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Gatillo Fácil: legisladores piden interpelar al Ministro de Seguridad de Jorge Macri
30 de diciembre de 2025, por Legislatura — Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Andrea D'Atri, Jorge Macri, Brutalidad policial, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Andrea D'Atri, Jorge Macri, Brutalidad policial, Policía de la Ciudad de Buenos Aires
El proyecto fue presentado por la legisladora del PTS/ FIT-U, Andrea D´Atri, junto a Vanina Biasi y los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Salvatierra y Labunda, sobre los dos casos de “gatillo fácil” que se dieron los últimos días.
La legisladora Andrea D'Atri, presentó un proyecto en la Legislatura porteña para interpelar al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, a raíz de dos graves episodios de violencia protagonizados por la Policía de la Ciudad en los últimos días.
La iniciativa fue impulsada junto a Vanina Biasi (PO-FIT) y cuenta además con el acompañamiento de los legisladores Salvatierra y Andrés La Blunda, del bloque Fuerza por Buenos Aires. El pedido de interpelación se fundamenta en dos casos recientes de“gatillo fácil”, ocurridos en un lapso de menos de 72 horas.
Ante la gravísima escalada de violencia de la Policía de la Ciudad, en las últimas 72 horas, que terminó en el asesinato de Gabriel González en Lugano y dejó peleando por su vida a Leonardo Vargas tras ser baleado en Constitución, presenté un pedido de interpelación al ministro… pic.twitter.com/uAyLVzElHF
— Andrea D'Atri (@andreadatri) December 29, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El primer hecho tuvo lugar en el barrio 20 de Lugano el 25 de diciembre, donde Gabriel González fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad. El segundo episodio ocurrió el 28 de diciembre en el barrio de Constitución, donde Leonardo Vargas resultó gravemente herido tras recibir un disparo por la misma fuerza y permanece en estado crítico. Los casos fueron difundidos rápidamente por las redes sociales que permitió desarmar los intentos del oficialismo de defender a la policía.
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A través de sus redes sociales, D'Atri denunció una “gravísima escalada de violencia” por parte de la fuerza de seguridad porteña y señaló la responsabilidad política del gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri. En ese marco, sostuvo la necesidad de que el ministro Giménez dé explicaciones ante la Legislatura sobre el accionar policial y las responsabilidades institucionales en ambos hechos.
Este martes 30 de diciembre se va a realizar audiencia pública en la Legislatura Porteña reclamando justicia por Gabriel Gonzáles, junto a su familia y amigos, legisladores y organismos de Derechos Humanos, sociales y políticas.
Mañana realizaremos una audiencia pública en la Legislatura Porteña por justicia por Gabriel Gonzáles junto a su familia y amigos, legisladores y organismos de DD.HH. No fue un policía suelto, Jorge Macri y Horacio Giménez son responsables de la brutal política represiva contra… pic.twitter.com/CAbZmHmAZ6
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) December 29, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Los datos sobre la Policía de la Ciudad son alarmantes donde se destaca como "la fuerza más letal del país", como expresó el periodista Martin Suarez en redes sociales y en una nota en Tiempo Argentino. Esta afirmación se basa que desde enero del 2017 que se creó esta fuerza, se pudieron conocer 168 víctimas por efectivos de la Policía de la Ciudad. Solo en los dos primeros años de Jorge Macri, ya se conocieron 44 asesinatos entre "gatillo fácil", muertes en cárceles y comisarías e intrafamiliares, bajo la órbita de esta fuerza, informa el mencionado periodista.
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El Protocolo antiprotestas de Bullrich fue declarado nulo
29 de diciembre de 2025, por Revés para el gobierno — Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Javier Milei, Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Javier Milei
La Justicia federal hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el CELS y declaró la nulidad del Protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. El fallo sostuvo que no realizó una ponderación razonable entre el orden público y derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta.
En medio de una semana teñida por la alevosía de la policía del "gatillo fácil", con el asesinato de dos trabajadores de barrios humildes en plena ciudad de Buenos Aires, la Justicia Federal declaró la nulidad del Protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad.
El fallo, que implica un revés a la política represiva del gobierno, sostuvo que la Resolución 943/23 carece de una motivación adecuada y no realizó una ponderación razonable entre el orden público y derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta.
El CELS promovió una acción de amparo colectivo, con numerosas adhesiones de organizaciones sociales, sindicales, políticas y personas individuales, para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad. Sostuvo que el Protocolo vulnera derechos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, reunión y protesta, criminaliza la protesta social, habilita detenciones sin orden judicial y excede las competencias del Poder Ejecutivo al introducir regulaciones de contenido penal.
Si bien el Estado Nacional –Ministerio de Seguridad– se presentó y defendió la validez de la resolución, alegando que se trata de una reglamentación legítima del accionar de las fuerzas federales, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 lo consideró jurídicamente inválido. Dando lugar a la acción de amparo colectivo, declaró la nulidad de la Resolución 943/23, que aprobó el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”
En particular, el fallo señala que el Ministerio no realizó una ponderación concreta, razonada y explícita entre el objetivo de garantizar el orden público y la afectación intensa de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta, que gozan de preferente tutela constitucional y convencional.
Asimismo, el juzgado a cargo del juez Martín Cormick subrayó que el Protocolo introduce definiciones y consecuencias (como la noción de flagrancia, la habilitación de intervenciones sin orden judicial y el registro de manifestantes y organizaciones) que pueden alterar sustancialmente el ejercicio del derecho a la protesta, sin una justificación proporcional ni razonable.
El fallo contempla los daños ocasionados y el derecho a realizar denuncias penales respecto a la aplicación del Protocolo, es decir, "a las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad".
Recordemos que, bajo la aplicación del Protocolo antiprotestas, numerosos manifestantes perdieron un ojo, como el abogado del CEPRODH y asesor de la bancada de Myriam Bregman, Matías Aufieri; o que fueron gravemente heridos como el fotoperiodista Pablo Grillo. Las fuerzas represivas no dudaron en reprimir con ferocidad los jubilados, miércoles a miércoles, y hasta una niña. Fueron casos que conmovieron a la sociedad, despertando un repudio generalizado y la simpatía por la valentía de quienes trabajaron toda su vida y hoy reclaman por un ingreso decente.
Este fallo es el resultado del repudio popular al Protocolo de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad y hoy senadora nacional, quien acumula un historial plagado de crímenes de Estado a su mando, como el caso de Santiago Maldonado o el de Facundo Nahuel. Y es un freno a la represión del gobierno de Milei para llevar a cabo sus planes.
Si el protocolo antiprotestas pudo sembrar temor entre sectores que de otra forma se hubiesen manifestado en estos dos años, su nulidad alienta a redoblar la lucha en las calles. Es el único camino para conseguir ponerle freno y lograr derrotar los intentos de Milei de avanzar sobre derechos conquistados históricamente, como los de su "reforma laboral".
En general, es la unidad y el apoyo a todas las luchas y la necesidad de nacionalizarlas en un paro general y un plan de lucha la vía para impedir que el gobierno avance con el ajuste a la medida de las grandes empresas y el FMI.
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Otro fusilamiento de la Policía de Macri a plena luz del día
29 de diciembre de 2025, por Constitución — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil
Un pibe recibió tres balazos de una patota de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la esquina de Salta y Constitución. El hecho se suma al fusilamiento en Lugano del trabajador Juan Gabriel González. El gatillo fácil es parte constitutiva de la agenda de la derecha.
Otro caso de gatillo fácil. Fue el domingo a las 14:30 en el barrio de Constitución, donde la Policía porteña le disparó tres tiros contra un joven que, supuestamente, era parte de una discusión entre transeúntes. A la noche del domingo los vecinos convocaron una protesta en Salta y Constitución para repudiar este nuevo hecho represivo.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Este nuevo caso se produjo solo tres días después del asesinato de Juan Gabriel González en Villa Lugano, también a manos de la Policía de la ciudad. Fue el jueves de Navidad. González murió por un disparo de escopeta efectuado por un agente que integraba una patota que, también supuestamente, intentaba “solucionar” un problema de música alta en una de las viviendas.
“Esto no es política de seguridad, es una política criminal contra los sectores más pauperizados de nuestra población”, dijo Andrea D'Atri, legisladora porteña del PTS-Frente de Izquierda, presente en la movilización por verdad y justicia para el joven asesinado en Constitución.
Se trata de una política deliberada de disciplinar por las balas a los sectores más pobres de la sociedad, intentando instalar que hay vidas descartables.
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Anticipo de la autopsia revela que Gabriel González murió por un disparo de escopeta policial
27 de diciembre de 2025, por Gatillo fácil — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Villa Lugano, Jorge Macri, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Villa Lugano, Jorge Macri, Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Como informó en un comunicado CORREPI, que tuvo acceso al documento, el vecino de Lugano asesinado por un Policía de la Ciudad "recibió un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas utilizadas por los policías de la Ciudad".
En un anticipo preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Juan Gabriel González se informa que el vecino de Lugano murió por un disparo de una escopeta utilizada por la policía de Jorge Macri. La información se conoció por un Comunicado de Prensa de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).
Se pudo constatar que Juan Gabriel, como es conocido, "recibió un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas utilizadas por los policías de la Ciudad".
A su vez se pudo acceder a los datos del personal policial que intervino en el hecho, aunque sin acceso a la causa aún. Serían el oficial primero Daniel Miño, L.P. 15.711 (Comisaría 8A), la oficial Vanesa Valentini, L.P. 28.675, el oficial primero Joel Riquelme, L.P. 8.998 y la oficial Evelyn Goncebat, L.P 29.359, éstos de la DIVISIÓN UNIDAD TÁCTICA DE PACIFICACIÓN VI. Según el parte policial, quienes dispararon sus armas largas fueron la oficial Valentini y el oficial 1° Miño, que habrían disparado seis veces cada uno.
"Lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa." Eso confirma la autopsia del cuerpo de Gabriel, el vecino de Lugano asesinado a quemarropa por la Policía de la Ciudad. A corta distancia y directo a zonas vitales fue el disparo que… pic.twitter.com/SyFJHytgwy
— Andrea D'Atri (@andreadatri) December 27, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El hecho ocurrió este jueves 25. La fuerza represiva atacó a vecinos de una vivienda que supuestamente tenía la música alta. Las imágenes que rápidamente circularon por grupos de WhatsApp y redes sociales muestran a una patota de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzar sobre un grupo de vecinos desarmados que sólo trataban de defenderse con sus manos.
Te puede interesar: ¿Es éste el policía de la Ciudad que mató a Gabriel Gonzáles en Villa Lugano?
En el día de ayer, familiares, amigos y vecinos junto a diferentes organizaciones se concentraron en Cruz y Escalada para pedir justicia ante un nuevo caso de gatillo fácil.
Reproducimos a continuación el comunicado completo:
Comunicado de prensa: Gatillo fácil en Lugano, Juan Gabriel murió por disparo de escopeta.
El anticipo preliminar de la autopsia, informado hoy a la familia de Juan Gabriel González, es conciso y claro: Lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa.
Aunque aún no disponemos del informe completo, que el Cuerpo Médico Forense remitirá en unos días al juzgado interviniente, este anticipo es dirimente: Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas utilizadas por los policías de la Ciudad, tal como se ve en los videos ya conocidos.
No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia, como lo muestran las imágenes, y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería.
También pudimos conocer hoy a los datos del personal policial que intervino en el hecho, lo que podremos confirmar al acceder a las actuaciones en el juzgado. Serían el oficial primero Daniel Miño, L.P. 15.711 (Comisaría 8A), la oficial Vanesa Valentini, L.P. 28.675, el oficial primero Joel Riquelme, L.P. 8.998 y la oficial Evelyn Goncebat, L.P 29.359, éstos de la DIVISIÓN UNIDAD TÁCTICA DE PACIFICACIÓN VI. Según el parte policial, quienes dispararon sus armas largas fueron la oficial Valentini y el oficial 1° Miño, que habrían disparado seis veces cada uno.
Ampliaremos la información a medida que podamos constatarla.
Basta de gatillo fácil – Basta de represión.
CORREPI, 27 de diciembre de 2025.
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La Justicia confirmó el procesamiento de Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo
27 de diciembre de 2025, por Cámara Federal — Política, Libertades Democráticas, Pablo Grillo, Política, Libertades Democráticas, Pablo Grillo
Hace pocos días, la mamá de Pablo Grillo publicó una carta exigiendo justicia. El viernes la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero.
El 12 de marzo pasado, mientras jubiladas, jubilados e hinchas de clubes de fútbol se manifestaban en las calles, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó una brutal represión. El nombre de Pablo Grillo, fotorreportero de 35 años, recorrió las redes y los medios tras ser alcanzado por una granada de gas disparada por la Gendarmería.
El disparo hirió gravemente a Pablo, el principal acusado es el cabo Héctor Guerrero. Junto a él, Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo a causa de un disparo de bala de goma efectuado por Sebastián Martínez, de Prefectura. Ese día el gobierno de Javier Milei no dudó en montar un show mediático: tildó de “barrabravas” a los manifestantes, sin una sola prueba, para justificar la violencia estatal. El saldo: cientos de heridos y más de cien detenidos al voleo.
La verdad salió a la luz, no por la acción de la Justicia, sino por el trabajo de periodistas y colectivos como Mapa de la Policía, que lograron identificar a Guerrero y Martínez como los autores materiales de los disparos. Pero la causa judicial avanza a paso de tortuga: la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, lejos de investigar a fondo, ni siquiera citaron a declarar a la principal responsable política de la represión, Patricia Bullrich.
Confirmación del procesamiento
El viernes, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, con las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, confirmó el procesamiento de Héctor Guerrero. Para Navidad, la madre de Pablo Grillo, María del Carmen Bucceroni, publicó una carta dirigida a los jueces volviendo a exigir justicia por su hijo. "No busco venganza, quiero y queremos Justicia por Pablo", escribió.
En la resolución se detalla que el gendarme acusado, efectuó al menos seis disparos en la tarde del 12 de marzo con un lanzador de gases lacrimógeno en posición horizontal y dirigido hacia quienes se manifestaban. El “disparo 4”, atravesó primero una estructura de madera y luego impactó en Pablo causándole lesiones gravísimas. Un hecho corroborado por los peritajes médicos y técnicos. Los disparos ocurrieron, según el análisis del material de registro, entre las 17:00 y 17:22.
En Octubre, la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, procesó a Héctor Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas. La defensa de Guerrero apeló dicho procesamiento planteando que el arma no permitía apuntar con precisión y que la trayectoria de los proyectiles era errática. Un elemento que utilizó la Cámara Federal para señalar el actuar de Guerrero al disparar directo en posición horizontal hacia la protesta, algo que hasta es contraindicado por el propio manual del fabricante del arma.
Justicia por Pablo Grillo
La represión del 12 de marzo no fue un hecho aislado ni un “exceso” policial: fue una decisión política del gobierno de Milei y Bullrich para silenciar la protesta y garantizar el ajuste. Desde su llegada al poder, Bullrich se dedicó a consolidar un Estado policial, con protocolos represivos para disciplinar a quienes luchan por sus derechos. El saldo está a la vista: persecución, detenciones arbitrarias, causas armadas y heridas irreparables en quienes salen a la calle a reclamar contra el hambre y la miseria planificada.
Así lo demuestran las denuncias de organismos internacionales, como la reciente comunicación de la ONU, que alertó sobre el deterioro de las libertades fundamentales en el país. Pero, mientras tanto, la Justicia sigue mirando para otro lado: la máxima responsable política de la represión, Patricia Bullrich, hoy sentada en el Senado, ni siquiera fue citada a declarar.
Hoy, Pablo Grillo sigue peleando por su recuperación. Su familia, sus amigas y amigos, sus compañeras y compañeros, y miles de personas seguimos exigiendo justicia. La confirmación del procesamiento de Héctor Guerrero es apenas un primer paso. No alcanza con castigar a los ejecutores: hace falta llegar a quienes dieron las órdenes. La política represiva de Bullrich y Milei no puede quedar impune.