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Chubut: rechazan la libertad de Naum y Díaz, presos por defender el agua
14 de enero, por Justicia extractivista — Principal1, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Presos políticos, Extractivismo, Chubut , Principal1, Libertades Democráticas, Ecología y ambiente, Presos políticos, Extractivismo, Chubut
Este miércoles, la Justicia de clase rechazó el pedido de libertad. Están presos sin condena desde diciembre, en una causa armada que busca disciplinar la protesta social contra el Chubutazo que frenó la zonificación minera en 2021.
Este miércoles 14 de enero, la jueza Fernanda Revori resolvió que continúe la prisión preventiva de Naum Vargas y Damían Diáz —detenidos el 19 de diciembre en una causa armada— y rechazó el pedido de libertad presentado por las defensas. La audiencia se realizó en la Oficina Judicial de Rawson y volvió a dejar en evidencia el funcionamiento de una Justicia que avanza contra quienes luchan.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En la audiencia, Revori retomó los argumentos de la fiscal Gómez y sostuvo, sin aportar nuevos elementos, que existirían supuestos “riesgos de fuga” y de que los imputados “no se sometan a derecho”. Un razonamiento cínico y repetido hasta el cansancio, para justificar detenciones sin condena y sostener causas sumamente cuestionadas contra luchadores sociales. El mensaje de la Justicia es claro: castigar a quienes se organizaron y enfrentaron la megaminería en 2021, porque el gobierno de Torres y el de Javier Milei (con los EE. UU. y el FMI atrás) lo precisan.
Represión, causas armadas y una política de Estado
La causa se inscribe en la persecución judicial posterior a la rebelión popular de diciembre de 2021—el Chubutazo—, cuando un levantamiento masivo logró frenar la zonificación minera aprobada a espaldas del pueblo. Desde entonces, distintos activistas y vecinos fueron perseguidos, allanados y judicializados, en procesos plagados de irregularidades. En este mismo expediente, otros vecinos fueron imputados sin pruebas y uno de ellos se quitó la vida antes de que el juicio avanzara, un dato que expone la gravedad del hostigamiento estatal.
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No se trata de hechos aislados ni de errores judiciales. Se trata de una causa armada, sin delito probado, utilizada como herramienta para disciplinar políticamente. La prisión preventiva funciona aquí como castigo anticipado y como advertencia para el conjunto de la población que defiende el agua y el territorio.
Esta avanzada represiva se da en un contexto nacional marcado por el ajuste —que el 10 de febrero tratará la Reforma Laboral y la modificación de la Ley de Glaciares— junto con la "necesaria" criminalización de la protesta social. El gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, impulsa una política que refuerza la represión, el espionaje y la judicialización de la protesta. En Chubut, esa orientación se articula con la del gobierno provincial de Torres y con un Poder Judicial provincial que actúa como garante de los intereses extractivistas.
La persecución incluye también desalojos violentos a comunidades originarias, causas armadas contra docentes y trabajadores, y la criminalización del pueblo mapuche, incluso responsabilizándolo sin pruebas por los incendios forestales que cada verano afectan a la Patagonia. Un esquema represivo que busca despejar el camino para profundizar el saqueo de los bienes comunes naturales.
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Libertad inmediata: el reclamo se multiplica
Frente a esto, el reclamo por la libertad inmediata no dejó de crecer, desde diciembre cuando fueron encarcelados. Asambleas ambientales, organizaciones sociales y políticas multiplican acciones, en distintas ciudades de la provincia y pronunciamientos en el país. La campaña por la liberación de Naum y Damián tiene dos consignas centrales, "Luchar no es delito", "Defender el agua es un derecho", que resuenan desde Puerto Madryn a Comodoro Rivadavia, y desde Trelew a Esquel.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, junto a las asambleas socioambientales, seguimos exigiendo la libertad inmediata y el cierre de todas las causas contra quienes participaron de la rebelión popular. No fueron hechos aislados ni acciones individuales: fue un pueblo entero el que se levantó y logró una victoria histórica. Y frente a nuevos ataques, la respuesta volverá a estar en las calles.
Antecedentes: la rebelión que frenó a las mineras
En diciembre de 2021, la Legislatura de Chubut aprobó la zonificación minera a espaldas del pueblo, impulsada por el entonces gobernador Arcioni y el gobierno nacional de los Fernández. Siete días de rebelión popular, con manifestaciones masivas, el paro del sector portuario y cortes de rutas estratégicas, lograron la derogación de la ley y frenaron el avance de las megamineras. Esa victoria popular desató la persecución judicial que hoy tiene esta nueva noticia contra quienes lucharon.
Naum Vargas y Diáz son presos políticos del extractivismo, víctimas de una causa armada en un proceso judicial que busca disciplinar a quienes protagonizaron el Chubutazo 2021. No están presos por algún delito, sino por haber sido parte de un pueblo que le dijo NO a las mineras y SÍ al agua. La Justicia de clase, rápida para condenar al pueblo trabajador y protectora de los intereses mineros, sigue usando estos juicios para meter miedo. A su objetivo, que es que nadie más se anime a enfrentar la entrega y el saqueo de nuestros bienes comunes, lo tenemos que enfrentar.
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Cambios en la SIDE de Milei: una banda descontrolada convertida en Gestapo “libertaria”
10 de enero, por Informe — Política, Libertades Democráticas, Espionaje, Columnistas Vertical , Congreso de la Nación , SIDE, Secretaría de Inteligencia, Ley de Inteligencia, Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Javier Milei, Espionaje ilegal, Santiago Caputo, Cristian Auguadra, Política, Libertades Democráticas, Espionaje, Columnistas Vertical , Congreso de la Nación , SIDE, Secretaría de Inteligencia, Ley de Inteligencia, Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Javier Milei, Espionaje ilegal, Santiago Caputo, Cristian Auguadra
Por un DNU del 31 de diciembre, la “libertad” avanza en empoderar a los espías involucrados en todo tipo de crímenes y operaciones. Eludiendo al Congreso, cambia la Ley de Inteligencia con diversas inconstitucionalidades. Toda la población queda en la mira. “Es una suerte de policía secreta que puede detener personas y limitar la libertad de expresión y la disidencia”, denuncia el Frente de Izquierda, que exige la anulación inmediata del decreto. Acá todos los detalles.
Reforma laboral esclavista contra millones de laburantes y un ajuste que no para. Todo para complacer a Donald Trump y sus objetivos imperiales “hemisféricos”. Les hermanes Milei y sus secuaces saben que la resistencia popular va a crecer. Por eso el “plan” de La Libertad Avanza incluye el fortalecimiento de los aprestos represivos.
Puede parecer una ficción de bajo vuelo, pero desde el 2 de enero en Argentina hay una escena que podría no ser tan inverosímil.
En una esquina de cualquier ciudad, a cualquier hora del día, un grupo de hombres, sin uniformes ni identificación de “autoridad” alguna, se abalanza sobre un reconocido delegado sindical que lleva años luchando contra la anquilosada dirigencia de su gremio. Él se resiste. Cree que lo quieren asaltar o, incluso, que se trata de un “ajuste de cuentas” de la burocracia. Forcejean. Un transeúnte saca su celular y comienza a filmar. Sin mediar palabras, los atacantes también lo detendrán a él. Un rato después llegará un patrullero.
¿Quiénes integrarían la patota? Nada menos que agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Gracias al DNU 941, firmado por Javier Milei y su Gabinete la tarde del 31 de diciembre, sin orden judicial alguna los espías estarían habilitados para detener a cualquier persona si es que la consideran “riesgosa” para alguna de sus “misiones” (que, por el mismo decreto, serán consideradas absolutamente “encubiertas”).
Si alguien pregunta, la única explicación que darán los funcionarios es que al delegado lo hallaron en “flagrancia”. Y que a quien filmaba también debían detenerlo porque violó, sin saberlo, la ley que prohíbe “identificar” espías. Bizarro, pero cierto.
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A esta altura, no hay especialista serio que no califique como totalmente inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial el viernes 2. Una norma firmada entre champán y turrones que, de espaldas a toda institucionalidad y al mismo Congreso, modifica lo que permite y, sobre todo, lo que prohíbe la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Ningún gobierno constitucional, del signo que fuera, había llegado tan lejos en su afán de conformar una Gestapo vernácula. Así se llamó uno de los principales instrumentos de persecución y represión de Adolf Hitler. Su foco se centraba en opositores políticos, judíos, comunistas y toda persona “enemiga”. Por su brutalidad y métodos de terror, pasó a la posteridad como uno de los “inventos” más crueles del nazismo. Como en tantas otras cosas, les hermanes Milei superan toda ficción.
Sergio Neiffert, Santiago Caputo y Cristian Auguadra Una banda descontrolada…
Que La Libertad Avanza es una caterva de arribistas, servidores del poder y, en algunos casos, amigos íntimos de narcos y mafiosos, a esta altura no es algo que sorprenda. Se constata en cada dependencia estatal donde mandan los funcionarios de Milei. El área de “inteligencia” no es la excepción.
Imposible dimensionar la gravedad del cambio que se quiere aplicar en la SIDE sin tener en cuenta qué hizo en estos dos años el Gobierno en relación al nauseabundo organismo, especializado en espionaje ilegal y operaciones al mejor postor.
En diciembre de 2023 Milei le encargó a Nicolás Posse, su jefe de Gabinete, que pusiera a alguien de confianza al frente de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Su excompañero en la Corporación América llamó a Silvestre Sívori, un abogado macrista con escasos conocimientos en la materia. Cinco meses después, Milei echó a Posse y a Sívori, acusándolos sotto voce de hacer inteligencia sobre el propio oficialismo.
El gatito disfrazado de león le pidió ayuda a Santiago Caputo, quien vio la oportunidad de colocar al frente del espionaje estatal a alguien que le reportara de forma directa. Ahí apareció Sergio Neiffert, un publicista y productor mediático con nula experiencia en el tema pero de máxima confianza.
Caputo y Neiffert idearon el cambio de nombre y la reestructuración, rebautizando al organismo como la tristemente célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mientras despedián a miles de laburantes de ministerios, hospitales y otras dependencias, vía un DNU el Gobierno le daba Neiffert $ 100.000 millones extras para “gastos reservados”.
Dinero que se destinó a operaciones contra la protesta social (como la distribución de volantes apócrifos del Frente de Izquierda frente al Congreso), “carpetazos” a troche y moche y hasta sobres como el que recibió el senador peronista Edgardo Kueider. El Congreso terminó anulando ese DNU, pero Neiffert ya se había gastado casi toda esa guita.
En diciembre de 2024 desembarcó Diego Kravetz, un “duro” que trabajó para el kirchnerismo y el macrismo. Lo convocaron para secundar a Neiffert y se convirtió en el coordinador del espionaje. Mientras, la SIDE siguió recibiendo fondos multimillonarios. El espionaje ilegal emanado de 25 de Mayo 11 (a metros de Casa Rosada) fue tan burdo que lo denunciaron hasta aliados de Milei como el diario La Nación .
Cuando en agosto salieron a la luz los audios de Diego Spagnuolo, muchos miraron a la SIDE. En plena campaña, el escándalo cacheteó a la “Alta Coimera” Karina y los primos Menem. ¿Otro carpetazo de Caputo? Encima, Neiffert empezó a filtrar “noticias”, como el viaje que hicieron “con la nuestra” a Azerbaiyán para ver la Fórmula 1 Alejandro Colombo y José Lago Rodríguez, dos jerarcas de la SIDE que también reportan a Caputito.
Tras el triunfo del 26 de octubre, se picó tanto entre Caputo y Neiffert que éste empezó a coquetear con Karina. La cosa se recalentó y, a pedido del asesor, Milei aceptó un “acuerdo” entre partes y Neiffert quedó game over. En su lugar, Caputo sugirió poner a Cristian Auguadra, un contador con casi nula experiencia en inteligencia.
Con la mitad de su mandato cumplida, Milei convirtió a la SIDE en algo más impresentable y peligroso aún de lo que ya era. Ahora, con un bochornoso DNU y rogando que Auguadra y Kravetz no lo traicionen, empodera a los espías y les da más impunidad. La libertad de la que tanto habla queda hundida en las laberínticas cloacas del Estado.
"Fondos reservados". Volante apócrifo del Frente de Izquierda aparecido en las inmediaciones del Congreso el 12-03-25, durante la represión a la marcha de jubilades donde, entre otros, fue herido Pablo Grillo … Controlando todo
El DNU 941 modifica muchos artículos de la (ya cuestionada) Ley 25.520, trastocándola por completo. Los cambios más drásticos son en tres niveles: la concentración del poder en la SIDE de todo lo relacionado a la “inteligencia” nacional, incluyendo la aprobación y control de los presupuestos del área; la obligación de toda dependencia pública a atender todo pedido que haga el organismo sobre información de personas y organizaciones; y el facultamiento a los espías para perseguir y hasta detener a quienes quieran sin dar explicaciones.
Fiel a la retorcida retórica mileista, todo eso está maquillado de “buenas intenciones” en defensa de la “república” y la “democracia”. De hecho, tanto el texto del decreto como comunicados posteriores de la propia SIDE “aclarando” los alcances de los cambios, aseguran que el objetivo no es otro que hacer más “eficiente”, “transparente” y “moderno” el accionar de los servicios de inteligencia.
Este miércoles, desde la red X, el organismo agregó un “argumento” más en favor del DNU: el ataque militar yanqui a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. “Ocurrió tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”, dice el posteo de la SIDE. Un insulto a la inteligencia (la de verdad).
La letra dura del DNU habla de otra cosa, muy distinta. El cambio de nombres y siglas (por caso, la Agencia de Seguridad Nacional pasa a ser Agencia Nacional de Contrainteligencia), sumado a la creación de instituciones para agrupar todo el espionaje estatal y el uso de conceptos tan vagos como “Riesgo Estratégico Nacional”, “influencia, injerencia o interferencia de factores externos” o “atentado al orden constitucional”; sólo encubre una inédita concentración de poder en un puñado de manos.
Se crea el artículo 2 bis de la Ley 25.520: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. No importa si se trata de delitos, crímenes y otras aberraciones. Nadie, que no sea el Gobierno, podrá saberlo y, por lo tanto, no habrá preguntas ni sanciones.
La SIDE seguirá siendo “el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional”, tal como ya lo decía la ley. Pero ahora, bajo su órbita, se crean dos “instituciones” sobre las que tendrá control directo: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN).
La CITN pone bajo la coordinación de la SIDE a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Ministerio de Seguridad Nacional), la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa), las áreas de inteligencia de las diferentes fuerzas, tanto armadas como de seguridad federales, el Servicio Penitenciario Federal y la Unidad de Acción Financiera (Ministerio de Justicia). El ingreso por la “ventana” de las FFAA a tareas de “inteligencia” interna es otro dato relevante.
La CIFN, en tanto, agregará a “los órganos y organismos públicos funcionalmente relacionados con capacidad de generar insumos informativos de interés para el Sistema de Inteligencia Nacional”. Así, la SIDE digitará buena parte de la información de las áreas ya mencionadas y también de otras dependientes de ministerios como los de Seguridad (incluyendo Migraciones y Renar), Justicia, Cancillería, Interior (Registro Nacional de las Personas), Economía (Aduana, CNEA), la Jefatura de Gabinete (Centro Nacional de Ciberseguridad, Conae) y la Secretaría General de la Presidencia (Autoridad Regulatoria Nuclear).
A la CITN y la CIFN podrán sumarse los organismos provinciales que cada gobernación considere. Todo, se insiste, bajo la órbita de la banda descontrolada que hoy conducen Auguadra y Kravetz.
Así, la SIDE no sólo pasa a tener un poder inédito en la vida constitucional argentina, sino que sus tentáculos “investigativos” pueden llegar prácticamente a cualquier área de la administración pública nacional y de las provincias. A eso se suma que, además de espiar y armar operaciones, los agentes siempre encubiertos podrán también detener gente sin necesidad siquiera de una orden judicial previa. Algo hasta ahora expresamente prohibido.
El DNU incorpora al artículo 10 de la Ley de Inteligencia Nacional una referencia expresa a las detenciones. El texto dice que los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia “proporcionarán su propia seguridad y protección”, lo que incluye “repeler y/o hacer cesar agresiones” allí donde están espiando e incluso “proceder a la aprehensión de personas”. Alcanza con que sea “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es decir, en cualquier momento y lugar. Para barnizarlo de legalidad, los agentes deberán “dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
La escena ficticia con la que arrancó esta nota cobra así una verosimilitud preocupante. Si la SIDE siempre fue un antro de servicios encubiertos actuando al mejor postor económico-político, ahora estaría ascendiendo de categoría. Milei y sus secuaces quieren convertirla en una policía política con poder de acción casi ilimitado. Algo así como una versión “libertaria” de la Gestapo que tanto rédito le dio al nacionalsocialismo alemán en la década de 1930.
El Gobierno asegura que la SIDE no hará nada contra nadie “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Pero el DNU 941 habilita, justamente, a hacer todo eso.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Hay que frenarlos
La supuesta lucha contra el crimen organizado es una farsa oficialista. Además de pobrísimos resultados en el desbaratamiento de bandas delictivas, el Gobierno hace muchas cosas en favor de ellas. Con los sucesivos “blanqueos” y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, les dan vía libre a los lavadores de dinero (lo que incluye narcos, tratantes y contrabandistas) para que “integren” sus dólares al mercado legal. A su vez, mantienen en sus propias filas a gente pesada, como los narcodiputados mileistas Lorena Villaverde y José Luis Espert (quien quedó fuera de juego sólo ante las pruebas abrumadoras). Y ahora encriptan aún más a los servicios de inteligencia, una verdadera escuela de criminales.
No es difícil imaginar por qué en La Libertad Avanza ven “necesario” y “urgente” empoderar a la SIDE. El Gobierno quiere arremeter con medidas cada vez más nocivas para la población, como la reforma laboral esclavista y un mayor ajuste para pagar la asfixiante deuda externa a pedido de Trump y el FMI. Eso, inevitablemente, traerá más rechazo social, conflictividad y lucha de clases. Y saben que no sólo hay que reprimir sino, también, proteger a los funcionarios con un ensayo de Gestapo “libertaria”.
Constitucionalistas y especialistas de todo el arco ideológico desde el primer momento alertaron que el DNU 941/2025 es un avance antidemocrático y un peligro para la seguridad ciudadana. Viola la Constitución Nacional, entre otros, en sus artículos 14 y 14 bis (derechos y protecciones de las personas), 18 (debido proceso) y 19 (resguardo de la vida privada), así como tratados internacionales con rango constitucional. Y deja literalmente exceptuadas figuras jurídicas como el habeas corpus, el habeas data y la reserva de las fuentes periodísticas.
El rechazo también es a la utilización de conceptos vagos y ambiguos para fijar normas. Para enojo de la Casa Rosada, hasta medios insospechados de “zurdos” como La Nación y Clarín detallaron las aberraciones del DNU. ¿Hace falta algo más para frenarlo?
Esta semana el bloque de diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad ingresó a la Cámara baja un proyecto de ley para declarar la nulidad total del DNU. Podés leerlo completo acá. Lo firman Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola.
La izquierda propone que el Congreso anule de plano el decreto por inconstitucional y violatorio de los derechos democráticos elementales. “Responde directamente a lineamientos históricos promovidos por los servicios de inteligencia estadounidenses, con la CIA como referencia explícita. Una nueva muestra del alineamiento y la subordinación del gobierno de Milei a los Estados Unidos”, dice el proyecto.
Para el FITU, Milei y compañía avanzan en su plan de ajuste y, a la vez, intentan fortalecer “una suerte de policía secreta con capacidad de detención de personas y poder suficiente como para limitar la libertad de expresión y la disidencia, con la perspectiva de fortalecer un Estado policial contra toda oposición”. Así, esta reconfiguración afecta derechos y garantías básicas, además de ampliar los “gastos reservados” y la concentración presupuestaria en la SIDE. “Se configura así una ‘caja negra' de poder estatal, financiada con fondos públicos”, remarcan.
Desde hace décadas en Argentina todos los DNU tienen validez automática y sólo pueden caer por un fallo expreso de la Corte Suprema o un rechazo del Congreso. En este último caso, ambas cámaras deberán coincidir en el voto por mayoría. Los bloques de La Libertad Avanza no cuentan por sí solos con los votos para sostener este engendro normativo, por lo que deberán recurrir a sus habituales negociaciones secretas, arreglos vidriosos y compra de votos “opositores”. Ya se sabe qué votarán las diputadas y diputados del Frente de Izquierda . ¿Qué harán desde el radicalismo, el peronismo y los partidos provinciales?
En ese marco, como ante cada ataque del Estado a la clase trabajadora y los sectores populares, será fundamental activar la más amplia y masiva movilización hasta imponerle al Congreso el rechazo y anulación del DNU 492. No se puede confiar en que, por sí sola, la “casta” política se hará cargo del destino de los derechos y garantías elementales de la población. Contra el ajuste, la reforma laboral esclavista y los aprestos represivos que avanzan, la lucha es la misma. Y es en las calles.
Imagen creada con IA
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La legisladora del FIT-U, Andrea D’Atri, denunció el plan represivo de Jorge Macri
9 de enero, por Una política que mata — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Andrea D'Atri, Jorge Macri, Javier Milei, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Andrea D'Atri, Jorge Macri, Javier Milei
Emitió este jueves una dura denuncia contra el Gobierno de la Ciudad tras registrarse una catarata de operativos represivos en tiempo récord. La diputada señaló que la gestión de Jorge Macri y su Ministro de Seguridad, Horacio Giménez, desató una ofensiva coordinada contra los sectores más vulnerables.
La legisladora porteña por el PTS en el FITU, Andrea D'Atri denunció el plan represivo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien en a penas 48 horas ordenó 3 desalojos violentos en lo que definió como una ofensiva coordinada contra los sectores más vulnerables, contra la cooperativa de recicladores urbanos que deja a más de 200 familias sin ingresos, contra otras 20 familias que se quedan en la calle de un edificio de San Telmo y la librería Rosa Luxemburgo lindante y un desalojo en el Barrio Rodrigo Bueno, sin orden judicial.
En CABA, Jorge Macri ordenó 3 desalojos violentos en 48 hs. No es orden ni seguridad ni nada de todo lo que celebra el jefe de Gobierno: es disciplinamiento para seguir aplicando el ajuste.
Repudiamos esta catarata de operativos represivos de Macri y su Ministro de Seguridad,…— Andrea D'Atri (@andreadatri) January 8, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>A continuación, el comunicado difundido:
No es orden ni seguridad, es disciplinamiento para seguir aplicando el ajuste | EL PLAN DE JORGE MACRI
La Izquierda denuncia: "Hubieron 3 desalojos violentos en 48 horas. Nos quieren sumisos en los barrios para esclavizarnos con la reforma laboral de Milei"
La banca del PTS/Frente de Izquierda emitió hoy una dura denuncia contra el Gobierno de la Ciudad tras registrarse una catarata de operativos represivos en tiempo récord. La diputada señaló que la gestión de Jorge Macri y su Ministro de Seguridad, Horacio Giménez, desató una ofensiva coordinada contra los sectores más vulnerables.
3 ataques en 48 horas
La legisladora enumeró los violentos operativos que tuvieron lugar en las últimas horas, documentados por distintos medios y vecinos:
– Desalojo a Recolectores Urbanos en la cooperativa “El amanecer de los cartoneros” dejando mas de 200 familias en la calle.
– Operativo contra 20 familias en un edificio lindero a la librería Rosa Luxemburgo, también desalojada
– Desalojo en el Barrio Rodrigo Bueno sin orden judicial y sin solución habitacional."No es orden ni seguridad, es disciplinamiento para seguir aplicando el ajuste" expresó la diputada del FIT, que fue categórica al explicar el objetivo político detrás de esta avanzada: "Esta catarata de desalojos no es casualidad. Jorge Macri se jacta de haber realizado 'cientos' de operativos similares. Pero esto no es orden, es un plan de guerra contra los sectores populares. Reprimen en los barrios y a los trabajadores informales como una forma de disciplinamiento. Nos quieren sumisos en las calles para esclavizarnos en los lugares de trabajo, al servicio de la reforma laboral que impulsa Javier Milei y las cámaras empresarias".
Una política que mata
Finalmente, la diputada advierte que esta saturación policial tiene consecuencias fatales: "Esta avanzada represiva ya se cobró la vida de Gabriel González en Navidad, fusilado por la Policía de la Ciudad en Villa Lugano, y de Victor Vargas en Constitución. Es la misma fuerza, con la misma conducción política de Macri y Giménez, la que hoy deja familias en la calle, reprime a jubiladas y jubilados, maltrata a vendedores ambulantes y personas en situación de calle y también dispara a quemarropa."
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Procesaron por homicidio agravado al policía de la Ciudad que asesinó a un vecino de Lugano
8 de enero, por Justicia por Gabriel González — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Jorge Macri, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Jorge Macri, Policía de la Ciudad de Buenos Aires
El Juez a cargo de la causa dictó además la prisión preventiva para Darian Gastón Miño quien el día de navidad fusiló a Juan Gabriel González en la puerta de su casa en el barrio porteño. En el mismo despacho, sobreseyó a su hijo, su compañera y su vecino, quienes habían sido acusados de “homicidio en riña” por la fuerza. Se cae una mentira más del gobierno de Jorge Macri.
Este miércoles 7 de enero, el Juez Hugo Decaría procesó con prisión preventiva por homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad a Darian Gastón Miño, el efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires quien el 25 de diciembre pasado fusiló a quemarropa a Juan Gabriel González. Además, el magistrado dictó al prisión preventiva del oficial.
En el mismo despacho, Decaría, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, sobreseyó a su hijo, su compañera quien también recibió disparos policiales y a su vecino quien había sido detenido y, según denunciaron sus vecinos, "apretado" para no hablar del tema. Ellos habían sido acusados de “homicidio en riña” por los compañeros del asesino.
Así lo informó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que tuvo acceso al documento emitido por el Juzgado.
En el mismo se puede leer que el Juez resuelve "decretar el procesamiento con prisión preventiva de Darian Gastón Miño, por considerarlo autor del delito de homicidio, agravado por haberse cometido en abuso de su función".
De esta manera, se cae la burda y escandalosa mentira que hizo correr la fuerza a cargo el gobierno de Jorge Macri y su Ministro de Seguridad, Horacio Giménez. Según los oficiales que participaron del hecho, Juan Gabriel, como era conocido en el barrio, tenía un arma blanca y había intentado agredir a Miño. Todo para justificar su política de guerra y criminalización de los sectores populares.
El fusilamiento, por que eso es lo que fue, a plana luz del día ocurrió en el pasado día de navidad cuando efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a la zona ante un llamado por un conflicto entre vecinos en el barrio de Villa Lugano. La respuesta fue a escopetazo limpio.
La torpeza o impunidad, según se lo mire, que manejaron aquellos oficiales quedó registrada por múltiples videos tomados por los vecinos en los que se aprecia cómo Miño baja de una camioneta y dispara con su escopeta sobre el cuerpo indefenso de Juan Gabriel quien murió horas después en el Hospital Piñero.
La familia y los vecinos convocaron a una movilización para pedir justicia por Juan Gabriel al día siguiente a la que acudieron además diferentes organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos. Un nuevo caso de gatillo fácil despertó la indignación de muchos.
Te puede interesar: Audiencia contra el gatillo fácil: participaron familiares, legisladores de la oposición, organismos de DDHH, sindicatos y centros de estudiantes
En una audiencia pública del 30 de diciembre solicitada por los familiares de Juan Gabriel junto a organismos de DDHH y que se realizó en la calle debido a que el PRO se negó a que se utilice la Legislatura, Andrea D'Atri, legisladora porteña por el PTS en el FITU, denunció el doble discurso de las autoridades de la Legislatura: "Nos tenemos que reunir aquí en la entrada, porque en este mismo edificio en el que durante este año permitieron hacer actos con negacionistas y exmilitares del criminal Operativo Independencia, le niegan el ingreso a la familia de un vecino asesinado por la Policía de la Ciudad en Navidad".
Además, presentó el pedido de interpelación al Ministro de Seguridad, Horacio Giménez, que impulsó junto a los legisladores Vanina Biasi (PO/FIT-U) y Alejandro “Pitu” Salvatierra y Andrés La Blunda (Fuerza por Buenos Aires).
Por su parte, la legisladora (MC) e hija de desaparecidos, Alejandrina Barry, vinculó la violencia policial con la situación económica: "Jorge Macri reprime en los barrios mientras Milei nos quiere esclavos en los trabajos. Esta situación no fue casual, en 48h hubo un nuevo caso de gatillo fácil en Constitución y hoy Leonardo Vargas pelea por su vida. El policía que mató a Gabriel tiene que estar preso ya, y los responsables políticos dar la cara".
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No fue ni contra el narco ni por "la democracia": Trump atacó Venezuela por el petróleo
7 de enero, por El Cartel de los Soles es una ficción — Política, Internacional, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Edición Costa Rica , Política, Internacional, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Edición Costa Rica
El giro del Departamento de Justicia estadounidense desnuda que el verdadero objetivo del ataque imperialista y el secuestro del presidente venezolano siempre fue el petróleo, no la (falsa) guerra contra las drogas. Mientras tanto, el gobierno cipayo de Milei hace el ridículo en la ONU avalando la narrativa desmentida.
En un giro revelador, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha eliminado prácticamente todas las referencias al supuesto “Cartel de los Soles” en su nueva imputación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado por fuerzas de élite estadounidenses en una operación militar de facto. En los documentos judiciales revisados, la hasta ahora denominada organización narcoterrorista ha sido rebajada a un vago “sistema de clientelismo”, y Maduro ya no es señalado como su líder.
Esta retractación desmorona una de las principales justificaciones esgrimidas por la administración Trump para su agresión militar y su injerencia en Venezuela. Durante años, y especialmente en los últimos meses, Washington construyó un relato presentando a Maduro como el capo de un poderoso Cartel que inundaba de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, ni la DEA en sus evaluaciones anuales de amenazas, ni la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, habían incluido en sus listados jamás al “Cartel de los Soles” como una organización real. La acusación de 2020, base de toda esta narrativa, carece de sustento verificable y es, según analistas de diversas corrientes, un “armado” clásico de las agencias de inteligencia para criminalizar y militarizar países al antojo del imperialismo yanqui.
Cayó la máscara: vinieron por el petróleo
La falsa acusación de la existencia del “Cartel de los Soles” confirma que la ofensiva contra Venezuela nunca persiguió la 'lucha antidrogas', la 'libertad' o la 'democracia'. El verdadero objetivo es el control del petróleo y sus vastas reservas estratégicas, permitiendo que Estados Unidos recupere mayor influencia en la región bajo los preceptos de la Doctrina Monroe. Así lo afirmó el mandatario Donald Trump en la conferencia sobre la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”.
Ven que no tenía nada que ver con el petróleo! Queeee??? Mala mía!:
“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela?? entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos.”, Donald Trump ?? pic.twitter.com/vyL0T6P9EX— Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 7, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La narrativa del “narcodictador” fue solo el pretexto banal para consumar un acto de vasallaje imperial violando, incluso, las normas del derecho internacional.
Los yanquis bombardearon Venezuela y secuestraron a Maduro y a Cilia Flores con la excusa que encabezaban el "Cartel de los Soles". Patricia Bullrich lo declaró organización terrorista. Pero ni empezó el juicio y ya admiten que ese cartel no existe. Cualquier parecido con las… pic.twitter.com/0PIdZwTFsX
— Christian Castillo (@chipicastillo) January 6, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El Plan Colombia y la “Guerra contra las Drogas”: un manual de injerencia imperial
Este episodio se inscribe en el viejo manual imperial de la llamada “Guerra contra las Drogas”, declarada por Nixon en 1971 y concebida -como admitió su propio jefe de gabinete, Richard Haldeman- no para proteger la salud pública, sino para quebrar a la izquierda que se oponía a la Guerra de Vietnam y a los movimientos negros mediante la criminalización. Su proyección internacional tomó forma con el Plan Colombia, lanzado a fines de los años 90 y presentado como una iniciativa para combatir el narcotráfico y el conflicto armado, pero que en los hechos destinó miles de millones de dólares en asistencia que en realidad se destinó al fortalecimiento del aparato militar y policial. Lejos de reducir la producción o el tráfico de cocaína, el plan desplazó cultivos, profundizó la militarización de los territorios y desató una espiral de violencia, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos. Bajo la doctrina del “narcoterrorismo”, el Plan Colombia fusionó la lucha antidrogas con la contrainsurgencia, consolidó la injerencia estadounidense y sentó un precedente para nuevas intervenciones imperialistas en América Latina. Como demuestra la experiencia global, esta guerra no disminuye ni el consumo ni la disponibilidad de drogas: por el contrario, vulnera derechos, agrava los daños sociales y alimenta la violencia de los mercados ilegales, allanando el camino para nuevas injerencias, como las que hoy sufre Venezuela.
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La hipocresía de Trump: indultos para narcos y discursos vacíos
Donald Trump, quien ordenó el ataque a Venezuela, tiene la desfachatez de señalar a México y a los países del Sur por el flujo de drogas que ingresa a Estados Unidos. Pero cabe preguntarse: ¿cómo es posible que las drogas ingresen a un país con el aparato de seguridad más poderoso y tecnificado del mundo, con sofisticados radares cubriendo todas las fronteras, y con agencias como la DEA y la CIA operando globalmente?
La respuesta deberían darla los líderes republicanos y demócratas que gobiernan alternadamente el país. El narcotráfico es un negocio capitalista hipermillonario que involucra a grandes bancos (como el HSBC, multado por lavar cientos de millones para carteles) y permea sectores de las altas capas del poder.
Otra pregunta que surge frente a las declaraciones de Trump, ¿por qué acaba de indultar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado a 45 años por narcotráfico y posesión de armas?
El ridículo cipayo del gobierno argentino
Mientras Estados Unidos ya retiraba en silencio su acusación central, el gobierno de Javier Milei protagonizaba un bochornoso espectáculo de servilismo en la ONU. A través de su embajador, Francisco Tropepi, celebró "la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles”, una organización que Argentina declaró terrorista en 2025 siguiendo ciegamente el guion ya desacreditado de Washington. Este episodio confirma el rol de gobierno cipayo que asumió la administración Milei, alineándose sin vergüenza con las agresiones imperialistas.
Previamente, Milei había viajado a Noruega para avalar la entrega del Nobel de la Paz a la golpista María Corina Machado. La misma que Trump ningunea ahora que controla el poder en Venezuela.
Al final, era petróleo nomás. Ni narcoterrorismo, ni "democracia". Así que, pienses lo que pienses sobre Maduro, más vale que nos unamos en una gran lucha continental de la clase trabajadora y los pueblos de América Latina por ¡fuera EE.UU. de Venezuela y todo el continente! pic.twitter.com/LndLJwEjYa
— Andrea D'Atri (@andreadatri) January 7, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Una farsa que se desmorona
La retractación sobre el “Cartel de los Soles” expone la farsa. La “guerra contra las drogas” es y ha sido un instrumento de represión interna y dominación externa para Estados Unidos. El ataque a Venezuela es por sus recursos y por el interés de aumentar su injerencia en la región. Y la actitud del gobierno argentino evidencia la complicidad de las élites locales con este saqueo. La solidaridad con Venezuela y la denuncia de esta nueva agresión imperialista son, más que nunca, urgentes; enfrentarlo con la movilización internacional. Así lo plantea la diputada del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman: "Es necesario que la región se levante y frene la avanzada de Trump con un paro de todo el continente".
El Frente de Izquierda es la única alianza nacional que, en los últimos meses, ha venido denunciando la avanzada imperialista sobre la región, en paralelo al agravamiento del militarismo y la agresividad del gobierno de Donald Trump. Lo ha hecho siempre desde una posición independiente frente al régimen represivo de Maduro, planteando la necesidad de la más amplia movilización de la clase trabajadora y de los pueblos de América Latina para enfrentar al imperialismo. Sin otorgar ningún apoyo político al régimen autoritario de Maduro, que denuncian sistemáticamente.
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