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Informe del CeProDH y la Posta de Salud: corte en la Panamericana de trabajadores despedidos de Georgalos
8 de julio, por PBA — Política, Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gendarmería, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Axel Kicillof , Patricia Bullrich, Georgalos, Represión, Posta de Salud, Política, Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gendarmería, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Axel Kicillof , Patricia Bullrich, Georgalos, Represión, Posta de SaludUna enorme acción de los trabajadores despedidos, apoyados por organizaciones sindicales, estudiantiles y trabajadores que se acercaron a apoyar el reclamo. Un operativo desplegado por Patricia Bullrich que, a pesar de la represión, no logró impedir el corte de la Panamericana.
La jornada de lucha comenzó con un acto en la puerta de la fábrica Georgalos en Victoria, en reclamo contra el despido de cinco trabajadores que participaron de un paro convocado por el gremio, en un claro acto antisindical de la empresa. Este corte se suma a una semana de intensas protestas: se movilizaron los trabajadores de Secco asi como tambien los trabajadores de Vialidad Nacional contra el DNU de Sturzenegger, los trabajadores del INTI, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una conferencia de prensa y se preparan para una gran movilización el 17 de este mes.
Quedó muy claro en la acción de hoy, donde se ubica el gobierno provincial de Axel Kicillof que sigue jugando a favor de la empresa Georgalos en lugar de hacer cumplir la conciliación obligatoria y de esta manera garantizar que los trabajadores puedan reincorporarse en sus puestos de trabajo.
Mientras Gendarmería reprime a los trabajadores de Georgalos, la policía de Kicillof cuida la puerta de la fábrica. ¡Reincorporación ya de los trabajadores! pic.twitter.com/lPBSFSmKrD
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) July 8, 2025
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En la movilización de hoy se sumaron además de figuras políticas y adhesiones de distintos diputados y legisladores, trabajadores de distintas fábricas de la zona como Molinos y otras que están peleando por sus puestos de trabajo como Secco.
Luego del acto, la movilización siguió hacia la Panamericana, logrando el corte de la Ruta Nacional con sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para impedir el avance de los manifestantes, la Gendarmería Nacional orquestada por Patricia Bullrich reprimió a los manifestantes con gases y golpes de bastones. Dentro de lo contabilizado por el CEProDH y la Posta de Salud y Cuidados, se registraron más de 50 atenciones por traumatismo de cráneo, extremidades y tronco. Al menos diez tuvieron atención posterior en guardias, en algunos casos con puntos como denunció en sus redes Luca Bonfante, Secretario General del Centro de Filosofía y Letras de la UBA, también Federico Matz abogado del CEProDH. Antonio Roselló, de la mesa ejecutiva de CONADU H recibió atención posterior en una guardia de hospital. En la misma situación estuvieron estudiantes de psicología de la Universidad de Buenos Aires y trabajadores de GPS, la tercerizada de Aerolíneas Argentinas.
Se registraron al menos treinta atenciones por lesiones oculares producidas por el gas lacrimógeno utilizado por la fuerza nacional.
En un intento de desalojar la manifestación que tuvo lugar durante más de dos horas, la Gendarmería desplegó un camión hidrante y al menos diez camiones celulares, que se ubicaron sobre la autopista y estaban preparados para tirar balas de goma y gases lacrimógenos.
Al momento de regresar a la fábrica para finalizar la acción, los trabajadores se encontraron con la policía Bonaerense alrededor de la instalaciones.
Los trabajadores de Georgalos reclaman contra despidos y la respuesta del Estado es proteger a la empresa: llegan hidrantes al corte en Panamericana. pic.twitter.com/7aqxC5QOYg
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) July 8, 2025
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A pesar de los intentos de amedrentamiento los trabajadores despedidos lograron hacer eco de su reclamo en los medios nacionales.
Comunicado de la Posta de Salud y Cuidado y el CEPRODH
En la manifestación convocada por los trabajadores despedidos de Georgalos que realizaron un corte en la Panamericana a la altura de Victoria, se encontraron con un operativo desplegado por la Gendarmería Nacional de Patricia Bullrich.
Para impedir el avance de los manifestantes, la Gendarmería Nacional orquestada por Patricia Bullrich reprimió a los manifestantes con gases y golpes de bastones. Dentro de lo contabilizado por el CEProDH y la Posta de Salud, se registraron más de 50 atenciones por traumatismo de cráneo, extremidades y tronco. Al menos diez de las víctimas tuvieron atención posterior en guardias, en algunos casos con puntos como denunció en sus redes Luca Bonfante, Secretario General del Centro de Filosofía y Letras de la UBA, también Federico Matz abogado del CEProDH. Antonio Roselló, de la mesa ejecutiva de CONADU H recibió atención posterior en una guardia de hospital. En la misma situación estuvieron estudiantes de psicología de la UBA y trabajadores de GPS, la tercerizada de Aerolíneas Argentinas.
Se registraron al menos treinta atenciones por lesiones oculares producidas por el gas lacrimógeno utilizado por la fuerza nacional.
En un intento de desalojar la manifestación que tuvo lugar durante más de dos horas, la Gendarmería desplegó un camión hidrante y al menos diez camiones celulares, que se ubicaron sobre la autopista y estaban preparados para tirar balas de goma y gases lacrimógenos. Al momento de regresar a la fábrica para finalizar la acción, los trabajadores se encontraron con la policía Bonaerense alrededor de la instalaciones
CONTACTOS:
Alejandrina Barry (Legisladora porteña MC e integrante del CEProDH): 11-5834-2351
Franco “Paco” Capone (Médico residente del Hospital Penna y miembro de la Posta de Salud y Cuidados): 11-3628-8264
Enfoque Rojo
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Jubiladxs Autoconvocados denunciaron hostigamiento policial a uno de sus integrantes
7 de julio, por San Luis — Política, San Luis, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Persecución policial, Persecución política, Política, San Luis, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Persecución policial, Persecución políticaEl pasado miércoles lxs jubiladxs expresaron su preocupación por el hostigamiento por parte de policías de civil y en autos sin identificar en la casa de uno de sus integrantes.
Ramón Olguín, integrante de Jubiladxs autoconvocados denunció públicamente que la policía de San Luis, de la división de investigaciones, se hizo presente en su domicilio en dos oportunidades con diferentes excusas. Por el hecho, el activista hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía.
Cabe destacar que, los jubilados autoconvocados vienen llevando adelante movilizaciones todos los miércoles, para visibilizar sus reclamos por jubilaciones dignas, moratoria, boleto gratuito para jubiladxs, medicamentos gratuitos y mejor atención en PAMI. A cambio, reciben hostigamiento y persecución. Al igual que los jubilados que se movilizan al congreso, que son golpeados y gaseados por las fuerzas represivas de Bullrich, aquí en San Luis no están muy lejos.
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Por otra parte, sabemos cuál es el rol de la policía, y aunque nos digan que la policía existe para proteger a todos, y la palabra que usan todo el tiempo es “seguridad”, sabemos que el crimen existe centralmente porque la policía lo permite, por ejemplo integrando redes de trata y narcotráfico, o liberando zonas y usando “soldados” para que roben para ellos.
Es por eso que los heroicos jubilados y jubiladas que están en la primera fila del reclamo, que no bajan sus brazos ante el hostigamiento de la policía y la represión de los gobiernos, son un ejemplo de lucha para todo el pueblo trabajador. Y es por eso que más allá de quienes con sus años a cuestas pueden movilizar cuentan con la simpatía y la solidaridad de muchos. Su valentía merece todo el apoyo, nos enseñan cómo luchar.
En ese sentido, repudiamos el hostigamiento policial y expresamos nuestra solidaridad, nos ponemos a disposición con la organización de jubiladxs autoconvocados. Como así también, creemos que es necesaria la unidad de todos los sectores en lucha y que es necesario un paro general para derrotar este tremendo plan de ajuste que llevan adelante los gobiernos, y que descargan en las espaldas de los sectores más vulnerables.
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Bosta en las narices de Espert: liberan a Alesia Abaigar tras doce días presa sin razón
7 de julio, por Revés para el Gobierno — Política, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Sandra Arroyo Salgado, San Isidro, Persecución política, José Luis Espert, Criminalización, Política, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Sandra Arroyo Salgado, San Isidro, Persecución política, José Luis Espert, CriminalizaciónLa Cámara Federal de San Martín rechazó los flojos argumentos de la jueza Arroyo Salgado, que se negaba a excarcelar a la funcionaria bonaerense acusada de participar en el escrache a la casa del represor de La Libertad Avanza.
La Cámara Federal de San Martín decidió revocar la resolución de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el caso de Alesia Abaigar, la funcionaria bonaerense que llevaba doce días detenida de forma arbitraria e irregular, acusada de arrojar estiércol frente a la casa del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. Pese a no tener razones objetivas para detenerla por algo que configuraría una mera contravención municipal, Arroyo Salgado se alineó con el gobierno de Javier Milei y envió a Abaigar a la cárcel federal de Ezeiza.
Según el fallo, firmado por los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, la gravedad de los delitos imputados no justifica la prisión preventiva y no se han acreditado los riesgos procesales que fundamentarían una medida de tal magnitud. Vale recordar que la jueza Arroyo Salgado siempre se negó a excarcelar a Abaigar y sólo aceptó que cumpliera prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Con la excusa de que la funcionaria de Axel Kicillof podía “interferir en la investigación”, dictó su prisión preventiva.
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La Cámara de San Martín consideró que las razones esgrimidas por la jueza de San Isidro para mantener detenida a Abaigar son insuficientes, considerando que la gravedad de las penas por los delitos investigados no justifica su privación de libertad. Además, no se han presentado pruebas concretas que indiquen que, en caso de ser liberada, podría obstaculizar la investigación o intentar evadir la justicia.
En su fallo, los jueces remarcaron que Abaigar colaboró voluntariamente al proporcionar las claves de acceso a su teléfono móvil y computadora personal, y que no se identificaron diligencias probatorias que pudieran verse comprometidas si recupera su libertad. Barral y Lugones también señalaron que no se ha comprobado de manera suficiente el riesgo de fuga, destacando que Abaigar se identificó correctamente durante el allanamiento de su domicilio y no mostró intenciones de eludir a la justicia.
Asimismo, consideraron que sus condiciones personales, como tener una residencia fija y carecer de antecedentes penales, permiten mitigar el riesgo de fuga mediante medidas alternativas previstas por la legislación.
El caso es uno de los tantos hechos de autoritarismo y represión protagonizados por el Gobierno nacional, esta vez a través de Espert y con el apoyo inestimable de la jueza sanisidrense. Semejante arremetida judicial contra Abaigar y otros militantes no tuvo nada que ver con la conducta del grupo que ensució la vereda del diputado. Ésa fue, más bien, la excusa perfecta que encontraron para consumar un nuevo y repudiable ataque a las libertades democráticas.
El fallo de la Cámara de San Martín le da la razón a quienes, desde el más variado arco político, denuncian el accionar del oficialismo que criminaliza a los opositores y reprime duramente toda protesta obrera, social y popular.
Foto Catriel Remedi | Tiempo Argentino
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Un triunfo de la lucha por memoria, verdad y justicia: el nieto 140 recuperó su identidad
7 de julio, por Golpe al negacionismo — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, 24 de Marzo, Edición Uruguay, Negacionismo , Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, 24 de Marzo, Edición Uruguay, NegacionismoLa semana comenzó con esta importante noticia anunciada por Abuelas de Plaza de Mayo en sus redes sociales. Se trata de una muestra de la vigencia de la lucha comenzada hace casi 50 años por las Madres y las Abuelas. A las 14 horas brindarán una conferencia de prensa para dar detalles de esta importante noticia.
Las redes sociales de Abuelas de Plaza de Mayo confirmaron en la mañana de este lunes una buena noticia: la recuperación de la identidad del nieto 140, hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, quién nació el 17 de abril de 1977 en cautiverio en el centro clandestino de detención "La Escuelita" de Bahía Blanca.
En conferencia de prensa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto comentó que "su hermana, Adriana, lo buscó desde siempre".
Adriana, a su vez, expresó "gracias a la abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por esos 300 nietos que nos faltan a todos". También dijo que "cada nieto recuperado nos ilumina un poco más".
Los padres del nieto recuperado, Graciela y Raúl, fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1977 por un grupo de tareas del Ejército y la Policía de Neuquén, cuando ella se encontraba embarazada de 5 meses. Desde entonces se encuentran desaparecidos.
Por entonces, ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y tenían una hija de apenas poco más de un año.
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Se trata de un golpe al negacionismo, promovido directamente desde el gobierno libertario de Javier Milei y que viene teniendo consecuencias importantes con el intento de librar a militares juzgados por su rol durante el genocidio de la cárcel común o con la visita que legisladores de la ultraderecha hicieron a varios de estos en el penal de Ezeiza.
A pesar de estos intentos por ocultar o trivializar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura, esta nueva e importante recuperación es un golpe de lleno sobre sus políticas negacionistas, mostrando la vigencia de la pelea por Memoria, Verdad y Justicia.
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Impunidad: Del Caño denuncia el archivo de la investigación por la visita de diputados a genocidas
4 de julio, por Ezeiza — Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Christian Castillo, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Ezeiza, Genocidas, Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Christian Castillo, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Ezeiza, GenocidasEl fiscal Sergio Mola consideró que no hubo irregularidades en la reunión de legisladores de La Libertad Avanza con genocidas en Ezeiza. El Frente de Izquierda rechazó la decisión y apuntó contra Bullrich y el sistema judicial.
El fiscal Sergio Mola solicitó el archivo de la investigación sobre el rol del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la condenable visita de diputados de La Libertad Avanza a condenados por crímenes de lesa humanidad detenidos en la cárcel de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz. La decisión, respaldada por el juez Luis Armella, fue calificada como un nuevo gesto de impunidad por parte del Frente de Izquierda, cuyo diputado Nicolás del Caño denunció al gobierno de Patricia Bullrich y el Poder Judicial.
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"La justicia protege a los genocidas"
Nicolás Del Caño afirmó: "Cerraron la investigación por la visita de los diputados de LLA a los genocidas. La justicia otorga todo tipo de favores y privilegios a los asesinos que logramos encarcelar con la lucha de tantos años. No extraña que cierren esta investigación".
El diputado (MC) señaló que la mayoría de los bloques del Congreso tampoco impulsaron el esclarecimiento de los hechos y remarcó: "El único camino para enfrentar la impunidad, la represión y los ataques a las libertades democráticas es el que nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo: ganar las calles con la movilización popular".
El Frente de Izquierda impulsó una investigación amplia con participación de organismos de DDHH
La polémica estalló en julio de 2024, cuando se conoció que seis diputados oficialistas visitaron a condenados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Guillermo Montenegro, quienes ingresaron al pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Ezeiza, donde se encuentran detenidos condenados a prisión perpetua por su participación activa en la última dictadura militar. Entre ellos figuran nombres emblemáticos de la represión ilegal: Alfredo Astiz (el "Ángel de la Muerte"), Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda, Gerardo Arráez, Honorio Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote y Miguel Ángel Britos, todos responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
La visita de los legisladores oficialistas recibió un amplio repudio. Myriam Bregman, la diputada y abogada querellante en causas de lesa humanidad, fue contundente: "Esta visita los convierte en cómplices del genocidio. No fueron a ‘inspeccionar condiciones carcelarias', fueron a legitimar a asesinos. Estos diputados y sus jefes políticos deben dar explicaciones a la sociedad".
Cuando en una comisión en Diputados se trató la visita a los genocidas en Ezeiza, el Frente de Izquierda presentó una propuesta alternativa para garantizar una investigación profunda y democrática. Nicolás del Caño exigió la creación de una comisión mixta de investigación que incluyera no solo a los bloques parlamentarios, sino también a organismos de derechos humanos y querellantes de las causas contra los represores visitados. "No puede ser una comisión cerrada entre cinco diputados acordados entre cúpulas. Las víctimas y quienes llevan años luchando por justicia deben tener voz en este proceso", sostuvo. Además, planteó que el Congreso debía emitir un repudio formal al encuentro entre legisladores y genocidas.
Christian Castillo, también del PTS-FIT, fundamentó la necesidad de investigar "a fondo" las implicancias de estos hechos, recordando cómo la impunidad histórica de los represores ha derivado en nuevos crímenes. Citó casos emblemáticos: la desaparición de Jorge Julio López (testigo clave en el juicio a Etchecolatz en 2006), el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe (2010), y la muerte del prefecto Febres —envenenado con cianuro en su celda en 2007 cuando iba a declarar sobre bebés robados—. "Estos hechos muestran que los genocidas y sus cómplices siguen actuando para silenciar la verdad", afirmó.
Myriam Bregman, diputada y abogada querellante en causas como la de Vicky Walsh (hija de Rodolfo Walsh), advirtió sobre el impacto disruptivo que estas visitas tienen en los juicios en curso: "Es una provocación que busca intimidar a testigos y familiares, y una señal de complicidad del Estado".
El Frente de Izquierda advirtió reiteradamente que, sin una investigación independiente con participación activa de las organizaciones populares y los referentes de derechos humanos, la causa no podría avanzar. El reciente archivo judicial no hace más que confirmar la certeza de esta advertencia: lejos de esclarecer los hechos, lo que se consolida es un sistema de impunidad que protege tanto a los criminales del genocidio de clase, como a sus actuales encubridores.