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Los trabajadores desaparecidos de la ex Jabón Federal de La Matanza
10 de marzo, por 50 años del golpe — Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Detenidos desaparecidos, Ex Jabón Federal, A 50 años del Golpe, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Detenidos desaparecidos, Ex Jabón Federal, A 50 años del Golpe
A 50 años del último golpe cívico-militar, los trabajadores de la ex Jabón Federal intentaron reconstruir la historia no contada por los empresarios y gobiernos de las últimas cinco décadas. Los desaparecidos en una de las fábricas más importantes de La Matanza, la continuidad en la lucha contra la precarización un tiempo después.
Durante la última dictadura militar, fueron al menos seis los trabajadores detenidos y desaparecidos en la ex- Jabón Federal: Juan Eduardo Estéves; Mirta Susana Trejier Fischquin Darroscini; Nora Cristina González; Oscar Roque "Tortuga" Antonini (delegado); Luis " El Gordo" Terranova (delegado) y Miguel Ángel Baamonde. Además, Osvaldo Ferrari, fue detenido y torturado pero luego, liberado. Algunos eran parte de la comisión interna de la fábrica.
La dictadura militar que comenzó en 1976 atacó principalmente a los trabajadores y sobre todo a los sectores combativos. En la fábrica de productos de limpieza y tocador, en esa época ubicada en La Tablada, los detenidos desaparecidos son recordados por sus compañeros porque son parte de la tradición que queremos reconstruir. Los distintos gobiernos que estuvieron en el poder desde entonces, han intentado ocultar quiénes fueron los responsables cívicos, políticos y otros tantos militares y ocultar qué ocurrió con nuestros compañeros.
Fábrica Federal, Crovara y la Avenida General Paz, La Matanza.
El golpe militar de 1976 fue un genocidio de clase
Con El Cordobazo en mayo de 1969, cuando obreros y estudiantes enfrentaron a la dictadura de Onganía y su ejército en las calles, se abrió un periodo de auge en las luchas obreras que se extendió al Gran Buenos Aires, principal concentración industrial del país. Los procesos de organización superaron las luchas por fábrica y comenzaron a desafiar los planes económicos de ajuste impulsados por el gobierno peronista y para 1974 se empezaron a gestar las coordinadoras interfabriles.
En La Matanza se nuclearon las comisiones internas antiburocráticas, combativas y activistas, esencialmente de fábricas metalúrgicas, papeleras, automotrices, textiles, de fibrocemento y jaboneras. La ex Jabón Federal, donde en ese momento trabajaban aproximadamente 1500 obreros, fue parte de una de esas coordinaciones que se denominaba “ Coordinadora de La Matanza” junto a trabajadores de otras fábricas como Lucas Indiel, Textil Oeste, Mercedes Benz, Santa Rosa y Borgward, entre otras.
El proceso de lucha abierto contra el ajuste del gobierno de Isabel Perón llevó a una huelga general en junio del ´75 que derrocó el plan de ajuste del ministro de economía Celestino Rodrigo, en el denominado Rodrigazo y que además echó al “Brujo”López Rega, ministro de Bienestar Social e impulsor de la AAA (Alianza Argentina Anticomunista), que junto a la burocracia sindical perseguían y asesinaban a militantes y activistas obreros en los años previos a la dictadura militar genocida.
Los trabajadores mostraron una gran disposición a la lucha y enfrentaron a los empresarios, logrando que cada acuerdo salarial sea homologado por el Ministerio de Trabajo, que también lo hacía contra su voluntad. La fuerza de estas coordinadoras amenazaron a los capitalistas. La respuesta fue una dictadura militar impulsada por las Fuerzas Armadas junto a la cúpula eclesiástica y los partidos políticos patronales (PJ y UCR) a partir del 24 de marzo de 1976.
Jabón Federal: una historia con tradición de lucha y organización
Los trabajadores de la ex Jabón Federal habían formado parte de las fábricas que pararon en solidaridad con los trabajadores del frigorífico Lizandro Delatorre en la gran huelga general contra su privatización en 1959, bajo el gobierno de Frondizi. Ya en ese entonces, mostraban tradición de lucha. Algunos compañeros cuentan que a partir del 24 de marzo de 1976 los militares entraron a la fábrica, llegaron al vestuario y reventaron los cofres.
Buscaban material “subversivo”: volantes, libros, periódicos, banderas, carteles y todo lo que podría considerarse peligroso para los intereses de los empresarios que por entonces habían ido a buscar a las FFAA, para eliminar a todos los obreros que se organizaban en sus fábricas. La patronal de ese entonces combinaba la colaboración con la dictadura para identificar y detener a los obreros combativos, con una política de contención y cooptación del resto. Haciendo como una pantalla de humo que quería aparentar que todos eran una gran familia unida. Entregaron todo tipo de beneficios a los trabajadores y sus familias, mientras facilitaba la labor a los militares, y entregaba a los que estos buscaban.
Las consecuencias sociales y la herencia de la dictadura
La dictadura buscó, junto a la aniquilación de una generación entera de obreros y estudiantes que querían una sociedad mejor, someter al país y la región, a los intereses económicos del imperialismo norteamericano. Tras su caída en 1982, el país multiplicó su deuda externa y una nueva hiperinflación sacudió los salarios a fines de esa década. Ya en los 90, vinieron el cierre de cientos de fábricas y privatizaciones.
En 1996, los trabajadores de Jabón Federal dieron pelea para defender su fuente de trabajo ante la venta de la firma y el despido de la mayoría de sus empleados. Fue comprada por capitales europeos en 1997 y solo 70 trabajadores mantuvieron sus puestos. Les robaron todo: categorías, antigüedad, pago de los sábados doble, ni derecho a tener delegados. A partir del 2003, los que escribimos esta nota, fuimos parte de la nueva generación de obreros que luego encabezamos el proceso de recuperación de la comisión interna desde el año 2005 hasta el 2013, de muchas conquistas sociales y salariales, enfrentamos los despidos en el 2006 con una gran lucha que duró 56 días con asambleas, paros y piquetes obreros. Luego fuimos la principal oposición (La Bordó) a la burocracia sindical de la lista Azul y Blanca al principio, y luego de su continuidad, la Verde. Hoy seguimos reconstruyendo la historia de los trabajadores de esta fábrica y la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos. Esta es parte de una historia escondida, casi borrada.
Levantamos las banderas de los 30000 compañeros desaparecidos
Nosotros, como trabajadores clasistas y de izquierda, que actualmente, levantamos las banderas de los desaparecidos y hace años estamos reconstruyendo la historia de los trabajadores de Jabón Federal y sus luchas, estamos convencidos de que la mejor forma de mantener viva la memoria de los compañeros de Jabón Federal y los 30.000 desaparecidos, es saliendo a las calles este 24 de marzo y movilizarnos para reclamar por el castigo a los responsables militares y civiles de sus desapariciones.
Este artículo fue publicado originalmente en 2021 en las páginas de La Izquierda Diario.
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Protocolo Antipiquetes: comienza el primer juicio armado por Bullrich contra manifestantes
9 de marzo, por Criminalización de la protesta — Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Policía Federal, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Ley Ómnibus, Ley Bases, Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Policía Federal, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Ley Ómnibus, Ley Bases
Este martes el Poder Judicial porteño sentará en el banquillo a cinco personas “cazadas” el 2 de febrero de 2024 frente al Congreso. Con el relato de miembros de la Policía Federal como única “prueba”, son acusados de “atentado contra la autoridad”. Mientras, se esperan avances en otras causas que tienen a Bullrich y sus exsubordinados como imputados por hechos criminales realmente comprobados.
En febrero de 2024 Javier Milei llevaba apenas dos meses en el poder. Una de las primeras medidas que tomó, a través de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue reprimir brutalmente cuanta movilización callejera se produjo, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre fines de enero y principios de febrero, con el Protocolo Antipiquetes como amenaza permanente, esa violencia estatal se desplegó a pleno en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las protestas populares contra la llamada Ley Ómnibus (luego conocida como Ley Bases).
En el atardecer del jueves 1° de febrero, entre otros ataques realizados desde la mañana, la división motorizada de la Policía Federal arremetió disparando balas de goma contra manifestantes y organismos de derechos humanos que se encontraban sobre la Plaza de los Dos Congresos. Personas que ni siquiera estaban “alterando” la circulación vehicular (habitual excusa oficial para descargar la represión). Previamente se había producido un más que sospechoso “apagón” de las luces públicas en la plaza y calles aledañas.
El abogado Matías Aufieri, miembro del CeProDH y asesor de la bancada del Frente de Izquierda, estaba realizando tareas de relevamiento de detenidos y heridos. Un perdigón de esas balas de goma impactó de lleno en su ojo izquierdo y le provocó la pérdida de la visión. Por ese hecho criminal, Aufieri presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich (responsable de la orden de disparar a la cara y arremeter sobre la plaza) y altos miembros de las fuerzas federales.
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Al día siguiente, el viernes 2, se produjo otra represión en la misma escenografía. Además de, al menos, 65 heridos atendidos por la Posta de Salud y Cuidados , la Federal con ayuda de la Policía de la Ciudad detuvieron a catorce manifestantes. Como en muchas otras ocasiones, buena parte de las personas detenidas en manifestaciones bajo cargos como “atentado y resistencia a la autoridad” o “daños” finalmente terminan siendo sobreseídas ya que el Gobierno nunca logra demostrar la comisión de delitos.
Pero en el caso de los hechos del 2 de febrero de 2024, sobre cinco de las catorce personas avanzó un proceso judicial que esta semana finalmente será juzgado y habrá sentencia. Astor Galán Vizgarra, Joaquín Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Arrúa están acusados, precisamente, de “atentado contra la autoridad”, un delito que contempla una pena mínima de un mes y una máxima de un año de prisión (por ser de menos de tres años, es excarcelable).
El juicio se desarrollará el martes, miércoles y jueves en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad de Buenos Aires (Suipacha 150, piso 8), a cargo de la jueza María Julia Correa. Al frente de la acusación está el fiscal Tomás Vacarezza.
Según el auto de elevación a juicio, pasada la medianoche de ese día los cinco imputados tiraron piedras y botellas contra miembros de la Policía Federal, que procedieron a detenerlos y abrirles un expediente. Para Vacarezza, el hecho no fue un “hecho aislado” sino que debe ser considerado como un “hecho grave que atentó contra las instituciones de nuestro país”. El mismo discurso de Milei y Bullrich que no pudo sostenerse en otras causas, aquí encontró eco en un funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, desde la defensa de los cinco imputados denuncian que el fiscal acusa sin siquiera tener como pruebas los elementos supuestamente arrojados por los cinco manifestantes. Y, peor aún, la acusación se basa exclusivamente en los testimonios recogidos entre los mismos uniformados que protagonizan infinidad de ilegalidades, atropellos y ataques violentos contra la población que protesta.
“A partir de los testimonios del personal policial es posible advertir que los acusados no fueron a manifestarse pacíficamente”, escribió Vacarezza en su más que flojo de papeles pedido de elevación a juicio. De existir realmente algo parecido a la “justicia”, esa afirmación sería una verdadera confesión de parte, dejando en evidencia su complicidad con el armado de causas truchas a manos del Gobierno.
La defensa de los cinco imputados que esta semana van a juicio está integrada por Marcela Dal Santo, Silvia Pelozo, Martín Alderete y Alexis Penela, abogadas y abogados que integran la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep) . El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , a su vez, interviene como amicus curiae (“amigo del tribunal”, figura que permite incluir en el proceso valoraciones y recomendaciones de personas y organizaciones que no integran la querella o la defensa de forma directa).
“Aunque se demostró con videos y testimonios que su intervención (la de sus defendidos) en la actividad fue pacífica, fueron acusados de atentado y daños”, denuncian desde Cadep. Y anticipan que “durante las jornadas del debate oral declararán como testigos ofrecidos por la defensa Katja Alemann y Mirta Israel, entre otras”. A su vez convocan “a la más amplia difusión de este nuevo ataque a las libertades democráticas, porque en estos cinco manifestantes lo que se está juzgando es el derecho a la protesta de todo el pueblo argentino”.
Mientras esto pasa, personas afectadas por las arremetidas criminales del Estado, como el abogado Aufieri, el fotorreportero Pablo Grilloy el trabajador municipal de San Martín Jonathan Navarro, siguen esperando que avancen las causas penales en las que son querellantes. Allí Patricia Bullrich, otros funcionarios del Ministerio de Seguridad y jerarcas de las fuerzas federales son acusados de delitos gravísimos, que incluyen en algunos casos tentativa de homicidio. Ahí sí que hay pruebas de sobra.
Represión del 2 de febrero de 2024 | Foto Enfoque Rojo
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La Policía de Mendoza hostiga e impide en Luján de Cuyo se movilicen en el contracarrusel
7 de marzo, por Persecución — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Policía de Mendoza, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Policía de Mendoza
En la mañana de este sábado, integrantes de la Asamblea por el Agua de Luján de Cuyo se encontraron con un móvil policial que impedía que pueda salir el camión con el carro que habían armado para participar del contracarrusel de la vendimia. Compartimos su comunicado de prensa
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Censura y prohibición en el contra-carrusel por el agua
El pasado martes 3 de marzo , el Ministerio de Seguridad, la Sub Secretaría de Cultura, y la Policía de Mendoza nos autorizaron a utilizar un camión para el contra-carrusel. Ayer nos reunimos de 18:00 a 23:30 en una casa amiga de Guaymallén para decorar nuestro camión y dejarlo guardado ahí. A las 00:30 llegamos a la casa del dueño del vehículo en Luján de Cuyo(donde no estaba el camión) y 3 policías, 2 móviles, nos estaban esperando para abordarnos en una situación de lo más irregular y sospechosa. Se nos notificó que no podíamos usar el camión en el contra-carrusel. Sin darnos ningún razón. Solo dijeron que no se puede. La orden llegó del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Tomaron nuestros datos y nos tuvieron hasta las 4:30 de la madrugada a la espera del labrado de un acta que no se hizo en presencia nuestra, por una situación que no denotaba delito ni irregularidad de ningún tipo (al menos de nuestra parte).
Una vez más el gobierno de Mendoza, de Cornejo, Rus, Latorre y Gareca, pisotean los derechos de la ciudadanía; quieren avasallarnos, callarnos y amedrentarnos.
Estuvimos toda la semana trabajando, armando la decoración y pintando carteles con uno solo mensaje: QUEREMOS AGUA PURA. Y nos notificaron a último momento, cuándo teníamos todo listo, (y cuando ya nos habían dado permiso), que no podíamos participar.
El extractivismo se impone por la fuerza y con violencia. Nos reprimen, nos censuran, nos meten presos, nos imputan y nos prohíben el arte en defensa del agua.
Pero esto nos da más fuerza. Seguiremos adelante, para defender el agua y la vida, por las próximas generaciones. El camión del agua estará en muchas esquinas, calles y parques. Por más que Cornejo y Gareca no quieran, el pueblo de Mendoza verá por todos lados el camión que prohibieron.
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Nuevo capítulo de la “guerra contra las drogas”: Milei a los pies del Comando Sur
7 de marzo, por Subordinación — Libertades Democráticas, Narcotráfico, Comando Sur , Ministerio de Defensa, Pentágono, Carlos Alberto Presti, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Comando Sur , Ministerio de Defensa, Pentágono, Carlos Alberto Presti
El gobierno entrega soberanía al Comando Sur y militariza la seguridad para complacer a Washington. En un gesto que resume la sumisión al imperialismo yanqui, el ministro de Defensa Carlos Presti firmó esta semana en la sede del Comando Sur la adhesión de Argentina a la coalición contra el “narcoterrorismo” impulsada por Estados Unidos. Lo que la propaganda oficial vende como “modernización” de la defensa no es más que un nuevo eslabón en la cadena de sometimiento del gobierno de Javier Milei a las directivas del Pentágono, profundizando la militarización y el control social en la región.
El acuerdo firmado por el ministro de Defensa horada las bases de las llamadas leyes de la democracia, que prohíben a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interior. El último episodio de esta sumisión a los designios del Pentágono tuvo como escenario la sede del Comando Sur en Miami, donde el gobierno nacional, de la mano del ministro Presti, avanza en llevar a los militares a un terreno vedado por estas leyes.
El secretario de Defensa norteamericano, Peter Hegseth, dijo que “Estados Unidos está dispuesto a afrontar las batallas solo, incluso pasar a la ofensiva, pero preferimos hacerlo con los países aliados. Tenemos un origen común: somos occidentales, somos cristianos”. El mensaje de fondo es tan burdo como preocupante: construir un eje de derechas funcional a los designios del Pentágono para su disputa hegemónica en el continente.
Porque en el trasfondo de estos encuentros no está la defensa de los pueblos ni el bienestar de las mayorías, sino una agenda doblemente perversa: por un lado, incentivar la participación de militares en tareas de seguridad interior; por el otro, y como objetivo central del imperio, disputarle a China su creciente presencia en el continente.
Presti: subordinación absoluta
Las declaraciones del ministro Presti -hijo de un genocida que nunca repudió los crímenes de lesa humanidad- ilustran el grado de entrega. Con un tono propio del Departamento de Estado, afirmó que Argentina “es un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”. Más adelante añadió que esa posición “nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y global, con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional”. ¿Qué significa "contribuir a la estabilidad del sistema internacional" en boca de un ministro que negocia el control estadounidense del Atlántico Sur?
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Paralelamente a la cumbre, Presti negoció con el Pentágono patrullajes de la Armada y la Guardia Costera de EE. UU. en la Zona Económica Exclusiva argentina, cediendo de hecho el control de nuestras aguas. En sus redes escribió que, en la conferencia regional encabezada por Pete Hegseth en el Southcom, expuso “la posición de la Argentina frente a los desafíos que enfrenta el continente y nuestra decisión de consolidarnos como un socio confiable”. Esto se suma a un decreto de septiembre de 2025 que autorizó, sin pasar por el Congreso, el ingreso de tropas extranjeras a bases en Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.
Desde el inicio del gobierno libertario, el alineamiento con EE. UU. se cristalizó en intentos de ingreso a la OTAN y en la habilitación de la base en Ushuaia, utilizada por Washington para monitorear a China.
La farsa de las “salvaguardas legales”
El documento firmado incluye “salvaguardas legales” que supuestamente respetan la soberanía de cada país según leyes y acuerdos bilaterales. Presti repitió el discurso: “Al suscribir esta declaración multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto... en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes”. Esa retórica no disimula que, en la práctica, se facilita el control externo sobre recursos y territorios estratégicos de la Argentina, enterrando toda soberanía.
Alineamiento con Washington
La firma de este acuerdo no es un hecho aislado: se inscribe en el alineamiento automático con Washington que acompaña a la gestión de Milei, desde la pretensión de ingresar a la OTAN hasta la cesión de bases militares y el control compartido del Atlántico Sur.
Caballo de Troya
La “guerra contra el narcoterrorismo” funciona como caballo de Troya para la injerencia imperialista. Mientras Presti posa con jerarcas del Comando Sur, entrega información sobre capacidades operativas del país y facilita el control extranjero de recursos estratégicos, los verdaderos beneficiarios —los grandes lavadores y empresas relacionadas con el negocio— siguen operando con impunidad.
Bajo la etiqueta del “narcoterrorismo” -con el mismo manual de siempre- el acuerdo suscripto por Presti y otros 14 países del continente establece mecanismos de “intercambio de información estratégica, inteligencia criminal y capacitación técnica”. Detrás de esas palabras se esconde el viejo manual imperial de la llamada “guerra contra las drogas”, lanzada por Nixon en 1971 y concebida -como reconocieron sus propios estrategas- no para proteger la salud pública, sino para reprimir disidentes y criminalizar a los sectores populares.
Esa “guerra” es un fraude: décadas después, las drogas son más accesibles, los carteles más poderosos y los flujos de dinero más obscenos. ¿Fracaso? Solo si se toma en serio su objetivo declarado. Su propósito real ha sido siempre otro: militarizar sociedades, criminalizar la pobreza y consolidar la injerencia geopolítica de Washington.
Plan Colombia: el precedente más brutal
El Plan Colombia es el ejemplo más claro de esa política. Presentado a fines de los 90 como iniciativa antidroga, destinó miles de millones al fortalecimiento militar y policial colombiano. Lejos de reducir la producción o el tráfico de cocaína, desplazó cultivos, profundizó la militarización territorial y desencadenó una espiral de violencia, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. Bajo la doctrina del “narcoterrorismo” se fusionó la lucha antidrogas con la contrainsurgencia, consolidando la injerencia estadounidense.
Narcotráfico: un negocio capitalista con complicidad estatal
La expansión del narcotráfico no se explica solo por la habilidad de “capos”, sino por una trama estructural que lo vincula con negocios capitalistas y actores estatales. En esa trama, funcionarios (fuerzas de seguridad, jueces, aduanas) y banqueros cumplen funciones complementarias: cobertura y protección a cambio de sobornos, logística para transporte y lavado de activos, y regulación violenta de territorios. La “guerra contra las drogas” actúa como cortina de humo: mientras militariza, asegura los negocios de los carteles y sus aliados.
La pobreza estructural, producto de políticas de ajuste y saqueo, provee mano de obra barata y descartable para los carteles. Organizaciones locales, abastecidas por redes internacionales, expanden el mercado. Mientras tanto, la connivencia política y empresarial se refugia en countries y barrios cerrados, donde grandes dealers y socios locales negocian lejos de la violencia que imponen en los barrios populares.
La propuesta de la izquierda para desmantelar el negocio narco
Frente a esta farsa, el PTS en el Frente de Izquierda Unidad sostiene que la “guerra contra las drogas” es una doctrina imperialista diseñada para militarizar sociedades, criminalizar juventudes y justificar la injerencia extranjera.
En lugar de mano dura, que solo perpetúa la violencia, la propuesta central es desmantelar los pilares económicos y estatales del negocio: nacionalización de puertos, comercio exterior y sistema bancario bajo control obrero, para cortar los circuitos de lavado y logística que sostienen el tráfico con complicidad de funcionarios, fuerzas de seguridad y el poder judicial.
Además, partiendo del reconocimiento de que la prohibición es la principal fuente de las ganancias extraordinarias del mercado ilegal, proponemos la legalización de las drogas. Un régimen regulado -como el proyecto integral de legalización del cannabis presentado por el diputado Nicolás del Caño- permitiría quitarle el negocio a las mafias, implementar políticas de reducción de daños y terminar con el pretexto que justifica la criminalización de la pobreza. Esta es la única política realista para poner en jaque este negocio criminal.
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Los "empresarios nacionales" también hicieron el Golpe del ’76
6 de marzo, por Video — Mundo de l@s trabajador@s, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , 24 de Marzo, Dictadura, Grupo Techint, Carlos Bulgheroni, 50 años del golpe de Estado de 1976, Mundo de l@s trabajador@s, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , 24 de Marzo, Dictadura, Grupo Techint, Carlos Bulgheroni, 50 años del golpe de Estado de 1976
Milei criticó a algunos empresarios para defender su política económica. Ellos pidieron "respeto". Pichetto y otros dirigentes salieron a defender a "la burguesía nacional". A 50 años del Golpe, no hay olvido ni perdón para los que fueron socios de la dictadura y "desarrollaron" sus industrias a sangre y fuego. Informe especial. El 24 a las calles, con la izquierda que enfrenta que denuncia el terrorismo de Estado y patronal.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>La burguesía nacional también hizo el golpe militar
Se cumplen 50 años del golpe de Estado de marzo del 76.
Y estos días se instaló un debate que sirve para pensar el pasado y el presente. A pesar de hacerles ganas fortunas y tener sus hombres como funcionarios, Milei se tiró contra algunos empresarios. La Unión Industrial y AEA pidieron respeto. Pichetto y otros peronistas salieron a hacer de abogados de Rocca y cía.
La Izquierda Diario, en homenaje a los que luchan en Fate, Techint y a los 30 mil desaparecidos, te mostramos que los que piden respeto hoy son los mismos que fueron parte de la dictadura ayer. Uno por uno.
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