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  • El gobierno de Milei busca blindar la represión: también quiere cercenar la libertad de prensa

    17 de febrero, por Comunicado oficial — , , , , , , , , , , ,

    El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado restrictivo para la cobertura periodística de la sesión en Diputados que tratará la contrarreforma laboral. Detrás del eufemismo de "resguardar la integridad" de los trabajadores de prensa, lo que se esconde es un nuevo ataque a la libertad de prensa para que las fuerzas represivas puedan actuar con total impunidad.

    En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad, dispuso que desde el 18 al 20 de febrero, mientras en el Congreso se debata la ley que busca arrebatar derechos laborales elementales: los periodistas tendrán que cubrir desde lejos la movilización.

    El Ministerio que comanda Alejandra Monteoliva, siguiendo la doctrina de Patricia Bullrich, asignó un espacio en Hipólito Yrigoyen al 1700 para que la prensa realice su trabajo. La medida, lejos de ser una concesión, es un cerco: se pretende evitar que las cámaras y los fotógrafos registren lo que ocurre en las calles, especialmente la represión que las fuerzas de seguridad ya vienen aplicando contra las manifestaciones.

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    El antecedente es claro. El fotoperiodista Pablo Grillo fue herido en la cabeza durante una movilización. Las imágenes, captadas por sus colegas, fueron determinantes para iniciar una causa judicial. El Mapa de la Policía publicó el registro periodístico, con el momento exacto en que un efectivo le dispara apuntando directamente a su cabeza. Esa prueba, hoy, es la base de un proceso judicial.

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    Este nuevo cerco a la prensa no es un hecho aislado. Se inscribe en la lógica del protocolo antipiquetes que el gobierno impulsa para garantizar que los ataques a los derechos laborales, a la salud y a la educación no encuentren resistencia en las calles. El objetivo es vaciar de contenido cualquier movilización, pero también vaciarla de imágenes: que el Fondo Monetario no se entere de que hay un amplio descontento con el gobierno de Milei y que sus políticas de ajuste son enfrentadas en la calle. Por el contrario, lo que La Libertad Avanza pretende mostrar al gobierno de Trump y al FMI es que sus políticas cuentan con amplio apoyo.

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    Mientras tanto, en el Congreso se debate una ley que profundiza la pérdida de derechos conquistados durante décadas. Una contrarreforma que, entre otras cosas, pretende que los trabajadores no cobren el 100 por ciento de su salario en caso de enfermedad o accidente. Un retroceso brutal que busca condenar a la clase trabajadora a condiciones cercanas a la esclavitud.

    No es casual que entre los estatutos que este gobierno quiere derogar esté el del periodismo. Porque sin prensa libre, el ajuste y la represión pueden avanzar sin periodistas que lo cuestionen y habiliten la reflexión en su audiencia.
    Porque el gobierno sabe que, sin prensa que muestre, el relato oficial se impone sin fisuras. Y entonces el descontento no existe, la represión es "restablecimiento del orden" y el ajuste se presenta como "sacrificio necesario".

    La CGT convocó a un paro sin movilización para el día en que Diputados trate el proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, probablemente este 19 de febrero. Ese día, la respuesta tiene que ser masiva. Hay que rodear el Congreso con miles y miles de trabajadores, estudiantes, jubilados y jóvenes. Con transporte o sin transporte, hay que estar. Haciendo caravanas, como propone el PTS en el FIT Unidad, y usando toda la creatividad popular para mostrar nuestro repudio a la obscena pretensión de arrebatarnos derechos que solo benefician a un puñado de parásitos: empresarios, banqueros y la casta política que administra los intereses de los capitalistas.

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    Que no nos roben la imaginación. Que no nos roben los derechos. A las calles, a rodear el Congreso.

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  • ¿Qué opinan trabajadores de niñez y adolescencia sobre la baja de edad de punibilidad?

    https://www.youtube.com/watch?v=2ZH-EWL_3Ng
    14 de febrero, por #NoALaBaja — , , , , , , , , , , ,

    El punitivismo oficial logró media sanción en Diputados al proyecto que baja la edad punibilidad. Aquí mostramos las voces de quienes día a día trabajan con niños y adolescentes y analizan los problemas de fondo lejos de la demagogia efectista del punitivismo

    El gobierno nacional - con la ayuda de sus aliados del radicalismo el Pro y los sectores reaccionarios del peronismo - impulsan una nueva criminalización de la juventud al mismo tiempo que atacan los derechos de los trabajadores con la reforma laboral. El jueves dieron un paso en este sentido, cuando en diputados lograron la media sanción del proyecto que baja la edad de punibilidad.

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    El poder político y mediático construye la figura del “menor peligroso” cuando en realidad apenas el 0,5% de los delitos graves son cometidos por menores. Buscan así estigmatizar a la juventud para perseguirla y transformar en penal lo que es un problema social.

    Desde la izquierda diario consultamos a trabajadores de espacios de niñez y adolescencia que explican por qué la lógica punitivista contra los pibes no solo les quita sus derechos, sino que tampoco solucionan el problema del delito, más bien lo empeora.

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    A continuación reproducimos los testimonios que pueden ver en el video que encabeza esta nota.

    Mariano Solari, trabajador de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires:
    Le digo NO a la baja de imputabilidad. Lo que necesitan los chicos, lo que necesita esta sociedad son políticas de prevención, educación, cultura y que no los dejemos solos, que los acompañemos. Siempre es más fácil poner una reja y una cárcel. Los chicos se merecen crecer en libertad.

    Lucia Lietti, trabajadora de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires:
    Trabajo en el Centro de Referencia Moreno y en el marco del nuevo proyecto de ley de bajar la edad de imputabilidad, creo que el objetivo debería estar en la prevención y no en lo punitivo, que es en donde se resuelve el problema real.

    Enrique Belén, abogado, trabajador de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires:
    Decimos NO a la baja edad de imputabilidad promovida por el gobierno. No existe evidencia empírica de que la baja edad de imputabilidad promovida por el gobierno disminuya el delito. Solamente criminaliza la pobreza y la exclusión. Bien sabemos que los jóvenes que ingresan al sistema penal juvenil provienen de contextos de violencia, escasez y falta de acceso a derechos básicos.

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    Silvana, trabajadora del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
    Trabajo en un programa territorial de Responsabilidad Penal Juvenil. Y digo no a la baja porque el encierro no le cambió la vida positivamente a ningún pibe, sino la inclusión real. Y para eso necesitamos políticas públicas de calidad, tanto en salud, en educación, en esparcimiento laborales, financiamiento para los servicios de protección.

    Maximiliano Oviedo, trabajador del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Centro de Referencia de Moreno:
    Como trabajador del organismo le exigimos al Estado plata para salud, para vivienda, para educación, para trabajo, para cultura y no al pago al FMI. En este contexto de ajuste, donde se quiere imponer una reforma laboral esclavista, también se intenta atacar brutalmente a las niñeces y adolescencias con encierro y con mucho más punitivismo. Los jóvenes no son peligrosos. En otros países quedó demostrado que bajar la edad de imputabilidad no es ningún tipo de solución, sino más bien otra vulneración a los derechos de los pibes.

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    Lourdes Silva, psicóloga, trabajadora de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires:
    Trabajo en el Centro de Referencia Territorial de Moreno. En relación al proyecto de ley de la baja de la edad de imputabilidad, considero que es un proyecto que está poniendo el foco en la penalización del delito y está dejando totalmente de lado los contextos y los motivos por los cuales un niño o adolescente comete una transgresión de orden penal. Esto deja de lado todas las políticas de prevención y cuidado en relación a las niñeces y adolescencias, en donde el Estado tiene un rol primordial.

    Gabriel Gatica, trabajador del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires:
    No estoy a favor de la baja de edad de imputabilidad claramente, sino todo lo contrario. Queremos que se tripliquen los presupuestos en salud, en educación, en niñez, para poder fortalecer políticas públicas inclusivas para los pibes, mejor educación, salud y atención por parte del Estado.

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    Los trabajadores de niñez y adolescencia que dan su testimonio en esta nota

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  • El manual de la ultraderecha: burda acusación de “terrorismo” a quienes resisten la represión

    13 de febrero, por Movilización a Congreso — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Como ya hizo tras otras marchas, el Gobierno arma causas con cargos insostenibles contra manifestantes. Mientras saquea los bolsillos populares y recorta derechos de la clase trabajadora, los acusa a ellos de “intentar desestabilizar al país”. La doctrina Bullrich que ahora aplica Monteoliva tiene como único sostén la fuerza bruta del Estado.

    Primero saturan la plaza de vallas y uniformados. Cientos de policías federales, gendarmes y prefectos listos para atacar a la masa cuando el Ministerio dé la orden. Durante horas se muestran rabiosos, prestos a descargar su furia. A la voz de “¡aura!” y usando la más mínima excusa, se activa el camión hidrante y el aire comienza a inundarse de un gas irritante. Sufren manifestantes, camarógrafos y cronistas de todos los medios. La lógica reacción de quienes resisten la avanzada es respondida con más gases y con balazos de goma disparados a las cabezas. Este gobierno ya le sacó la visión a muchas personas y casi mata a Pablo Grillo. Poco después, con motos y patotas de civiles enchalecados, comenzará la cacería humana.

    Este miércoles, al mando de Alejandra Monteoliva, el ya clásico accionar represor de La Libertad Avanza escribió un nuevo capítulo. Según datos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria , reconocida como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, hubo al menos 31 detenidos de manera arbitraria y no menos de 562 personas “fueron asistidas por los equipos de las postas sanitarias en salud de los partidos de izquierda, CEPA y la CPM”. Además, las fuerzas represivas demoraron sin razón alguna durante horas a unos 70 manifestantes.

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    Este viernes, en una nueva burda operación criminalizadora, la ministra de “Seguridad Nacional” y el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunciaron otro ítem del manual criminalizador de la ultraderecha. Al menos 17 personas serían denunciadas penalmente por “terrorismo”. Según el relato armado, las personas identificadas “atacaron al Congreso”, “desestabilizaron el orden público” y cometieron “un delito grave contra el orden constitucional”. Es más, tuvieron “toda la intención de generar muerte y caos”.

    ¿Las pruebas? No están. Ni estarán. Como no estuvieron en causas anteriores que debieron ser cerradas y archivadas por una pasmosa escasez documental y testimonial. Quienes tienen todos los “fierros” y recursos del Estado, legales e ilegales (como todo lo que hace la SIDE), no pueden sostener expedientes en los que acusan a ciudadanos de delitos gravísimos. Por eso, cuanto menos pruebas y fundamentos, mayor magnificación discursiva.

    Monteoliva le repartió a los medios un improvisado drive con fotos, nombres, apellidos y números de DNI de 17 personas indivisualizadas en la marcha. La mayoría de las imágenes son capturas de móviles televisivos, es decir que esos “terroristas” se manifestaban a la vista de todo el mundo y a metros de las fuerzas represivas.

    En su frenesí antiobrero, la excolaboradora del Plan Colombia y de sanguinarios como Bukele ahora asegura que sobre ese grupo de manifestantes se aplicará la tipificación usada contra “integrantes de una organización internacional financiada para generar alarma y conmoción social”. Suena ridículo, pero en eso “trabajan” en el Ministerio.

    “Acá hubo autores intelectuales y económicos. Por eso, lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento: desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”, dijo sin vergüenza la funcionaria en una entrevista por Radio Mitre.

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    Puede que esta causa penal (de la que aún se desconocen juzgado y fiscalía) tenga el mismo destino de las anteriores, en las que al estridente show inicial, escrache de manifestantes y acusasiones rimbombantes mediante, le sigue el sobreseimiento de los imputados y el archivo del expediente. Sin embargo la avanzada puede atentar contra la seguridad e integridad de esas 17 personas.

    El caso más bochornoso de lo que se dice se vio en junio de 2024, al votarse la Ley Bases. Allí Bullrich descargó una feroz represión en las inmediaciones del Congreso. La cacería derivó en al menos 33 detenciones al voleo que el fiscal Carlos Stornelli empaleó en cuestión de horas bajo acusaciones de “terroristas” e intento de “un golpe de Estado”. En un par de meses toda esa gente fue liberada y los cargos cayeron uno a uno.

    Ante aquellos hechos ocurridos hace más de un año y medio, decíamos en este sitio que “quienes hoy levantan su cruzada contra el ‘terrorismo' son herederos ideológicos y sentimentales (en algunos casos también biológicos) de quienes en los años 70 calificaban de ‘terroristas' a organizaciones y personas que querían revolucionar el país en pos de una sociedad igualitaria. Con ese ‘fundamento” activaron una maquinaria de aniquilación de miles de luchadoras y luchadores en lo que luego se reconoció como Terrorismo de Estado”.

    Agregábamos que “hace cincuenta años la ultraderecha encaramada en el Estado se apoyaba en la Doctrina de Seguridad Nacional, regada por Estados Unidos vía la Escuela de las Américas , donde se formaron muchos pichones de genocidas. Doctrina que terminó desechada junto a los regímenes militares, pero que se renueva décadas después en muchos de sus postulados”. Hoy, de la mano de Donald Trump y Javier Milei.

    Ante los hechos de este miércoles y frente a esta nueva arremetida judicial “antiterrorista” del Gobierno, la diputada del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que “quien la pudre es Patricia Bullrich, la violencia es del Estado. No puede ser que no te puedas manifestar en la Argentina. Yo voy con anteojos protectores, limón y un pañuelo a las marchas. ¿A vos te parece que tenga que ir con anteojos para que no me saquen los ojos? ¿Nos vamos a acostumbrar a que tenga que ir así? Voy así porque como le sacaron un ojo a mi compañero Matías Aufieri, mis compañeros ya no me dejan ir con la cara descubierta”.

    Pero lejos de apostar al miedo y al acobardamiento, Bregman propone redoblar la lucha y rebelarse cada vez más contra los aprestos represivos del Gobierno y el Poder Judicial. “Nos estamos acostumbrando a unos niveles de violencia estatal que solo se ven en Estados Unidos con Trump. Lo que pasa es que Minneapolis se organizó en serio. Creo que eso es lo que hay que hacer. Si me preguntas cuál es mi modelo, es ése”, dijo ante la consulta de periodistas.

    Monteoliva y compañía pueden seguir cacareando, repartiendo imputaciones insustanciales contra ciudadanos perseguidos por manifestarse y poniendo cada vez más a prueba su capacidad mitomaníaca. Hay que desenmascararlos al máximo, demostrando que el verdadero accionar de terror es el que emana de las usinas estatales. Como ya se demostró en casos como el Pablo Grillo y Jonathan Navarro, el registro documental y la investigación desde abajo puede dejar al desnudo la ilegalidad bullrichista. Esta pelea recién está empezando.

    Foto Enfoque Rojo

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  • Bregman y la violencia del Estado contra los pibes y la protesta: “Convertir la bronca en rebelión”

    13 de febrero, por La izquierda se planta — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    En extensas entrevistas con María O'Donnell y Diego Iglesias, la diputada del PTS en el Frente de Izquierda denunció la operación del Gobierno y sus aliados contra la resistencia popular. De la reforma laboral esclavista a la baja de la edad de punibilidad, los hilos conductores de un ataque ejecutado por la ultraderecha con aval de “opositores” y burócratas sindicales.

    Este viernes Myriam Bregman fue entrevistada por María O'Donnell en Radio Urbana Play y por Diego Iglesias en Radio Con Vos. Los ejes de las conversaciones fueron la media sanción en el Senado de la cínicamente llamada “Ley de Modernización Laboral” y la también media sanción en Diputados de un nuevo Régimen Penal Juvenil. Ambas iniciativas del gobierno de Javier Milei que contaron con inestimables acompañamientos de “opositores”, incluyendo peronistas.

    Represión y “violencia” frente al Congreso

    Tras conocerse un spot de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva con un relato de supuesta identificación de “violentos” manifestantes en la masiva movilización contra la reforma laboral, Bregman afirmó que “es lo mismo que dijo Patricia Bullrich el 12 de junio (de 2024) después del tratamiento a la Ley Bases. Cada vez que hay una protesta contra el Gobierno empiezan con que ‘son todos terroristas, todos quieren desestabilizar el orden constitucional' y empiezan con las ‘pericias'”.

    En ese marco, la “Rusa” subrayó que es “parte de esa ‘izquierda combativa' de la que habla Monteoliva. Sí. Nos llamamos así. ¿Qué descubrió? Si se instruyera mínimamente sabría que si se habla de ‘izquierda combativa' es porque el término ‘izquierda', así como pasa con el término ‘derecha', es muy amplio. Derecha puede incluir una persona ideológicamente liberal, una persona más conservadora o un ultraderechista cuasi facho como Milei o Trump. Entonces uno utiliza a veces palabras para decir cuál es su postura política o ideológica. Pero, que yo sepa, nada de lo que ella dijo está prohibido. Yo puedo ser de izquierda, yo puedo llamarme combativa y me puedo movilizar. Pero la violencia inusitada que vi es la del Estado, el Estado que comanda ella ahora como títere de Bullrich. Fue terrible lo que hicieron. A mí me tiraron a quemarropa, a dos metros.”

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    “Me reí al escuchar a la ministra decir ‘identifiqué a cuatro personas'. Fijate que todas las personas que detienen después de las marchas no quedan detenidos. A veces encuentra algún fiscal, como (Carlos) Stornelli, que logra que se los tenga un tiempo ahí secuestrados, pero ¿por qué no quedan detenidos? ¿Por qué todas las causas se caen en su amplia mayoría? Porque son identificaciones que no son reales. Dicen cualquier cosa”, agregó la diputada

    Siguiendo con el tema, recordó que “nuestro método, el de la izquierda, es el paro general, la huelga, decirle a la CGT que no pueden ser tan traidores, que el movimiento obrero tiene organización para resistir esta reforma. Las mujeres pudimos quedarnos toda la noche, pero a la CGT se le vence el ticket a las tres de la tarde y siempre se tienen que ir a esa hora. Cuando van, porque ni siquiera fueron todos. Están detrás del movimiento de mujeres. Nuestras posturas son públicas y también cuáles son los métodos de lucha que proponemos.” Y sentenció: “Cuando nos movilizamos, nos organizamos, paramos y tiramos abajo las leyes. Podemos ser un montón, como fue la marcha universitaria. Ahí las fuerzas de seguridad se retiran y no hay ningún problema. Yo confío mucho en la organización de la clase trabajadora argentina, del movimiento de mujeres.”

    Sobre la violencia represiva y sistemática ejecutada por el Gobierno nacional con colaboración del del Ciudad en las protestas frente al Congreso, Bregman aseguró que “quien la pudre es Patricia Bullrich, la violencia es del Estado. No puede ser que vos no te puedas manifestar en la Argentina. Yo voy con anteojos protectores, limón y un pañuelo a las marchas. ¿A vos te parece que tenga que ir con anteojos para que no me saquen los ojos? ¿Nos vamos a acostumbrar que tenga que ir así? Voy así porque como le sacaron un ojo a mi compañero Matías Aufieri, mis compañeros ya no me dejan ir con la cara descubierta. La última vez que me tiraron yo estaba parada al lado de la Policía de la Ciudad y cobraron ellos también. Se tiran entre ellos con tal de perseguirnos. Estamos en unos niveles de violencia estatal que el que se acostumbre tiene un problema.”

    “Nos estamos acostumbrando a unos niveles de violencia estatal que solo se ven en Estados Unidos con Trump. Lo que pasa es que Minneapolis se organizó en serio. Creo que eso es lo que hay que hacer. Si me preguntas cuál es mi modelo, es ése”, graficó.

    Lo que está de fondo

    Bregman alerta que “nos quieren entretener con ‘la botellita', ‘la tuerquita' y no sé qué… Si quieren discutimos horas si con ese método vas a parar a las fuerzas policiales de Bullrich, pero si todos caemos en hablar de eso y que el titular de los diarios del día siguiente sea ése, ahí Patricia se lleva un premio. Hablemos de que acaban de instaurar el régimen fracasado las AFJP para las indemnizaciones, que no vas a cobrar y que eso se lo sacan a Anses, olvidate de jubilarte. Me cansé de discutir lo de ‘las dos vidas' cuando fue el tema de la ley del aborto, decían barbaridades anticientíficas, pero ahora son ellos los que destruyen la posibilidad de una familia, de una mamá, un papá o una abuela que dice ‘me voy a llevar a los pibes de vacación unos días'. No vas a poder porque a vos te van a dar las vacaciones en octubre y nuestros hijos, nuestras hijas no tienen vacaciones en octubre.”

    “Espero que cuando se trate la reforma laboral en Diputados podamos organizar verdaderamente un paro general activo, una huelga general donde esto se pare, porque lo que están haciendo no es una reforma laboral, es un cambio de paradigma ridículo, llevando la idea de que el trabajador tiene plenos poderes para negociar con su empleador y eso lo niega la historia, no ya el derecho derecho al trabajo. Niegan la historia de la sociedad de clases”.

    “La CGT entregó la discusión. Es escandaloso. (El jueves) estábamos discutiendo la baja de la edad de punibilidad y se hablaba de los ‘menores'. Ya la palabra te irrita, porque vos a tus hijas o tus hijos no les decís ‘vení menor'. Es una palabra propia del conservador de la Ley Agote, que veían en los pibes el ‘peligro moral o material', ahora le pusieron ‘riesgo social'. Es una ley que atrasa 120 años. Hablan de de los pibes en conflicto con la ley penal, pero si una mamá tiene cáncer le van a bajar el sueldo. Si tiene rayos va a decir ‘no, no quiero el tratamiento porque me bajen el sueldo y no puedo darle de comer a mis a mis hijos'”, sentenció la diputada del FITU.

    Y manifestó su “bronca terrible” al ver que senadores que cobran $ 10 millones “decidan que a una mamá le van a bajar el salario al 75 %. Y que si se le ocurrió jugar un ratito al paddel con las amigas y se lesionó, se lo van a bajar a 50 % y que se joda. ¿Cómo se le ocurre divertirse con sus amigas y jugar al paddle o salir a correr? Que se joda. Pero ellos no, ellos cobran $ 10 millones. A mí me da mucha bronca, tanto como cuando veo que después se titula ‘¡las molotov!'... Ése no es el problema de lo que pasó. El problema es que no hubo una respuesta a la altura del ataque que se está sufriendo. El FAL (Fondo de Asistencia Laboral) es la liquidación del sistema jubilatorio argentino. La perversa de Bullrich le pone FAL porque es milica hasta para los nombres.”

    “Están desfinanciando la Anses, no hay jubilaciones. Nuestra generación no se jubila porque no va a haber dinero en los fondos públicos. Es la apertura a la AFJP y el cierre del sistema actual, que ya viene muy mal, que todos lo desfinanciaron, hasta Cristina Kirchner que vetó el 82 % móvil. Yo lo he denunciado siempre, gobierne quien gobierne. Pero ésta es la liquidación”, sentenció Bregman.

    Violencia estatal contra la juventud trabajadora y pobre

    Consultada sobre la media sanción de una nueva Ley Penal Juvenil, Bregman comenzó diciendo que “es una ley que hace muchos años que en este país se viene intentando imponer. Es una de las leyes fundacionales de la historia de nuestro país. Porque si la pensamos en contextos históricos, una ley parecida donde se habla de la peligrosidad de las niñas, niños y adolescentes, tenés que remontarte a la Ley Agote. Agote era un un referente del partido conservador en 1919, en pleno contexto de ebullición social, con la llegada de la migración europea, con ideas socialistas, con ideas comunistas, con una pobreza extrema. Milei reivindica ese período, de riqueza para unos pocos y pobreza de las mayorías. En ese contexto Agote llegó a decir que los niños que empezaban como canillitas terminaban como canallas, refiriéndose a los pibes que vendían periódicos. ‘Empiezan como canillitas y terminan como canallas'. Parece una frase de Patricia Bullrich. Tenés que remontarte a eso para pensar una ley parecida.”

    “Lo que votaron ayer, más allá de la opinión política que uno tenga, es totalmente inconstitucional y anticonvencional. Habla del ‘riesgo social' que provocan los pibes y pibas. Es directamente derecho penal de autor, porque se dice que pueden ir a la cárcel todos aquellos que se vea que ‘pueden llegar a reincidir'. ¿Quién va a decidir eso? Es un ataque muy grande a las infancias, a la adolescencia”, agregó

    Bregman dice que la votación de la baja de la edad de punibilidad le “chocó mucho, porque las noticias que llegan del mundo son de la Isla Epstein, donde lo que se ve es que este mundo capitalista a los pibes y a las pibas los usan como objeto de perversión de redes de pedofilia, de trata de personas. Y vos no podés mirar para otro lado, decir, ‘bueno, no pasa nada, acá hay jóvenes que libremente deciden delinquir'. Hay que mirar estos contextos, mirar que saltó a la luz que en la guerra de los Balcanes los señores burgueses italianos iban a cazar como un deporte niños. Si matabas a un adulto € 80.000 euros, si matabas a un niño lo aumentaban a € 100.000. Ése es el contexto en que se inscribe esta ley, más allá de las particularidades de la Argentina, donde hay un enorme una enorme situación de vulneración de derechos.”

    “Aclaro que cuando nos referimos a las situaciones y contextos de vulnerabilidad, de pobreza extrema, de marginación a la que se arrojan a tantos niños, niñas y adolescentes, yo no los estoy relacionando con el delito. Porque también podemos caer en pensar que si hay alguna situación de conflicto con la ley es solamente los sectores populares. Eso no es así”, acalaró. Pero agregó que, “como bien explican Zaffaroni y todos los grandes criminólogos, en el derecho burgués hay una ‘criminalización primaria', que es señalar todo aquello que es delito, y una ‘secundaria' que es efectivamente a quiénes se aplican las leyes penales. Y sabemos que, una vez aprobada esta ley, vamos a ir a un contexto de persecución, con una enorme herramienta para las fuerzas de seguridad, a los sectores populares, a los hijos de la clase trabajadora.”

    “(Bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años) es anticientífico, ya que todo demuestra lo contrario. Bajar la edad de punibilidad no evita ningún hecho grave, no evita la comisión de ninguna conducta ilícita. En general, lo único que aumenta, y esto es estadístico, es la reincidencia. ¿Por qué? Porque el encarcelamiento temprano hace que cuando ese pibe, esa piba, recupere la libertad, va a ser muy difícil que encuentre un laburo, va a ser muy difícil que se pueda reinsertar y vos mismo lo estás mandando a subsistir como pueda. Es al revés.”

    “Es un discurso tan berreta. No sé de dónde sacan eso de ‘delito de adulto, pena de adulto'. No soy especialista en derecho penal, pero todo lo que he leído, que he leído varios libros en mi vida, jamás encontré esa categorización en ningún lado. Ayer les decía entonces ‘delito de diputado, pena de diputado' y digan qué le corresponde a un diputado narco como (José Luis) Espert.”

    “Incluso bajo este sistema capitalista el derecho penal de autor se ha ido tratando de eliminar, por lo menos en su forma. Después está la criminalización primaria y la secundaria, pero aunque sea en el texto de las leyes se trata de ocultar que se está dirigiendo la penalización a determinado sector social para promover el control social, para promover e impedir la protesta social, etcétera. Bueno, ayer era descarado, no trataban de ocultarlo, era directo.”

    “Lo que es más doloroso es que se agarran de casos graves, donde les dicen a las familias ‘vengan, yo les voy a resolver el problema'. No van a resolver nada, lo que están es generando problemas. En Argentina, además, las estadísticas demuestran que en el último tiempo la cantidad de hechos que involucran menores ha descendido, no ha aumentado. No hay una ‘ola de delincuencia juvenil'. Los pocos datos van a favor de no tomar una medida como ésta. Los pocos datos van a favor de tomar otras medidas.”

    “Van a dedicar $ 23.000 millones. ¿Por qué eso no va dedicado a contemplar la situación de decenas de pibes con consumo problemático? Las mamás piden eso, a donde vas piden ‘por favor, hagan algo porque quiero llevar a mi pibe a que lo atiendan y no hay un solo lugar, me cierran las puertas, como somos pobres nadie nos quiere ver, nadie nos quiere atender'. Entonces hay plata, pero hay plata para la criminalización, no hay plata para atender otros problemas que deberían ser atendidos urgentemente. Ni que hablar del ocio, del derecho al deporte, a poder estudiar, a tener salidas recreativas. Todo eso parece que para la juventud pasó a ser parte de alguna telenovela que verás por el celular”.

    “Es un fraude, como pocas veces se vio. No intentaron ni caretearla. Cuando llegó la hora de discutir cómo se va a aplicar la ley, dijeron que no había más plata que ésa, que era todo lo que había. Se desmiente por sí mismo. Porque hay que construir infraestructura específica para alojar a las decenas de pibes que piensan llevar a la cárcel y hay que tomar las adaptaciones también en el propio sistema judicial. ¿Eso lo van a hacer con $ 23.000 millones y además van a hacer todos los programas?”

    “El nivel de arrastre, de felpudo, que hay con este gobierno es increíble. ¿Gente que se hace votar como progresista, gente del Partido Socialista de Santa Fe que viven poniéndose banderas del progresismo votando la baja de la edad? Los diputados massistas que hace quince minutos te decían ‘votame que vamos a enfrentar a la derecha', bajando la edad de punibilidad con la ultraderecha trumpista de la Argentina. Da una bronca, porque Argentina es vanguardia con una militancia admirable alrededor de este tema, hay decenas de organizaciones, de mesas de articulación, de gente que estudia, que se prepara, que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es que falta capacitación, no falta formación, no faltan recursos, está todo. Y deciden por lo que es apoyar a la derecha trumpista de la Argentina.”

    “Que no me digan que tienen algún programa para los pibes. Páguenles a las mamá, generen empleo de calidad, empleo genuino y van a ver cómo muchas situaciones se acomodan. Pero no, les quitan los derechos a las mamás, le quitan los derechos a los papás de los pibes y a los pibes los quieren encarcelar. Es la Ley Agote, es la ley del principio del siglo pasado para criminalizar a la juventud, buscar un enemigo interno.”

    “Pero fijate cómo le va Trump con esas políticas. Está perdiendo todas las últimas elecciones, está generando un rechazo increíble y es precisamente por estos puntos de políticas persecutorias, no es por la gran ‘resistencia' de los charlatanes del Partido Demócrata, es porque están generando un odio total contra estas políticas persecutorias.”

    “(Las penas máximas de hasta 15 años de privación de libertad para delitos graves cometidos por adolescentes) es directamente una condena a muerte civil. Un pibe recién está en formación, no sólo desde lo social sino incluso desde el punto de vista científico se explica que su propio cuerpo está en formación, transformaciones, todo lo que significa la adolescencia. El que no la haya pasado no sé dónde vivió, recordemos nuestras propias experiencias adolescentes. Los condenan a la muerte civil. ¿Quién los va a tomar en un laburo cuando salgan? ¿Cómo vuelve a la escuela, cómo va a la facultad?

    “Encerrándolos no van a recibir educación. En los centros universitarios (de las cárceles) cada vez que te quieren castigar te impiden concurrir a estudiar. Es un nivel de perversión contra los pibes y las pibas. Porque tienen que ocultar la catástrofe que están gobernando, tienen que ocultar que aumentó la pobreza, que tenemos la mitad de los niños en situaciones de pobreza. Para ocultar eso, los ponés a ellos como victimarios y no como víctimas de este sistema.”

    “Y cuando digo víctimas de este sistema hablo de sujetos colectivos, porque lo que están destruyendo es el futuro de toda una generación. O sea, generaciones que ya saben que van a vivir peor que sus padres, mucho peor que sus abuelos y bueno, después si protestan son ‘violentos'. Están generando una situación donde no dejan salida para la juventud.”

    “Yo les digo a los pibes y pibas que se rebelen, que no se banquen esto, que se organicen desde sus lugares de estudio, desde donde puedan, pero no tienen por qué aceptar que esto es lo único que les queda, la precarización laboral absoluta, el encierro o ser captado como soldaditos de la droga. Esas son las opciones que le están dando hoy a la juventud. Y además, por supuesto, ya si sos de una clase alta, los crímenes del poder siempre se encubren, ¿no?”, concluyó Bregman.

    Foto Enfoque Rojo

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  • Baja de la edad de punibilidad: los fundamentos del rechazo presentado por la izquierda

    12 de febrero, por Diputados — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Con la firma de la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman, el dictamen presentado por la izquieda denuncia al impulsado por La Libertad Avanza, que puede obtener media sanción este jueves. Basado en falacias históricas y jurídicas que sólo buscan criminalizar a la juventud, el oficialismo plentea una regresión política que hace aún más “peligrosos” a los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares. Argumentos demoledores contra el punitivismo represivo.

    Este miércoles el bloque de diputados de La Libertad Avanza logró reunir un plenario de las comisiones de Legislación Penal; de Familias, Niñez y Juventudes; de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo del oficialismo es conseguir la media sanción esta misma semana de un nuevo Régimen Penal Juvenil, una de cuyas claves es la baja de la edad de punibilidad a los 14 años.

    El dictamen oficial, redactado a las apuradas para conseguir adhesiones de último momento, finalmente obtuvo una mayoría de 77 firmas de diputados, miembros de las cuatro comisiones. Los pocos legisladores de ese grupo que decidieron tomar la palabra en la reunión, se dedicaron a adular al Gobierno sin explicar (mucho menos argumentar) nada del proyecto.

    Además del proyecto encabezado por el oficialismo y acompañados por aliados, la reunión de comisiones terminó con otros cinco dictámenes presentados por distintos bloques. Tres son de Unión por la Patria (uno por el ala kirchnerista, otro del massismo y uno “de observación” presentado por una diputada en particular), uno de Provincias Unidas y otro del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Éste último, de seis páginas, lleva la firma de la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman.

    No es una discusión de “seguridad”

    El texto de la izquierda sintetiza la cuestión: “Este debate se presenta como una discusión de seguridad, pero en realidad revela algo mucho más profundo: la decisión de un Estado que no puede -ni quiere- garantizar derechos básicos a la mayoría de las niñas, niños y adolescentes, y que frente a ese fracaso responde con castigo. Donde deberían existir educación, salud, alimentación, vivienda, cultura y futuro, aparece el sistema penal. Las infancias se convierten completamente en objeto de control”.

    En ese marco, agrega que “para los sectores que concentran la riqueza, la vida de las juventudes populares no vale como derecho garantizado, pero sí como advertencia social, como mensaje disciplinador, como pieza del control sobre quienes sufren la desigualdad”. Y nada de esto es nuevo, ya que “el derecho penal moderno nace con la ficción de un sujeto formalmente libre y responsable, propia de la sociedad capitalista. La pena se organiza como equivalencia: delito de un lado, castigo del otro. El tiempo de encierro como medida de compensación”.

    Así, el lema difundido por Patricia Bullrich y el resto de La Libertad Avanza según el cuál a un “delito de adulto” le cabe una “pena de adulto” resulta ser “la expresión más cruda de esa lógica”, ya que “supone un sujeto plenamente autónomo que eligió libremente transgredir la ley, y al hacerlo borra las condiciones sociales que producen el conflicto. Cuanto más se habla de responsabilidad individual, más se oculta la desigualdad real”.

    Por eso, “el discurso oficial se sostiene sobre una demagogia punitiva que promete ‘seguridad' a fuerza de castigo para los jóvenes, pero choca contra la evidencia empírica. En ningún país donde se redujo la edad de punibilidad disminuyó la comisión de delitos graves. Se le ofrece a la sociedad una respuesta rápida y falsa que no aborda las causas estructurales del problema y que solo profundiza la criminalización y persecución de pibes y pibas. El único horizonte que se propone es el encierro”.

    El Frente de Izquierda insiste en que “bajar la edad no ‘reduce el delito', sino que promueve la estigmatización y el control social. Significa, de hecho, anticipar esa ficción sobre personas en pleno desarrollo, atravesadas por condiciones materiales que el propio orden social genera. En lugar de interrogar esas condiciones, se individualiza la culpa. En lugar de garantizar derechos, se amplía el castigo. El derecho penal vuelve a cumplir su función histórica de administrar el orden social en tiempos de crisis, endureciéndose para disciplinar a las mayorías empobrecidas”.

    Menores “peligrosos”, regresión política

    El dictamen de rechazo firmado por Bregman alerta que no estamos “ante una reforma técnica, sino ante una regresión política. Esa regresión retoma una matriz conocida en nuestra historia. Desde la Ley de Patronato (Ley 10.903), utilizada para disciplinar a los hijos de la inmigración pobre y controlar a las infancias de las familias trabajadoras, el poder estatal construyó la figura del ‘menor peligroso'. Lo que era militancia política o desigualdad social, lo convirtieron en problema policial. O peor aún, los que eran víctimas sociales, pasaron a ser sospechosos. Hoy esa lógica reaparece, pese a que el propio orden constitucional reconoce lo contrario”.

    Recuerda en ese sentido que la Convención sobre los Derechos del Niño (que tiene desde 1994 jerarquía constitucional), obliga al Estado a garantizar desarrollo integral, libertad y protección especial de niñas, niños y adolescentes. “De allí surge el sistema de protección de derechos, que al menos formalmente desplaza el castigo y coloca en el centro las políticas sociales”. Por el contrario, “el dictamen de mayoría invierte ese recorrido y vuelve a poner a las niñeces y adolescencias en el mismo lugar que la última dictadura cívico militar”.

    Otro aspecto que desmiente el dictamen de la izquierda se refiere al discurso punitivo que se esgrime para bajar la edad de punibilidad. “Las causas penales que involucran jóvenes representan apenas entre el 2 % y el 4 % del total. Las niñas, niños y adolescentes menores de dieciséis años implicados en delitos rondan el 0,1 %. En 2023, 1.767 adolescentes se vieron incluidos en causas en la justicia nacional y la enorme mayoría ingresó por primera vez. Predominan los delitos contra la propiedad y los hechos graves -al revés de lo que se sostiene- muestran una tendencia descendente”.

    Bregman plantea que no hay una “ola delictiva juvenil” sino una construcción política y mediática funcional al endurecimiento penal. “El sistema penal no actúa de manera neutral. Persigue selectivamente y castiga con sesgo de clase. Los jóvenes que terminarán efectivamente criminalizados serán los pibes de los barrios precarizados, los hijos de la clase trabajadora. La baja de la edad no resuelve el eventual conflicto: lo administra punitivamente y desplaza la responsabilidad desde las estructuras que producen desigualdad hacia quienes la padecen”.

    En ese marco, cita al exjuez de la Corte Suprema y jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien habla de “criminalización primaria” y “criminalización secundaria” para graficar que el poder punitivo no es neutro. “La criminalización primaria es la que se está decidiendo en este recinto e implica la decisión política sobre qué conductas serán consideradas delito y qué penas tendrán. A partir de ahí viene una clara selección política. No todo lo dañino se criminaliza, ni todo lo criminalizado es lo más dañino socialmente”. Eso, concluye, es la “criminalización secundaria, el momento de aplicación concreta: cuando policías, fiscales y jueces deciden a quién perseguir efectivamente. Acá es donde entra en juego la selectividad penal, y de allí que siempre se hable de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares”.

    La izquierda denuncia que, lejos de discutirse una mera modificación técnica del sistema judicial, “el dictamen de mayoría profundiza el ejercicio de poder punitivo del Estado y su control social. La política del Gobierno y sus cómplices en este terreno es clara. Mientras se impone el ajuste, se paga una deuda externa ilegítima e ilegal y se profundiza la subordinación al imperialismo, se refuerzan los mecanismos de control interno. La criminalización temprana de la juventud cumple la misma función que la persecución de migrantes en los países centrales: fabricar enemigos sociales, ocultar las causas reales de la crisis y disciplinar a las mayorías afectadas”.

    La experiencia comparada demuestra, al contrario de lo que sostiene el oficialismo, que la cárcel o el encierro a edad temprana aumenta la reincidencia, profundiza la estigmatización y rompe trayectorias de vida. “Convertir el conflicto juvenil en una ‘identidad criminal definitiva' es clausurar el futuro” dice el dictamen firmado por Bregman. “Sabemos que bajo este sistema capitalista, cada vez más degradado, la juventud se lleva la peor parte, porque se les roba el futuro, hasta se les destruye el planeta en el que habitan y proyectan su vida”.

    “Sin negar estas cuestiones de fondo, que inspiran nuestra lucha todos los días por transformar la sociedad de raíz, podemos pensar algunas medidas mínimas. Frente a esta regresión, sostenemos una orientación opuesta. Fuera el sistema penal de nuestros niños, niñas y adolescentes: los cuantiosos recursos que hoy se pretenden destinar al encierro son los que deberían dirigirse a la creación de polideportivos, centros culturales y espacios comunitarios en los barrios, que garanticen desarrollo, encuentro y proyectos de vida para las y los jóvenes”, propone el dictamen de rechazo.

    Plantea que “así se vuelve urgente fortalecer los equipos profesionales que asisten a las escuelas. Psicólogos, docentes y trabajadores de la educación señalan el crecimiento de consultas vinculadas a intentos de suicidio y autolesiones, depresión, ansiedad, abusos, consumos problemáticos y trastornos en la conducta alimentaria. Cada institución educativa mínimamente debería contar con un Departamento de Orientación integrado por un equipo permanente conformado por profesionales de la psicología, la psicopedagogía y el trabajo social, articulado con otros programas, para acompañar de manera efectiva las trayectorias de las y los estudiantes”.

    Finalmente el texto subraya que, “una vez más, queda en evidencia que mientras no se avanza contra el delito organizado ni contra las complicidades que lo sostienen, se votan leyes de blanqueo para que los grandes delincuentes puedan lavar su dinero, se construye como chivo expiatorio a los eslabones más débiles: nuestros pibes y pibas, a quienes no se les garantizan derechos ni medidas de contención social, dejándolos expuestos a las redes del delito que el propio poder dice combatir, o hasta genera”.

    E insiste: “la baja de la edad de punibilidad constituye el núcleo más regresivo de este proyecto. No responde a ninguna evidencia empírica ni a una necesidad real, sino a una orientación política que busca ampliar el alcance del castigo sobre quienes menos derechos tienen. Adelantar la intervención penal sobre niñas, niños y adolescentes implica negar su condición de personas en desarrollo, desconocer los estándares fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño y reemplazar la obligación estatal de proteger por la decisión de perseguir y encerrar”.

    “Lejos de resolver los problemas que atraviesan las juventudes, esta medida profundiza la estigmatización, fortalece la selectividad punitiva y consolida una respuesta simbólica que administra la desigualdad mediante el castigo en lugar de garantizar derechos. Por eso, rechazar la baja de la edad no es solo una posición jurídica, sino una definición política frente a un intento de retroceso histórico en materia de derechos de las infancias y adolescencias”.

    La posición del Frente de Izquierda es categórica: “no a la baja de la edad de punibilidad. Este Estado que no puede garantizar los derechos mínimos a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de este país, quiere meterlos en la lógica de este sistema desde más pequeños. Para los ‘dueños de todas las cosas', para las clases dominantes y sus políticos títeres, sus vidas no valen nada, pero les sirven como vehículo de un mensaje: incrementar el control social. Por todo ello, corresponde el rechazo integral de este régimen penal juvenil reaccionario y la afirmación de una salida opuesta: retirar al sistema penal del centro de la intervención estatal”.

    1. Dictamen Bregman rechazo baja edad punibilidad by La Izquierda Diario

    Imagen creada con Inteligencia Artificial

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