Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
Techint, centros clandestinos y reforma laboral: la historia que el peronismo oculta
20 de marzo, por A 50 años del golpe — Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Golpe militar en Argentina, Bloque1 A3 3, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976, Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Golpe militar en Argentina, Bloque1 A3 3, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976
La historia de los Rocca muestra la continuidad de una burguesía que impulsó la dictadura, se benefició del genocidio de clase y hoy, desde Techint, promovió una reforma laboral esclavista. El peronismo, con Pichetto a la cabeza, defiende el mito de una "burguesía nacional" que nunca fue salvación para los trabajadores: tuvo centros clandestinos en sus fábricas, estatizó su deuda privada y sigue priorizando sus ganancias por encima de los derechos de las mayorías.
¿Cuál es la historia de este grupo encabezado por los Rocca que se levantó gracias a la relación que construyó con el poder de turno y los negocios que hizo con el Estado en la obra pública, en los más de 70 años que lleva produciendo en Argentina? Estos lazos fueron y son determinantes en la historia del gigante de acero que hoy integra un holding con sedes en 27 países.
Las suculentas ganancias las consiguieron a través de los “favores” recibidos por los sucesivos gobiernos y a costa del sudor y la sangre de sus empleados. Así ocurrió, por ejemplo, durante la última dictadura militar, un período del que Techint no quiere hablar y del que, sin embargo, tiene mucho para decir.
¿Cómo se creó el imperio de la familia más rica de Argentina?
De Mussolini a Forbes. De la primera a la tercera generación. Este es el recorrido que hizo el emporio que puso en pie Agostino Rocca y que hoy maneja su nieto Paolo.
Agostino fue un joven “emprendedor” italiano, excombatiente de la Primera Guerra Mundial. En 1921 se recibió de ingeniero industrial y electrónico en el Politécnico de Milán. Poco tiempo después se casó con la heredera de los accionistas de la Banca Commerciale Italiana, lo que le permitió emplearse en Dalmine de Bérgamo, porque este banco controlaba financieramente esa empresa que producía tubos de acero sin costura. Tiempo después, cuando las empresas siderúrgicas fueron estatizadas por Mussolini, se convirtió en el director general del conglomerado de estas compañías y continuó siendo el vicepresidente de la famosa Dalmine de Bérgamo.
Durante la Segunda Guerra, el gobierno fascista reacondicionó las fábricas para la industria bélica y Rocca fue el encargado de su organización. También fue consultor de la Banca Commerciale Italiana.
En 1945 fundó Techint como corporación internacional, pero huyó con la llegada de los aliados y terminó desembarcando en Argentina al año siguiente. En 1948 compró los terrenos en la localidad bonaerense de Campana, a 75 km de la Capital Federal, donde a partir de 1954 instaló Dálmine Safta (Sociedad Argentina para la Fabricación de Tubos de Acero).
Techint heredó la capacidad productiva alemana, origen de los dueños de la empresa Dalmine a comienzos del siglo XX, y se convirtió en la primera fábrica de caños sin costura en Latinoamérica, conocidos por su fuerte resistencia al calor y usados en actividades varias: para la extracción de petróleo, centrales eléctricas, en la industria automotriz y obras civiles, entre otros [1].
Su poder y expansión se basaron en dos líneas directrices: la construcción de establecimientos industriales en el campo metalmecánico y los proyectos y puesta en práctica de obras públicas de gran envergadura ligadas a la industria petrolera, eléctrica y a los montajes industriales.
En 1951 fundó LOSA, productora de ladrillos para la construcción; en 1962 anexó a Dálmine la acería eléctrica Siderca y ese año comenzó a exportar los caños. En 1970 instaló Propulsora Siderúrgica en Ensenada para producir chapas y bobinas laminadas en frío y en Florencio Varela creó la Sidercolor para pre-pintado y revestido plástico de las chapas.
El crecimiento del grupo fue espectacular en pocos años, siendo importante su desarrollo incluso a nivel internacional. El principal cliente de Techint fue siempre el Estado argentino. Tan tempranamente como que en 1949 el gobierno de Perón, a través de un amigo en común, Torcuato Di Tella, le adjudica a Agostino Rocca la obra del primer gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. En 1957, bajo la dictadura gorila de la “Libertadora”, consiguió hacer el montaje mecánico del Alto Horno de Somisa. Al año siguiente, el de Zapla; también lleva a cabo el complejo vial Zárate-Brazo Largo y la galería del Cristo Redentor, que atraviesa la cordillera mendocina entre Argentina y Chile.
Siempre negoció y mantuvo relaciones políticas con todo el arco político burgués. Desde las excelentes relaciones, primero con el gobierno militar, luego con el alfonsinismo y con Menem, quien le entregó en bandeja la privatización de SOMISA a un precio irrisorio, dejando como resultado más de 8.000 trabajadores en la calle. Formó parte de los “capitanes de la industria”.
El fundador de Techint falleció en 1978 y la posta la tomó su hijo Roberto, quien falleció en 2003, cediendo el poder al directorio donde estaban sus tres hijos. Hoy Paolo es el jefe del imperio y forma parte del comité ejecutivo de la Word Steel Association, que nuclea al sector del acero a nivel mundial. Agostino falleció en diciembre de 2001 y Gianfelice se encarga del negocio de salud de la familia, la empresa Humanitas.
Actualmente, los Rocca ocupan en Campana unas 400 hectáreas con 160.000 m2 de edificios industriales, una docena de kilómetros de vías férreas propias, caminos, 500 departamentos, escuelas, campo deportivo, iglesia, club y un canal de 2.000 metros.
Según el ranking Forbes 2026, Paolo Rocca destronó a Marcos Galperín como el argentino más rico, ocupando el puesto 528 a nivel mundial. Rocca lidera con una fortuna de USD 7.300 millones, impulsado por el Grupo Techint, superando al gigante de Marcado Libre (USD 7.200 millones) en el sector energético e industrial.
Los 70: persecución sindical y represión
La madrugada del 22 de septiembre de 1976, Alberto Luis Bedia fue secuestrado en Campana mientras dormía en la casa de sus padres; un grupo de hombres vestidos de civil y encapuchados lo golpearon y se lo llevaron. A Armando Culzoni, Manuel Ignacio Martínez y Raúl Aroldo Moreno les pasó lo mismo. Los cuatro eran obreros de Dálmine-Siderca y sus familias recuerdan los hechos como “la noche de los tubos”. Un ex compañero de sector de Alberto Bedia, Eduardo Pitter, en una entrevista a Victoria Basualdo en 2013, afirmó que días antes de su desaparición le dijo que había descubierto que en la caja de la Oficina de Personal los ejecutivos guardaban una libreta negra que tenía los nombres de los obreros que molestaban a la empresa [2]
Techint y la familia Rocca fueron promotores del golpe militar y apoyaron activamente al gobierno de facto y su política económica, al mando de Martínez de Hoz, conocido de los Rocca de los tiempos en que este ocupaba la presidencia de Acindar.
En Dálmine-Siderca como ocurrió también en otras empresas de la familia Rocca, por ejemplo, Propulsora Siderúrgica en La Plata [3], se persiguió a delegados y activistas con particular saña y se financió a los grupos de tareas que participaban de las sesiones de tortura y posterior desaparición de los trabajadores. En total, 80 trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado de alguna forma. La empresa invirtió en comisarías donde funcionaron centros clandestinos de detención. Se calcula que hubo más de 10 en la zona de Campana y Zárate. Entre ellos prevalece el Club Deportivo Dálmine que los Rocca tutelaron y financiaron para poner a disposición de los militares, a la vez les cedieron el uso del puerto de la compañía para embarcar detenidos y el edificio Catalinas que Techint tiene en el barrio porteño de Retiro. Este edificio era usado para reuniones de la cúpula castrense. A cambio, las fuerzas controlaban a los trabajadores y los mantenían amenazados dentro del predio industrial. Muchos trabajadores que permanecen desaparecidos fueron secuestrados en las puertas de las fábricas. En general, los mandaban a llamar para que dejen sus trabajos y se acerquen a la portería.
El primer ciclo represivo se produjo en marzo de 1975, en el mismo momento −no casualmente− en que se desató el brutal operativo militar en la cercana ciudad de Villa Constitución, dejando en claro la acción coordinada de las grandes empresas, las fuerzas represivas y el gobierno en el cinturón industrial norte. Entre los años 1976 y 1977 crecieron los secuestros y detenciones y en 1979, durante una importante huelga, volvieron a ser perseguidos. Incluso en 1980 continuaron las desapariciones [4].No hay que olvidar que en el mismo mes que se inició el golpe, los combativos trabajadores de Dálmine venían luchando por conseguir una “coparticipación”, un dinero extra que recibieron en la liquidación del sueldo. Solo tuvo un año de vigencia frente al avance patronal.
El cinismo de la gerencia se expresaba en la figura del presidente de la compañía de aquel entonces, Roberto Rocca, quien, ante el asesinato de un ingeniero activista de la planta, para ocultar el crimen en manos de los grupos de tareas, indemnizó a su esposa “por muerte accidental”. Una actitud similar adoptaban ante la desaparición de los trabajadores de la planta, a los que les computaban asistencia perfecta.
Es importante agregar que, según documentos hallados de la ex DIPBA, el ex suboficial principal de la Fuerza Aérea, Roberto Paulino Nicolini, fue una pieza clave para que funcione aceitadamente el circuito represivo articulado por la patronal. Fue jefe de vigilancia de Cometarsa (otra de las empresas que los Rocca tenían en Campana) y uno de los máximos “agentes especiales de inteligencia” del reconocido Batallón 601 de Inteligencia. La policía interna, organizada bajo su comando, contaba con una red de espionaje distribuida al interior de la planta industrial de Siderca y en toda la ciudad de Campana. Nicolini después creó dos empresas de seguridad, pero siguió vinculado a la empresa, incluso en fechas tan tardías como julio de 1986, donde armaba informes a pedido de la gerencia sobre los obreros que estaban vinculados a actividades del PC y del MAS.
Sin dudas, la empresa se benefició enormemente de la política económica y represiva del período dictatorial a dos niveles. Por un lado, haciendo uso de la bicicleta financiera, obtuvieron grandes préstamos internacionales, fueron proveedores exclusivos del Estado y tampoco faltaron a la fiesta de la obra pública. Incluso años después, cuando el gobierno estatizó la deuda de numerosas compañías, se benefició por al menos USD 186 millones. Por el otro, su estrategia de disciplinamiento social basada en el terror y el miedo logró reducir la cantidad de empleados hacia 1979, aumentando enormemente la productividad y los niveles de explotación, produciendo más con menos obreros. Las ganancias fueron siderales.
Las investigaciones judiciales encontraron valiosos testimonios y pruebas documentales sobre la participación activa de los empresarios y jefes de Techint en la desaparición de obreros. Sin embargo, los procesos se paralizaron y el rol del grupo Rocca en los crímenes quedó impune. Salvo en un caso.
La Cámara Nacional de Trabajo en 2012 falló a favor de Gimena Ingenieros, hija de Enrique Ingenieros, desaparecido en 1977. Ella demandó a la empresa Techint ante la Justicia laboral por considerar que fue responsable de la desaparición de su padre. Luego de que la Cámara del Trabajo reconociera que tenía derecho a percibir la indemnización porque se trató de un delito de lesa humanidad que no prescribe, la Corte Suprema dictaminó que “las acciones de responsabilidad civil derivadas de delitos de lesa humanidad” también “son imprescriptibles”.
Los Rocca, por su parte, solo fueron obligados a pagar una indemnización por una Cámara Civil; siguieron impunes por los crímenes. Pero no fueron los únicos empresarios que quedaron sin condena por haber sido partícipes necesarios del genocidio de clase durante la última dictadura militar.Tenaris y Ternium
Sobre esta base, la familia Rocca se consolidó en el negocio del acero que los llevó a ocupar el primer lugar en el business siderúrgico. Luego, bajo gobiernos constitucionales, continuó con sus negocios expandiendo su capital en varias ramas (Telefónica, Construcción) hasta convertirse en el holding más importante de capital nacional. En 2017, bajo la presidencia de Macri, Techint desembarcó con fuerza en Vaca Muerta a través de Tecpetrol, anunciando inversiones por USD 2.300 millones para el desarrollo del área Fortín de Piedra, que se convirtió en una pieza central de la producción de gas no convencional. En agosto de 2018, Paolo Rocca y Mauricio Macri inauguraron juntos la planta de procesamiento. En los últimos años, Tecpetrol profundizó su negocio energético en la zona, pero también acumula denuncias por contaminación y por la aplicación de fracking vinculado a registros sísmicos de magnitud 4.3. Hoy, el grupo mantiene su centralidad en Vaca Muerta con Tecpetrol operando Fortín de Piedra —que produce el 15% del gas del país— y proyectando alcanzar 70.000 barriles diarios de petróleo en Los Toldos II Este con una inversión de USD 2.500 millones . Sin embargo, a principios de 2026, Techint perdió una licitación clave para proveer caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro ante la empresa india Welspun, que ofertó un 40 % menos. El gobierno de Javier Milei celebró la decisión, y el presidente llamó "Don Chatarrín" a Paolo Rocca, acusándolo de hacer "negocios turbios con el Estado". Un giro que expuso la tensión entre el holding y el oficialismo.
Te puede interesar: Vaca Muerta. El suelo que tiembla: la crisis sísmica en el pueblo neuquino de Sauzal Bonito
El grupo Techint agrupa sus principales actividades siderúrgicas en dos grandes consorcios internacionales que cotizan en bolsa: Tenaris (tubos de acero sin costura para la industria energética) y Ternium (aceros planos y largos). Ambos fueron consolidados bajo la dirección de Paolo Rocca, ocho meses después de la muerte de su hermano Agostino, el 17 de diciembre de 2001, en las últimas horas de la presidencia de Fernando De la Rúa. A partir de ese momento se convertía en el único heredero del holding que tiene su sede en el Principado de Luxemburgo, lugar elegido como “paraíso fiscal” porque las ganancias están exentas de cualquier impuesto.
Paolo Rocca: de Forbes a Bonadio
El juez federal Claudio Bonadio procesó a Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en noviembre de 2018 dentro de la "causa de los cuadernos" por asociación ilícita y pago de coimas, con un embargo de $4000 millones. Se le acusó de pagar sobornos a funcionarios del kirchnerismo para que intercedieran ante Hugo Chávez y lograr que Venezuela pagara una estratosférica indemnización por la nacionalización de Sidor, filial del holding en ese país. El dinero fue acercado en 2008 por dos de sus principales ejecutivos, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, y Techint terminó alzándose con USD 1.900 millones.
Paolo ya acumulaba en su haber la citación de la Justicia italiana por el pago de coima en Brasil por USD 9 millones para quedarse con obras de Petrobras en dicho país. Buscan determinar si directivos de Techint utilizaron sociedades offshore y una cuenta en Suiza para pagar sobornos a funcionarios brasileros de Petrobras.
"Don tacharin"
El gobierno de Javier Milei profundiza su ataque contra la clase trabajadora con un plan económico que beneficia a un sector de la clase dominante, la fracción financiera y extractivista, mientras lleva al cierre de fábricas y a la calle a miles de trabajadores. Es el industricidio que ya está dejando familias enteras sin sustento. Pero al mismo tiempo, el gobierno se enoja con empresarios como Rocca, a uien Milei llama "don Tacharin" o Madanes Quintanilla, no por explotadores, sino porque defienden sus propios negocios. No hay enfrentamiento de clases: es una pelea entre distintos sectores del capital.
Frente a esta crisis, el peronismo, con Miguel Pichetto a la cabeza, intenta resucitar el mito de una "burguesía nacional" que sería la salvación. Defienden una burguesia que impulsó el golpe del '76 y el genocidio de clase. La que tuvo centros clandestinos en sus fábricas. La que estatizó su deuda privada. La que hoy, como los Rocca y Madanes, promueve una reforma laboral esclavista, cierra fábricas, despide miles de familias y superexplotan a los trabajadores con salarios miserables.
A 50 años del golpe, ni el gobierno que ajusta ni el peronismo que defiende a los mismos empresarios genocidas de siempre son una opción para la clase trabajadora. Los trabajadores no podemos esperar nada de quienes pactan con los explotadores.
[1] Para más información leer la investigación de Claudio Castro “De la industrialización tardía europea a la sustitución de importaciones latinoamericana: Agostino Rocca y los primeros años de la Organización Techint, 1946-1954”.
[2] Ver Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado, Buenos Aires, FLACSO y CELS, 2006.
[3] En otra de las plantas de Techint, Propulsora en Ensenada, hubo 19 desaparecidos entre trabajadores y ex-trabajadores, 3 asesinados durante el golpe, al menos 11 detenidos o presos que luego fueron liberados y 4 lograron exiliarse. Datos extraídos en Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, ob. cit.
[4] En Dálmine-Siderca 80 de estos trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad, 39 están desaparecidas, 7 fueron asesinadas, 34 son sobrevivientes. Ver Responsabilidad…, ob. cit.
-
Números del horror: Correpi presentó su informe anual sobre violencia estatal contra la población
20 de marzo, por Razón de Estado — Política, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Correpi, Violencia institucional, Violencia policial, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía Federal, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Patricia Bullrich, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Principal2 1, Política, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Correpi, Violencia institucional, Violencia policial, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía Federal, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Patricia Bullrich, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Principal2 1
Muertes evitables en cárceles y comisarías, torturas, gatillo fácil, criminalización de la pobreza y de la protesta social. En lo que va del gobierno de Milei, los asesinatos a manos de las fuerzas represivas, federales y provinciales, representan un 10 % del total registrado desde diciembre de 1983. La porteña y la bonaerense, entre las policías más letales. Nuevos datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Desde 1996 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elabora cada año un informe con el listado de víctimas y el estado de situación en la materia. Desde hace treinta años, ante la inexistencia de registros oficiales garantizada por todos los gobiernos, ese informe representa una de las fuentes más confiables para saber cómo, cuándo, dónde y por qué el Estado mata a ciudadanos y ciudadanas de diversas modalidades.
Este jueves la Correpi presentó su Informe de la Situación Represiva Nacional 2025, con datos actualizados a enero último. “Continuamos actualizando año tras año nuestro archivo a partir de la investigación y relevo de casos en medios nacionales y locales, pero sobre todo a partir de la colaboración y cobertura de medios alternativos y organizaciones que nos hacen llegar información de difícil acceso o que se oculta deliberadamente”, dice el organismo de derechos humanos en su presentación.
En el estudio (que puede verse completo acá) se afirma que con la llegada de Javier Milei y Patricia Bullrich a la Casa Rosada se produjo “un verdadero cambio de régimen”, basado en la reestructuración desde el Estado del “sistema normativo público y privado”, afectando “buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida”.
En ese marco, destaca que “el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad” provocaron “un gran incremento de las muertes bajo custodia y los fusilamientos de gatillo fácil, las dos modalidades preponderantes en el Archivo” que confecciona Correpi .
Según la organización dirigida por María del Carmen Verdú, se está ante la presencia de “un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en sus distintas modalidades”. Récord logrado a partir de un mayor empoderamiento y vía libre para todas las policías y servicios de inteligencia y penitenciarios. También a través del endurecimiento de leyes y normativas, con el hito reciente de la aprobación de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Y, por supuesto, con la represión a la protesta social como una marca registrada del gobierno de La Libertad Avanza.
Bajo el gobierno de Milei, se denuncia, “todas las fuerzas de seguridad son compatibilizadas expresamente con la reinstalación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y las fronteras ideológicas, para perseguir a los ‘enemigos' marcados desde el gobierno y en especial por el Ministerio de Seguridad Nacional, dejando en evidencia el rol de ejecutor de las políticas de EEUU y su socio, el Estado de Israel”.
Casos de muertes por violencia estatal por períodos de gobierno | Infografía Correpi El informe consigna que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de enero de 2026 se contabilizaron 10.181 muertes en Argentina provocadas por las fuerzas represivas estatales con diferentes modalidades. De ese total, 1.056 (el 10,4 %) se produjo durante los primeros 25 meses del gobierno liberfacho. “Nunca -ni siquiera en la anterior gestión ministerial de Bullrich bajo la presidencia de Macri- un gobierno llegó tan lejos en la expresa legitimación del gatillo fácil como política de Estado”.
Agrega que “en la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), confluyen los clásicos ‘suicidios', que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no se presta auxilio o se hace tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados ‘coches-bomba' (sicarios)”.
“También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). La muerte de personas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro es la modalidad de mayor incidencia numérica”, afirma Correpi .
Muertes bajo custodia por gestión | Infografía Correpi Sociedad encarcelada
Como causal de estas muertes aparece un largo y progresivo proceso de encarcelamiento ocurrido durante las últimas décadas, con el endurecimiento de penas y demás recursos punitivos sobre la población. Proceso profundizado a partir de las llamadas “Leyes Blumberg” del año 2004, impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces las cárceles y comisarías de todo el país nunca dejaron de llenarse de jóvenes, sobre todo pobres, quienes mayoritariamente pasan años encerrados sin tener siquiera una condena en primera instancia.
Correpi recuerda que “en 2001 había 34.000 personas privadas de su libertad en todo el país” y que hoy ese número “ronda al menos 135.000 y con un ritmo creciente”. Y aclara: “Las causas de esta suba masiva de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron. En 2001, la tasa de homicidios dolosos era de 8,6 cada 100.000 habitantes. En 2025, descendió a 3,7. Es similar la diferencia en delitos como robo, robo agravado y robos en grado de tentativa”.
Diferentes uniformes, una misma violencia
Respecto a los crímenes cometidos en lo que va de gobierno de Milei, en su desglose por fuerzas actuantes en cada muerte Correpi muestra “una imagen precisa de la intervención de cada una. El 60,15 % de las muertes (622 casos) corresponde a los servicios penitenciarios provinciales y federal; le siguen las policías provinciales con el 31,24 % (323 muertes); la Policía de la Ciudad, 4,74 % (49 muertes), la Policía Federal, 2,80 % (29 casos) y bastante más lejos Gendarmería (6 muertes); Prefectura (2 muertes) y otras fuerzas como las Armadas”.
Casos de gatillo fácil por períodos de gobierno | Infografía Correpi Entre las fuerzas locales más asesinas están la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense. Ambas son conducidas desde años por gobiernos de signos políticos opuestos. Una por el macrista PRO y la otra por el peronismo de Unión por la Patria. En los últimos nueve años, siempre según el informe de Correpi , la Policía porteña asesinó a 195 ciudadanos y la bonaerense a 630. Teniendo en cuenta la cantidad de efectivos que integra cada fuerza, ambas tienen altísimas tasas de asesinatos.
En ese marco, si se excluyen del análisis los casos protagonizados por personal de penitenciario, “que en casi su totalidad corresponden a muertes bajo custodia”, y se hace foco en el resto de las fuerzas, “resulta abrumadora la incidencia del uso del arma reglamentaria fuera de servicio”. Por eso Correpi insiste en “la prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil, lo que redundaría de inmediato en una baja importante del gatillo fácil, además de disminuir las muertes intrafuerza”.
Famicidios y transfemicidios cometidos por uniformados | Infografía y foto Correpi Siempre, contra la juventud y los sectores populares
“Si desglosamos por rango de edad, excluyendo los casos en que carecemos del dato de la edad, en la mayoría de muertes bajo custodia, la franja de 15 a 25 años es la más afectada durante la gestión Milei, y representa el 40 % del total, seguida por el 28 % entre 26 y 35. Niños y niñas de menos de 14 años representan el 5 % y las personas de 36 a 45 años, el 17 %”, detalla el informe de Correpi .
Víctimas fatales de la violencia estatal por edad | Infografía Correpi En sus conclusiones, el texto remarca que “así como da cuenta de una política de control y disciplinamiento social propia de un sistema de división de clases, el análisis comparativo de las diversas gestiones es prueba eficiente de cómo se agrava cuando, como sucede hoy, la brecha de desigualdad se profundiza”, en referencia al plan económico en curso, una de cuyas características es la larga lista de daños ocasionados en lo social.
Imagen La Caja Roja
Política / Libertades Democráticas / Gatillo fácil / Gendarmería / Prefectura Naval Argentina / Correpi / Violencia institucional / Violencia policial / Servicio Penitenciario Federal (SPF) / Policía Federal / Policía Bonaerense / Brutalidad policial / Patricia Bullrich / Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) / Policía de la Ciudad de Buenos Aires / Javier Milei / Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) / Principal2 1 -
Del Cordobazo a la dictadura: historias de lucha y represión en la voz de María Giovis
20 de marzo, por Video / Entrevista — Política, Historia, Libertades Democráticas, Cordobazo, Julio Cortázar, Coordinadoras interfabriles, Sitrac-Sitram, Bloque1 A4 2, Vicente Zito Lema, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, Historia, Libertades Democráticas, Cordobazo, Julio Cortázar, Coordinadoras interfabriles, Sitrac-Sitram, Bloque1 A4 2, Vicente Zito Lema, 50 años del golpe de Estado de 1976
En diálogo con La Izquierda Diario, María Giovis recorre la resistencia obrera y estudiantil, la represión y la perspectiva revolucionaria, a 50 años del golpe de 1976. Conversamos con la realizadora de “66/76 Insurrección obrera y estudiantil”.
La realizadora de realizadora de “66/76 Insurrección obrera y estudiantil” nos visitó en los estudios de La Izquierda Diario y conversamos sobre los principales hechos de la lucha de clases como el Cordobazo, el clasismo y la solidaridad obrera y estudiantil en los años 60 y 70.
Hablamos de la Revolución, de lo cerca que estuvo el movimiento obrero y popular de luchar por una sociedad sin explotación ni opresión. También de la represión que implicó la última dictadura en Argentina y reflexionamos sobre el 50 aniversario del golpe genocida.
También nos contó que planes tiene para el futuro y algunos detalles de su producción audiovisual.
Tanto “66/76 Insurrección obrera y estudiantil” como “Ingeniero White. Un pueblo que están matando” y de “El ferrocidio. Historia de lucha y resistencia obrera” están disponibles en Youtube para acceso libre y gratuito.
Cuestión de Estado: Las cifras de la impunidad ¿sabías cuántos genocidas de la dictadura cumplen condena?
En estos días, a poco de cumplirse el 50 aniversario del golpe genocida de 1976, recomendamos ver y difundir la gran producción “66/76 Insurrección obrera y estudiantil” que cuenta con imágenes inéditas y entrevistas a sus protagonistas.
Foto: María Giovis y Daniel Lencina
-
Las cifras de la impunidad ¿sabías cuántos genocidas de la dictadura cumplen condena?
19 de marzo, por Cuestión de Estado — Política, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Terrorismo de Estado, Apertura archivos, Dictaduras en el Cono Sur, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Terrorismo de Estado, Apertura archivos, Dictaduras en el Cono Sur, 50 años del golpe de Estado de 1976
El pasado martes la Procuraduría de lesa humanidad publicó su informe sobre el estado de los juicios y procesos a los genocidas. Aquí analizamos los datos publicados a poco de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976.
El martes 17 de marzo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a través del sitio Fiscales.gob.ar publicó los datos actualizados -hasta el 12 de marzo inclusive- que revelan la impunidad de la represión cívico-militar-empresarial-eclesiástica, que incluye tanto al último gobierno peronista previo al golpe de Estado (1973-1976) como a la última dictadura militar (1976-1983).
En el informe leemos que actualmente solo hay 504 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de ese total 425 represores se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria.
Por otra parte, 61 genocidas cumplen su condena en la Unidad Penitenciaria N°34, ubicada en Campo de Mayo, ubicado en la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires. Vale aclarar que si bien formalmente es una “cárcel” -léase: cárcel VIP-, en los hechos es la "casa" de los genocidas, donde tienen todo tipo de privilegios.
Finalmente el dato más representativo de la impunidad que deja ver la actualización presentada, nos dice que solamente 18 represores se encuentran cumpliendo condena en diferentes cárceles comunes del país.
El informe publicado contiene una serie de datos realmente escalofriantes. Se analizan los resultados de los juicios que se reabrieron a partir de 2006 a la fecha. Allí leemos que desde la reapertura de los juicios los “tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250”.
Te puede interesar: Comenzó el juicio oral por la Masacre de Calle Corro, los genocidas en el banquillo de los acusados
En este momento se están llevando a cabo 12 juicios. En el día de ayer comenzó el juicio por la “Masacre de Calle Corro”, ocurrido en septiembre de 1976 (el mismo se puede ver online).
Los represores masacraron a gran parte de la secretaría política de Montoneros y entre las víctimas se encontraba Vicky Walsh, la hija del reconocido escritor Rodolfo Walsh. Por su parte, Myriam Bregman -diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda-, es parte de la querella contra los genocidas.
Crímenes sexuales a las mujeres detenidas-desaparecidas
Además de golpes y torturas a los detenidos-desaparecidos también hay que sumar los delitos sexuales ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención.
Al día de hoy, solo se encuentran condenados 174 represores por violaciones y abusos sexuales durante el Terrorismo de Estado. En el informe citado leemos: “De acuerdo con las sentencias, el fenómeno criminal -que incluye la amplitud de conductas tipificadas que tienen como objeto la agresión sexual- tuvo como víctimas a 230 mujeres y a 40 varones” y agrega que “la procuraduría también informó que 45 personas que fueron acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas al cabo de los juicios”.
Impunidad biológica y democracia burguesa
Desde 1983, la democracia burguesa pactó con las cúpulas militares que fueron responsables de los 30 mil detenidos-desaparecidos. Hay nombres y apellidos concretos en la fabricación de la impunidad: los radicales de la UCR (Alfonsín/De la Rúa) y el peronismo del PJ (Menem y, pese a una sostenida retórica de defensa de los derechos humanos, también el kirchnerismo y Alberto Fernández), nunca abrieron los archivos del Terrorismo de Estado, sosteniendo un manto de impunidad desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983.
La apertura de los juicios luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y de los Indultos, no fue una concesión de ningún gobierno sino una conquista de la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.
Por otra parte, los gobiernos que a lo largo de 40 años no abrieron los archivos de la represión allanaron el camino para que hoy, se haya instalado cómodamente el negacionismo como política de Estado bajo el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Años neoliberales: La lucha contra los genocidas y el nacimiento del Ce.Pro.D.H.
Las consecuencias del negacionismo del genocidio son graves para el pueblo trabajador, no solo de Argentina, sino también de todo el Cono sur americano, dado que el terrorismo de Estado no fue un hecho aislado, sino que fue parte del Plan Cóndor, orquestado por el imperialismo norteamericano para derrotar al movimiento obrero y popular que luchaba por una sociedad sin opresión ni explotación.
Todos los actores que aquí mencionamos fueron y son claves cuando revisamos el dato de la impunidad biológica: 1257 represores se llevaron los secretos de la dictadura a la tumba, mientras los archivos de la represión siguen ocultos y muchos fueron destruidos por los propios militares a la salida de la dictadura.
La impunidad como política de Estado
Los datos que aquí analizamos arrojan como resultado que la impunidad siempre fue una cuestión de Estado, lo que implica que más allá de que cambien los gobiernos de turno mediante el sufragio universal, los genocidas siempre salieron impunes.
Si pasamos en limpio los datos vemos que solo hay 504 represores detenidos. El número es escandaloso porque en la Argentina se registraron al menos 814 Centros Clandestinos de Detención, lo que arroja un saldo de apenas 0.6 represores por cada lugar de tortura, violaciones, golpes y muertes. Recomendamos visitar el sitio “Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos” que registra la represión entre 1974 y 1983, es decir que se incluye en el informe al último gobierno peronista que, vale recordar, solo con el accionar de la Triple A se cobró la vida de más de 1500 luchadores obreros y populares.
Este 24 de marzo al cumplirse 50 años del golpe genocida, millares de personas saldrán a las calles y plazas centrales en todo el país a luchar contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestro medio denuncia el ajuste del gobierno de Milei y los cómplices del peronismo que con gobernadores y parlamentarios garantizaron el ajuste en estos años y permiten que el negacionismo y la impunidad sean una cuestión de Estado.
La lucha por Memoria, verdad y justicia es cosa de todos los días, para homenajear y continuar la lucha de los 30 mil detenidos-desaparecidos, sumate a marchar en la columna independiente.
Foto: Junta Militar
-
“Charly de Fate”: hijo de desaparecidos, militante y obrero en lucha contra Madanes Quintanilla
19 de marzo, por A 50 años del Golpe — Mundo de l@s trabajador@s, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Fate, 24 de Marzo, 50 años del golpe de Estado de 1976, Mundo de l@s trabajador@s, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Fate, 24 de Marzo, 50 años del golpe de Estado de 1976
Con medio siglo de lucha por la verdad y la justicia a cuestas, Carlos “Charly” Oroño es uno de los trabajadores de Fate que acampan frente a la fábrica y en su techo para resistir el cierre. Su historia cruza la reivindicación de los 30.000 y la dura batalla por el futuro de sus hijos. Hoy convoca a marchar este 24 de marzo de manera independiente y masiva.
La historia de “Charly de FATE” cobra una relevancia importante en el presente y el futuro, encarnado en las nuevas generaciones que toman en sus manos la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. En un contexto político y social donde las derechas proclaman sus discursos negacionistas y en especial el gobierno de Javier Milei es clave resaltar los hilos de continuidad que permanecen latentes en las historias de quienes no olvidan, no perdonan y reclaman memoria verdad y justicia.
“Me motiva retomar los pasos que dieron mis viejos”
A Charly lo atravesó la historia de sus padres, que lucharon por una sociedad distinta y un mundo más justo. Su mamá, Justa Isabel Moreyra, y su papá, Carlos Omar Oroño, fueron desaparecidos en José C. Paz durante la última dictadura cívico-militar, cuando él tenía apenas tres meses de vida.
Desentrañar el camino que emprendieron sus padres a través de los testimonios de vecinos y vecinas —que recordaban el trabajo social que realizaban en el barrio en aquellos años de plomo— lo motivó a retomar sus pasos. Él recuerda: “Mi viejo era profesional, técnico, y enseñaba electricidad para que la gente pudiera ganarse el mango”.
Charly conoció la vida y la militancia de sus viejos en voces ajenas. Rearmar las piezas que no encajaban frente a las mentiras oficiales y a los discursos de los partidos del régimen, que buscaban atenuar responsabilidades, fue fundamental para avanzar con más decisión y firmeza.
Aquel legado dejó huellas en su vida y marcó su impronta. Comenzó una militancia activa en HIJOS; acompañó y acompaña cada jueves la Ronda de las Madres, que desde 1977 realizan alrededor de la Pirámide de Mayo con sus emblemáticos pañuelos blancos. Charly lleva en su pecho las fotos de Isabel y Carlos.
Cada 24 de marzo levanta con orgullo la bandera de los 30.000 y también invita a reflexionar sobre una lucha incansable y colectiva que fue clave para condenar a los genocidas y a algunos responsables civiles, pero también sobre todo lo que aún falta, a 50 años del golpe de 1976.
Los pañuelos blancos y los desaparecidos de Fate
La convicción de transformar la sociedad de raíz y su militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) lo llevaron a unir su causa histórica con la lucha obrera cuando, hace 13 años, entró a trabajar en Fate. Esa patronal, como tantas otras de la Zona Norte, tuvo un rol activo durante la última dictadura.
Empresarios sedientos de ganancias no dudaron en planificar el terror y el secuestro de activistas y delegados combativos cuando se sintieron amenazados por la organización obrera en coordinadoras interfabriles, comisiones internas y centros de estudiantes.
Entre las miles de trabajadoras y trabajadores desaparecidos del principal cordón industrial del conurbano, Fate tiene en su haber a 12 de ellos. La mayoría pertenecía al sector de Electrónica. Por eso, en 2018 se realizó un acto en la seccional San Fernando del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), donde se colocó una placa para recuperar la memoria y homenajear a los desaparecidos entre marzo y abril de 1976. También se impulsó una pancarta para visibilizar el rol de la empresa durante la dictadura y llevarla cada 24 de marzo a las marchas.
“Hijo, Nahuel, papá está acá y te quiere mucho”
Con esas palabras, frente a una cámara de C5N, el país conoció a Charly obrero. Ese día le habló a su hijo mientras hacía pública la situación que atraviesan hoy más de 900 familias que pelean por sus puestos de trabajo y contra el cierre de Fate.
Aquel mensaje a su pequeño llevaba en su interior la misma pelea por memoria, verdad y justicia que marcó su historia familiar. Los hilos de continuidad entre generaciones se expresan en las luchas del pasado y del presente.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Cuando “Charly de Fate” le habla a Nahuel, lo hace con la convicción de dar una batalla contra una patronal que carga con 12 trabajadores desaparecidos. Sabe que el dueño de la planta, Javier Madanes Quintanilla —una de las mayores fortunas del país— intenta avanzar con un programa que la burguesía nacional soñó imponer de la mano de la junta militar: derrotar la resistencia de la clase obrera y su decisión de no ser sometida por los grandes grupos económicos y el FMI.
Este martes 24 de marzo, a 50 años del golpe del '76, marchamos junto a los trabajadores de Fate y sus familias contra el cierre de la planta y la reforma laboral. Seamos miles en las calles por las y los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, por la reapertura de los archivos y por cárcel común y efectiva para todos los responsables del genocidio de clase.
