas últimas detenciones, sigue en rehabilitación Jonathan Navarro, quien el 12 de marzo perdió la visión de su ojo izquierdo producto de una disparo de bala de goma efectuado por un miembro de Prefectura.
El caso de Navarro tuvo novedades esta semana, tras haber sido identificado el prefecto agresor gracias a un trabajo colectivo difundido por el Mapa de la Policía.
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A un año de la brutal represión de Maduro contra sectores populares que denunciaron fraude
31 de julio, por Venezuela — Internacional, Libertades Democráticas, Nicolás Maduro, Represión en Venezuela, Fraude, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Política Venezuela, Elecciones Venezuela, María Corina Machado, Internacional, Libertades Democráticas, Nicolás Maduro, Represión en Venezuela, Fraude, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Política Venezuela, Elecciones Venezuela, María Corina MachadoDurante los días 29 y 30 de julio del 2024 en Venezuela se desataron grandes protestas en respuesta al fraude electoral para imponer la reelección de Maduro. En esos días el Gobierno pasó al ataque con su aparato represivo, principalmente en las zonas populares de la Gran Caracas y el resto del país, bajo la orden de “movilización permanente del pueblo, los militares y la policía”. Miles de personas fueron detenidas en esos días, la inmensa mayoría jóvenes, por muchos de los cuales aún seguimos luchando por su libertad.
Fueron días de violenta represión en aquellos días. Hasta esa fecha no se habían desatado represiones a esa escala en las grandes zonas populares. Con un gran componente espontáneo y popular las protestas que arrancaron el lunes 29 de julio a media mañana, parecieron tomar por sorpresa al gobierno de Maduro.
El silencio reinaba en la mañana de ese primer día post electoral en todo el país, no había ni celebraciones ni muestras de desaprobación, sin embargo, a media mañana el silencio daba paso a las cacerolas y pocas horas después a la concentración y movilización de miles de personas en distintas zonas del país, con gran predominancia de los sectores populares, principales víctimas de las políticas hambreadoras del gobierno de Maduro.
Lo que había anunciado el CNE pasada la media noche del domingo 28 de julio, en el que diera dando como ganador de los comicios electorales a Maduro por un 51,2% sobre su competidor más cercano, el candidato de la derecha Edmundo González, con un 44,2%, era a todas luces un fraude.
Te puede interesar: [Dossier] A un año del escandaloso fraude electoral del 28 de Julio con el que se impuso Maduro
Mientras ese día lunes el CNE acreditaba ganador a Nicolás Maduro de forma express, en el resto del país se realizaban grandes protestas por el fraude. El gobierno empezó reprimiendo en varias zonas de Caracas, en otras las fuerzas represivas fueron sobrepasadas por la masividad, quedado sin efecto el primer dispositivo represivo.
Es importante recordar que esas protestas en las zonas populares de Caracas hasta tomaran por sorpresa también a la ultraderechista María Corina Machado y su candidato Edmundo González, pues durante la noche del domingo habían declarado que no llamaban a la calle. Solo bien entrada la noche de ese lunes convocaron a una concentración, pero frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, tratando de canalizar y controlar el legítimo enojo de los votantes y, como ya hemos denunciado, usando el descontento popular como base de maniobra para lograr negociaciones por arriba. De allí el interés de este sector políticos con sus llamados a mantener el “orden” y evitar el desarrollo de la espontaneidad y protagonismo popular que se había desatado.
Si durante las horas del lunes el primer despliegue represivo no daba cuenta de la situación para contenerla, conforme avanzaban las horas de ese candente día post electoral, las fuerzas represivas del Estado se iban recomponiendo y se empezaron a ver mayores contingentes de efectivos militares y policiales hacia el centro de Caracas. Además, se sumaron las bandas parapoliciales habituales del gobierno, los mal llamados “colectivos”, que se pudieron ver disparando armas de fuego en medio de las protestas.
El contra ataque represivo y reaccionario del Gobierno
La represión paso al frente entre la madrugada de lunes a martes y a la noche del martes, cuando bajo un despliegue enorme de efectivos policiales y militares se empezaron a realizar detenciones en varias zonas del país, en muchos casos “casa por casa”, donde efectivos policiales entraron a la fuerza para llevarse a manifestantes de la jornada de protestas.
El martes 30 de julio frente al “balcón del pueblo” en Miraflores, Maduro declaraba “máxima unión y movilización permanente del pueblo, los militares y la policía”, a la vez que anunciaba la extensión para la aplicación VenApp en los teléfonos celulares, usada regularmente para reportar problemas sobre servicios básicos, para ser usada para denunciar a las personas que participaban en las protestas. Un gravísimo y ultrarreaccionario mecanismo para llamar al “sapeo” (delación) masivo, denunciando a cualquier persona que había salido a las calles.
Horas después de esa noche comenzaba un gran operativo con énfasis en las zonas populares de Caracas, donde se desplegó todo el poder represivo del gobierno nacional y del aparato de Estado.
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Petare: uno de los epicentros de las protestas en Caracas
La parroquia de Petare, uno de los sectores populares más grande de Latinoamérica, con más de 700 mil habitantes, fue uno de los epicentros en las protestas del lunes 29 de julio. La mañana siguiente de conocer los fraudulentos resultados del CNE, miles de habitantes bajaron de sus casas y se concentraron en La Redoma, el centro de la parroquia, para luego avanzar por la avenida Francisco de Miranda en dirección al centro de la ciudad. El hastío de las políticas antipopulares llevó a miles a salir a las calles.
#Petare #30jul En el barrio La Alcabala, durante protestas la div de Orden Público de PoliMiranda estaba dispersando a manifestante cuando delincuentes de la zona comenzaron a dispararles para evitar que ingresaran al sector. Comisiones del BAC de PoliMiranda llegaron en apoyo… pic.twitter.com/FQeaXvr9CG
— Roman Camacho (@RCamachoVzla) July 31, 2024
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Esto representó un desafío sobremanera al gobierno, que respondió luego con una oleada represiva mayor, una “revancha” para castigar la osadía en los sectores populares. Varios usuarios reportaron por las redes sociales la presencia de tanquetas, militares, policías y bandas parapoliciales entrando a los barrios en busca de operar el “casa por casa”, para llevarse detenidos a manifestantes y aplacar las protestas de una vez por todas.
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En algunas zonas populares se reportaron enfrentamientos a disparos entre efectivos policiales, los parapolicías y el hampa común, que respondió a la incursión. Y hay que recordar que esta zona específicamente viene siendo campo de batalla del gobierno nacional, con infinidad de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y abusos de las fuerzas represivas. El año anterior vecinos de la zona de José Félix Ribas denunciaron estos hechos.
Fueron miles de detenidos, y casi una veintena de muertos. Maduro llegó a hablar de 2.400 detenidos, exhibiendo su escala represiva para imponer terror. Más del 95% de presos y presas eran de sectores populares y la mayoría de las detenciones ocurrieron durante las protestas en los barrios los días 29 y 30 de julio, siendo casi todos jóvenes. Dentro de esos miles se contabilizaban en esos días 172 mujeres, 117 menores de edad, 14 indígenas, 16 personas con discapacidad y registra también más de 25 asesinatos.
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Desde la Izquierda Diario, y como LTS (que impulsamos este medio) fuimos testigos de niveles de represión estatal sin precedentes en un tiempo tan corto, con juicios sumarios en curso, detenciones en su mayoría de los sectores populares, trasladados a cárceles de máxima seguridad, incluidos adolescentes y personas con discapacidad. Maduro anunció la construcción de dos cárceles –en realidad nuevas instalaciones en las tradicionales cárceles de Tocuyito (Carabobo) y Tocorón (Aragua)–, “las cuales deberían estar listas en 15 días”, para todas estas personas señaladas como “terroristas”, delincuentes, traficantes, vándalos y más calificativos de los que siempre han sido estigmatizadas las personas de los grandes barrios pobres, de hogares humildes, de esos jóvenes que en cotidiano son víctimas de las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía.
A los detenidos no se les permitió contar con defensa privada, siendo impuesta en todos los casos la defensa pública que nunca operaba. Se incumplieron los lapsos procesales, lo que representa una abierta violación al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgado en libertad. Se les impidió comunicarse con sus familiares durante varios días, lo que convirtió sus detenciones en desapariciones forzadas, donde además los cuerpos represivos allanaron los hogares de los detenidos sin orden judicial previa, imágenes que todos hemos visto en videos de las víctimas o, peor aún, difundidos abiertamente por los propios cuerpos represivos, para reforzar la intimidación. Se les imputaron delitos como obstrucción de vías públicas, instigación al odio, pero sobre todo acusaciones como terrorismo y “traición a la patria”.
Es importante recalcar que son miles de los sectores populares los detenidos, en su mayoría jóvenes pobres, existiendo un carácter clasista y criminalizante de estas detenciones. Protestar no es un delito, ser pobre tampoco –es una condena de esta sociedad de clases–, decíamos en esos días. Era rostros invisibles y siguen siendo porque muchos aún siguen presos, sin nombres propios ni visibilización en las redes, con sus familias que no tenían ni tienen ni cómo movilizarse hacia las cárceles, ni garantías sobre si el plato de comida que les llevaban realmente se los hacían llegar. En muchos de los casos no les daban respuesta alguna sobre el estado de salud o del proceso judicial, no tienen dolientes entre la oposición proimperialista que se disputa el poder, a no ser sus propios familiares. La oposición de derecha liderada ahora por María Corina Machado (MCM) y todo su consorte de aliados, solo visibilizaba y visibiliza a sus propios casos, a los nombres más emblemáticos.
En esos momentos llamamos urgentemente a la más amplia unidad y acción de todos los sectores que se reivindican democráticos, de los derechos humanos, de organizaciones sindicales, de las organizaciones políticas que nos reivindicamos de la clase trabajadora y de los explotados, para enfrentar la represión imperante que golpeaba con más fuerza a los sectores populares y trabajadores. Ante el llamado, distintos movimientos nos pusimos en marcha en la preparación de una campaña unitaria nacional e internacional diciendo ¡Basta de represión!, y en particular, ¡Basta de represión al pueblo pobre! ¡Basta de asesinatos a manos de las fuerzas represivas, basta de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas! ¡Libertad de los presos por protestar!
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Aún hoy hay muchos presos de esas protestas por los que seguimos luchando por su libertad. Así lo hacemos junto a organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas de izquierda y activistas, junto al Comité de Madres en Defensa de la Verdad que sigue en la calle por la libertad de tanto joven aún detenido. También seguimos luchando por los que fueron siendo detenidos en meses posteriores y durante todo este año, por todos ellos seguimos diciendo, basta de represión y libertad inmediata ya a todos los presos por protestar, a todos los presos por razones políticas.
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Alrededor de 40 heridos y 7 detenidos en la movilización
30 de julio, por Jubilados — Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Jubiladas y jubilados, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Represión, Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Jubiladas y jubilados, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, RepresiónAsí fue informado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Posta de Salud y Cuidados que acompañaron como todos los miércoles el reclamo de los jubilados.
En la jornada de hoy estuvieron presentes integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Posta de Salud y Cuidados, que acompañaron como todos los miércoles el reclamo de los jubilados.
La jornada la protagonizaron las y los jubilados que reclaman por sus derechos como todos los miércoles. Esta vez el operativo estuvo a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, descargó la represión contra jubiladas, jubilados y quienes los acompañan, como jóvenes solidarios, como así también los trabajadores de prensa, que nuevamente fueron especialmente atacados por las fuerzas de seguridad apuntando directamente y a pocos metros de distancia, como fue el caso de Nicolás Munafó, periodista de C5N.
Repudiamos la represión criminal contra los jubilados. Nuestra solidaridad con @nicolasmunafo de @C5N que todos los miércoles está en la plaza.
"Cuando la gente pierde un ojo dicen que actuaron de acuerdo al protocolo", dice al final y tiene razón. Actúan con total impunidad. pic.twitter.com/6sSIXLxSW8
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 30, 2025
Desde el CeProDH además denunciaron que hay 7 detenidos de quienes exigimos su inmediata libertad.
El video que muestra cómo actúan las fuerzas de seguridad. Basta de represión. Libertad a los detenidos. pic.twitter.com/z6yeZWSJTp
— Myriam Bregman (@myriambregman) July 30, 2025
A continuación reproducimos el informe elaborado por estas instituciones que siguieron de cerca la situación:
Comunicado de la Posta de Salud y Cuidado y el CEPRODH
Se encontraron con un operativo coordinado desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sobre la cual es responsable el ministro Horacio Alberto Giménez y Jorge Macri, en el que intervino la Policía de la Ciudad. Se encontraba la policía motorizada sobre Rodriguez Peña y había dos camiones hidrantes; uno durante el inicio de la concentración estaba ubicado entre Av. Yrigoyen y Entre Ríos, estacionado sobre Yrigoyen, preparado para intervenir. Durante la manifestación el mismo hidrante se movió a la par de los manifestantes hasta llegar a la Av. de Mayo donde amenazaba con reprimir.
Estaban preparados para tirar balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta y con Armas Byrna, además de acorralar, reprimir manifestantes en la vereda, y cortando con un cordón policial la Av. Rivadavia. Al final de la movilización, subieron a la plaza de los dos Congresos para amedrentar a quienes se manifestaban de manera solidaria.
Desde la Posta de Salud y Cuidados hemos atendido alrededor de 40 personas, afectados por los gases, que les provocaron quemaduras en la piel e irritación ocular. Entre ellos se encuentran jubilados, personas discapacitadas y trabajadores de prensa, además de manifestantes solidarios. Se realizó limpieza de gas pimienta en rostro, ojos, cuello, tórax y miembros superiores. Se realizó atención por irritación ocular, golpes en extremidades (piernas y brazos), gases que afectaron las mucosas y gases que fueron directamente a los ojos. Se proporcionó atención sanitaria a una jubilada de 56 años con un corte de en la cabeza por un palazo de la policía y luxación de una muñeca, y a un jubilado que fue golpeado brutalmente, que se le realizó un vendaje de las heridas por ser un paciente anticoagulado. Además de situaciones de angustia por el equipo de salud mental de La Posta.
CONTACTOS:
Alejandrina Barry (Legisladora porteña MC): 11-5834-2351
Santiag Gutierrez (estudiante de medicina de la Posta de Salud y Cuidados):
Franco “Paco” Capone (Médico residente de la Posta de Salud y Cuidados): 11-3628-8264Foto: Enfoque Rojo
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Terminó el primer seminario "Derechos en Disputa" impulsado por el CeProDH
29 de julio, por UNLP — Universidad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Derecho, Derecho a huelga, Reformas laborales, Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Derechos laborales, dnu, Ley Bases, Rigi, Universidad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Derecho, Derecho a huelga, Reformas laborales, Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Derechos laborales, dnu, Ley Bases, RigiEste seminario, una iniciativa del CeProDH en la Facultad de Derecho desarrollada junto docentes de la UNLP y especialistas invitados, permitió debatir y poner los conocimientos al servicio de la resistencia contra el ajuste y las reformas impulsadas por el gobierno de Milei.
Durante el primer cuatrimestre del 2025, desde el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) impulsamos el seminario: “Derechos en Disputa - Ofensiva sobre los derechos conquistados: Reformas, Resistencia y Ejercicio Profesional”, en la Facultad de Derecho de la UNLP, en articulación con docentes de la facultad y diversos especialistas.
El seminario nace como respuesta a un escenario político y social marcado por el avance de reformas regresivas del gobierno de Javier Milei, y como parte de un proceso más amplio de resistencia en las calles. Entre estas reformas se destacan el ataque al derecho a la protesta, a los derechos laborales, el desmantelamiento de áreas del Estado, la promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el desfinanciamiento de la salud y las universidades, entre otras.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>
En las universidades públicas, el rechazo a estas medidas tomó forma en un importante proceso de organización y lucha, con hitos como las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre, y una masiva oleada de tomas en más de 90 facultades de todo el país tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, ese proceso se expresó en la toma del edificio el 16 de octubre y en la posterior organización de comisiones de clases públicas y difusión. Allí se sostuvo el dictado de clases junto con actividades de fuerte contenido crítico frente a las reformas del gobierno; se recuperaron experiencias del movimiento estudiantil de los años 70 y 90, y durante varias semanas se organizaron clases públicas todos los días, impulsadas principalmente por docentes y acompañadas por estudiantes que nos agrupamos en un espacio con más de 100 integrantes, saliendo a las calles para defender la universidad y visibilizar los reclamos.
Desde el CeProDH, en diálogo con varios de esos docentes que impulsaron clases públicas, propusimos realizar un seminario para analizar colectivamente las reformas normativas impulsadas por el gobierno, abordarlas desde una mirada crítica y profunda, y reflexionar sobre las herramientas con las que contamos como abogados y estudiantes para aportar a la defensa de nuestros derechos.
A un año de Milei: Las reformas regresivas bajo estudio. Herramientas para combatirlas.
Durante el seminario, analizamos el DNU 70/2023, el protocolo represivo contra la protesta, la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), entre otras normas que expresan una profunda transformación regresiva del orden jurídico vigente. Abordamos el impacto de estas reformas en relación al derecho a la protesta, el derecho al ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos, las niñeces y adolescencias, etc.
Pero no solo analizamos los textos normativos, sino que buscamos comprender a qué intereses responden, qué consecuencias tienen en la vida concreta de los sectores populares y qué estrategias colectivas pueden desplegarse desde el campo del derecho para resistirlos. De esta manera, se llegó a la conclusión de que estas reformas son parte del intento de reorganizar nuestro país al servicio del capital financiero internacional, atacando derechos de los trabajadores y el pueblo, y alineado con los intereses de los países imperialistas.
Todo el Seminario fue un trabajo colectivo: contamos con abogados, trabajadores sociales, y economistas, docentes de la Derecho Social, Derecho Agrario, Sociología Jurídica, Economistas, Trabajadores de Shell y del Astillero Río Santiago, además de compañeras/os del CeProDH, con experiencia en distintas luchas, de fábricas recuperadas, juicios de lesa humanidad, peleas por la reincorporación de trabajadores despedidos, etc.
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Uno de los ejes transversales fue la discusión sobre el rol del ejercicio profesional del derecho en el contexto actual, interrogando la tensión entre legalidad y legitimidad. Se hizo hincapié en el aporte que pueden hacer los y las abogadas con formación crítica a las luchas sociales en curso, compartiendo la experiencia en la defensa de personas detenidas en manifestaciones, la intervención en conflictos laborales, la participación en fábricas recuperadas como Zanon y Madygraf, y el rol de los organismos de derechos humanos en la denuncia de la represión estatal y los juicios de lesa humanidad.
Compartimos una de las clases grabadas subidas al canal de Youtube del Seminario:
Nuestros conocimientos y formación al servicio de la lucha de los trabajadores.
Este seminario fue una experiencia colectiva profundamente formativa, donde estudiantes, docentes y profesionales nos encontramos para pensar, estudiar y discutir el derecho desde una perspectiva crítica, con el objetivo claro de aportar a las resistencias que se están construyendo frente al ajuste del gobierno. Una de las cosas más destacables fue la gran avidez de los estudiantes, y una inquietud por conocer cómo actuar desde la profesión ante las últimas reformas laborales. Esto se mostró en su predisposición a investigar sobre el impacto en el derecho a la protesta y los derechos laborales, y también sobre el RIGI y cómo repercute en el ambiente y la soberanía.
Creemos que la formación crítica y disputar en el terreno jurídico es una tarea imprescindible. Esta propuesta ideológica, jurídica y política, pensada al servicio de la lucha de clases, de la defensa de lo conquistado para fortalecer la organización y las luchas obreras y populares, se realizó en un contexto en que se busca arrasar con derechos básicos para consolidar un modelo profundamente regresivo.
El derecho no puede pensarse como una técnica neutral. Por eso, la formación jurídica crítica debe estar al servicio de las peleas del pueblo para aportar, desde el lugar que nos toca, a la imaginación y a la innovación desde abajo y al calor de las luchas que se nos plantean en el presente y el futuro, apostando a la construcción de otro tipo de sociedad.
Esta experiencia no termina en este cuatrimestre. Es solo el comienzo para generar nuevas elaboraciones en diversas disciplinas que combatan las reformas que pretenden transformar el país a medida del capital financiero y atar su destino a la política de EEUU, debatiendo en conjunto con docentes y sumando la experiencia de luchadores. Algo fundamental para fortalecer las luchas en curso. Por eso, durante el segundo cuatrimestre impulsaremos un ciclo de charlas debate “Derechos en Disputa” y en 2026 volveremos a realizar el seminario en la Facultad de Derecho de la UNLP. Este ejercicio de análisis, estudio y debate que comenzamos a hacer desde el derecho, es un ejemplo que queremos replicar en otras disciplinas, facultades y universidades para organizarnos y pelear contra el ajuste.