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Represión en Congreso: periodista de La Izquierda Diario recibió un impacto de bala de goma
6 de agosto, por Ataque a la prensa — Política, Internacional, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Congreso de la Nación , Edición México, Represión, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Política, Internacional, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Congreso de la Nación , Edición México, Represión, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
En medio de la brutal represión a la movilización que se desarrolló en Congreso en contra de la "ley de inviolabilidad de la propiedad privada", un periodista de este medio recibió un impacto de proyectil de parte de las fuerzas de seguridad que mandó el Gobierno. Hubo disparos por arriba de la cintura y herida en la zona de la cara a dos manifestantes. A pesar de ello, miles volvieron una y otra vez a la zona del Congreso.
Mientras hacía su trabajo, un periodista de La Izquierda Diario recibió un impacto de bala de goma durante la represión por parte del Gobierno a la manifestación contra la ley de entrega que se trata en el Senado. A pesar de los ataques, miles de personas volvieron una y otra vez a la zona de Congreso a expresar su bronca y rechazo al proyecto reaccionario del Gobierno.
Mientras hacía su trabajo, un periodista de @izquierdadiario recibió un impacto de bala de goma durante la represión. A pesar de los ataques, la gente sigue volviendo a las calles para enfrentar al Gobierno pic.twitter.com/exYb7AbBgK
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) August 6, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Te puede interesar: Bregman: "Milei y su banda no pueden seguir entregando todo, huelga general hasta derrotarlo"
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Con un DNU disfrazado de patriotismo, Milei da otro paso en su persecución y represión a inmigrantes
30 de julio, por Xenofobia “libertaria” — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Inmigrantes, Discriminación, Xenofobia, Inmigración, Migración, Columnistas Vertical , Migrantes, Racismo, Javier Milei, Karina Milei, Alejandra Monteoliva , Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Inmigrantes, Discriminación, Xenofobia, Inmigración, Migración, Columnistas Vertical , Migrantes, Racismo, Javier Milei, Karina Milei, Alejandra Monteoliva
Se oficializó una medida que no por ridícula deja de ser peligrosa. A quien no haya nacido en el país se le podría negar el acceso por decir o escribir lo que el Gobierno considere que atenta “contra algún ciudadano argentino” o “el pueblo argentino en su conjunto”. Y podría expulsar residentes. Antiargentinos como la ministra Monteoliva o el amigo Reidel zafan sólo por haber nacido acá. Otro delirio a lo Micky Vainilla.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros. La nueva norma ya está vigente, pese a pasar por arriba al Congreso y eludir todo debate popular sobre sus justificaciones y consecuencias. Otra amenaza a la integridad y seguridad de cientos de miles de personas que, por el solo hecho de no haber nacido en Argentina, pueden ser expulsadas o se les puede negar el acceso al territorio nacional.
Fiel a su alineamiento con lo más rancio de las políticas aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos, el DNU 681 agrega un inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871. Ese artículo se refiere a las “causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional”.
El nuevo inciso m dice que, a partir de ahora, entre esas causales está “haber dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último; haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.
Para no parecerse del todo a una medida propia de una dictadura, el decreto aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”. Menos mal…
A su vez el DNU agrega un inciso al artículo 62, el h, mediante el que autoriza a la Dirección de Migraciones a cancelar la residencia y disponer “la posterior expulsión” de quien cometa el mismo “delito” y viva dentro del territorio nacional. Y sustituye el inciso c del artículo 63, según el cual la residencia será cancelada y se conminará a la persona “a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional”.
Vale decir que Milei ya firmó el año pasado el DNU 366 que restringe el acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina mediante nuevos requisitos administrativos y habilita el arancelamiento de la atención en el sistema de salud y de la educación para quienes no hayan nacido en el país. En junio la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo en el que declaró inconstitucional el decreto y anuló sus efectos. Esa sentencia ahora espera una confirmación de la Corte Suprema.
Fachistoides
¿En qué se fundamenta este nuevo cambio de la legislación, a sola firma, eludiendo todo debate parlamentario y con efectos impredecibles? Los considerandos vertidos en el mismo DNU 681 parecen sacados de un sketch del icónico personaje Micky Vainilla de Diego Capusotto. Pero no por ridículas los hace menos peligrosos.
El Gobierno afirma que en el último tiempo “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Alude a la sucesión de mensajes y comentarios motorizados por algunos influencers y artistas (especialmente de europeos) en redes sociales, que rebotaron mediáticamente y desataron un intenso debate tras la final entre Argentina y España en el Mundial. Una excusa muy poco seria.
Posado sobre ese “argumento”, los cerebros de La Libertad Avanza aseguran que “ello constituye un riesgo para todos los argentinos” y “un quebrantamiento del respeto básico” que deberían tener “los extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en el territorio nacional”. Así, el ingreso al país y la permanencia se transformaría en “una flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social”.
“Las acciones de odio o propagación de la violencia conllevan un impacto concreto en la vida de las personas y pueden afectar gravemente su integridad, salud, y sus derechos y garantías”, afirma el DNU. Probablemente, al redactar el texto, Milei y sus funcionarios se estuvieran mirando a sí mismos en los grandes espejos que pueblan los despachos de la Casa Rosada. Es precisamente el staff gubernamental el que hizo de los mensajes y acciones de odio y apología de la violencia contra toda persona o grupo que no coincida con sus teorías (muchas de ellas delirantes) un método de gestión institucional.
En un acto de cinismo, el nuevo DNU también apela al Pacto de San José de Costa Rica, que desde 1994 tiene rango constitucional según la Ley 23.054. Allí se prohíbe “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
A su vez se ampara en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también con rango constitucional, cuando limita la libertad de expresión en caso de “manifestaciones que conculcan el respeto a los derechos o la reputación de los demás y en aquellos casos en que sea necesaria la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
Otra vez, Milei en el espejo. Es innecesario a esta altura enumerar la chorrera de mensajes suyos como de sus propaladores mediáticos basados en el odio racial, de color, religioso, idiomático o de origen nacional. Tampoco los que atacan los derechos o la reputación de los demás. Alcanza con mirar las propias cuentas del Presidente, de los militantes de La Fuerzas del Cielo y de filósofas como Lilia Lemoine. Allí son moneda corriente la xenofobia, el racismo, el odio al “marrón” y la islamofobia, para no hablar de la estigmatización de los cuerpos no hegemónicos, de la homolesbotransfobia y hasta la discriminación a las personas con discapcaidad.
¿Qué hacemos con Monteoliva y Reidel?
Que el gobierno nacional está conducido por una banda antinacional es una verdad incontrastable. Si como muestra basta un botón, ahí están los honores recibidos esta semana por la titular del FMI Kristalina Georgieva, quien en su visita al país se dio el lujo de dirigir una reunión de Gabinete y de viajar a Neuquén para supervisar la fuente de dólares para el pago de la deuda que significa Vaca Muerta.
Pero si se quiere ver las diferentes varas con la que este Gobierno mide y trata a quienes lanzan mensajes “contra el pueblo argentino en su conjunto”, ahí están como ejemplos la ministra de “Seguridad Nacional” Alejandra Monteoliva y el exfuncionario y amigo personal del propio presidente, Damián Reidel.
Curiosamente el DNU 681/2026 recién salido del horno lo firma Monteoliva, quien no podrá ser expulsada del país porque es argentina, pero que según la visión oficial podría merecerlo. Hace dos semanas ella acordó con las autoridades estadounidenses y el Comité de Disciplina de la FIFA sancionar a todo hincha argentino que fuera al estadio de la ciudad de Atlanta a ver la semifinal blandiendo banderas o carteles con “el mapita de Malvinas” (sic) dibujado.
Esa medida de “seguridad” para tamaño evento deportivo fue, en rigor, un acto de pleitesía para con Inglaterra, país imperialista que lleva 193 años usurpando parte de nuestro territorio en el sur continental. No sólo Monteoliva aceptó sin chistar lo ordenado por los agentes del FBI y la Policía de Atlanta. La prohibición de esgrimir un símbolo patrio, como lo es el recorte del mapa argentino que pone de relieve a las Islas Malvinas, también fue aceptada por miembros de las fuerzas federales argentinas en acuerdo con la policía inglesa.
En marzo de 2025, en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires se hizo el Latam Forum organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA). Allí, ante multimillonarios magnates de la industria petrolera (muchos extranjeros), un funcionario y amigo personal de Milei lanzó sin vergüenza una definición lapidaria: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del pastel para el enfriamiento de los sistemas IA (...) No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos”.
El emisor de ese mensaje era nada menos que Damián Reidel, entonces jefe del Consejo de Asesores del Presidente. Poco antes de esas declaraciones Milei llegó a decir que junto a Reidel estaba “reescribiendo” una “teoría económica” sobre “producción y rendimientos crecientes” por la que “probablemente” recibirían el Premio Nobel.
Reidel no fue siquiera cuestionado por Milei tras aquella afirmación antiargentina. Es más, semanas después de ese discurso lo premió con el cargo de presidente de Nucleoeléctrica Argentina , la empresa pública que genera y comercializa energía eléctrica de origen nuclear y opera las centrales de Atucha I , Atucha II y Embalse .
Como vienen denunciando las y los trabajadores del estratégico sector nuclear, Reidel llegó a ese puesto con un ofensivo plan de ataque para vaciar lo existente y favorecer negocios hipermillonarios a un puñado de corporaciones. Esas políticas paralizaron proyectos estratégicos, congelaron salarios de investigadores y provocan que cientos de profesionales estén migrando desde el Estado al ámbito privado o incluso se vayan del país.
El mismo gobierno que promete expulsar “extranjeros” por ejercer su libertad de expresión en los hechos expulsa a muchas y muchos argentinos que fueron formados con fondos públicos en instituciones como el Instituto Balseiro o la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El antiargentinos Reidel ya no conduce a los asesores de su amigo Milei y en febrero último renunció a su cargo en Nucleoeléctrica . Obviamente, no fue por sus políticas que atentan contra los intereses del país. Fue cuando se supo que coordinaba a una red de funcionarios especializados en malversar fondos públicos mediante el uso de tarjetas de crédito corporativas para gastos de lujo personal como el ingreso a discotecas y hoteles cinco estrellas.
Ahora el “candidato” al Nobel está imputado en una causa judicial que investiga el fiscal federal Ramiro González y se tramita en el juzgado federal de Comodoro Py a cargo de Daniel Rafecas. Aunque haya muy pocas expectativas de que se haga justicia, el caso está abierto.
Milei no es el personaje Vainilla. Con su firma y la de sus empleados, él puede desatar una peligrosa caza de brujas sobre la mayoritaria parte de la población que cuestiona sus políticas. Mucho más sobre quienes, habiendo nacido o no en el país, levantan su voz ante la profunda crisis generada por esas políticas y se movilizan para enfrentarlas. Hay que frenarlos.
Imagen creada con IA por La Izquierda Diario
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Gran Festival en Humahuaca a 50 años del golpe y de los Apagones de Ledesma
28 de julio, por La esquina de la Memoria — Cultura, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, Derechos Humanos, A 50 años del Golpe, Ledesma, Cultura, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, Derechos Humanos, A 50 años del Golpe, Ledesma
Más de un centenar de personas fueron parte de la jornada cultural que contó con la presencia de artistas locales y el apoyo de referentes de derechos humanos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña. El mismo fue en el marco del primer aniversario de la Casa Socialista La Comuna.
Fue una jornada de puertas abiertas y en la calle para reivindicar con la música, danza, poesía, fotografía, libros, y el encuentro, la memoria por los 30 mil detenidos desaparecidos de la dictadura y de los Apagones de Ledesma. También de la Quebrada, como Marina Vilte, docente de Purmamarca, fundadora de Ctera y dirigente de ADEP, mujeres y obreros mineros de El Aguilarazo y los jóvenes de Tumbaya.
La actividad fue impulsada por artistas, estudiantes, docentes y trabajadores que impulsan la Casa Socialista y el Comité de la Quebrada junto a Myriam Bregman. Durante semanas se construyó la propuesta invitando a la comunidad educativa, artística y familias trabajadoras de la región.
La respuesta fue inmediata: grupos, espacios culturales y artistas confirmaron su presencia saludando el espacio, y también expresando su compromiso por la defensa de los derechos humanos. Zencerro y la Casa del Tantanakuy, Cristina Paredes, Grupo Tojra, Vanesa Quiroz, Sebastian Sardina y Dani García, Sikuris del Cerro Negro, Danza Rebelde, Mox, Luna Delirante, y Pepe Alfaro. También la escritora María Laura Lerma, Quillay Méndez, Luz Vilca, Jorge Salvatierra y la editorial local Chakana, además de Ediciones IPS. También estuvieron presentes Gustavo Cruz, de la organización Malón Vive y Celina Rodriguez Molina del FPDS CP.
Hicieron llegar apoyos a la jornada, las artistas Juli Laso, Nora Benaglia, y el espacio Humahuaca Lee, como también referentes como Raúl Godoy, de la fábrica sin patrones Zanón y del PTS, Alejandro Vilca, y saludos internacionalistas desde México, Chile y Bolivia.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>No olvidamos
Durante el Festival se escuchó la voz de Adriana Aredez , hija de Olga Aredez, quién desde Tilcara envió un saludo y dió cuenta de la lucha por la verdad y contra la impunidad de Blaquier, dueño de la empresa responsable de la Noche de los Apagones de Ledesma como parte del plan genocida del Estado en los 70. También reivindicó la lucha de su madre y las Madres y Familiares de Ledesma y Calilegua por justicia y también contra la contaminación de la empresa que enferma a toda la población de “bagazosis”.
Elisa Parks, ex delegada docente y Secretaria Adjunta del Cedems durante el 2004 y 2006, escribió:
«Desde Familiares de Detenidos Desaparecidos de Purmamarca, hago llegar mis saludos a La Comuna de Humahuaca y mi anhelo de que sigan creciendo... Soy docente jubilada, comencé mi carrera docente en la ciudad de La Quiaca y desde siempre estuve presente en las luchas docentes y del Frente de gremios estatales.»
El Colectivo de Bordadoras jujeñas a 50 años del golpe hizo llegar lienzos cargados de historia que fueron parte de la puesta en la calle donde se podía leer y apreciar retazos de historia y nombres de desaparecidos que no sabemos donde están. De los mártires jujeños de la Guerra de Malvinas del buque General Belgrano, como también por Ni Una Menos y los derechos de las mujeres.
Acción por los Derechos Humanos de Abra Pampa y La Quiaca dijo presente con José Alfaro que leyó unas palabras del espacio que activa denunciando el accionar del Plan Cóndor en Bolivia y Argentina.
Arte, política y cooperación
Desde temprano la Casa Socialista abrió las puertas. Artistas y docentes de artes realizaron un mural en defensa del agua y los territorios, y reivindicando la lucha de las mujeres kollas, un buen mensaje ante el avance de las políticas extractivistas y la Ley de Extranjerización de tierras promovida por Milei y sus colaboradores.
Otro grupo de jóvenes y del teatro armaron la puesta del festival, mientras colaboradores se prestaban a preparar un guiso para compartir cuando las bajas temperaturas se hacían sentir. El trabajo colectivo se multiplicó entre los que ponían sonido, solidarios con equipamiento y la atención.
Las palabras de María Laura Lerma trajeron el pasado al presente, y leía una poesía de su autoría:
A veces la poesía me expande las esquinas, de mis bordes amantes de nostalgia, pueblo y alegría…y agregó entre las diversas esquinas, a la nuestra, la esquina de la memoria.
Sumó sus saludos, Violeta Vilca, hija del músico Ricardo Vilca, y comentó sobre el proyecto Universo Vilca, a propósito del 20 Aniversario de la muerte del querido artista de Humahuaca.
Vanesa Quiróz, sonó caja y voz, con letras de Victor Jara. Danza Rebelde, trajo coplas y danza con pañuelos de la memoria, y Tojra, poesía y canto. Se escucharon manifiestos de la voz de Quillay Mendez y de Cristina Paredes, y las interpretaciones de rock, taquiraris, chacareras, cuecas y las sikuris que invitó al baile por los grupos Zencerro, Luna Delirante, Sikuris de Cerro Negro, Seba Sardina y Dani García, la juventud también se hizo escuchar con el freestyle y las canciones de Mox.
Natalia Morales, legisladora del PTS FITU saludó la actividad y resaltó la importancia de aportar desde La Comuna de Humahuaca y el Comité de la Quebrada a actividades que permita fortalecer lazos entre la comunidad educativa, artística y el pueblo desde el arte y la cultura, más aún con gobiernos negacionista de los derechos humanos, que avanza con sus colaboradores con políticas de saqueo y ajuste, ahora con la Ley de Extranjerización de Tierras, el ataque a la cultura, y los derechos de las y los de abajo.
También se expresaron apoyos a la docencia de ADEP que lucha contra el fraude sindical en Jujuy, por la unidad de todas las luchas en curso y se leyó la adhesión al Festival Jujuy no se apaga, a 50 años de los Apagones de Ledesma, a realizarse el 8 de agosto en San Salvador de Jujuy.
Fotos: Manu Cataldo
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En 2025 Milei gastó no menos de $ 2.100 millones para lastimar y detener a jubiladas y jubilados
21 de julio, por Represión a los pobres — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad, Columnistas Vertical , Policía Federal, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo, Jonathan Navarro, Alejandra Monteoliva , Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad, Columnistas Vertical , Policía Federal, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo, Jonathan Navarro, Alejandra Monteoliva
El Gobierno retacea información sobre cuánto “invierte” en personal y armas contra la protesta social. Pero los pocos datos que le dio al CELS alcanzan para darse una idea. El intento de homicidio de Pablo Grillo es uno de los efectos directos de ese plan. Plata hay, depende para qué.
En las últimas horas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer datos oficiales sobre parte de los costos que le demandó al Gobierno de Javier Milei en 2025 el montaje de descomunales operativos represivos frente al Congreso para intentar evitar la tradicional marcha de jubiladas y jubilados de cada miércoles.
El CELS recibió esos datos a partir de dos pedidos de información pública que le hizo al Ministerio de “Seguridad Nacional”, uno en mayo de 2025 y otro en marzo de 2026. Pero, de todo lo que solicitó el organismo de derechos humanos, la cartera que manejó hasta diciembre Patricia Bullrich y hoy conduce la especialista en mentiras oficiales Alejandra Monteoliva sólo respondió lo que se le antojó.
Las represiones frente al Congreso las organiza y ejecuta el Ministerio, echando mano a las cinco fuerzas represivas de las que dispone: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y SPF. A veces, claro, con la inestimable colaboración del gobierno porteño a través de la Policía de la Ciudad. A lo que hay que sumar el apoyo logístico y operativo, siempre oculto pero no pocas veces evidente, de agentes de la SIDE y otras oficinas de “inteligencia”.
En los dos pedidos de acceso a la información pública (que por ley el Estado está obligado a responder) el CELS solicitó precisiones “sobre los operativos que cada miércoles despliegan las fuerzas de seguridad federales, cuando jubilados y jubiladas se manifiestan en la zona del Congreso”.
“Pedimos que informe sobre efectivos, carros hidrantes, motos y móviles desplegados por cada fuerza; cantidad y tipo de armamento utilizado por cada fuerza; costo de cada operativo, discriminando costos de personal, vehículos, equipos, logística y otros gastos asociados (como combustible), de cada fuerza. El Ministerio sólo respondió sobre cantidad de efectivos y costos de cada operativo”, dijeron desde el organismo de derechos humanos al difundir la información recibida.
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Números que hablan
Sobre los “costos de cada operativo”, la cartera de Monteoliva dice que, en promedio, gastó $ 48.535.094 cada uno de los 43 miércoles en los que intervino entre enero y diciembre del 2025. “El presupuesto que el Ministerio de Seguridad destinó ese año para reprimir jubilados y jubiladas equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido (según el promedio de ese año)”, afirma el CELS.
Pero a la vez aclara que esa cifra “es conservadora”, ya que “el cálculo queda muy por debajo del costo real si se añaden, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados” en esos 43 operativos. Mucho más conservadora es si se suman otros operativos similares ante marchas que no se hicieron en días miércoles.
Según el Gobierno, para reprimir a jubiladas y jubilados se usaron en total 39.386 efectivos, un promedio de 915 represores por movilización. Eso, por sí solo, muestra la brutalidad del “plan”. Si bien algunas marchas son masivas, en general suele asistir una cantidad modesta de jubiladas y jubilados acompañados por la izquierda y algunas organizaciones sociales. De allí la crítica permanente a las conducciones sindicales y políticas que le sacan el cuerpo a la lucha y nunca se juegan a masificar la protesta.
El operativo del miércoles 12 de marzo del año pasado fue uno de los más grandes. Bullrich y su entonces viceministra Monteoliva buscaron responder con brutalidad a la extendida convocatoria de hinchas de diversos clubes de fútbol para rodear activamente de solidaridad a las y los jubilados. Según la propia información dada ahora por el Gobierno, ese día largaron al menos 1.266 represores a la calle para lastimar a parte de la población.
En el saldo de esa jornada figura el intento de homicidio del fotorreportero Pablo Grillo, la lesión que dejó casi ciego de un ojo al trabajador municipal Jonathan Navarro y lesionó en la cabeza y otras partes del cuerpo a la jubilada de 82 años Beatriz Blanco. Al menos por ahora el Poder Judicial garantiza la impunidad de las y los responsables políticos, pero por esos hechos están imputados el gendarme Héctor Guerrero (a punto de ir a juicio por casi matar a Grillo), el prefecto Sebastián Martínez (quien le disparó a la cara de Navarro) y el inspector de la Federal Nicolás Céspedez (quien descargó su furia contra Blanco).
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La fuerza que más efectivos puso durante los operativos de los miércoles fue la Policía Federal, con 24.497 desplegados en total. Le siguió Gendarmería Nacional con 7.708, luego Prefectura Naval con 4.776, Policía de Seguridad Aeroportuaria con 2.179 y finalmente el Servicio Penitenciario Federal con 226 efectivos. Estas dos últimas no participaron de todos los operativos.
Al igual que lo hace en causas judiciales, donde se niega a aportar información precisa y clave para esclarecer los hechos, Monteoliva se niega a responder detalladamente aquello que le exigen los organismos de derechos humanos.
El CELS pidió información sobre cuántas armas, gases, palos, escudos, esposas, patrulleros, motos, carros hidrantes, equipos de comunicación y demás pertrechos y logística se usaron contra esas movilizaciones. Pero la ministra sólo dio números sobre combustible cargado en los móviles y “equipos” sin especificar.
Sobre el combustible, sólo informaron lo cargado por Gendarmería, Prefectura y el SPF. Y sobre los “equipos”, en la respuesta al CELS sólo aparece lo gastado por la Policía Federal. Una provocación.
“El gasto de combustible informado por el Ministerio de Seguridad fue de $ 35.312.956,59 correspondiente a PNA, GNA y SPF. No informó los gastos para PFA ni PSA”, denuncia el organismo que pidió acceder a esa información pública. La Federal, justamente, es la fuerza que más efectivos movilizó en los 43 operativos. Con tal de sacarse el tema de encima, Monteoliva es capaz de decir que los “azules” fueron caminando, en bondi o en subte.
Por su parte, según el Ministerio los gastos en “equipos” de la Policía Federal fueron de $ 2.051.696.092 durante los 43 miércoles analizados. ¿Qué va a decir la ministra, que el resto de las fuerzas fueron sin “equipos”?La mera suma de esos dos ítems da una cifra de $ 2.087.009.048, es decir un promedio de $ 48.535.094 por operativo. A los ojos de cualquier lector o lectora, suena a muy poco. Pero alcanza para dimensionar la chorrera de fondos públicos empleados por el Gobierno de La Libertad Avanza cuando de amedrentar, dañar, lastimar y criminalizar a la población movilizada se trata. El mismo gobierno que llegó a la Casa Rosada agitando el eslogan de “no hay plata”.
En el marco de las garantías constitucionales, el CELS afirma que “el gobierno nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos”. De allí que “cada miércoles se destinan cientos de efectivos para reprimir a jubiladas, jubilados y quienes los apoyan” en “el reclamo por la pauperización de sus condiciones de vida, el ajuste selectivo, la privación de alimentos, la privación de medicamentos y salud, el aumento del costo de vida”.
Los registros de colectivos e instituciones que se dedican a asistir manifestantes, tanto en lo legal como en lo técnico y lo sanitario, arrojan que durante las protestas de jubiladas y jubilados frente al Congreso en 2025 se acumuló un total de 149 detenciones arbitrarias y, al menos, 501 personas con heridas de distinta gravedad. Esos espacios son la Posta de Salud y Cuidados, la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios y el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA.
La mayor cantidad de heridas sufridas por el centenar y medio de manifestantes atendidos fueron producidas por balas de goma, gas pimienta, granadas de gas lacrimógeno y fuertes chorros lanzados por los carros hidrantes.
Además de los tres efectivos identificados como quienes hirieron a Grillo, Navarro y Blanco, en los Tribunales también se abrió una causa en la que se investigan los hechos del 11 de septiembre de 2024 que derivaron en la brutal agresión contra la niña de diez años Fabrizia. Allí ya fue identificado y procesado el policía federal Cristian Rivaldi, quien le arrojó gas pimienta, a muy corta distancia y a la cara, a ella y a su madre.
El caso de Fabrizia es uno de los más emblemáticos a la hora de comprobar hasta dónde son capaces de mentir en el Gobierno con tal de encubrir y justificar la saña con la que sus perros uniformados atacan a quienes salen a la calle a reclamar lo que les corresponde. Los escasos números que le acaban de dar al CELS comprueban que plata hay, y de sobra, cuando se trata de defender los intereses de una minoría social parasitaria como lo es el gran empresariado nacional y trasnacional.
Para enfrentarlos y frenarlos sólo hay un camino. Organizarse independientemente de esos sectores y masificar la movilización. Y es urgente.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Represión sistemática a manifestaciones de jubiladas y jubilados frente al Congreso | Fotos Enfoque Rojo
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Los “libertarios” mienten: Kicillof trata casi igual que ellos a las presas y los presos de la provincia
19 de julio, por Sumario sin secreto — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Axel Kicillof , Torturas, Cárceles, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Javier Alonso, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Axel Kicillof , Torturas, Cárceles, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Javier Alonso
Torturas y demás violaciones a los derechos humanos salen a la luz apenas se echa un vistazo a las cárceles del Servicio Penitenciario y las comisarías de la Policía bonaerenses. La Comisión por la Memoria actualizó datos que muestran al “sistema de la crueldad” más activo que nunca. ¿Y el “derecho al futuro”?
Hay un cliché de la ultraderecha, hoy personificada en el gobierno Javier Milei y sus socios menores como el porteño Jorge Macri y otros gobernadores, según el cuál el gobierno de Axel Kicillof y otros mandatarios peronistas (entre ellos muchos intendentes del conurbano) manejan el asunto carcelario y penitenciario de una forma casi displicente.
Apelando a básicas campañas represivas y punitivas, los actuales “libertarios” acusan al kirchnerismo de haber puesto una “puerta giratoria” en las cárceles, quitándole al ADN del peronismo sus tradicionales ansias de “ley y orden”. Según ese relato, Kicillof estaría vaciando los lugares de encierro, lo cuál demostraría por qué las calles están llenas de “bestias criminales” que atacan cual invasión extraterrestre a la “gente de bien” que paga sus impuestos y cree que tendrá más “seguridad” si se militarizan los barrios.
Pero ni Kicillof es un “garantista” ni mucho menos las cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires están “vacías”.
Este viernes la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó un boletín con información actualizada que echa por tierra ese absurdo declamado por la ultraderecha. Se trata del sitio Datos abiertos , que contiene estadísticas del sistema penal y de las violencias estatales registradas en territorio bonaerense. La CPM difunde esa información en su calidad de organismo local subsidiario del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura creado por la Ley 26.827.
En este caso, el informe se refiere a las condiciones en las que se encuentran 66.600 personas privadas de su libertad en diversas sedes y unidades penales dependientes de la gestión de Axel Kicillof. Son las cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense, que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Juan Martín Mena. Y las comisarías de la Policía Bonaerense que son responsabilidad del Ministerio de Seguridad manejado por Javier Alonso.
Axel Kicillof y el Servicio Penitenciario Bonaerense | Foto archivo Télam Según el informe de Datos abiertos, del total de 66.600 personas detenidas en la Provincia, 56.511 están alojadas en cárceles, 3.396 en alcaidías, 1.704 en comisarías y 4.989 están con arresto domiciliario con monitoreo electrónico. De esa población hay 667 son niñas, niños y adolescentes, de los cuales 84 son no punibles.
Sólo el 54 % de la población total detenida en dependencias penitenciarias o policiales está cumpliendo una pena dictada por sentencia judicial. El otro 46 % no tiene condena, es decir que a lo sumo está bajo proceso. Según el principio constitucional, esas personas son inocentes porque el mismo Estado que las detuvo aún no demostró lo contrario.
Un sistema siempre cruel
La llamada “tasa de encarcelamiento” es una convención internacional que mide y compara cuántas personas están detenidas en un país o región específica y en un determinado momento histórico. Generalmente se mide en la cantidad de personas que hay privadas o restringidas de su libertad cada cien mil habitantes (por ejemplo, 140 c/10.000)
Según datos (actualizados a diciembre de 2024) del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia nacional, en Argentina hay una tasa de encarcelamiento de 316 c/100.000. Con ese número como referencia, el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerenses están muy por encima de la media nacional.
Los Datos abiertos de la CPM afirman que a junio de 2026 la tasa de encarcelamiento en la provincia es de 382 c/100.000 habitantes, es decir un 21 % por encima de la media nacional. Y si se pone el ojo en la evolución de la tasa durante la gestión de Kicillof, se comprueba que hubo un salto de casi el 30 %, ya que en 2019 (último año de la gestión Vidal) la tasa era de 295 c/100.000
Cárcel de Batán | Foto archivo La Nación La Procuración Penitenciaria de la Nación (organismo autónomo que funciona bajo la órbita del Congreso) dice que a nivel mundial la tasa de encarcelamiento se ubica en promedio en 140 personas cada cien mil habitantes; y que los cinco países que lideran el ranking son Estados Unidos, China, India, Rusia y Brasil. Éste último tiene 390 c/100.000 (datos 2022) y el país gobernado por Putin 300 c/100.000 (datos 2023). Con alrededor de 18 millones de habitantes, más de una vez se dijo que la Provincia de Buenos Aires casi es un país. Bien podría integrar ese nefasto top five.
En las cárceles y alcaidías bonaerenses las personas alojadas deben compartir espacios originalmente diseñados para menos de la mitad. Un 117 % de sobrepoblación. Las 59.907 personas alojadas en dependencias del SPB se hacinan en espacios con apenas 27.500 “plazas”. Se llama así a superficies cerradas donde apenas entra un colchón (cuando hay), sin baños mínimamente dignos y con innumerables deficiencias edilicias, de mantenimiento, calefacción y refrigeración.
En el caso de las comisarías de la Policía, las 1.704 personas alojadas en celdas, calabozos y hasta oficinas enrejadas ocupan espacios en los que debería haber no más de 1.217. Es decir que hay un 40 % de sobrepoblación.
Al mismo tiempo, durante la gestión del Frente de Todos-Unión por la Patria hubo un descenso en las investigaciones judiciales de crímenes que involucran directamente a policías y personal penitenciario. Si bien la responsabilidad última de ese retroceso es del Poder Judicial, el rol del Ejecutivo para lograr el desvío de investigaciones, el archivo de expedientes y los beneficios para los victimarios es más que activo.
Según datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia, entre 2018 y 2019 (último período de la gestión Vidal) las investigaciones penales de la llamada “violencia institucional” bajaron de 4.872 a 3.931. Pero con Kicillof siguieron bajando. Y mucho. En 2025, por ese “ítem”, en los tribunales se tramitaron sólo 2.668 investigaciones.
Así, los expedientes judiciales por “violencia institucional” pasaron de ser el 0,6 % del total de causas iniciadas en el año 2018 al 0,3 % en 2025. A nadie con un mínimo grado de honestidad se le ocurriría decir que el descenso se debe a que cada vez se hace más “justicia” y hay muchos menos casos que investigar.
Axel Kicillof y la Policía Bonaerense | Foto prensa PBA En cuanto a la criminalización de niñas, niños y adolescentes, si bien las gestiones pasadas de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal se ensañaron particularmente con los pibes de las barriadas populares, lo de Kicillof puede sorprender a más de uno. En su primer año de gestión, las imputaciones registradas en el Fuero Penal Juvenil bonaerense bajaron abruptamente respecto al último año del gobierno Cambiemos, de 2.251 jóvenes criminalizados y judicializados a 1.313. Pero desde entonces no paran de crecer y en 2025, acompañando las campañas punitivistas de la derecha política y mediática, superaron las 1.828.
En este marco general, no puede llamar la atención la gran cantidad de muertes de personas detenidas o atacadas en la vía pública por parte de policías y penitenciarios. Hablamos de muertes evitables, no de decesos por razones comúnmente llamadas “naturales”. Se trata de personas que pedieron la vida cuando su integridad estaba en manos de agentes del Estado.
Según el informe de la CPM, entre enero y junio de 2026 ya hubo 122 muertes evitables en cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses. A esas muertes bajo custodia hay que sumar otras 40 de personas asesinadas extramuros por efectivos de la Policía o del Servicio Penitenciario provinciales.
En su informe El Sistema de la Crueldad XIX , publicado a fines de 2025, la misma Comisión por la Memoria dio cuenta de “un conjunto de prácticas ilegales y violentas que produce el Estado por acción u omisión y configuran graves violaciones a los derechos humanos”. Se refiere al Estado bonaerense, pero se puede extrapolar a todo el país.
El diagnóstico se repite año a año, para un territorio que desde 1983 fue gobernado en más de dos terceras partes del tiempo por el mismo espacio político al que pertenece Kicillof. El radicalismo gobernó entre 1983 y 1987 y el macrismo entre 2015 y 2019, ambos con resultados no muy distintos, en ésa y otras materias, a los del peronismo.
Unidad 51 de Magdalena | Foto Agencia Andar Últimas noticias del infierno
Tantos números estadísticos no ocultan que se trata de seres humanos criminalizados por el Estado, en un alto porcentaje sin siquiera tener condena. Y en su gran mayoría acusados de delitos leves contra la propiedad (donde no se puso en riesgo la vida de terceros) o por violar leyes reacionarias como la 23.737, usada para meter tras las rejas a consumidores o cultivadores de marihuana. Una población carcelaria eminentemente pobre, ya que quienes se enriquecen con el crimen organizado por lo general gozan de la más absoluta libertad y protección.
Dos ejemplos muy recientes demuestran que la gestión de Kicillof, al menos en términos penitenciarios y policiales, no tiene mucho que envidiarle a la ultraderecha. Se trata de los hechos ocurridos en el penal de Magdalena y en sedes policiales de Moreno.
En junio, dentro de los muros de la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena (a menos de 50 kilómetros de La Plata) se vivieron momentos espeluznantes. Al menos cuatro de las mujeres alojadas allí fueron objeto de una verdadera “cacería humana” y de las más diversas vejaciones.
A una de ellas la desnudaron, abusaron sexualmente varias veces y casi la asfixian con el conocido método del “submarino”. Mientras, la jefa del Penal Daiana Balmaceda le gritaba “¡besame las botas!”. A otra mujer la llevaron de los pelos al edificio donde estudian las detenidas, la ataron del cuello, golpearon, también abusaron y dejaron atada sobre un colchón regado con gas pimienta.
A una tercera, después de decirle “vos tenés que hacer lo que yo digo”, Balmaceda ordenó que la dejaran más de quince horas semidesnuda, inmovilizada y sin ingerir alimentos ni agua. La cuarta interna sobre la se registraron torturas fue esposada de pies y manos, a su vez los dos pares de esposas fueron unidos entre sí; después le metieron un trapo en la boca para evitar que gritara y rociaron el lugar con gas pimienta. Le prohibieron ir al baño y no pudo evitar mearse encima. Al otro día, tres de ellas fueron trasladadas a otras unidades del SPB, no sin antes romperles sus teléfonos personales y sus ropas.
Si Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quisiera convencer a alguien de que las ahora removidas autoridades del penal magdalenense aprendieron esos métodos de tortura “afuera” del SPB y sólo ellas montaron un sistema de terror intramuros, se le reirían en la cara. Por las dudas, hace silencio.
Casi como obra de un cínico guionista, en la página oficial del SPB la única “noticia” del mes de junio sobre la Unidad 51 refiere a la presentación de una función teatral. La coordinadora de “Cultura” del penal, Dámaris Mamani, calificó la obra como “un mensaje esperanzador” para las detenidas. De las torturas aplicadas por esos mismos días, ni un mínimo mea culpa.
Comisaría Sexta de Moreno | Foto Agencia Andar El otro hecho ocurrió en Moreno (a 90 kilómetros de La Plata) donde durante un largo tiempo la Policía llenó los calabozos de la Comisaría Sexta y de la DDI de Drogas Ilícitas de Paso del Rey. En la comisaría, hasta fines de junio, once personas permanecían encerradas en sucuchos habilitados sólo para tres. Y en la DDI otras tantas se hacinaban en celdas improvisadas donde antes había oficinas.
La Comisión por la Memoria denunció que esos espacios no tenían privacidad y que del sanitario “salía un olor nauseabundo a materia fecal que tornaba difícil permanecer” por mucho tiempo. Tanto en Magdaleno como en Moreno las mujeres “quedaban sometidas a un aislamiento permanente con escasa luz natural y en condiciones inhabitables”.
Recién después de que la CPM presentara un habeas corpus colectivo preventivo y correctivo, denunciando explícitamente graves violaciones a los derechos humanos, el juez de Moreno Jorge Mariano ordenó la clausura de esos calabozos y prohibió que se siga encerrando gente allí, al menos hasta que mínimamente los acondicionen “para alojar detenidos”.
Las denuncias sobre lo que pasaba en Magdalena y en Moreno no las hizo ningún funcionario. El subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, no se contactó con nadie del entorno de las víctimas. Y el hecho de que fueran mujeres ni siquiera motivó la intervención del ministerio que conduce Estela Díaz (la misma que se niega a atender el reclamo de dos obreras del Astillero Río Santiago despedidas pese a sufrir violencia de género). Son los propios familiares de las personas detenidas quienes logran sacar la denuncia a la calle y así comienzan una tortuosa búsqueda de justicia.
Sólo hay “acción” oficial cuando organizaciones de derechos humanos difunde esas situaciones e interponen habeas corpus y medidas cautelares. Pero en la gran cantidad de casos que nunca llegan a tener cierto nivel de exposición todo el funcionariado, con más o menos responsabilidad y poder, garantiza diariamente que el “sistema de la crueldad” de reproduzca.
Hace 2.412 días que Axel Kicillof conduce los destinos políticos, económicos y sociales de una Provincia de Buenos Aires sumida en una profunda crisis. Al ajuste perverso y las desfinanciaciones provocadas por Milei, el Gobernador agrega sus propias políticas capitalistas. Hasta su exviceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, acaba de decir que el ajuste que opera en la provincia es aún mayor que el que hace la Casa Rosada.
Hoy Kicillof intenta despegarse tanto de su reciente pasado frentetodista como de su marca kirchnerista de origen. A la vez, maquilla con meras simbologías un presente crítico en el que su gestión no parece tener muchas “alternativas” para mostrar. Por eso, pensando en sus chances presidenciales, pegó un volantazo semántico y ahora juega con su Movimiento Derecho al Futuro.
Tras las rejas, decenas de miles de personas no entienden qué quiere decir.
Foto archivo Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
