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Las fuerzas de Bullrich reprimen arriba de la vereda: 58 heridos y un detenido
7 de mayo, por Jubilados — Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Patricia Bullrich, Represión, Posta de Salud, Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Patricia Bullrich, Represión, Posta de SaludAsí fue informado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Posta de Salud y Cuidados que acompañaron como todos los miércoles el reclamo de los jubilados.
En una nueva jornada protagonizada por las y los jubilados que reclaman por sus derechos el gobierno de Milei y Patricia Bullrich descargo su represión mientras se encontraban en la vereda frente a este reclamo pacifico y legítimo.
El operativo de las fuerzas atacó nuevamente a las y los jubilados, además de quienes se acercaron a solidarizarse como el Padre Paco que fue golpeado por la policía y herido y al candidato a legislador porteño Luca Bonfante. Sumado a lo que ya se acostumbra de amedrentar a los trabajadores de prensa.
Acá se ve como deliberadamente le tiran gas a @lucabonfante_ como hace unas semanas fue @vilcalejandro
Basta Bullrich. pic.twitter.com/rEDWdnOCkp— Myriam Bregman (@myriambregman) May 7, 2025
Tenemos conocimiento que al menos hay un jubilado detenido por la Policía Federal, de quien exigimos su inmediata libertad.
Así fue detenido uno de los jubilados pic.twitter.com/oepRZxwtsO
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) May 7, 2025
A continuación reproducimos el informe elaborado por estas instituciones que siguieron de cerca la situación:
Comunicado de la Posta de Salud y Cuidado y el CEPRODH
Se encontraron con un operativo coordinado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la cual es responsable la ministra Patricia Bullrich, en el que intervinieron 4 fuerzas federales con más de 900 efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal, Prefectura Nacional y Motorizada de la Policía Federal. En la esquina de Combate de los Pozos e Hipolito Yrigoyen (sobre Combate de los Pozos) se encontraba un camión hidrante. Había otro de la Gendarmería Nacional, a dos cuadras del Congreso, preparado para intervenir.
Estaban preparados para tirar balas de goma, gas lacrimógeno (gas pimienta), además de estar empujando ellos mismos a la calle y contra los autos a los manifestantes.
Tomamos conocimiento por otras organizaciones que hubo más de 50 heridos, desde la Posta de Salud y Cuidados hemos atendido a 30 personas, afectados por los gases, que les provocaron quemaduras en la piel. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadores de prensa y manifestantes solidarios. Se realizó limpieza de gas lacrimógeno en rostro, ojos, cuello, tórax y miembros superiores. Se realizó atención de situaciones de angustia por el equipo de salud mental de La Posta.
Hubo un jubilado detenido por la policía federal, por el cual exigimos su libertad.
CONTACTOS:
Alejandrina Barry: 11-5834-2351
Franco “Paco” Capone: 11-3628-8264
Agustina Ferro: 11-3763-5248Foto: Milagros / Enfoque Rojo
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Caso Brisa Páez: golpiza a una joven militar en un entrenamiento antidisturbios
7 de mayo, por Entrenados para matar — Política, Libertades Democráticas, Fuerzas Armadas, Fuerzas represivas, Represión, Política, Libertades Democráticas, Fuerzas Armadas, Fuerzas represivas, RepresiónEl caso de Brisa Páez ha puesto en el centro del debate público la profunda violencia institucional y de género que anida en las fuerzas armadas argentinas. No es una manzana podrida es toda la institución.
Durante un entrenamiento antidisturbios el pasado 4 de abril, organizado por la Armada Argentina en la base de Vicente López, Brisa sufrió una brutal agresión que la dejó en coma inducido durante once días. Este caso no solo revela las prácticas abusivas dentro de las instituciones militares, sino también un intento de encubrimiento por parte de las autoridades superiores involucradas.
Según los informes, uno de los instructores golpeó el escudo que Brisa utilizaba, lo que la hizo caer de espaldas, agravando su estado neurológico. Además, se reportó que no recibió asistencia médica inmediata, lo que empeoró las consecuencias de las lesiones.
Entre los procesados por la agresión se encuentra el cabo segundo Juan Gabriel Escobar, ex pareja de Brisa, señalado como el principal responsable del ataque. Escobar está acusado de haberle propinado una patada que la derribó, con lo que se le imputan cargos de lesiones graves triplemente agravadas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el agravante de que actuó motivado por violencia de género.
La agresión ocurrió en el marco de un ejercicio que ya mostraba serias irregularidades: no se proporcionó capacitación previa adecuada a los participantes, y se permitió que Brisa participara pese a no encontrarse en las condiciones físicas necesarias. La joven recientemente había tenido un aborto espontáneo de quien fue su principal golpeador y ex pareja.
La investigación llevada a cabo por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado determinó la participación de seis miembros de la Armada en los hechos, quienes han sido procesados. La magistrada señaló la brutalidad de los golpes, el abuso de poder y la violencia de género como elementos estructurales del caso. Además, se identificó un intento de encubrimiento por parte de los superiores, quienes habrían instruido a los participantes a mentir sobre el origen de las lesiones, alegando accidentes domésticos como causa de las mismas.
Para muestra basta un botón
El caso de la joven marina es una buena muestra de lo que son las fuerzas represivas hoy. Tienen poco que envidiar a aquellos que torturaron y masacraron a decenas de miles durante la represión que ya comenzó durante la democracia, antes del golpe militar, en 1974.
De la misma manera que no les tembló el pulso para dejar tres semanas en terapia intensiva a Brisa Páez, con 21 años, se explica la naturaleza que adoptan y para qué objetivo son entrenados el personal de las fuerzas represivas. No debe extrañar la sangre fría que tienen para apalear a jubilados de 80 años, asesinar pibes por “portación de cara” en barrios populares o a los trabajadores pobres en la frontera norteña. La lista es muy larga. Por eso, el cuento de la manzana podrida se cae por su propio peso. No nos cansamos de repetir, es toda la institución.
El gobierno de Javier Milei potencia al máximo la represión al criminalizar la protesta y la pobreza. La cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich recibió el triple de los fondos destinados al Ministerio de Salud y una cifra mayor al dinero previsto para Educación. Gendarmería Nacional, que tuvo un rol letal alrededor del Congreso, tuvo un incremento del 232%.
Por eso, da bronca cuando candidatos arropados de progresistas como Santoro aprueban el uso de Taser –cuyo uso está condenado internacionalmente–. O se preocupa –a tono con el discurso de la derecha– por reprimir con más eficiencia el “arrebato” porque “la ciudad tiene 27.000 policías para 12.000 manzanas…y da la sensación que no los ves”. En su intensa campaña electoral, jamás se le ocurre levantar la voz ni contra la represión que sufren los jubilados todos los miércoles.
Junto con los organismos de DDHH y el movimiento democrático, solo la izquierda, en las calles y en el parlamento va a denunciar y combatir consecuentemente a las fuerzas represivas y su permanente violencia institucional. La naturaleza de las fuerzas represivas del Estado consiste en garantizar reprimir la reacción a la violencia que este sistema reproduce para que un puñado de grandes empresarios viva a costa de las grandes mayorías trabajadoras.
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El gobierno de Milei suma $ 25.000 millones para espías y operaciones de inteligencia
7 de mayo, por Para la SIDE hay plata — Política, Libertades Democráticas, Espionaje, Columnistas Vertical , SIDE, Servicios de inteligencia, Luis Caputo, Espionaje ilegal, Santiago Caputo, Política, Libertades Democráticas, Espionaje, Columnistas Vertical , SIDE, Servicios de inteligencia, Luis Caputo, Espionaje ilegal, Santiago CaputoEsos fondos extra (un tercio es para “gastos reservados”) equivalen a 84.000 jubilaciones mínimas o 28.000 salarios de enfermeras del Hospital Garrahan. Pese al tufo a estiércol de la SIDE, no es plata “tirada a la basura”. Como hicieron todos los gobiernos, es para financiar la campaña de LLA y armar operetas contra la oposición.
Este lunes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la asignación de nuevas partidas presupuestarias a diversas áreas de la administración pública nacional. Vale recordar que al no haber un Presupuesto 2025 votado en el Congreso, todos los gastos del Estado se manejan a discreción por parte de Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y sus secuaces.
En la lista de dependencias favorecidas con fondos frescos figura nada menos que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , organismo al que se le darán $ 25.250 millones. Un tercio de esos fondos, $ 8.017 millones, se destinarán a “gastos reservados”, es decir que no deberán ser “rendidos” por los espías, hagan lo que hagan con ese dinero.
Al igual que sucede con otras áreas estatales, especialmente las controladas desde la Casa Rosada por el asesor monotributista Santiago Caputo, el caso de la SIDE manejada por su alfil Sergio Neifert desmiente el verso mileísta de que “no hay plata”. En medio de una profunda crisis económica y social, con necesidades populares que se hacen cada vez más urgentes, desde diciembre de 2023 La Libertad Avanza tiene claras sus prioridades. Y las afronta “con la nuestra”.
Haciendo una sencilla comparación, la Decisión Administrativa 10-2025 firmada el lunes por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro Luis Caputo (tío de Santiago), le transfiere de un plumazo a la SIDE el equivalente a 84.322 jubilaciones mínimas (actualmente en $ 296.481,74). O también a 27.777 salarios de enfermeras del Hospital Garrahan ($ 900 mil es lo que cobra de básico quien ingresa a trabajar a ese prestigioso nosocomio pediátrico).
Extracto de anexo presupuestario según Decisión Administrativa 10-2025 pubicada en el Boletín Oficial Mientras el ajuste brutal precariza al extremo las condiciones de vida, salud y educación de la población trabajadora, les Milei y su banda refuerzan al máximo la represión y el control militarizado de las barriadas populares. Entre las áreas más beneficiadas con recursos públicos están los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, el Servicio Penitenciario Federal y la cloacal Secretaría de Inteligencia del Estado.
Al igual que lo hecho por todos los gobiernos que lo precedieron, las familias Milei y Caputo saben que el espionaje, mayoritariamente ilegal, es una herramienta privilegiada a la hora de lanzar campañas propias o de armar todo tipo de operaciones contra opositores políticos. Mucho más en épocas electorales. Y más aún si el propio Gobierno es políticamente débil y necesita atacar a sus adversarios con lo que encuentra a mano.
La Izquierda Diario ya te contó muchas veces por qué los servicios de inteligencia, más que los “sótanos” del Estado capitalista forman parte de sus cimientos. Lo hicimos acá, acá, acá y acá, para mencionar sólo algunos de nuestros aportes. Con la nueva asignación presupuestaria para los criminales de la SIDE, quienes llegaron al poder con el verso de la “honestidad” y la supuesta “lucha contra la casta”, demuestran una vez más para quiénes y para qué modelo de sociedad gobiernan. Hay que organizarse desde abajo, movilizarse masivamente y luchar con decisión hasta derrotar su nefasto plan.
Santiago Caputo (foto Antonio Becerra) y Sergio Neifert (foto X)
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El oficialismo logra dictamen para bajar la edad de punibilidad a 14 años con apoyo del PRO y la UCR
6 de mayo, por Congreso — Libertades Democráticas, Christian Castillo, Baja de la edad de imputabilidad, La Libertad Avanza (LLA), Libertades Democráticas, Christian Castillo, Baja de la edad de imputabilidad, La Libertad Avanza (LLA)La Libertad Avanza, con el respaldo de sectores opositores dialoguistas, consiguió que el proyecto de reforma penal juvenil avance hacia el recinto. Por su parte, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría en el que rechaza toda forma de criminalización de menores y exige, entre otras medidas, un mayor presupuesto para educación.
El oficialismo logra este martes un dictamen de mayoría que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, respaldada por 77 firmas, fue anunciada durante la reunión del plenario de comisiones dirigido por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), una de las principales impulsoras de la medida. El tema se debatió en un plenario de las comisiones de Legislación Penal Justicia; Familia, Niñez y Juventud, y Presupuesto y Hacienda.
El dictamen de mayoría fue consensuado entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal. Mientras que la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y los cordobeses de Encuentro Federal firmaron en disidencia.
Christian Castillo, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, que presentó un dictamen de minoría desde su bloque, sostuvo durante el debate plenario que "esto es una bomba de humo, que no resuelve ningún problema. En los países donde se bajó la edad de punibilidad, no disminuyó la cantidad de delitos", y agregó, entre otros temas: "Nos quieren vender que el problema de la inseguridad urbana está provocado por las acciones que hacen las niñas, niños y adolescentes y no es así. Además, en los países donde se ha bajado la edad, no ha bajado la cantidad de delitos que se producen en esa franja etaria. Al contrario, aumentan. Se quiere transformar a las niñas, niños y adolescentes en un chivo expiatorio", concluyó.
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Claves del proyecto oficialista
El dictamen de mayoría establece que la edad de punibilidad: se reduce de 16 a 14 años.
Régimen para adolescentes: aplicable a jóvenes de 14 a 18 años, con posibilidad de detención en institutos especializados o, incluso, en áreas separadas de cárceles comunes, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos.
Penas alternativas: Incluye servicio comunitario y monitoreo electrónico para delitos con penas menores a 10 años. Permite prisión efectiva, con un máximo de 15 años (el oficialismo pretendía 20). Se descarta la prisión perpetua.
Aunque el proyecto ya está listo para su tratamiento en el recinto, persisten dudas sobre cómo se calcularán las condenas, lo que podría generar disputas al momento de la votación.
Con las firmas reunidas, el texto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Mientras el oficialismo celebra el avance como "una herramienta contra la inseguridad", organizaciones de derechos humanos y organismos, como por ejemplo Unicef, alertan sobre el riesgo de "endurecer la política penal sin atacar las causas sociales".Te puede interesar: Organizaciones de Neuquén contra la baja de la edad de punibilidad
Debate plenario
El debate reunió alrededor de 15 proyectos. Mientras la mayoría de las propuestas coinciden en reducir la edad de imputabilidad (algunas a 13 años como la del oficialismo), incluso sectores del bloque peronista de Unión por la Patria, como el massista Ramiro Gutiérrez, quien presentó un proyecto para bajar la edad a 14 años. Mientras otro sector, a través de la diputada Natalia Zaracho, rechazó la baja de edad de punibilidad y presentó un dictamen alternativo.
El debate reunió alrededor de 15 proyectos. La mayoría de las propuestas coinciden en reducir la edad de imputabilidad -algunas, como la del oficialismo, la fijan en 13 años-. Incluso sectores del bloque peronista de Unión por la Patria, como el massista Ramiro Gutiérrez, presentaron iniciativas para bajarla a 14 años. Por otro lado, un sector de ese espacio, encabezado por la diputada Natalia Zaracho rechazó la baja de la edad de punibilidad y propuso un dictamen alternativo. La negociación fue liderada por la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich,.
Como sostiene el Frente de Izquierda, la juventud no necesita más cárceles, sino que se le garanticen sus derechos fundamentales: educación, vivienda y una alimentación adecuada. Reducir la edad de imputabilidad es, en realidad, la confesión de un sistema que prefiere encerrar antes que asegurar estos derechos. Mientras el 58% de niñas, niños y adolescentes vive en la pobreza, la respuesta del poder es profundizar la represión. No es casualidad: el mismo gobierno que recorta el presupuesto social y ajusta según las directrices del FMI. Criminalizar a niñas, niños y adolescentes de los sectores populares es parte del plan.
Pero hay otra salida: la que nace de la organización. La única salida que necesitamos es cambiar todo este sistema de raíz.
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Directorio obrero en el Hospital Posadas en 1973
6 de mayo, por Hitos de resistencia — Cultura, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Hospital Posadas, Cordobazo, Golpe militar en Argentina, Coordinadoras interfabriles, Cultura, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Hospital Posadas, Cordobazo, Golpe militar en Argentina, Coordinadoras interfabrilesSe trata de uno de los hospitales más importantes del país que funcionó bajo gestión de sus trabajadores en julio del 73, en rechazo a los métodos del director y en defensa de un sistema de salud integral. Se organizaron en comisiones conjuntas con los vecinos del barrio Carlos Gardel.
En aquellos años, el aire del hospital se cargó de un nuevo pulso, un eco del ascenso obrero generalizado que había despertado el país desde el '69 con el Cordobazo. La militancia, antes un murmullo discreto en los pasillos, comenzó a generalizarse. Ya no era un secreto; las agrupaciones y partidos políticos encontraron voz entre las batas blancas y los uniformes. Y con esa voz colectiva, surgieron los reclamos. Día a día, en los recovecos del hospital, en los descansos fugaces, se hablaba de mejores condiciones de trabajo, de salarios dignos, y de la imperiosa necesidad de organizarse.
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Esa inquietud prendió, y para fines de 1972 tomó forma tangible: la primera comisión directiva de ATE vio la luz. Allí estaban sentados a la misma mesa delegados de universos tan diversos como el peronismo, el Partido Comunista, el PRT, y también activistas independientes, unidos por un propósito común. Era un reflejo de la efervescencia del momento. Y a medida que la izquierda comenzó a tejer su influencia en el entramado gremial, una sombra de preocupación se cernió sobre la burocracia que veía tambalear sus cimientos.
El Posadas gestionado por sus trabajadores
La vida del hospital no se confinaba a sus pasillos y quirófanos; su pulso latía también hacia afuera. Una conexión vital comenzó a fundirse entre el Hospital y el Barrio Carlos Gardel, una relación construida desde abajo. Las puertas, aunque invisibles, se abrieron en ambas direcciones: rostros del barrio encontraron su lugar de trabajo en el policlínico. Y, a la inversa, trabajadores del Hospital que habitaban el barrio llevaron consigo, de vuelta a sus hogares, el eco de las discusiones sobre la necesidad apremiante de que aquel faro se abriera a la comunidad. Hablaban, con la crudeza de la experiencia diaria, de los vastos problemas de infraestructura que asolaban el barrio.
A pesar de que el Hospital en sus inicios atendía a pocos pacientes y se inclinaba fuertemente hacia la investigación, esa urgencia brotada del vínculo con el barrio lo transformó profundamente. Comenzó, con la fuerza de la relación tejida, a abrir sus puertas, construyendo un puente invisible entre la ciencia y la necesidad, entre el saber y la vida palpable del barrio.
Luego llegó un momento de quiebre, un julio particular. En rechazo a los métodos del director y la firme defensa de un sistema de salud integral, los trabajadores tomaron el Hospital. Una asamblea multitudinaria se congregó, un tercio de todos los trabajadores, de cada rincón, se unieron en un mismo reclamo. Votaron, con voz unánime, la exigencia de renuncia de la Dirección y el inicio de un proceso de apertura a la comunidad.
Se forjó un "Comité de los 6", un Consejo de Dirección transitorio, espejo de la diversidad, compuesto por tres médicos y tres trabajadores no médicos. En él hallaron espacio los distintos partidos políticos con militante en el hospital. La primera semana fue de asamblea permanente, un torbellino organizado que parió 20 grupos de trabajo. Removieron a los jefes más autoritarios, algunos con sombras de antecedentes en la Marina o el Ejército.
Durante esa autogestión, la coordinación con el barrio Carlos Gardel, el vecino silente, se estrechó. Un gesto tangible: eliminaron el cobro del Bono de Cooperadora para quienes allí vivían. Impulsaron, codo a codo, programas masivos que tejían salud y vida: vacunación, salud mental, educación sanitaria, anticoncepción y saneamiento ambiental. Dieron forma a equipos de trabajo interdisciplinario –médicos clínicos, obstetras, nutricionistas, enfermeras, trabajadoras sociales–, encargados de capacitar a líderes sanitarios elegidos por manzana en el barrio. La solidaridad se manifestaba también en actividades conjuntas, como arreglos en el parque o los festejos por el Día del Niño.
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La experiencia dura cerca de un año, hasta que en 1974, ya cuando también empieza a actuar la Triple A, un médico desplaza a Rodríguez Otero con una guardia armada y se hace cargo de la dirección. Para el año 75, los trabajadores del Posadas llevaron su experiencia más allá, participando en las coordinadoras interfabriles, expresiones de unidad y democracia directa que marcaron la época.
No lograron borrar la historia de lucha del Posadas
Esta experiencia de lucha tuvo continuidad, extendiéndose más allá de los muros hospitalarios, en la participación en la Coordinadora Interfabril del Oeste, que jugó un rol clave durante las Jornadas de Junio y Julio de 1975 contra el Plan Rodrigo, reuniendo a trabajadores de diversos sectores como salud, docentes, metalúrgicos, ferroviarios y mecánicos, entre otros. Los delegados del Hospital, que representaban a 1600 trabajadores, participaron con mandato directo de las asambleas, llevando consigo mandatos avanzados que incluían, entre otras ideas, el control obrero de la producción. Fueron parte activa de las movilizaciones durante esos meses.
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El 28 de marzo de 1976, tras el golpe militar, el hospital fue ocupado por fuerzas militares. Bajo el mando del Coronel Médico Di Benedetto, toda actividad gremial fue silenciada. La oscuridad se abatió: 50 trabajadores fueron detenidos ilegalmente y arrojados a distintos centros clandestinos de detención. El chalet español a dos aguas, que servía de casa del director asistente, ubicado en el límite entre el hospital y el barrio Carlos Gardel, fue convertido en un centro clandestino de detención y exterminio. Once trabajadores continúan desaparecidos.
Son ellos, a quienes hoy reivindicamos con profunda memoria: María Ángela “Nené” Cairo Rivero de Garassino, Julio César Quiroga, Jorge Mario Roitman, Jacobo Chester, María Teresa García de Cuello, Josefina Teresa Pedemonte de Ruiz Vargas, Eduardo Carla Sala, Daniel Eduardo Calleja, Ignacio Jesús Luna Sánchez, Osvaldo Enrique Fraga, María Ester Goulecdzian, desaparecidos del Hospital Posadas.
No lograron borrar la historia de lucha y organización de los trabajadores del Posadas. En los últimos años fue un espejo de los hechos de lucha de clases: en 2001 fue un polvorín, la policía reprimió con gas lacrimógeno dentro del hospital y los trabajadores los sacaron a los palazos. Incluso después se negaron a atender policías en la guardia.
La fuerza de lucha resurgió nuevamente al enfrentar los despidos masivos de 2018, logrando una gran cantidad de reincorporaciones. Y se mantiene la pelea por la reincorporaciones de los despedidos por el ajuste de Milei. Frente a los embates de los gobiernos, continúan en pie de lucha, defendiendo con la misma pasión sus puestos de trabajo y la salud pública que un día soñaron digna y de calidad para todos.Te puede interesar: Novedades. Hitos de resistencia de la clase trabajadora de Zona Oeste: La Mercedes Benz