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“Contarlo todo”: el valor de los testimonios
16 de septiembre, por La Noche de los Lápices — Edición Argentina, Historia, Libertades Democráticas, La Noche de los Lápices, Jorge Julio López, Adriana Calvo, Historia del movimiento estudiantil , Historia, Edición Argentina, Historia, Libertades Democráticas, La Noche de los Lápices, Jorge Julio López, Adriana Calvo, Historia del movimiento estudiantil , Historia
El recuerdo de los estudiantes platenses sigue vivo. Los testimonios de sobrevivientes y familiares impidieron que se enterrara el sentido revolucionario de toda una generación. Seguimos luchando por la verdad y la justicia.
No estamos hablando del pasado, sino del presente. Porque estos señores que están acá, que seguramente son muy mayores y no les quedan muchos años de vida, están aplicando la herramienta de tortura más fuerte con la que cuentan ahora: el silencio. Cada día que no hablan, que no cuentan qué hicieron con todas esas personas que hoy faltan, todo esto no es pasado, sino presente.
Testimonio de Emilce Moler sobreviviente de la “Noche de los Lápices”, ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en 2011 en la causa “Circuito Camps”.
Desde hace varios años, el 16 de septiembre se recuerda como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Detrás de la institucionalización de esta fecha se inscribe la memoria de una persecución política y de clase. Entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976, las Fuerzas Armadas llevaron adelante una serie de operativos represivos en La Plata, irrumpieron en los hogares de un grupo de estudiantes para eliminar lo que la Junta militar catalogaba como “potencial subversivo en el ámbito estudiantil secundario”, un eufemismo para disciplinar a una juventud comprometida con la lucha política y social.
El operativo, planificado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y ejecutado por la Policía bonaerense bajo el mando de Ramón Camps, fue bautizado por los propios represores como “La Noche de los Lápices”. En esos días fueron secuestrados María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Emilce Moler, Daniel Alberto Racero, Horacio Ángel Ungaro, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Pablo Díaz. A todos ellos los trasladaron a distintos centros clandestinos de detención, como los Pozos de Arana, Banfield y Quilmes. Falcone, De Acha, Ciocchini, López Muntaner, Racero y Ungaro continúan desaparecidos. Todavía hoy nadie sabe dónde están.
Estudiantes de “La Noche de los Lápices” detenidos y desaparecidos por la última dictadura argentina. La militancia estudiantil formaba parte de un proceso de politización extendido por todo el país que se remontaba a los años sesenta. El dictador Onganía había imaginado que bastaba con los “bastones largos” y decretar la intervención de las facultades para imponer el orden en los claustros: un completo “error de cálculo”. Poco después, el Cordobazo consolidó la efervescencia de la lucha callejera y selló una alianza clave entre el movimiento obrero y el estudiantil. En este escenario, influenciado por el impacto de la Revolución cubana y el rechazo al golpe chileno de Pinochet de 1973, el antiimperialismo se transformó en la bandera de amplios sectores juveniles que abrazaron la militancia y se organizaron en distintas corrientes políticas.
El boleto estudiantil en La Plata no era entonces un reclamo aislado, era parte de los conflictos que atravesaban a la juventud organizada y a la clase obrera en esa ciudad. En la capital bonaerense, el peso de las organizaciones estudiantiles y de los movimientos políticos fue significativo por ser la capital de la provincia, a la fuerte concentración obrera estatal y fabril (en zonas como Berisso y Ensenada) y a su condición de ciudad universitaria. Desde 1974, las bandas fascistas de la Triple A y parapoliciales de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) actuaban allí con total libertad en conexión con patotas sindicales peronistas y bajo el amparo de sectores judiciales y policiales. Se estima que hubo alrededor de 1200 personas detenidas-desaparecidas en la ciudad.
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“Contarlo todo”
Los sobrevivientes relataron cómo el régimen utilizó el cautiverio para sembrar el miedo a través de sus cuerpos. En el caso de “La Noche de los Lápices”, sus voces testimoniales fueron un pilar para restituir la identidad política de los estudiantes, reconstruir el funcionamiento del llamado “Circuito Camps” y lograr la condena a prisión perpetua de represores y genocidas como Miguel Etchecolatz.
Sobrvivientes de la “Noche de los Lápices”: Pablo Díaz y Emilce Moler. A lo largo de todos los juicios, ya sea de forma directa o desde el exilio, declararon, en casi una veintena de miles de comparecencias, más de diez mil testigos y sobrevivientes. Solo en el Juicio a las Juntas de 1985 se presentaron más de 800 testigos. Este proceso, sin embargo, no fue un camino lineal. Romper el ocultamiento y la impunidad pactada entre los militares y el sistema político (como la Multipartidaria) y la cúpula eclesiástica tomó años de lucha, en los que el movimiento de derechos humanos y las organizaciones de izquierda sostuvieron la pelea por demostrar las raíces del terrorismo de Estado frente a las políticas de los sucesivos gobiernos desde 1983.
Superar el temor, la sospecha de culpabilidad y enfrentar la deslegitimación social implicó para sobrevivientes, militantes y familiares sostener una profunda decisión política con la verdad. Pilar Calveiro suele recordar en sus escritos que el sobreviviente muchas veces se preguntó por qué subsistió, cuando las razones para ingresar o salir de un centro de detención pertenecían a una lógica concentracionaria ajena al sujeto.
Los testimonios y declaraciones resultaron claves para constatar la existencia de los centros clandestinos de detención: “La descripción del lugar, yo creo, y le digo a la Cámara que si me dejan entrar vendado y atado a la Brigada de Investigaciones de Banfield, al segundo piso, puedo caminar tranquilamente”, declaraba Pablo Díaz en el Juicio a las Juntas de 1985. “Ir hasta los baños, que no hay ningún inconveniente, yo me presto para eso, pero vendado” . Relatos precisos como este permitieron identificar también a los secuestrados, probar las torturas y demostrar, mediante datos, secuencias y lugares concretos, la existencia de un plan sistemático de terror estatal.
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Y aún cuando las pruebas llegan pero no bastan para quebrar el laberinto judicial diseñado para garantizar la impunidad de los genocidas, persistir en su compromiso con la verdad. Las demoras crónicas de las causas, las prisiones domiciliarias y los sobreseimientos conviven con el blindaje total a los beneficiarios económicos del golpe. Solo cinco empresarios se sentaron en el banquillo judicial: Marcos Levin (La Veloz del Norte), dos exdirectivos de Ford, condenados recién en 2018, y dos de Acindar, finalmente absueltos. Sin mencionar los favores políticos que protegieron a Juan Tasselkraut (el gerente de Mercedes-Benz que entregaba delegados), hasta la garantía de impunidad con la que murió Carlos Pedro Blaquier, dueño y acusado por “La Noche del Apagón” en Jujuy, en el que fueron secuestradas unas 400 personas, procesado en 2012 sin haber pasado jamás por una celda común.
Al recordar lo sucedido, las declaraciones develaron las llamadas “tecnologías” del genocidio: el anonimato y los entierros como NN en cementerios y tumbas clandestinas, pensados para asegurar el olvido. Como señala el sociólogo Emilio Crenzel, “los sobrevivientes de los centros clandestinos reunían la doble condición de testigos y de sufrientes de las vejaciones. Todos eran su propia voz, pero también quienes podían rescatar a otros de la muerte anónima”. Sin este aporte, muchas de las víctimas seguirían en la desaparición completa.
Dar testimonio no fue la única acción de los sobrevivientes. También encararon el trabajo militante de recolectar datos para identificar a los represores y llevarlos al banquillo de los acusados. Lo hicieron enfrentando hostigamientos y procesos judiciales que los obligaban a una revictimización constante, debido a que los juicios avanzan de manera lenta, fragmentada y “a cuentagotas”.
Sin confundir la memoria subjetiva con la “verdad” histórica, los testimonios contribuyeron a restituir la dimensión política de la última dictadura. Se convirtieron, no sin contradicciones, en herramientas para comprender qué sucedió, por qué sucedió y cómo pudo sostenerse el golpe de marzo de 1976. Imposible olvidar el testimonio de Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, en el Juicio de 1985. Su declaración tiró por tierra la palabra “excesos”, ese concepto con el que los abogados defensores intentaron atenuar las penas de los genocidas y que hoy reciclan los discursos negacionistas para reflotar la vieja teoría de la “guerra sucia”.
Adriana Calvo, en el Juicio de Juntas de 1985. Imposible no mencionar a Jorge Julio López. Años después de su declaración en los Juicios por la Verdad, regresó a los tribunales con un objetivo claro: desarmar la impunidad. Su valiente testimonio le puso nombres y apellidos a los ejecutores del terrorismo de Estado. Sin embargo, su segunda desaparición en septiembre de 2006 se transformó en un violento recordatorio de cómo continuaba operando la Policía Bonaerense en la postdictadura. Convertido en el “desaparecido en democracia”: a dos décadas de su secuestro, la causa judicial sigue sin tener un solo imputado.
Testimonios. Jorge Julio López, 2006. Las voces de los sobrevivientes revelaron que los desaparecidos eran, ante todo, militantes sociales, estudiantiles y políticos. Evidenciaron el objetivo estratégico de los grupos dominantes del país: disciplinar la emergencia de la clase obrera, derrotar a una clase radicalizada, a través de lo que el sociólogo Daniel Feierstein llamó una “práctica social genocida”, para desarticular los lazos de solidaridad y reorganizar la sociedad a través del terror. Por eso sus testimonios impidieron también que se enterrara el sentido revolucionario de toda una generación.
Seguimos en las calles
El negacionismo actual del gobierno de Javier Milei inventa “terroristas disfrazados de estudiantes, periodistas, profesores e investigadores” para estigmatizar y criminalizar la organización y resistencia colectiva. No se trata de una simple “batalla cultural” ni de una retórica que sólo evoca los tiempos del terror sino que es parte del engranaje para legitimar el programa económico de “miseria planificada”, tal como escribía Rodolfo Walsh.
A cincuenta años de la “Noche de los Lápices”, el homenaje pertenece a los estudiantes platenses y a todos quienes con su testimonio y compromiso con la verdad abrieron grietas en el cerco de la impunidad. Se trata de disputar su memoria en las calles y transformarla en una herramienta de combate, no solo para enfrentar al gobierno actual sino también para seguir peleando por la verdad y el castigo a los genocidas. Como no se cansaba de denunciar Nora Cortiñas, la exigencia por la apertura completa de los archivos y de la información para conocer el destino de los 30.000 detenidos-desaparecidos no era un asunto del pasado, sigue siendo una demanda política abierta y pendiente.
Marcha estudiantil, “Los lápices siguen escribiendo”.
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Leandro Santoro presentó homenaje a Gelblung donde reivindica su rol en la revista Gente en 1976
15 de septiembre, por Legislatura porteña — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , Chiche Gelblung, Alejandrina Barry, Dictadura, medios y fotografía, Leandro Santoro, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , Chiche Gelblung, Alejandrina Barry, Dictadura, medios y fotografía, Leandro Santoro
El legislador porteño del bloque Es Ahora Buenos Aires (peronismo) presentó un proyecto para que la Legislatura porteña exprese su “profundo pesar” por la muerte del periodista Samuel “Chiche” Gelblung. En sus fundamentos, asegura que estando al frente de la revista Gente en 1976 “revolucionó la forma de presentar las noticias al público masivo: introdujo titulares de alto impacto”.
A partir del fallecimiento del periodista Chiche Gelblung, se desarrollaron fuertes debates en las redes sociales y otros medios de comunicación sobre su rol como comunicador, especialmente por su rol como vocero de la campaña ideológica que llevaron adelante distintos medios y periodisticos durante la última dictadura cívico militar en el país. Mientras transcurrían las discusiones, el legislador porteño Leandro Santoro presentó un proyecto de Declaración donde reivindica a Gelblun. Se trata del expediente 2772-D-2026 que se encuentra al finalizar esta nota y al que se puede acceder públicamente en el sitio web de la Legislatura aquí.
Presentación de Leandro Santoro: Pesar por el fallecimiento del Sr. Samuel "Chiche" Gelblung Presentación de Leandro Santoro: Pesar por el fallecimiento del Sr. Samuel "Chiche" Gelblung Te puede interesar: Barry contra los homenajes a Gelblung: “No se puede reivindicar a la pata civil del genocidio”
El texto de la declaración, además de condolencias, construye una reivindicación de la trayectoria del periodista. Lo define como una de las figuras “más influyentes, complejas y trascendentes” de la historia de los medios argentinos y sostiene que su partida deja “un vacío difícil de llenar en el periodismo argentino y en la memoria cultural de nuestra Ciudad”.
Para crear ese relato, la descripción omite información de público conocimiento empezando por el rol de la revista Gente y otras del grupo Atlántida como herramientas de propaganda política e ideológica de la dictadura, hecho del cual fueron parte distintos periodistas durante ese período, historia muy estudiada en las carreras de Comunicación y Periodismo en las universidades públicas hasta el día de hoy.
La frase más contundente del proyecto es también la más difícil de conciliar con la historia de las víctimas de aquella dictadura:
“Su trayectoria adquirió dimensión nacional al incorporarse a la emblemática revista Gente, de la histórica Editorial Atlántida, de la que llegaría a ser Director Ejecutivo en 1976. Al frente de esa publicación revolucionó la forma de presentar las noticias al público masivo: introdujo titulares de alto impacto, una estética visual dinámica con protagonismo de la fotografía y una agenda que combinaba con habilidad la actualidad política y social con el espectáculo, las tendencias culturales y las historias de vida de personas comunes”.
Así, 1976 —el año del golpe de Estado— aparece presentado como un momento de consagración profesional. No hay una sola referencia al terrorismo de Estado, a la censura, a a la prohibición de libros, a cómo muchas revistas y diarios debían pasar por la aprobación del gobierno dictatorial antes de ser publicados, tampoco se cuenta sobre la colaboración de sectores de la prensa con la dictadura (dueños de los medios o personal civil como lo fue Gelblung).
Gelblung fue Jefe de Redacción en Gente entre 1976 y 1978, el periodo que elogia Santoro. En diciembre de 1977 y enero de 1978, las revistas de Editorial Atlántida Somos, Gente y Para Ti participaron de una campaña que utilizó la imagen de una niña de apenas tres años para presentar falsamente la historia de sus padres asesinados por las fuerzas represivas. La operación buscaba instalar la idea de que eran “terroristas” que habían abandonado a su hija, ocultando que habían sido asesinados en el marco del Plan Cóndor y que la niña había quedado en poder de las fuerzas militares. Se trata de la historia de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y ex legisladora del PTS/FIT, bien retratada en el documental sobre su caso "La construcción del enemigo" donde se desarrolla también el rol que cumplieron los medios en la vida de los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos.
Ya debatimos sobre los homenajes a Chiche Gelbung pero esto me llena aún más indignación. @SantoroLeandro presentó un proyecto de pesar donde lo reivindica por su rol periodístico en la Revista Gente a partir de 1976, destaca entre sus logros que introdujo titulares de alto… pic.twitter.com/vZmzhBhL44
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) September 15, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El contraste con lo que ocurrió en las páginas de Gente no podría ser mayor.
En Gente, la campaña apareció el 5 de enero de 1978 bajo el título “Esto también es terrorismo. Alejandra está sola”. La revista presentaba a la niña como víctima de sus propios padres y no del terrorismo de Estado. La publicación formaba parte de una operación articulada entre las distintas revistas de Atlántida. Parte de esa operación incluyó el cambio de nombre. La dictadura la llamaba Alejandra y no Alejandrina.
Alejandrina Barry con 3 años en la publicación de Gente a cargo de Chiche Gelblung Ella tenía apenas tres años cuando sus padres, Susana Mata y Juan Alejandro Barry, militantes de Montoneros, fueron asesinados en Uruguay en diciembre de 1977. Así lo cuenta ella:
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En la historia de Gente durante la dictadura no hubo “titulares de alto impacto”, fotografías y entretenimiento. Hubo una mayoría de la prensa que acompañó y legitimó al régimen, que reprodujo sus operaciones de propaganda y que presentó como victimarios a quienes habían sido asesinados por el terrorismo de Estado. El accionar de Santoro, da vergüenza. Porque en medio de un relato prodictadura y negacionista del genocidio impulsado desde lo mas alto del poder político del país se lo debe enfrentar con dureza levantando en alto la Memoria, Verdad y Justicia.
Proyecto presentado por Leandro Santoro en la Legislatura porteña:
Chiche Gelblung y Leandro Santoro
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Rechazo al juicio oral contra manifestantes de la revuelta de 2023
14 de septiembre, por Jujuy — Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Violencia institucional, Gerardo Morales, Jujuy, Reforma constitucional Jujuy, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Violencia institucional, Gerardo Morales, Jujuy, Reforma constitucional Jujuy
Esta mañana se realizó una conferencia de prensa que repudió la persecución penal a 19 manifestantes por los hechos acontecidos en junio de 2023 en inmediaciones de la Legislatura de Jujuy, cuando la UCR en alianza con sectores del PJ aprobaron la reforma constituyente pedida por el ex gobernador Morales. Pese al masivo repudio expresado y la feroz represión desatada por el Estado -con cientos de personas detenidas y dejando decenas gravemente heridas- pretenden enjuiciar y condenar a 19 manifestantes. La conferencia se realizó en la sede sindical de Adiunju, tuvo la palabra de algunos de los criminalizados y contó con la presencia de referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas.
La fecha de inicio del juicio oral fue definida recientemente, previéndose para el día 26 de octubre a las 8.30 horas, con un mínimo de diez días de audiencias consecutivos ya previstos. Los jueces que conformarán el tribunal son Ana Carolina Pérez Rojas como presidenta de trámite y Felicia Ester Barrios y Alejandro Máximo Gloss como vocales.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Las defensas y los imputados se encargaron de denunciar las irregularidades que sucedieron durante la etapa de investigación -por ej. la negativa a pruebas ofrecidas- y alrededor de los fundamentos de la acusación realizada por el fiscal Funes. Entre las pruebas denegadas se encuentra un informe realizado por la misión de Derechos Humanos que durante el año 2023 viajó a Jujuy y realizó un relevamiento sobre condiciones de represión, detención, que indagó casos de violencia institucional y diversos vejámenes cometidos por el Estado, documento que fue firmado por Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes del arco político y social.
Estuvimos con @vilcalejandro en la Conferencia de Prensa en rechazo a la elevación a juicio oral a 19 manifestantes de la lucha contra la reforma de la constitución en el 2023.
Sadir criminaliza la protesta a pedido de Milei. Sin embargo, no la tiene muy fácil. Hay resistencia. pic.twitter.com/bS5ipN1vJS
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) September 15, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Consultados a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), refirieron que elaboraron un comunicado en el día de la fecha, que reproducimos:
"Quienes ejercemos la defensa del docente universitario de la UNJu Iván Blacutt, denunciamos la persistencia y profundización de la política de criminalización de la protesta en la provincia de Jujuy.
Las causas judiciales incoadas contra Blacutt y diversos dirigentes sociales, sindicales, docentes y de comunidades originarias constituyen una grave embestida anti-democrática que tiene su origen en la reforma (constitucional impulsada por Gerardo Morales en 2023. Dicha reforma, rechazada masivamente en las calles y aprobada de espaldas al pueblo tuvo como objetivo central cercenar el derecho a huelga, a la manifestación pública y despojar de sus territorios a los pueblos originarios para garantizar el saqueo de nuestros bienes comunes.
Hoy, bajo la continuidad política del gobernador Carlos Sadir, encontramos sintonía con las políticas de ajuste y entrega del gobierno nacional de Javier Milei. A nivel judicial, el Ministerio Público de la Acusación actúa como brazo ejecutor de la criminalización de un derecho (la protesta social). La ecuación es clara: el ajuste, las políticas extractivistas y la entrega de recursos no pasan sin represión ni amedrentamiento a quienes resisten.
El reciente y violento desalojo a las familias de la comunidad indígena de Santa Rosa en Humahuaca evidencia este esquema: se despoja a las comunidades de sus tierras ancestrales para ponerlas a disposición de negocios concentrados, reprimiendo a quienes defienden la tierra y el agua.
Como abogados y defensores de derechos humanos, sostenemos que luchar y manifestarse no es un delito. Ante legítimos reclamos de docentes, jubiladxs, trabajadores y comunidades originarias el Estado responde con represión y armado de causas. Recordemos que el ex procurador del MPA Lello Sánchez está imputado por peculado a la administración pública por decenas de hechos, además de otros funcionarios compr ometidos por hechos de corrupción y abusos de autoridad.
Reclamamos el cese inmediato de la persecución penal desprocesamiento de Iván Blacutt y de todxs lxs activistas y referentes imputados. Basta de desalojos a las comunidades originarias. Desmantelamiento del aparato represivo y punitivo montado a partir de la reforma (in)constitucional. Juicio y castigo a los responsables de la violencia institucional contra los manifestantes.
Nos sumaremos este sábado a la marcha de la bronca para expresar en las calles el rechazo a las represalias contra quienes se movilizaron masivamente en 2023."
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Barry contra los homenajes a Gelblung: “No se puede reivindicar a la pata civil del genocidio”
11 de septiembre, por Sigue el debate — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Impunidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Chiche Gelblung, Alejandrina Barry, Editorial Atlántida, Dictadura, medios y fotografía, Juan Grabois, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Impunidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Chiche Gelblung, Alejandrina Barry, Editorial Atlántida, Dictadura, medios y fotografía, Juan Grabois
Tras los homenajes que recibió Chiche Gelblung de dirigentes que se reivindican populares y progresistas, Alejandrina Barry volvió a denunciar su responsabilidad en la operación de propaganda que sufrió cuando tenía tres años y permanecía secuestrada por la dictadura. En una entrevista con Diagonales cuestionó que por “cálculos electorales” se reivindique a quienes fueron parte del aparato civil del genocidio y llamó a transformar la bronca en organización y movilización, de cara a la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre.
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y legisladora porteña (MC) del PTS/FIT volvió a poner sobre la mesa el rol de los grandes medios de comunicación durante la última dictadura y, particularmente, la responsabilidad de Chiche Gelblung en una operación de propaganda que la tuvo como protagonista involuntaria cuando apenas tenía tres años.
En 1977, sus padres, Susana Beatriz Mata y Juan Alejandro Barry, fueron asesinados en Uruguay durante un operativo conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas. Alejandrina fue secuestrada y trasladada clandestinamente, mientras que posteriormente su imagen fue utilizada por publicaciones de la Editorial Atlántida para construir una versión que ocultara el crimen de sus padres y responsabilizara a los propios militantes por la situación de la niña.
En la entrevista con Diagonales, Alejandrina volvió a reconstruir aquella operación: “A mí me secuestran, junto con otras nenas, y arman una operación de prensa”. Las revistas Gente, Somos y Para Ti publicaron materiales que buscaban instalar ante la sociedad una determinada interpretación sobre su historia, mientras ella permanecía en poder de los represores. Para Alejandrina, aquello no puede ser presentado como una simple cobertura periodística ni como una posición editorial discutible: formaba parte de una política de propaganda destinada a legitimar el accionar de la dictadura y ocultar sus crímenes.
“Chiche Gelblung como jefe de redacción y subdirector fue un colaborador directo de la dictadura”.
La denuncia apunta especialmente al periodista, que por entonces dirigía la revista Gente. Pero Alejandrina insiste en que el problema no termina en una responsabilidad individual. “Los militares llevaron adelante los planes de los grandes empresarios y los medios con la acción psicológica”, sostuvo. De esta manera, la discusión sobre Gelblung permite volver a mirar la participación de sectores civiles, empresarios y medios de comunicación en la construcción del consenso necesario para intentar legitimar el terrorismo de Estado.
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La dirigente también puso el foco en el carácter sistemático de aquella maquinaria. La propaganda no solamente buscaba ocultar los secuestros, asesinatos y desapariciones, sino también construir una explicación que justificara el accionar de los represores. En su caso, el objetivo fue particularmente brutal: presentar a una niña secuestrada como víctima de sus propios padres. Por eso Alejandrina sostiene que la responsabilidad de los medios debe ser discutida junto con la de quienes ejecutaron materialmente los crímenes.
“Los civiles de la dictadura no se los quiere tocar, los medios de comunicación son esa pata”
La discusión volvió a cobrar fuerza después de la muerte de Gelblung y de los homenajes que recibió desde distintos sectores políticos. El caso que más claramente abrió la polémica fue el de Juan Grabois, quien lo despidió reivindicándolo como un “ícono de la cultura popular” y destacando que había estado “siempre firme junto al pueblo”. Alejandrina cuestionó públicamente esa mirada y, en la entrevista, amplió la crítica hacia sectores que se presentan como progresistas o populares pero que, según plantea, terminan relativizando el pasado de figuras vinculadas a la dictadura.
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periodista, ni de desconocer toda su trayectoria posterior. El punto de fondo es qué ocurre cuando se separa deliberadamente esa trayectoria de su actuación durante el terrorismo de Estado. Y allí aparece uno de los cuestionamientos políticos más fuertes de la entrevista: “Por cálculos electorales, para suavizarse o caerle mejor a la derecha, no se puede empezar a reivindicar a la pata civil del genocidio”.
La frase apunta directamente a un problema que excede a Gelblung y a los homenajes que recibió. ¿Qué ocurre cuando sectores que históricamente se presentan como defensores de los derechos humanos empiezan a incorporar a su propio relato político a figuras que tuvieron responsabilidades o vínculos con la dictadura? Para Alejandrina, esa operación no es inocente: implica desdibujar las responsabilidades de quienes, desde los medios y el poder económico, colaboraron con la maquinaria represiva.
La propia causa judicial impulsada por Barry junto a su abogada Myriam Bregman busca poner el foco precisamente sobre esa dimensión civil. La denuncia contra integrantes de la ex Editorial Atlántida intenta discutir una impunidad que, según Barry, permitió que buena parte de quienes contribuyeron a la legitimación del terrorismo de Estado no recibieran una condena equivalente a la de los responsables militares. “Es muy probada su participación directa y la causa es un monumento a la impunidad”, afirmó.
Para la dirigente, además, la propaganda no fue un aspecto secundario de la dictadura. Fue una herramienta para construir una explicación social sobre lo que estaba sucediendo mientras miles de personas eran secuestradas, torturadas y desaparecidas. “Ser parte del aparato de propaganda de la dictadura era algo muy importante porque trataba de legitimar los crímenes más atroces que se llevaban adelante”, sostuvo. Por eso, recuperar estas historias implica también discutir el papel que tuvieron los grandes medios y los sectores empresarios en aquel período.
“Ser parte del aparato de propaganda de la dictadura era algo muy importante porque trataba de legitimar los crímenes más atroces que se llevaban adelante”
El planteo de Barry conecta así la memoria y la lucha contra la impunidad con una discusión política del presente. La reivindicación de Gelblung por parte de algunos sectores progresistas aparece, desde su perspectiva, como parte de un problema más amplio: la adaptación de determinados discursos políticos para buscar nuevos acuerdos, incluso al costo de relativizar responsabilidades históricas. En ese sentido, la pelea por memoria, verdad y justicia no puede quedar reducida a actos conmemorativos, sino que implica discutir qué intereses estuvieron detrás del terrorismo de Estado y qué sectores económicos y mediáticos se beneficiaron con aquella política.
La entrevista también tuvo una dimensión de actualidad política. Barry llamó a no quedarse solamente en la denuncia y a transformar la bronca frente a los ataques del presente en organización y movilización. En ese marco aparece la convocatoria a la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, que busca reunir a trabajadores, estudiantes, jubilados, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y distintos sectores que vienen enfrentando las políticas del gobierno de Javier Milei.
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La convocatoria plantea llevar esa bronca a las calles y avanzar en la coordinación de las distintas luchas. En ese sentido, el planteo de Barry permite cerrar un recorrido que une dos momentos históricos sin confundirlos: la denuncia de quienes colaboraron con la dictadura y la necesidad de enfrentar las políticas de ajuste y ataques del presente. La memoria no como una mirada hacia atrás, sino como una pelea política en el presente. Y la bronca, como una fuerza que puede transformarse en organización y movilización.
Alejandrina Barry entrevistada por Diagonales por el caso Chiche Gelblung
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Christian Castillo en TN: “La prioridad tiene que ser cómo sacar a los pibes de la miseria, no cómo encerrarlos”
10 de septiembre, por Baja de la edad de punibilidad — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Christian Castillo, TN, Inseguridad, Edad de punibilidad o imputabilidad, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, A Dos Voces, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Christian Castillo, TN, Inseguridad, Edad de punibilidad o imputabilidad, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, A Dos Voces
El diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda debatió en Todo Noticias sobre el nuevo régimen penal juvenil y cruzó los argumentos a favor de bajar la edad de punibilidad. Frente al planteo de Gisela Scaglia, diputada de PRO, que defendió la construcción de nuevas cárceles y sostuvo que “hay que tener” un sistema más punitivo, señaló que la medida no resuelve la inseguridad y cuestionó la criminalización de los jóvenes.
En un debate en Todo Noticias sobre el nuevo régimen penal juvenil, Christian Castillo cuestionó los argumentos de quienes defienden la baja de la edad de punibilidad y planteó que la discusión no puede reducirse a cuántos menores pueden ser encerrados. Frente a la diputada de PRO Gisela Scaglia, que defendió la construcción de nuevas cárceles y sostuvo que “hay que tener” un sistema más punitivo, Castillo apuntó contra una política que deja en segundo plano las condiciones sociales en las que viven miles de jóvenes.
Uno de sus primeros argumentos fue que la propia ley no implica que la mayoría de los adolescentes que cometen delitos terminen en prisión. “La mayoría de los delitos que cometen los jóvenes no tienen como pena la cárcel”, explicó.
Castillo cuestionó además que la baja de la edad de punibilidad pueda presentarse como una solución frente a la inseguridad. “La ley es puro humo desde el punto de vista de que esto solucionaría algún tema vinculado a la inseguridad”, sostuvo. Y puso el foco en la magnitud del fenómeno: “¿Cuántos asesinatos en situación de robo cometieron menores en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el año pasado? Tres”.
También advirtió sobre las experiencias de otros países. “En los países donde hubo previamente a la Argentina baja de edad de punibilidad, creció la cantidad de menores que realizaban delitos graves”, señaló, en referencia a Brasil y Uruguay. Y agregó: “el 99% de todos los especialistas en el tema dijeron que esto no sirve para nada”.
Pero el eje central de su intervención estuvo puesto en las condiciones sociales y educativas que atraviesan a las juventudes. “El tema central hoy, a mi entender, es la crisis educativa”, afirmó, y señaló “la falta de inversión educativa” y “la situación de deterioro social profundo que hay en la juventud”.
La discusión subió de tono cuando se habló de los adolescentes captados por organizaciones narco. Frente al argumento de que quienes cometen delitos deben ser considerados responsables más allá de su edad, Castillo respondió: “¿Un pibe de 14 años que termina de soldadito te parece que no es una víctima del sistema?”. Y ante la insistencia de su interlocutora, remarcó: “Es una víctima de los narcos ese pibito”.
Para Castillo, la discusión sobre las responsabilidades de los adolescentes no puede desconocer las condiciones que permiten que las redes narco los recluten. La respuesta, sostuvo, no puede ser solamente el encierro.
En el cierre del debate, el diputado del PTS volvió sobre ese planteo y lo contrapuso directamente con la política punitiva que se estaba defendiendo en el programa: “Mientras esta gente está pensando cómo encerramos a los pibes, tendríamos que pensar cómo logramos que los pibes estén en la escuela y puedan aprender bien”.
Y cerró con una definición que sintetizó su intervención: “La prioridad tiene que ser cómo sacar a los pibes de la miseria, de la marginalidad, de la situación”. Para luego remarcar: “esa tiene que ser la prioridad, no cómo encerrar a los pibes, no cómo perseguirlos, no cómo criminalizarlos”.
