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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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  • Hay que enfrentar la proscripción en las calles de forma independiente

    18 de junio, por Declaración de La Marrón Clasista en SALUD — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La proscripción a CFK derivada del fallo de la Corte es un hecho muy grave que constituye un ataque contra nuestras libertades democráticas y el avance de un régimen más autoritario y represivo. Tenemos que salir a enfrentarlos con los métodos de nuestra clase: el paro y un plan de lucha en perspectiva de una huelga general. Son ellos o nosotros.

    La proscripción a CFK derivada del fallo de la Corte es un hecho muy grave que constituye un ataque contra nuestras libertades democráticas y el avance de un régimen más autoritario y represivo. Tenemos que salir a enfrentarlos con los métodos de nuestra clase: el paro y un plan de lucha en perspectiva de una huelga general. Son ellos o nosotros.

    Está claro que el fallo proscriptivo y el cambio de estatuto de la Policía Federal están hechos a medida de los pedidos de los grandes empresarios y de EEUU con el FMI, para hacer pasar más ajustes y ataques al pueblo trabajador. En el sector salud lo tenemos bien presente. El ataque a los Hospitales Nacionales como el Htal Garrahan (que se encuentra en pie de lucha), el Htal Posadas (con más de cien nuevos despidos) y el vaciamiento del Htal Bonaparte, sumados al recorte, el vaciamiento y el deterioro de nuestros salarios, tanto en la CABA y en la Provincia de Buenos Aires como en todo el país, constituyen una realidad muy compleja para quienes sostenemos todos los días a la salud pública.

    La consigna “Argentina con Cristina” no nos representa no solo porque hemos sufrido la represión de su propio gobierno al defender las luchas de las y los trabajadores sino también por el rol que viene jugando el peronismo al dejar pasar el ajuste o al aplicarlo donde gobierna. Pero además, consideramos que esta consigna es un error porque muchos trabajadores pueden querer luchar contra la proscripción y el avance autoritario del gobierno sin sentir afinidad por CFK. Consideramos que de este modo se dividen las fuerzas del pueblo trabajador. El peronismo, en vez de construir un plan de lucha nacional para defender nuestras libertades democráticas y enfrentar la represión, los ajustes y las reformas antiobreras (reforma previsional, ajuste a los jubilados, salud y la educación), sólo pretende negociar las condiciones de prisión y continuar con sus peleas internas para posicionar a CFK y al peronismo en clave electoral.

    Por todo esto, proponemos hacer una columna independiente este miércoles 18 con nuestras consignas convocando a otras organizaciones de izquierda, organismos de derechos humanos, agrupaciones sindicales, feministas y estudiantiles.

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    La marcha del miércoles debería ser parte de una lucha general hasta derrotar todo cercenamiento de las libertades democráticas y el plan de Milei, el FMI y las grandes patronales, y conquistar todas las demandas populares. En esa perspectiva es fundamental imponer a la CGT un paro nacional como inicio de ese plan de lucha hacia la huelga general. Solo desarrollando una gran pelea nacional se pueden derrotar estos ataques.

    Agrupación Marrón Salud Caba
    Agrupación Marrón Salud Zona Oeste
    Agrupación Marrón Salud Zona Sur
    Agrupación Marrón Salud Zona Norte
    Agrupación Marrón Salud La Plata
    Agrupación Marrón Salud Rosario
    Agrupación Violeta Negra Neuquén
    Agrupación Salud D-Base Córdoba
    Agrupación La Posta Jujuy

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  • Piden prisión perpetua para represores por crímenes cometidos en el Área 400 de Campo de Mayo durante la última dictadura

    17 de junio, por Lesa Humanidad — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Los acusados son el excomisario de la seccional de Villa Ballester Carlos Caimi; el exjefe de Personal del área Pacífico Britos y el exjefe de una de las compañías de la Escuela “General Lemos” Horacio Sánchez. El juicio aborda los crímenes contra 15 víctimas, en su mayoría trabajadores fabriles, en el área militar con jurisdicción en Zárate y Campana. La fiscalía solicitó que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria de la que gozan los represores.

    El debate, conocido como “Área 400”, que comenzó en octubre pasado, está a cargo del juez Daniel Gutierrez y las juezas María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga del Tribunal Oral Federal de San Martín. Se trata del tramo 17 de la Megacausa “Campo de Mayo”. Se juzgan a los imputados por los crímenes cometidos contra 15 víctimas en el ámbito del área militar 400, zona con jurisdicción en las localidades de Zárate y Campana, dependiente del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que fue la jefatura de la Zona de Defensa IV durante la última dictadura genocida.

    Entre las 15 víctimas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas, se encuentran militantes de la organización Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), entre ellos un soldado conscripto, y trabajadores de empresas metalúrgicas y petroleras de la zona norte del Gran Buenos Aires.

    Carlos Caimi se desempeñó como titular de la dependencia policial de Villa Ballester que, entre marzo y diciembre de 1976, funcionó como centro clandestino de detención. Pacífico Britos ocupó el cargo de capitán de Artillería como jefe de Personal de la plana mayor del área 400. De acuerdo con la acusación, el exmilitar tenía entre sus facultades la designación del lugar de detención de las víctimas y sus traslados. Por su parte, Horacio Sánchez era teniente primero de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate “General Lemos”.

    Al iniciar el alegato por el Ministerio Público Fiscal, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti solicitó la pena de prisión perpetua para Britos por considerarlo coautor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio agravado por alevosía y allanamientos ilegales de domicilio, hechos agravados por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia y amenazas reiteradas.

    A Sánchez, para quien pidió la pena de 18 años de prisión, la fiscalía lo acusó como coautor responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional mediando violencia, amenazas y tormentos doblemente agravado por ser funcionario público y por ser la víctima un perseguido político.

    Para Caimi, solicitó la pena de 20 años de prisión por encontrarlo coautor penalmente responsable de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público mediando violencias y amenazas, aplicación de tormentos y por haber abusado sexualmente a una de sus víctimas.

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    Para la fiscalía, este es un “tramo más” de las 29 causas que recibieron sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona de Defensa IV, de las cuales “al menos unas 19 de ellas, estuvieron a cargo de este tribunal”. Aludió a la megacausa de Campo de Mayo donde se condenaron a 19 imputados -entre ellos Caimi y Britos- por los secuestros de trabajadores, delegados gremiales del cordón fabril de la zona norte del conurbano bonaerense, como también de militantes políticos, muchos de ellos que trabajaban en los municipios de la zona.

    La auxiliar fiscal sostuvo que “el objetivo de los dictadores era terminar doblegando a los trabajadores en sus demandas”. Un ataque central hacia la clase obrera. En ese sentido, explicó que la zona de Zárate y Campana fue una zona fabril muy importante: “Tan sólo en Campana había unas 33 fábricas al comenzar la dictadura”.

    Destacó que Dálmine Siderca “fue una de las empresas donde había militares en las fábricas con listados de personas marcadas para secuestrar, con la presencia de pseudo trabajadores que en realidad eran agentes de las fuerzas represoras”. A su vez, explicó que “a medida que avanza las investigaciones de estas causas se fue determinando que hubo más de 50 trabajadores de Dálmine Siderca víctimas de genocidio”.

    El modus operandi se repite a lo largo de los miles de testimonios que a lo largo de los años, sobrevivientes y familiares de víctimas han denunciado en los diferentes juicios: operativos de fuerzas conjuntas,saqueos de las viviendas, vehículos sin identificación. Maniatados y tabicados eran trasladados a los centros clandestinos donde continuaban los vejámenes.

    Siguiendo los fundamentos, la fiscalía expresó que quienes llevaron adelante estos crímenes “fueron el fruto de los reglamentos, de los planes, de los diseños, de la formación y de las escuelas específicas”, estando “preparados para aniquilar y arrasaron con todo límite moral, ético, con el último registro de humanidad que pudieron alguna vez haber tenido”, y agregó que fueron “dueños de la vida y de la muerte, del dolor y la dignidad”.

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    Así mismo el Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación de la prisión domiciliaria de los imputados y su traslado inmediato a una cárcel común, considerando que dicha excepción no puede ser la regla. La mayoría de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad gozan de buena salud y de la comodidad de sus casas. Más precisamente, se trata del 80% de los detenidos. Quienes robaron bebés, torturaron, violaron, secuestraron, desaparecieron y asesinaron continúan gozando de muchos privilegios sostenidos por el Poder Judicial y todos los gobiernos desde 1983. Delitos que no solo no prescriben sino que se continúan perpetrando mientras haya un solo desaparecido y un solo joven sin saber su identidad.

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  • Acciones frente a la embajada y consulado de Francia en Madrid y Barcelona: “Anasse Kazib, ¡absolución!”

    17 de junio — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Este 17 de junio se realizaron concentraciones y actos de entrega de firmas frente a la Embajada francesa en Madrid y ante el consulado de Francia en Barcelona exigiendo la absolución de Anasse Kazib y otro compañero de Révolution Permanente, que serán juzgados este 18 de julio en Paris criminalizados por apoyar al pueblo palestino.

    “Luchar contra un genocidio no es delito”. Así se abría el acto frente a la embajada francesa en Madrid. Unos minutos antes, el mismo pedido se hacía oír en Barcelona. Ambos actos, impulsados por la CRT del Estado español, contaron con el apoyo de decenas de organizaciones, sindicatos y personalidades políticas.

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    En el acto en Madrid, junto con la CRT y la juventud de Contracorriente, estuvieron presentes dirigentes y militantes del sindicato COBAS, Corriente Roja, Izquierda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes, integrantes del Movimiento Socialista, CNT, del sindicato Solidaridad Obrera, sindicato MATS de sanidad, Alejandro del Río y Juan Carrique, abogados laboralistas e integrantes de ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), compañeras de Los 7 de Somosaguas, entre otros. Liliana Córdova (cofundadora de la Red antisionista judía), se acercó especialmente para brindar su apoyo en el acto frente a la embajada de Francia.

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    Durante el acto, se entregó un escrito, dirigido a la embajadora y autoridades francesas, que fue firmado por decenas de personalidades como Irene Montero e Isabel Serra, eurodiputadas de Podemos; Ione Belarra, diputada en el Congreso y secretaria general de Podemos; BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) Madrid; Alkarama - Movimiento de Mujeres Palestinas (MMP); La Comuna, Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista; Desarma Madrid; Liliana Kaczerginski Cordova, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista; Javier Baeza, Párroco del Centro Pastoral Carlos Borromeo (Entrevías); Carlos Taibo, escritor; Elena Ortega, activista de Derechos Humanos y por la causa palestina; Andrea Benites-Dumont, exdetenida-desaparecida en Argentina; Josefina Martínez, periodista y editora de Izquierda Diario; Víctor Jiménez, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT); Francisco Javier Cordón Cordón, secretario de la asociación "7291: Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias"; Lucia García, delegada del MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad); Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas); Plataforma Sindical de la EMT; Solidaridad Obrera; CNT Comarcal Sur; Colectivo LIZA, entre otros.

    Se adjuntó al escrito el manifiesto firmado por más de mil intelectuales y personalidades a nivel internacional exigiendo la absolución de Anasse Kazib. Funcionarios de la embajada recibieron y entregaron firmado. A continuación, se leyó un manifiesto de apoyo entre varios de los presentes y se hicieron fotos exigiendo la absolución de Anasse y todos los perseguidos por dar su apoyo al pueblo palestino.

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    El mismo escrito y las más de 1000 firmas de la tribuna internacional por Anasse se presentó unas horas antes ante el consulado francés en Barcelona ante la Cònsul adjunta de Francia en Barcelona, Raphaëlle Lijour, que salió a la calle a recibir oficialmente el documento. La entrega la hizo el diputado de Comuns en el Parlament, David Garcia Berrio, conocido abogado de DDHH de Iridia. Garcia Berrio estaba acompañado por activistas y militantes de la CRT, Izquierda Revolucionaria y Contracorriente.

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    Entre los firmantes en solidaridad con Kazib se encuentran los premios Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Annie Ernaux, y activistas internacionales como Angela Davis, Nancy Fraser, Assa Traoré, Rima Hassan, Ken Loach, Frédéric Lordon, Adèle Haenel o Yanis Varoufakis, además de diputados de CUP, Comuns y Esquerra Republicana que han presentado una moción de apoyo a Anasse Kazib en el Parlament catalán.

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    El Parlament de Catalunya debatirá una resolución en solidaridad con Anasse Kazib

    La Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya aceptó a trámite el pasado 10 de junio una moción de apoyo a Anasse Kazib, la primera de este tipo que ingresa a un Parlamento europeo. La propuesta, que ha sido presentada por los grupos parlamentarios de CUP, Comuns y Esquerra Republicana, insta al gobierno catalán a trasladar al Estado francés la preocupación por el respecto a los derechos fundamentales de Anasse Kazib y su compañero ante el juicio que enfrentan este 18 de junio por las acusaciones de delitos de “apología del terrorismo”.

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    El pasado 3 de junio, Anasse Kazib y su abogada Elsa Marcel fueron recibidos en el Parlament de Catalunya por representantes de los grupos parlamentarios de la CUP-Defensem la Terra, Comuns y Esquerra Republicana de Catalunya. Un encuentro en el que pudieron explicar el proceso judicial abierto contra Kazib y otro militante de Révolution Permanente, por su apoyo al pueblo palestino y la denuncia del genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel. Los diputados Dani Cornellà, de la CUP, Andres Garcia Berrio, de Comuns y Ana Balsera de ERC, participaron de este intercambio, junto a la portavoz y miembro del Secretariado Nacional de la CUP, Su Moreno, y la regidora de ERC en el ayuntamiento de Viladecans, Rita Borqué. Todos ellos coincidieron en señalar este caso como otra muestra más de la criminalización de la protesta social y la disidencia política. En esta ocasión se trata de un ataque dirigido contra el movimiento por Palestina y la izquierda revolucionaria francesa.

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    De aprobarse la moción, el Parlament de Catalunya instaría al gobierno catalán a “trasladar al Consulado francés en Barcelona la preocupación por el respecto a los derechos fundamentales del Sr. Anasse Kazib y su compañero ante el juicio que enfrentan por acusaciones de delitos de “apología del terrorismo” y a “continuar denunciando los hechos que han llevado al Tribunal Penal Internacional a acusar formalmente por crímenes de guerra y lesa humanidad a responsables del Gobierno y el Ejército de Israel”.

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  • Policía Federal: Milei y Bullrich formalizan el espionaje ilegal y la detención de opositores

    17 de junio, por Ninguna libertad, carajo — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Los estafadores de la “libertad” avanzan hacia un verdadero Estado policial. Con la excusa de modernizar a una fuerza corrupta y socia del gran delito, le confieren nuevas “tareas” que violan la ley de Inteligencia y permiten detener a cualquiera sin causa ni pruebas. Hay que enfrentarlos hasta derrotar su plan de ajuste y represión.

    Durante el fin de semana ya lo habían adelantado las empresas periodísticas chupamedias del Gobierno. Finalmente este martes Javier Milei y Patricia Bullrich publicaron en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025 que modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), cuya versión anterior databa de 1958. Junto al Presidente y su ministra de “Seguridad Nacional”, el decreto también lo firma el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

    Hace dos años hicimos un pormenorizado prontuario de la PFA, fuerza que en sus 81 años de existencia acumula una ininterrumpida participación en crímenes atroces, corrupción por donde se mire y hasta complicidad con los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). Para no hablar de su destacado rol en el genocidio perpetrado en Argentina hace cinco décadas. Todo impune. Invitamos a ver aquel informe y otros publicados acá y acá.

    El nuevo decreto del Gobierno no busca “lavar” esa imagen de la fuerza ni mucho menos terminar con su nefasta historia. Todo lo contrario. Al habilitar el espionaje ilegal y la detención arbitraria “por las dudas”, los parlanchines de la “libertad” en verdad en lo único que avanzan es en darle a La Federal mayor poder represivo, extorsivo y criminal. No es que ésa y el resto de las fuerzas federales (junto a sus primas provinciales) no lo hagan desde hace décadas. Pero ahora se “blanquea” de forma temeraria.

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    En un contexto de profunda crisis, donde las calles se llenan cada vez más de movilizaciones por los crecientes conflictos laborales, sociales y ambientales; y en el marco de un régimen que avanza en métodos de proscripción política a partir del escandaloso fallo contra Cristina Fernández de Kirchner; no es nada casual que se le dé más poder e impunidad a la PFA que apalea jubilades y niñes e incluso le arranca los ojos a balazos a quienes se movilizan contra el ajuste.

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    Espionaje ilegal

    Con la excusa de que el Estatuto de la Policía Federal databa de 1958 y que frente a las “nuevas amenazas delictivas” es necesario “modernizar” el reglamento interno de la PFA , el decreto 383 realiza modificaciones que violan garantías constitucionales y leyes como la de Inteligencia Nacional. Todo con la simple firma de Milei, Francos y Bullrich.

    Encima, entre los considerandos del decreto se afirma que se busca consolidar una fuerza que se asemeje cada vez más al Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos. Como si el FBI fuera algo respetable y no un tentáculo operativo que cada inquilino de la Casa Blanca usa en beneficio propio. Y como si no tuviera también un frondoso prontuario en persecución y criminalización de los trabajadores y el pueblo pobre estadounidenses.

    Además de modificar cuestiones de escalafón, organigrama, formación e incorporación de nuevos agentes, el nuevo Estatuto publicado en el Boletín Oficial (y por lo tanto ya vigente) incorpora una serie de tareas a realizar por parte de los efectivos de la fuerza. Todo con el argumento de la “investigación delitos federales y complejos”. Lo que incluye, obviamente, una “modernización” presupuestaria, o sea más plata.

    En el Capítulo II del nuevo estatuto, referido a las “Funciones y Atribuciones” de la PFA , se afirma que las “acciones de inteligencia criminal” se realizarán respetando la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y demás legislación vigente (artículo 5, inciso 3). Pero a renglón seguido dice que la misma fuerza podrá, sin necesidad de orden judicial, acceder a “información y bases de datos públicas” e incluso “solicitar el acceso a bases privadas” si lo considera “justificado”.

    La Ley 25.520 prohíbe expresamente, en su artículo 4, a todos los organismos estatales “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas”, cualquiera sea el motivo. Y también “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”. Todo lo contrario a lo que decretó la casta de La Libertad Avanza.

    También viola la Ley de Inteligencia el inciso 11 del artículo 6 del nuevo estatuto de la PFA , que autoriza a la fuerza a “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.

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    La aclaración de que estas tareas “deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas” es un chiste de mal gusto viniendo de un Gobierno especializado en reventarles la cabeza y hackear cuentas a periodistas y activistas.

    Detenciones arbitrarias

    Aún más grave que lo anterior es la habilitación a la Policía Federal para que desde hoy pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado. A sola firma, el Gobierno pretende invertir el sistema penal argentino, pasando del “derecho penal de hecho” al “delito de autor”, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo. Un delirio.

    Por un lado, el mismo artículo 6 del Capítulo II afirma que la PFA “no podrá detener a las personas sin orden de juez competente”. Pero enseguida agrega que, “sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”, podrá ser detenido por hasta diez horas.

    Hay que decir que esa arbitrariedad ya figuraba en la redacción anterior del Estatuto. Pero ahora se suma un paso más en esa facultad de detener arbitrariamente y “por las dudas”. El inciso 13 del mismo artículo 6 faculta a la PFA a “realizar requisas” contra cualquier persona o grupo de personas, “inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”.

    ¿En qué casos? Por ejemplo, si los propios uniformados consideran que existen “circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, incluso “en la vía pública o en lugares de acceso público”. O sea, en cualquier lugar del país y sobre cualquier persona.

    Y por si fuera poco, La Federal podrá “intercambiar con las demás Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todo tipo de información” recolectada a través de ese espionaje y de las detenciones callejeras o domiciliarias.

    Hay que derrotarlos

    Lo que el Gobierno intenta hacer pasar como una “modernización” del Estatuto de la Policía Federal es nada menos que un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial. Previamente La Libertad Avanza ya había conseguido en el Congreso, con apoyo de varios bloques incluído parte del peronismo, leyes como la llamada “Antimafias”, con las que el Ministerio de Seguridad Nacional obtuvo más poder para controlar, perseguir y criminalizar a vastos sectores de la población.

    En concreto, hoy la Policía Federal tiene vía libre para espiarnos y detenernos sin siquiera avisarle a ningún juez o fiscal. Alcanza con que los uniformados “crean” o “sospechen” que hiciste o, más aún, vas a hacer algo que pueda llegar a catalogarse de delito. Se insiste, la PFA es una de las fuerzas históricamente más corruptas y criminales del país. ¿Qué pensás que van a hacer estos efectivos con esta nueva “facultad” concedida por Bullrich y sus secuaces?

    Es posible enfrentar y derrotar esta escalada autoritaria del gobierno de Milei. La historia argentina está plagada de ejemplos. La movilización popular en las calles derrotó dictaduras y ataques reaccionarios, como el 2x1 a los genocidas que en 2018 quiso aplicar la Corte Suprema macrista.

    Si los cientos de miles o millones que hoy repudian los avances represivos se organizan desde abajo y vuelven a llenar las calles, parando los lugares de trabajo y estudio en defensa de las libertades democráticas más elementales, es posible pararle la mano al experimento “libertario”.

    En ese marco, la lucha contra la proscripción política de Cristina Kirchner, decretada por un fallo jurídicamente bizarro y políticamente obsceno, es un punto de apoyo trascendental para la defensa de los derechos humanos y garantías democráticas más básicas, amenazadas por un régimen y un gobierno serviles a los intereses del gran empresariado y las potencias imperialistas.

    Contra el intento de consolidar un Estado policial dictado por las clases dominantes, hay que marchar contra esa proscripción y, a la vez, encarar una lucha general hasta derrotar todo cercenamiento de nuestras libertades y derechos a la vez que conquistar todas las demandas del pueblo trabajador y los sectores populares. Solo con una gran pelea nacional se puede derrotar este ataque.

    Represión a jubilados por parte de la Policía Federal Argentina | Foto Enfoque Rojo

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  • Torres imita a Bullrich: impulsa una ley que autoriza el ciberpatrullaje en Chubut

    17 de junio, por Más represión — , , , , , , , , , , , , ,

    El Gobernador Torres presentó el proyecto de ley 071/25 en la Legislatura. Intenta aplicar en Chubut la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial que autoriza a la Policía Federal a realizar seguimientos e investigaciones en las redes sociales sin orden de un juez. Un avance bonapartista en el Estado provincial contra las libertades democráticas que hay que rechazar.

    Este proyecto de Ley N° 71/25 que impulsa el gobierno de Torres es un claro salto en la arbitrariedad y reforzamiento del poder de persecución penal que, en manos de la fiscalía, tendrá como destinatarias a las organizaciones populares y no al crimen organizado. Es claro que será utilizado para perseguir a activistas, pueblos originarios y a todos aquellos que se organicen contra este gobierno de ajuste.

    El concepto principal de este proyecto repite la resolución publicada este martes 17 de junio en el Boletín Oficial donde Patricia Bullrich autoriza a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial.

    El nuevo proyecto pretende regular cómo se investiga la cibercriminalidad y otros delitos complejos con herramientas tecnológicas. Se trata del proyecto de Ley N° 71/25. Se presentó el 30/5 y todavía no fue tratado en comisión de Asuntos Constitucionales en la Legislatura.

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    El proyecto de ley, entre otras cosas, le otorgan mayores posibilidades para hacer inteligencia contra la oposición y le dan mayor discrecionalidad contra quienes deseen reclamar en las calles. Esto llega luego del fallo judicial que proscribe a Cristina Kirchner. Es necesario enfrentar esta avanzada autoritaria, con una lucha masiva.

    Este proyecto del gobernador Torres no llegan en cualquier momento: se dan en el marco de un crecimiento de los conflictos entre trabajadores y sectores populares como puede observarse en las últimas semanas. Pero también apenas unos días después de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo claramente proscriptivo. Un fallo que, como se ve, es la antesala a mayores restricciones a las libertades democráticas y ataques al conjunto de los sectores populares, buscando imponer los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional y el imperialismo.

    Es necesario desarrollar un paro general y un verdadero plan de lucha para tirar abajo esta avanzada represiva que busca imponer el gobierno libertario de la mano de Patricia Bullrich.

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