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Neuquén: Condenan a 11 años de prisión efectiva a dos funcionarios judiciales de la dictadura
17 de diciembre de 2024, por Juicio Escuelita VIII — Sociedad, Neuquén, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Madres de Plaza de Mayo, APDH, Causa "La Escuelita", Natalia Hormazábal, Neuquén , Sociedad, Neuquén, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Madres de Plaza de Mayo, APDH, Causa "La Escuelita", Natalia Hormazábal, Neuquén
El Tribunal Oral Federal de Neuquén sentenció a 11 años de prisión efectiva al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz, hallados culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La sentencia reconoce la complicidad de ambos funcionarios en la represión.
Se desarrolló este martes, a sala llena, la audiencia final del juicio llamado La Escuelita VIII en el salón AMUC de la ciudad de Neuquén, con las palabras finales de los acusados, el exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz, señalados por su complicidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina. Los imputados Duarte y Ortiz fueron condenados a 11 años de prisión efectiva por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Ortíz también fue condenado por omisión de promover la acción penal, es un delito que le cabe como fiscal.
La sentencia reconoce que los casos, tanto las privaciones ilegales de la libertad como el prevaricato, en que incurrieron en muchísimos casos, incluido el de Oscar Alfredo Ragni, hijo de Inés y Oscar Ragni, fueron como parte de delitos de lesa humanidad en el contexto de un genocidio, aún resta conocer los fundamentos, que se conocerán en el mes de febrero.
Natalia Hormazábal y Mariana Derni, abogadas del CEPRODH que representan a la familia Ragni, expresaron su satisfacción con el veredicto. “Escuchamos al inicio las palabras finales de los genocidas que ya nos tienen acostumbrados durante más de diez años. Han intentado una defensa imposible”, subrayó Hormazabal.
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Es un juicio realmente inédito porque llegan por primera vez en la región, en este octavo tramo, dos funcionarios de la dictadura militar que, si bien estaban absolutamente consustanciados con las fuerzas represivas, no dejaban de ser funcionarios y civiles.
Este juicio marca un hito al condenar a civiles directamente involucrados en la represión. "Todo aquello que explicamos sobre el genocidio contra el pueblo trabajador quedó demostrado", aseguró Hormazabal.
Una amplia delegación acompañó la lectura de la sentencia, entre ellos Lolin Rigoni Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén Alto Valle. También estuvo presente el diputado provincial del PTS Andrés Blanco, la secretaria adjunta de Aten Capital Yazmin Muñoz Sad e integrantes de la organización sindical. Agustín Donnadieu vicepresidente del centro de estudiantes de la Fadecs, junto a estudiantes de la agrupación En Clave Roja, docentes, ceramistas, entre otros.
La justicia brindó un aporte fundamental para poder llevar adelante cada una de estas desapariciones, de las torturas, y el resultado el día de hoy con compañeros y compañeras desaparecidos, como es el caso de Oscar Alfredo Ragni, a quien representan las abogadas en este debate oral.
La sentencia también implica la quita de la jubilación de privilegio de los condenados, quienes gozaron de impunidad durante décadas. "Estamos hablando de imputados que han tenido una vida tranquila mientras las víctimas buscaban justicia", señaló Hormazabal.Para la abogada, esta condena es un paso adelante en la lucha contra la impunidad, aunque reconoce que el camino es largo. "Por Noemí Labrune, por Oscar Ragni, por Inés y Oscar Ragni, que no llegaron a escuchar la sentencia, sabemos que esta pelea no tendrá fin", afirmó.
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Tribunal Federal de Neuquén
Mariana Derni abogada del Ceprodh coincidió en la importancia de este fallo y destacó la necesidad de continuar la lucha contra la impunidad. "Esta condena nos permite saber que el camino es continuar redoblando la batalla, contra la impunidad de ayer y el hoy, por el ayer por nuestra historia esa que tantas veces incluso en estos juicios han querido borrar, como por el hoy y por el futuro que queremos así que seguir dando batalla en todos los frente", expresó.
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Por su parte Walter Pérez de la APDH habló sobre el veredicto y dijo que este tiene particularidades porque incluso se han conocido cuestiones que por ahí no habían quedado muy claras durante los procesos anteriores. “En cuanto al rol, papel que cumplieron, los recursos que cajonearon y por eso es algo histórico, que dos hombres de la justicia federal cómplices del engranaje de la represión que se registró en la región sean condenados”, afirmó.
Sobre las palabras finales de los acusados dijo: “No aceptaron ningún tipo de cargo, de arrepentimiento, es más, cuestionaron y atacaron todo el proceso judicial, lo cual también ratifica ese papel que cumplieron como parte del plan criminal aquí en la provincia y en la región”.
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Juicio Escuelita VIII: Veredicto final para el juez Duarte y el fiscal Ortiz
16 de diciembre de 2024, por Neuquén — Sociedad, Neuquén, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Causa "La Escuelita", Natalia Hormazábal, Neuquén , Sociedad, Neuquén, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Causa "La Escuelita", Natalia Hormazábal, Neuquén
Este martes se conocerá el veredicto del juicio Escuelita VIII, juzgando crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén. Familiares y organismos de DDHH esperan justicia.
El emblemático juicio conocido como "La Escuelita VIII" llega a su etapa final el 17 de diciembre, en el salón AMUC de Neuquén. Este proceso histórico ha puesto en el banquillo de los acusados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz, señalados por su complicidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina.
En este juicio, iniciado en octubre de 2023, se han escuchado testimonios impactantes que revelaron el papel de Duarte y Ortiz en la represión sistemática, incluyendo la omisión de investigar habeas corpus y el otorgamiento de impunidad a los responsables de desapariciones y torturas en la región. Entre los relatos más conmovedores está el de Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, quien desde hace 47 años busca justicia por la desaparición de su hijo Oscar Ragni en 1976. "La memoria, la verdad y la justicia son fundamentales para que estos crímenes no se repitan", expresó Ragni en su declaración.
Natalia Hormazabal y Mariana Derni, abogadas del CeProDH y representantes de la querella de Inés Ragni y su esposo Oscar Ragni, han sido contundentes en señalar que Duarte y Ortiz desempeñaron roles fundamentales en el plan sistemático de represión de la dictadura. "Este juicio no solo es un paso hacia la justicia, sino también un acto de memoria colectiva frente al negacionismo y la impunidad", afirmó Hormazabal, quien destacó la importancia de la participación social en estos procesos.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El fallo que se dará a conocer mañana es esperado con gran expectativa por los organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y la sociedad en general. Este juicio marca un hito al ser el primero en la región de Neuquén que juzga a civiles y funcionarios judiciales por su complicidad con el régimen genocida. La defensa de los acusados ha intentado desacreditar las pruebas y solicitar la absolución, pero las querellas y la fiscalía han refutado sólidamente estas posturas, subrayando la responsabilidad ineludible de los imputados.
La lectura del veredicto será un momento clave en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La sociedad está convocada a las 9 horas a acompañar este acto histórico, reafirmando el compromiso con la condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos.
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El último testimonio de Adriana Calvo: los rugidos de una loba
15 de diciembre de 2024, por Lucha contra la impunidad — Política, Géneros y Sexualidades, Libertades Democráticas, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Adriana Calvo, Detenidos desaparecidos, Política, Géneros y Sexualidades, Libertades Democráticas, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Adriana Calvo, Detenidos desaparecidos
Fue la primera sobreviviente de la dictadura que declaró en el Juicio a las Juntas de 1985. Hoy cumpliría 77 años. Aquí su último testimonio, mensaje de resistencia inquebrantable. Su lucha contra la impunidad se reactualiza ante el negacionismo de sectores reaccionarios aliados al Gobierno nacional.
“El día que parí a mi hija en el patrullero en el que me trasladaban de la Comisaría 5° de La Plata al Pozo de Banfield hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia”, dijo Adriana Calvo ante el juez Guillermo Ledesma. La entonces integrante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y luego fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), así lo hizo hasta el día en que murió, el 12 de diciembre de 2010, hace 14 años.
Myriam Bregman, que luego sería una de las abogadas querellantes en numerosos juicios de lesa humanidad, recuerda que la noche del 21 de agosto de 2003, “mientras festejábamos en la calle la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Adriana me dijo que iban a necesitar muchos abogados, porque las querellas iban a ser tantas que iban a tener que llevarlas con carritos por Tribunales”. Fue entonces también que, luego de la fundación de la AEDD y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Adriana fue una de las principales impulsoras de Justicia Ya!, que actuaría como una gran querella colectiva en los juicios de lesa humanidad.
Para eso, Adriana encabezó el trabajo de investigación y recolección de datos como no quiso realizar ningún gobierno constitucional. Ella misma sabía cómo funcionaba la memoria: “al día siguiente de su liberación, con mi papá empezaron a avisar a las familias. Entre los dos llamaron a más de 50 familias de quienes compartieron cautiverio”, cuenta su hija Teresa Laborde, que nació secuestrada pero pudo conservar su identidad. Sin embargo, la tarea de Adriana, ahora, era otra: dar con todos los genocidas, llevarlos al banquillo de los acusados y lograr que sean condenados como tales por todos sus compañeros y compañeras.
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Irene Ippolitto, docente de la Facultad de Ingeniería e investigadora del CONICET, una de las mejores amigas de Adriana, cuenta que “ella siempre tuvo un método científico: cada vez que tenía que testimoniar, sacaba sus tablas que había hecho en un excel, con fechas, nombres, hechos, acotaciones, para no olvidarse de ningún compañero o compañera, y dependiendo de la causa en la que testificaba, armaba su testimonio. Lo mismo hacía en sus clases. Tenía un método científico característico”.
Adriana fue pionera en la pelea por que la justicia reconociera la figura del genocidio en esos juicios, en los que además denunciaba que sólo algunos genocidas eran condenados a cuentagotas. No pudieron detenerla ni las amenazas que recibió luego de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz; ni las que recibió antes, cuando se preparaba para declarar en el Juicio a las Juntas; ni la propia enfermedad.
“El cáncer de mi mamá duró un año y tres meses. No podía casi ni hablar. Pero aún así, la memoria que tenía era impresionante”, refuerza Teresa al acercarnos la última denuncia, el último testimonio de Adriana Calvo, en el marco de la causa de “Automotores Orletti II”, en octubre de ese 2010, unas semanas antes de su fallecimiento.
Como recuerda su amiga Irene, para Adriana, declarar, denunciar la impunidad a los genocidas, civiles y militares, siempre era de primer orden. No sabía cuál iba a ser la última vez. Y cada vez era una renovada expresión de resistencia. En aquella oportunidad, dos cosas marcaron la declaración de Adriana: la pelea por la inclusión de Alicia Raquel D'Ambra en esa causa, y la denuncia del robo del nieto 133, cuya identidad aún no se conocía.
Hasta el último respiro
Adriana luchó incansablemente contra la impunidad. Hasta sus últimos días trabajó en denuncias y rodeada de familiares, compañeras y compañeros. No llegó a ver elevada a juicio la causa de la brigada de Pozo de Banfield, que se instruyó precisamente por la reconstrucción minuciosa que realizó junto a AEDD sobre el funcionamiento de ese Centro de Detención y de la maternidad clandestina que funcionó allí dentro.
Según sus registros, en ese lugar estuvieron secuestradas al menos 23 mujeres embarazadas o inmediatamente después de parir y 12 hijos, hijas, hijes fueron apropiados. Hasta el momento en que Adriana dio su último testimonio, 8 de ellos continuaban desaparecidos: “uno de ellos es el hijo de Cristina Navajas”, volvió a repetir en aquella declaración.
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Compañeras
En cautiverio, Adriana conoció a Manuela Santucho, Cristina Navajas y Alicia Raquel D'Ambra, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que previamente habían sido secuestradas y torturadas en Automotores Orletti, el Centro Clandestino de Detención con el que contó la SIDE en el barrio de Floresta, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la dictadura.
“Las conocí el 16 de abril de 1977 en el segundo piso del Pozo de Banfield, donde había sido llevada la noche anterior, desde la Comisaría 5ta. de La Plata”, contó en su lúcida y minuciosa exposición, ante fiscales y jueces que intervenían en la "Causa Orletti II", donde se condenó a 15 genocidas.
Adriana no llegó tampoco a conocer esa sentencia, pero el 8 de octubre de 2010 estuvo allí para decir, ante el Tribunal que llevaba adelante ese juicio:
“No puedo ni quiero terminar mi declaración sin explicar al Tribunal quiénes eran Manuela, Cristina y Raquel. Creo no haber mencionado hasta ahora que cuando llegué a Banfield llevaba dos meses y medio de cautiverio, que había adelgazado muchos kilos, a pesar de estar en mis últimos meses de embarazo, que venía de parir en el asiento de atrás de un auto, con los ojos vendados y las manos atadas atrás, que al llegar me habían obligado a limpiar la camilla donde me sacaron la placenta y el piso, desnuda frente a 10 o 12 guardias que se burlaban, mientras mi hija Teresa lloraba en una mesada, (...) estábamos en definitiva, en el último de los círculos de un infierno no imaginado siquiera por el Dante.Sin embargo, allí mismo y en gran medida gracias a Manuela, a Cristina y a Raquel conocí también lo más excelso, lo más sublime, lo más grandioso, del ser humano.(...)¿Cuál es la otra respuesta posible al motín organizado por Manuela y Raquel cuando un guardia pretendió arrancarme a Teresa de los brazos para supuestamente protegerla del efecto de la pastilla de Gamexane que iba a prender para eliminar los piojos que estaban contagiándolos a ellos? Aprovechando que habían abierto todos los calabozos para que el gamexane hiciera su efecto, todas las compañeras formaron una barrera humana infranqueable delante de mí, gritando al mismo tiempo, ‘no, no se la llevan' en un rugido de leonas defendiendo a sus crías, que jamás olvidaré.Por último ¿qué otra explicación hay para el silencio de Cristina acerca de su parto y de por qué su bebé no estaba con ella que la voluntad expresa y admirable de no transmitirme el temor de que se llevaran a Teresa?Sres. Jueces, Manuela, Cristina y Raquel fueron personas dignas, justas, valientes, solidarias y libres. Están desaparecidas y los responsables están impunes.Para ellos pido castigo, para ellas, mi homenaje!El 27 de julio de 2023 fue restituida la identidad del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho.
8 de octubre de 2010 - Audio de la Declaración completa de Adriana Calvo en la causa “Automotores Orletti II”, facilitado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, grabado por Nilda Eloy
8 de octubre de 2010 - Desgrabación de la Declaración completa de Adriana Calvo en la causa “Automotores Orletti II”, facilitada por Teresa Laborde
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Brutalidad policial en San Nicolás: el “método Bukele” de Passaglia y Kicillof
15 de diciembre de 2024 — Sociedad, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Violencia institucional, Violencia policial, San Nicolás, Sociedad, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Violencia institucional, Violencia policial, San Nicolás
En la madrugada del domingo, la ciudad de San Nicolás fue escenario de un operativo masivo y represivo que encendió alarmas por su brutalidad y el abuso de poder ejercido por las fuerzas policiales. En el Parque San Martín, bajo la excusa de combatir las “picadas ilegales” y el ruido de motos con escapes libres, las autoridades municipales, la policía de Passaglia y Kicilof, y la justicia realizaron un procedimiento que recuerda peligrosamente al autoritarismo del “método Bukele”.
El operativo, que según las autoridades había sido “planeado durante meses”, consistió en cercar a más de un centenar de motociclistas con vallas, dejando a los presentes sin posibilidad de salir del perímetro establecido. Durante horas, las fuerzas policiales retuvieron a las personas presentes, secuestraron 113 motos y 11 autos, y reportaron que algunos menores de edad fueron detenidos y luego entregados a sus padres.
Si bien el comunicado oficial destaca la incautación de vehículos “por distintas irregularidades” y el hallazgo de armas blancas, testigos del operativo denuncian un accionar desmedido de la policía, que incluyó amenazas, golpes y un despliegue militarizado que no solo criminalizó a los motociclistas, sino que buscó instalar el miedo entre la población.
Criminalización de los jóvenes y estigmatización de los barrios populares
El operativo de San Nicolás no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe dentro de un contexto en el que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich, alienta a políticas de mano dura que se traducen en operativos policiales masivos, criminalización de la juventud y la implementación de medidas represivas similares a las utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador.
Bajo el pretexto de combatir el desorden y el delito, este tipo de operativos impactan principalmente en sectores vulnerables y buscan consolidar un control social autoritario. En este caso, el Parque San Martín se convirtió en una zona de guerra, donde quienes estaban presentes fueron tratados como criminales sin pruebas ni motivos claros más allá de la pertenencia a un sector social que suele ser señalado por prejuicios de clase.
Esta política no es nueva. San Nicolás fue el escenario del brutal asesinato de Ulises y Ezequiel a manos de las fuerzas de seguridad, una tragedia que sigue sin justicia y que evidencia cómo la violencia estatal se ensaña contra los sectores más jóvenes y vulnerables.
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“Seguridad” a costa de derechos humanos
Lejos de solucionar los problemas estructurales de inseguridad o de ruido urbano, este operativo deja en claro la intención de las autoridades de imponer el miedo como método de control. San Nicolás es testigo de una creciente militarización en nombre de la “seguridad”.
La implementación de operativos que cercan a grupos enteros de personas y los retienen durante horas no es solo un retroceso en términos democráticos, sino que constituye un ataque directo a los derechos humanos. La violencia estatal no se puede justificar bajo el paraguas de la “tranquilidad” o el “orden”.
Tampoco se puede naturalizar estas provocaciones del intendente Passaglia. En tiempo récord, la Municipalidad publicó un video de edición profesional celebrando la brutalidad del operativo. Es el método de Sergio Berni y Patricia Bullrich que publicita los actos represivos como actos de gobierno contra la inseguridad.
Ya en mayo de este año, con la presencia del gobernador Kicillof y la concejala Comerio, se inauguraba una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Lejos de combatir el narcotráfico, desde entonces se dedican a hostigar a los habitantes de los barrios de San Nicolás.
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Frente a este escenario alarmante, es necesario que los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, sociales y políticas en su conjunto denuncien este tipo de prácticas. No se puede permitir que el “método Bukele” se normalice.
El operativo de Passaglia y Kicilof no es un caso aislado, es un síntoma de un modelo autoritario que pretenden instalar en el país. También lo venimos viendo en la provincia vecina de Santa Fe con Pullaro con la excusa de enfrentar el narcotráfico. No hay que permitir estos avances.
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La creación de la Conadep: la teoría de los dos demonios y el impacto del Informe “Nunca Más”
13 de diciembre de 2024, por A 41 años — Historia, Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Crímenes de lesa humanidad, Conadep, Javier Milei, Victoria Villarruel, Historia, Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Crímenes de lesa humanidad, Conadep, Javier Milei, Victoria Villarruel
Hace 41 años, el gobierno radical de Raúl Alfonsín creo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), con la misión de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Argentina. El silencio sobre la Triple A, la teoría de los dos demonios y el objetivo del informe Nunca Más.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir la presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que un año después pasaría a la historia por el informe Nunca Más.
Al momento de la creación, el Poder Ejecutivo destacaba la necesidad de conocer la verdad como base de la futura “unidad” y “reconciliación” nacional. El informe Nunca Más representó, según Alfonsín, un “aporte fundamental para que, de aquí en adelante, los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.
Si bien las cúpulas de las Fuerzas Armadas habían rechazado la creación de la Conadep, su existencia desde fines de 1983 respondía a las aspiraciones del gobierno de Alfonsín de dar por terminado el tema de la violación de los derechos humanos con el menor costo posible para la institución militar y las fuerzas de seguridad.
“Unidad” y “reconciliación” nacional no podían tener otro significado. La Conadep estuvo integrada por personalidades destacadas de la cultura. Su presidente fue el escritor Ernesto Sábato, quien había sido cuestionado por su postura frente al golpe de 1976 (compartió un almuerzo con Jorge Rafael Videla en el que le agradeció y lo elogió por haberse puesto al frente del gobierno, luego cambio de posición y adscribió a la llamada teoría de los dos demonios).
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Sábato estuvo acompañado por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide (madre de un desaparecido y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-), el médico René Favaloro y religiosos de todos los cultos como Jaime De Nevares y Marshall Meyer, entre otras personalidades.
En los hechos concretos, la Conadep representaba un intento oficial de desmovilizar a los sectores que, junto con los familiares de los desaparecidos y los organismos de derechos humanos, reclamaban juicio y castigo para todos los genocidas.
Los objetivos concretos
En primer lugar, los objetivos de la Conadep se alineaban con la orientación impulsada por el gobierno de Alfonsín de juzgar únicamente a los miembros de las juntas militares que ocuparon la Casa Rosada entre 1976 y 1983.
Así, como indica su nombre, la Comisión se limitaba a reunir información sobre la identidad de los desaparecidos (en base a denuncias y testimonios de sobrevivientes) y a examinar la metodología empleada por la dictadura, sin recurrir a los innumerables archivos que el Estado recibió de esa misma dictadura y que hasta el día de hoy, en gran medida, siguen bajo siete llaves.
Si bien los testimonios de los sobrevivientes estaban llenos de menciones sobre sus secuestradores y torturadores, la Conadep no tenía como propósito develar la identidad de militares ni civiles cómplices, sino dar a conocer la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura.
De ese modo, la Conadep desestimaba el discurso militar sobre supuestos excesos cometidos durante el gobierno de facto pero, al mismo tiempo, evitaba contribuir con el juzgamiento de los genocidas. Este aspecto fue denunciado por las Madres de Plaza de Mayo que, desde un principio, no apoyaron la formación de la Conadep.
En segundo lugar, la Comisión se limitó al tratamiento de las desapariciones ocurridas en los primeros años de la dictadura militar, desestimando la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel. Este recorte temporal respondía a la política del gobierno de evitar el involucramiento de la dirigencia peronista pero también de sus propios correligionarios.
El informe Nunca más
Así, el 20 de septiembre de 1984 aún no se encontraba definida la instancia judicial que evaluaría la información reunida en el Nunca Más. En diciembre de 1983, el gobierno radical había derogado la ley de amnistía, estableciendo por decreto el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y la persecución penal de las Juntas militares.
Mientras la Conadep se reunía con el presidente en la Casa de Gobierno, unas 70.000 personas se concentraban en Plaza de Mayo para marchar hacia los Tribunales en reclamo de justicia civil. Hasta ese momento no estaba claro si el juzgamiento de los responsables iba a quedar en manos del Poder Judicial o de la llamada Justicia Militar.
A los pocos días, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró legítimas las órdenes dadas por las juntas militares y el tratamiento jurídico quedó a cargo de la Cámara Federal.
La teoría de los dos demonios
“Durante la década del '70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, arrancaba el prólogo del Nunca Más. A continuación indicaba que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.
El prólogo fue escrito por Ernesto Sábato y acompaña el informe que publicó como libro la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba. En este texto se resume la interpretación que el gobierno de Alfonsín intentó imponer, con la colaboración inestimable de los miembros de la Conadep sobre lo sucedido en los años 70 y las respuestas dadas por los militares durante los siete años de gobierno de facto.
En esta interpretación, que equipara los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas (la llamada “teoría de los dos demonios”), se oculta que el golpe militar tenía por objetivo liquidar a toda una generación de luchadoras y luchadores obreros y populares. Porque al momento del golpe la guerrilla estaba diezmada, mientras que la clase obrera se enfrentaba a la burocracia sindical peronista y a las patronales.
En esos años, los trabajadores construyeron las Coordinadoras Interfabriles, desde donde organizaron las huelgas y movilizaciones de masas que lograron destituir al ministro de economía Celestino Rodrigo y a uno de los principales organizadores de la Triple A, José López Rega.
La clase obrera, que tenía como aliado al movimiento estudiantil, iniciaba un proceso de enfrentamiento con el peronismo en el poder. Un movimiento obrero, que aún quebrada sus organizaciones de base y desaparecidos sus principales dirigentes, continuó resistiendo durante la dictadura.
Pero el informe de la Conadep perseguía un ambicioso interés: colaborar con la recomposición del Estado burgués. Para eso fue necesario equiparar la lucha de clases con el terrorismo, ocultar a la clase obrera como sujeto y presentar a la mayoría de los desaparecidos como inocentes víctimas sin ideología, que quedaron atrapados entre el fuego cruzado de la extrema derecha y la extrema izquierda.
El informe también oculta que, previo al golpe, la democracia burguesa, fue el régimen de la violencia contrarrevolucionaria que organizó bandas paraestatales, la Triple A, junto a la burocracia sindical, para quebrar esa alianza de clase entre el movimiento obrero y la juventud.
Un segundo prólogo
El segundo prólogo del Nunca Más, publicado en 2006 (a treinta años del golpe) si bien reivindicó el informe de la Conadep, cuestionó la teoría de los dos demonios: “es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como un juego de violencias contrapuestas”, dice y reconoce que, al momento del golpe militar, “la guerrilla ya había sido derrotada militarmente”.
Ese nuevo prólogo, escrito por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, se ubicaba a la izquierda del escrito por Sábato, pero no daba cuenta del ascenso obrero-estudiantil, y en consecuencia, de los objetivos contrarrevolucionarios del golpe.
Relatos
En ese entonces, el relato del kirchnerismo reivindicaba la militancia de los 70 al tiempo que ocultaba el ascenso revolucionario de la época. Porque quienes asumieron el gobierno post 2001 también tuvieron la tarea de recomponer el orden institucional: apelaron a la Corte Suprema para que declare inconstitucional las leyes de impunidad; el 24 de marzo de 2004 el presidente Néstor Kirchner ordenó que los cuadros de Videla y Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar, fueran retirados.
Estas concesiones parciales de los gobiernos kirchneristas fueron acompañadas de la cooptación de organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, presididos por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente.
Pero para el 24 de marzo de 2013, Cristina daría una nueva interpretación a lo sucedido en los 70, más cerca del primer prólogo. Consolidada la cooptación de algunos de los organismos y con la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano, la presidenta convocó a un acto oficial en el ex centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en Morón, la Mansión Seré, y tuvo como invitadas a dos integrantes destacadas de la Conadep: Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Meijide, defensoras del Punto Final, la Obediencia Debida y la teoría de los dos demonios.
En su discurso, Cristina Kirchner reivindicó a la Conadep y destacó que “el odio nos convierte también en personas feas, no se puede vivir con odio”, para rememorar a continuación “la tragedia que hemos vivido, familias donde había una víctima y del otro lado un victimario". Un discurso que, claramente, respondía al clima de reconciliación promovido desde la Santa Sede.
Negacionismo
El gobierno de Mauricio Macri estuvo cargado de negacionismo. Habló de curros de los derechos humanos e intentó darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, a quién no dejó de elogiar, y pretendió, vía la Corte Suprema, otorgarle el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Una inmensa movilización, casi espontánea, colmó la Plaza de Mayo que se extendió por todas las calles laterales. Un intento de impunidad que fue derrotado en las calles.
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En la era de Millei y Villarruel
Con los libertarios, el negacionismo volvió a la primera plana. Durante los debates presidenciales, Javier Milei negó la desaparición de 30.000 luchadores y reivindicó a las Fuerzas Armas. Solo Myriam Bregman lo enfrentó y desmintió con datos certeros.
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Luego, bajo el nuevo gobierno, un grupo de diputados de La Libertad Avanza fueron al penal de Ezeiza a visitar a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. En tanto Victoria Villarruel convocó a un acto en el Senado para homenajear a las "víctimas" del terrorismo. Entre ellas la hija de José Rucci, un sindicalista peronista que apoyaba los crímenes de la Triple A.
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El gobierno que reivindica el legado económico del golpe genocida de 1976 busca también la reconciliación con aquellos que asesinaron a miles de trabajadores y jóvenes para imponer un plan de país al servicio del gran capital y el imperialismo. Por eso hoy como ayer, la lucha contra la reconciliación y la impunidad sigue más presente que nunca.
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