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Trabajadores de niñez y adolescencia opinan sobre el proyecto de baja de la edad punible
25 de febrero, por Panel de debate — Política, Juventud, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la juventud, Edad de punibilidad, Edad de punibilidad o imputabilidad, Punitivismo, Criminalización de la pobreza, Política, Juventud, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Criminalización de la juventud, Edad de punibilidad, Edad de punibilidad o imputabilidad, Punitivismo, Criminalización de la pobreza
Profesionales que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley penal opinan sobre el proyecto oficialista que se votaría el jueves. Cuentan el abordaje integral que realizan con ellos y los buenos resultados que dan, con una muy baja tasa de reincidencia. Una alternativa al punitivismo rancio del gobierno.
El gobierno nacional, en alianza con sectores de derecha del radicalismo y el peronismo, logró la media sanción en la cámara de diputados a la ley que baja la edad de punibilidad a los 14 años. El jueves se votaría en el Senado.
En este panel entrevistamos a aquellos a los que ninguno de esos sectores les preguntó nada, siendo que son quienes más saben del tema: los trabajadores de niñez y adolescencia. Profesionales que día a día trabajan con niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.Te puede interesar: #NoALaBaja. ¿Qué opinan trabajadores de niñez y adolescencia sobre la baja de edad de punibilidad?
Ellos son Silvana Giampaoli, Fernanda Quiroz, Miguel Zegatti y Maximiliano Oviedo. La primera trabaja en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los otros tres en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, en el Centro de Referencia de Moreno.
Para ver la entrevista completa, mirar el video que encabeza esta nota. Aquí te contamos sucintamente algunos de los temas que hablaron.
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Comenzaron refiriéndose al contexto de ofensiva derechista contra el pueblo trabajador y a favor del gran capital y las instituciones represivas del estado: “no es casual que mientras atacan con ajuste y con reformas regresivas como la reforma laboral, aumenten el poder punitivo del estado y en particular contra la juventud intentando acallar y reprimir la rebeldía que la caracteriza”.
Señalaron que esta ley no ataca a todos los jóvenes en general, sino principalmente a los que vienen de los sectores populares y a quienes están más desprotegidos, a aquellos cuyos padres casi ni los ven porque están todo el día trabajando para darle un plato de comida, a los que no pueden acceder a cuidados de salud mental, de esparcimiento o educación de calidad. Todos aspectos que con la reforma laboral van a empeorar la desprotección de niños y adolescentes.
Luego explicaron qué hacen ellos con los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Ellos trabajan con jóvenes que no son sometidos a un contexto de encierro, lo hacen desde un abordaje integral, con un seguimiento personalizado que incluye contención psicológica, herramientas para poder salir adelante, poder finalizar los estudios, conseguir trabajo. Medidas alternativas que arrojan resultados concretos.
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Señalaron que si bien no hay datos oficiales, saben que en el Centro de Referencia donde ellos trabajan la tasa de reincidencia de los jóvenes que culminaron sus procesos allí es muy baja: no llega al 15%. Con la experiencia de haber trabajado también en dispositivos de Centros Cerrados de privación de libertad, compararon con los resultados de los procesos de jóvenes que pasan por contextos de encierro, que tiene una tasa de reincidencia altísima. Porque en la juventud, es cuando las personas construyen su subjetividad. Y si lo hacen encerrados en un contexto de absoluta vulneración de derechos, se forman en una violencia que luego llevan a las calles.
Por eso señalaron que este proyecto de ley que se enfoca enteramente en el aspecto punitivo, no solo es cruel e inhumana, sino que no resuelve el problema del delito y lo incrementa. Por esos motivos proponen dar mayores respuestas basadas en la prevención y reparación, más que el mero castigo.
También se refirieron a la construcción de “el menor delincuente” como enemigo público. Una construcción realizada desde el poder político y mediático que no tiene sustento en las estadísticas: menos del 0,5% de los delitos graves son cometidos por menores. Hablaron cómo la mayoría de los sectores políticos usan este tema en su campaña ya que es redituable, porque lograron instalarlo como un sentido común.
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En relación a su trabajo contaron que los centros de referencia se sostienen fundamentalmente con el gran esfuerzo de la voluntad que realizan los trabajadores, ya que cuentan con muy escasos recursos: “dicen que no hay plata para educación, para salud, pero sí para lo que requiere esta ley que es más policía y cárceles”.
Luego señalaron que no es patrimonio exclusivo de la derecha el ataque punitivo a la juventud. En la provincia de Buenos Aires también se dictó una ley penal juvenil que tiene aspectos bastante retrógrados como la idea de aislamiento, del uso de la fuerza física, etc.
En síntesis: señalaron que el contexto de ajuste en en las necesidades más básicas, en salud, en educación, la falta de empleo, no hace sino empeorar las condiciones que llevan a los jóvenes a buscar supervivencia fuera de la ley penal. Y que esta ley sólo enfocada en lo punitivo viene a empeorar las cosas y a criminalizar a los jóvenes.
Por último, se despidieron con la idea de que la próxima entrevista sea a los jóvenes que pasaron por sus dispositivos: “a ellos son los que nadie nunca escuchó, y estaría bueno que se conozca su voz”.
Panel con trabajadores de niñez y adolescencia
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Repudiable: primera jornada sin los jueces presentes en la sala
24 de febrero, por Juicio CNU II — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Crímenes de lesa humanidad, CNU, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Crímenes de lesa humanidad, CNU
Con la sala de audiencias colmada de familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, los jueces del tribunal dieron inicio a la lectura de elevación a juicio desde sus casas de manera virtual. Los acusados también participaron vía remota. Indignación de sobrevivientes y familiares.
Con una demora de dos años desde el pedido de elevación a juicio, este lunes comenzó el segundo juicio contra integrantes de la Concentración Universitaria Nacional (CNU), banda paraestatal que llevó a cabo crímenes en las ciudades de La Plata y Mar del Plata en los años previos a la dictadura genocida; delitos casi sin juzgamiento hasta hace unas décadas atrás, gracias a la incansable lucha de familiares y sobrevivientes.
Los imputados Castillo y Pomares siguieron la audiencia por Zoom desde la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, mientras que Jesús lo hizo desde su domicilio.
El dato que llamó la atención de quienes participaron de la audiencia, generando una gran indignación, fue que los jueces a cargo del Tribunal: Jorge Gorini, Fernando Minguillón y la jueza María Gabriela López Iñíguez, como así también Ricardo Basílico como juez suplente, no se encontraban presentes en la sala de audiencias. Todos ellos siguieron el desarrollo de la jornada de manera virtual.
La llegada de la pandemia trastocó la vida cotidiana al punto de transitarla desde la virtualidad. El Poder judicial no fue la excepción. La virtualidad unió en una misma pantalla víctimas con victimarios. En distintos juicios pudo verse (aún se los puede ver) a los genocidas gozar de las mayores comodidades de su hogar, incluso aquellos pocos que están presos en la unidad vip de Campo de Mayo. Hoy se sumaron a esta comodidad los jueces. Los presentes en la sala dejaron sentado su denuncia al grito de "tribunal ausente, nuestros 30.000 presentes".
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Hoy arrancó el 2do juicio por crímenes de la CNU en La Plata.
El inicio tuvo una particularidad: no había jueces en la sala, todos conectados por Zoom.
Los asistentes —familiares y sobrevivientes— gritaban: "30.000 presentes; tribunal ausente". pic.twitter.com/ljR7bqFBdp
— Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) February 23, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>En esta primera audiencia se dio lectura de un resumen de la acusación, donde se destacó el rol de la CNU, cuyo accionar "sistematizado y organizado, en connivencia estatal, tuvo como objetivo "la eliminación de los 'subversivos' u opositores políticos al gobierno". Dicho accionar tenía como sello característico "acribillar a sus víctimas con una gran cantidad de impactos de armas de fuego. Este ensañamiento respondía a tres objetivos: instalar el terror, demostrar la identidad de los autores -era una especie de firma de sus crímenes- y su capacidad operativa".
Mientras los represores disfrutan de sus domicilios, otros mueren sin castigo; sobrevivientes y familiares que dejan la vida atestiguando sobre el horror y buscando una justicia que el Poder Judicial dilata y fragmenta en el tiempo. Tanta impunidad es caldo de cultivo para el cacareo negacionista.
La próxima audiencia será el 4 de marzo.
Mirá la primera audiencia
Fuente Pulso-La Retaguardia
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¡Todos y todas por la liberación de Milton! No mas presos por luchar
23 de febrero, por Lanús — Sociedad, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, Reforma laboral, Presos políticos, Javier Milei, Represión, Sociedad, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, Reforma laboral, Presos políticos, Javier Milei, Represión
La asamblea autoconvocada de Lanús exige la liberación de Milton Tolomeo y el cierre de la causa, así como de todos los presos por luchar contra la reforma esclavista
La Asamblea Autoconvocada de Lanús lanzó una campaña por la liberación de Milton Tolomeo, fundador de la misma, quien fue detenido unos días después de la importante movilización contra la reforma laboral el pasado 11 de febrero. Su detención, se da en el marco de una avanzada represiva que busca disciplinar a quienes salen a luchar contra el ajuste y la precarización laboral que impulsa el gobierno de Milei y sus cómplices. Como se expresó en las calles miles de trabajadores y de sectores populares, se movilizaron para rechazar esta reforma retrógrada.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>La organización de Derechos Humanos “Red Federal por la Defensa de los DD. HH. y la Democracia”, ha asumido la defensa de Milton, quien se encuentra con prisión preventiva, y en un comunicado exigen su inmediata liberación debido a que no existen motivos para su situación ya “que el compañero cuenta con suficiente arraigo, carece de antecedentes y de posibilidad de entorpecer el proceso”. A su vez, informaron que la fiscalía solicitó que siga detenido en “base a dudosos informes de identificación antropométrica de la policía federal”.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Desde este medio, nos sumamos a difundir esta campaña y llamamos a todes a ser parte de esta pelea por la liberación de Milton Tolomeo y el cierre de la causa, así como de todos los presos por luchar. Pelear contra esta nefasta reforma laboral no es un delito, los criminales son los que quieren sumir en la precarización y la pobreza a les trabajadores de Argentina.
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Prioridades de Milei: U$S 11 millones para camiones militares, millones de jubilados en la miseria
23 de febrero, por Negocio armado — Política, Libertades Democráticas, Alemania, Ejército, Mercedes Benz, Jubilaciones, Jubiladas y jubilados, Ajuste fiscal, Ministerio de Defensa, Carlos Alberto Presti, Política, Libertades Democráticas, Alemania, Ejército, Mercedes Benz, Jubilaciones, Jubiladas y jubilados, Ajuste fiscal, Ministerio de Defensa, Carlos Alberto Presti
El ministro de Defensa Carlos Presti viajó a Alemania y cerró un multimillonario contrato con Mercedes Benz por la compra de 64 Unimog. Festejan en los cuarteles, mientras la motosierra y la licuadora siguen destrozando jubilaciones y presupuestos en salud, educación y vivienda.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, acaba de volver de Alemania, donde participó de Munich Security Conference (Conferencia de Seguridad de Munich). Allí, entre otras cosas actividades oficiales y privadas, visitó la planta alemana de Mercedes-Benz Special Trucks para terminar de concretar la compra del Estado argentino de un total de 64 camiones militares Unimog 4000 para el Ejército Argentino (fuerza de la que él fue jefe hasta hace poco).
Casi como una ironía de la historia, Mercedes Benz es una de las corporaciones que más se involucraron en el genocidio de los años 70 en Argentina. Su gerencia, en complicidad con la burocracia sindical del Smata encabezada por José Rodríguez, promovió el secuestro de decenas de obreros y 14 delegados de la Comisión Interna de su planta automotriz de La Matanza están desaparecidos. Además de ser su principal cliente, el Ejército tuvo en la Mercedes un gran aliado. Tanto que meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976, la gerencia “donó” un equipo de neonatología para el hospital de Campo de Mayo, que se convertiría en la maternidad clandestina más grande del país, con un número aún no determinado de hijas e hijos robados a las secuestradas.
Presti, orgulloso hijo de un genocida de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, habrá sentido un placer extremo al pisar la planta alemana de Mercedes Benz. Ésa que también jugó un rol central durante las décadas de 1930 y 1940 como proveedora privilegiada y colaboradora crucial de las tropas comandadas por Adolf Hitler.
Unimog U4000 de Mercedes Benz La compra de los vehículos (sólo para una de las tres Fuerzas Armadas) se realizó en dos tandas. En 2025 la Dirección de Material del Ejército, a través del Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) le encargó 48 unidades del U4000 a Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U. Con un costo de U$S 170.000 por cada camión, ese primer lote implicó un gasto de US$ 8.160.000. Luego, en el marco del viaje de Presti a Alemania, se confirmó el encargo de 16 unidades más, sumando U$S 2.720.000 al gasto inicial.
En total, por los 64 vehículos el Estado pagará U$S 10.880.000. A la cotización del dólar de estos días, esa cifra equivale a no menos de $ 15.200 millones (si fuera a la cotización, por ejemplo, de diciembre de 2025, esa cifra ascendería a más de $ 16.000 millones).
Desde que asumió en diciembre de 2023 Javier Milei enarbola un lema canallesco pero relativamente efectivo para justificar su plan de motosierra y ajuste brutal: “no hay plata”. La pregunta que se impone es, entonces, ¿de dónde saca el mismo Gobierno el dinero para abrochar este enorme negociado con la Mercedes Benz para dotar al Ejército de camiones que, se presume, sólo tendrán como fin el traslado de soldados y materiales de cuartel en cuartel?
Hay algunos cálculos básicos que responden claramente ese interrogante. Como se explica en otro artículo de La Izquierda Diario, entre abril de 2024 y diciembre de 2025 (con el cambio por decreto de la movilidad), millones de jubiladas y jubilados que perciben el haber mínimo, hoy valuado en $ 369.600,88, perdieron en promedio $ 1 millón cada uno (la diferencia entre el cálculo con la movilidad anterior y la decretada por Milei). Eso sin contar lo que perdieron por la no actualización del bono de $ 70 mil.
Según datos de 2025 del boletín estadístico de la Subsecretaría de Seguridad Social, casi tres millones de adultos mayores cobran la mínima de la Anses. Sólo tomando ese universo de beneficiarios (quedan afuera jubilades de régimenes provinciales y quienes cobran haberes de miseria apenas por encima de la mínima), el robo de Milei y Toto Caputo a las y los jubilados fue de $ 3 billones. Con apenas un vuelto de ese “ahorro” criminal, Presti pudo comprar los camiones para regocijo de sus subordinados.
Otra cuenta ejemplificadora. Anses es la encargada de abonar mes a mes las pensiones no contributivas por discapacidad a quienes están en situación de vulnerabilidad y no tienen ingresos para sobrevivir. El otorgamiento de esos beneficios se vehiculiza a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Actualmente cada uno de esos beneficios rondan los $ 244 mil. La compra de los Unimog U4000 para el Ejército equivale a casi 63 mil pensiones.
Vale recordar que la gestión de Diego Spagnuolo, examigo personal y exabogado de les hermanes Milei, les quitó esas pensiones a miles de personas con discapacidad de forma absolutamente irregular, ilegítima y deshumanizante. Todo eso mientras, según los audios del mismo Spagnuolo, desde la Andis se hacían fenomenales negociados con coimas incluídas (el 3 % de Karina) en beneficio de empresarios y funcionarios.
Otros muchos cálculos podrían hacerse para demostrar no sólo que “sí hay plata” sino que los recursos públicos son direccionados por el Gobierno según sus propios intereses ideológicos, políticos y, en definitiva, de clase. Lo cierto es que la compra de 64 vehículos a U$S 170 mil dólares cada uno para mejorar el aparato represivo estatal es una demostración de cuáles son los principios de La Libertad Avanza .
Según información difundida por medios aliados de la Casa Rosada y otros “especializados” como el sitio Zona Militar, la Dirección de Material del Ejército ya pidió que el Ministerio de Economía le autorice también la compra de “una flota proyectada de mil camiones tácticos 4×4”. Otro negoción para alguna automotriz multinacional.
Para los “especialistas” en Defensa y los nostálgicos de las Fuerzas Armadas genocidas, se trata de una renovación necesaria para las tropas. Para los intereses reales del pueblo trabajador, es otro saqueo a las arcas públicas en detrimento de mejoras en salud, jubilaciones, educación o vivienda. Es decir, la razón de ser del gobierno mal llamado “libertario”.
Carlos Presti recibiendo la llave del primer Unimog de manos de un gerente de Mercedes Benz Alemania | Foto Ministerio de Defensa
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La Plata: comenzó el segundo juicio por los crímenes de la CNU
23 de febrero, por Lesa humanidad — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Crímenes de lesa humanidad, CNU, Juan José "Pipi" Pomares, Carlos "El Indio" Castillo, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Crímenes de lesa humanidad, CNU, Juan José "Pipi" Pomares, Carlos "El Indio" Castillo
Darán inicio las audiencias donde se juzgan a tres integrantes del grupo parapolicial de derecha peronista, socios de la Triple A, que actuó antes del golpe genocida contra militantes, estudiantes y trabajadores, fundamentalmente en las ciudades de Mar del Plata y La Plata. Seguí la cobertura.
Desde las 9:30 hs en los Tribunales Federales de La Plata comenzarán las audiencias del juicio oral y público que tendrá en el banquillo a tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el período previo al 24 de marzo de 1976. Los imputados son Carlos Ernesto “El indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Tony” Jesús.
Son acusados de los delitos de homicidio calificado, tormentos y privación ilegal de la libertad contra 13 víctimas: Jorge Rosendo Ruda , Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz , Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.
Seguí las audiencias en vivo por La Izquierda Diario
