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  • Baja de la edad de punibilidad: los fundamentos del rechazo presentado por la izquierda

    12 de febrero, por Diputados — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Con la firma de la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman, el dictamen presentado por la izquieda denuncia al impulsado por La Libertad Avanza, que puede obtener media sanción este jueves. Basado en falacias históricas y jurídicas que sólo buscan criminalizar a la juventud, el oficialismo plentea una regresión política que hace aún más “peligrosos” a los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares. Argumentos demoledores contra el punitivismo represivo.

    Este miércoles el bloque de diputados de La Libertad Avanza logró reunir un plenario de las comisiones de Legislación Penal; de Familias, Niñez y Juventudes; de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo del oficialismo es conseguir la media sanción esta misma semana de un nuevo Régimen Penal Juvenil, una de cuyas claves es la baja de la edad de punibilidad a los 14 años.

    El dictamen oficial, redactado a las apuradas para conseguir adhesiones de último momento, finalmente obtuvo una mayoría de 77 firmas de diputados, miembros de las cuatro comisiones. Los pocos legisladores de ese grupo que decidieron tomar la palabra en la reunión, se dedicaron a adular al Gobierno sin explicar (mucho menos argumentar) nada del proyecto.

    Además del proyecto encabezado por el oficialismo y acompañados por aliados, la reunión de comisiones terminó con otros cinco dictámenes presentados por distintos bloques. Tres son de Unión por la Patria (uno por el ala kirchnerista, otro del massismo y uno “de observación” presentado por una diputada en particular), uno de Provincias Unidas y otro del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Éste último, de seis páginas, lleva la firma de la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman.

    No es una discusión de “seguridad”

    El texto de la izquierda sintetiza la cuestión: “Este debate se presenta como una discusión de seguridad, pero en realidad revela algo mucho más profundo: la decisión de un Estado que no puede -ni quiere- garantizar derechos básicos a la mayoría de las niñas, niños y adolescentes, y que frente a ese fracaso responde con castigo. Donde deberían existir educación, salud, alimentación, vivienda, cultura y futuro, aparece el sistema penal. Las infancias se convierten completamente en objeto de control”.

    En ese marco, agrega que “para los sectores que concentran la riqueza, la vida de las juventudes populares no vale como derecho garantizado, pero sí como advertencia social, como mensaje disciplinador, como pieza del control sobre quienes sufren la desigualdad”. Y nada de esto es nuevo, ya que “el derecho penal moderno nace con la ficción de un sujeto formalmente libre y responsable, propia de la sociedad capitalista. La pena se organiza como equivalencia: delito de un lado, castigo del otro. El tiempo de encierro como medida de compensación”.

    Así, el lema difundido por Patricia Bullrich y el resto de La Libertad Avanza según el cuál a un “delito de adulto” le cabe una “pena de adulto” resulta ser “la expresión más cruda de esa lógica”, ya que “supone un sujeto plenamente autónomo que eligió libremente transgredir la ley, y al hacerlo borra las condiciones sociales que producen el conflicto. Cuanto más se habla de responsabilidad individual, más se oculta la desigualdad real”.

    Por eso, “el discurso oficial se sostiene sobre una demagogia punitiva que promete ‘seguridad' a fuerza de castigo para los jóvenes, pero choca contra la evidencia empírica. En ningún país donde se redujo la edad de punibilidad disminuyó la comisión de delitos graves. Se le ofrece a la sociedad una respuesta rápida y falsa que no aborda las causas estructurales del problema y que solo profundiza la criminalización y persecución de pibes y pibas. El único horizonte que se propone es el encierro”.

    El Frente de Izquierda insiste en que “bajar la edad no ‘reduce el delito', sino que promueve la estigmatización y el control social. Significa, de hecho, anticipar esa ficción sobre personas en pleno desarrollo, atravesadas por condiciones materiales que el propio orden social genera. En lugar de interrogar esas condiciones, se individualiza la culpa. En lugar de garantizar derechos, se amplía el castigo. El derecho penal vuelve a cumplir su función histórica de administrar el orden social en tiempos de crisis, endureciéndose para disciplinar a las mayorías empobrecidas”.

    Menores “peligrosos”, regresión política

    El dictamen de rechazo firmado por Bregman alerta que no estamos “ante una reforma técnica, sino ante una regresión política. Esa regresión retoma una matriz conocida en nuestra historia. Desde la Ley de Patronato (Ley 10.903), utilizada para disciplinar a los hijos de la inmigración pobre y controlar a las infancias de las familias trabajadoras, el poder estatal construyó la figura del ‘menor peligroso'. Lo que era militancia política o desigualdad social, lo convirtieron en problema policial. O peor aún, los que eran víctimas sociales, pasaron a ser sospechosos. Hoy esa lógica reaparece, pese a que el propio orden constitucional reconoce lo contrario”.

    Recuerda en ese sentido que la Convención sobre los Derechos del Niño (que tiene desde 1994 jerarquía constitucional), obliga al Estado a garantizar desarrollo integral, libertad y protección especial de niñas, niños y adolescentes. “De allí surge el sistema de protección de derechos, que al menos formalmente desplaza el castigo y coloca en el centro las políticas sociales”. Por el contrario, “el dictamen de mayoría invierte ese recorrido y vuelve a poner a las niñeces y adolescencias en el mismo lugar que la última dictadura cívico militar”.

    Otro aspecto que desmiente el dictamen de la izquierda se refiere al discurso punitivo que se esgrime para bajar la edad de punibilidad. “Las causas penales que involucran jóvenes representan apenas entre el 2 % y el 4 % del total. Las niñas, niños y adolescentes menores de dieciséis años implicados en delitos rondan el 0,1 %. En 2023, 1.767 adolescentes se vieron incluidos en causas en la justicia nacional y la enorme mayoría ingresó por primera vez. Predominan los delitos contra la propiedad y los hechos graves -al revés de lo que se sostiene- muestran una tendencia descendente”.

    Bregman plantea que no hay una “ola delictiva juvenil” sino una construcción política y mediática funcional al endurecimiento penal. “El sistema penal no actúa de manera neutral. Persigue selectivamente y castiga con sesgo de clase. Los jóvenes que terminarán efectivamente criminalizados serán los pibes de los barrios precarizados, los hijos de la clase trabajadora. La baja de la edad no resuelve el eventual conflicto: lo administra punitivamente y desplaza la responsabilidad desde las estructuras que producen desigualdad hacia quienes la padecen”.

    En ese marco, cita al exjuez de la Corte Suprema y jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien habla de “criminalización primaria” y “criminalización secundaria” para graficar que el poder punitivo no es neutro. “La criminalización primaria es la que se está decidiendo en este recinto e implica la decisión política sobre qué conductas serán consideradas delito y qué penas tendrán. A partir de ahí viene una clara selección política. No todo lo dañino se criminaliza, ni todo lo criminalizado es lo más dañino socialmente”. Eso, concluye, es la “criminalización secundaria, el momento de aplicación concreta: cuando policías, fiscales y jueces deciden a quién perseguir efectivamente. Acá es donde entra en juego la selectividad penal, y de allí que siempre se hable de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares”.

    La izquierda denuncia que, lejos de discutirse una mera modificación técnica del sistema judicial, “el dictamen de mayoría profundiza el ejercicio de poder punitivo del Estado y su control social. La política del Gobierno y sus cómplices en este terreno es clara. Mientras se impone el ajuste, se paga una deuda externa ilegítima e ilegal y se profundiza la subordinación al imperialismo, se refuerzan los mecanismos de control interno. La criminalización temprana de la juventud cumple la misma función que la persecución de migrantes en los países centrales: fabricar enemigos sociales, ocultar las causas reales de la crisis y disciplinar a las mayorías afectadas”.

    La experiencia comparada demuestra, al contrario de lo que sostiene el oficialismo, que la cárcel o el encierro a edad temprana aumenta la reincidencia, profundiza la estigmatización y rompe trayectorias de vida. “Convertir el conflicto juvenil en una ‘identidad criminal definitiva' es clausurar el futuro” dice el dictamen firmado por Bregman. “Sabemos que bajo este sistema capitalista, cada vez más degradado, la juventud se lleva la peor parte, porque se les roba el futuro, hasta se les destruye el planeta en el que habitan y proyectan su vida”.

    “Sin negar estas cuestiones de fondo, que inspiran nuestra lucha todos los días por transformar la sociedad de raíz, podemos pensar algunas medidas mínimas. Frente a esta regresión, sostenemos una orientación opuesta. Fuera el sistema penal de nuestros niños, niñas y adolescentes: los cuantiosos recursos que hoy se pretenden destinar al encierro son los que deberían dirigirse a la creación de polideportivos, centros culturales y espacios comunitarios en los barrios, que garanticen desarrollo, encuentro y proyectos de vida para las y los jóvenes”, propone el dictamen de rechazo.

    Plantea que “así se vuelve urgente fortalecer los equipos profesionales que asisten a las escuelas. Psicólogos, docentes y trabajadores de la educación señalan el crecimiento de consultas vinculadas a intentos de suicidio y autolesiones, depresión, ansiedad, abusos, consumos problemáticos y trastornos en la conducta alimentaria. Cada institución educativa mínimamente debería contar con un Departamento de Orientación integrado por un equipo permanente conformado por profesionales de la psicología, la psicopedagogía y el trabajo social, articulado con otros programas, para acompañar de manera efectiva las trayectorias de las y los estudiantes”.

    Finalmente el texto subraya que, “una vez más, queda en evidencia que mientras no se avanza contra el delito organizado ni contra las complicidades que lo sostienen, se votan leyes de blanqueo para que los grandes delincuentes puedan lavar su dinero, se construye como chivo expiatorio a los eslabones más débiles: nuestros pibes y pibas, a quienes no se les garantizan derechos ni medidas de contención social, dejándolos expuestos a las redes del delito que el propio poder dice combatir, o hasta genera”.

    E insiste: “la baja de la edad de punibilidad constituye el núcleo más regresivo de este proyecto. No responde a ninguna evidencia empírica ni a una necesidad real, sino a una orientación política que busca ampliar el alcance del castigo sobre quienes menos derechos tienen. Adelantar la intervención penal sobre niñas, niños y adolescentes implica negar su condición de personas en desarrollo, desconocer los estándares fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño y reemplazar la obligación estatal de proteger por la decisión de perseguir y encerrar”.

    “Lejos de resolver los problemas que atraviesan las juventudes, esta medida profundiza la estigmatización, fortalece la selectividad punitiva y consolida una respuesta simbólica que administra la desigualdad mediante el castigo en lugar de garantizar derechos. Por eso, rechazar la baja de la edad no es solo una posición jurídica, sino una definición política frente a un intento de retroceso histórico en materia de derechos de las infancias y adolescencias”.

    La posición del Frente de Izquierda es categórica: “no a la baja de la edad de punibilidad. Este Estado que no puede garantizar los derechos mínimos a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de este país, quiere meterlos en la lógica de este sistema desde más pequeños. Para los ‘dueños de todas las cosas', para las clases dominantes y sus políticos títeres, sus vidas no valen nada, pero les sirven como vehículo de un mensaje: incrementar el control social. Por todo ello, corresponde el rechazo integral de este régimen penal juvenil reaccionario y la afirmación de una salida opuesta: retirar al sistema penal del centro de la intervención estatal”.

    1. Dictamen Bregman rechazo baja edad punibilidad by La Izquierda Diario

    Imagen creada con Inteligencia Artificial

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  • La Policía salió a la caza de manifestantes que marchaban contra la reforma laboral

    11 de febrero, por Congreso — , , , , , , , , , , , , ,

    En medio de la masiva movilización frente al Congreso, tanto la Policía de la Ciudad como la Federal salieron a “cazar” personas que habían asistido a rechazar la esclavista reforma impulsada por el Gobierno nacional. Al menos hay veinte detenidos y la represión en Congreso continúa. La represión es parte del plan de ajuste y precarización contra la clase trabajadora.

    Al menos veinte manifestantes fueron detenidos durante la tarde de este miércoles en el marco de la masiva movilización obrera y popular frente al Congreso, mientras el Senado trata el proyecto de reforma laboral esclavista propuesto por el gobierno de Javier Milei. La represión fue compartida entre las cuatro fuerzas represivas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

    Te puede interesar: Reforma laboral esclavista: Bullrich y Milei justificaron la represión; en la calle hubo resistencia

    Tras el lanzamiento de agua de los carros hidrantes y gases sobre sectores de manifestantes, las fuerzas represivas totalmente “sacadas” se largaron a su habitual “caza” de personas en las inmediaciones del Congreso. Según diversas fuentes, dos detenidos cayeron bajo las garras de la Policía porteña y otros cinco de la Federal. Luego sobre Avenida 9 de Julio se demoró al menos 40 personas de las cuales 8 fueron detenidas. Más tarde, unos miles de manifestantes se volvieron a convocar al Congreso a pesar de los gases para repudiar la reforma laboral y la represión del gobierno. Ante el hecho, Milei y Bullrich volvieron a confirmar que los violentos son ellos desatando una nueva cacería con más detenciones.

    Como parte de la brutalidad represiva del Gobierno, hubo manifestantes que recibieron impactos de balas de goma en la zona de sus ojos, lo que demuestra el nivel de agresión física está dispuesto a infligir sobre ciudadanos opositores la gestión de La Libertad Avanza.

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    Foto Enfoque Rojo

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  • Bregman: “No hay una ola delictiva juvenil, el Gobierno necesita criminalizar a la juventud”

    https://youtu.be/vsNOAWYVBQM?si=hDLXVtqr-aPsx3Hi
    11 de febrero, por Edad de punibilidad — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La diputada nacional del Frente de Izquierda denunció el proyecto de nuevo régimen penal juvenil que, entre otras cosas, pretende bajar la edad de punibilidad a 14 años. Desenmascaró las falacias de La Libertad Avanza, que camufla de “lucha contra el delito” un plan punitivo y represivo que busca quitarle derechos básicos a las hijas e hijos de la clase trabajadora y los sectores populares. Acá su intervención completa.

    Este miércoles el bloque de diputados de La Libertad Avanza logró convocar a un plenario de las comisiones de Legislación Penal; de Familias, Niñez y Juventudes; de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo del oficialismo, con alto impulso efectista acelerado en los últimos días, es conseguir la media sanción esta misma semana de un nuevo Régimen Penal Juvenil, una de cuyas claves es la edad de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años.

    El dictamen oficial, desconocido por gran parte de los miembros de las comisiones hasta minutos antes de iniciarse la reunión, finalmente obtuvo una mayoría de 77 firmas de diputados. Los pocos legisladores de ese grupo que decidieron tomar la palabra en la reunión, se dedicaron a adular al Gobierno sin explicar (mucho menos argumentar) prácticamente nada del proyecto.

    Del otro lado, entre las voces más nítidas de rechazo al proyecto libertariano estuvo la de Myriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (PTS/FITU). La abogada de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos combinó la denuncia contra la avanzada represiva y la explicación de cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno de Javier Milei para con la juventud trabajadora y pobre. Aquí su intervención completa.

    “¡Decimos no a la baja de la edad de punibilidad!”

    “Para comenzar el debate de una manera seria, sin tanto aplauso autosatisfactorio y sin decir que ‘empieza a circular un dictamen', hay dos aclaraciones que nos merecemos para hacer un debate en este en este plenario de comisiones.

    Primero, nadie dice cuál es, como decimos los abogados y las abogadas, el ‘mérito', la oportunidad y la conveniencia de tratar esto en sesiones extraordinarias. Es raro que nadie explique por qué ahora, por qué a las apuradas . Tienen que agarrar un micrófono y explicar y dar explicaciones coherentes, no tipo barrabrava al costadito. Tienen que explicar por qué ahora, en extraordinarias, cuál es la urgencia de la extraordinaria, qué impide el debate con los nuevos diputados y diputadas que asumimos ahora.

    Segundo. Están evitando explicar, porque hasta les debe dar un poco de vergüencita si eso existe, ¿qué quiere decir ‘delito de adulto, pena de adulto'? Que ha sido el lema con el cual han propagado este proyecto de ley. ¿De dónde sale? ¿De qué tratado internacional? ¿De qué convención internacional? ¿Del Código Penal? ¿De qué capítulo, de qué título, de qué ley específica? ¿De dónde sale esa barbaridad de ‘delito de adulto, pena de adulto'? Tan marquetinero, pero tan falso como tal .

    La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo , pero como ustedes llevan esa lógica nefasta, libertaria, hasta el extremo, quieren poner todas las responsabilidades en forma individual, incluso en los niños, niñas y adolescentes; para ocultar cada vez más las desigualdades reales .

    Esa frase no quiere decir nada, no justifica ningún tratamiento. Entonces, todavía nos deben una explicación de por qué dicen esas barbaridades y por qué con ese fundamento traen acá a discusión esta ley.

    Pero hay algo que me preocupa más, les diría que hasta me da bastante repugnancia (si esa palabra alcanza), porque en el mundo acaba de estallar un escándalo terrible de una cadena de esclavitud, de pedofilia. De los crímenes más aberrantes, algunos llegan a hablar de canibalismo. Realmente noticias que cuesta leer, que cuesta pensar lo que pasaba en la Isla Epstein . Sí, el caso Epstein. Ese caso habla de la situación a la que son sometidos bajo este nefasto sistema capitalista niños, niñas y adolescentes . ¿Cómo se los trata? ¿Cómo son el objeto perverso de placer de burgueses, de grandes empresarios, de reyes y princesas que llenan las cortes europeas, de mensajitos que preguntan ‘¿cuál va a ser la fiesta más perversa que tenés para invitarme?' Esa es la situación de los niños, niñas y adolescentes.

    Deberíamos investigar si no hay relaciones (del caso Epstein) en la Argentina. A todas ustedes (se dirige a diputadas de La Libertad Avanza) que se están riendo y me hacen caras, ¿no les parece terrible el caso? ¿No les parece terrible? ¿No deberíamos preguntarnos si no hay relaciones con nuestro país, si es verdad que hay relaciones con nuestro país? Así trata este sistema a los niños, niñas y adolescentes, que acá se pretende criminalizar. A mí me horroriza eso, a mí me preocupa eso y en ese contexto traen esta ley.

    Pocas veces vio un tratamiento tan a contrapelo. Y traen comparaciones que no tienen nada que ver , ponen ejemplos de provincias donde las niñeces están en situaciones terribles. ¿Les parece que un régimen procesal cambia esto? ¿En serio? ¿Tienen alguna provincia para mostrar donde los niños, niñas, adolescentes de nuestros países estén bien? A mí, la verdad, no se me ocurre ninguno. Habrá mejores, peores tratamientos, habrá profesionales mucho más comprometidos. Siempre hay diferencias, pero aquí hay un problema de fondo que no se soluciona con una ley, que es la enorme desigualdad social .

    La única comparación que se me ocurre es con el contexto histórico con el que salió la Ley Agote . En ese momento, en un contexto de alta pobreza, de inmigración, de personas que llegaban buscando un laburo, sea como sea, huyendo de situaciones terribles como la guerra, a los niños se los trataba como ‘peligrosos' y eran los niños de esa clase trabajadora que se conformaba, que daba pelea, que participaba de huelgas. Así ya se hablaba de la ‘peligrosidad moral o material' (de los niños). Hoy se habla del ‘riesgo social' ... Tan parecido a la Ley Agote . Está en la segunda página del proyecto, encabeza el proyecto de dictamen que están haciendo circular… ‘Riesgo social' .

    Yo sí le encuentro parecido, porque acá al ladito nomás, en el Senado, pretenden aprobar una ley de reforma
    laboral que va a sacar a papás y mamás de sus casas , que los va a dejar en jornadas de 12 horas , que les va a bajar los salarios incluso cuando estén enfermos , les van a pagar el 75 %, como dice el proyecto de contrarreforma laboral que pretenden tratar y aprobar aprobar con un Congreso blindado.

    ¿Entonces, esos niños y niñas van a estar mejor o peor para ser sujetos de las grandes cadenas delictivas, para ser sujetos del aprovechamiento como ‘soldaditos' de la droga. ¿Cómo los vemos? ¿Mejor o peor si se aprueba esta reforma laboral que abarata las indemnizaciones, que quita derechos? Creo que esas son alguna de las cosas que sí deberíamos tratar

    Los datos que leyó la diputada (Silvana) Judice , realmente me gustaría saber de dónde lo saca, porque no hay nadie que lo sostenga . En todos los países donde se redujo la edad de punibilidad, las consecuencias fueron al revés. Aumentó la reincidencia, salvo que ella tenga una gran versión de las cárceles de este sistema capitalista, que realmente son para reinserción de las personas, que cuando salen no son estigmatizadas, pueden buscar un laburo, nadie les dice ‘ah, tenés antecedentes, igual te tomo, no hay problema, yo te voy a tomar igual, no tengo ningún problema'. Ésa debe ser la realidad que ella vio, porque todo indica lo contrario, las estadísticas indican lo contrario .

    Además, se parte de otra falacia que es que la incidencia de los niños, niñas y adolescentes en el delito tiene alguna importancia cuando todo indica que no, que no, que la incidencia es absolutamente menor . Algunos dicen que no llega al 2 % de incidencia. Entonces, no hay una ola delictiva juvenil . Lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, de un gobierno con cada vez mayor ajuste, que necesita aumentar el poder punitivo del Estado , que necesita estigmatizar a la juventud y por ahí avanza.

    Hay algo que también me gustaría decir por algunas cosas que se dijeron aquí. Nosotros nos negamos también a asociar delito u ‘ola delincuencial', como habla alguna miliquita, con pobreza . Claro que aquella persona que está en situaciones de vulnerabilidad tiene muchas más condiciones de ser aprovechado por el gran delito organizado, por las grandes bandas criminales. Pero no nos olvidemos que en este sistema penal, de este régimen capitalista, hay una selectividad primaria y una selectividad secundaria . Entonces, cuando se habla de estadísticas, cuando se habla de delitos, hay que tener en cuenta que los únicos que van a llenar cárceles u institutos son los hijos de la clase trabajadora , son los hijos de los sectores más empobrecidos, porque a los hijos del poder no se los toca o se los toca muy poco , luego de que se lucha mucho.

    Asociemos todo el tiempo la situación de pobreza con la situación de delito, porque las familias trabajadoras hacen un esfuerzo enorme porque sus pibes estudien, porque sus pibes tengan un futuro y ustedes se lo están robando. Se lo están robando porque esos $ 23.000 millones que acá se discuten no van para polideportivos, no van para mejores escuelas, no van para equipos interdisciplinarios que atiendan situaciones de consumo problemático. No, van para encarcelarlos. ¿Saben por qué? Porque a 50 años del golpe militar quieren volver al mismo régimen de punibilidad que estableció esa dictadura genocida y cuyo uno de los primeros y grandes crímenes fue la persecución a los pibes y pibas de La Noche y los Lápices que tenían la misma edad de los que ustedes quieren mandar en Cana.

    Nuestro dictamen es un dictamen de rechazo, de repudio y decimos no a la baja de la edad de punibilidad . Muchas gracias.”

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  • Una parte de Unión por la Patria votará junto al Gobierno la baja de la edad de punibilidad

    9 de febrero, por Congreso — , , , , , , , , ,

    Son quienes se referencian con Sergio Massa, el último candidato presidencial del peronismo. Si bien anticipan que el jueves no votarán “en general” el proyecto oficialista de nuevo régimen penal juvenil, sí quieren que vayan presos jóvenes desde los 14 años. “Massa lo plantea desde 2015 y ahora lo toma el Gobierno”, sacan pecho desde el Frente Renovador. ¿Cuántos peronistas más votarán a favor?

    Este jueves la Cámara de Diputados trataría en sesión extraordinaria el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil propuesto por La Libertad Avanza que, entre otras regresiones y medidas reaccionarias, plantea la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Según el oficialismo, estarían garantizados los votos necesarios para que el proyecto obtenga media sanción y pueda ser girado al Senado.

    Un día antes, el miércoles, se hará un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y Presupuesto y Hacienda, en el que el bloque liberfacho buscará sumar la mayor cantidad de firmas posibles para su dictamen. Se sabe a su vez que otros bloques presentarán dictámenes propios, incluyendo uno absolutamente opuesto al del Gobierno, firmado por la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FITU).

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    En los últimos días, a partir de conocerse la incorporación a las apuradas de la reforma penal juvenil en sesiones extraordinarias, surgió un debate dentro de Unión por la Patria sobre qué postura llevar al recinto respecto al tema. Como se sabe, el bloque peronista está integrado tanto por fracciones de derecha como de “progresistas”.

    El foco está puesto particularmente en cuándo y cómo levantarán sus manos los ocho diputados de UxP (un 9 % del bloque) que provienen del Frente Renovador, el espacio del último candidato presidencial peronista Sergio Massa, quien lleva más de una década levantando la bandera de la baja de la edad de punibilidad. Se trata de Cecilia Moreau, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano, Guillermo Michel, María Jimena López, Sabrina Selva, Carlos Gutiérrez y María Salzman.

    A fines de la semana pasada las y los diputados massistas tuvieron una reunión propia que contó con una comunicación del propio Massa. Según dejaron trascender, allí resolvieron que apoyarán la baja de la edad de punibilidad de los 16 años actuales a los 14 propuestos por Milei y compañía. Y que como hacerlo no significa votarle todo el paquete al oficialista, pueden abstenerse de votar el proyecto oficial “en general” y acompañar “en particular” aquellos artículos que consideren aprobables.

    “Si estuviera en el recinto, la votaría”, les dijo Massa a Moreau y los demás diputados del espacio, dándoles el aval para que actúen en consecuencia. Según medios como La Nación y Página|12, el exministro de economía y excandaidato presidencial del Frente de Todos les recordó a sus discípulos “que esta es su posición histórica”, que mantiene desde 2015. Es más, ironizaron, “en verdad el proyecto es de Massa y ahora lo toma el Gobierno”.

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    Así, es altamente probable que el miércoles en el plenario de comisiones Unión por la Patria salga con dos dictámenes propios y diferentes, uno del sector kirchnerista (que propone mantener la edad de punibilidad en los 16 años) y uno de los massistas (con la baja a los 14 años). El gran interrogante es por cuál de los dos dictámenes votará cada uno de los 93 miembros del bloque. Se sabe que los ocho que vienen del FR votarán por el suyo. Y el dictamen más “progresista” lo votarán, de mínima, quienes lo firmen. ¿Y el resto?

    Es probable, entonces, que una de las propuestas legislativas más reaccionarias de La Libertad Avanza termine cosechando, al menos en varios de sus artículos, varios votos de Unión por la Patria. El único bloque coherente y principista, una vez más, será el del Frente de Izquierda.

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  • Presos por tuitear: Audiencia dejó en evidencia el espionaje ilegal del Estado jujeño para armar causa

    7 de febrero, por Libertad de expresión — , , , , , , , , ,

    A dos años de la detención ilegal durante 53 días de los Nahuel Morandini y Roque Villegas el juez Assef realizó una audiencia de control para definir si avanza a juicio oral o desestima la escandalosa causa motorizada por el Ministerio Público de la Acusación en 2024. Importante convocatoria de familiares, amigos, e integrantes de la Asamblea Permanente contra la Reforma Laboral. El próximo lunes se conocerá la resolución.

    Durante enero y febrero de 2024 el Fiscal de Gerardo Morales, Walter Rondón detuvo 53 días , a Nahuel Morandini y Roque Villegas en cárcel común por el accionar del Ministerio Público de la Acusación, brazo ejecutor para criminalizar las libertades democráticas en Jujuy. ¿El motivo? realizar un chiste en redes sociales sobre una supuesta infidelidad que involucra al ex gobernador.

    La causa fue tan escandalosa que tuvo repercusión internacional y denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, ya que dejó en evidencia el aparato estatal accionando a voluntad de Morales sin pruebas y con falsas acusaciones. Los tuiteros detenidos ilegalmente además estuvieron expuestos a torturas y vejámenes, que implicó la posterior imputación de agentes del servicio penitenciario provincial y que se expida el Comité Nacional contra la Tortura.

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    “El delito lo cometió el Estado”

    La audiencia de control realizada el jueves 5/2 reactivó una causa planchada durante dos años pese al reiterado pedido de sobreseimiento por parte de la defensa de Nahuel Morandini por inexistencia de delito. Estuvo presente el juez Roberto Assef quién dictaminó la prisión preventiva en el 2024, el Fiscal Diego Funes, en reemplazo del ex fiscal Walter Rondón - cuestionado por su desempeño en caso Rannys, responsable de criminalizar a luchadores sociales por protestar, además de representantes de la querella.

    El docente universitario comentó que primero fueron notificados en respuesta a la solicitud realizada en febrero 2024 y marzo 2025 por los abogados defensores Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal. Posteriormente, al cambiar la fecha de audiencia, incorporaron el tratamiento de la denuncia que generó la imputación y detenciones por parte del Ministerio Público de la Acusación.

    Como señala el comunicado de prensa de la familia Morandini, durante la audiencia de control la defensa mostró documentos oficiales que dan cuenta de la “realización de tareas de espionaje sobre Nahuel y Roque previas a la denuncia en su contra”. De hecho, la abogada comentó ayer viernes, en un programa de las Madres de Plaza de Mayo, que “el fiscal Rondón mandó a realizar tareas de inteligencia (acreditado con una firma digital del 3 de enero de 2024), a todas las redes sociales tik tok, facebook, twitter, instagram, de todas las personas que hicieron alguna alusión sobre la supuesta infidelidad de la esposa de Gerardo Morales, una verdadera caza de brujas...”, que incluyó también la sustracción de información de grupos personales de whatsapp.

    Estos hechos fueron confirmados por el mismo fiscal Funes en la audiencia afirmando que el “Estado puede recolectar información a la espera de “lo que puede ser un delito”, por eso Gómez Alcorta además de solicitar la nulidad pidió la investigación sobre las tareas de inteligencia y que se sepa quién dio la orden.

    Una causa armada

    La inexistencia de delito e incluso una denuncia escrita, como dice el comunicado de prensa, evidencia a toda la estructura del MPA a disposición de buscar a quien detener ante los chistes masivos que molestaban al ex gobernador Gerardo Morales, tras el desprestigio y repudio popular que tuvo por ser el responsable político de la Reforma de la constitución, detenciones y represión a manifestantes en la provincia. El mensaje era claro, amedrentar y disciplinar para que nadie lo cuestione o incluso se burle de quién estuvo a la cabeza de un régimen autoritario durante ocho años.

    Las imputaciones penales sostenida por fiscalía y la querella del ex gobernador y de instituciones del Estado, como el Consejo Provincial de la Mujer y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, por “supresión de la identidad a una menor” y “lesiones graves” no condicen con la incidencia de una publicación en redes sociales. Incluso como afirma el comunicado, “el tuit de Nahuel no hace referencia a una menor, está enunciado en potencial y es un chiste referido a una figura pública”.

    Expresarse no es delito

    La penalización de Nahuel y Roque por tuitear o compartir un chiste en redes lejos de ser un delito es una vulneración a la libertad de expresión derecho protegido por tratados internacionales y la misma constitución nacional.

    El fiscal Funes sostuvo en la audiencia que la causa tiene que avanzar a juicio oral, lo cual expresa el objetivo de continuar con el hostigamiento a quienes se hicieron eco sólo realizaron publicaciones en redes sociales como facebook y X.

    El caso de los tuiteros es testigo, y como ha sucedido en Jujuy, como laboratorio de otros ataques a las libertades democráticas que involucran actualmente al gobierno de Carlos Sadir.

    Hay que recordar que durante el gobierno de Gerardo Morales en el año 2022 se denunció al MPA y el fiscal Diego Funes, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Patrimoniales, Económicos y contra la Administración Pública, por estar a la cabeza del espionaje ilegal, actuando de oficio sin orden, con infiltración de personal de la policía, a organizaciones sociales, sindicatos, partidos y referentes políticos de la oposición, tras acusar a quienes protestaban como delincuentes. Así buscaban pruebas que avalen allanamientos e imputaciones graves como asociación ilícita. Si bien apuntaba a criminalizar la protesta social, el modus operandi es similar.

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    Como sostuvo Roque Villegas, fue muy importante la convocatoria de familiares, amigos, organizaciones sociales, sindicales y políticas que se hicieron presentes afuera del Juzgado para rodear de solidaridad a los tuiteros, defendiendo la libertad de expresión. De hecho fue parte de las resoluciones realizada por la Asamblea contra la Reforma Laboral que el sábado pasado incorporó en la agenda estos planteos, además del fraude sindical y el derecho a la organización sindical en ADEP o azucareros de Ledesma, y por eso estuvieron de la comisión directiva del CEDEMS, docentes de El Hormiguero, ADIUNJu, FOL, FITU, diputados del PTS, PTP, entre otros.

    La resolución del juez Roberto Assef se conocerá el día lunes, tras el cuarto intermedio. El avance del plan de ajuste de Milei y gobernadores colaboracionistas, como Sadir, junto a las reformas laborales, ambientales, y el malestar social que crece producto de la crisis social y económica, va de la mano de mayor disciplinamiento, criminalización a las libertades democráticas. De hecho, no está desligado de otros casos que se dieron en estos últimos años, como también de la reforma por DNU de la SIDE para ampliar sus facultades de control social.

    Es más que importante defender el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de cada derecho colectivo conquistado. Este lunes a las 16 horas, hay que estar presente en la convocatoria por el desprocesamiento de Nahuel y Roque y la anulación de todas las causas de los luchadores sociales que también resonará en la acciones convocadas este miércoles 11 contra las reformas laboral, ambientales, ya que es la misma lucha.

    Fotos: La Izquierda Diario

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