Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas

La Izquierda Diario - Libertades democráticas

http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas

Artículos

  • Jujuy: la presión social logró que Franco Oscari fuera trasladado más cerca de su familia

    2 de julio, por Persecución política — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El joven campesino y militante en defensa de la tierra lleva más de una semana preso por enviarle un mensaje por Facebook a Patricia Bullrich. La causa la abrió el juez Ariel Lijo. El reclamo por su libertad crece. La movilización popular impidió que lo lleven a CABA y ahora se logró su vuelta a San Salvador.

    Como viene informando La Izquierda Diario , el campesino jujeño Franco Oscari lleva más de una semana detenido por la Policía Federal en el marco de una causa que le armaron entre Patricia Bullrich y el juez federal porteño Ariel Lijo.

    Además de un expediente por “amenazas coactivas”, cuya única “prueba” es un supuesto mensaje privado enviado a la senadora por la red social Facebook, el joven de 24 años viene sufriendo un tratamiento institucional que denota una clara persecución política con intenciones de dejar un nuevo mensaje represivo a la comunidad jujeña.

    Oscari vive con su familia en Las Goteras, un paraje del municipio de Palma Sola del departamento de Santa Bárbara. Integran Tierra Fértil, una organización del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina), y junto a su comunidad llevan años recibiendo ataques del Estado nacional y provincial por defender su territorio ancestrale del avance del capitalismo extractivista y agrodepredador.

    Tras sufrir en la madrugada del martes 24 de junio un brutal allanamiento de la Federal en su humilde vivienda, el joven fue detenido por orden de Lijo. Incomunicado y sin poder ver a sus abogadas, quisieron llevárselo a la Ciudad de Buenos Aires, a casi 1.600 kilómetros de Las Goteras.

    Gracias al rápido accionar de organizaciones que conformaron la Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari , primero se logró impedir ese traslado y, luego de pasar varios días en la delegación Salta de la fuerza represiva nacional, finalmente fue alojado en San Salvador, la capital jujeña. Esto último se produjo luego de que el juez federal de San Salvador, Eduardo Hansen, respondiera al habeas corpus interpuesto por la defensa del joven.

    Este miércoles por la noche, la Coordinadora anunció que Oscari “llegó aproximadamente a las 21hs a San Salvador de Jujuy. Pudo comunicarse con sus allegados y su abogada ya lo pudo ver. En el marco de la difícil situación que está viviendo, Franco se encuentra bien, aliviado por estar de nuevo en Jujuy más cerca de su familia y está agradecido por las muestras de apoyo, solidaridad y difusión de su situación”. Agregaron que continúan “exigiendo su pronta libertad y que sea mantenido únicamente en la delegación de la Policía Federal de San Salvador de Jujuy, y no en una unidad penitenciaria”.

    Paralelamente, el bloque de legisladoras y legisladores del PTS-FITU presentó en la Legislatura de Jujuy un proyecto de declaración por la libertad de Franco. El texto lleva la firma de Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy y Damia Lebbo.

    El texto plantea que el Parlamento provincial debe repudiar todo accionar violatorio de la Ley 23.338 contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Eso es lo que “está sufriendo Franco Oscari por parte de la Policía Federal y la Justicia Federal: allanamiento violento de madrugada en su vivienda, negación de visita de representante legal, traslado arbitrario, sin notificación a sus abogadas e incomunicación durante varias horas, como también su detención fuera de la provincia de Jujuy”.

    Un proyecto similar ya se presentó también en el Congreso, a través de un escrito firmado por Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola. Desde las bancas del PTS-FITU también se hicieron presentaciones similares en Concejos Deliberantes como el de Humahuaca.

    La exigencia de la libertad de Franco Oscari y el fin de su persecución judicial se extiende a nivel nacional. Quienes quieran sumar su firma pueden adherir al formulario que se encuentra en este link. La familia y compañeres, a su vez, pusieron en pie un fondo de lucha para costear las visitas y demás trámites. Recaudan colaboracionea a través de una cuenta de Mercado Pago con el alias libertad.22.franco a nombre de Gloria Isabel Mamani.

    Sin dudas, se impone la más amplia movilización en Jujuy pero también a nivel nacional para sacar a Franco de su lugar de detención, que vuelva a su casa y se lo desprocese. Es Patricia Bullrich quien debería estar investigada y juzgada por el intento de homicidio de Pablo Grillo frente al Congreso o el crimen del joven bagayero Fernando Gómez en Salta, ambos a manos de Gendarmería que ella tenía a su cargo cuando era ministra de “Seguridad Nacional”.

    / / / / / / / / / /

  • La Justicia Electoral anuló el DNU xenófobo de Milei por "exceso de atribuciones"

    1ro de julio, por Otro revés para el Gobierno — , , , , , , , , , , , , , , ,

    El fallo de la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del decreto 366/2025, que buscaba cobrar por salud y educación a los extranjeros y restringir su permanencia en el país. El tribunal consideró que el Gobierno invadió competencias legislativas y electorales vedadas al Poder Ejecutivo.

    En un duro revés para el gobierno de Javier Milei, la Cámara Nacional Electoral anuló este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 366/2025, una norma del paquete de ajuste migratorio que el Gobierno había impulsado bajo el pretexto de "ordenar" el ingreso de extranjeros al país. El fallo del tribunal calificó la medida como un "exceso en las atribuciones" del Poder Ejecutivo y remarcó que la norma violaba principios constitucionales básicos.

    El DNU, firmado por el presidente el 28 de mayo de 2025, fue una clara declaración xenófoba a la medida de las políticas migratoria de Donal Trump. Entre sus puntos más reaccionario, el decreto establecía la imposición de un seguro de salud obligatorio para extranjeros no residentes, limitaba el acceso gratuito a los hospitales públicos y a la educación universitaria, y endurecía las condiciones de ingreso y permanencia para aquellos con antecedentes penales. Además, en un movimiento calificado como "invasivo" por los especialistas, la norma transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización, una atribución que durante más de 150 años había estado en manos de los jueces federales (desde 1869).

    Te puede interesar: Senado: el peronismo le votó los jueces a Milei y garantizó el avance judicial del Gobierno

    Sin embargo, la Cámara Electoral, integrada por los jueces Carlos Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, determinó que el gobierno de Milei había cruzado una línea institucional. En su sentencia, el tribunal recordó que el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, "bajo pena de nulidad absoluta e insanable".

    “La ciudadanía involucra el otorgamiento de derechos políticos a los solicitantes. La norma anulada regula aspectos que alteran cuestiones electorales que le están vedadas al Poder Ejecutivo”, sostuvo el fallo, que hizo hincapié en que la medida no podía modificar un pilar del sistema mediante un simple DNU.

    Los jueces también subrayaron que la administración Milei no logró justificar la "rigurosa excepcionalidad y urgencia" que exige la Constitución para dictar este tipo de normas sin pasar por el Congreso. “No hay razones que tornaran imposible seguir el trámite legislativo ordinario”, sentenciaron, desestimando el argumento oficial de que la situación migratoria requería acciones inmediatas.

    Te puede interesar: Golpe al Gobierno: la Corte dejó firme el fallo por la Ley de Financiamiento Universitario

    ¿Por qué el fallo?

    El caso que llegó a la Cámara se originó en el pedido de ciudadanía de Liping Yang, un comerciante chino radicado hace once años en Entre Ríos, a quien un juez de primera instancia le había rechazado la carta de ciudadanía basándose en el nuevo DNU. El impacto del fallo trasciende el caso particular. La Cámara no solo le otorgó la ciudadanía a Yang, sino que aprovechó el caso para sentar precedente: ordenó comunicar el fallo al Ministerio de Seguridad para que instruya a Migraciones y a todos los jueces federales del país con competencia electoral del país, unificando el criterio en contra del decreto y restableciendo la competencia de los jueces federales en estos trámites.

    El DNU de Milei había sido defendido desde la Casa Rosada como una herramienta necesaria para "proteger los recursos de los argentinos" y frenar la "migración delictiva", aunque organizaciones de derechos humanos y colectividades extranjeras denunciaron la medida como discriminatoria y xenófoba.

    Te puede interesar: Xenofobia por decreto: el gobierno reglamentó una reforma contra los migrantes

    Desde que asumió a la presidencia, Javier Milei ha publicado 82 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde entonces hubo fallos judiciales parciales, principalmente de juzgados laborales y cámaras, que declararon inconstitucionales algunos artículos específicos de la Ley Bases, sobre todo los que afectan derechos laborales, pero no un fallo general de la Corte Suprema que anule estos regresivos decretos que eliminan derechos constitucionales de un plumazo.

    Te puede interesar: El Poder Judicial frenó el cierre del INTA AMBA y suspendió despidos, traslados y la venta de inmuebles

    El fallo judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025 frena un claro retroceso en materia de derechos humanos y expone los límites de la agenda del Ejecutivo. Esta decisión del tribunal se produce, además, en el momento de mayor debilidad política del gobierno de Javier Milei. Con crecientes tensiones sociales y una acumulación de reveses judiciales, la anulación de este DNU xenófobo debilita aún más la autoridad gubernamental.

    / / / / / / /

  • El otro Mundial: 1978-Resistencias

    https://www.youtube.com/watch?v=VKD-dQfDrbE
    30 de junio, por Memoria, verdad y justicia — , , , , , , , , ,

    Mientras la dictadura usaba el Mundial '78 como vidriera de "Los argentinos somos derechos y humanos", Graciela Lois y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos, entraron al Monumental a repartir volantes. Fueron a denunciar que, entre gol y gol, el país desaparecía a sus hijos. Ellas cuentan en primera persona esa volanteada tan audaz. Un video realizado por el Colectivo Contraimagen.

    En medio del operativo de festejo y distracción masiva que significó el Mundial de Fútbol de 1978 para la dictadura cívico-militar-eclesiástica, un puñado de mujeres se arriesgaron a entrar a un estadio súper vigilado por los militares. El 14 de junio de hace 48 años, Graciela Lois y Lita Boitano, integrantes de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, ingresaron al Estadio Monumental con un objetivo tan claro como peligroso: denunciar al gobierno de facto en el mismo escenario donde el régimen de Videla buscaba exhibir su "Argentina potencia". En lugar de alentar a la selección, ellas repartieron volantes y pegaron adhesivos entre la multitud que asistía al partido Italia-Alemania, desafiando el cerco represivo para recordar que, mientras el país gritaba goles, había miles de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas.

    Este acto de resistencia, narrado en primera persona por sus protagonistas, es el corazón de este video realizado por Gabi Jaime y Jorge Galiano del Colectivo Contraimagen. No se trata solo de una anécdota histórica, sino del coraje de dos mujeres que, aun con miedo y habiendo perdido a sus familiares (Ricardo Lois y Miguel Ángel Boitano), no dudaron en caminar a contramano del clima festivo. El video recupera el contraste brutal entre la algarabía popular por el triunfo argentino y la soledad y el dolor de los familiares, que veían cómo el Mundial se usaba como una cortina de humo para ocultar el horror. Es una historia de lucha y memoria que desmonta el relato oficial de aquel Mundial y visibiliza a quienes, lejos de festejar, peleaban en las calles mientras se organizaban para seguir buscar a los desaparecidos.

    <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

    / / / /

  • Corte en Puente Pueyrredón a 24 años de la Masacre de Avellaneda exigió justicia por Darío y Maxi

    26 de junio, por Contra la impunidad — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Mientras Eduardo Duhalde pasea por el conurbano bonaerense, familiares de Kosteki y Santillán junto a organizaciones, artistas y organismos de derechos humanos renovaron el homenaje a los caídos el 26 de junio de 2002 en Avellaneda. Y reclamaron juicio y castigo a los responsables políticos de ese crimen de Estado.

    Este viernes se cumplen 24 años de la Masacre de Avellaneda, el acto criminal ejecutado por las fuerzas represivas del Estado al mando del gobierno nacional de Eduardo Duhalde en conjunto con la gobernación bonaerense de Felipe Solá. Como cada año, familiares y compañeros de lucha de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, junto a organizaciones políticas y sociales, homenajean a los jóvenes caídos. A su vez, vuelven a levantar la voz en reclamo de juicio y castigo a los responsables políticos que siguen impunes.

    Desde las 10hs este viernes se desarrolló un corte en Puente Pueyrredón en Avenida Hipólito Irigoyen en el marco de las actividades por el 24 aniversario de la Masacre de Avellaneda. Familiares, amigos, organizaciones sociales, referentes de izquierda como Nicolás del Caño se encuentran presentes para exigir justicia.

    <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    "Homenajeamos a Darío y Maxi a 24 años de la Masacre de Avellaneda. Su familia sigue exigiendo el castigo a responsables políticos, Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, todos los que estuvieron implicados en esta masacre, una masacre planificada en este crimen de Estado", señaló desde el Puente Pueyrredón, Nicolás del Caño a La Izquierda Diario. "Valoramos la lucha de Darío y Maxi, jóvenes de 20 años en ese momento que peleaban para que los sectores populares pudieran cambiar esta situación que viene afectándonos desde hace muchos años. Por eso esta lucha tan importante por justicia para encarcelar a los responsables políticos. Sus familias siguen exigiendo justicia, siguen siendo un ejemplo de lucha, persistencia, valentía. Por eso homenajeamos a Darío y Maxi con sus valores de solidaridad, de lucha colectiva que son tan necesarios en el día de hoy para para enfrentar a Milei y sus cómplices contra el ajuste contra las mayorías trabajadoras", agregó.

    <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    Las actividades comenzaron este jueves por la tarde y se extendieron hasta la noche en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda) del Ferrocarril Roca. Una jornada cultural que incluyó charlas debate, muestras e intervenciones artísticas y bandas en vivo, una olla popular, una feria autogestiva y una asamblea transfeminista plurinacional. De una de las charlas participó Raúl Godoy, obrero de la recuperada neuquina Fasinpat, referente del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) que impulsa el PTS y exdiputado neuquino.

    <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    Sigue la impunidad

    La Masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado perpetrado el 26 de junio de 2002 cuando las fuerzas represivas, bajo órdenes del gobierno peronista de Eduardo Duhalde y en coordinación con la gobernación bonaerense de Felipe Solá (también peronista), reprimieron brutalmente una manifestación de trabajadores y trabajadoras desocupados en el Puente Pueyrredón.

    Te puede interesar: Clarín y el periodismo de guerra tras la muerte de Kosteki y Santillán

    En esa jornada, en medio de una persecución feroz, efectivos de la Policía Bonaerense asesinaron a los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, en el marco de una represión planificada para disciplinar a los movimientos sociales que venían protagonizando luchas contra el ajuste y el hambre tras las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001.

    <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    Aquella represión fue parte de un operativo coordinado por el entonces secretario de Seguridad Juan José Álvarez, con participación de la SIDE, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Bonaerense (a la que Duhalde condujo como gobernador entre 1991 y 1999). El objetivo era enviar un mensaje de “orden” ante la crisis social y política, en medio de negociaciones con el FMI y con el peronismo intentando recuperar la calle frente al avance de la organización y movilización de los movimientos de desocupados, las asambleas barriales y las fábricas recuperadas.

    <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

    La versión oficial, elaborada en los despachos gubernamentales y difundida por las grandes empresas periodísticas, intentó instalar que las muertes de Kosteki y Santillán fueron producto de un “enfrentamiento entre piqueteros”. Pero la verdad salió a la luz gracias a la movilización popular y la aparición de imágenes registradas por fotorreporteros que mostraban a los policías disparando a quemarropa. El saldo de la represión fue, además de los dos asesinatos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

    Tras revelarse la verdad de los hechos, pocos días después Duhalde anunció su decisión de adelantar seis meses las elecciones presidenciales que, originalmente debían realizarse en septiembre de 2003. Así quedó al desnudo su debilidad institucional al ser considerado el principal responsable político de la Masacre de Avellaneda.

    Te puede interesar: 2022- Producción especial de La Izquierda Diario a veinte años de la Masacre de Avellaneda

    Sin embargo, hasta hoy la impunidad persiste: si bien los autores materiales como el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados, los responsables políticos siguen sin ser juzgados. Y en 2024 el Poder Judicial benefició con la libertad condicional al excabo Acosta, lo que ha generado el repudio y nuevas movilizaciones de familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

    <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    Como se informó hace un mes, Duhalde acaba de ser homenajeado por las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús. La excusa fue la presentación del libro La gobernación de Eduardo Duhalde. 1991-1999. El proyecto político que transformó la provincia de Buenos Aires, escrito por Aritz Recalde (director del Departamento de Humanidades y Artes) y financiado por la propia UNLa. Junto al rector Daniel Bozzani, el exgobernador y expresidente fue repudiado cara a cara por familiares de Kosteki y Santillán y estudiantes organizados en el Cesaco.

    A 24 años, la Masacre de Avellaneda sigue siendo un símbolo de la criminalización de la protesta social y la represión estatal en defensa de los intereses capitalistas. La lucha por justicia y castigo a todos los responsables sigue vigente, y cada aniversario es una jornada de memoria activa, movilización y compromiso con los derechos de quienes luchan por una sociedad más justa.

    El homenaje del diputado Nicolás del Caño a Maxi y Darío en la sesión del miércoles

    / / / / / / / / / / / /

  • Crece el reclamo por libertad para Mariela Agunin, presa por cannabis

    25 de junio, por Criminalización — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Este viernes hay una acción a las 11:00 en Tribunales de Bahía Blanca. La justicia confirma su encarcelamiento como si fuera una narcotraficante peligrosa, en una causa absurda armada por el fiscal Mauricio "cogollero gris" Del Cero, que además la ataca en los medios de comunicación.

    Mariela Agunin tenía su Reprocann en trámite por demoras del Estado, pero fue detenida en un operativo casi cinematográfico por 7 gramos de cannabis. Hoy tiene su certificado vigente, pero no puede acceder al uso de cannabis que tiene indicado por su médica. Esto, sumado al encierro y lo traumático de ser tratada como una criminal peligrosa, desencadenó en Mariela problemas de salud mental, ataques de pánico, de angustia, insomnio severo. Por eso hoy depende de dos medicaciones psiquiátricas para poder descansar, con los efectos secundarios que esto implica.

    Esto implicaría un justificativo más que válido para otorgarle como mínimo la detención domiciliaria, sobre todo tratandose de un "delito" no violento y sin daño a terceros. Algo que el juez Alberto Manzi, a cargo de la causa en el Juzgado de Garantías N° 3 viene dilatando innecesariamente: puso una fecha recién a fines de julio para realizar peritajes de salud a Mariela, cuando ella ya tiene informes de una psiquiatra y de personal médico de la penitenciaría de Saavedra donde está presa.

    Además, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Christian Yesari y Ángel Barbieri, confirmó el pasado viernes 19 su prisión preventiva, rechazando todas las apelaciones de la defensa de Mariela, en manos del letrado Carlos Carnevale. Utilizan como uno de los argumentos, para sostener la idea de que existe riesgo de fuga, la ausencia de trabajo en relación de dependencia.

    Pero como muchas mujeres jóvenes, Mariela es una trabajadora autónoma, precarizada: vende comida casera, cuida chicos, hace construcción en seco y biocontrucción comunitaria en barro, método con el que construyó su casita, arrasada por 13 policías en el violento allanamiento con el que la detuvieron, en el que no encontraron absolutamente nada. Esta política persecutoria es contradictoria con la Ley de Cannabis Medicinal, se trata de una sustancia que cada vez más se reconoce su bajísima peligrosidad, y cada vez se habla más abiertamente de sus usos terapéuticos e industriales.

    En ese marco, su hermano Santiago junto a la organización Cannabis y Salud y las comparsas de candombe de Bahía (donde Mariela tocaba el tambor chico antes de su detención) están convocando a una protesta en la puerta de los Tribunales de la justicia provincial que la está persiguiendo, para exigir su inmediata libertad. Esto se realizará este viernes 26 a las 11:00 en Colón 46.

    Crecen en el país y en la ciudad de Bahía Blanca los pronunciamientos en solidaridad, por parte de organizaciones sociales, sindicales, políticas, de cultivadores, de cannabis medicinal, etcétera. La CTA Bahía Blanca publicó recientemente un comunicado al respecto que ya fue firmado por casi 200 organizaciones y referentes de todo el país. También en el Comité en apoyo a Myriam Bregman de Bahía Blanca, con la presencia de unas 120 personas, se votó tomar esta causa y proponer la creación de una Coordinadora por Libertad para Mariela Agunin, invitando a todas las organizaciones y personas que quieran llevar adelante acciones, para poder multiplicar este reclamo.

    El fiscal Mauricio del Cero está pidiendo para ella una pena que va de 6 a 20 años, absurda en su desmesura, pero coherente con su cruzada junto a la Policía Bonaerense contra jóvenes cultivadores y usuarios. Además, sabemos que la mayor parte de las personas privadas de su libertad por casos encuadrados como “narcomenudeo” son mujeres, por eso la consigna “Ni una presa más por cannabis” fue parte del último Ni Una Menos en Bahía Blanca.

    La fiscalía solamente pudo probar concretamente que le entregó 7 gramos de cannabis a una amiga en la plaza, pero fuerza la interpretación de los peritajes al celular de Mariela para pintar el cuadro de una persona que se dedica al "narcomenudeo". Utiliza el hecho de que se hayan encontrado en la plaza para hablar del agravante de un espacio público. De este modo, el delito que se le imputa tiene una altísima pena en expectativa, y así la justicia justifica su encarcelamiento preventivo.

    Como si todo esto fuera poco, el "cogollero gris" Del Cero habla en medios de comunicación de que ella vendía "drogas, fundamentalmente marihuana", configurando una "fake new": sugiere así que hubo otra sustancia involucada además de cannabis, algo que es absolutamente mentira. Además, con su repugnante tono moralista, habla de "afán de lucro" y de "habitualidad", y eso reproduce el diario La Nueva, uno de los principales medios de la región. Pero lo único concreto son esos 7 gramos, que la mitad fueron un regalo, y un solo intercambio anterior de wassap con una amiga. Juntas, ambas situaciones citadas en la causa no suman ni siquiera el valor de 3 pizzas. Se trató de intercambios solidarios, por un monto que en dos meses no suma ni lo necesario para pagar una factura de un servicio.

    El ensañamiento con una mujer trabajadora como Mariela, que no vivía de esto, y cuyos proyectos laborales (en docencia como técnica agropecuaria, en acceso por cuerdas para trabajar en los parques eólicos) quedaron totalmente truncados por el encarcelamiento, contrasta con la enorme impunidad de la que gozan los verdaderos narcos en la ciudad.

    Sólo basta con recordar el caso de las "bobinas blancas" de 2017. Incautaron casi 2.000 kilos de cocaína ocultos dentro de enormes bobinas de acero en el Parque Industrial de Bahía Blanca, ningún directivo de las empresas logísticas del Parque Industrial involucradas terminó condenado o en prisión. A quien figuraba como responable en el país de la falsa empresa canadiense Can Trade Connections le dieron 6 años de prisión, a quienes lavaban el dinero y organizaban la logística concretamente, les dieron 5 años. Una pena menor que la que piden para Mariela, y se trataba de uno de los mayores secuestros de cocaína en la historia argentina.

    También este año conocimos el brutal caso de Thiago, el niño baleado por soldaditos del narco en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca. Las organizaciones sociales y territoriales como Proyecto Social, Educativo y Pastoral "Los Pibes de Don Bosco", Jóvenes Esperanza, Oratorio Taller de Soñadores y Oratorio Esperanza, vienen denunciando hace tiempo el crecimiento de la violencia y el narco. Su familia sigue denunciando que la causa de Thiago aún no tiene fiscal a cargo.

    El contraste con la saña punitiva hacia Mariela es tremendo, y habla de la impunidad de los verdaderos narcos que brinda esta justicia para ricos y patriarcal. Una nota al margen para el fiscal Del Cero, que además fue garante de la impunidad del poder político de Monte Hermoso en el aberrante femicidio de Katherine Moscoso.

    El diputado provincial Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y representante del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) en la Cámara baja, presentó el 3 de junio un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para exigir la inmediata libertad de Mariela Agunin.

    En Bahía Blanca, además, hay un amplio sistema de vigilancia con cámaras y persecución con redadas violentas en los barrios populares. Esta política municipal se complementa con el tándem entre el Fiscal Del Cero y la Policía Bonaerense que permanentemente requisan y arman causas a jóvenes y trabajadores por pequeñas cantidades de cannabis, se amparan en el concepto sui generis de "microtráfico" además con métodos muy cuestionables como en el caso, que cubrimos desde este medio, de los jóvenes de Puan.

    El texto presentado en la Legislatura Provincial Bonaerense por Christian Castillo traza un paralelismo directo del caso de Mariela con el emblemático caso de Damián Raña en Ensenada (2019), cuya libertad se conquistó mediante la movilización popular, y destaca la contradicción de estas detenciones frente a la tendencia internacional, como la reciente reclasificación del cannabis en EEUU.

    Seguimos exigiendo la legalización integral, como plantea el proyecto presentado nuevamente en el mes de mayo en el Congreso Nacional por Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Es similar al que vienen presentando desde 2016, previo intercambio con organizaciones cannábicas que participaron de su elaboración. La regulación integral es central para terminar con la persecución, y conseguir la amnistía a todas las personas condenadas por cannabis.

    / / / / / / / / /