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Murió el “Negro” García, sobreviviente de la ESMA y testigo clave en los juicios a los genocidas
15 de abril, por La lucha por memoria, verdad y justicia — Libertades Democráticas, Juicio, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Libertades Democráticas, Juicio, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
Fue un sobreviviente, testigo clave y querellante en los juicios de lesa humanidad. Como uno de los primeros declarantes en la Megacausa ESMA contra el genocida Héctor Febres, su testimonio fue decisivo. Falleció a los 77 años, dejando tras de sí una vida de lucha dedicada a denunciar los crímenes de la dictadura tras haber pasado por el centro clandestino de la ESMA.
En los espacios de militancia era conocido como el “Negro” o “Negro Roque”. Se había incorporado a la lucha política en los años 70. El 21 de octubre de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA cuando salía de la casa de sus padres, en Carapachay.
Permaneció más de un mes detenido en condiciones inhumanas en el sector conocido como “Capucha”, donde fue sometido a torturas sistemáticas. Como a otros detenidos-desaparecidos, lo obligaron a realizar trabajo esclavo: lo destinaron a tareas de mantenimiento junto a otros secuestrados, a quienes los genocidas llamaban de forma degradante “la perrada”.
Realizaba esas tareas en los sótanos del centro clandestino, a pocos metros de las salas de tortura. Por allí pasaban todos los detenidos. “Escuchábamos los gritos de los compañeros. Era un infierno”, declaró años después en los juicios de lesa humanidad.
Mientras estaba detenido-desaparecido, fue testigo directo del cautiverio de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas y de militantes vinculados a la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977, tras la infiltración de Alfredo Astiz. “Vi a las religiosas y oí cómo las atormentaban”, recordó.
Junto a otros detenidos, como Alfredo Margari (“Chiquitín”), fue obligado a realizar documentación falsa para la Armada. Esas tareas se desarrollaban tanto dentro de la ESMA como en el Edificio Libertador, e incluso en la imprenta Apus, en Constitución, donde se editaba el diario Convicción, utilizado por Emilio Massera como herramienta de proyección política. Allí trabajaban unos doscientos operarios gráficos, entre los cuales la ESMA infiltró a detenidos bajo un régimen de libertad vigilada. Los incorporaron al taller y les asignaban tareas clandestinas, como la impresión de documentos falsos, que realizaban a espaldas del resto de los trabajadores.
A comienzos de 1979 conoció a Miriam Lewin, también sobreviviente de la ESMA. Junto a “Munú” Actis, Margari y Elisa Tokar conformaron un grupo de sobrevivientes.
Meses después, Lewin quedó embarazada de su primer hijo y en agosto se casaron. A partir de entonces, García accedió a un régimen de libertad vigilada que le permitió dejar de regresar cada noche al centro clandestino.
En 1981 lograron salir del país y se exiliaron en Nueva York, donde nació su segundo hijo. Allí trabajó repartiendo diarios para sostener a su familia, mientras participaba junto a otros exiliados en la publicación El Argentino, un medio dedicado a denunciar internacionalmente los crímenes de la dictadura.
Con la asunción de Raúl Alfonsín iniciaron el regreso al país. Antes, brindaron su testimonio ante el rabino Marshall Meyer, quien recopilaba denuncias para la CONADEP, aunque ese material fue robado. Finalmente, en agosto de 1984 volvieron a Buenos Aires. Tanto García como Lewin declararon en el Juicio a las Juntas. Él sostuvo hasta el final su compromiso de hablar por quienes no sobrevivieron.
Testigo en la megacausa ESMA
García fue uno de los testigos en los juicios por los crímenes cometidos en la ESMA. Declaró, entre otros procesos, en el juicio contra el represor Héctor Antonio Febres, junto a sobrevivientes como Margari, Josefa Prada y Carlos Lordkipanidse.
En su testimonio detalló el funcionamiento del centro clandestino, la participación de Febres en sesiones de tortura y su propia experiencia como trabajador esclavizado en tareas logísticas y en la imprenta. También relató el padecimiento de las monjas francesas y caracterizó el accionar de la dictadura como un genocidio planificado.
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La megacausa ESMA, desarrollada entre 2007 y 2021, fue el proceso judicial más extenso por delitos de lesa humanidad en Argentina. Permitió reconstruir el funcionamiento del mayor centro clandestino de la dictadura y terminó con condenas a prisión perpetua para represores como Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo.
A lo largo de sus distintas etapas se juzgaron crímenes emblemáticos: la desaparición de las monjas francesas, el secuestro de las Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz y la apropiación de niños nacidos en cautiverio, entre ellos Victoria Donda y Juan Cabandié.
Con un número inédito de imputados, este proceso se consolidó como un pilar de la lucha por memoria, verdad y justicia.
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Audiencia en Argentina define querella contra Álvaro Uribe por ejecuciones extrajudiciales en Colombia
14 de abril, por Este martes — Libertades Democráticas, Colombia, Argentina, Álvaro Uribe, Edición Uruguay, Libertades Democráticas, Colombia, Argentina, Álvaro Uribe, Edición Uruguay
La delegación convocada por los organismos que impulsan la querella, convocan a acompañarlos frente a los tribunales federales de Comodoro Py este martes a las 12 del mediodía. Estarán presentes distintos organismos de Derechos Humanos entre ellos el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. En el día de ayer, la delegación fue recibida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Este martes 14 de abril la Cámara Criminal y Correccional Federal Argentina ha citado a audiencia para tratar la4 acción legal internacional presentada ante la justicia de Argentina para investigar al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su vinculación con ejecuciones extrajudiciales.
La querella, impulsada por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, se ampara en el principio de jurisdicción universal ante la falta de procesos efectivos y sanciones contra altos mandos en Colombia. La audiencia de apelación es clave para reactivar la causa tras un intento previo de archivar el caso en los tribunales bonaerenses. Las organizaciones hacen un llamado a la solidaridad global para garantizar que las 6.402 víctimas reciban la verdad y justicia que les han sido negadas durante décadas.
La delegación convocada por los organismos que impulsan la querella, convocan a acompañarlos frente a los tribunales federales de Comodoro Py este martes a las 12 del mediodía. Estarán presentes distintos organismos de Derechos Humanos entre ellos el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. En el día de ayer, la delegación fue recibida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Publicamos a continuación el comunicado de prensa completo:
Boletín de prensa, Querella contra Uribe en Argentina by Juan Andres
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A un mes del asesinato del docente Cristian Pereyra, la familia convoca a una movilización
14 de abril, por La Matanza — Política, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Suteba La Matanza, La Matanza, Axel Kicillof , Nathalia González Seligra, Política, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Suteba La Matanza, La Matanza, Axel Kicillof , Nathalia González Seligra
El miércoles 15 de abril a las 10 hs en San Justo, desde Almafuerte e Yrigoyen hacia la fiscalía, se realizará una movilización a un mes del asesinato de Cristian por parte de un policía bonaerense de la UTOI. Familiares, amigos, compañeros de escuela, exigen saber qué pasó con Cristian, por verdad y Justicia. Basta de impunidad, basta de precarización.
El viernes 10 de abril se realizó la primera reunión para coordinar la lucha por justicia por Cristian Pereyra. Junto a las hermanas del docentes, se reunieron el abogado de la familia Roberto Torres (Ceprodh), organismos de Derechos Humanos, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, APDH, José Guzmán de Familiares de Víctimas de Cromañón, Suteba de La Matanza, Suteba Tigre, la agrupación Multicolor de Suteba La Matanza, PTS-FITU y otros partidos deizquierda, delegado dela Agencia Territorial de La Matanza, representantes del Colegio de Trabajo Social del distrito, estudiantes de En Clave Roja y docentes de la agrupación Marrón.
Se resolvió la movilización que se llevará a cabo este miércoles 15 de abril, desde las 10hs con licencia gremial para los docentes del Distrito, una Jornada visibilizacion en las escuelas el martes 14 de abril con una carta de la familia hacia las comunidades educativas de los colegios de La Matanza, y mantener el espacio de organización en búsqueda de justica y acompañamiento de la familia de Cristian.
Reunión de solidaridad
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En los próximos días se termina el plazo de detención del policía bonaerense que se declaró culpable del asesinato, por lo tanto el Juzgado de Garantías N° 5 tendrá que decidir si se dicta la prisión preventiva o si lo libera. Familiares, compañeros de trabajo, amigos, consideran que no debe quedar en libertad porque siendo miembro de la Policía Bonaerense existe un grave peligro de entorpecer la investigación por sus vínculos dentro de la Fuerza y que existe un alto riesgo de fuga.
Actualmente, la causa está caratulada como homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego. La familia del docente solicita que se incluya el agravante por la condición de miembro de una fuerza de seguridad, dado que su responsabilidad institucional no cesa incluso cuando no está en servicio.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El docente tenía 39 años y se encontraba trabajando de Didi porque no llegaba a fin de mes con su sueldo. Son muchos las maestras, profesores, profesoras, trabajadores de la educación que viven esa misma situación, con salarios muy por debajo de la canasta familiar. Terminar con la precariedad a la que miles son empujados, por un cargo con un salario igual a la canasta familiar, también es parte del reclamo de justicia por la que pelea la familia de Cristian.
Carta a la Comunidad Educativa
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Te puede interesar: La Matanza. “Todos podemos ser Cristian Pereyra” dicen las hermanas del docente asesinado por policía de la UTOI
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Mendoza: represión, censura y un relato mediático al servicio del poder
13 de abril, por Opinión — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Alfredo Cornejo, Extractivismo, Persecución política, Ley de glaciares, Represión, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Alfredo Cornejo, Extractivismo, Persecución política, Ley de glaciares, Represión
La escalada represiva del gobierno de Alfredo Cornejo contra el movimiento en defensa del agua ya dejó más de 40 personas detenidas e imputadas. En paralelo, los grandes medios mendocinos despliegan una cobertura selectiva que no solo oculta la violencia estatal, sino que además criminaliza la protesta social. La combinación no es nueva: represión en las calles y censura o distorsión en los medios
El contraste se vuelve evidente al observar el tratamiento que recibió un reciente escrache protagonizado por estudiantes en la Universidad Nacional de Cuyo. Allí, decenas de jóvenes repudiaron la apología antiderechos de una charla contra la Educación Sexual Integral impulsada por sectores fundamentalistas vinculados al Opus Dei en la Facultad de Filosofía y Letras. Medios locales instalaron la idea de “violencia” y de una supuesta negativa al debate por parte de los manifestantes. El propio decano declaró que “la Facultad busca promover un espacio de diálogo y nos sorprende el nivel de violencia que hay en la sociedad”, mientras aseguraba que “no se permiten actos contra los derechos humanos”. Una afirmación que omite, de manera llamativa, que la ESI es reconocida justamente como un derecho humano fundamental que garantiza a niños, niñas y adolescentes el acceso a información científica, precisa y adecuada a su edad sobre los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la sexualidad, herramienta clave en la prevención de la violencia de género y el abuso sexual.
Dos semanas después de ese episodio —y casi sin cobertura mediática—, la policía mendocina reprimió con violencia una movilización en el centro contra la modificación de la Ley de Glaciares, que habilita la megaminería en zonas glaciares y periglaciares. Ocho manifestantes -3 mujeres y 5 varones- fueron detenidos salvajemente, a los golpes, entre muchos policías, e imputados utilizando figuras que vienen de la Dictadura como el artículo 194 por “entorpecimiento del tránsito” y otros delitos como “resistencia a la autoridad”. Las causas, como en todos los casos anteriores, aparecen sostenidas en acusaciones endebles o directamente armadas, orientadas a disciplinar la protesta y a sembrar miedo. Cinco días después, seguimos exigiendo la libertad de Micaela y Adrián, que continúan detenidos injunstamente.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>La pregunta es inevitable: ¿qué hechos son considerados “violentos” y cuáles no? ¿Quién define los límites del debate? ¿Por qué tenemos que estar en calma e inmóviles cuando ciertos sectores ponen en cuestión derechos que tanto nos costaron conseguir? Mientras se condena un escrache a sectores antiderechos, se silencia la represión estatal organizada. La violencia parece tener distintos parámetros según quién la ejerza. Para los poderosos, es una herramienta legítima; para el pueblo que se moviliza, un delito.
El endurecimiento de este esquema represivo no podría sostenerse sin una trama de complicidades. Cornejo ha dedicado minuciosamente su mandato a concentrar la suma del poder público: una Legislatura que funciona como escribanía de día y como centro ilegal de detención en noches de movilizaciones como la del 23 de octubre pasado; fuerzas represivas cada vez más enardecidas; una justicia adicta que se presta al circo del armado de causas para aleccionar y disuadir la protesta social; medios de comunicación altamente disciplinados por la pauta oficial para reproducir el relato del poder político y económico. Así, se construye un cerco informativo que invisibiliza conflictos sociales de fondo, como la defensa del agua que lleva más de un año de masivas movilizaciones frente al avance extractivista en la provincia y el país.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ya lo advertía Rodolfo Walsh: “El periodismo es libre o es una farsa”. La vigencia de esa definición se vuelve palpable cuando desde la propia Justicia se intenta condicionar el rol de la prensa libre. El presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay, exhortó públicamente a los medios a “ser responsables” al referirse a la independencia judicial. Sin embargo, los hechos muestran otra cosa: causas armadas contra luchadores, imputaciones sin pruebas sólidas -como acusaciones basadas únicamente en declaraciones policiales- y episodios que involucran a funcionarios judiciales y políticos que permanecen ocultos.
Walsh, en plena dictadura, impulsaba la “Cadena Informativa” como herramienta para romper el cerco de la censura: “El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento”, escribía. Salvando las distancias históricas, el mecanismo vuelve a resonar. Cuando la información se concentra y se manipula, la libertad desaparece y se abre paso a la corrupción.
La historia argentina ofrece lecciones que no pueden ignorarse. Procesos como el Cordobazo y el Mendozazo mostraron que, frente a políticas regresivas y gobiernos que avanzan contra el pueblo, emergen respuestas colectivas y de la lucha de clases que desbordan los intentos de control. Aquellos ciclos de rebelión solo pudieron ser derrotados mediante una represión sistemática que desembocó en el terrorismo de Estado.
Hoy, en un contexto de crisis social, económica y de representación, el gobierno provincial intenta evitar que el descontento social emerja en las calles de formas más agudas. La criminalización de la protesta y la censura mediática son parte de esa estrategia. Pero también hay memoria y experiencia acumulada en quienes luchan.
Porque si algo enseña la historia es que ningún dispositivo represivo ni ningún cerco informativo pueden sostenerse indefinidamente frente a un pueblo que decide organizarse y hacer oír su voz. Allí radica lo valiosísimos que son los medios independientes, como La Izquierda Diario y tantos otros, así como los registros audiovisuales de cada persona que en cada movilización son indispensables para conocer la verdad que los poderosos quieren ocultar.
Finalmente, vale retomar las palabras de Walsh en el informe N°1 de diciembre de 1976, titulado “Crónica del terror” y publicado en El violento oficio de escribir:
“Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
DERROTE AL TERROR HAGA CIRCULAR ESTA INFORMACIÓN". -
Caso Facundo Castro: el fiscal encubridor de la Policía Bonaerense ataca de nuevo
12 de abril, por Sumario sin secreto — Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Sergio Berni, Impunidad, Policía Bonaerense, Facundo Castro, Santiago Ulpiano Martínez, Cristina Castro, Sumario sin secreto, Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Sergio Berni, Impunidad, Policía Bonaerense, Facundo Castro, Santiago Ulpiano Martínez, Cristina Castro, Sumario sin secreto
Santiago Ulpiano Martínez, exjuez benefactor de genocidas, cumplió un rol clave en 2020 en el encubrimiento de uniformados y funcionarios provinciales en la causa por la desaparición y muerte del joven de Pedro Luro. Se apartó del caso, pero abrió nuevos expedientes en los que acusa sin pruebas a miembros de la querella. El crimen sigue impune.
Es curioso que mucha gente piense que la causa judicial que investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro está cerrada y concluída. Podría considerarse que resultó exitosa la campaña encubridora orquestada desde la Gobernación con apoyo de los jefes de la Policía Bonaerense y de cloacas mediáticas propaladoras del mensaje favorable a los sectores de poder de Bahía Blanca y alrededores.
No. La causa penal por el crimen del joven de 22 años nacido y criado en Pedro Luro, partido de Villarino, sigue abierta. Se tramita en el Juzgado Federal 2 bahiense, a cargo del juez Walter López da Silva, y a cargo de la investigación está el equipo de fiscales que integran Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili.
El asunto es que ni el juez ni los fiscales parecen estar interesados en empujar la concreción de las medidas de prueba que siguen pendientes. Algunas incluso están en proceso de conclusión, pero los resultados finales se postergan indefinidamente, dejando sin respuestas del Estado a las múltiples preguntas que desde hace seis años se sigue haciendo la familia Castro.
La querella encabezada por Cristina Castro, madre de la víctima, sólo recibe mensajes de impunidad. No sólo en beneficio de los agentes Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Siomara Flores, imputados en la causa, sino para todo un sistema en el que interactúan diversos engranajes siempre al servicio de los sectores dominantes.
En 2025, al cumplirse un lustro de la última vez que a Facundo se lo vio con vida, detallamos el estado de la causa, con sus pruebas y sus grises. Hoy se podría repetir el mismo texto, por lo que te invitamos a verlo acá. El nulo avance de la “investigación” deja en evidencia la injerencia directa de aquellos sectores en el expediente, con la anuencia de los funcionarios judiciales. A casi seis años, la familia sigue esperando que el Estado le diga cuándo, dónde, cómo y por qué murió Facundo. Y quiénes son los culpables de su prematura muerte.
Frente común
Lejos de cualquier obsesión conspirativa, es indudable que hay más de un interesado en que la causa judicial no avance. Al tope de la lista está la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nadie olvida el protagonismo de esa fuerza en 2020 en la aplicación a sangre y fuego de la cuarentena obligatoria por la pandemia de covid-19.
Durante aquel período, tras el DNU de Alberto Fernández, el aparato represivo estatal asesinó en todo el país a una persona cada dos días. La mitad de las víctimas cayeron en la provincia gobernada por Axel Kicillof. Para los amantes de la coima, el verdugueo, la picana y el gatillo fácil, ése fue uno de los momentos más “gloriosos” de La Bonaerense en la historia reciente. Echar luz sobre el caso de Facundo no está en los planes de la institución que hace treinta años fue bautizada como “la maldita Policía”.
Quien también está interesado en la impunidad es el propio Poder Ejecutivo provincial. Desde el principio el gobernador peronista le confió la “resolución” del asunto a Sergio Berni, su ministro de Seguridad, al que sostuvo durante todo su primer mandato pese a los múltiples cuestionamientos, incluso desde dentro de su espacio político. Y en éste como en otros casos, Berni actuó decididamente en favor de los máximos sospechosos. Que hoy siguen en funciones bajo las órdenes de Javier Alonso, sucesor del excarapintada en el Ministerio.
Axel Kicillof y Sergio Berni Cuando recibió a Cristina y sus abogados en La Plata, en agosto de 2020, el Gobernador le prometió “transparencia” a la familia del joven cuyo cuerpo acababa de ser hallado en un cangrejal de Villarino Viejo. Pero desde entonces todo lo hecho por su gestión alrededor del caso mutó de opaco a oscuro. Transparencia cero. El engaño oficial fue denunciado en 2024 por la misma madre de Facundo a través de una carta abierta, que este diario reprodujo.
Al grupo de interesados en la impunidad se suma, por supuesto, la “crema” del Poder Judicial de Bahía Blanca. Dos de sus máximos referentes, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza federal María Marrón, fueron quienes manejaron la causa luego del cambio de carátula de “averiguación de paradero” (fuero ordinario) a “desaparición forzada” (fuero federal).
Martínez “investigó” al revés. Desechó pruebas verosímiles, dilató pericias pedidas por las querellas, fue indiferente a testigos convincentes y, a la vez, le dio validez al relato de “testigos” de dudosa moral y procedencia. Tras hacer el trabajo sucio, en febrero de 2021 se apartó de la causa, pese a existir desde muchos meses antes un pedido de recusación de los denunciantes. Diez meses después, a pedido de los fiscales que lo reemplazaron, fue separada del caso la jueza Marrón.
Imposible dejar de mencionar a las empresas mediáticas, nacionales y regionales, que tienen un pacto tácito con las policías, los funcionarios y la “Justicia”. Cuando un hecho así compromete el orden público y pone bajo la lupa a los supuestos garantes de la “seguridad ciudadana”, la línea que separa la tibieza de la complicidad se hace invisible. Cuando los funcionarios ponen en marcha el clásico Operativo Encubrimiento siempre aparecen pésimos exponentes del periodismo dispuestos a reproducir el discurso que emana del poder político.
En el sur bonaerense esa conexión entre medios y política se llama La Nueva Provincia . Desde hace una década el multimedio pertenece a Gustavo Elías, el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Desde los sitios La Nueva y La Brújula 24, el Canal 9 de televisión y las radios AM LU2 y FM Ciudad, hace honor al anterior dueño, Vicente Massot, colaborador de la dictadura, acusado de matar a Enrique Heinrich y Miguel Loyola, obreros gráficos de su imprenta, y de colaborar en otros 35 crímenes. Fue de esa cloaca informativa que salió un libro contra la familia de Facundo.
El frente común de actores interesados en la impunidad del caso hace pie en un sector social, burgués, con peso en la región. Sectores medios altos, conservadores, que se protegen con esa misma policía, que financian al sistema político que le garantiza sus negocios (legales e ilegales) y se beneficia de este Poder Judicial. Además de llenar de publicidad y pauta, claro, a sus amigos mediáticos.
Policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González | Fotos de redes sociales Perra revancha
Sólo quien posee un pensamiento ultra retorcido puede culpar a las víctimas de la violencia estatal de sufrir sus consecuencias. Pero es lo que está sucediendo con la querella de la familia Castro. Quien ejecuta el ataque es nada menos que el fiscal Ulpiano Martínez, con complicidad de jueces y camaristas. Un plan de impunidad recargado.
Martínez abrió un expediente contra el adiestrador de perros Marcos Herrero, acusándolo de haber cometido el delito de “falso testimonio” durante su actuación en el caso de Facundo. En ese entonces Herrero era empleado de la Policía de Río Negro y participó como perito de la querella en siete procedimientos. Precisamente se lo acusó de falso testimonio “en siete ocasiones”.
Corporaciones como Clarín o La Nueva Provincia acusaron a Herrero de plantar o truchar pruebas, pero nada de eso figuró en el expediente. Le imputan “falso testimonio”, es decir que mintió. ¿Pero sobre qué y cómo? Nada en el expediente lo explica. En abril de 2025 el Juzgado Federal 1 bahiense condenó al perito a siete años, pero en la sentencia no se menciona qué prueba o evidencia “plantó” junto a sus perros.
¿Qué significaría que plantó pruebas? Que se pudo meter en las comisarías de Teniente Origone y Bahía, engañar a los policías y dejar en esos lugares piedras y amuletos de madera adjudicables a Facundo. Nada de eso se probó y por eso no se lo acusó de eso. Sólo se cuestionaron judicialmente sus métodos de rastrillaje por carecer de la ortodoxia institucionalizada.
Hay que recordar que los siete procedimientos estuvieron monitoreados y controlados por la propia autoridad judicial que terminó enjuiciando a Herrero. Si no era el mismo fiscal, iba un subordinado suyo. Y la Gendarmería Nacional custodió todo, llegando a revisar las vestimentas de Herrero y hasta la dentadura de los canes. Si fueron testigos directos, ¿por qué tardaron años en denunciarlo?
La condena del adiestrador está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras ser rechazado en febrero de este año un recurso de Casación presentado por la defensa. El presidente de los camaristas que lo rechazaron es Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia de Javier Milei.
Santiago Ulpiano Martínez en los estudios de La Brújula 24 Contra el derecho y la ciencia
Apoyándose en la condena a Herrero (que aún no está firme) Ulpiano Martínez abrió otros dos expedientes, uno contra Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, y el otro contra Virginia Créimer, médica forense que también participó en el caso como perito de la querella. A ambos les acusó de colaborar con el adiestrador de perros en el “falso testimonio”. La teoría conspirativa de Martínez no tiene pies ni cabeza, pero el fiscal parece tener vía libre para hacer a su antojo.
Las “pruebas” contra el doctor Peretto las aportó el entonces subcomisario José Pérez, segundo de la delegación bahiense de la Policía Federal. Se trataba de un intercambio telefónico con el abogado de Cristina en el que éste habría mencionado que una de las piedras halladas por Herrero era del joven desaparecido.
¿Delito? Ninguno. Por eso el mismo juez López da Silva que condenó al adiestrador no tuvo el coraje de condenar a Peretto y terminó dictando “falta de mérito”. Causa archivada, sin condena ni absolución, con lo que podría reactivarse si Martínez encuentra de casualidad alguna nueva “prueba”.
Las “pruebas” contra la doctora Créimer también brillan por su ausencia. Por eso ella recusó al fiscal Martínez, más interesado en perseguir al entorno de Cristina Castro que en investigar en serio. El fiscal primero citó a la perita como testigo en la causa contra Herrero, ya que habían compartido rastrillajes en la búsqueda de Facundo, y luego usó ese testimonio (dado bajo juramento de decir verdad) para acusarla de cómplice.
Créimer asegura que el fiscal violó su derecho de defensa y al debido proceso. Entre otros fundamentos, denuncia la maniobra de Martínez al convocarla a dos audiencias el mismo día con media hora de diferencia: una para que la forense pudiera presentar la recusación contra él y la otra para la indagatoria. Así, se le negó el tiempo mínimo necesario para preparar su defensa legal.
Quienes conocen la causa de cerca aseguran que Créimer no debería correr ningún riesgo judicial, ya que la construcción fantasiosa de Ulpiano Martínez debería tener un límite y no avanzar más allá de un intento criminalizador. No debería convertirse en natural que un fiscal y un par de jueces impongan sus propias creaciones por sobre los hechos para condenar y joderles la vida a quienes odian.
La doctora Créimer hizo pública una carta abierta en la que, apoyándose en su larga trayectoria al servicio de las víctimas de la violencia estatal, en todos sus niveles, denuncia que ya lleva dos décadas sufriendo hostigamiento y persecución desde diferentes sectores de poder.
Cristina Castro delante del mural por Facundo en Pedro Luro | Foto Amnistía Internacional Derecho al futuro…
Desde el principio del caso la familia de Facundo comprendió que debería batallar contra un sistema en el que varios actores, a veces en conjunto y otras por separado, actúan en función de un mismo interés: preservar a la Policía Bonaerense como herramienta de coerción y represión. Aún a costa de encubrir a criminales con mentiras y maniobras, ese sistema privilegia la “gobernabilidad” de la fuerza a atender el reclamo elemental de las víctimas.
Cuando vieron cómo se condenó a Herrero, la madre de Facundo y quienes la acompañan anticiparon que los mismos canallas con poder irían por más. Las acusaciones a peritos y abogados confirman aquel pronóstico. Hay quien dice que, aplicando hasta el final la lógica del fiscal Ulpiano Martínez, no habría que descartar que mañana quiera enjuiciar a la propia Cristina por falsear su propio testimonio. Hablame de revictimización sin hablarme de revictimización.
Nada está dicho, sobre todo cuando hay un objetivo central: bancar a La Bonaerense. Un interés de clase, transversal a todos los gobiernos. Algo que seguramente agradece el gobernador Axel Kicillof, quien en medio de la crisis económica que atraviesan millones de bonaerenses lo que menos desea es tener problemas con la gorra, fundamental para mantener el “orden” burgués.
En la causa que sigue abierta hace seis años por la desaparición forzada seguida de muerte hay pruebas de sobra para quien quiera verlas. Pruebas que superan ampliamente a los falaces “indicios” que usa Ulpiano Martínez. Los fiscales Sylvestre, Azzolin y Gentili aún no recibieron los resultados de peritajes a teléfonos celulares de decenas de policías. Una medida que muchos ayudan a dilatar al extremo. ¿Qué revelaciones esconde esa cloaca telefónica?
En septiembre de 2020 Carlos Bianco, entonces jefe de Gabinete de Kicillof y hoy su ministro de Gobierno, dijo ante una consulta en C5N: “No vamos a encubrir a nadie, no nos podemos permitir como sociedad no saber qué es lo que sucedió con Facundo”. Hoy ya ni habla del caso. Su jefe, mientras tanto, cada vez que se le da la oportunidad difunde las fake news del grupo La Nueva Provincia a cambio de que lo ayuden en su campaña del Movimiento Derecho al Futuro. Un museo de grandes novedades…
Imagen AGR Medios
