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El Mundial 2026: racismo estatal y negocios millonarios
11 de julio, por Opinión — Deportes, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , Racismo, Edición México, Edición Uruguay, Mundial de futbol 2026, Deportes, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , Racismo, Edición México, Edición Uruguay, Mundial de futbol 2026
El Mundial 2026 se desarrolla en un clima de tensiones que trasciende el espectáculo deportivo, donde el racismo institucional se expresa con crudeza. Así, los gobiernos capitalistas y las grandes corporaciones utilizan la cita mundialista como un laboratorio de odio, apuestas millonarias y divisiones chauvinistas.
Los discursos de odio en este Mundial no son desahogos aislados; provienen directamente de las cúpulas del poder político. Los datos de la propia FIFA confirman esta tendencia: el racismo se consolidó como la forma de discriminación más frecuente durante el torneo, representando el 11% de los contenidos ofensivos detectados en redes sociales, un salto alarmante frente al 8% registrado en Qatar 2022. Especialistas advierten que la naturalización de estas expresiones se agrava de forma drástica cuando son promovidas por funcionarios públicos.
No se trata solo de violencia verbal aislada en las redes sociales. El racismo durante este Mundial tiene rostros y apellidos, y no solo en las tribunas. Los casos más abominables provienen de funcionarios públicos que han utilizado su influencia para propagar el odio racial.
La senadora paraguaya Celeste Amarilla se convirtió en el símbolo de esta violencia discursiva tras la eliminación de su selección ante Francia. En sus redes sociales, calificó a Kylian Mbappé de "camerunés colonizado" y recurrió a otros comentarios racialmente despectivos. La respuesta de Mbappé fue inmediata y contundente. A través de X calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo" y lamentó que, por culpa de esos comentarios, el mundo estuviera hablando del racismo de una dirigente política en lugar de reconocer la histórica actuación de la selección paraguaya. También aseguró que nunca permitirá que personas como ella propaguen mensajes de odio y discriminación.
Pero el caso de Amarilla no es aislado. En Argentina, integrantes del gobierno de Milei realizan campañas racistas sistemáticas. El principal asesor presidencial, Santiago Caputo, publicó en su cuenta de X tras la eliminación de Brasil: "Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas". Daniel Parisini ("Gordo Dan") y el diputado Agustín Romo (LLA) se sumaron a los ataques contra Mbappé y Brasil con mensajes que vinculaban racismo, transfobia y xenofobia. Romo intentó disfrazar su chovinismo de retórica anticolonial al asegurar que, aunque Mbappé “se haga el canchero”, no podrá cambiar que “juega para el país que esclavizó, traficó y vendió a sus ancestros”. En la misma sintonía, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se refirió a la eliminación de Paraguay atacando al seleccionado francés: “Muy bien Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Frente al repudio generalizado, Casado ensayó la típica retirada cobarde, diciendo que solo se trató de un “sarcasmo”. Estos episodios no son exabruptos individuales: exponen de forma obscena cómo el poder político utiliza las plataformas digitales para legitimar, normalizar y masificar el supremacismo racial.
La doble moral de las potencias colonizadoras
El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, mantiene una política asesina contra los inmigrantes a través del ICE que no se suspendió durante este Mundial. La expulsión del árbitro internacional somalí Omar Artán, el rechazo sistemático de visas a hinchas musulmanes y los obstáculos impuestos al ingreso de familiares de los jugadores (como ocurrió inicialmente con la madre del arquero de Cabo Verde) son claros reflejos de esta línea migratoria. A esto se suma la situación que le impuso a la selección de Irán, obligada a residir en Tijuana, México, y a retirarse de territorio estadounidense inmediatamente después de cada partido jugado. Mientras tanto, la administración de Trump utiliza el evento deportivo para promover su agenda y exhibir un poder absoluto, mostrándose capaz, incluso, de alterar las reglas del juego al presionar para que la FIFA anule la tarjeta roja de un jugador de su selección.
Por su parte, el gobierno francés de Emmanuel Macron utiliza los comentarios y cánticos racistas, como lo de sectores de la hinchada argentina, o las declaraciones de la senadora de Paraguay, para impulsar una campaña chovinista orientada a sembrar división y confrontación entre pueblos. El discurso oficial francés se apropia de la bandera antirracista, tratando de ocultar la historia colonial de Francia y desviar la atención de las profundas tensiones sociales internas, cuando en sus propias calles la extrema derecha avanza y la discriminación estructural es una realidad cotidiana. Resulta contradictorio que pretendan erigirse en defensores de los derechos humanos cuando, al mismo tiempo, reprimen a la juventud en barrios vulnerables de familias migrantes, protegen la impunidad policial ante delitos racistas, se blindan las fronteras y se criminaliza a migrantes y personas indocumentadas. Instrumentalizar políticamente los insultos contra figuras como Mbappé es un cinismo total. Su objetivo es distraer, dividir y fortalecer un relato nacionalista que poco tiene que ver con la lucha antirracista.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Las tribunas como espacio de unidad
A pesar de este contexto, el Mundial 2026 deja postales de solidaridad que contrastaron con el racismo institucional y el negocio de corporaciones como la FIFA. Las hinchadas, en su diversidad, protagonizaron valiosos intercambios culturales, gestos de fraternidad e intercambio entre pueblos de seis continentes que desafiaron el relato oficial, tales como compartir comida regional, intercambiar camisetas en señal de respeto mutuo o abrazarse tras la eliminación de un rival. Estas muestras de fraternidad, aunque invisibilizadas por los grandes medios que prefieren amplificar los enfrentamientos y las divisiones, demostraron que los pueblos no siguen las consignas de sus gobiernos.
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Las tribunas se convirtieron, además, en una caja de resonancia de las luchas internacionales. Uno de los gestos más potentes es la presencia de banderas de Palestina en los estadios y las calles de Estados Unidos. Hinchas de Turquía, Alemania, Bosnia, México, Francia, Marruecos mostraron su apoyo al pueblo palestino y denunciaron el genocidio en Gaza. Los hinchas marroquíes han sido particularmente visibles, ondeando la bandera palestina en Times Square y en el estadio de Boston antes del partido contra Francia, desafiando las presiones diplomáticas y mediáticas.
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El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, se convirtió en un símbolo al dedicar la victoria de su equipo a Palestina y declarar que "si una persona en cualquier parte del mundo no siente algo por el pueblo palestino, entonces perdió parte de su humanidad". Sus palabras resonaron con fuerza en Gaza, donde cientos de personas se reunieron para ver los partidos, sintiendo que el Mundial también es una ventana para visibilizar el genocidio que sufren por parte del gobierno sionista de Israel y los gobiernos cómplices que los apoyan, como Estados Unidos, Francia, Argentina, entre otros.
El fútbol es de los de abajo
Este Mundial, como otros, expone dos realidades paralelas e irreconciliables. Por arriba, los gobiernos capitalistas y los monopolios utilizan el deporte para dividir y disciplinar a través del chauvinismo; líderes como Trump y Milei, cada uno a su manera, lo convierten en un arma de propaganda política para expandir el odio y fragmentar a los pueblos. Abajo, en cambio, se encuentran muchos que repudian estas campañas.
El desafío que nos deja este Mundial es no permitir que nos roben la pasión. La defensa del juego popular implica enfrentar tanto a los gobiernos racistas como a las corporaciones que invaden los estadios con publicidades nefastas a favor de las apuestas online o el consumo de comida chatarra.
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El desafío es también tomar la lucha contra el racismo para convertirla, no en una mera batalla cultural, sino en parte indisoluble de la lucha de clases. Porque el racismo es un arma del capitalismo y de sus Estados para generar prejuicios entre los explotados y oprimidos. Al dividir a la clase trabajadora por su color de piel, origen o rasgos culturales, el sistema debilita la resistencia colectiva y oculta al verdadero enemigo que tenemos en común. Por eso, combatir el racismo es combatir la explotación. Esta pelea exige la unidad internacional de todos los sectores oprimidos, porque solo así podemos enfrentar al poder establecido y construir una alternativa desde abajo.
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Bahía Blanca: la madre de Thiago denuncia que no tiene abogado y la causa sigue sin fiscal firme
9 de julio, por Campaña solidaria y por justicia — Política, Edición Argentina, Principal Grande, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial, Política, Edición Argentina, Principal Grande, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial
Aldana, la mamá del adolescente baleado en el barrio Noroeste, denuncia las dilaciones de la justicia, y pide solidaridad ante el abandono del Estado. Docentes, estudiantes e investigadores impulsan una campaña de solidaridad para colaborar con la familia.
(Foto: Emmanuel Briane - La Nueva)
Ya pasaron 2 meses desde que Thiago de 14 años recibiera un disparo en la cabeza en el Barrio Noroeste aquel 7 de mayo. A contracorriente del discurso oficial Aldana, la madre de Thiago, denuncia que todavía no tiene abogado asignado y recién cuenta con un fiscal firme.
El fiscal que tómo la causa fue Marcelo Romero Jardín, quien estuvo a cargo de la causa por la explosión en el local de La Cámpora y de la sentencia por la violación en manada realizada por al menos 7 jovenes en Villarino. Fue el fiscal mismo quien le confirmó a la madre que la causa llegó al poder judicial en el mes de junio. La familia aún no cuenta con acceso a la causa.
El niño de 14 años fue dado de alta finalmente, sigue recuperándose para futuras intervenciones y manteniendo relación con maestras que aportan a sostener su vínculo con la escuela. Sería de esperar que ante la gravedad del asunto Aldana pudiera contar con ayuda para acceder a los tratamientos e intervenciones de forma gratuita o ser asistida para poder llevar el día a día en esta situación, pero esto no es así.
Es Aldana y su familia quienes están cubriendo todos los gastos de salud y atención en una ciudad en la que cada vez se cobran más sobreprecios en atención sanitaria y los tratamientos e intervenciones se vuelven cada vez más caros. El gobierno local de Federico Susbielles le prometió una tarjeta de compra de alimentos con un tope de solo $40.000 para el próximo mes.
No es una casualidad que la crisis social que estamos atravesando impacte más fuertemente a las mujeres que son madres y más ante hechos como estos la falta de respuesta por parte del estado, el municipio local y la justicia pueden ser factores que imposibiliten o vuelvan más lento el avance.
La lentitud de la justicia para poner en movimiento la causa y asignar un abogado a la familia contrasta con la rapidez de la cobertura amarillista del hecho por parte de la prensa local.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ante esta situación es urgente poder ayudar a Aldana y su familia, para que Thiago pueda tener el tratamiento y recuperación que necesita y también para acompañar a su familia en el pedido de justicia. Desde docentes, trabajadoras de la salud y educación junto a jóvenes estudiantes e investigadores de la universidad estamos impulsando una campaña común para aportar financieramente ante esta difícil situación.
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Bahía Blanca: la madre de Thiago denuncia que no tiene abogado y grandes demoras en la justicia
9 de julio, por Campaña solidaria y por justicia — Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial, Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Justicia, Poder Judicial
Aldana, la mamá del adolescente baleado en el barrio Noroeste, denuncia demoras, que la causa aún no tiene fiscal definitivo, y pide solidaridad ante el abandono del Estado. Docentes, estudiantes e investigadores impulsan una campaña de solidaridad para colaborar con la familia.
(Foto: Emmanuel Briane - La Nueva)
Ya pasaron 2 meses desde que Thiago de 14 años recibiera un disparo en la cabeza en el Barrio Noroeste aquel 7 de mayo. A contracorriente del discurso oficial Aldana, la madre de Thiago, denuncia que todavía no tiene abogado asignado y recién cuenta con un fiscal firme.
El fiscal que tómo la causa fue Marcelo Romero Jardín, quien estuvo a cargo de la causa por la explosión en el local de La Cámpora y de la sentencia por la violación en manada realizada por al menos 7 jovenes en Villarino. Fue el fiscal mismo quien le confirmó a la madre que la causa llegó al poder judicial en el mes de junio. La familia aún no cuenta con acceso a la causa.
El niño de 14 años fue dado de alta finalmente, sigue recuperándose para futuras intervenciones y manteniendo relación con maestras que aportan a sostener su vínculo con la escuela. Sería de esperar que ante la gravedad del asunto Aldana pudiera contar con ayuda para acceder a los tratamientos e intervenciones de forma gratuita o ser asistida para poder llevar el día a día en esta situación, pero esto no es así.
Es Aldana y su familia quienes están cubriendo todos los gastos de salud y atención en una ciudad en la que cada vez se cobran más sobreprecios en atención sanitaria y los tratamientos e intervenciones se vuelven cada vez más caros. El gobierno local de Federico Susbielles le prometió una tarjeta de compra de alimentos con un tope de solo $40.000 para el próximo mes.
No es una casualidad que la crisis social que estamos atravesando impacte más fuertemente a las mujeres que son madres y más ante hechos como estos la falta de respuesta por parte del estado, el municipio local y la justicia pueden ser factores que imposibiliten o vuelvan más lento el avance.
La lentitud de la justicia para poner en movimiento la causa y asignar un abogado a la familia contrasta con la rapidez de la cobertura amarillista del hecho por parte de la prensa local.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ante esta situación es urgente poder ayudar a Aldana y su familia, para que Thiago pueda tener el tratamiento y recuperación que necesita y también para acompañar a su familia en el pedido de justicia. Desde docentes, trabajadoras de la salud y educación junto a jóvenes estudiantes e investigadores de la universidad estamos impulsando una campaña común para aportar financieramente ante esta difícil situación.
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Carta de Embajada boliviana confirma encubrimiento de represión y expulsión ilegal de la misión humanitaria argentina
8 de julio, por Urgente — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Bolivia, Argentina, ddhh, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Bolivia, Argentina, ddhh
La Embajada boliviana respondió oficialmente después de impedir el ingreso de nuestra delegación al país. La nota intenta justificar la expulsión negando las denuncias de represión y cuestionando la legitimidad de una misión independiente de derechos humanos. Al hacerlo, termina confirmando la voluntad del gobierno de Paz de ocultar los graves hechos represivos llevados adelante contra quienes llevaban adelante su legítimo derecho a la protesta.
Las vulneraciones de derechos humanos vienen siendo denunciadas por organizaciones de derechos humanos, obreras, campesinas y los pueblos originarios de Bolivia. La respuesta a la delegación argentina llegó varias semanas después de haber sido retenidos durante horas y expulsados del territorio. La nota oficial, enviada por la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina y firmada por el consejero Mauricio Rodríguez Leigue, fue presentada como una “explicación institucional” de aquella decisión.
Pero el documento hace mucho más que justificar un trámite administrativo. Repite punto por punto la versión oficial del gobierno de Rodrigo Paz: sostiene que la crisis fue resuelta "mediante el diálogo", niega que la actuación de las fuerzas represivas haya provocado asesinatos en el marco de las protestas y afirma que nuestra misión carecía de legitimidad para realizar tareas de observación.
Paradójicamente, la propia necesidad de impedir el ingreso de una delegación integrada por referentes de derechos humanos, dirigentes sindicales, abogados y legisladores revela el objetivo político de esa decisión. Si el gobierno estuviera convencido de que no hubo violaciones a los derechos humanos, no tendría motivos para impedir una investigación independiente. La carta termina mostrando aquello que intenta ocultar: el esfuerzo por aislar al país de toda mirada internacional mientras continúan las denuncias de detenciones arbitrarias y persecución contra quienes participaron de las protestas y se aplica un estado de excepción que ha recrudecido la persecusión y la violación de las garantías democráticas continuando con el encarcelamiento de referentes y sectores que participaron de las protestas, para que el pueblo no continúe ejerciendo su legítimo derecho a la protesta frente a un saqueo y ajuste muy parecido al que vivimos en la Argentina.
La mentira del "diálogo"
La carta afirma que el gobierno privilegió "en todo momento los mecanismos democráticos, la concertación y el respeto al Estado de Derecho". Sin embargo, esa versión choca con lo ocurrido durante las semanas de las protestas.
Mientras centenares de comunidades campesinas, originarias, trabajadores y sectores populares sostuvieron más de 100 puntos de bloqueo y distintas formas de organización decididas en cabildos, la respuesta estatal fue el despliegue de fuerzas militares, policiales y para estatales para despejar las rutas y desarticular la protesta a la fuerza.
El documento llega incluso a sostener que "como resultado de la actuación de las fuerzas del orden, no se produjo el fallecimiento de ninguna persona", atribuyendo las muertes a los propios bloqueos. Esa afirmación contradice las denuncias realizadas por organizaciones sociales, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, que denunciaron personas asenidas, heridos por armas de fuego, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y múltiples hechos de violencia estatal durante la represión y en las propias detenciones. Los casos confirmados de asesinados se tratan de Alberto Cruz Chinche de 71 años, Martha Villca Sosa de 51 años y Víctor Quispe Cruz de 24 años; a su vez hay otros 6 casos en proceso de investigación (datos confirmados por el ProDHcre de Bolivia).¿Por qué impedir una misión independiente?
Otro de los argumentos de la Embajada es que nuestra delegación "carecía de legitimidad" por no tratarse de un organismo internacional con reconocimiento estatal.
Es un razonamiento revelador. Las misiones internacionales de derechos humanos impulsadas por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos existen precisamente cuando los propios Estados son denunciados por cometer violaciones a los derechos fundamentales. Su legitimidad proviene de la independencia política frente a los gobiernos y del compromiso con las víctimas. En mi caso, Alejandrina Barry, soy hija de desaparecidos de la última dictadura militar y militante por la Verdad y la Justicia hace décadas y he participado de distintas misiones internacionales, ¿se atreven a decir que no cuento con legitimidad?
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Como lo planteamos públicamente nuestro objetivo era reunirnos con familiares, organizaciones obreras, campesinas e indígenas, recoger testimonios y documentar las denuncias. Nunca pudimos hacerlo. Fuimos retenidas e incomunicadas en el aeropuerto de El Alto antes de ser hostigadas durante horas y devueltas a la Argentina tratandonos como criminales.
El problema para el gobierno no era una cuestión migratoria. Era impedir que una delegación independiente pudiera registrar lo que estaba ocurriendo en Bolivia y desenmascarar a un gobierno que hizo de la represión contra el pueblo una política de estado.
La persecución continúa
Mientras la Embajada habla de "normalidad institucional", la persecución contra dirigentes sociales continúa. La reciente detención de Vicente Zalazar, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, muestra que la respuesta estatal no terminó con el levantamiento de los bloqueos. Por el contrario, la judicialización de dirigentes obreros y campesinos busca disciplinar a quienes encabezaron la resistencia a pesar de la traición abierta de la COB. Lejos de confirmar un escenario de "diálogo", estos hechos muestran que continúa una política de criminalización de la protesta.
Argentina conoce el valor de la solidaridad internacional
Para quienes integramos esta misión, la apelación a la "soberanía" para impedir una observación independiente tiene una resonancia histórica ineludible.
Durante la última dictadura militar, los militares se escudaron en la “soberanía nacional” para intentar bloquear cualquier investigación independiente sobre la dictadura genocida. Mientras miles de familiares y organismos de derechos humanos rompían el cerco de silencio y presentaban denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, los voceros del régimen y sectores aliados –incluyendo medios, empresarios y la Iglesia– denunciaban una supuesta “intromisión en los asuntos internos del país” y acusaban a los familiares de “crear problemas” o de ser parte de la “subversión”. Sin embargo, la movilización de las víctimas y la presión internacional lograron que la CIDH recibiera miles de denuncias, dejando en evidencia la magnitud de los crímenes y la impunidad que pretendía garantizar el Estado. La experiencia argentina demuestra que la defensa de los derechos humanos no puede limitarse a las fronteras nacionales: la solidaridad internacional y la acción independiente de los organismos de derechos humanos han sido y siguen siendo herramientas fundamentales para enfrentar la represión y la impunidad, y para acompañar la lucha de quienes resisten la violencia estatal en cualquier parte del mundo.
No podrán imponer el silencio
La carta de la Embajada es un nuevo hecho que demuestra la política que pretende continuar llevando adelante el gobierno de Paz, esto no puede borrar los hechos ni acallar las denuncias que aún continuamos recibiendo y con las que elaboramos un informe que será presentado internacionalmente para desenmascarar a un gobierno totalmente autoritario que persigue y aplica el estado de excepción para intentar contener la bronca de quienes protagonizaron la rebelión.
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La expulsión de nuestra delegación, lejos de cerrar el debate, reforzó la necesidad de que nuevas misiones independientes puedan ingresar a Bolivia y entrevistarse libremente con las organizaciones involucradas así como no dejar de hablar de Bolivia para romper el cerco mediático que llevan adelante los grandes medios de comunicación.
Seguiremos exigiendo la libertad de todos los detenidos por luchar, el cierre de las causas contra dirigentes sociales y el ingreso irrestricto de comisiones independientes de derechos humanos. Afirmamos nuestro compromiso total con las y los compañeros que protagonizaron esa enorme lucha por más de 50 días y sufrieron las peores aberraciones por parte del Gobierno y acompañaremos incondicionalmente toda iniciativa que se lleve adelante en nuestro país, Argentina, en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas bolivianas porque estamos convencida que el camino es la más amplia y efectiva solidaridad internacionalista con los de nuestra misma clase.
¡Sumá tu firma a esta campaña en defensa de las libertades democráticas y contra el estado de excepción en Bolivia!
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Axel González, ¿otro joven desaparecido por la Policía?
7 de julio, por Chaco — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Chaco, Desaparecidos por la policía, Desaparición forzada, Desaparición, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Chaco, Desaparecidos por la policía, Desaparición forzada, Desaparición
El changarín de 21 años vive en Fontana, cerca de Resistencia. Desde el 17 de mayo no se sabe nada de él. Varios testigos vieron cómo la noche anterior policías de la Comisaría Segunda lo persiguieron hasta un monte. La “investigación” judicial tiene infinidad de irregularidades. La familia exige respuestas, verdad y justicia.
Axel González tiene 21 años y desde el 17 de mayo su familia denuncia que está desaparecido. Viven en la localidad de Fontana, muy cerca de Resistencia. El joven trabaja haciendo changas en la zona del barrio Takay de Puerto Tirol. Según diversos testimonios, la noche anterior al menos tres efectivos de la Comisaría Segunda de la Policía de Chaco lo persiguieron y habrían sido los últimos en verlo con vida.
“Hay muchos testigos que tienen miedo, porque hay un abuso sistemático por parte de la Policía de la Fontana y de Puerto Tirol, manejos no legales en cuanto a perseguir jóvenes, en barrios marginales donde la realidad es que corre la droga, y entonces se naturaliza que la policía te persiga, te acose, te corra, te meta preso y te cague a trompadas. Así, los pibes no dicen nada porque saben que el vuelto no es caramelo”, dijo la abogada Gabriela Tomljenovic a la periodista Adriana Meyer en una nota publicada en Página|12. La letrada asegura que “el miedo de los vecinos es tan grande que ni siquiera aceptan declarar bajo identidad reservada”.
Hasta donde se pudo reconstruir, Axel salió de la casa de su madre, María Inés Gómez, la noche del sábado 16 de mayo. Iba a encontrarse con Ludmila Villordo, su novia. En el camino se encontró con su amigo Ariel Lázaro, con quien se quedó algunas horas. En un audio enviado a su novia, Axel relató que estaba siendo perseguido por policías en un patrullero, quienes lo acusaban del supuesto robo de una moto. Según su amigo, el joven, buscó refugiarse en una zona de monte y bañados. Desde entonces la familia no se sabe nada de él.
En Fontana la familia realiza manifestaciones exigiendo la aparición con vida de González. “Te voy a encontrar hijo querido, que me digan dónde estás”, dice su madre mientras camina las calles del pueblo. “Policías de la comisaría segunda fueron los que perseguían a mi hijo, y ellos fueron los últimos que lo vieron con vida, agrega. Pese a preferir el anonimato, son muchos los testigos afirmaron haber visto cómo los efectivos lo persiguieron a bordo del móvil.
La familia denuncia que no es la primera vez que Axel es hostigado por la Policía. “En 2024 ingresaron de civil a su casa, en otro momento le rompieron las costillas, y una tercera vez lo obligaron a golpear a un detenido bajo amenaza de ser golpeado. Cuando su mamá le decía de ir a denunciar, Axel se negaba con el argumento de que iba a ser peor. De hecho, otra fuente del caso comentó que es posible que el joven haya estado en el momento y lugar equivocado, y supiera algo comprometedor”, relata Meyer.
La doctora Tomljenovic, patrocinante de la familia, recordó que la Fiscalía emitió una medida cautelar para proteger a las y los testigos. “Sabemos que un abogado defensor de los policías sacó del expediente una declaración testimonial y la filtró a un medio que la difundió tal cual en las redes, con todos los datos personales del declarante. Se dice que la cautelar es un bozal legal pero no es así, queremos que los medios hablen de la causa, que no se olviden de Axel, lo que no se puede es ventilar el contenido de pruebas, eso puede comprometer a la investigación”, afirmó.
A su vez la abogada denunció que hubo una “pérdida de tiempo muy valioso en los primeros diez días” de la desaparición del joven. Y responsabiliza al titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Luciano Santos, quien “en ese tiempo no hizo nada útil”. Nunca lograron que la madre de Axel fuera recibida y el fisal desoyó el reclamo de la letrada respecto a que diera intervención en las pesquisas a una fuerza federal y no a la propia fuerza sospechada. “Estábamos ante una desaparición forzada, pero no hizo nada de eso, tampoco apartó a la Policía del Chaco”, sentenció.
Tomljenovic pidió ante el Ministerio Público Fiscal que se integre un “equipo” de investigadores al igual que sucedó en otros casos, como el de Cecilia Strzyzowski, víctima de femicidio del clan liderado por Emerenciano Sena (de estrechos vínculos con la Policía chaqueña y el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich). Desde la Procuración aceptaron la sugerencia de la abogada de la madre de Axel y se formó un equipo integrado por Julieta Arolfo de la Fiscalía 14 y la fiscal de Cámara Noelia Encina. Hasta el momento se comprometieron a “reconstruir la línea de tiempo hasta la desaparición” y motorizaron el apartamiento de fuerza represiva provincial de las actuaciones en el caso. Ahora interviene la Gendarmería, otra fuerza altamente sospechada en diversos crímenes contra la juventud de las barriadas populares del país.
Las fiscalas pidieron a su vez el peritaje a los teléfonos de los seis efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana que estuvieron de guardia durante la madrugada del domingo 17 de mayo. El análisis de los celulares estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) dependiente de la Procuración General de la Nación.
Por su parte, el padre del joven desaparecido y su abogado pidieron directamente la detención de los tres policías policías de Fontana que iban a bordo del patrullero, pero las fiscalas se negaron a canalizar ese reclamo. Se sospecha que esos mismos policías intentaron desviar la búsqueda “plantando” una ojota en la zona. Así, habrían intentado sembrar la idea de que el joven “se escapó de los policías, entró en una propiedad de los Iñiguez que linda con un bañado o estero, y se perdió, dicen. ¿Se lo tragó la tierra? ¿Se ahogó? Es concreto sí que hacía muchísimo frío y él había consumido, lo cual condiciona cualquier reacción que haya tenido”.
Como parte de los cuestionamientos al fiscal Luciano Santos, desde el patrocinio legal de la madre de Axel denuncian la imputación penal contra el amigo, Ariel Lázaro. “No habíamos podido ni presenciar su declaración como testigo. Así, perdimos el testigo más importante. Y no podés usar tampoco su testimonial. Le quedó muy grande el saco al fiscal. Imputó a siete civiles, les dictó la prisión preventiva a la tarde y a la noche se declaró incompetente. Escupió el asado y se fue a la mierda, hizo paquete para las fiscalías con un moño. Lo único que sí hizo fue pedir las cámaras y el libro de guardia de la comisaría”, detalló Gabriela Tomljenovic ante la periodista de Página|12.
Meyer agrega que la familia de Axel “tuvo una reunión con el subsecretario de Seguridad, Juan de la Cruz González, y su hermana Cintia enfureció al enterarse que los policías de Fontana fueron trasladados a la zona metropolitana. La joven le dijo al funcionario que esto ‘era una burla'. Y lo increpó: ‘¿Qué garantía me das vos de que ellos no estuvieron ahí alterando la investigación?'”.
María Inés, la madre del pibe desaparecido, exige respuestas inmediatas. Y también que “se limpie toda la mugre de la Policía”. Al marchar por las calles se encuentra con otras víctimas, como la mamá de Nelson Gusak, otro pibe desaparecido en 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado en junio pasado. Según la versión oficial, Nelson se “suicidó”. Una explicación habitual de los agentes del Estado, tanto nacional como de todas las provincias, cuando se trata de desviar el foco de la Policía y demás fuerzas represivas.