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• Florencio Varela on fire: más allá del maquillaje, la Bonaerense sigue siendo la “maldita policía”

  10 de mayo, por Sumario sin secreto — Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Corrupción, Violencia policial, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Florencio Varela, Brutalidad policial, Julio Pereyra, Andrés Watson, Abuso policial, Javier Alonso, Sumario sin secreto, Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Corrupción, Violencia policial, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Florencio Varela, Brutalidad policial, Julio Pereyra, Andrés Watson, Abuso policial, Javier Alonso, Sumario sin secreto
  

  Salieron a la luz varios delitos flagrantes cometidos por comisarios y oficiales del populoso partido del sur del Gran Buenos Aires. ¿Qué une a la “secta del gatillo” retratada por Rodolfo Walsh en años de dictaduras con el actual ejército de cien mil uniformados que conduce Javier Alonso? A cambio de una pauta millonaria, el entramado mediático casi ni toca el tema. Kicillof agradecido.

  “El lugar de subordinación que ocupa la Policía dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva; ésos son, en todo caso, los verdaderos ejemplos aislados. Punteros barriales, concejales, diputados, gobernadores, son sus mandantes o protectores, según cargos y capacidad de acción. Detrás de todo gran policía corrupto hay siempre un gran político”.

  Esa descripción, precisa e inobjetable, se lee en la introducción de La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Ed. Planeta). Parafraseando a Rodolfo Walsh, el libro publicado en 1997 por Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil hoy es un crudo testimonio de aquellos difíciles tiempos de hegemonía menemduhaldista.

  Allí los autores decían que, dos décadas antes y a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, la Policía de la Provincia de Buenos Aires había tenido un “salto cualitativo” en su corrupción. “Como siempre en estos casos, lo que empieza como ‘autofinanciamiento operativo' se convierte en operativo de financiamiento personal; sin que una alternativa sea mejor que la otra”.

  El genocida Etchecolatz es, precisamente, uno de los comisarios mencionados por Rodolfo Walsh en su investigación de fines de la década de 1960 sobre la secta del gatillo alegre y la picana, que publicó por entregas en el semanario CGT de los Argentinos.

  En 2023, entrevistado por La Izquierda Diario , Ragendorfer afirmaba: “La Bonaerense es como el agua, toma la forma del envase que la contiene. Lo que antes funcionaba como una empresa, quizás la única empresa estatal que funciona, devino en la aparición de una cantidad de hordas policiales autónomas que se disputaron entre sí el negocio del delito”. Ya habían pasado 26 años de la publicación de su libro, cuarenta de los tiempos de Camps y Etchecolatz y 55 de las notas de Walsh.

  También pasaron varias gobernaciones. Desde el fin de la dictadura a nuestros días, en el sillón de La Plata se sentaron siete mandatarios. Intercalado con un mandato radical (1983-87) y otro del gorilismo macrista (2015-2019), el peronismo gobernó la provincia más del 80 % del tiempo transcurrido en “democracia”.

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  ¿Qué hilos de continuidad unen a aquella “secta” genocida con el ejército de casi cien mil uniformados que hoy conduce Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof? Algunos hechos ocurridos en las últimas semanas en Florencio Varela, protagonizados por la “maldita policía” (así bautizada en los años 90) tal vez sirvan de modesto muestrario. Con medio millón de habitantes, el municipio del sur del Gran Buenos Aires tuvo sólo dos intendentes en los últimos 32 años. Julio Pereyra y Andrés Watson. Dos amigos íntimos de la Policía.

  

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  Una banda descontrolada

  A fines de octubre de 2025 los oficiales César Gari y Ariel Lus fueron detenidos en el marco de una causa penal por “extorsión”, “exacciones ilegales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según el expediente en manos de la fiscal Nuria Gutiérrez de la UFI 4 de Florencio Varela, Gari les pedía coimas a personas que, por diversos motivos, llegaban a la Comisaría Primera. A algunas, luego de pedirles la respectiva “comisión”, las derivaba a la Secretaría de Recursos Médicos y Análisis de Causas, donde Lus (que además es médico) también les pedía altas sumas de dinero.

  El “detalle” es que ambos oficiales pedían transferencias de cientos de miles de pesos a sus cuentas personales. Resultó sencillo descubrirlos. “No puede ser tan pelotudo”, habrá pensado al enterarse Mirta “La Turca” Lus, tía del doctor policial y durante años secretaria del histórico intendente Julio Pereyra.

  Gari y Lus eran subordinados del comisario inspector José Gatti, jefe de la Policía Científica de Quilmes con alcances jurisdiccionales en Varela. El martes pasado él también fue detenido a pedido de los fiscales Darío Provisionato y Federico Pagliuca, quienes lo acusan de “encubrimiento” y “robo de pruebas”. Descubrieron que se había llevado a su casa varias notebooks y computadoras que usaban otros cinco miembros de la Comisaría Primera, que estaban presos desde el 2 de mayo.

  Para los fiscales, los aparatos que Gatti se llevó de la seccional tendrían información importante que atesoraba la banda integrada, al menos, por el titular de la Primera, comisario Edgardo Oviedo, el jefe del Servicio de Calle, Diego Benítez, y los oficiales Claudio Roldán, Ignacio Lucas y Alexis Lugo. Los delitos de los que se los acusa son varios y variados. Pero, como suele pasar en estos casos, cayeron por un exceso de confianza en sí mismos.

  – Dame diez mil dólares o te meto preso - le dijo Benítez a un automovilista en medio de un control vehicular en la esquina de Novak y Aniceto Díaz.

  – Tengo cuatro mil encima nomás - respondió el hombre dedicado a la compraventa de chatarra. Llevaba una carga de restos de cobre. Los canas le dijeron que “investigaban” un supuesto robo de cables y que si no pagaba esa cifra lo llevarían preso.

  – Conseguí el resto y que te lo traigan - insistió el comisario Benítez. Finalmente se llevaron los U$S 4.000 y el cobre.

  Según las fuentes, el chatarrero conoce a uno del Comando de Patrullas. Avisado del asunto, el policía le ofreció acompañarlo a la Primera a reclamar “que le devuelvan lo robado”. El escándalo fue in crescendo y terminó en un sumario abierto en la Auditoría General de Asuntos Internos de La Plata y un expediente en los Tribunales.

  Un mes antes de esas detenciones, el laburante Jorge Denis había denunciado a Benítez y sus secuaces por armarle una causa y aplicarle apremios ilegales dentro de la Comisaría. ¿Qué “delito” había cometido? Filmarlos cuando ellos detenían violentamente a otra persona en plena calle. Todo un modus operandi que difícilmente el ministro Alonso y el gobernador Kicillof desconozcan, aunque callen.

  El 18 de abril otros tres miembros de La Bonaerense de Varela fueron detenidos. El comisario Javier Paola, titular de la Comisaría Tercera, y sus oficiales del Servicio de Calle Juan Torrado y Sergio Olivera están acusados por el fiscal Pagliuca de “robo agravado”. Un traficante colombiano, que estuvo preso en Estados Unidos, denunció que tras detenerlo en la calle le revisaron sus pertenencias y se quedaron con parte de las joyas que transportaba. Y que luego fueron a la casa de su expareja y se llevaron U$S 4.000.

  Por si fuera poco, en la madrugada del 4 de mayo la propia Policía detuvo a uno de sus jerarcas. Fue luego de que una mujer de Berazategui llamara pidiendo auxilio. Cuando los efectivos llegaron a la casa de la localidad de El Pato, se encontraron con otro patrullero en el que estaba el comisario general Gastón Ghe, nada menos que el superintendente de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

  Ghe estaba más que borracho. Había ido a la casa de su pareja, la amenazó de muerte y le prometió suicidarse. Por eso ella llamó al 911. Al revisarlo, sus camaradas le encontraron $ 13 millones en billetes de cien, quinientos y mil. Todo un recaudador. Al trascender el caso, el ministro Alonso lo sacó de su puesto y nombró en su lugar al comisario mayor Cristian Novelino.

  

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  Paloma y Josué

  La tarde del 30 de enero de 2025 Josué Salvatierra de 14 años y Paloma Gallardo de 16 salieron de sus casas con destino incierto. Era normal que pasearan juntos. Pero ese día no regresaron a sus hogares. Ambas familias llamaron al 911 para denunciar sus ausencias. Dos días después sus cadáveres fueron encontrados entre pastizales y vías del tren, en un descampado privado. Muy cerca de allí funciona la Comisaría Cuarta de Bosques.

  El caso conmovió al país. Durante días los móviles televisivos se apostaron en las casas de Paloma y Josué, entrevistaron a familiares, amigos y vecinos. Como siempre sucede, un nuevo caso “tapa” al otro y el crimen fue quedando en el olvido. Pero en esos días se habló mucho de la “maldita cuarta de Bosques”. Es que tanto esa seccional como la misma Dirección de Investigaciones con asiento en Quilmes hicieron (y hacen) todo para que el caso no se esclarezca.

  La versión policial (mediáticamente tomada como verdadera) insiste con que fueron víctimas de un intento de robo a mano de dos jóvenes conocidos de la zona. Las familias, su abogado y casi todo Varela, en cambio, nunca dejaron de señalar a la Policía. “De mínima, están encubriendo, aunque podrían haber participado directamente del crimen”, es un comentario extendido. Hasta denunciaron espionaje ilegal en las marchas por justicia.

  En una de las movilizaciones, los seres queridos de Paloma y Josué detectaron a un grupo de personas que les sacaban fotos desde un Chevrolet Corsa gris oscuro. Al acercarse y preguntarles quiénes eran, intentaron irse sin identificarse. Pero reconocieron ser policías de civil que cumplían órdenes del comisario Edgardo Oviedo, el entonces mandamás de la Cuarta que luego del caso fue trasladado a la Primera. Sí, el mismo que fue detenido hace ocho días. Huelga decir que, pese a que se apartó a la Bonaerense del caso y el fiscal Hernán Bustos Rivas fue obligado a abandonar el expediente, el doble crimen sigue impune.

  

  Los juegos del Pequeño J

  Es probable que el autor intelectual de las crueles torturas y posterior asesinato de Brenda Del Castillo (20 años), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) haya sido Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “El Pequeño J”. El joven peruano, también de 20 años de edad, acaba de ser extraditado desde Perú (a donde se había fugado tras el hecho) para ser juzgado junto a otras diez personas por el triple femicidio cometido en septiembre del año pasado.

  Las pibas fueron secuestradas en La Matanza, pero el crimen se consumó en una casa de la calle Chañar al 700 del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Hasta el momento, ninguno de los acusados es policía y gran parte de los allanamientos y detenciones estuvieron a cargo de la propia Bonaerense. El expediente se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Pero una pregunta se impone, ¿la fuerza provincial no tuvo nada que ver?

  Según las fuentes judiciales, en la causa no sólo se investigan las tres muertes. También habría pruebas de un sinfin de actividades criminales previas cometidas por la banda liderada por la familia Valverde Victoriano, que van desde el narcomenudeo hasta la trata de personas y el lavado de dinero. Y, como se sabe, nada de eso podría funcionar sin la autorización policial.

  ¿De cuánta impunidad habrán creído gozar Pequeño J y sus cómplices para planear, organizar y consumar semejante atrocidad? ¿Cuántos crímenes previos habrán cometido para pensar que éste podría pasar desapercibido en un conurbano ensangrentado? ¿Cuántos de esos hechos sucedieron a espaldas de la Policía Bonaerense? ¿Cuánto cobraban los comisarios varelenses para dejarles las “zonas liberadas” y encubrir los efectos colaterales de esos negocios?

  Está bien que la banda haya caído y que el triple femicidio no quede impune. El Estado es responsable de esclarecer el caso y darle algo que se asemeje a la “justicia” a las familias de Brenda, Lara y Morena. Pero la población trabajadora de La Matanza, Varela y todo el conurbano merece saber toda la verdad. Aunque declame su inocencia, Pequeño J ya tiene el boleto picado. Saber quién maneja ahora sus negocios es más complicado. Mucho más con La Bonaerense de por medio.

  

  “Los Paisas” del comisario Rodríguez

  Consultados por La Izquierda Diario, docentes que trabajan en escuelas públicas de Florencio Varela coinciden en afirmar que, “lejos de lo que dicen los medios, la Bonaerense está muy presente en los barrios, sobre todo organizando el delito y verdugueando a los pibes”. Una situación, afirman, que “existe en todo el Conurbano, pero acá pareciera que lo hacen con mucha más impunidad que en otros lados”. La conclusión es razonable.

  En noviembre pasado, el sitio La Barriada publicó un artículo titulado “Los Paisas”: la banda de narcomenudeo que no existe en Florencio Varela . Allí dio detalles de lo que es vox populi en el sur del Gran Buenos Aires pero pocos se animan a denunciar.

  “Hace menos de una década, la venta de drogas se comenzó a instalar en los campos lindantes a la zona urbana o semirural de Florencio Varela. La compraventa de drogas, para la cual los pibes vulnerables hacen largas filas, es conocida por las familias vecinas, las fuerzas policiales, el gobierno municipal y los concejales opositores… ¡pero todos fingen qué no pasa nada!”, dice la nota.

  En el sur del Gran Buenos Aires es muy conocido el comisario mayor Ramón Rodríguez, quien entre 2020 y 2023 estuvo al frente de la Estación de Policía local. Allí lo puso Sergio Berni apenas asumió como titular de la cartera de Seguridad del flamante gobierno de Kicillof. Mediante el decreto 141/2020 el gobernador hizo cambios en la organización territorial de la fuerza represiva. El objetivo era maquillar un poco aquello que, rascando, destila pus por todos sus poros. Todo con el aval del intendente Watson.

  Ante la sucesión de hechos violentos ocurridos en los inhóspitos terrenos varelenses, el comisario Rodríguez lanzó la “noticia” de que todo era culpa de Los Paisas, una supuesta banda narco a la que calificó de “poderosa” y “peligrosa”. Sin embargo, nunca pudo demostrar su existencia.

  En noviembre de 2023, poco antes de que Berni dejara el Ministerio en manos de Javier Alonso, el comisario Rodríguez fue apartado de la Distrital de Varela. Fue después de la detención de seis de sus subordinados, en el marco de una causa por cobro de coimas y venta de drogas. Según dijeron entonces desde la Auditoría General de Asuntos Internos, las comisarías Primera, Segunda y Sexta de Varela eran parte de una red delictiva que operaba desde hacía un año antes.

  “Si ‘Los Paisas' fuera una poderosa banda que ocupó decenas de campos, ¿cómo es que no se conocen sus jefes y su entramado organizativo después de tantos años?”, se preguntaba el artículo de La Barriada de noviembre pasado, cuando la Bonaerense volvió a mencionar a la supuesta banda. Y recordaba que a fines de agosto del 2020 la propia Policía había difundido que el grupo había sido desarticulado. “Hubiese sido una gran noticia”, ironizaba el portal noticioso, si no fuera porque la banda “jamás existió”.

  “Lo que sí existe es el hecho de que, según diferentes fuentes, la propia Policía Bonaerense gestiona los campos donde diferentes grupos venden drogas a cambio de dinero y garantizar que las violencias que puedan surgir no se extiendan a la zona céntrica o a los barrios que rodean al centro varelense”, concluía. Nada muy diferente a lo dicho por Ragendorfer y Dutil en su libro de 1997.

  

  El inolvidable Zisuela

  Todo Varela recuerda el caso del histórico dirigente peronista y exconcejal Daniel Zisuela, quien tras ser valientemente denunciado por varias pibas fue condenado en 2021 a trece años de prisión por encabezar una red dedicada a la “facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores agravada”.

  Todo Varela sabe que es imposible que esa red funcionara sin la ayuda directa de comisarios, oficiales y suboficiales. Sólo quien no tenga la honestidad como principio podrá negar tal certeza.

  “Ese caso destapó buena parte de la podredumbre del poder político”, dicen a este diario docentes que día a día conversan con miles de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Es que Zisuela fue mano derecha del inoxidable intendente Julio Pereyra, alfil de Sergio Massa en la Zona Sur y, durante años, secretario general de la regional de Utghra, el sindicato gastronómico que maneja a nivel nacional Luis Barrionuevo.

  Al corruptor de menores lo defendió Omar Luis “El Turco” Daer, otro personaje del paisaje conurbano. Empresario allegado a Aníbal Fernández, el abogado fue asesor en el Senado del expresidente Carlos Menem, a quien defendió en causas como la del encubrimiento del atentado a la AMIA y la del contrabando de armas a Ecuador. También patrocinó al comisario de la Bonaerense Alfredo Fanchiotti, uno de los asesinos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En 2015, gracias a su nefasto amigo y juez de la Corte bonaerense Luis Genoud, llegó a ser durante siete años conjuez del máximo tribunal provincial.

  En enero de 2022 Daer no tuvo mejor idea que pegarse un tiro en el cuello para “resolver” una supuesta discusión marital. Fue en su casa del cheto Barrio Parque de Bernal. De casualidad no murió. Su pareja y socia María Attolini dijo que minutos antes habían discutido. Según las crónicas periodísticas, un hijo de un matrimonio anterior del Turco dudó de esa versión y pidió que se investigara el caso por posible tentativa de homicidio. Era César Daer, en ese entonces pareja de Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes. Si las paredes de la coqueta casa de Bernal hablaran…

  El líder peronista Daniel Zisuela murió en enero del año pasado, a los 64 años, en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Semanas después, el mismo Tribunal Oral 1 de Quilmes que lo había condenado lo sobreseyó por “extinción de la acción penal” (algo habitual cuando fallece el imputado). Pero, mal que le pese a su familia, su apellido no pasará fácilmente al olvido.

  En abril arrancó en los mismos Tribunales de Quilmes otro juicio, titulado Zisuela II, donde siete personas están acusadas de haber sido partícipes secundarias en buena parte de los delitos por los que el viejo referente peronista fue condenado hace cinco años. La encargada de dictar sentencia será la jueza María Florencia Butiérrez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Varela.

  

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  El silencio no es salud

  Es comprensible que Kicillof, su ministro Alonso, el resto de su gabinete y hasta el subsecretario de Derechos Humanos Matías Moreno callen sobre estas aberraciones. Saben que sus compromisos políticos y sus medidas de gobierno no hacen más que perpetuar un estado de cosas que cada día desangra más a la población bonaerense. No es a ellos, gerentes del criminal Estado capitalista, a quienes se les debe pedir verdad y justicia. ¿Pero por qué también callan quienes se dedican a informar?

  Un relevamiento publicado en febrero por el sitio El Disenso mostró que en 2025 el gobierno de Unión por la Patria “invirtió” al menos $ 62.500 millones (unos U$S 50 millones) en pauta publicitaria distribuída entre los grupos mediáticos más grandes. La encargada de ese reparto fue la (¿ex?) camporista Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública bonaerense. En el top ten de los destinatarios están Indalo (C5N y Radio Diez, entre otros), América, Crónica, El Destape, Clarín, Infobae, Perfil, Octubre (Página|12 y AM 750, entre otros), Telefe y La Nación.

  En diciembre pasado La Izquierda Diario te contó que Rey había dejado sin trabajo a una veintena de laburantes precarizados de Radio Provincia y que habría un virtual plan de vaciamiento de la emisora estatal. Al igual que con gran parte de los escándalos policiales de Florencio Varela, en ese caso las grandes empresas periodísticas ocultaron esos despidos.

  El staff político capaz de reivindicar, sin solución de continuidad, a apologistas del crimen como José Ignacio Rucci y a denunciantes de esos crímenes como Rodolfo Walsh, es el que habla de “derechos humanos” mientras empodera sin parar a esa maldita policía que acumula décadas de enriquecimiento ilícito y muertes al por mayor. Es el mismo staff que, mientras le hace la venia a los comisarios, garantiza el derrumbe de las escuelas bonaerenses. Esas escuelas a las que van millones de Paloma, Josué, Brenda, Lara y Morena. Que te hablen después de “derecho al futuro”.

  Comisaría Primera de Florencio Varela | Foto El Diario Varelense

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• Villarruel censuró un acto en homenaje a Pablo Grillo en el día contra la violencia institucional

  7 de mayo, por Senado — Política, Libertades Democráticas, Senado, Patricia Bullrich, Pablo Grillo, Política, Libertades Democráticas, Senado, Patricia Bullrich, Pablo Grillo
  

  Las autoridades del Senado suspendieron el evento a realizarse este viernes fue "por cuestiones de seguridad". Sin embargo, la convocatoria se sostiene y llaman a la sociedad a acompañar a Pablo Grillo y su familia a exhibir las fotos a las 16.30 en la puerta del Congreso.

  La vicepresidenta del senado Victoria Villaruel decidió cancelar un evento que se iba a celebrar en el Salón Azul del Congreso en homenaje al fotoperiodista Pablo Grillo, recientemente recuperado de salud tras haber sido víctima de la represión policial de Patricia Bulrrich que amenazó con su vida.

  El acto estaba convocado para este viernes 8 de mayo. La decisión de suspenderlo obedeció a "motivos de seguridad" invocando aspectos tales como que "las personas a cargo de la convocatoria se negaron a dar una lista de los participantes e invitados".

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  En la red social Instagram la cuenta “justicia por Pablo Grillo” denunció censura y acusó a Villarruel y a la senadora y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), por la cancelación de la actividad.

  Este hecho sucedió a horas de conocerse la noticia que inquieta a Patricia Bullrich, ya que el gendarme que casi mata a Pablo Grillo quedó a un paso del juicio oral.

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  Bullrich fue la responsable del operativo represivo ya que ejercía como ministra de Seguridad cuando Grillo fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno. La misma fue disparada por las fuerzas de seguridad en la feroz represión del 12 de marzo del año pasado contra el ajuste de Milei y en favor de los jubilados. El cartucho impactó en la cabeza del fotógrafo, provocándole fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

  "La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada" indicó el senador Wado de Pedro en redes, convocante del acto, al conocer la noticia.

  Convocan a rodear de solidaridad a Pablo y a su familia, que decidieron exponer las fotos este viernes 8/5 a las 16.30 en la puerta del Congreso y exigir que se permita su exposición adentro del mismo.

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• Bullrich nerviosa: el gendarme que casi mata a Pablo Grillo quedó a un paso del juicio oral

  7 de mayo, por Represión — Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gendarmería, María Romilda Servini , Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo, Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gendarmería, María Romilda Servini , Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Represión, Pablo Grillo
  

  El cabo primero Héctor Guerrero está procesado por disparar ilegalmente varias granadas de gas lacrimógeno al cuerpo de manifestantes en una marcha de jubilados frente al Congreso en marzo de 2025. El fiscal Taiano no lo acusa por el intento de homicidio del fotorreportero, pero pidió que se enjuicie al criminal por su accionar. ¿La exministra que dio las órdenes también será juzgada?

  Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó esta semana la elevación a juicio oral contra el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de Gendarmería. El uniformado de treinta años es quien, la tarde del 12 de marzo de 2025, disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó de lleno en la cabeza de Pablo Grillo, fotorreportero de 35 que se encontraba registrando la represión del Gobierno nacional a una masiva movilización de jubiladas y jubilados frente al Congreso Nacional.

  El fiscal federal es quien lleva adelante la investigación del caso y ya envió su resolución con el pedido de juicio oral al despacho de María Servini. En el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1, que conduce la jueza se tramita la causa penal caratulada como “lesiones gravísimas agravadas” y “abuso de armas en concurso con abuso de la función pública”.

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  Vale decir que la familia de Grillo, con el patrocinio letrado del CELS y la LADH, desde el inicio del expediente solicitan que a Guerrero se lo juzgue por un delito mayor, el de “tentativa de homicidio agravado”, ya que todas las pruebas recolectadas demuestran que el accionar del uniformado fue deliberado en ese sentido. Pero Taiano, tal vez buscando salvar el pellejo de otros gendarmes y de sus jefes políticos, le bajó el precio a la conducta del asesino en potencia. La querella insiste con el pedido del cambio de carátula, no sólo por lo sucedido con Grillo sino también por otros cinco disparos realizados por Guerrero esa misma tarde “de forma prohibida contra manifestantes”.

  Como se sabe, el disparo de Guerrero le provocó al reportero fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Durante largos diez meses Pablo luchó por su vida y su recuperación, con la ayuda inestimable de los profesionales del Hospital Ramos Mejía y del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. Ambos centros pertenecen al sistema de salud pública, ésa que Javier Milei y su Gabinete también intentan matar. Finalmente Grillo fue dado de alta el pasado 13 de marzo, un año y un día después de haber sufrido el ataque criminal.

  En su resolución, Taiano dijo que está comprobado que el gendarme actuó “de forma abusiva” y “totalmente desmedida” durante la represión desatada en la marcha del 12 de marzo de 2025. Según el funcionario judicial, Guerrero “puso en riesgo real la vida y la integridad física de quienes estaban manifestando y provocó heridas gravísimas” al reportero gráfico.

  El fiscal reconoce que el cabo primero de Gendarmería cometió “abuso de armas agravado” en cinco ocasiones distintas, coincidiendo con lo denunciado por la familia querellante. Y agrega que, “luego de una investigación minuciosa” pudo determinar que, entre las 17:05 y las 17:25 de aquel miércoles Guerrero disparó de forma “completamente fuera de reglamento” seis veces su escopeta lanzagases FM, apuntando en ángulo horizontal desde la esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís. Todo ello, además, sin que hubiera existido siquiera algún tipo de peligro para su integridad y la de sus compañeros.

  La Fiscalía segura que Guerrero tenía “la formación y el entrenamiento necesarios para aplicar correctamente lo que dice el manual técnico del arma que usó y las normas que regulan el uso de la fuerza en su trabajo”. Sin embargo, “usó el poder que le daba su cargo de manera abusiva, disparando de forma prohibida (en línea recta y no al aire) contra un reportero gráfico que no representaba ningún peligro, y también contra manifestantes que tampoco eran una amenaza”. De hecho, la familia Grillo denuncia que el mismo gendarme se dedica a dar instrucción de tiro en la fuerza.

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  ¿Y Pato para cuándo?

  “Pedimos que se profundice la investigación respecto de distintos jefes de Gendarmería y Policía Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron a que Guerrero pusiera en riesgo la vida de Pablo y del resto de las personas que se manifestaban aquel 12 de marzo”, dijeron desde la querella en un comunicado difundido por redes sociales.

  Al momento del intento de homicidio de Grillo, quien conducía el Ministerio de Seguridad era la hoy senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. Desde el momento en el que se supo que el reportero había sido hospitalizado con graves heridas, ella defendió a Guerrero con uñas y dientes. Esa misma tarde, por la pantalla de LN+ y en un clara actitud encubridora, justificó el accionar de sus subordinados al acusar al joven de ser un “militante kirchnerista”.

  En los últimos meses Bullrich dejó de hablar del caso. Pero en enero, cuando ya estaba claro todo lo realizado por Guerrero y sus compañeros, volvió a decir a través de sus canales amigos que aquel disparo “fue bien hecho” y que tanto el cabo primero como la Gendarmería en general hicieron “lo que tenían que hacer”. Semejante apología del crimen fue respondida sin demoras por Fabián Grillo, el padre de Pablo: “Es de una inmoralidad absoluta, una agresión desde un lugar de poder, de una persona que hoy está legislando”.

  Pero lo de Bullrich es aún peor. En catorce meses de instrucción judicial, el Ministerio que ella condujo y que hoy está en manos de su “discípula” Alejandra Monteoliva, se negó a aportar toda la información de la que disponen para esclarecer el caso. De hecho la identificación de Guerrero como el autor del disparo fue obra de un trabajo colectivo de investigación encabezado por el Mapa de la Policía (en el que colaboró La Izquierda Diario).

  Hoy, ante el escándalo de corrupción que envuelve al jefe de Gabinete, la senadora Bullrich busca zafar de toda salpicadura diciendo que Manuel Adorni debería mostrar sus papeles y esclarecer todo aquello de lo que se lo acusa. Cinismo a prueba de balas. Es la misma funcionaria que cosecha casi nueve años de impunidad por los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de los cuales fue responsable política por haber ordenado aquellas represiones en plano gobierno de Mauricio Macri.

  En la instrucción del fiscal Taiano, que ahora reposa en el despacho de la jueza Servini a la espera de una confirmación de elevación a juicio, Bullrich parece haber zafado. Pero si ese juicio oral y público finalmente se realiza, es altamente probable que su nombre aparezca más de una vez. ¿Será finalmente investigada, procesada, juzgada y condenada como merece? No hay que descartarlo. Se sabe que, cuando los aires políticos cambian y quienes hoy tienen el poder dejan de tenerlo, el también cínico Poder Judicial da sorpresas.

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• D’Atri lleva a la Legislatura denuncia por persecución judicial a 171 trabajadores del subte y la AGTSyP

  6 de mayo, por Grave — Mundo de l@s trabajador@s, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Subte, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Andrea D'Atri, Jorge Macri, Sbase, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU), judicialización de la política, Emova (Ex Metrovías), Mundo de l@s trabajador@s, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Subte, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Andrea D'Atri, Jorge Macri, Sbase, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU), judicialización de la política, Emova (Ex Metrovías)
  

  La legisladora Andrea D'Atri del Frente de Izquierda, haciéndose eco de la campaña lanzada por los trabajadores del subte, presentó un proyecto para denunciar la avanzada judicial contra 171 trabajadores del subte y su sindicato, en un contexto de ajuste, tarifazos y reclamos por condiciones seguras frente al asbesto.

  La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires recibió un proyecto de declaración impulsado por la legisladora Andrea D'Atri del PTS en el Frente de Izquierda, que expresa una fuerte preocupación por el intento de criminalización del derecho a huelga contra 171 trabajadores del subte y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La iniciativa apunta directamente contra la causa judicial promovida por la empresa concesionaria Emova y SBASE, que busca encuadrar medidas gremiales dentro de la figura penal de “asociación ilícita”.

  SUBTE
  La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más profunda preocupación ante el intento de criminalización del derecho a huelga contra 171 trabajadores del subte y su sindicato AGTSyP, impulsado por Emova y SBASE.
  Esta es la declaración que nuestra banca… pic.twitter.com/B6oGFc6qNz

  — Andrea D'Atri (@andreadatri) May 6, 2026

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  Esta iniciativa se da como acompañamiento de la campaña de denuncia que lanzaron los trabajadores del subte y la AGTSyP este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa. En la misma los trabajadores no descartaron medidas de fuerzas, como acompañar al juzgado a cada trabajador cuando sea citado.

  ? El día de hoy realizamos una conferencia de prensa en nuestro sindicato para comunicar sobre la causa penal impulsada por la fiscal Celsa Ramírez que imputa a 171 trabajadores y trabajadoras del subte.#AGTSyP #Metrodelegados #Subte pic.twitter.com/Z5mWvx8SAA

  — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) May 6, 2026

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  El proyecto de resolución presentado, advierte que esta acusación constituye un hecho de extrema gravedad institucional, ya que utiliza una figura penal destinada a delitos para perseguir acciones sindicales amparadas por la Constitución. Según se detalla, la causa reúne distintas medidas de fuerza realizadas entre 2024 y 2025, seleccionando de manera arbitraria a trabajadores imputados sin fundamentos claros, lo que configura —según la denuncia— un intento de disciplinamiento hacia la organización sindical.

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  La investigación está a cargo de la fiscal Celsa Victoria Ramírez, cuya actuación también es cuestionada en el proyecto. Desde el sindicato denuncian irregularidades en el proceso, como el rol simultáneo de la empresa concesionaria como denunciante, aportante de pruebas y notificadora. Esta situación derivó en pedidos formales de nulidad de actuaciones y recusación de la fiscal, en medio de un conflicto que escala en tensión.

  Entre los hechos incluidos como “prueba” en la causa figuran medidas de fuerza ampliamente difundidas: paros escalonados, aperturas de molinetes y adhesiones a huelgas generales del transporte. Para el proyecto presentado, por Andrea D'Atri, se trata de acciones legítimas en defensa de condiciones laborales y del servicio público, lo que refuerza la denuncia de criminalización de la protesta.

  El descabellado argumento de @jorgemacri, la fiscal Celsa Ramirez y @Emova_arg para acusar a trabajadores, delegados y Secretariado de AGTSyP de "asociación ilicita": Realizar medidas gremiales en marco constitucional y de la ley de asoc. sindic. Ni Capusotto se atrevió a tanto.. pic.twitter.com/QOPb5OwsZB

  — Claudio Dellecarbonara (@Claubonara) April 16, 2026

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  La iniciativa también contextualiza a esta avanzada judicial en un escenario más amplio de ajuste sobre el transporte público. Se señala que mientras avanzan causas contra trabajadores, persisten denuncias por falta de inversión, aumentos tarifarios y la exposición al asbesto —un material cancerígeno que ya provocó la muerte de seis trabajadores y afectó a más de 150—. En ese marco, el proyecto plantea que la persecución judicial busca acallar a uno de los sectores que viene denunciando estas condiciones y defendiendo un servicio accesible para millones de usuarios. Mientras los trabajadores vienen realizando acciones denunciando el despido de una compañera, Araceli Pintos, por el simple hecho de haber denunciado a un policía y un supervisor por acoso. La justicia porteña habilita la causa contra los trabajadores y traba las causas de las y los trabajadores contra la empresa. La casta judicial amiga de Jorge Macri es clasista.

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  Proyecto presentado en la Legislatura este 6 de mayo:

  Proyecto Contra La Judicialización Al Subte-Andrea Datri by Lid Caba

  Mundo de l@s trabajador@s / Ciudad de Buenos Aires / Libertades Democráticas / Subte / Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) / Andrea D'Atri / Jorge Macri / Sbase / Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro / Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU) / judicialización de la política / Emova (Ex Metrovías)

• Un relato con la pólvora mojada: Adorni también mintió sobre “seguridad”

  3 de mayo, por Sumario sin secreto — Política, Libertades Democráticas, Diputados, Inmigrantes, Ministerio de Seguridad, Inmigración, Criminalización de la protesta social, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Congreso de la Nación , Cámara de Diputados, Patricia Bullrich, Edad de punibilidad, Javier Milei, Represión, Manuel Adorni, Karina Milei, Alejandra Monteoliva , Política, Libertades Democráticas, Diputados, Inmigrantes, Ministerio de Seguridad, Inmigración, Criminalización de la protesta social, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Congreso de la Nación , Cámara de Diputados, Patricia Bullrich, Edad de punibilidad, Javier Milei, Represión, Manuel Adorni, Karina Milei, Alejandra Monteoliva
  

  ¿Combate al crimen organizado? ¿Freno al narcotráfico? ¿Defensa de la vida de la población empobrecida? ¿Terrorismo? En su informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete brindó datos y conclusiones mal guionadas. Pero realidad mata relato. Los verdaderos “logros” de Bullrich y Monteoliva chorrean sangre y muchas mentiras.

  A esta altura del partido nadie discute que el jefe de Gabinete Manuel Adorni es un mentiroso consuetudinario. Y así lo confirmó él mismo el miércoles, durante su presentación del informe de gestión del Gobierno de Javier Milei ante la Cámara de Diputados.

  “No cometí ningún delito, voy a probarlo en la Justicia”, dijo sobre las preguntas de los bloques legislativos respecto a su cosecha de viajes y propiedades logradas con dinero que no puede justificar. El “aguante” del Gabinete encabezado por el propio Milei en las barras del recinto sólo agregó obscenidad decadente a una exposición teñida de evasiones y falsedades guionadas tanto en lo que hace a su escándalo personal como al balance general de las medidas del Poder Ejecutivo.

  Un capítulo del “informe de gestión” en el que particularmente florecieron las mentiras de Adorni & Co fue el referido a las llamadas políticas de “seguridad”, encarnadas en el accionar del Ministerio de “Seguridad Nacional” que condujo hasta diciembre Patricia Bullrich y hoy lo hace su sucesora Alejandra Monteoliva.

  Baja de la edad de punibilidad, tasa de homicidios en Argentina, combate al narcotráfico, persecusión al “terrorismo” y represión a la protesta social fueron los ítems elegidos por el jefe de Gabinete para exponer los “logros” de una gestión libertariana que, como queda cada vez más en evidencia, hace aguas por todos lados.

  Cual modus operandi de una banda de forajidos que llegó a la cima del poder político para consumar un saqueo fenomenal de las riquezas y derechos de la población trabajadora, Adorni se sentó el miércoles en la Cámara baja y no hizo más que mentir, mentir y mentir. A las pruebas nos remitimos.

  Niñas, niños y adolescentes

  “Por primera vez en 46 años este Congreso aprobó la actualización de la Ley Penal Juvenil, que va a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Dijimos ‘el que las hace las paga' y lo estamos haciendo”, dijo Adorni promediando su exposición.

  Dijo “46 años” y “Congreso”. Pero en 1980 la Casa Rosada seguía ocupada por Jorge Rafael Videla y sus secuaces militares y civiles. ¿No sabe Adorni que todo lo que fuera “ley” entonces era de facto y lejos de toda legalidad? Aunque haya estado vigente durante décadas, tomar aquella normativa como surgida de algo parecido a una democracia con parlamento es parte del negacionismo constituyente del ideario “libertario”.

  Adorni agregó que “la edad ya no será una excusa para la impunidad”. Hay un relato extendido acerca de que los jóvenes que cometen delitos hasta ahora eran “impunes”. Sin embargo, la Base General de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó el mes pasado (disponible online) que en 2025 se abrieron 1.753 causas penales contra menores de 18 años en el ámbito del Poder Judicial Nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Ese número incluso es un 2 % menor que el de 2024. Y lejos de la tesis de la “puerta giratoria”, el 70 % de esa juventud criminalizada y judicializada no tenía ningún antecedente.

  El 81 % de esas causas relevadas por el BGD de la Corte fueron por “delitos contra la propiedad” (mayoritariamente robos). Sólo el 1,6 % fue por “delitos contra las personas” (donde corre algún riesgo la integridad física de la víctima). Ese pequeño porcentaje es superado, por ejemplo, por “delitos contra la integridad sexual” (6,7 % del total), donde mayormente la persona atacada conoce desde antes a su agresor. De las 1.753 causas abiertas, sólo tres fueron por homicidio y los imputados no quedaron libres.

  Casi todas las causas se abrieron en los barrios más pobres del territorio porteño como Villa Soldati, Villa Lugano, Nueva Pompeya, Barrio 31 de Retiro, San Nicolás o Constitución. Y la mitad de esos expedientes tienen como imputados a jóvenes residentes en la Provincia de Buenos Aires. Nada es casual.

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  Según la misma Corte Suprema, la situación en el resto del país no difiere de lo registrado en CABA. Si bien provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires superan en cantidad las causas registradas en territorio porteño (el más “vigilado” del país), los patrones se asemejan. No hay más “niños asesinos” en el interior que en la Capital.

  Marisa Graham, exdefensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, dice que sólo el 0,55 % de los más de doce millones de personas menores de 17 años que vive en Argentina “está vinculado a alguna denuncia penal”. El docente de Derecho de la UBA y funcionario del Ministerio Público Fiscal Martiniano Terragni, agrega: “En los países que bajaron la edad subió la tasa de homicidios y en Argentina no, de hecho está bajando”.

  Cuando el proyecto del Gobierno se debatió en las comisiones de la Cámara de Diputados, una de las voces más críticas fue la de Alejandrina Barry. Hija de desaparecidos a manos de militares del Plan Cóndor, exlegisladora porteña del PTS-Frente de Izquierda y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), sentenció que “la nueva ley es peor que la de Videla” y que “nuestros pibes no son peligrosos, son quienes están en peligro”. Durante dos décadas Barry trabajó como operadora social en la Villa 21-24. Algo sabe.

  Adorni miente cuando dice que la edad siempre fue una excusa para la impunidad. Usar el crimen de la niña Kim Gómez, ocurrido en 2025 en La Plata, como ejemplo en el que basar sus falacias, es una muestra de su vileza.

  Dato mata relato

  “La tasa de homicidios se ubicó en 3,7 cada cien mil habitantes. En comparación con 2023, cuando la tasa era del 4,4, hubo una baja del 17 % en esos dos años de gestión. Este hecho transformó a la Argentina en el país menos violento de América Latina y El Caribe”, dijo Adorni casi con orgullo. Pero, ¿cómo hace una gestión política nacional en dos años para reducir la tasa de homicidios en el país?

  Una muerte a mano de otra persona puede ocurrir por múltiples factores, desde hechos de tránsito (donde abundan los homicidios culposos, es decir sin intención real de matar) hasta asesinatos por encargo (con un nivel de planificación previa), pasando por muertes a manos de policías o dentro de las cárceles (que se cuentan por miles), “ajustes de cuentas” intrafamiliares (muy comunes en barrios privados), accidentes domésticos causados por imprudencias (incendios, malas maniobras), hechos callejeros (como el caso de Fernando Báez Sosa) y un sinfín de etcéteras.

  ¿Qué medidas tomó el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 para que la tasa de homicidios en Argentina, con todos las causales arriba mencionadas, bajara como efectivamente bajó?

  En una entrega de Sumario sin secreto de diciembre de 2025, ya te contamos en detalle la construcción ficcional que hicieron Bullrich y Monteoliva para afirmar que gracias a ellas bajaron los homicidios en Argentina. Acá alcanza con decir que, según datosdel Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), efectivamente la tasa de homicidios bajó en los últimos dos años, pero la tendencia descendente viene desde hace décadas.

  En 2024 el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero comparó las tasas de homicidios de toda América Latina durante los últimos treinta años. Oh, sorpresa, desde hace mucho Argentina es “uno de los países que registra las tasas más bajas” debido a un comportamiento social “bastante disímil al de otros países”.

  Con los mismos “argumentos” usados por Adorni, Alberto Fernández y Cristina Kirchner podrían decir que gracias a ellos la tasa de homicidios bajó con respecto al gobierno de Cambiemos, del que Bullrich fue ministra. Y Mauricio Macri podría decir lo mismo respecto al período kirchnerista previo.

  En este ítem, Adorni usó a la ciudad santafesina de Rosario como trofeo para mostrar los “logros” de la gestión liberfacha. “Por primera vez en 25 años la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario se ubicó en 6,91 cada cien mil habitantes. Gracias al despliegue del Plan Bandera en la ciudad santafesina, los homicidios se redujeron un 70 % en los últimos dos años y el turismo creció un 20 %”.

  El jefe de Gabinete parte del hecho de que, tras un verano de 2024 sangriento donde bandas narcos ejecutaron una seguidilla de crímenes “al voleo” en las calles rosarinas, Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro montaron el Plan Bandera , con el que saturaron las calles del Gran Rosario con gendarmes, prefectos y policías. Una empresa con la que colaboró Axel Kicillof, “prestando” unos 80 patrulleros de la Policía Bonaerense.

  Pero el “plan” no tocó ningún nervio del negocio narco. Poco después del lanzamiento del Plan Bandera , el periodista, docente e investigador Germán de los Santos (autor, entre otros libros, de Los Monos) dijo a este diario que había “fuertes sospechas de una especie de ‘acuerdo' entre los principales grupos y eso hizo bajar los homicidios. Patricia Bullrich salió a decir que era gracias al operativo Bandera , pero no tenía nada que ver con una política de Estado sino con una decisión del propio crimen organizado que redujo casi tres veces los homicidios en Rosario”. Para el especialista, “eso no tiene ninguna explicación en base a una política de Estado, porque no la hay”.

  Ya van dos años del Plan Bandera . Hace pocos días Silvina Tamous, jefa de redacción del diario rosarino El Ciudadano, también fue entrevistada por La Izquierda Diario. Allí recordó que cuando se juzgó a la banda de Los Monos “más de la mitad eran policías” y que “nunca vamos a saber por qué” se produjo una baja tan abrupta de los homicidios en 2024. Entre otras razones, dijo, “ahora hay una calma en el territorio” producto de que aparecieron “reguladores” del delito. Entre ellos menciona a miembros de la banda Los Menores y también a policías. Nada más lejos de lo que chamuyan Bullrich, Monteoliva y Adorni.

  El jefe de Gabinete mencionó otros “logros”, como la implementación de los planes 90-10 , Guaçurarí , Güemez y Paraná , todos creados por el Ministerio de “Seguridad Nacional” para reforzar controles territoriales a sangre y fuego. Pero rascando un poco la pomposidad de los nombres y la propaganda, se ve que esos planes tienen poco y nada de “exitosos” si es que se piensa en el verdadero combate al crimen organizado y a los multimillonarios negocios ilegales manejados por empresarios encubiertos.

  El Plan Guaçurarí , dijo Adorni, “fortalece el control fronterizo en la frontera seca con Brasil”. Según información oficial, el programa lanzado en Misiones en mayo de 2025 tiene “un despliegue intensivo en pasos fronterizos, rutas estratégicas y caminos clandestinos”. Cuando lo presentó, Patricia Bullrich dijo: “No permitimos que ningún milímetro del territorio argentino sea tomado por el delito”. Pero en la misma sesión parlamentaria de este miércoles el diputado misionero Alberto Arrúa (Innovación Federal) le recordó a Adorni que, de los dos mil kilómetros de frontera compartida con Brasil y Paraguay que tiene la provincia, el Plan Guaçurarí “sólo controla 25 kilómetros”, apenas por encima del 10 %.

  ¿Y qué decir del Plan Güemes ? Según el parlanchín funcionario se implementó “para reducir los delitos en la frontera norte”. Cuando lo anunció en diciembre de 2024 junto al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, la entonces ministra dijo a boca de jarro: “Vinimos a decirle basta al narcotráfico, al sicariato y a los caminos fronterizos sin control”. El bautismo de fuego de ese operativo fue nada menos que el brutal crimen de Fernando Gómez a manos de Gendarmería, ocurrido en Orán pocos días después.

  ¿Un narco? No. Gómez era un joven de 27 años, trabajador ultraprecarizado oriundo de una ciudad donde el 60 % de su población es pobre. Para Bullrich era un peligroso delincuente. Pero ella sabe que era “chanchero”, es decir transportador de bolsas de coca para consumo popular, una actividad que no tiene relación con la producción de clorhidrato de cocaína. El crimen sigue impune. Y el narco no se detiene. La historia de Fernando fue retratada por un equipo de este diario en el informe audiovisual Morir en Orán .

  Todo narco, todo narco

  “Gracias a este trabajo”, dijo Adorni en Diputados, “el año pasado fue récord histórico en incautaciones de cocaína, al superar en un 11 % al máximo registrado en el año 2017. En total, en 2025 se incautaron 114.367 kilos de marihuana, 13.476 kilos de cocaína y 495.091 unidades de drogas sintéticas. Esto representa un aumento interanual del 14 % en incautación de cocaína y del 4 % para la marihuana”.

  En el informe de dos mil páginas que intenta responder a las preguntas de los bloques, Adorni agregó: “La operatividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales también aumentó en 2025 con 28.676 personas aprehendidas por infracción a la Ley 23.737 (+18 % vs. 2024). En sintonía, los procedimientos antidroga crecieron un 9 % respecto a 2024, alcanzando los 28.004. Estos datos ubican a 2025 como el 3° mejor valor histórico de procedimientos antidroga y aprehendidos”.

  La Ley 23.737 (de 1989) lleva décadas de cuestionamientos porque su articulado iguala, por ejemplo, a los grandes traficantes alojados en Nordelta con los “soldaditos” de los barrios pobres e incluso con quienes consumen porro o, en el caso más extremo de la descomposición social, pasta base de cocaína. De las “28.676 personas aprehendidas”, la enorme mayoría son consumidores. A lo sumo caen los eslabones más débiles de la cadena del narcomenudeo. El Gobierno lo sabe.

  Mientras los grandes narcos gozan de impunidad, se profundiza el control policial en los barrios populares y el discurso oficial crea falsas relaciones entre el narco y las organizaciones sociales y comunitarias. Paralelamente, se desfinancian las políticas de salud mental y control de daños destinadas a la población más vulnerada. Ése es el “plan” real.

  En marzo la ministra Monteoliva fue a Salta a presentar junto a funcionarios provinciales un “balance” del Plan Güemes, el que mató al joven Gómez. Allí informó que, desde su lanzamiento, “las incautaciones de drogas aumentaron un 51 %” y las fuerzas federales secuestraron “seis toneladas de drogas, con unos 750 detenidos y más de 1.300 causas judiciales iniciadas”. Los números pueden impactar, pero los “resultados” son bastante magros.

  Adrián Zigarán, máxima autoridad política de la localidad de Aguas Blancas (epicentro del Plan Bandera ), denunció que el viaje de Monteoliva a Salta fue un mero acto partidario de La Libertad Avanza. El hombre no es ningún “zurdo” y banca a muerte a las fuerzas represivas. Pero no come vidrio. Sobre las incautaciones de drogas dijo: “Bolivia produce 400 toneladas al año de cocaína, supongamos que solamente 200 toneladas ingresan a Argentina, ya sea para consumo o para enviar a Europa o Estados Unidos; secuestramos sólo seis toneladas en un año. Nos están faltando 194”. Y agregó que, con el correr de los meses, la cantidad de efectivos enviados por Monteoliva fue decreciendo. Ni entre ellos pueden acordar un discurso creíble.

  El año pasado la ONU publicó un Informe Mundial sobre las Drogas. Allí confirmó que en los últimos años la cocaína se transformó en “la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado” a nivel internacional (bajando en Estados Unidos pero creciendo en otras latitudes). Y es cierto que el Río de la Plata, con su cuenca en la que confluyen el Paraná y el Uruguay, está entre las más elegidas del mundo para el transporte hacia Europa y otros destinos extracontinentales. De allí la trascendencia de los puertos privatizados de Rosario y de Zárate-Campana, desde donde salen embarcaciones legales con buena parte de sus mercancías legales, pero con porciones de sus embarques dedicadas al transporte camuflado de cocaína y otras cositas.

  Ningún nicho del gran delito organizado, especialmente el narcotráfico, prospera sin la participación directa de diversos agentes estatales, desde policías, prefectos y gendarmes hasta funcionarios aduaneros y económico-financieros, legisladores, fiscales, jueces y grandes corporaciones mediáticas. En algunos casos por acción directa y asociativa, en muchos por complicidad y silencio.

  Por si fuera poco, el mismo gobierno de Milei lanzó un ofensivo plan de “blanqueo de activos” sin control ni restricciones. Así, millones de dólares provenientes de actividades como el narcotráfico ingresan al mercado legal de capitales sin que nadie pregunte de dónde salió tanta riqueza.

  Pero además el propio gobierno está interrelacionado con narcotraficantes. Su diputada Lorena Villaverde tiene un prontuario en Estados Unidos por contrabando de cocaína y es muy cercana a la familia del narco Federico Machado, ambos de Río Negro. El mismo “Fred” que en 2019 financió la campaña política de José Luis Espert y recién el año pasado fue extraditado a Texas tras permanecer cinco años “preso” en su casa de Viedma. En Estados Unidos lo juzgan por narcotráfico y lavado de dinero a escala internacional.

  Vale recordar que Machado y Milei comparten el mismo abogado defensor, el “libetario” Fabián Onetto. Y que a la misma Patricia Bullrich se le conocen relaciones directas con comerciantes del ramo, como te lo contó La Izquierda Diario acá, acá y acá.

  Imposible no mencionar que en las vísperas de la última Navidad el mismo presidente Milei les regaló un libro a todos los funcionarios de su Gabinete. En esa obra Walter Block, economista estadounidense de la “escuela austríaca”, reivindica explícitamente nada menos que a los vendedores de heroína. Una joyita.

  

  Represión

  Adorni se vanaglorió ante las y los diputados de que en 2025, “en materia de equipamiento y tecnología”, la gestión liberfacha gastó fortunas en la compra de “13.315 elementos de protección antidisturbios que incluyen cascos, guantes, escudos, equipos corporales, bastones; 3.379 pistolas 9 milímetros y 4.050 escopetas 12/70; 113 camionetas y 35 furgones antidisturbios. Además se adquirieron 69 drones”. Al mismo tiempo dicen que “no hay plata” para las universidades y para las personas con discapacidad.

  El Gobierno asegura que, haciendo uso de esos pertrechos, en dos años eliminó los cortes callejeros por protestas sociales, pasando de más de ocho mil a cero. Ridiculeces aparte, Adorni perdió una excelente oportunidad (ponele) para pedirle perdón públicamente a la sociedad por los intentos de asesinato de Pablo Grillo y las lesiones sufridas por miles de manifestantes, entre ellos Matías Aufieri y Jonathan Navarro (perdieron la visión de uno de sus ojos). Todas víctimas de la represión comandada por la cúspide del Poder Ejecutivo.

  A su vez el jefe de Gabinete aseguró que “después de un siglo, Argentina tiene una reforma migratoria para controlar nuestras fronteras y atacar el crimen organizado. Desde noviembre de 2025 casi cinco mil extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados del país. Desde el comienzo del año se realizaron operativos en lugares estratégicos como Liniers, Lomas de Zamora, Villa Celina y La Plata. Argentina no será más tierra fértil para la llegada de delincuentes”.

  Pero mientras avanza en la criminalización trumpista de las comunidades migrantes latinoamericanas, el Gobierno le abrió las puertas de la Casa Rosada a gigaestafadores como el estadounidense Hayden Mark Davis y el sigapurense Chyi Haur “Julián” Peh (ambos imputados junto a Milei en la causa de la criptoestafa $Libra), o a partícipes necesarios de crímenes de guerra como el estadounidense Peter Thiel (activo colaborador tecnológico de Trump).

  Adorni sumó el dato de que en las cárceles federales “se instalarán inhibidores de señal para detectar y bloquear celulares” a fin de evitar que los detenidos “coordinen delitos desde la prisión”. Porque, dice, “un celular en manos de un preso es un arma”. Además dijo que ahora esos reclusos son usados para confeccionar, por ejemplo, “prendas para el personal del Servicio Penitenciario Federal”.

  Por un lado, la enorme mayoría de la población carcelaria del país está compuesta de personas con prisión preventiva, a la espera de juicios que en general demoran años. Es decir, están presas pero siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, para Adorni y sus jefes, todos los detenidos son tan peligrosos que pueden convertir un celular en un arma y no en un medio idóneo para hacer cumplir su derecho a estar comunicados. Están privados de su libertad ambulatoria, no de vivir, amar a sus hijos y tener contacto con el mundo exterior.

  

  ¿Dónde están los terroristas?

  La frutilla del postre sobre “seguridad” servido el miércoles por Adorni en la mesa del Congreso estuvo dedicada al “terrorismo”, esa vidriosa figura retórica con la que el poder económico y político convierten en chivos expiatorios a personas y organizaciones para justificar las más obscenas persecuciones y arbitrariedades. Tantos años de estrechar vínculos con el terrorismo oficial estadounidense y con los genocidas israelíes convirtieron a Bullrich y Monteoliva en avezadas operadoras en la materia.

  “Es nuestra convicción combatir el terrorismo. Desde agosto del año pasado se incluyeron un total de siete organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento”, dijo el jefe de Gabinete en su informe. La seriedad le duró poco. La primera “organización” que nombró fue nada menos que al Cartel de los Soles , ese invento de Trump para justificar el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Organización que en pocos días el propio Poder Judicial yanqui dio por inexistente.

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  El verborrágico Adorni dijo que la inscripción de ese sello ficticio en el Registro antiterrorista “permite sanciones financieras y limitar su capacidad de operación en todo nuestro país”. Da risa. Por si fuera poco, ese supuesto enfrentamiento al “terrrorismo” encuentra en primera fila a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el nauseabundo antro de sicarios del espionaje y armadores de carpetas al mejor postor.

  “Por primera vez tenemos una SIDE que no es una fuerza policial y está abocada exclusivamente al análisis estratégico para promover los intereses de la Argentina”, leyó el contador enriquecido a base de cargos políticos. Y miente una vez más.

  En un informe de enero te contamos cómo, vía el DNU 941/2025 firmado por Milei el 31 de diciembre a la tarde (eludiendo inconstitucionalmente al Congreso) se empoderó a los espías del Estado para, cual “Gestapo libertaria”, poder detener sin orden judicial a cualquier persona si es que la consideran “riesgosa” para sus “misiones”, a las que el mismo decreto convierte en “encubiertas”. Fue el Frente de Izquierda el que exigió inmediatamente la anulación del decreto y denunció: “Es una suerte de policía secreta que puede detener personas y limitar la libertad de expresión y la disidencia”.

  Hace dos semanas te contamos el caso de Milton Tolomeo, un masajista y socorrista profesional de 39 años que fue detenido el 14 de febrero por haber participado de la masiva movilización frente al Congreso en repudio a la antiobrera reforma laboral. Acusado sin pruebas de “terrorista” por el Gobierno fue alojado durante un mes en un centro de tortura montado por Patricia Bullrich en en el Módulo VI Pabellón F del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Allí funciona el temerario Sigpplar, Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

  

  La misma gestión que se considera heredera de Carlos Menem, cuyo gobierno encubrió el atentado a la AMIA de 1994, inventa “terroristas” por todos lados. Así, el prontuario de Bullrich y Monteoliva tiene un largo historial de acusaciones falsas contra comunidades mapuche (¿te acordás de la RAM?), manifestantes capturados al voleo, laburantes perseguidos (como Tolomeo y Eneas Gallo) y hasta personas que nunca militaron ni se manifestaron por causa popular alguna (como aquella inexistente “célula” detectada en enero de 2024).

  “Quiero felicitar a cada agente de las fuerzas de seguridad por su compromiso con la defensa de la vida de los argentinos y a la ministra Alejandra Monteoliva por su firmeza en el combate del delito, un legado de la doctora Patricia Bullrich que siempre debe continuar”. Con esas palabras Adorni cerró el capítulo represivo de su mentiroso informe de gestión ante el Congreso. ¿Algo para agregar? Fin.

  Manuel Adorni en su salsa

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