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Identificaron a la víctima 120 en la fosa clandestina Pozo de Vargas
22 de febrero, por Fue genocidio — Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Operativo Independencia, Pozo de Vargas, Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Operativo Independencia, Pozo de Vargas
Se logró identificar los restos de René Salustiano Ruiz, trabajador rural secuestrado en junio de 1976.
René Salustiano Ruiz era conocido como "Chala" y vivía en Caspichango, Monteros, una zona donde se desplegó el plan genocida iniciado durante el Operativo Independencia en 1975 y continuado por la dictadura tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Tenía 39 años cuando fue secuestrado el 2 de junio de 1976. De acuerdo al testimonio de sobrevivientes, fue visto en el centro clandestino de detención Arsenal Miguel de Azcuénaga, a cargo del Ejército.
En una de las audiencias del juicio por la megacausa “Jefatura II - Arsenales II”, en 2013, Juan Manuel Quinteros relató que en el Arsenal “frente a su casillero estaba ‘Chala' Ruiz, que le pidió que le diga a su mujer dónde estaba para que ponga un abogado y lo saque”. “Ruiz no salió nunca. Trabajaba en el monte con la leña, vivía de Santa Mónica para arriba”, agregó.
Tras más de 20 años, el 10 de febrero de 2023 se anunció la finalización de la excavación: en los más de 40 metros de profundidad el CAMIT recuperó los restos de 149 personas, de las que 120 ya fueron identificadas por el EAAF.
Cada identificación en el Pozo de Vargas es una prueba contundente del plan genocida desplegado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles para el beneficio del gran empresariado. Frente a los discursos negacionistas o apologistas de los crímenes de lesa humanidad, sobran razones para seguir peleando por memoria, verdad y justicia.
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El brigadista voluntario Nicolás Heredia permanecerá detenido en el penal de Bariloche
21 de febrero, por Incendio El Bolsón — Sociedad, Chubut, Río Negro, Libertades Democráticas, El Bolsón, Incendio forestal, Criminalización, Incendios forestales, Sociedad, Chubut, Río Negro, Libertades Democráticas, El Bolsón, Incendio forestal, Criminalización, Incendios forestales
La justicia ratificó la prisión preventiva por 30 días para Nicolás Heredia, brigadista voluntario detenido sin pruebas. Mantienen un joven privado de su libertad mientras evaden la responsabilidad de los gobiernos provinciales y nacionales.
La Fiscalía afirma que “había situaciones que ameritaban las graves sospechas en ese momento y en ese contexto”, reconociendo que no hay ninguna prueba contra Nicolás Heredia sino solo supuestos o “sospechas”, claramente infundadas en este proceso judicial. En esta oportunidad, no se permitió que un corresponsal de este medio participara de la audiencia. Mismo el fallo fue notificado por escrito en lugar de en la audiencia, así funciona la justicia a pedido del poder político.
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El Tribunal de Impugnación Provincial conformado por la Jueza María Rita Custet Llambí y los Jueces Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella resolvió “declarar inadmisible la impugnación respecto de la formulación de cargos y rechazar la impugnación relativa a la prisión preventiva”. Reproducimos algunos fragmentos en los que el tribunal pretende justificar este fallo:
“Se consideró suficiente la información que trajo la fiscalía: testimonios que dieron cuenta que habrían encontrado una botella con combustible (que finalmente resultó gasoil aunque no se estableció la proporción del combustible) rodando detrás de la camioneta que trasladaba a Heredia, sumado, a los testimonios referidos a la situación de Heredia en el lugar y que el imputado tiene residencia fuera de la provincia de Rio Negro.” No hay ninguna certeza ni prueba de que esa botella pertenecía a Heredia, y menos aún que hubiera sido utilizada para iniciar un incendio (siendo combustible que usan brigadistas para las motosierras).
“Ellos establecen concretamente como fue la dinámica por la cual ellos entienden que eran los únicos testigos del lugar en ese momento que pudo haber habido de parte de Heredia un descarte de una botella que contenía un líquido inflamable en momento de incendios que son de público conocimiento en un lugar donde no había ningún tipo de incendio. Es decir, había muchas situaciones que ameritaban la grave sospecha sobre Heredia en esas circunstancias y en ese contexto”. Nuevamente sospechas infundadas, sin ninguna prueba.
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“La fiscalía, requiere unos días más que estima hasta la próxima semana (tiene información que hoy se peritaría la mochila y en los primeros días de la semana que viene se finalizarían las pericias telefónicas) por lo cual seguramente estará en condiciones de expedirse sobre la necesidad de que continúe la cautelar dictada”. Entonces la semana que viene, se completarían las pericias que demostrarán la inocencia de Nicolás. El mundo del revés, el joven albañil no percibió el principio de inocencia. Es urgente pelear por su libertad inmediata.
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Incendio en El Bolsón: Se cae la acusación contra voluntarixs
20 de febrero, por Justicia patronal — Sociedad, Chubut, Libertades Democráticas, Justicia, Incendio, Río Negro, Chubut , Criminalización, Incendios forestales, (In)justicia, Ignacio Torres, Sociedad, Chubut, Libertades Democráticas, Justicia, Incendio, Río Negro, Chubut , Criminalización, Incendios forestales, (In)justicia, Ignacio Torres
El Juez Alvarez Melinger de Bariloche rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal de Río Negro para reabrir la Formulación de Cargos contra seis voluntarixs acusados injustamente de iniciar el incendio en Charcra Palma de Mallín Ahogado. Sin aportar evidencia nueva y sobre la base de tecnicismos legales, el MPF busca dar sustento al discurso punitivista del poder político, que mantiene preso a Nicolás Heredia.
La audiencia fue solicitada este jueves 20 de febrero por el Ministerio Público Fiscal (MPF)para impugnar la resolución del juez Calcaño del pasado 9 de agosto que determinó la liberación de lxs 6 imputadxs por el incendio en el área de Chacra de Palma. El juez Marcelo Oscar Álvarez Melinger, decidió desestimar la recusatoria del MPF que pidió revisar la decisión del juez de garantías Ricardo Calcaño, quien había considerado prematura la formulación de cargos ya que no había suficiente evidencia para ello.
En la figura del Fiscal Jefe Martín Lozada, el MPF dijo que los testimonios incriminatorios recogidos en el lugar a las hermanas Palma y a otros miembros de la familia Palma, daban cuenta de la necesidad de abrir la investigación y profundizarla. Aduciendo que habían tenido poco tiempo (24 horas) desde el momento de la detención hasta la audiencia de Formulacino de Cargos, para producir la evidencia necesaria, Lozada intentó argumentar arbitrariedad por parte del juez al desestimar las pruebas expuestas por el Ministerio Público Fiscal.
“Cabe preguntarnos cuántos testigos necesitaba el juez para determinar el hecho, no bastaron cuatro. Deberíamos consultarlo sobro el número preciso necesario”, ironizó Lozada, quien buscó argumentar mediante la jurisprudencia la extrema “provisoridad y probabilidad” de una acusación que “no está aún cristalizada”. Lozada planteó que estaba vedado al juez ponderar las pruebas presentadas en dicha etapa del periodo procesal. Negando que se viera “afectada la presunción de inocencia” por parte de la formulación del Ministerio Público Fiscal y destacando que rigen “todas las garantías vigentes”, la negativa de Calcagno a dictar la prisión preventiva, constituiría un impedimento para el desarrollo de la investigación .
A su momento, el defensor público Marcos Cicciarello, planteó que la resolución del Juez Calcagno se sustentó en que no hay pruebas concluyentes más que la “no acreditación de causas al inicio del incendio” que certificó el informe de bomberos de Río Negro, en el cual el perito a cargo “no descartó la presencia de acelerantes derivados de hidrocarburos”. Sin embargo, un nuevo peritaje hecho con posterioridad a la audiencia del 8 de febrero descartó la presencia de hidrocarburos, sostuvo el abogado. “El juez advirtió que no había ninguna información que dé sustento al planteo de la Fiscalía”, afirmó, desestimando dos de los tres testimonios presentados por el MPF, ya que tanto Gabriela Palma como otra persona de la familia mencionada por el envío de un audio, declararon “no tener sospechas firmes contra las acusadas”.
Asimismo, Cicciarello planteó que “no hay anclaje fáctico en la prueba producida en la pesquisa del Ministerio Público Fiscal, la cual continuó con posterioridad a la fracasada audiencia de formulación de cargos”, desmintiendo así que la resolución del juez Calcagno haya entorpecido nla tarea de pesquisa del MPF. Tanto Cicciarello como la Defensora Adjunta, Mónica Goye. solicitaron rechazar el recurso de formulación de cargos del Ministerio Público Fiscal.
Goye, incluso, destacó que “no hubo valoración de la prueba por parte del juez sino que la información brindada como fundamento fue constatada por el juez. Hubo valoración de los argumentos asociados a la evidencia aportada por el Ministerio Público Fiscal, el cual debe actuar en forma motivada su pena de nulidad”. En palabras de la defensora Adjunta “no había andamiaje para una formulación de cargos. No hubo ningún tipo de daño a reparar para la pesquisa del Ministerio Público Fiscal por impedir una medida cautelar como la prisión preventiva” a las acusadas.
“No se trata de la cantidad de testigos, sino de la calidad de su testimonio”, dijo Cicciarelli para destacar que la formulación de cargos estaba basada en rumores, sospechas y prejuicios tomados como testimonios acusatorios.
El juez, luego de un cuarto intermedio, planteó que Calcagno “no se excedió en el marco de sus facultades”. Que “el juez de garantías existe para garantizar la sustentabilidad de la acusación y la razonabilidad para la formulación de cargos”. Por lo tanto, confirmó la resolución de Calcagno, “toda vez que la misma no posee arbitrariedad alguna” Concluyó el letrado.
Por la mañana se debía realizar la Audiencia de impugnación contra la prisión preventiva dictada por el propio Calcagno el pasado 7 de febrero contra Nicolas Heredia, detenido desde el 5 de febrero por la investigación abierta por el MPF a raíz del incendio en Mallín Ahogado, pero fue suspendida.
“Nos solidarizamos con Nicolás Heredia y con los detenidos injustamente”, declaró Romina, una de las voluntarias acusadas.
Mientras el MPF salió rápidamente a acusar sin mayores elementos probatorios a nueve integrantes de brigadas voluntarias que se solidarizaron con las victimas del incendio, no aprece haber ningún tipo de prisa en determinar quienes fueron los que, con caballos, palos y rebenques, atacaron a decenas de personas frente a la Comisaria 12 de El Bolsón el pasado 5 de febrero.
Recordamos que una tropilla de autodenominados “gauchos” instigó y buscó realizar un linchamiento colectivo contra los tres primeros detenidos acusados del incendio el mismo día de su detención y golpearon con connivencia policial a quienes pedían su liberación frente a la sede policial. El hecho permanece impune pese a las incontables evidencias hechas públicas por las propias víctimas de esta patota vinculada al intendente Bruno Pogliano y defensora del magante y terrateniente británico Joe Lewis.
Dos de los detenidos fueron liberados durante la audiencia de formulación de cargos en Bariloche el 7 de febrero, pero Nicolas permanece detenido por ser albañil y no poseer domicilio en la zona. Pelear por su libertad inmediata y la de Victoria Nuñez, detenida en Esquel tras el brutal allanamiento a la Comunidad Pillan Mahuiza el pasado 11 de febrero, es urgente.
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13 años de lucha ¡Hasta encontrarte Facu!
17 de febrero, por Córdoba/Aniversario — Cultura, Córdoba, Libertades Democráticas, Facundo Rivera Alegre, Córdoba, Cultura, Córdoba, Libertades Democráticas, Facundo Rivera Alegre, Córdoba
Este miércoles 19 de febrero se cumple un nuevo aniversario de la desaparición en Córdoba de Facundo Rivera Alegre. Familiares y amigos del Rubio del Pasaje invitan a una jornada afuera del Archivo Provincial de la Memoria en el Cabildo. Allí se realizara un slam poético antirepresivo y se presentaran La Juli y el Ají Rivarola. Compartimos el comunicado de quienes organizan la jornada.
¡HASTA ENCONTRARTE FACU!
Por el 13° aniversario de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, se realizará un Slam poético antirepresivo, el miércoles 19 a las 19:30h, en el Pasaje Santa Catalina, afuera del Archivo Provincial de la Memoria.
A 13 años de la desaparición de Facu: exigimos Justicia por él, y seguimos construyendo su Memoria para que Nunca Más desaparezcan personas, ni en dictadura, ni en esta democracia de prácticas dictatoriales.
Los gobiernos de Córdoba, el poder judicial y la Policía de Córdoba, son responsables de que Facundo no aparezca a la fecha. Ellos saben dónde está nuestro Rubio, pero lo ocultan desde hace 13 años.
Su madre, hija, familiares, amigues y organizaciones nunca vamos a cesar de exigir la justicia que nos corresponde.
A 13 años de que vimos por última vez a Facu, organizamos un Slam poético antirepresivo, al que invitamos a sumarse a todas aquellas personas que quieran leer y poner en sus palabras la lucha contra la represión estatal, que tantas vidas se lleva en este sistema al que llaman democrático.
Facundo Rivera Alegre presente, ahora y siempre.
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Movilización exigiendo justicia por Ramiro Dina, asesinado en una Comisaría de Viedma
17 de febrero, por Policía de Río Negro — Sociedad, Río Negro, Libertades Democráticas, Impunidad, Violencia policial, Viedma, Alberto Weretilneck, Policía de Río Negro, Villa Regina, Carmen de Patagones, Sociedad, Río Negro, Libertades Democráticas, Impunidad, Violencia policial, Viedma, Alberto Weretilneck, Policía de Río Negro, Villa Regina, Carmen de Patagones
El domingo 9 de febrero Ramiro asistió con sus amigos del barrio 268 de Carmen de Patagones a un partido de fútbol en la capital rionegrina. Luego del partido fue detenido en la Comisaría 30, donde falleció. La Policía de Río Negro busca garantizarse su propia impunidad, pero los familiares y amigos movilizaron por Viedma exigiendo Justicia, señalando a la fuerza como la única responsable.
Concentrándose en la Fuente Pucará de la costanera de Viedma, familiares y amigos de Ramiro Dina se manifestaron para exigir justicia. Entre las exigencias de justicia se denuncia que se deje de encubrir a los agentes policiales, verdaderos responsables del asesinato del joven maragato, mientras estaba detenido en la Comisaría 30 del barrio Guido de la capital rionegrina.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Ramiro Dina fue a la cancha el día 9 de febrero y al terminar el partido la policía lo detuvo. Horas después fallecía en la comisaría, a la vez de que se montaba un discurso que llegó a los canales provinciales, donde supuestamente habría habido hechos de violencia por los que fue detenido y que su muerte habría sido por desvanecimiento. Pero el discurso oficial no se condice con la realidad, como denuncian las hermanas de Ramiro, en la cancha no hubo ni siquiera disturbios. Y cuando sus amigos y familiares en horas de la tarde noche de ese domingo estaban en busca de su paradero, consultaron en la propia comisaría sobre él recibiendo como respuesta evasivas. Hay testigos que dicen haber oído los gritos de Ramiro al ser golpeado y maltratado en la dependencia policial.
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Luego de la concentración, en la que los familiares convocaron a toda la comunidad de Patagones y Viedma, se realizó la marcha por la avenida 25 de Mayo hasta una de las dependencias del poder judicial provincial. Exigen justicia y que no haya encubrimiento al accionar policial.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Esa maldita costumbre de matar
“Murió desvanecido”, único titular a mano que tiene la Policía de Río Negro a mano para estos casos de impunidad policial. Fue la excusa que utilizaron para declarar la muerte de Ramiro Dina, y fue exactamente la misma que utilizaron para explicar la muerte de Nacho Cerrutti el 25 de enero pasado en la Comisaría 35 de Villa Regina. Golpeado, esposado y sin asistencia médica; ese es el accionar común para estos casos. Y en esta ciudad del Alto Valle también hubo una movilización exigiendo justicia y señalando al aparato policial como el único responsable.
Según datos de la Correpi para 2023, Río Negro contaba ya con un centenar de asesinados desde la vuelta a la democracia. Los casos más resonantes: Diego Bonefoi junto a Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, el Triple Crimen de Cipolletti y el caso de Otoño Uriarte, donde una red de policías aparece implicada con proxenetas. También está el caso de Daniel Solano, obrero golondrina desaparecido en el Valle Medio y donde hay 7 policías condenados. Pero son muchas más las víctimas, que incluyen el accionar de tipo gatillo fácil o de muertes por maltrato y abuso de autoridad, como la de Jorge Gatica en Cipolletti en 2023 a los que se suman los de Ramiro Dina y Nacho Cerutti.
Si se toma un coeficiente de asesinados por millón de habitantes, a nivel patagónico Río Negro, junto a Chubut, están entre las 10 provincias del país con más alto índice de muertes en manos de las fuerzas represivas, cobrándose la vida de decenas de jóvenes en barrios pobres. Esto demuestra que la impunidad es una política de Estado que los diferentes gobiernos de Weretilenck y JSRN han “perfeccionado”.
Las movilizaciones exigiendo justicia siguen siendo la principal herramienta de las familias para desenmascarar esta maldita costumbre de matar y el contínuo de mentiras en falsas investigaciones realizadas por un aparato fiscal y judicial que ampara esta práctica policial.
Concentración en la fuente Pucará, Viedma.
