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• Legisladores del FIT solicitan explicaciones por el desfalco en el Juzgado Contravencional

  22 de julio, por Legislatura de Jujuy — Política, Jujuy, Libertades Democráticas, Código Contravencional, Malversación de fondos, Política, Jujuy, Libertades Democráticas, Código Contravencional, Malversación de fondos
  

  Luego de la denuncia del fiscal Diego Funes sobre hechos de corrupción en el Juzgado contravencional Nº1 a cargo del ex juez contravencional, Matías Ustarez, los legisladores del PTS-FITU se expresaron cuestionando el manejo administrativo de los recursos cobrados a los jujeños. No confían en la investigación de la Justicia armada por el gobernador Morales. Solicitan que autoridades del gobierno rindan cuentas en la Legislatura.

  Consultados por el escándalo en curso en torno a los recursos económicos que manejaba el Juzgado contravencional Nº1 a cargo de Matías Ustarez y su destino, el presidente de la bancada de la izquierda, Gastón Remy, expresaba, “esto es un escándalo de proporciones aún desconocidas, estamos hablando de un funcionario que no puede explicar como en su repartición ocurría el cobro de multas ilegales durante 8 años y se montó una estructura para hacer caja paralela”.

  Y agregó, “Este señor fue designado por el ex gobernador Morales cuando inició la creación de un aparato persecutorio de opositores, sindicalistas y todo aquel que hubiese levantado una voz contraria, lo consiguieron a fuerza de represión e imponiendo esos cobros indebidos y que para colmo ahora se conoce que toda esa enorme masa de recursos iba a parar a manos de quién sabe”.

  Recordamos que en 2024 el estado provincial recaudó en concepto de multas $1.947.913.999 y destinó al funcionamiento del juzgado contravencional $388.244.871 según información de la Cuenta de Inversión publicada por el gobierno provincial.

  En otro tramo de la conversación nos comentaba de la sencillez para determinar si hubo o no malversación, decía: “esto es muy simple, cualquier persona que sepa sumar y restar podría auditar esto, tenemos que tener registros de las actas que cobraron, ese dinero tendría que haber ingresado a una cuenta del juzgado y de ahí a la cuenta única que maneja el ministerio de Hacienda. Los saldos del juzgado deberían ser iguales a los saldos que ingresaron a Hacienda, si no es así, alguien se quedó con plata que no le correspondía”.

  Al respecto y entrando en su análisis sobre la investigación, comentaba, “no creemos que exista la voluntad política de llegar al fondo de la cuestión, no creemos que la justicia a medida que armó Morales vaya a investigar y menos a juzgar a uno de sus alfiles en lo que fue el montaje de una estructura de persecución y restricción sobre las libertades democráticas”. Continuó, "nosotros vamos a exigir de manera formal que la Legislatura convoque a los funcionarios del Ejecutivo que tengan que venir a dar explicaciones, esto no se resuelve solamente con una renuncia. Acá tienen que dar explicaciones funcionarios de Hacienda y de Seguridad”.

  Refiriéndose al grave hecho, en otro trama de la charla, la diputada Natalia Morales expresaba, “nosotros venimos expresándonos en contra de este modelo de justicia administrativa que creó Gerardo Morales para perseguir, por cuestiones de forma y de fondo, recordemos que se utilizó esta maquinaria para perseguir a estudiantes que rechazaban el cierre de sus institutos, se persiguió a los obreros de La Esperanza que se opusieron a la maniobra burda de entrega del ingenio, se persiguió a dirigentes sindicales, a las vendedoras y vendedores ambulantes, en fin, a un pueblo entero que le dijo no a la Reforma."

  En sentido continuó con su análisis, "lo agravante de esto es que el actual gobernador Sadir la sigue utilizando como una continuidad disciplinadora. Ahora queda a las claras que esa herramienta, que a todas luces es inconstitucional, también se la utilizó para fines particulares, para recaudar plata que vaya a saber donde está. Es plata que les fue confiscada a jujeños, que ahora está en los bolsillos de alguien y no tuvo el destino que nos dijeron”.

  Al momento de expresar las medidas que adoptarían como bloque comentaba, “vamos a ingresar los pedidos de interpelación que hagan falta para que acá quede claro quién se llevó toda esta plata y bajo las órdenes de quien se manejaba, pero creemos que no sólo es una cuestión administrativa y de cambio de caras, este Código tiene que caer, es contrario a la Constitución Nacional y no se puede estar bajo sus normativas ni un día más; vamos a volver a ingresar el proyecto de ley para su derogación por lo que expresaba anteriormente y ahora porque está a la vista que es una estafa al pueblo.”

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• El gendarme que casi mata a Pablo Grillo será indagado seis meses después de haber gatillado

  21 de julio, por Intento de homicidio — Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, María Romilda Servini , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo, Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, María Romilda Servini , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo
  

  El 2 de septiembre, luego de varios pedidos desoídos de la querella, la jueza Servini debería procesar al cabo primero Héctor Guerrero por lanzar ilegalmente la granada de gas que casi mata al fotógrafo durante la represión de marzo. Pese al encubrimiento de Bullrich, una investigación colectiva descubrió al autor del disparo. Mientras sigue en rehabilitación, Grillo espera verdad y justicia.

  El martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero deberá explicar en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 de la Ciudad de Buenos Aires por qué disparó de forma ilegal (por fuera de todo protocolo de uso de armas de disuasión) el cartucho de gas lacrimógeno que le partió la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo y casi lo mata. Debería explicar, también, si lo hizo de motus proprio o cumpliendo órdenes explícitas o implícitas de sus superiores. Mientras tanto, tiene prohibido salir del país.

  Guerrero fue citado por la jueza María Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, en el marco de la causa penal en la que se investigan los hechos del miércoles 12 de marzo frente al Congreso. Allí, en medio de una brutal represión comandada por la ministra de “Seguridad Nacional” Patricia Bullrich, las fuerzas federales dispararon gases y balas de goma contra personas que manifestaban junto a jubiladas y jubilados. Entre otros, cayeron heridos Grillo (mientras registraba la represión con su cámara) y el trabajador municipal de San Martín Jonathan Navarro, quien perdió la visión de su ojo izquierdo por un balazo de Prefectura.

  A lo largo de estos meses la querella que representa a Pablo y su familia pidió tres veces a Servini que citara a indagatoria a Guerrero. Ella se tomó su tiempo, pese a que el nombre del gendarme se hizo público a los pocos días de los hechos, tras una investigación colaborativa difundida por el sitio Mapa de la Policía (de la que colaboró La Izquierda Diario). Allí se logró determinar que la granada que impactó en la cabeza del fotorreportero salió de la escopeta lanzagases del cabo primero, miembro de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería Nacional. Y que pese a los intentos de justificación de la ministra, ese disparo se realizó violando el protocolo de uso de armas disuasivas, con claras intenciones criminales.

  La dilación en decidirse a citar a Guerrero habla del interés real de la jueza federal de llegar a la verdad. También del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3. Si el gendarme finalmente declara en sede judicial y, eventualmente, queda procesado por tentativa de homicidio agravado, habrá sido gracias a la persistencia del reclamo de justicia encabezado por la familia Grillo y un amplio arco de organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa, colectivos militantes y la izquierda.

  “Tal como se desprende de nuestras dos presentaciones anteriores en las que solicitamos esto mismo, los hechos que se le imputan (a Guerrero) encuadran jurídicamente en las figuras de homicidio agravado por abuso funcional y uso de arma de fuego, en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”, dice la presentación del 15 de julio que la querella envió a la jueza Servini y a la que accedió La Izquierda Diario. El primero de esos pedidos lo hicieron el 21 de marzo y el segundo el 6 de junio. Pese a la insistencia, Guerrero comparecerá en calidad de imputado recién 174 días después (casi seis meses) de haber apretado el gatillo.

  La intencional extensión de los tiempos del Poder Judicial en el caso se complementa con el encubrimiento deliberado de la responsabilidad de Gendarmería por parte del gobierno de Javier Milei y su ministra represora (probable candidata a senadora del oficialismo en octubre). Vale recordar las iniciales declaraciones de Bullrich, acusando a Grillo de ser un “militante kirchnerista” y bancando a sus gendarmes a cualquier costo, y el reciente “informe interno” de la propia fuerza represiva que exculpa a Guerrero y sus secuaces al tiempo que acusó a la propia víctima de “ubicarse en la línea de tiro”.

  

  Como ya se dijo en este sitio, si algo queda claro es que el cabo primero Guerrero no tuvo un “rapto de locura” esa tarde de marzo. Su accionar fue parte de una planificación más amplia surgida de la cúspide del Poder Ejecutivo. Por eso la familia Grillo y sus abogadas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales reclaman que en la causa también se investigue a Bullrich, al director nacional de Gendarmería Claudio Brilloni, al jefe de la Unidad 6 Héctor Ferreira y al jefe del Comando Región I Marcelo Porra Melconian, entre otros. La cadena de mandos no puede quedar impune.

  Mientras la causa avanza a paso lento, con la querella pisándoles los talones a jueces y fiscales, Pablo Grillo continúa con su rehabilitación de las gravísimas heridas que le dejó el disparo criminal del cabo primero Guerrero. Hasta el 3 de junio el fotógrafo de 35 años estuvo internado en el Hospital Ramos Mejía, cuyo equipo médico, de enfermería y demás profesionales le salvó la vida mediante varias operaciones. Hoy continúa su recuperación en el Hospital De Rehabilitación Manuel Roca. Ambas instituciones estatales.

  A Pablo casi lo matan las fuerzas represivas del Estado. Y, además de su propio tesón y el amor de su familia, lo salvó la salud pública. Ésa que Milei, Bullrich y compañía vacían cada vez más con la excusa del “déficit fiscal cero”, mientras aumentan el presupuesto para Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario. Prioridades “libertarias”.

  En la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo se puede leer, junto a su foto al cumplir un mes de comenzar la rehabilitación: “La fase de adaptación fue positiva y Pablo está entusiasmado, de buen humor y con mucha energía. ‘Un guerrero toma todo como un desafío'. Les dejamos a todos saludos armónicos de Pablo, desafinados pero que nos llenan de alegría. Gracias eternas”. ¡Fuerza Pablo! ¡Juicio y castigo a todos los culpables!

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  Pablo Grillo | Foto IG @justiciaporpablogrillo

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• Juicio en ausencia causa AMIA: una conspiración contra la verdad

  21 de julio, por Tribuna Abierta — Política, Libertades Democráticas, Impunidad, AMIA, APEMIA, Javier Milei, Política, Libertades Democráticas, Impunidad, AMIA, APEMIA, Javier Milei
  

  Desde el principio, la investigación del ataque estuvo orientada al escenario geopolítico del Medio Oriente ocultando la responsabilidad local en el crimen terrorista.

  Artículo públicado originalmente en el sitio de Apemia y reproducido en varios medios

  En vísperas de un nuevo aniversario, el Estado nacional modificó su legislación para poder sostener la vieja Historia Oficial del ataque a la AMIA. En tan sólo cuatro meses, Milei impuso con apoyo parlamentario y del Poder Judicial el “juicio en ausencia” para lograr una condena en línea con la hipótesis de la responsabilidad de Irán y Hezbollah que no probaron en 31 años.

  Con este nuevo marco, las renovadas promesas de terminar con la impunidad son descaradas. En ausencia de acusados y sin abrir ni mostrar pruebas, no habrá esclarecimiento ni Verdad ni Justicia.

  Desde el principio, la supuesta investigación del ataque estuvo enmarcada en el escenario geopolítico del Medio Oriente ocultando la responsabilidad local en el crimen terrorista. La acusación se sostuvo en el Informe Oficial de (Miguel Ángel) Toma (SIDE) que el exfiscal (Alberto) Nisman transformó en relato en sus dictámenes de 2006 y 2009.

  Con la nueva ley aprobada, el Presidente viajó a Israel y coronó una política de Estado que -con matices- atravesó tres décadas, poniéndose al servicio de la agresión israelí, de Estados Unidos y de los países de la OTAN.

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  Así, el Congreso consumó la intención de generar nuevos instrumentos punitivos del Estado. En cambio, para (Rodolfo ) Tailhade –como antes lo fue para (Antonio) Stiuso - el desafío no era aprobar la nueva ley, sino lograr que los jueces aprobaran las pruebas truchas de SIDE.

  A su turno, el juez (Daniel) Rafecas justificó tramitar el juicio en ausencia haciendo foco en su posible condición constitucional. Ubicó el caso “dentro de ese conjunto de situaciones especiales que requieren respuestas excepcionales”.

  Sin embargo, se negó a impulsar la apertura y el acceso a la documentación que ya es prueba judicial, dejando ver que no se atreve a enfrentar la injerencia excepcional del Poder Ejecutivo con la ley vigente.

  Porque de eso se trata: abrir los archivos, hacerlos públicos, permitir su análisis y aportar a la construcción de la verdad histórica de este caso de Terrorismo de Estado que es parte de nuestra historia reciente. Esto es lo importante.

  El debate centrado sólo en la condición constitucional es limitado. Y aún si así lo fuera, la impunidad no se superará sin abrir las pruebas a un debate con toda la sociedad.

  El juez se negó a ello. Dijo que se debe “recurrir a soluciones novedosas”. Pero rechaza una solución que implica empezar por el principio: considerar una hipótesis seria, que se pueda demostrar en base a la prueba obrante en los archivos aún secretos del Estado, que la Corte Interamericana ya intimó a abrir. La relevancia de las pruebas es abrumadora.

  Son esos documentos los que demuestran que el Estado argentino participó en la preparación, consumación y encubrimiento del ataque y no lo hizo en soledad. Esta es la hipótesis que denunciamos desde hace años y que continúa sin ser tratada. Mantenerla en la condición de secreto de Estado impide conocer la verdad y esclarecer el ataque a la AMIA.

  El futuro juicio en ausencia es el nuevo escenario para actuar “como si” se hiciera justicia. Pero no terminará con la impunidad ni “representa una expectativa razonable de acceso a la verdad” como cree el juez. Forzar una “verdad judicial” (la Historia Oficial) ajena a la verdad histórica no es Justicia sino impunidad.

  Será una nueva farsa, la certeza que arrastra a un nuevo fracaso. Abrir las pruebas a la sociedad y a un estudio serio es condición de base y requisito tradicional, no de excepción, para exponer la Verdad e impulsar Justicia. A eso se niegan desde hace 31 años.

  * Laura Ginsberg y Pablo Gitter son referentes de APEMIA (Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA)

  Política / Libertades Democráticas / Impunidad / AMIA / APEMIA / Javier Milei

• Cárcel, balas y falopa: las relaciones peligrosas del diputado Espert

  19 de julio, por Informe — Política, Río Negro, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Guatemala, Viedma, Javier Milei, José Luis Espert, Libertarios, La Libertad Avanza (LLA), libertariano, Política, Río Negro, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Guatemala, Viedma, Javier Milei, José Luis Espert, Libertarios, La Libertad Avanza (LLA), libertariano
  

  Milei lo quiere encabezando la lista bonaerense en octubre. Él promete “cárcel o bala” a quienes odia. La bosta en sus narices fue excusa para ahondar la persecución judicial a opositores. Mientras, oculta su amistad con Fred Machado, el narco procesado en EEUU que aportó millones a su campaña. Y nunca dijo quiénes balearon la camioneta que un primo de Machado le prestó para recorrer el país. Un diputado con más prontuario que proyectos de ley.

  “A los delincuentes hay que llenarlos de agujeros a balazos y a los bunkers de los narcos pasarlos por arriba con los tanques. Colgás cuatro o cinco de esos en la plaza pública y vas a ver cómo no joden más”, dijo José Luis Espert el 4 de febrero pasado en TN a Jonathan Viale, quien apenas balbuceaba cosas como “¿en serio me decís?” o “es muy fuerte”.

  Cinco años antes, en octubre de 2019, durante el debate de candidatos presidenciales, también posó de justiciero. Allí dijo ser “un ciudadano común como vos” que defiende “el sentido común”. Se preguntó: “¿Estamos del lado del inocente o de los delincuentes?” Y se respondió: “Del lado de los que sufren la inseguridad”. Prometió más cárceles, bajar a 14 años la edad de imputabilidad y “piquetero que corta la calle, termina preso”. Pero, a diferencia de su retórica actual, ni en la transcripción escrita de aquel debate ni en los videos que se encuentran en Youtube, Espert mencionó la palabra “narcotráfico”. No fue un mero olvido.

  Autor del patético eslógan “cárcel o bala” para graficar sus propuestas, Espert es el típico pendenciero provocador que dispara veneno contra todo lo que odia y justifica cuanta aberración hagan sus amigos y socios. Acá te damos un pantallazo de esa parte de la biografía que el diputado libertariano calla y le jode que otros ventilen.

  

  La bosta y la mierda

  La noche del lunes 23 de junio José Luis Espert olió a bosta. Pero a la vez, vio la luz. Las bolsas de estiércol arrojadas por un grupo de militantes peronistas en la vereda de su casa de San Isidro primero le provocaron asco. Sin embargo, al ver el pasacalle desplegado sobre su ventana se le prendió la lamparita. “Acá vive la mierda de Espert” , rezaba el trozo de tela plástica. Él leyó otra cosa: “cárcel o bala para ellos” .

  Lo que tenía destino de simple contravención municipal se convirtió en una causa penal federal por “amenazas coactivas”, “atentado contra el orden público” y hasta una potencial “asociación ilícita”. Así lo escribió en el expediente la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal 1 de esa ciudad del norte del Gran Buenos Aires, siempre solícita a la hora de congraciarse con el poder.

  Espert y la ministra de “Seguridad Nacional” Patricia Bullrich le pidieron a Arroyo Salgado el mayor ruido posible. Ella ordenó allanamientos y pericias, que derivaron en la detención de siete personas. Los primeros en caer fueron Alesia Abaigar, funcionaria de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, su expareja y su madre de 70 años. Días después detuvieron a cuatro personas más, entre ellas Eva Mieri, concejala kirchnerista de Quilmes.

  Abaigar estuvo once días detenida y otros tantos con domiciliaria. Mieri fue liberada este martes, después de diez días presa. En diferentes fallos, la Cámara Federal de San Martín obligó a Arroyo Salgado a liberar a todos. Las pocas “pruebas” con las decía contar la jueza eran de una endeblez pasmosa, empezando por la incapacidad de identificar siquiera a los autores del escrache. A lo que se agrega la saña con la que trató a las y los detenidos. El caso extremo es el de Abaigar, rayano con la tortura. Indiferente a la grave afección pulmonar que sufre la mujer, la magistrada le negó su excarcelación y la mandó varios días a la cárcel federal de Ezeiza.

  Cédulas azules, circulares rojas

  La gran “prueba” de Arroyo Salgado para detener a Abaigar, su madre Eva Pietravallo y su expareja es la presunta utilización de un Renault Clio en la acción frente a la casa del diputado de La Libertad Avanza. El coche pertenece a la funcionaria bonaerense, en tanto que su madre y su amigo tienen cédulas azules a su nombre. Para la jueza, eso bastó para allanarlos, imputarlos y detenerlos. A Pietravallo la liberó relativamente rápido, pero se quedó con su teléfono, jodiéndola para su trabajo como psicóloga.

  Espert no ocultó su alegría al ver la persecución encarada por Arroyo Salgado. ¿Pero qué habrá pensado al ver que la jueza tomó un par de cédulas azules como “pruebas” para ejecutar detenciones? Posiblemente se haya preguntado “¿qué me tocaría a mí si todo el Poder Judicial utilizara la misma vara para medir culpas e inocencias?” Es que el diputado supo tener a su nombre la cédula azul de una camioneta blindada ligada al narcotráfico. Algo de lo que poco se habla pero que, si se tira de la punta del hilo, lo ubica más cerca del crimen que de las víctimas.

  La camioneta es una Jeep Grand Cherokee negra, patente OIO 592 . Su dueño es Claudio Ciccarelli, un “empresario” oriundo de la ciudad de Viedma. Es difícil determinar desde cuándo se conocen, pero entre Espert y Ciccarelli supo haber una relación muy estrecha. Tanto que en 2019, cuando el hoy diputado se candidateaba a presidente, el rionegrino le extendió una cédula azul a su nombre para que usara el vehículo en sus recorridas. Según reconocieron entonces el propio Espert y su compañero de fórmula Luis Rosales en Crónica TV , la usaron toda la campaña.

  Otro que ligó un cédula azul de la Grand Cherokee fue Nazareno Etchepare, jefe de aquella campaña de Espert y quien se adjudica haber convencido al economista de “meterse en política”. Abogado, ultraliberal y rosquero, Etchepare tiene una página de Facebook bautizada El Cipayo. Todo dicho.

  La fórmula Espert-Rosales apenas arañó el 1,47 % de los votos en 2019, la menos votada de las seis fuerzas que compitieron. Tras esa frustrada experiencia, Espert y Etchepare rompieron su “sociedad”. Un rumor, nunca confirmado ni desmentido por ellos, dice que el verdadero motivo de la ruptura fue una “mejicaneada” con mucho dinero en juego. ¿Quién estafó a quién? ¿O los dos estafaron a un tercero? Difícil saberlo. Hoy Etchepare se declara opositor al gobierno del que Espert, probablemente, sea máximo candidato en las elecciones de octubre en la Provincia de Buenos Aires.

  Ningún juez les pidió explicaciones a Espert y Etchepare por tener cédulas azules de la camioneta de Ciccarelli. Y vaya si lo amerita. Como informaron varios medios en diferentes momentos (ver acá, acá o acá), esas credenciales fueron descubiertas en 2021, en el marco de una causa judicial por narcotráfico y lavado de dinero iniciada en Estados Unidos. Dos años después de las giras liberfachas con la Grand Cherokee salió a la luz que el vehículo integraba la flota de una red criminal conducida por el viedmense Federico Machado, primo hermano y socio de Ciccarelli.

  A Machado lo detuvieron en el aeropuerto de Neuquén el 16 de abril de 2021. Según se informó oficialmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), orden judicial en mano, lo abordó mientras esperaba un avión para viajar a Buenos Aires. Hacía un par de meses pesaba sobre él una circular roja de Interpol . Lo reclamaba el Tribunal del Distrito Este de Texas que lo imputó por delitos gravísimos proveedores de botines millonarios.

  

  El amigo Fred

  Espert, Etchepare, Ciccarelli y Machado eran amigos. ¿También eran socios? Se sabe que al menos los dos últimos sí. La causa tramitada en Texas no sólo le sacó el velo a “Fred”, el exitoso empresario aeronáutico que aparecía en publicaciones de élite y vivía más tiempo en Miami que en Argentina. También sacó a la luz parte de sus relaciones personales y políticas. Entre ellas, con el pelado José Luis.

  Apenas detenido, Machado fue enviado a Viedma con prisión domiciliaria. El periodista Pablo Ibáñez confirmó recientemente en Cenital que Fred aún espera allí que lo lleven a Estados Unidos para ser juzgado. Lleva más de cuatro años en su casa, pese a que desde abril de 2022 el Poder Judicial federal de Neuquén declaró procedente la extradición solicitada por el Estado norteamericano. ¿Qué factor lo retiene en suelo rionegrino? Preguntas que se acumulan sin respuestas.

  Cuando cayó preso, medios nacionales y locales difundieron registros y testimonios que demostraban el indisimulable vínculo entre Machado y Espert. Lo más estridente fue la foto tomada en 2019 en la que Espert y Etchepare aparecen delante de un avión con matrícula estadounidense N28FM, propiedad de Machado. Al igual que la camioneta Grand Cherokee , la nave era parte de una flota al servicio de los “negocios” de Fred. Quien primero difundió la imagen fue el periodista Rodis Recalt de Noticias.

  El empresario les había “prestado” el avión para la campaña y hasta participó de (al menos) uno de esos vuelos. Fue en abril, cuando el candidato del entonces Frente Despertar presentó su libro La sociedad cómplice en Viedma, ciudad natal de sus amigos. Allí, una de las primeras cosas que dijo Espert fue “gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido” . ¿Cuál fue esa “excelencia”? ¿Por qué un saludo tan especial? Más preguntas.

  Volare, oh oh

  Machado nació en 1968. Según él, en una familia de clase media. Su pasión por los aviones se habría despertado en 1982, al ver las arriesgadas maniobras de los pilotos combatientes en Malvinas. A los veinte años se fue a “probar suerte” a California. Trabajó de varias cosas y estudió la carrera de piloto. En 2000 se mudó a Fort Lauderdale, Florida.

  Su autobiografía habla de un gran esfuerzo “desde abajo”, como suelen barnizar su historia los multimillonarios. Pero, como lo supo reflejar Cecilia Di Lodovico en TN, fue su meloneo con clientes famosos e influyentes lo que le “abrió las puertas” para convertirse en un capo de la compra-venta de aviones privados a través de sus criaturas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing .

  Al no ser estadounidense, para que sus aviones tuvieran matrícula empezada en “N” contó con el favor de los dueños de Debra Lynn Mercer-Erwin , propietarios a su vez de Aircraft Guaranty Corporation , firma conocida por patentar aeronaves en Onalaska, un pueblo texano que no tiene aeropuerto.

  Al menos desde 2010 Machado figura en causas judiciales vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, tanto en Argentina como en otros países. Particularmente se apuntó a su empresa South Aviation Inc. como intermediaria en la venta de aviones para bandas narco. En un expediente del Poder Judicial español, relevado en 2021 por Clarín, figura como arrendatario de aviones para los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá. Hijos del exjefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo José Juliá, ambos “emprendedores” fueron condenados en Barcelona por haber trasladado desde Ezeiza una tonelada de cocaína.

  A Machado también le adjudicaron servicios exclusivos de taxi aéreo contratados por Federico Elaskar, turbio financista que saltó a la fama tras “confesar” por televisión haber trabajado para Lázaro Báez, amigo del matrimonio Kirchner.

  En 2015, dicen que gracias a un cruce fortuito en un aeropuerto, Fred conoció a un funcionario del gobierno guatemalteco. Charla va, charla viene, decidió conocer más de cerca el país centroamericano. Tanto se entusiasmó que hasta se mudó allí y sumó a sus negocios aéreos otros más terrenos. Con Minas del Pueblo S.A. extrajo plata y cobre de tierras del Banco Nacional de Guatemala. Luego, junto a su hermano, agregó negocios inmobiliarios.

  Fuentes guatemaltecas, sólo desmentidas por Machado, aseguran que, al igual que lo haría con Espert, el amigo Fred hizo cuantiosos aportes a la campaña de Jimmy Morales, quien presidió Guatemala entre 2016 y 2020. Como se sabe, ningún capitalista financia lo que no le augura un buen retorno.

  Pero envalentonado por sus éxitos, Machado se descuidó. Algunos de sus financistas empezaron a sospechar de sus maniobras. Cuando vieron que aviones de sus empresas quedaban involucrados en el tráfico de drogas, buscaron despegarse y judicializaron el tema.

  Documentos que constan en el Poder Judicial de Texas indican que Machado usó South Aviation Inc. para comprar aeronaves que, previo registro ilegal ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), eran vendidas en otros países. Fred montó un verdadero sistema piramidal estilo Ponzi , usando a cada nuevo “inversor” como palanca para más negocios. “Hallamos envíos por millones de dólares a nombre de Machado, quien desviaba parte del dinero a minas de minerales en Guatemala”, señaló entonces el fiscal federal Ernest González, a cargo del caso.

  Narcoaviones provistos por Machado aparecieron en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala, México y el Estado español, afirma un informe de 2021 del sitio estadounidense InSight Crime . Demasiadas razones como para que el emprendedor creyera conveniente empezar a pasar más tiempo en Viedma que en Miami o Guatemala.

  

  Tropezones y caída

  Salvo para sus amigos y clientes, en 2019 Fred Machado no era muy conocido públicamente. De hecho, cuando Espert lo aduló en la presentación de su libro, más de uno preguntó quién era. Faltaba aún para que su nombre apareciera adosado a un frondoso prontuario. Hasta entonces, no dejó de “invertir” tiempo, vehículo y, probablemente, dinero en la campaña de Espert.

  Cuando dos años después lo detuvieron en Neuquén, acusado desde Estados Unidos de integrar una banda dedicada al tráfico de cocaína y el lavado de dinero, muchos quedaron en shock. Pero, en rigor, su detención no fue sorpresiva. Hacía menos de dos meses que había vuelto de México, donde estuvo un tiempo refugiado tras ser detenido en Sherman, una pequeña ciudad del condado texano de Grayson, en el marco de la misma causa judicial. Fue en abril de 2020.

  Según las fuentes consultadas, aquella vez zafó porque el fiscal González, ávido de más pruebas, le ofreció “colaborar” en la causa judicial a cambio de algún beneficio. Él aceptó. Pero después de algunos aportes creyó que, para su seguridad, era mejor guardar silencio. A fines de febrero de 2021 decidió volver a Argentina. Además, su nombre también resonaba en los medios guatemaltecos, por una investigación que lo sindicaba como cabeza de una organización que extraía ilegalmente oro y plata de una mina de Camotán.

  Refugiado en Viedma, le dijo a medios centroamericanos que era víctima de una persecución “por error”, producto de una trampa orquestada desde Guatemala. El fiscal González respondía desde Texas que, en realidad, tenía probado que Fred llevaba “lavados” unos 550 millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína y posiblemente pretendiera lavar otros 34 en Argentina.

  El 1° de abril de 2021 el Tribunal para el East District de Texas ordenó el arresto preventivo de Fred por considerarlo responsable de “asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína”, “lavado de dinero” y “fraude virtual”. Con ayuda de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad argentino, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense localizó a Machado en la Patagonia. Interpol emitió su circular roja el 14 de abril. Dos días después, la PSA lo detuvo en el aeropuerto de Neuquén, a punto de embarcar hacia Buenos Aires.

  La detención de Fred pudo abrir una caja de Pandora con esquirlas impredecibles. Pero con el paso del tiempo cada vez se habló menos del asunto. Salvo excepciones, las corporaciones mediáticas cubrieron poco y nada el tema. Ni siquiera hubo una indagación a fondo de lo más evidente: la fotografía de Espert y Etchepare junto a un avión de Machado y el afectuoso reconocimiento a éste de parte del libertariano al presentar su libro en Viedma.

  Aportes a la causa

  Una de las preguntas más espinosas para Espert es cuánto aportó realmente Fred Machado a su campaña presidencial de 2019. Lógicamente, no se la hizo ninguno de los ensobrados de los canales y portales que el calvo libertariano visita a diario. Y las veces que se lo preguntaron en la Cámara de Diputados, se hizo el distraído. Según escribió Gabriel Ziblat en abril de 2021 en Perfil, la única referencia al tema desde su entorno fue para acusar a referentes de Juntos por el Cambio de haber lanzado una “operación” para joderlo.

  Pero hay hechos inocultables. En la rendición económica de campaña que cada partido presenta por ley ante la Justicia electoral, los apoderados de Unite (el sello legal por el que se presentó el Frente Despertar) declararon que esa campaña se financió sólo con los $ 60 millones otorgados por el Estado, como hace con todas las listas. Según Espert, no sólo Machado no aportó nada, sino que tampoco lo hizo ningún otro “privado”. Ridículo.

  

  Unite, vale recordar, es un sello electoral creado por el rosarino José Bonacci, de quien hablamos acá hace tiempo. Un arribista buscacargos, que idolatra a Adolf Hitler y hasta se fotografió públicamente con un ejemplar de Mi lucha en la mano. En 2019, tras una negociación a las apuradas, le alquiló Unite a Espert luego de que a éste lo abandonara Alberto Aseff y su sello Unir (que se fue con Juntos por el Cambio). Su hija, Rocío Bonacci, es una de las diputadas que ingresaron al Congreso en 2023 con La Libertad Avanza.

  Espert no declaró, como gastos de campaña, el “alquiler” del avión de Machado ni de la Grand Cherokee de Ciccarelli. Entonces habría que inferir que los costos de movilidad y mantenimiento de esos vehículos corrieron por cuenta de sus dueños. Si es así, ¿qué otra logística y cuánto plata “en negro” aportaron esos amigos comprometidos con la causa “libertaria”?

  Si el Poder Judicial midiera al amigo de narcos con la misma vara que lo hace con militantes que tiran bosta en veredas ajenas, esas preguntas tendrían respuesta. Apenas detenido Machado, en Comodoro Py se presentó una denuncia contra Espert, Rosales, y Etchepare por “asociación ilícita” y “encubrimiento” de delitos económicos y financieros. Se los acusaba directamente de no declarar los aportes de Machado a la Campaña Espert-Rosales 2019 . El juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi lleva cuatro años sin novedades.

  En el mismo artículo de Ziblat citado más arriba, desde el entorno de Espert ensayaron un descargo: “¿A nadie le interesan las otras campañas? ¿Lo único que importa es si Espert usó el avión de una empresa, que es de un señor, que está acusado en Estados Unidos? ¿No revisaron los aviones de otros candidatos?”... ¿Qué más se puede agregar?

  

  A los tiros por Retiro

  Se puede agregar un último episodio. Casi cinematográfico. La noche del 6 de agosto de 2019 Espert y Rosales viajaban desde la zona norte rumbo a los estudios de Crónica TV del barrio de San Telmo. Iban juntos en el asiento trasero de la Jeep Grand Cherokee negra, blindada, prestada por Ciccarelli. Según relataron minutos después a la periodista Nancy Pazos, al cruzar el barrio de Retiro, a la altura del Hotel Sheraton, sintieron dos fuertes impactos en la ventanilla del conductor.

  “Inmediatamente aparecieron esas dos marcas en los vidrios, a la altura de esos dos impactos está el oído y el cuello del conductor”, dijo serio Espert recién llegado al estudio. Mientras, una cámara mostraba desde la calle la camioneta. El candidato confirmó que los vidrios eran blindados (“si no, era un desastre”) y aseguró que se salvó de milagro (“agradezco a Dios y a mi padre que está en el cielo cuidándome”).

  Pese a la precisión de los impactos, Espert quiso despejar cualquier duda sobre el móvil del ataque. “Alguna vez podía tocarme a mí, no lo vinculo en principio con la actividad política, hechos de inseguridad han sufrido todos”, dijo, “simplemente ocurrió lo que ocurrió”. Faltaban cinco días para las PASO del domingo 11.

  Según las primeras pericias realizadas a la ventanilla de la Grand Cherokee , los impactos fueron de piedras. Sin embargo, en un principio tanto ellos como especialistas en temas criminales y periodistas coincidían en que, por más fuerte que sea, ningún piedrazo podría causar semejante daño al vidrio blindado. Hubo quien, incluso, aventuró que ése tipo de marca la dejan proyectiles tipo 9 milímetros (se puede ver en el mismo video de Crónica).

  El ataque fue en una de las zonas más hipervigiladas de la ciudad más importante del país. Las cámaras de seguridad y la Policía pueblan el paisaje. Pero hasta hoy se desconoce quiénes cometieron el hecho y, menos aún, por qué.

  Lo que sí se sabe es que por esa misma época, además de trasladar a Espert en su gira proselitista, la camioneta solía transportar a Machado, especialmente cuando llegaba a Ezeiza desde Miami, Guatemala u otro lugar del mundo. Por eso tras la detención de Fred se descubrieron las cédulas azules que Ciccarelli les había extendido a Espert, Etchepare y otros amigos.

  Una imagen de la Grand Cherokee tomada por las cámaras de TN aportó un dato más que curioso. Allí se ve la chapa patente retorcida, con signos de haber sido fuertemente manipulada. Algo que contrasta con el aspecto impecable de la camioneta. ¿También fueron piedrazos anónimos?

  

  Sabe, pero no contesta

  José Luis Espert está listo para batallar hacia octubre como cabeza de lista del Frente La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Con su verba brava enfocada en la gestión de Axel Kicillof y su hobby de insultar a la izquierda, el feminismo y los movimientos populares, se ganó el crédito de les hermanes Milei para representarles en tan importante elección. Ahora el financiamiento de la campaña no dependerá de amigos como Machado o Ciccarelli. Hoy tienen los “fierros” del Estado, lo que incluye fondos reservados de la SIDE y otras cajas, además de generosos amigos más presentables que Fred.

  Tal vez algunos de esos fondos frescos se hayan recaudado con la criptoestafa $Libra , a la que Espert ayudó retuiteando el posteo promocional de Milei en X. Y otro tanto con la Fundación Faro que preside Agustín Laje (otro promotor de $Libra ), que lleva meses recaudando aportes de entre los sectores más conservadores y concentrados del capital, grandes beneficiados de las medidas del Gobierno.

  Mientras Machado pasa el invierno en Viedma con su familia, Espert surfea la cresta de la ola y parece no querer bajar. Y así como el candidato no puede explicar hasta dónde llega su vínculo con narcotraficantes, nadie puede explicar por qué, pese a existir desde 2022 la orden judicial para su extradición, el amigo Fred sigue tranquilo en su “prisión domiciliaria”.

  ¿Cuánto faltará para que el paladín de la cárcel y la bala, criminalizador de la disidencia y las protestas sociales, mentiroso consuetudinario y amigazo de criminales de guante blanco dé explicaciones de todo lo que dice su prontuario?

  Foto X @jlespert

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• La Plata: el asesinato del intendente Rubén Cartier, la CNU y el cinismo de Julio Alak

  19 de julio, por Cincuenta años — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Peronismo, CNU, Julio Alak, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Peronismo, CNU, Julio Alak
  

  El 14 de julio de 1975 el jefe comunal de La Plata fue asesinado por la Concentración Nacional Universitaria, banda parapolicial asociada al gobernador ultraderechista Victorio Calabró. La hija de Cartier fue invitada a un homenaje por el actual intendente peronista, quien tuvo trabajando para él a dos de los asesinos. Ella repudió la hipocresía en pleno acto.

  El lunes 14 de julio se cumplieron cincuenta años del asesinato del intendente peronista de La Plata Rubén Cartier. Un crimen ordenado por el entonces gobernador Victorio Calabró y ejecutado por Carlos “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y otros miembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) . Paradójicamente, el único homenaje que antes había recibido Cartier fue bajo la dictadura militar cuando, un año después de su asesinato, se colocarían dos placas en su tumba, una a nombre de sus compañeros de militancia y otra de sus colaboradores de mandato.

  Cartier y su asesinato fueron silenciados durante muchos años, principalmente debido a que Castillo y Pomares estuvieron vinculados estrechamente al varias veces intendente de La Plata Julio Alak. Sin embargo, este 14 de julio Alak, quien de nuevo funge como intendente, realizó un acto homenajeando a Cartier, donde además se presentó un libro compuesto por varios artículos sobre el intendente asesinado.

  Si Alak realizó este homenaje se debió a que se encontró en un callejón sin salida. Por una parte, meses atrás María Eva Claudia Cartier intentó contactar a la Intendencia con motivo de la inminencia del 50° aniversario del asesinato de su padre, pero siempre haciendo explícita su denuncia sobre quiénes lo habían asesinado. Al mismo, tiempo el historiador Guillermo Clark comenzó a realizar investigaciones al respecto.

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  Alak necesitaba a toda costa crear un relato oficial sobre Cartier, en el que no apareciera el nombre del Indio Castillo y Pipi Pomares. Pero aunque ha intentado hacerlo, no le está saliendo bien.

  El lunes 14, cuando el mismo Alak entregaba una placa conmemorativa a María Eva Claudia Cartier, en medio de un ampuloso acto celebrado en el Salón Dorado de la Municipalidad, la hija del intendente asesinado tomó la palabra y denunció que los asesinos fueron de la CNU, agregando que si sobre su padre cayeron cincuenta años de silencio fue por la complicidad institucional.

  

  Ante la denuncia, la sonrisa de Alak desapareció, hundiéndose en un rostro marcado por la incomodidad. Mientras, el público aplaudía la valiente intervención de la hija de Cartier y cantaba “¡Lo asesinó la CNU! ¡Lo asesinó el Indio Castillo!”

  La denuncia de la hija de Cartier echó por tierra el discurso del acto municipal. Desde el inicio, con la proyección de un video institucional, se insistía en que el crimen no había sido esclarecido y ningún orador, incluido Alak, mencionó quiénes habían asesinado al intendente platense.

  Obviamente, el libro (aunque cuenta con el mérito de ser el primero sobre Cartier) tampoco dice que el intendente fue asesinado por la CNU . Pero en 2008, un miembro de dicha agrupación testimonió ante el periodista e historiador Daniel Cecchini que fueron ellos quienes cometieron el crimen. Una declaración que fue ampliamente divulgada tanto en medios de prensa como en el libro de Cecchini titulado La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe .

  El día anterior al acto en la Municipalidad, el mismo Cecchini denunció públicamente desde su perfil en Facebook la actitud “hipócrita y oportunista” de Alak, recordando que éste “protegió y apadrinó (es decir, les dio laburo) a los asesinos de la CNU que mataron a Cartier”.

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  La complicidad de Julio Alak en la protección de los asesinos de Cartier se hizo más que evidente en el acto homenaje realizado el mismo día 14 por el Partido Justicialista de la Provincia Buenos Aires. Cuando un militante montonero denunció que Cartier había sido asesinado por la CNU , Guillermo “Nano” Cara, secretario de Gobierno platense que fue en representación de Alak, se retiró inmediatamente.

  Por si quedaba alguna duda, posteriormente, al tomar la palabra el exmilitante montonero Raúl della Casagrande dijo que los asesinos fueron Carlos Castillo y Juan José Pomares, respaldando su declaración en el hecho (hasta ahora no conocido) de que él, junto a un comando montonero, escoltaba al intendente al momento de ser asesinado.

  

  Cartier fue asesinado en el cruce de la Avenida Mitre y la calle Supisiche, en Avellaneda. Se dirigía a una reunión con el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Por esos días, Menem encabezaba un grupo de gobernadores que se habían posicionado abiertamente contra el posible golpe militar. Aunque era intendente, Cartier se había sumado a ellos, desafiando al gobernador Calabró que ya hacía explícita su alianza con los militares.

  Dos días antes del asesinato de Cartier, en una reunión se había valorado intervenir la provincia Buenos Aires y colocar al entonces intendente como interventor. Un mes y una semana atrás ya un asesor de Cartier, Manuel Villena, había sido baleado en el trayecto de La Plata a Magdalena, pueblo en el cual se refugiaba en las noches el intendente.

  Cartier sabía que su vida corría peligro. Había llegado a la intendencia con un discurso alineado con la izquierda peronista, insistiendo en la construcción del llamado “socialismo nacional” y era un estrecho colaborador del depuesto gobernador Oscar Bidegain, quien fuera hostigado por Calabró desde el primer día de gobierno.

  

  El ascenso de Calabró, quien convirtió a la ultraderechista CNU en su brazo armado, representó para Cartier un enfrentamiento directo. Pero sobre todo, Cartier pagó con su vida la defensa de las libertades democráticas y la constitucionalidad, enfrentándose al poderoso gobernador que no dudaba en asesinar a sus opositores políticos.

  Los homenajes militantes a Cartier continuarán. Se encuentra en preparación un libro sobre su proyección política, donde además se analiza historiográficamente las causas políticas del silenciamiento.

  El sábado 12 de julio María Eva Claudia Cartier develó en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado ubicado en el cementerio platense una tarjeta conmemorativa en homenaje a su padre.

  Rubén Cartier escoltado por miembros de Montoneros, el de pelo largo es Raúl della Casagranda | Foto gentileza familia Cartier

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