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La memoria como hilo de continuidad: militancia y dictadura
4 de abril, por A 50 años del golpe — Juventud, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Estudiantes desaparecidos, Golpe militar en Argentina, A 50 años del Golpe, Posta de Salud, Juventud, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Estudiantes desaparecidos, Golpe militar en Argentina, A 50 años del Golpe, Posta de Salud
A tres días del aniversario número 50 del golpe genocida, mi abuela me cuenta por primera vez que en mi familia hubo dos desaparecidos. Son noticias que no se reciben todos los días, y a mí me tocó enterarme el día del aniversario de su secuestro.
Movilizo los 24 de marzo desde que tuve la edad suficiente para ir por mi cuenta, con mi centro de estudiantes o grupos de amigos. Todos esos años, la convocatoria no necesitó explicación alguna: en el colegio siempre me habían enseñado sobre la memoria. Pero nunca había escuchado la historia completa. En el secundario dí talleres a otros estudiantes sobre la complicidad civil con el exterminio sistemático, memorizando el manual de Subversión en el Ámbito Educativo. La junta militar exigía a las instituciones educativas la denuncia inminente ante cualquier indicio de subversión. Palabras y frases como “comunismo”, “cambio integral”, “valores diferentes”, “construir el futuro”, todavía resuenan en mi cabeza. Leyendo esas páginas aprendí a desdibujar las diferencias entre aquellos de los que leía y yo misma.
La fecha siempre nos perteneció a todos, y no estar presente nunca fue una opción. Pero este año, por primera vez, mi asistencia tuvo nombre y apellido. Tardé 21 años en enterarme de que mi familia había formado parte de la historia que tantas veces escuché, y tantas otras conté. El silencio fue el precio que pagaron por haber sido parte.
Víctor y Rodolfo, primos hermanos de mi abuela materna, tenían la misma edad que yo cuando fueron secuestrados en su propia casa. Ambos estudiaban en la Universidad de Buenos Aires. Varios miembros de la policía federal, vestidos de civiles, les allanaron la casa mientras esperaban su llegada. Desde aquel 21 de marzo de 1977 permanecen desaparecidos. Nunca se supo nada sobre ellos, más que alguna carta explicitando la tortura a la que serían sometidos, y varios sobornos, expedidos en ambos casos por los militares. Algunos testimonios dicen haberlos visto en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”.
Formaron parte de una generación de jóvenes que protagonizó un período verdaderamente revolucionario en nuestro país, donde la organización de la clase trabajadora se mostraba indomable y amenazaba directamente a los dueños de todas las cosas. Las coordinadoras interfabriles fueron el epítome de esta experiencia. Los primos de mi abuela, entre tantos otros, daban esta pelea desde sus lugares de trabajo y estudio. Eran militantes, y debemos recordar también su historia en cuanto tales.
La previa
La dictadura no cayó del cielo, fue la respuesta de la clase dominante frente a una serie de levantamientos que tuvieron lugar a lo largo y ancho de todo el país entre 1969 y 1975. Las fuerzas represivas buscaban neutralizar y aniquilar la organización revolucionaria.
El fortalecimiento de la clase trabajadora representaba un riesgo para la burguesía nacional. Los distintos gobiernos profundizaron el ajuste. Crecía la bronca entre los trabajadores, y la represión solo la exacerbaba. Aumentaba la combatividad y la radicalización. El Cordobazo (1969), los Tucumanazos (1969-1972), el Mendozazo (1972), el Villazo (1974), y, con ellos, todos los “Azos”, conformaron una serie de levantamientos en unidad obrero-estudiantil contra las medidas económicas y políticas de los gobiernos que precedieron a la dictadura. Con cada paso que avanzaban en este periodo de ascenso revolucionario, agudizaban aún más la crisis de la clase dominante.
Resulta de interés particular destacar la experiencia del Rodrigazo: en 1975 se produjo una huelga general contra el plan de ajuste de Celestino Rodrigo, durante el tercer gobierno peronista. Durante todo este periodo, no solo las bases lograron superar a las conducciones peronistas de sus sindicatos, sino que el peronismo no logró doblegar la potencia de la organización de la clase trabajadora en ninguno de sus gobiernos, a pesar de haber asumido como el partido burgués que pondría orden a la insurgencia obrera. Crea, a partir de los 70, organismos de persecución política paraestatal como la Triple A y la UNC. Asimismo, en el año 1975, Isabel Martinez de Perón firma un decreto autorizando el Operativo Independencia, la masacre que sirvió de experimento para lo que sería la dictadura.
Estos fueron los antecedentes que precedieron al golpe.
Sangre y plata
Habitualmente se estudian -y se enseñan- los años de la dictadura desde su componente más sanguinario: los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Pero, ¿qué había detrás de los asesinatos, torturas y desapariciones que los tuvieron como epicentro? ¿Cuál fue el objetivo de su puesta en pie? Para responder esta pregunta, recuperemos la definición que las propias juntas militares dieron a ese periodo histórico: entre 1976 y 1983 tuvo lugar un llamado proceso de reorganización nacional de la estructura política y económica de nuestro país, cuyas consecuencias se mantienen a día de hoy. Algunos elementos se filtran en el discurso del sentido común: contando la historia de sus primos, mi propia abuela la situaba en “los años del proceso”.
Ciertamente, la idea de “reorganización” dista mucho de todo lo que sabemos sobre esa época. Propomngo pensarlo, en su lugar, como desorganización: buscaba terminar con la organización revolucionaria de la clase trabajadora, conquistada en las últimas décadas, y cuya potencia resultaba una verdadera amenaza a los que más benefició la dictadura.
Los empresarios eran los patrones de Videla
¿Quiénes son los responsables? La última dictadura involucró a distintos sectores militares y civiles: la Iglesia, las instituciones educativas, las Fuerzas Armadas, pero también, y fundamentalmente, a los dueños de las grandes empresas. A día de hoy, la mayoría de sentencias judiciales fueron otorgadas a integrantes de las fuerzas militares, el brazo ejecutor. Pero en los libros de historia brillan por su ausencia muchos nombres: ¿quiénes se beneficiaron del genocidio?
Los dueños de las grandes fábricas no dudaron en colaborar con los secuestros de los referentes sindicales y militantes que trabajaban en sus predios. Son conocidos ejemplos como el de Ford, el Astillero Astarsa, Ledesma, pero también el de FATE, dónde hoy los trabajadores están dando una pelea enorme por sus puestos de trabajo, contra el cierre y el desalojo, y llevan como semblante la memoria de esos 12 desaparecidos. Los empresarios entregaron listas negras a los militares a primera hora la mañana del golpe, pero que habían sido confeccionadas tiempo antes, formando dos filas distintivas: una que llevaba a la fábrica, y, la otra, al destino incierto que compartieron los 30.000 desaparecidos. Y muchas otras empresas incluso funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, como el Ingenio La Fronterita en Jujuy, por nombrar alguna.
Si recordamos a Martínez de Hoz, el plan económico de Milei no tiene nada de novedoso. El ex Ministro de Economía del gobierno de facto fue elegido a dedo por la embajada norteamericana. Un modelo neoliberal, basado en la privatización, el extractivismo y el ajuste feroz sobre la clase trabajadora, que no habría podido aplicarse sin la represión que caracterizó a aquella época.
El 16 de febrero de 1976 la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias realizó un Lockout patronal que anticiparía el advenimiento de la dictadura, y el mismo 24 de marzo se derogó la Ley de Contrato de Trabajo. Fue reemplazada por una nueva serie de medidas que recuerdan a la Reforma Laboral esclavista, aprobada en el Congreso con votos de todos los colores políticos: la prohibición de la organización sindical y las medidas de acción directa (anulación de las afiliaciones, militarización de los conflictos sindicales), el cierre de las paritarias, la Ley de Prescindibilidad, la suspensión de negociaciones por Convenios Colectivos de trabajo y del derecho a huelga, entre otras.
Los principales benefactores de la dictadura fueron, sin duda, los grandes grupos económicos. Sacaron préstamos para comprar a toda la competencia, constituyéndose en grandes monopolios. Luego, estatizaron su deuda privada, con la intención de que las paguen las familias trabajadoras, durante varias generaciones. Una de las empresas que se vio beneficiada fue FATE, cuyo dueño era Javier Madanes, padre de Madanes Quintanilla, quien hoy encabeza los titulares por haber dejado a 920 familias en la calle.
El terror, impartido a través de los secuestros y torturas, de los Centros Clandestinos de Detención, fue el medio para asegurar tanto el aplastamiento de la organización de la clase trabajadora, como la aplicación efectiva del plan económico. Los empresarios eran los patrones de Videla.
El aparato represivo se apropió de los hijos e hijas de los desaparecidos, cuya identificación todavía reclamamos, pero también de sus bienes y los de sus familias. Los tíos de mi abuela destacaban que los efectivos que irrumpieron en su casa “les robaron todo”. ¿Quién se quedó con lo robado a las familias de los desaparecidos? No habrá reparación sin que nos devuelvan todo lo que nos quitaron.
La detención y exterminio sistemáticos que tuvieron lugar durante esos años, estuvieron dirigidos a terminar con años de organización de la clase trabajadora argentina. La absoluta mayoría de los detenidos desaparecidos de la última dictadura fueron trabajadores y estudiantes. El Plan Cóndor, impuesto en toda América Latina, fue un genocidio de clase.
La memoria como punta de lanza
Investigo la historia de Víctor y Rodolfo como herramienta para pensar el presente y el futuro. La dictadura, pero también los gobiernos que la precedieron, pretendieron aplastar el proceso insurreccional que tomaba lugar en nuestro país. Hoy, con un gobierno negacionista y que busca aplicar el mismo plan económico neoliberal que Martínez de Hoz, bajo los intereses imperialistas de Estados Unidos, la potencialidad de la organización obrero-estudiantil no puede mantenerse como un simple recuerdo. El gobierno de Milei se muestra cada vez más débil, y tenemos memoria: sabemos que nuestra clase, organizada, supo resistir y enfrentar la dictadura hasta hacerla caer. Esa es la experiencia que tenemos que recuperar.
Y no olvidar implica denunciar el rol que históricamente han cumplido aquellos que hoy se hacen llamar oposición, mientras votan a favor de las leyes represivas y esclavistas en el Congreso, y evitan a toda costa poner su fuerza sindical y estudiantil al servicio de las luchas, y de enfrentar a Milei. Contra la impunidad de ayer y de hoy, tenemos un compromiso con recordar también las desapariciones y asesinatos en democracia, y exigir la apertura de todos los archivos, que ningún gobierno hasta el momento llevó a cabo.
Hoy somos muchos los que levantamos estas banderas
La noticia sobre mis familiares resignifica todo lo que aprendí sobre la dictadura. No solo disfrutamos de la misma música, prohibida durante esos años, o estudiamos la misma carrera. Los primos de mi abuela eran militantes, y por ello fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. Como muchos otros, se organizaban en pos no solo de conseguir un aumento salarial o mejores condiciones laborales, sino de construir una sociedad distinta. Trabajadores y estudiantes, supieron resistir aún arriesgando sus vidas, recurriendo a la clandestinidad y el exilio, o incluso estando detenidos en Centros Clandestinos, inspirados por la solidaridad de clase. Hoy sé que también lo llevo en la sangre.
Y ese es el legado que nos dejaron los 30.000 detenidos-desaparecidos y los sobrevivientes que hoy cuentan sus historias. Fechas como esta nos invitan a recordar, pero no solo para que no se repita, sino para darle continuidad a la gran tradición de lucha que supieron construir.
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Milei da bonos de hasta $ 340.000 a las fuerzas represivas y mantiene congelado el de jubilados en $ 70.000
3 de abril, por Prioridades “libertarias” — Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía Federal, Jubiladas y jubilados, Javier Milei, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Canasta de jubilados, Represión, Alejandra Monteoliva , Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía Federal, Jubiladas y jubilados, Javier Milei, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Canasta de jubilados, Represión, Alejandra Monteoliva
Ante las quejas de uniformados federales, el Gobierno busca calmarlos con sumas que pueden alcanzar el 50 % de sus ingresos. Son quienes reprimen frente al Congreso, casi matan a Grillo y le quitaron la visión a varios manifestantes. Mientras, siguen hambreando a millones de jubilados. Desde hace dos años está congelado el bono que, encima, sólo reciben quienes cobran la mínima.
El miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 216/2026 por el cuál el Gobierno de Javier Milei otorgará sumas de dinero adicionales a los ingresos del personal de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, todas fuerzas represivas que conduce el Ministerio de “Seguridad Nacional” a cargo de Alejandra Monteoliva.
El “gesto” del Poder Ejecutivo hacia sus uniformados intenta responder pragmáticamente al descontento que desde hace semanas vienen manifestando sectores de las cinco fuerzas respecto a sus ingresos mensuales. De hecho este jueves hubo un “abrazo simbólico” al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional ubicada en el barrio porteño de Retiro, con la consigna “todos juntos por un salario digno”.
El decreto publicado el miércoles otorga a gendarmes, prefectos, policías federales, aeroportuarios y penitenciarios “una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona” de $ 40.000, “a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026”.
El texto está acompañado de un anexo en el que se agregan bonos que oscilan, en la mayoría de los casos, entre los $ 250.000 y los $ 300.000. Esas sumas también serán fijas, no remunerativas y excepcionales a cobrar en abril. Las variaciones corresponden a las diferentes categorías en el escalafón de cada fuerza. Quedan exceptuados de ese cobro las más altas, como los comisarios, comandantes, prefectos, inspectores y comisionados generales.
Así, en abril un sargento de la Federal, un cabo primero de Gendarmería o un oficial de Prefectura cobrarán unos $ 340.000 más que en marzo.
extractos del anexo del decreto 216/2026 La remuneración de las fuerzas represivas del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, no suelen ser fácilmente cuantificables. Mucho menos si se contemplan los ingresos provenientes de diversas actividades “extras”, tanto legales como ilegales. Pero hablando de lo que cobran “en blanco”, diversas fuentes estiman que hoy los ingresos más bajos en las tropas están entre los $ 700.000 y los $ 900.000 mensuales.
En ese marco, el aumento que muchos guardianes del gran capital percibirán en sus bolsillos (que Milei podrá renovar e incrementar con nuevos decretos) puede equivaler hasta un 50 % de su ingreso actual. Algo inimaginable en cualquier paritaria de la clase trabajadora (a la que no pertenecen los represores del Estado), en especial dentro de la administración pública.
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Dos de los que se verán beneficiados en abril con un par de bonos extras son Héctor Guerrero, cabo primero de Gendarmería, y Sebastián Martínez, oficial de la Agrupación Guardacostas de Prefectura. El primero es quien el 12 de marzo de 2025 gatilló la escopeta de gas lacrimógeno cuya granada dejó al borde de la muerte al fotorreportero Pablo Grillo. El mismo día, el segundo le provocó la pérdida de la visión de un ojo al joven hincha de Chacarita Jonathan Navarro tras gatillar su escopeta de balas de goma. Fue en la brutal represión comandada por la entonces ministra Patricia Bullrich frente al Congreso.
Quienes también cobrarán esos bonos son los miembros del Cuerpo de Policía Motorizada de la Federal que el 1° de febrero de 2024 (violando el propio Protocolo Antipiquetes) arremetieron contra manifestantes que estaban sobre la Plaza Congreso. Entre los muchos heridos de esa cacería está Matías Aufieri, el abogado del CeProDH que perdió la visión de un ojo por un perdigón de bala de goma. A diferencia de los casos Grillo y Navarro, en esta causa los criminales aún no fueron identificados.
¿Accederán también a esos bonos los sargentos Néstor Ortiz y Jonatan Franco y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vázquez, todos de la Sección Núcleo del Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería? Son quienes están penalmente imputados por matar al joven cocalero salteño Fernando Gómez, la madrugada del 18 de diciembre de 2023. Hoy siguen protegidos por el Gobierno, que cínicamente sigue acusando de “narco” a la víctima.
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Todo Acorde al Plan
Las prioridades de les hermanes Milei tienen un gran contraste con las necesidades urgentes de gran parte de la población. Mientras por decreto buscan calmar a los pistoleros a los que echan mano para reprimir las protestas populares, no hay ni un atisbo de actualización de otros “bonos” que afectan a millones de personas y que siguen congelados desde hace dos años.
Es el caso de los $ 70.000 que percibe por mes buena parte de las jubiladas y jubilados como complemento a los haberes mínimos. Ese monto se fijó en marzo de 2024 y desde entonces sigue sin actualizarse. De hecho, el 26 de febrero de este año, a través del Decreto 109/2026, Milei y “Toto” Caputo decidieron mantenerlo en ese miserable valor.
La inflación acumulada entre marzo de 2024 y enero de 2026 (mes anterior al decreto 109) fue del 115 %. En ese período, el bono congelado de las jubilaciones perdió un 54 % de su poder adquisitivo. Si Milei hubiera decidido mantener aunque sea el poder de compra de ese bono, debería haberlo fijado en poco más de $ 150.000. Lo que ni siquiera alcanzaría a la mitad de las indigentes jubilaciones mínimas, hoy ubicadas en $ 369.600.
Pero ni a Milei ni a su Gabinete les interesa atender la demanda elemental de un ingreso que permita alcanzar siquiera la canasta básica de los jubilados. Según la Defensoría de la Tercera Edad que coordina Eugenio Semino, a marzo de este año esa canasta alcanzó un valor de $ 1.824.682, es decir tres veces superior al haber mínimo y el bono congelado sumados.
Milei no sólo hambrea a millones de jubiladas y jubilados, sino que también apalea y daña cada miércoles a quienes hacen visible la justa demanda de haberes acordes a sus necesidades básicas. Y para reprimirlos recurre a los mismos policías, gendarmes y prefectos a los que ahora busca contener frente a una inflación que no afloja y vacía todos los bolsillos. Prioridades “libertarias”.
Foto Archivo de Enfoque Rojo
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Marcha en Ituzaingó: justicia para Juan Cruz Leal
28 de marzo, por Gatillo Fácil — Política, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Impunidad, Policía del gatillo facil, Ituzaingó, Derechos Humanos, Política, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Impunidad, Policía del gatillo facil, Ituzaingó, Derechos Humanos
Familiares, amigos, vecinos y organizaciones colmaron la plaza de la estación de Ituzaingó en el día en que el joven cumpliría 22 años.
Este viernes 27 de marzo, la plaza de la estación de Ituzaingó se convirtió en escenario de una masiva concentración para exigir justicia por Juan Cruz Leal, el joven de 21 años asesinado el pasado 12 de marzo por el policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez.
La fecha de la concentración no fue casual: ese día, Juan Cruz habría cumplido 22 años.
Con carteles y velas blancas, familiares y amigos fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos.Su padre Daniel y su madre Cecilia tomaron la palabra en el escenario, recordaron a su hijo y leyeron una carta relatando cómo fueron los hechos y pidieron justicia por Juan Cruz, “perpetua para Lucas Adrián Gómez”, pidieron que esto “nunca más vuelva a pasar”, y exigieron “basta de esta violencia institucional, basta de matar a nuestros hijos, basta de impunidad, nunca más un Juan Cruz.”
Luego prendieron velas blancas y gritaron: “Juan Cruz, presente. Ahora y siempre”.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El hecho se inscribe en una larga serie de casos de violencia policial en aumento. El asesinato de Juan Cruz Leal no puede leerse como un exceso individual, sino como un nuevo episodio de gatillo fácil que expresa el accionar de un aparato represivo sostenido por el aval político y judicial, como ocurrió también con Cristian Pereyra, docente asesinado en La Matanza. Lejos de ser hechos aislados, forman parte de una práctica de impunidad sistemática que sigue cobrándose vidas.
La movilización en Ituzaingó no solo fue un homenaje a la vida de Juan Cruz, sino también un grito colectivo contra la impunidad. El reclamo de justicia se vuelve urgente y necesario.
Por Juan Cruz y por todos los pibes, la lucha seguirá de pie y en las calles.
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Matías Aufieri: “Defender los derechos humanos implica ser independiente de todos los gobiernos”
28 de marzo, por Al Hueso — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Jorge Julio López, Myriam Bregman, Policía Federal, Matías Aufieri, Patricia Bullrich, Represión, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976, Al Hueso
Abogado con larga experiencia en causas de lesa humanidad, contra la represión a la protesta y por los derechos obreros. En febrero de 2024 la Policía Federal le quitó la visión de un ojo al reprimir una movilización frente al Congreso. En esta charla en profundidad con La Izquierda Diario+ cuenta su historia y la del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CepRoDH).
Desde hace un par de semanas el doctor Matías Aufieri presta especial atención al desarrollo del juicio oral y público por los crímenes cometidos en 1976 en la llamada Masacre de la Calle Corro, donde fueron asesinados cinco militantes de la organización Montoneros, entre ellos Victoria Walsh, hija de Rodolfo. Allí, un equipo del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) encabezado por Myriam Bregman patrocina a Patricia Walsh, hermana de Vicky, y a Lucía Coronel, hija de José Coronel, otro de los masacrados.
Aufieri se sumó al CeProDH hace unos veinte años. Hoy, con 44 de edad, ya acumula una extensa experiencia como querellante en juicios de lesa humanidad y también como defensor de trabajadores y activistas perseguidos por el Estado y sus gobiernos de turno.
Hay una particularidad: desde el 1° de febrero de 2024 el mismo abogado pasó a engrosar la lista de víctimas de la represión estatal. Aquel día, en el marco del brutal ataque orquestado por Patricia Bullrich contra quienes se manifestaban en rechazo a la llamada “Ley Ómnibus”, un balazo de goma disparado por la Policía Federal lo dejó sin la visión de su ojo izquierdo.
La Izquierda Diario+ invitó a Aufieri a conversar en profundidad sobre su historia personal y también sobre qué es y cómo actúa el CeProDH. Una charla Al Hueso para pensar, en tiempos de negacionismo y reivindicación del genocidio emanados desde la cúspide del poder político, qué implica en la actualidad la lucha por la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Lo que implica, a su vez, un debate franco con quienes rechazan el principio de independencia política respecto al Estado capitalista y sus gobiernos de turno.
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“Quizás la categoría de ‘negacionistas' a veces empieza a ponerse en duda, ya que pasan del negacionismo a reivindicar directamente a la dictadura, además de que reivindican todas aquellas políticas económicas”, dice Aufieri. Y agrega que Javier Milei “cuenta con el apoyo de todos aquellos que llamaron al Golpe y se mantienen impunes hasta el día de hoy, el gran empresariado argentino y multinacional”. Así, “la reforma laboral que acaban de votar es digna de José Alfredo Martínez de Hoz”.
El abogado afirma que hoy más que nunca se “pone en valor la definición de que fue un genocidio de clase. Definición que hacemos desde el CeProDH junto a otros organismos desde hace más de veinte años, desde que se iniciaron los juicios contra los genocidas tras la anulación de las leyes de impunidad”.
Y destaca la enorme movilización que se vio en todo el país el 24 de marzo en repudio al golpe de 1976: “Quedó demostrado que cuando parte de la sociedad que está dispuesta a enfrentar estas políticas es convocada, responde de forma muy masiva. Somos más quienes queremos salir a enfrentar estas políticas que la gente que puede poner en la calle Milei para defenderlo. La sociedad salió muchísimo y cuando es convocada responde”.
A los ojos
Aufieri desgrana y analiza en detalle los hechos del 1° de febrero de 2024 frente al Congreso, donde su vida cambió inesperadamente producto del accionar criminal de los uniformados al mando de Bullrich. “Desde un primer momento se demostró que era una farsa lo del protocolo antipiquetes”, cuenta sobre la previa a la represión. “Estaba todo premeditado”, agrega al recordar que unas quince motos de la Federal arremetieron a tiros contra quienes manifestaban sobre la plaza. “No había interrupción de tránsito, pasaban haciendo círculos y disparaban a los rostros. Hubo muchos heridos, entre ellos varios trabajadores de prensa”.
Hoy el abogado está dando una dura batalla judicial para que los responsables materiales y políticos de aquel ataque sean enjuiciados. “Todo apunta a un plan de impunidad, estamos dando una pelea muy grande con mis abogados Myriam Bregman y Carlos Platowski”, afirma. Y remarca que, “al estar ese mensaje de impunidad, seguramente quienes me dispararon a mí siguen disparando y reprimiendo en cada manifestación”.
Por eso pidió que el Ministerio de Seguridad informe el listado de efectivos que estuvieron en la represión del 12 de marzo de 2025, cuando el Gobierno casi asesinó a Pablo Grillo e hirió gravemente a Jonathan Navarro y a otros manifestantes. La idea es ver si algunos nombres coinciden con los que actuaron el 1° de febrero de 2024. “Pero el Ministerio se negó a dar esa información”, denuncia.
La independencia como principio
La segunda parte de la conversación con Aufieri se centra en qué es, cómo y dónde actúa el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que él integra. “El CeProDH es un organismo que pusieron en pie en 1997 abogados como Myriam y Rubén Tripi junto a sobrevivientes de la dictadura como Alejandrina Barry, profesionales de otras disciplinas, psicólogos, contadores, trabajadores sociales”, relata.
“La lucha contra la impunidad de los genocidas, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Raúl Alfonsín y los indultos de Carlos Menem, se combinaba con la defensa de los trabajadores que eran despedidos, perseguidos, procesados y encarcelados por luchar contra las consecuencias del ajuste de los años 90. Luchas que eran embrionarias de lo que terminó en diciembre de 2001”, agrega.
Tras la anulación de esas leyes e indultos se retomaron los juicios que habían sido frenados en seco dos décadas atrás. Y se abrieron otros nuevos. Fue allá por 2006, cuando se convenció de que tenía que terminar la carrera de Derecho, porque se iban a necesitar más abogados. “Los primeros juicios fueron en La Plata, donde el CeProDH participó con Myriam Bregman, Liliana Mazea y compañeros de esa ciudad. Fueron los juicios contra Miguel Etchecolatz, en el cual desapareció Jorge Julio López antes de la sentencia, y contra el cura Christian Von Wernich. Eran momentos muy movilizadores y me convencí de terminar la carrera”.
En la entrevista con Al Hueso el abogado recuerda causas en la que intervino directamente, como el patrocinio a trabajadores ferroviarios que dieron una gran lucha contra la tercerización y por el pase a planta permanente. Lucha que tuvo como punto trágico el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra en 2010 a manos de una patota conducida por la burocracia de la Unión Ferroviaria. Allí se logró el pase a planta de unos tres mil trabajadores.
También recuerda la denuncia en 2011 del Proyecto X de Gendarmería, con el que el Estado hacía espionaje ilegal contra activistas sociales, delegados de fábrica y referentes de derechos humanos para luego alimentar con esa información causas armadas para criminalizar las luchas. Y que en 2017 junto a Bregman volvieron a denunciar a Gendarmería por el espionaje a familiares y organizaciones que reclamaban la aparición con vida de Santiago Maldonado. “A veces se naturaliza que el Estado haga inteligencia contra la población y sus organizaciones. Nosotros cada vez que podemos meter el dedo en la llaga con eso, lo hacemos. Es algo que existe en todo gobierno”, sentencia Aufieri.
Y da una definición contundente, que abre un debate crucial con otros organismos y referentes de derechos humanos. “Nosotros, junto a no pocos organismos, hemos defendido siempre la idea de la independencia respecto al Estado. Se dice, con razón, que los derechos humanos los violan sólo los Estados y sus gobiernos. Entonces integrarse a un gobierno, de cualquier signo, y más allá de que es legítimo que cada quien tenga sus preferencias políticas, va a redundar en dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno”.
“Pasó con la desaparición de Julio López, cuando muchos sectores tardaron mucho en denunciarlo cuando todo apuntaba a la Policía Bonaerense influenciada por Etchecolatz”, ejemplifica. “Y pasó también en la pandemia, con un control social de las fuerzas provinciales y federales sobre los sectores más castigados, que no podían hacer ni una changa. Muchos fueron asesinados y hubo quienes no lo denunciaron”.
“No vemos una escisión entre las causas por las que lucharon los 30 mil y las causas por las que luchamos hoy, porque los dueños del país siguen siendo los mismos”, reafirma el abogado del CeProDH. Y remata: “La pérdida de la independencia respecto al Estado y los gobiernos de turno, en última instancia, redunda en que haya muchos sectores desmoralizados, que crean que no se puede hacer nada contra la derecha, y en perder de vista la máxima potencialidad que tiene el pueblo trabajador cuando lucha en las calles y no es conducido al plano del mal menor electoral. Apostamos a que al gobierno de Milei se lo derrote en las calles y no volver a repetir el ciclo de los últimos años, que no es sólo en Argentina sino en buena parte de Latinoamérica”.
Podés ver las anteriores emisiones de Al Hueso en el canal de YouTube de La Izquierda Diario+.
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Milton Romani: “Trump se autoconcede la libertad de aplicar la pena de muerte”
27 de marzo, por Narcoterrorismo — Política, Salud, Libertades Democráticas, Estados Unidos, Narcotráfico, Drogas, Guerra contra las drogas, Terrorismo, Donald Trump, OEA, DEA, Uruguay, Milton Romani, Política, Salud, Libertades Democráticas, Estados Unidos, Narcotráfico, Drogas, Guerra contra las drogas, Terrorismo, Donald Trump, OEA, DEA, Uruguay, Milton Romani
El docente y psicólogo uruguayo integra el Panel de Expertos independientes que revisará el sistema internacional de fiscalización de drogas de la ONU. Habla de la trama oculta de una “guerra” cuyo trasfondo es nada menos que la intención de Estados Unidos de instaurar el “neocolonialismo” en América Latina.
Año 2011. En Miami, un grupo de embajadores ante organismos internacionales en materia de drogas y derechos humanos recorre las instalaciones de La Florida del Homeland Security Service (Departamento de Seguridad Nacional, creado tras el 11S). Uno de los invitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos es Milton Romani Gerner, representante de Uruguay designado por el presidente José “Pepe” Mujica.
En ese puesto de control fronterizo, el exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) durante la presidencia de Tabaré Vázquez fue informado de que allí funcionaba una Task Force que coordinaba tareas de interdicción de unas 35 agencias antinarcóticos, entre ellas la Guardia Costera y la Administración de Control de Drogas, la DEA.
Con los ojos puestos sobre un mapa, el encargado de la visita guiada lanzó un comentario “anecdótico”: “Tenemos jurisdicción en el Caribe y la costa del Pacífico”. Ante la pregunta obvia -pero “impertinente”- de Romani, el funcionario norteamericano, ahora con la mirada fija sobre él, reafirmó: “Sí, sobre todo en el Caribe y en el Pacífico”. Detalló que de 1.800 eventos detectados intervinieron “con efectividad en el 25 %, pero trabajamos para alcanzar el 30 %”.
La segunda pregunta molestó aún más. “No. No son todos los eventos, son de los cuales tenemos noticias. Y de éstos, no podemos intervenir en todos; o lo hacemos en uno o en otro”, contestó el hombre del mapa. Llámese “eventos” a lanchas que salían de Nicaragua por el Pacífico o submarinos “artesanales” de Colombia, que “indican” tráfico de drogas. Incluso barcazas que regresaban de Estados Unidos con dinero. O armas.
Quince años después Milton Romani recuerda sobre aquel día: “Lo primero que me llamó la atención fue cómo el tipo se atribuyó el derecho a intervenir allí. Lo segundo, la poca eficacia con que lo hacían, es decir, el paupérrimo nivel de reducción de la oferta que tiene este enfoque, que no busca la disminución del consumo con otras medidas como la prevención”.
Hoy Romani es uno de los 19 miembros del Panel Multidisciplinario de Expertos que, durante dos años, hará la primera revisión externa e independiente del sistema internacional de fiscalización de drogas, un proceso ordenado en 2025 por una resolución de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La DEA en acción | Foto archivo AP El docente y licenciado en psicología es un histórico militante por los derechos humanos y uno de los impulsores de la Ley de Regulación del Cannabis en Uruguay, promulgada en 2013. Hoy, junto a su par ecuatoriano, es representante por Latinoamérica y el Caribe del equipo que, partiendo de “la ineficacia y la incoherencia que ha evidenciado la prohibición y el desarrollo de una violencia muy cruda a partir del enfoque de guerra contra las drogas”, elevará propuestas para modificar las políticas de drogas a nivel mundial.
Sobre su nuevo rol, afirma: “No vamos a ir a Viena a hacer un saludo a la bandera ni a retomar discusiones ya dadas. Si se pueden consensuar algunas cosas, mejor; si no, habrá dos posiciones opuestas”. Y adelanta: “El primer paso que voy a dar es promover que este grupo firme una declaración política previa: si vamos a trabajar en serio, se debe exigir que los estados miembros de la Comisión de Estupefacientes respeten el derecho internacional, las convenciones, la Declaración de Derechos Humanos y la Carta de la ONU”.
En ese sentido, se pregunta: “¿Para qué vamos a reformar las cosas si hay un desquiciado que quiere hacerlas por su lado, a su manera, y se autoconcede la libertad de ejercer la pena de muerte?
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LanzaMiento
Marzo de 2026. El 69° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes celebrado este mes en Viena, Austria, centró el debate en el “fortalecimiento de la cooperación internacional” y el “enfoque integral”, con “especial atención” a la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Pero tanto la CND como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Undoc, continúan sin condenar lo que, irónicamente, Milton Romani denomina “el nuevo tratado unilateral, una especie de Apocalipsis Now contra las drogas”.
El diplomático se refiere a la Operation Southern Spear , un despliegue militar en la zona del Caribe y el Océano Pacífico que oficialmente actúa desde septiembre 2025 bajo las órdenes del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pero que, como se ha visto, funciona desde mucho antes. Una “lanza” cuyo alcance declarado se caracteriza por su condición “híbrida” entre guerra contra las drogas y guerra contra el terrorismo, es decir, el “narcoterrorismo”.
Pero además advierte que “ya no hablamos sólo de una nueva convención sobre drogas sino además de una nueva especie de ONU, también unilateral, porque eso que Trump llama ‘Junta de Paz' tiene por objetivo supervisar a la ONU”.
La lectura que el exrepresentante permanente de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace sobre la Operación Lanza del Sur se divide en distintos niveles que se entrelazan. Por un lado, afirma que “es otra muestra de lo costosa e inútil que es una operación de este tipo”, argumentando que “mantener un submarino sale entre 8 y 10 millones de dólares diarios: para hundir 45 lanchas, en costos bélicos es un desastre”.
En paralelo, denuncia que se trata de “una violación flagrante al derecho internacional, con ejecuciones extrajudiciales”, e invita a reflexionar: “¿Se puede interrogar a los detenidos? No hay. Están muertos. No sabemos quiénes son, cuánta droga se capturó. Cuando se realizan este tipo de intervenciones se debe rendir cuentas. Pero hundieron las lanchas y punto. Lo único que se sabe es que murieron 150 personas”.
“De paso, entraron a Venezuela, agarraron a Maduro -supuestamente vinculado al supuesto Cártel de los Soles- y se lo llevaron preso; un hecho muy grave que demuestra que Estados Unidos está dispuesto a ocupar suelo sudamericano y que debería alertar a todos los países de la región”, reflexiona sobre la Operation Absolute Resolve , llevada a cabo el 3 de enero de este año.
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Por todo ello, Romani Gerner sostiene que Lanza del Sur no representa un despliegue de fuerzas contra el narcoterrorismo: “No hay una guerra efectiva sino una demostración marketinera de su fuerza militar. La guerra contra las drogas le ha hecho cosquillas al narcotráfico, pero América Latina puso un millón de muertos. Esto lo que anuncia es ‘ojo que vamos a estar donde sea; el hemisferio es nuestro y sus riquezas también'”.
Y remata: “Ya sabíamos que Estados Unidos quiere que América Latina sea un protectorado, pero ahora es explícito”.
Milton Romani | Foto Junta Nacional de Drogas de Uruguay Del Comando Sur y otros demonios
El ataque reciente a Venezuela fue el primero de EEUU en tierra sudamericana. Pero no es el primero en Latinoamérica. Es imposible no asociar la captura de Nicolás Maduro y de su esposa con la invasión estadounidense de Panamá de 1989, que finalizó a comienzos de 1990 con el encarcelamiento del dictador militar Manuel Antonio Noriega. Más allá de que las detenciones ocurrieron un 3 de enero -dato anecdótico-, ambas intervenciones fueron justificadas por temas relacionados con tráfico de drogas, a pesar de la desconfianza de gran parte de la comunidad internacional.
En el caso de Noriega, su vínculo con la CIA y la colaboración regional para combatir los procesos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador, le valieron la protección de la DEA. Hasta que dejó de ser funcional a los intereses imperialistas norteamericanos.
En cuanto a Maduro, el Gobierno de Donald Trump no tuvo ningún reparo en reconocer, a los pocos días del ataque, que la motivación real de la embestida militar fue el control del petróleo, ni en poner en duda la existencia del Cártel de los Soles . Es preciso recordar que la inclusión de dicha organización a la lista de “Organizaciones Terroristas Internacionales” le permitió a EEUU, bajo el nuevo paradigma de “narcoterrorismo”, aplicar en Venezuela acciones de contrainsurgencia militar.
Las operaciones Just Cause (en Panamá) y Lanza del Sur (Venezuela) fueron lideradas por el Comando Sur de Estados Unidos (Ussouthcom), el cual ha apoyado financieramente a Colombia y México para librar sus conflictos internos antinarcóticos. Y, de paso, condicionar sus políticas económicas y sociales.
“Los gobiernos y las organizaciones populares tienen que estar en alerta porque se sabe que están interesados en América del Sur. Podrán decirme que Estados Unidos ya actuaba de esta manera. Sí, pero ahora estas acciones militares son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad”, advierte Milton Romani y resalta: “Hay que reivindicar la paz. Los aires de paz son los que verdaderamente pueden embanderar a los pueblos contra estos señores que se creen los amos. Más allá de los títeres y vasallos, va a haber oposición, va a haber resistencia”.
En ese sentido, amplía: “Estados Unidos es como el matón de barrio: te amenaza y si puede negociar, negocia. Y si no, deja un gobierno de títeres como el de Venezuela. Pero ahora se ha extendido en varios escenarios de guerra, entonces dosifica: entraron a Venezuela, pero amenazaron a Colombia y no hicieron nada”.
Es por ello que Romani considera que hay que “descartar ocupaciones” como la de Irak o Afganistán: “Ellos han aprendido que ocupar territorio les juega en contra porque cuando pisan tierra se empantanan; empiezan a llegarles los sobres negros y la muerte de los jóvenes en combate impacta mucho en la sociedad norteamericana”.
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No te lo “Presti”, te lo regalo
En agosto pasado, mediante una Resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el gobierno de Javier Milei incorporó al Cártel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según el documento, la medida se tomó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.
En esa línea, el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó este mes el ingreso de Argentina a la coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo que impulsa EEUU. Fue durante la Conferencia Anti Cárteles de las Américas, convocada por Pete Hegseth -¿quién si no?-, realizada en La Florida -sí, en la sede del Comando Sur-.
Formación de la Coalición de Seguridad Hemisférica contra el Narcoterrorismo. En el centro Pete Hegset, secretario de Defensa de EEUU. Cuarto (de izquierda a derecha) el ministro de Defensa argentino Carlos Presti | Foto Ministerio de Defensa En nombre del “Presidente de la Nación Argentina, nuestro Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro líder, Javier Milei”, Presti, envuelto para regalo y moño incluido, manifestó: “La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente […] Es un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”.
Si bien la lucha contra el “narcoterrorismo” es una de las competencias del Comando Sur, su máximo objetivo es la defensa de intereses estratégicos estadounidenses, un eufemismo que se traduce así: expandir su presencia en las aguas del hemisferio, instalar más bases militares en la región y controlar los recursos naturales.
“La cooperación internacional es para los norteamericanos un factor clave para que insistan en mantener la guerra contra las drogas, que es, en realidad, contra las personas. Cuando yo asumí como secretario de la Junta Nacional de Drogas, me decían, “bueno, vamos a firmar este acuerdo, este otro…”, cuenta Romani, y agrega: “Es uno de los factores económicos que incide, lo mismo que el complejo industrial militar. Los acuerdos de cooperación implican transferencia de tecnología, venta de armas y la dependencia de los repuestos, instructores… Hay toda una maquinaria detrás de las guerras, de cualquier guerra, que desde el punto de vista laboral tiene una incidencia muy grande. Y es evidente que esa cuestión económica le ha permitido el despliegue en la región. Por eso es que se le exige que pare con el flujo de armas de norte a sur, que ha existido siempre”.
En tanto, si bien a nivel global el factor económico le ha servido a Estados Unidos para dominar, sostiene que “en eso también son un fracaso”. “En Afganistán estuvieron veinte años y quedó un gobierno talibán que sigue siendo uno de los máximos productores de amapola del mundo. Pero mientras estuvieron allí tuvieron que alimentar esa maquinaria militar por un tema de dinero”, argumenta.
El Panel Multidisciplinario de Expertos independientes que revisará el sistema internacional de fiscalización de drogas en vistas de modificar la Convención de Estupefacientes vigente, enfrentará un enorme desafío, signado principalmente por las contradicciones que expone EEUU y su modelo “unilateral”.
“Hacen una guerra costosísima, que no es contra las drogas sino para consolidar su rol hegemónico en la región. A su vez, plantean la legalización de la marihuana a nivel federal, porque les cayó la ficha de que el mercado legal deja mucha plata. Pero también tienen cien mil muertos por sobredosis de opiáceos, con una demanda de fentanilo que crece constantemente”, enumera Romani.
Y cierra: “Muchos misiles en el Caribe, pero, ¿cuáles son las operaciones para desarticular la distribución de droga en su país? No lo sabemos, nunca son claros en ello. De lo no hay dudas es de que si Estados Unidos para con sus guerras, tiene una desocupación brutal”.
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