Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
Milei idolatra a Menem, el gran encubridor del atentado a la AMIA
18 de julio, por Impunes — Política, Libertades Democráticas, Israel, Impunidad, Estado de Israel, Carlos Menem, Sionismo, AMIA, DAIA, Javier Milei, Karina Milei, Política, Libertades Democráticas, Israel, Impunidad, Estado de Israel, Carlos Menem, Sionismo, AMIA, DAIA, Javier Milei, Karina Milei
Hace 31 años se produjo el atentado a la sede porteña de la mutual judía. Murieron 84 personas, una de ellas embarazada. Para perpetrarlo, fue indispensable la “conexión local” integrada por agentes del Estado. Gobernaba el peronista Carlos Menem, venerado por La Libertad Avanza, que murió impune por su rol nefasto en el caso.
Se cumplen 31 años del atentado a la sede central de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , perpetrado la mañana del 18 de julio de 1994 en el edificio de la calle Pasteur 633 del barrio porteño de Once. Como cada año, se renueva el homenaje a las 84 víctimas fatales (una de ellas embarazada) y el reclamo del fin de la impunidad.
En el acto central organizado por la Dirección de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) , realizado en las puertas de la AMIA, el actual presidente de la mutual judía Osvaldo Armoza ofreció un discurso en el que reiteró la adhesión institucional a la “pista iraní” como única hipótesis causal del atentado. A la vez, Armoza reivindicó la conducta del presidente Javier Milei, presente en el acto, en su alineamiento incondicional con Estados Unidos y el Estado genocida de Israel.
La llamada “pista iraní” fue elaborada por Alberto Nisman, encargado de la Unidad Fiscal AMIA creada en 2004 por Néstor Kirchner. La construcción de esa hipótesis contó con el valioso aporte de Antonio “Jaime” Stiuso, el mandamás de la SIDE que ayudó a darle forma a los dudosos “informes” de inteligencia provistos durante años por la CIA estadounidense y el Mossad israelí.
Como relata Mirta Pacheco en otra nota de La Izquierda Diario , la “investigación” de Nisman y Stiuso dio fundamentos para un eventual “juicio en ausencia” a exfuncionarios iraníes, pero siempre fue cuestionada por organizaciones de familiares de las víctimas como Apemia , Memoria Activa y 18J por apoyarse en “pruebas débiles” y “uso abusivo de informes de inteligencia”.
Nisman murió en enero de 2015 de un disparo en la cabeza, tras romper lanzas con el kirchnerismo y acusar a Cristina Fernández de tranzar con Irán vía un memorándum de entendimiento para, supuestamente, avanzar en la investigación del atentado. El memorándum, vale decirlo, estuvo en línea con el coyuntural enfriamiento de las tensiones entre el imperialismo estadounidense, entonces conducido por Barak Obama, y el régimen que gobernaba el país persa.
Aún el Estado argentino no determinó si el fiscal se suicidó (acorralado por la inconsistencia de su acusación al Gobierno de entonces) o sufrió un atentado en su lujoso y supervigilado piso de Puerto Madero mientras se preparaba para llevar el caso al Congreso. Stiuso, en tanto, fue eyectado de la SIDE tras más de cuatro décadas de “servicios” prestados, pero es vox populi que sigue activo e influyendo en las llamadas “cloacas” del Estado (o, más bien, los “cimientos”).
Javier y Karina Milei, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo Francos y otros funcionarios frente a la sede de la AMIA este viernes | Foto Prensa Presidencia ¿Reivindicar a quien reivindica a Menem?
Más vergonzosa que la adhesión acrítica a la “pista iraní” es la reivindicación a Javier Milei que las autoridades israelitas argentinas hicieron en el acto recordatorio frente a la AMIA. Por un lado, quienes integran la comunidad que sufrió el Holocausto realzan la figura de quien hoy justifica y avala el genocidio contra el pueblo palestino disfrazado perversamente de “combate al terrorismo”.
Por otro lado, Milei se considera heredero político de Carlos Saúl Menem y no se cansa de idolatrarlo. Sí, a Menem, el gran encubridor de los dos atentados ocurridos durante su presidencia, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel cometido dos años antes.
Repasemos. Quien primero “investigó” el atentado fue el juez federal Juan José Galeano. Terminó destituido en 2004, acusado de desviar la causa para garantizarle impunidad sobre todo a la “conexión local”. Formalmente se lo destituyó por “mal desempeño en sus funciones”.
El encubrimiento del atentado derivó en un primer juicio, Causa AMIA I, a la postre declarado nulo por el sinfín de irregularidades que quedaron en evidencia. Fue en 2001 y en el banquillo de los acusados estaban Menem, Galeano, Rubén Beraja (titular de la DAIA en los años 90), los primeros fiscales federales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia (con los que colaboraba Nisman) y Carlos Telleldín (a quien Galeano le había pagado con fondos reservados de la SIDE para que acusara a la Policía Bonaerense y así desviar el foco de la Federal). Al anularse el juicio, todos fueron sobreseídos.
Recién en 2015 se realizó el juicio Causa AMIA II. Duró cuatro años y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí fueron condenados los exfiscales Mullen y Barbaccia junto al exjefe de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy. Pero los jueces decidieron absolver a Menen, a Beraja y a Jorge “el Fino” Palacios, el excomisario que comandaba la Policía Federal cuando estalló la bomba.
A pesar de su absolución, siempre quedó clarísimo que Menem y sus secuaces no contribuyeron jamás a esclarecer la verdad sobre el atentado. Por el contrario, durante años, mientras se mostraban sensibilizados en público, sus esfuerzos reales se enfocaron en ocultar y desviar la atención sobre los hechos.
Tanto fue así que cuando murió Menem, en febrero de 2021, la propia DAIA se negó públicamente a homenajearlo y, por el contrario, recordó su rol en los atentados. Jorge Knoblovits, entonces presidente de la entidad, dijo a los medios que “la muerte no exculpa ni indulta a Menem por los dos atentados que hubo durante su mandato y la contaminación de la investigación posterior”.
Desde su cuenta de Twitter (hoy X), la DAIA denunció “la desidia, la negligencia y, sobre todo, la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes” impunes. Y agregó: “Carlos Menem muere en libertad a pesar de que su Gobierno utilizó a las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados”. Lo dijo la DAIA , pese a estar siempre alineada con el sionismo y Estados Unidos.
Paralelamente, desde Memoria Activa recordaron que Menem fue “el responsable principal si los hay de los peores horrores que vivió Argentina en democracia”. Para las familias de las víctimas, el expresidente “en ningún momento amagó siquiera a contribuir” a que ellas y la sociedad “supiesen la verdad, por el contrario se esmeró en tapar, desviar y callar. Aún desde el banquillo de los acusados por encubrimiento, a donde la solitaria lucha de los familiares logró llevarlo”.
Javier Milei y Zulema Menem, hija de Carlos, en Casa Rosada el 14 de mayo de 2024 | Foto prensa Presidencia Menem falleció siendo senador nacional, con el paraguas de los fueros parlamentarios que impidieron que su libertad corriera peligro, pese a haber transitado más de una docena de causas penales por delitos de encubrimiento, tráfico ilegal de armas a otros países, complicidad en la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, corrupción, malversación de fondos y otras yerbas. Sólo terminó con condena firme en dos casos “menores”: la venta irregular del predio palermitano de la Sociedad Rural Argentina y los sobresueldos recibidos por varios funcionarios de su Gobierno.
El 14 de mayo del año pasado, al cumplirse 35 años de las elecciones de 1989 que llevaron a Menem a la Preidencia, Milei organizó un homenaje a su ídolo, que incluyó la colocación de un busto en el Hall de Honor de la Casa Rosada. Allí, frente a buena parte de la familia del riojano, dijo que fue “el mejor presidente de los últimos 40 años”.
Para Milei, poner un busto de Menem en la sede de Gobierno fue “un acto de justicia” y un reconocimiento a “su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos”. Al borde las lágrimas, el gatito mimoso del poder aseguro que Menem “inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo”, plagado de logros conquistados a base de “audacia, intuición y pragmatismo”.
Según las fuentes, a aquel evento no fueron invitadas las autoridades de la AMIA . Un rapto de lucidez de quienes tienen a cargo el ceremonial de la Rosada. Algo parecido hizo que ningún familiar de Menem, ni siquiera los funcionarios libertarianos Martín y “Lule”, participara este viernes del acto por los 31 años del atentado. Eso sí, nada impidió que la institucionalidad israelita argentina, en un nuevo paso de tragicomedia, saludara calurosamente a Milei en medio de las lágrimas de familiares y amigos que siguen reclamando verdad y justicia. Síntoma de época.
Política / Libertades Democráticas / Israel / Impunidad / Estado de Israel / Carlos Menem / Sionismo / AMIA / DAIA / Javier Milei / Karina Milei -
El Gobierno expulsó a un trabajador afrodescendiente y dejó a su familia argentina a la deriva
17 de julio, por Brutal e ilegal — Sociedad, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Xenofobia, Racismo, Patricia Bullrich, Uruguay, Deportación, Deportaciones, Javier Milei, Sociedad, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Xenofobia, Racismo, Patricia Bullrich, Uruguay, Deportación, Deportaciones, Javier Milei
Juan Martínez Piedraita nació en Uruguay, pero lleva dos décadas viviendo y trabajando en el Gran Buenos Aires. Tiene esposa y tres hijos argentinos. Estaba a punto de conseguir su DNI como residente permanente. Bullrich y el Poder Judicial desempolvaron una causa leve, por la que ya pagó condena, lo retuvieron y dejaron tirado en Carrasco. Xenofobia y racismo en clave “libertaria”.
Juan Pedro Martínez Piedraita tiene 60 años. Es un afrodescendiente de nacionalidad uruguaya que hace casi veinte años vive en Argentina y acaba de ser expulsado del país de forma arbitraria, en lo que configura un gravísimo acto de violación de derechos por parte del Gobierno de Javier Milei.
Martínez Piedraita vivía en el partido de Merlo, al oeste del Gran Buenos Aires, junto a su esposa y tres hijos, todos nacidos en Argentina. El viernes pasado lo detuvieron mientras iba a buscar su DNI de residente permanente. Estuvo cinco días incomunicado (le prohibieron hablar con su familia y hasta recibir su medicación) y este miércoles, de forma sorpresiva, lo llevaron hasta la frontera con Uruguay donde lo dejaron librado a su suerte.
El accionar de la Dirección Nacional de Migraciones es por demás ilegal, pese a ampararse en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, firmado por Milei el 29 de mayo, que amplió las causales de expulsión o denegación de residencia a personas que hayan sido condenadas como mínimo a tres años de prisión (antes ese umbral era de cinco años).
La familia de Martínez Piedraita aún no sale del shock y denuncia que, durante su incomunicación, al hombre hasta le prohibieron acceder a su medicación para la hipertensión, entre otras arbitrariedades cercanas a la tortura.
¿De qué se lo acusó?
Es afrodescendiente, nacido en Uruguay y residente en Argentina desde hace casi veinte años. Su esposa, Paola Arismendi, dijo en declaraciones a la radio El Destape que en 2022 a su marido se le había otorgado la residencia permanente y que el único “antecedente” que tenía era una condena a un año y medio de prisión por violencia de género (que no hizo ella sino vecinos del barrio) más una probation, que cumplió según lo dictan las normas.
?️“Lo deportaron a Uruguay, a las 4 de la mañana, lo llevaron a Montevideo y lo dejaron en el aeropuerto de Carrasco”
El crudo relato de Paola Arismendi, esposa de Juan Martínez Piedraita, ciudadano afrouruguayo deportado#PaloyZanahoria?
?VIVO: https://t.co/XSSmdt70DI pic.twitter.com/FPjgTepT8u— El Destape 1070 (@eldestape_radio) July 16, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>“Mi marido atravesó un mal momento. Vivíamos en Hurlingham, en un barrio caro, y él tuvo problemas de adicción. Cuando llegaba drogado, yo lo echaba y los gritos se escuchaban afuera. Los vecinos hicieron una denuncia y por violencia de género le dieron una condena”, relató la mujer. Confirmó que Martínez Piedraita cumplió la pena en 2018, que logró superar su adicción y “reconstruir su vida” junto a la familia. Entre otras cosas, se mudaron a Merlo.
Arismendi agrega que su marido estaba terminando los trámites para obtener el DNI de residente permanente en Argentina. En marzo les dijeron que “ya no habría más residencias precarias”, por lo que fueron a Migraciones con “la ilusión de que finalmente le darían el documento”. Pero el viernes 11 de julio, cuando se encontraba en las oficinas centrales de esa dirección para ultimar detalles, fue abordado por agentes de la Policía Federal y quedó en calidad de “retenido”. Su esposa debió irse sola de esa dependencia estatal, sin poder llegar siquiera al acto escolar donde su hijo menor iba a actuar por las festividades del Día de la Independencia.
?️“Lo deportaron a Uruguay, a las 4 de la mañana, lo llevaron a Montevideo y lo dejaron en el aeropuerto de Carrasco”
El crudo relato de Paola Arismendi, esposa de Juan Martínez Piedraita, ciudadano afrouruguayo deportado#PaloyZanahoria?
?VIVO: https://t.co/XSSmdt70DI pic.twitter.com/FPjgTepT8u— El Destape 1070 (@eldestape_radio) July 16, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>No respetan su propio DNU
La “retención” de Martínez Piedraita por parte del gobierno nacional se encuadra en las nuevas facultades que el DNU 366 le otorga a la Dirección de Migraciones para detener a personas extranjeras que, eventualmente, carezcan de documentación de residencia o presenten irregularidades. En el caso del ciudadano afrodescendiente, la orden de retención la dio el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 12 de la Ciudad de Buenos Aires.
Eso habilitó que el hombre sea alojado en la Alcaidía de la Policía Federal ubicada en la calle Cavia 3378 del barrio porteño de Palermo. Allí donde el Ministerio de “Seguridad Nacional” que conduce Patricia Bullrich envía a todo aquel que considera un “delincuente”, como las decenas de manifestantes a los que reprime y detiene frente al Congreso.
Tras pasar cinco días “retenido” y sin ningún aviso previo, el hombre fue trasladado en avión por las fuerzas federales hasta el aeropuerto uruguayo de Carrasco. Algo que contradice las disposiciones del propio DNU que, antes de tomar una decisión como la deportación, obliga a Migraciones a evaluar y respetar los lazos familiares que la persona extranjera tiene en el país. El llanto y el relato de la esposa de Martínez Piedraita demuestran por sí solos que el Gobierno ni siquiera respeta sus propios decretos.
“Esta expulsión es arbitraria e ilegal”, dijo Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , a cargo del área de Litigios del organismo de derechos humanos. “Es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente: se equipara un antecedente penal con una expulsión”, sintetiza respecto al caso.
“Nosotros somos trabajadores, pagamos alquiler. Mi esposo tiene un puesto en la feria de Merlo, donde vivimos. Incluso, la cuenta de luz está a su nombre. Llevamos veinte años como familia”, reitera Paola Arismendi como si hiciera falta más fundamentación para denunciar la arbitrariedad del Gobierno. A quien, de todos modos, ninguna verdad parece importarle.
El decreto de supuesta “necesidad y urgencia” firmado por Milei ancla sus fundamentos en las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos. De hecho en sus considerandos habla de un escenario en el que se amalgaman arbitrariamente la inmigración, la ilegalidad y el crimen organizado. Chivos expiatorios para justificar políticas racistas, xenófobas, clasistas y etnocidas. El texto del decreto firmado por Milei usa hasta el extremo términos como “riesgo”, “seguridad”, “peligro” y “amenaza”.
Juan Pedro Martínez Piedraita es trabajador, extranjero y afrodescendiente. Además purgó una pena por hechos violentos en un contexto de consumo problemático de sustancias. Como se dice popularmente, tenía “todos los números comprados” para la deportación, a juzgar por los criterios fascistoides de Milei, Bullrich y la casta judicial. Eso sí, si sos empresario y estafador con capacidad de generar millones en ganancias, lo del color de piel y la nacionalidad puede discutirse.
-
Más reformas de Bullrich: si no puedes contra tu enemigo, infíltralo
16 de julio, por Un ejército de agentes encubiertos — Política, Libertades Democráticas, Policía, Patricia Bullrich, Javier Milei, Política, Libertades Democráticas, Policía, Patricia Bullrich, Javier Milei
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich viene introduciendo una serie de resoluciones que implican una ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad. Y sigue avanzando hacia un marco más represivo y menos garantista en términos de derechos individuales.
La ministra de Seguridad volvió a estar en el centro de la polémica este martes con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial (BO). Una de las resoluciones implementadas, destaca la creación de un protocolo para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales –en criollo, un ejército de infiltrados se moverán en las redes sociales–.
Este protocolo habilita a estos agentes a infiltrarse en redes sociales y otras plataformas digitales con el objetivo de investigar delitos complejos. Como parte de esta estrategia, los agentes podrán crear identidades ficticias, las cuales estarán registradas oficialmente en el Renaper, lo que les proporciona una cobertura legal para sus actividades encubiertas.
La otra resolución establece un consejo académico para la formación de los agentes encubiertos, quienes estarán bajo la supervisión de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, creada previamente, creada por Bullrich mediante la resolución 1253. Esta unidad fue concebida con múltiples objetivos: seleccionar agentes con aptitudes específicas dentro de las fuerzas federales, crear una base unificada de infiltrados, supervisar la capacitación en esta especialidad y fomentar el uso de agentes encubiertos en operaciones. La dirección de la unidad quedó en manos de Graciela Valeria Kowalewsky, quien, al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel, se formó en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry.
Estas medidas han suscitado críticas debido a los riesgos que implican para la privacidad y las libertades individuales. La posibilidad de que agentes encubiertos puedan operar en redes sociales y crear identidades falsas plantea serias dudas sobre el respeto a la intimidad de las personas y el potencial uso indebido de estas facultades por parte de las fuerzas de seguridad. Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, reconoció que estas actividades podrían llevar a violaciones de la Ley de Inteligencia, aunque intentó justificarlas afirmando que los agentes actúan en el marco de la prevención de delitos y no violan derechos esenciales.
Para el plan de Milei, más y más represión
Además de las medidas mencionadas, el gobierno, a través del Decreto 383/2025, ha reformado el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgando mayores libertades a los efectivos policiales. Esto incluye la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial en casos donde existan fundamentos para sospechar de la comisión de un delito y la persona no pueda acreditar su identidad. Asimismo, la PFA está autorizada a realizar requisas personales sin autorización judicial en situaciones específicas, como en operativos de prevención en lugares públicos. También se permite el ciberpatrullaje en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, bajo el supuesto objetivo de prevenir delitos.
Los diputados del PTS-FITU Nicolás Del Caño y Christian Castillo vienen realizando una durísima crítica contra el decreto 383/2025: “Es la liquidación de las garantías constitucionales”. Con la excusa de la "modernización" buscan dar un salto en instaurar un régimen autoritario y represivo que, sumado al fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner, también sea de proscripción política. Un verdadero régimen neolibertador al servicio del imperialismo y el Fondo Monetario Internacional.
Te puede interesar: Más represión. Buscan un régimen autoritario y represivo: el Gobierno le da más poder a la Federal para espiar y detener
Las reformas policiales de Patricia Bullrich no llegan en cualquier momento: se dan en el marco de un crecimiento de los conflictos entre trabajadores y sectores populares como puede observarse en las últimas semanas. La falta de controles judiciales y el aumento de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad son percibidos como un riesgo para la ciudadanía, especialmente para aquellos sectores más vulnerables y propensos a ser víctimas de abusos policiales.
Desde el CELS y Correpi vienen alertando por las "amplísimas facultades" para detener de modo "discrecional" y que se habilita la "persecución política". Myriam Bregman, dirigente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), sugiere mirar el contexto de disputa dentro del oficialismo para entender por qué Bullrich no deja de avanzar casilleros. “Todo indica que hay una interna feroz en el Gobierno, donde cada sector se arma su propio grupo de inteligencia y eso es muy peligroso –más allá de que, en este contexto de ajuste y donde los niños y niñas pasan hambre, es una ofensa mayor que gasten millones en su pequeña guerra de bolsillo y servicios para perseguir y espiar. Esto demuestra que el Gobierno está debilitado”.
Te puede interesar: Milei gobierna por decreto: reforma a las fuerzas federales y consolida un Estado policial
-
Milei gobierna por decreto: reforma a las fuerzas federales y consolida un Estado policial
16 de julio, por Represión social — Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Javier Milei, Fuerzas represivas, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Javier Milei, Fuerzas represivas
Bajo el pretexto de una "emergencia", el Ejecutivo modificó por decreto simple leyes orgánicas, eliminó controles judiciales y parlamentarios, y otorgó a Gendarmería, Prefectura, la PSA y el Servicio Penitenciario facultades de espionaje masivo. Ya lo había hecho con la Policía Federal.
El gobierno, amparándose en la Ley 27.742 de "emergencia pública", ha reformado mediante decretos simples, es decir sin debate parlamentario ni control posterior), el marco normativo de las fuerzas de seguridad federales. Estas modificaciones -que incluyen el Decreto 383/2025 (Estatuto de la Policía Federal), el 454/2025 (Gendarmería) y el 455/2025 (Prefectura)- violan el principio de jerarquía normativa, según el cual las leyes orgánicas (como las que rigen a las fuerzas) solo pueden ser reformadas por el Congreso.
El Gobierno evitó incluso utilizar decretos de necesidad y urgencia (DNU), que al menos requieren revisión legislativa. Optó por decretos reglamentarios, que solo deberían ajustar detalles técnicos, no reescribir leyes. De este modo, violó las normas elementales de un régimen constitucional, usurpando competencias del Congreso (art. 75, inc. 12, y art. 99, inc. 3, CN) y consolidando un hiperpresidencialismo autoritario.
Te puede interesar: Caso Bulacio: cuando el Estado fue condenado internacionalmente por hacer lo que hoy hace Bullrich
Reforma express
A través de los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025, publicados en el Boletín Oficial el 8 de julio pero con escasa difusión, la administración Milei-Bullrich reconfiguró completamente la estructura, funciones y protocolos operativos de las fuerzas federales.
Los cambios más peligrosos incluyen:
Pérdida de controles judiciales: las fuerzas de seguridad ahora pueden acceder a bases de datos personales, interceptar comunicaciones y realizar vigilancia digital sin necesidad de orden judicial. Esto viola el artículo 19 de la Constitución Nacional y diversos fallos de la Corte Suprema que protegen la privacidad de los ciudadanos. Militarización de funciones civiles: Gendarmería Nacional, una fuerza militar, absorbió competencias propias de organismos civiles como la Agencia de Seguridad Vial (recientemente disuelta). Esto implica que fuerzas entrenadas para la represión ahora asumen tareas de control ciudadano. Inteligencia sin supervisión: se eliminó la obligación de rendir cuentas ante el Congreso sobre actividades de inteligencia, creando zonas grises donde podrían cometerse abusos sin posibilidad de fiscalización.El juego de las "emergencias" y las nuevas facultades represivas
El Gobierno intentó justificar estas medidas invocando la Ley 27.742 de emergencia pública -denominada "Ley Bases", aprobada en medio de una violenta represión policial contra las manifestaciones que rechazaban su sanción-. No obstante, diferentes constitucionalistas han cuestionado este argumento, advirtiendo que declarar una emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco para vulnerar la división de poderes, que es formalmente parte de un régimen constitucional.
Los decretos otorgan a las fuerzas federales poderes sin precedentes:
Acceso a datos sin control judicial: Consulta de bases de datos públicas y privadas (registros bancarios, biométricos, de telecomunicaciones) sin orden judicial (art. 6º del 454/2025). Vigilancia en redes sociales: monitoreo de espacios digitales abiertos para "prevenir delitos" (art. 7º del 454/2025), una puerta abierta a la persecución ideológica.- Inteligencia criminal fuera de la Ley 25.520: eliminan controles parlamentarios (Decreto 383/2025, art. 6º, inc. 4).
Estas medidas violan el art. 19 de la Constitución (privacidad), la Ley 25.326 (protección de datos) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gendarmería: militarización de tareas civiles
El decreto 455/2025 (Anexo I, art. 3°, inc. d y e) asigna a Gendarmería tareas que antes realizaba la Agencia de Seguridad Vial (disuelta en 2024), como controles de tránsito y requisa de vehículos.
Gendarmería tiene un historial represivo, siendo el caso más emblemático el de Santiago Maldonado, asesinado en 2017 durante una represión a la comunidad mapuche en Cushamen.
Inteligencia sin supervisión
Se eliminó la obligación de rendir cuentas al Congreso sobre actividades de inteligencia (art. 4º del 456/2025), violando la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Esto habilita arbitrariedades, como allanamientos sin causa.Inconstitucionalidad de la reforma
Reforma leyes orgánicas con decretos simples; viola el art. 99, inc. 3, CN. Vigilancia sin orden judicial: La Corte Suprema ya lo declaró ilegítimo. Violación del principio de legalidad penal (art. 19 CN): Solo el Congreso puede regular derechos fundamentales.Este avance hacia un Estado policial se enmarca en un escenario de creciente conflictividad social y protestas obreras que desafía el protocolo represivo de Bullrich. Estas reformas de las fuerzas de seguridad nacional no tienen otro objetivo que contar con más herramientas para la persecución de opositores, amedrentar y desalentar cualquier lucha, en momentos en que el Gobierno muestra una mayor debilidad política. No es por fortaleza que implementan estas reformas.
La propia ministra Bullrich acumula denuncias por violencia estatal. Esta semana trascendió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación formal al presidente Javier Milei y a Bullrich, manifestando su "grave preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales y el espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023". Entre los casos que ilustran este ataque a las libertades elementales, se encuentra el de Pablo Grillo, fotoperiodista gravemente herido por documentar la represión de Gendarmería ordenada por Bullrich; así como el de Matías Aufieri, abogado del CeProDH , que perdió la visión de un ojo a manos e la Policía Federal por defender y acompañar el derecho a la protesta.
Es crucial enfrentar estas reformas en las calles, denunciando esta escalada autoritaria junto a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos que defiendan las libertades democráticas. La movilización popular demostró a lo largo de la historia su capacidad para derrotar dictaduras y ataques reaccionarios. Defender los derechos humanos y las garantías democráticas básicas, amenazadas por un gobierno al servicio de grandes empresarios, el FMI y el imperialismo, es una tarea prioritaria.
-
Milei gobierna por decreto: reforma a las fuerzas federales y consolida un Estado policial
16 de julio, por Represión social — Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Javier Milei, Fuerzas represivas, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Javier Milei, Fuerzas represivas
Bajo el pretexto de una "emergencia", el Ejecutivo modificó por decreto simple leyes orgánicas, eliminó controles judiciales y parlamentarios, y otorgó a Gendarmería, Prefectura, la PSA y el Servicio Penitenciario facultades de espionaje masivo. Ya lo había hecho con la Policía Federal.
El gobierno, amparándose en la Ley 27.742 de "emergencia pública", ha reformado mediante decretos simples, es decir sin debate parlamentario ni control posterior, el marco normativo de las fuerzas de seguridad federales. Estas modificaciones -que incluyen el Decreto 383/2025 (Estatuto de la Policía Federal), el 454/2025 (Gendarmería) y el 455/2025 (Prefectura)- violan el principio de jerarquía normativa, según el cual las leyes orgánicas (como las que rigen a las fuerzas) solo pueden ser reformadas por el Congreso.
El Gobierno evitó incluso utilizar decretos de necesidad y urgencia (DNU), que al menos requieren revisión legislativa. Optó por decretos reglamentarios, que solo deberían ajustar detalles técnicos, no reescribir leyes. De este modo, violó las normas elementales de un régimen constitucional, usurpando competencias del Congreso (art. 75, inc. 12, y art. 99, inc. 3, CN) y consolidando un hiperpresidencialismo autoritario.
Te puede interesar: Caso Bulacio: cuando el Estado fue condenado internacionalmente por hacer lo que hoy hace Bullrich
Reforma express
A través de los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025, publicados en el Boletín Oficial el 8 de julio pero con escasa difusión, la administración Milei-Bullrich reconfiguró completamente la estructura, funciones y protocolos operativos de las fuerzas federales.
Los cambios más peligrosos incluyen:
Pérdida de controles judiciales: las fuerzas de seguridad ahora pueden acceder a bases de datos personales, interceptar comunicaciones y realizar vigilancia digital sin necesidad de orden judicial. Esto viola el artículo 19 de la Constitución Nacional y diversos fallos de la Corte Suprema que protegen la privacidad de los ciudadanos. Militarización de funciones civiles: Gendarmería Nacional, una fuerza militar, absorbió competencias propias de organismos civiles como la Agencia de Seguridad Vial (recientemente disuelta). Esto implica que fuerzas entrenadas para la represión ahora asumen tareas de control ciudadano. Inteligencia sin supervisión: se eliminó la obligación de rendir cuentas ante el Congreso sobre actividades de inteligencia, creando zonas grises donde podrían cometerse abusos sin posibilidad de fiscalización.El juego de las "emergencias" y las nuevas facultades represivas
El Gobierno intentó justificar estas medidas invocando la Ley 27.742 de emergencia pública -denominada "Ley Bases", aprobada en medio de una violenta represión policial contra las manifestaciones que rechazaban su sanción-. No obstante, diferentes constitucionalistas han cuestionado este argumento, advirtiendo que declarar una emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco para vulnerar la división de poderes, que es formalmente parte de un régimen constitucional.
Los decretos otorgan a las fuerzas federales poderes sin precedentes:
Acceso a datos sin control judicial: Consulta de bases de datos públicas y privadas (registros bancarios, biométricos, de telecomunicaciones) sin orden judicial (art. 6º del 454/2025). Vigilancia en redes sociales: monitoreo de espacios digitales abiertos para "prevenir delitos" (art. 7º del 454/2025), una puerta abierta a la persecución ideológica.- Inteligencia criminal fuera de la Ley 25.520: eliminan controles parlamentarios (Decreto 383/2025, art. 6º, inc. 4).
Estas medidas violan el art. 19 de la Constitución (privacidad), la Ley 25.326 (protección de datos) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gendarmería: militarización de tareas civiles
El decreto 455/2025 (Anexo I, art. 3°, inc. d y e) asigna a Gendarmería tareas que antes realizaba la Agencia de Seguridad Vial (disuelta en 2024), como controles de tránsito y requisa de vehículos.
Gendarmería tiene un historial represivo, siendo el caso más emblemático el de Santiago Maldonado, asesinado en 2017 durante una represión a la comunidad mapuche en Cushamen.
Inteligencia sin supervisión
Se eliminó la obligación de rendir cuentas al Congreso sobre actividades de inteligencia (art. 4º del 456/2025), violando la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Esto habilita arbitrariedades, como allanamientos sin causa.Inconstitucionalidad de la reforma
Reforma leyes orgánicas con decretos simples; viola el art. 99, inc. 3, CN. Vigilancia sin orden judicial: La Corte Suprema ya lo declaró ilegítimo. Violación del principio de legalidad penal (art. 19 CN): Solo el Congreso puede regular derechos fundamentales.Este avance hacia un Estado policial se enmarca en un escenario de creciente conflictividad social y protestas obreras que desafía el protocolo represivo de Bullrich. Estas reformas de las fuerzas de seguridad nacional no tienen otro objetivo que contar con más herramientas para la persecución de opositores, amedrentar y desalentar cualquier lucha, en momentos en que el Gobierno muestra una mayor debilidad política. No es por fortaleza que implementan estas reformas.
La propia ministra Bullrich acumula denuncias por violencia estatal. Esta semana trascendió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación formal al presidente Javier Milei y a Bullrich, manifestando su "grave preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales y el espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023". Entre los casos que ilustran este ataque a las libertades elementales, se encuentra el de Pablo Grillo, fotoperiodista gravemente herido por documentar la represión de Gendarmería ordenada por Bullrich; así como el de Matías Aufieri, abogado del CeProDH , que perdió la visión de un ojo a manos e la Policía Federal por defender y acompañar el derecho a la protesta.
Es crucial enfrentar estas reformas en las calles, denunciando esta escalada autoritaria junto a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos que defiendan las libertades democráticas. La movilización popular demostró a lo largo de la historia su capacidad para derrotar dictaduras y ataques reaccionarios. Defender los derechos humanos y las garantías democráticas básicas, amenazadas por un gobierno al servicio de grandes empresarios, el FMI y el imperialismo, es una tarea prioritaria.
