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• Enojado por el fracaso en varios artículos, Milei podría vetar su propio Presupuesto 2026

  18 de diciembre de 2025, por Diputados — Política, Salud, Universidad, Libertades Democráticas, Diputados, Congreso de la Nación , Cámara de Diputados, Discapacidad, Personas con discapacidad, Javier Milei, Presupuesto universitario, Presupuesto 2026, Emergencia en discapacidad, Política, Salud, Universidad, Libertades Democráticas, Diputados, Congreso de la Nación , Cámara de Diputados, Discapacidad, Personas con discapacidad, Javier Milei, Presupuesto universitario, Presupuesto 2026, Emergencia en discapacidad
  

  Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada a medios aliados. Se refiere al rechazo (por 123 votos contra 117) de la Cámara de Diputados al Capítulo XI del proyecto de Presupuesto 2026, que se proponía derogar leyes en favor de personas con Discapacidad y de las universidades, entre otros ataques a la población. “Fue una catástrofe”, dicen en el Gobierno. Movilicemos masivamente en las calles para seguir derrotando al Gobierno.

  La de esta madrugada en la Cámara de Diputados fue una votación amarga para el Gobierno, ya que avanzó el Presupuesto 2026 con media sanción, pero sin la derogación de leyes claves para su proyecto de ajuste, como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Luego de conseguir la aprobación en general (132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones) del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, en la votación en particular de cada capítulo la cosa no fue como lo esperaba el bloque de La Libertad Avanza.

  Al momento de tratarse el Capítulo XI del proyecto oficial la ecuación se invirtió. Tras horas de rosca extorsiva por parte de la bancada libertariana, lo que incluyó negociaciones de último momento, voto por voto, entre el ministro del Interior Diego Santilli y gobernadores “aliados”, finalmente ese tramo del Presupuesto fue rechazado con 123 votos negativos, 117 afirmativos y dos abstenciones.

  El capítulo en cuestión tenía una serie de artículos con los que el Gobierno pretendía “ahorrarse” en 2026 miles de millones de pesos. Particularmente el artículo 75, que expresamente borraba de un plumazo importantes normas legales y, con ello, parte del financiamiento en áreas vitales como la salud y la educación.

  Vale recordar que tanto la Emergencia en Discapacidad como el Financiamiento Universitario son dos leyes votadas en el Congreso, luego vetadas por Javier Milei y vueltas a confirmar tanto por Diputados como por Senadores. Es decir que están vigentes. Además, el Poder Judicial obligó al Gobierno a implementarla sin más demoras. Pero, fiel a su doctrina, La Libertad Avanza se niega sistemáticamente a cumplir.

  Burdamente, apenas 48 horas antes de que se tratara el proyecto en Diputados, el Gobierno intentó hacer pasar casi en secreto la derogación de esas leyes, incorporando el artículo 75 en el Capítulo XI. El texto decía expresamente “se derogan las leyes 27.793 y 27.795”. Por eso, cuando llegó el momento del tratamiento en particular, se desató un intenso debate. Varios diputados, incluso aliados del Gobierno, plantearon que ante la maniobra libertariana se debía cambiar la forma de votación (al inicio de la sesión se había definido votar por capítulos y no por artículos).

  “Está haciendo trampa. No tienen los votos, es un fraude”, le dijo el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño al presidente de la Cámara Martín Menem. Su denuncia fue replicada por otros bloques, como el de Unión por la Patria. Germán Martínez, jefe de la bancada peronista, agregó que el Capítulo XI también planteaba derogar la ampliación del régimen de zonas frías. Es decir que su aprobación afectaría a muchas personas y también a muchas provincias.

  Apenas pasada la 1:30 de la madrugada del jueves, finalmente la votación del Capítulo Xi resultó negativa. Un baldazo de agua fría para las huestes liberfachas.

  Se cayó todo el capítulo 11 del presupuesto y es una derrota para el gobierno. No se deroga la emergencia en discapacidad, ni financiamiento universitario ni la movilidad de las asignaciones familiares, ni zonas frías. pic.twitter.com/ZKMcIrawwv

  — Jesica Calcagno (@Jesi_mc) December 18, 2025

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  ¿Milei contra sí mismo?

  “La media sanción, amputada en una de sus partes fundamentales, será girada al Senado para su sanción definitiva. El rechazo al capítulo XI fue una catástrofe, admitieron los libertarios. El impacto fue tal que, en las horas posteriores, comenzó a circular incluso la hipótesis de un veto presidencial al Presupuesto”, escribieron en La Nación las periodistas Laura Serra y Delfina Celichini.

  Horas después Julián Alvez escribió en Infobae: “La Casa Rosada tiene la certeza de que el proyecto que se remitirá al Senado no le sirve para la sanción definitiva. ‘Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto', afirmó en altas horas de la madrugada a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. Con la eliminación del Capítulo XI del proyecto, consideran que están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable”.

  Según el análisis de las grandes empresas periodísticas que suelen ayudar con creces a Milei, en La Libertad Avanza incluso evalúan “demorar” el envío del Presupuesto 2026 al Senado. “El oficialismo podría apostar por movilizar de manera exprés un cambio en la redacción del proyecto y volver a incluir el Capítulo XI. Así, el proyecto debería volver a la cámara de origen, pero el Gobierno no tiene los números para insistir con su versión”, sintetiza Infobae.

  La debilidad del Gobierno es manifiesta. Más allá del exitismo expresado tras las elecciones del 26 de octubre, lo cierto es que cuando intentan acelerar a fondo se comen más de una curva. “Una alternativa que parece imponerse por estas horas es la de vetar el propio presupuesto”, arriesgan los cronistas con acceso directo a las fuentes presidenciales.

  Detallan que varios gobernadores de la llamada “oposición dialoguista” le habían anticipado al ministro Santilli que le pedirían a los diputados de sus espacios políticos que votaran en contra del Capítulo XI. Hablan especialmente del catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz. Desesperado por intentar retener esos votos, apenas horas antes de la votación el Poder Ejecutivo llegó a prometerles retribuciones multimillonarias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

  Pero, lo que tal vez no contemplaran los “cerebros” libertarios es que tres gobernadores terminarían “dándose vuelta”: el neuquino Rolando Figueroa, el chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo. Los dos últimos, incluso, fueron recientes aliados electorales de La Libertad Avanza.

  Además de la derogación de las leyes relacionadas con Discapacidad y universidades, el Capítulo XI incluía otros ataques, como la eliminación del subsidio al consumo de gas en algunas provincias (conocida como ley de zona fría), la eliminación del ajuste por movilidad en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares y la eliminación del régimen de Pensiones No Contributivas. Un ajuste brutal a las condiciones de vida de millones de personas en todo el país.

  Mal que les pese a los fanáticos mileístas, por ahora ese ataque es rechazado a nivel parlamentario. ¿Pasará algo similar con otros proyectos oficiales, como el de la reforma laboral esclavista? Este jueves el rechazo a la mal llamada “modernización laboral” se hará sentir fuerte en las calles con una marcha masiva convocada por las centrales sindicales, el sindicalismo combativo y la izquierda. Frenar el avance de Milei y sus secuaces es posible.

  Se verá. Por lo pronto, NTMAP (no todo marcha acorde al plan).

  Foto AFP

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• Baja de los homicidios: la mentira tiene patas cortas y se llama “doctrina Bullrich”

  16 de diciembre de 2025, por Sumario sin secreto — Política, Santa Fe, Libertades Democráticas, Rosario, Ministerio de Seguridad, Narcotráfico, Ricardo Ragendorfer, Inseguridad, Patricia Bullrich, Homicidios, Alejandra Monteoliva , Sumario sin secreto, Política, Santa Fe, Libertades Democráticas, Rosario, Ministerio de Seguridad, Narcotráfico, Ricardo Ragendorfer, Inseguridad, Patricia Bullrich, Homicidios, Alejandra Monteoliva , Sumario sin secreto
  

  La senadora dejó el Ministerio de “Seguridad Nacional” afirmando que gracias a ella bajaron los asesinatos en todo el país. Pero retuerce estadísticas e inventa éxitos inexistentes. Por el contrario, su política y los discursos de odio son una invitación a que haya más muertes violentas. Monteoliva, su fiel discípula, puede empeorar aún más las cosas.

  Manuel Adorni ya nos acostumbró a que de su bocota emanen todo tipo de inconsistencias. Con el mismo rictus, el jefe de Gabinete puede llenar de piropos a Javier Milei y justificar el intento de asesinato de Pablo Grillo. Sólo por eso la reivindicación que hizo de Patricia Bullrich, el pasado 10 de diciembre, no causó la sorpresa que debía. Fue en la Casa Rosada, en el marco del balance de los dos primeros años de gobierno de La Libertad Avanza.

  “Garantizar el orden público implica poner fin a la barbarie del crimen y la delincuencia. Las políticas garantistas de los últimos veinte años han hecho de la Argentina un verdadero baño de sangre. Los delincuentes caminaban libres por las calles mientras los argentinos de bien se veían obligados a encerrarse tras las rejas en sus hogares. Gracias a la Doctrina Bullrich , los homicidios bajaron un 11,5 % en 2024 y se alcanzó la cifra más baja de los últimos 25 años”, dijo el funcionario ante el periodismo acreditado.

  Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de “Seguridad Nacional”, no quiso ser menos. Por esas horas dijo en LN+ ante Luis Majul que “sin evidencia no se pueden tomar decisiones” y que la reducción de los homicidios en Argentina durante estos dos años de gestión se logró gracias a ser “quirúrgicos a partir de la evidencia”. Algo que repitió en A24 ante Eduardo Feinmann (el mismo que pidió que rodara su cabeza por difundir una fake news sobre Fabrizia Pegoraro, la niña gaseada durante una represión a jubilados).

  Hablar de Doctrina Bullrich suena a exageración. Pero directamente transmuta a delirio cuando esa supuesta doctrina carece de fundamentos, explicación, validez y hechos que la justifiquen. En el caso de la hipotética baja de la tasa de homicidios gracias a las políticas encuadradas en ese esquema doctrinal, la evidencia de la que habla Monteoliva no existe. Y no hace falta ser especialista para verificarlo.

  Datos matan relato

  En sitios oficiales, discursos y redes sociales las huestes libertarianas repiten como un mantra que Bullrich ejecutó un plan de “seguridad” cuyos resultados estarían a la vista. Pero mientras muestran avenidas porteñas despejadas para explicar el “fin de los piquetes” (en rigor, protestas sociales barridas a sangre y fuego), en el caso de la supuesta baja de los homicidios la cosa es mucho más vidriosa.

  En algo no mienten Bullrich, Monteoliva y Adorni. Según datos oficiales, en 2024 la tasa de homicidios en Argentina efectivamente alcanzó valores bajos en comparación con el promedio latinoamericano e incluso mundial. Pero eso no se explica por las políticas adoptadas desde el Poder Ejecutivo. Aunque a Patricia le cueste creerlo, el asunto es más complejo.

  

  Si se atienden sólo los datos informados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2024 hubo en Argentina una tasa de homicidios de 3,8 por cada cien mil habitantes. Eso supone una reducción del 12,7 % (más incluso de lo que dijo Adorni) respecto a 2023. Durante el último año de gobierno del Frente de Todos la tasa había sido de 4,4 homicidios cada cien mil habitantes.

  Ahora bien, según el mismo SNIC (que depende del Ministerio de Seguridad), bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ese índice también bajó respecto a su antecesor. Es decir, a la presidencia de Mauricio Macri de la que Bullrich fue ministra de Seguridad.

  Mientras en los años de Cambiemos la tasa de homicidios tuvo un promedio de 5,45 cada cien mil habitantes, durante la gestión peronista ese promedio bajó a 4,62. Sin embargo, pese a las “evidencias”, nadie osaría hablar de “doctrina Frederic” o “doctrina Aníbal” para explicar tal mejora. Que Pato quiera anotarse un poroto porque en 2024 hubo menos asesinatos que en 2023, carece de seriedad.

  Más insustancial aún es el relato bullrichista si los números del SNIC se miran por provincias. Respecto al año anterior, en 2024 los homicidios dolosos disminuyeron en Santa Fe un 55,3 % (de 398 a 178), en Ciudad de Buenos Aires un 14,3 % (de 91 a 78) y en la Provincia de Buenos Aires un 1,1 % (de 829 a 820). Pero en Córdoba subieron un 1 % (de 116 a 117), en Mendoza un 7,5 % (de 66 a 71), en Salta un 8 % (de 63 a 68) y en Entre Ríos un 23 % (de 40 a 49).

  No sólo hay una enorme disparidad entre distritos, sino que en algunas provincias en las que sus gobernadores colaboran gustosos con las políticas de Milei, los homicidios subieron en lugar de bajar.

  La medida más “audaz” (por decir algo) de Bullrich y Monteoliva en la materia fue el Plan 90/10 , basado en concentrar el accionar de policías provinciales y fuerzas federales en “193 municipios que concentran el 90 % de los homicidios, representando el 10 % del territorio nacional y el 70 % de la población argentina”. Pero ese plan se presentó en diciembre de 2024, es decir que tuvo nula incidencia en la baja de la tasa de homicidios de la que tanto alardean.

  A Bullrich y Monteoliva también las desmiente la comparación regional. Ellas se adjudican como un “logro” propio que en 2024 Argentina haya tenido la tasa de homicidios más baja de América Latina. Llegaron a afirmar que si se encabeza el ranking de países con menos crímenes es gracias a “la voluntad y la decisión de ir contra todos aquellos que atentan contra la vida”. Una chantada.

  

  Un detallado informe publicado en 2024 por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, compara las tasas de homicidios de todos los países de la región durante las últimas tres décadas. Una de las conclusiones es que Argentina lleva ya mucho tiempo siendo “uno de los países que registra las tasas más bajas” debido a un comportamiento social “bastante disímil al de otros países”.

  Bullrich quiere instalar la idea de que, gracias a ella, Argentina es el país con menos homicidios. Pero estudios como el del Celiv o el del sitio estadounidense InSight Crime dicen algo distinto. En otros períodos, previos a su llegada al Ministerio, el país también tuvo una de las tasas más bajas del subcontinente. Y cuando no la tuvo fue, básicamente, porque otros países estaban mucho mejor que ahora.

  Hace diez años Chile tenía 2,7 homicidios por cada cien mil habitantes, pero en 2024 duplicó esa tasa llegando a 5,5. En 2015 Ecuador tenía 5,7 (por debajo del índice de Argentina de ese año) y el año pasado alcanzó la friolera de 38,8. En el mismo período, Uruguay pasó de una tasa de 8 por cada cien mil a 10,6. Viendo esas variaciones, los investigadores de la UNTreF aclaran que “los homicidios, como todo registro estadístico, fluctúan en el tiempo” y por eso “es importante observar la tasa de homicidio no sólo para un año determinado sino como parte de una evolución o tendencia”.

  El factor Rosario

  En el detalle estadístico del SNIC sobresale la baja de los homicidios en Santa Fe. A nivel provincial, entre 2023 y 2024 las muertes por acción intencional de terceros pasaron de 398 a 178, una reducción del 55,3 %. Hasta el cansancio, Bullrich dijo que fue por su intervención directa. Pero no es así.

  En marzo de 2024, tras un verano regado de sangre en el que fueron asesinados al voleo trabajadores como el colectivero Marcos Daiola, los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa y el playero Bruno Bussanich, el Gobierno nacional decidió poner en pie el Plan Bandera . Lo hizo en acuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro, recién asumido.

  El Plan Bandera se basó en la saturación de las calles del Gran Rosario con gendarmes, prefectos y policías federales, que reforzaron la militarización de los barrios populares y multiplicaron los operativos callejeros. Vale recordar que, acompañando la movida, Axel Kicillof colaboró “prestándole” a Pullaro, llave en mano, 80 patrulleros de la Policía Bonaerense.

  Más allá de la puesta en escena y del gasto de recursos millonarios, la operación lanzada por el Ministerio de “Seguridad Nacional” no tocó ningún nervio central del negocio narco. Sin embargo, en poco tiempo los homicidios se redujeron de una forma más que sorprendente. ¿Mérito de la Doctrina Bullrich ? Para nada.

  El periodista y docente Germán de los Santos lleva años investigando el tema. Junto a Hernán Lascano escribieron Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno (2017) y Rosario. La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad (2023). Sus crónicas en La Nación y en Radio Aire (Santa Fe) ilustran con certeza la situación de los últimos años.

  En abril de 2024, cuando la ministra ya cacareaba su “éxito”, De los Santos la desenmascaró. En conversación con La Izquierda Diario , el especialista dijo que había “fuertes sospechas de una especie de ‘acuerdo' entre los principales grupos y eso hizo bajar los homicidios. Patricia Bullrich salió a decir que era gracias al operativo Bandera , pero no tenía nada que ver con una política de Estado sino con una decisión del propio crimen organizado, que redujo casi tres veces los homicidios en Rosario. Hubo 39 en el primer trimestre contra 80 del trimestre anterior. Eso no tiene ninguna explicación en base a una política de Estado, porque no la hay”.

  Hay quienes aseguran que en ese “acuerdo” entre bandas hubo una intermediación directa de emisarios de Bullrich y su secretaria Monteoliva, quienes se mostraban muy preocupadas por conseguir un efecto inmediato que tranquilizara a la población. Difícil comprobarlo. Lo cierto es que esa baja de los homicidios no fue obra de ninguna “doctrina” craneada en los despachos de Avenida General Gelly y Obes 2289. Todo fue obra de negociaciones entre narcos. Fin, diría Adorni.

  Apologistas del crimen

  “Por empezar, la estadística exacta de los homicidios siempre fue y será incierta. Históricamente, el índice de homicidios que hay en el país es de 3,4 cada cien mil habitantes, con variaciones hacia arriba o hacia abajo según las zonas. Y no hay ninguna política oficial que reduzca ese índice”, dice a La Izquierda Diario Ricardo Ragendorfer, periodista de larga trayectoria investigando crímenes y represiones.

  Autor de libros indispensables como La Bonaerense (1997, junto a Carlos Dutil), Los doblados (2016) o Patricia. De la lucha armada a la seguridad (2019), Ragendorfer detalla que “entre el 30 y el 35 % de los homicidios que se cometen en el país son en ocasión de robo y el resto, entre el 65 y el 70 %, son crímenes intrafamiliares o intravecinales, de personas que se conocían previamente e integran la ‘parte sana' de la población”.

  Tomando esa distinción, al menos dos tercios de los homicidios dolosos no se pueden prevenir con políticas represivas, que por su propia naturaleza sólo pueden aplicarse ante hechos consumados. “El Ministerio de Seguridad no destina un vigilante en cada casa de un macho golpeador”, ironiza Ragendorfer sin perder certeza.

  Bullrich y Monteoliva no sólo mienten al decir que los homicidios bajaron gracias a ellas, sino que sus políticas apuntan a que las muertes violentas a manos de terceros crezcan. Es el propio Gobierno el que tiene como esencia de su “batalla cultural” el odio a todo aquello que sea considerado zurdo, comunista o mandril. Odio que, en sus manifestaciones más desinhibidas, ya produjo amenazas e incluso ataques físicos directos de parte de simpatizantes de Milei.

  Fomentados desde la Casa Rosada y cloacas como el canal Carajo, los sentidos comunes reaccionarios están a flor de piel. Por eso Ragendorfer agrega que “hay una causal que, por el contrario, haría crecer y no disminuir los índices de homicidios: se ha liberado legalmente en los últimos tiempos el uso y la portación de armas para civiles. Así, la mayoría de los homicidios en ocasión de robo se producen por la resistencia armada de la víctima”. ¿Más claro? Echale agua.

  Hace siete años, cuando era ministra de Macri, la hoy senadora de La Libertad Avanza dijo a la salida de un bar de Río Cuarto: “Es un tema de las personas, el que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado”. Su tono, tal vez aletargado por alguna ingesta previa, motivó chistes y memes. Pero lo que dijo era grave.

  Ahora, la misma funcionaria impulsará desde su banca una reforma reaccionaria del Código Penal. De aprobarse el proyecto, la “libertad” de la población estará cada vez más condicionada por los caprichos de quienes ocupen el Poder Ejecutivo y, especialmente, el Ministerio de “Seguridad Nacional”. Los homicidios no se terminarán, pero sí habrá más cárceles y balas, como diría gustoso el exnarcodiputado José Luis Espert.

  Ese ajuste represivo y punitivo es acompañado por una sistemática propaganda mediática que insiste con la idea de que Argentina es poco menos que un campo de batalla donde la gente cae como moscas a manos de hordas impunes de asesinos sueltos. “Es como si hubiera una actitud casi reverencial y sumisa ante la palabra ‘seguridad'”, afirma Ragendorfer, lo que incluye a muchos “opositores” que, a la hora de los bifes, apoyarán los planes mileístas para endurecer penas y empoderar tropas. “Pero diluir dentro de lo que se llama ‘inseguridad' el concepto de ‘violencia urbana', que es el verdadero concepto que hay que usar, es un error gravísimo”, sentencia.

  Y aquí surge otra “curiosidad” epocal. Los cerebritos de La Libertad Avanza se niegan a pensar que, para que baje la tasa de homicidios dolosos, un factor clave es la mejora de las condiciones de existencia de la población, tanto materiales como subjetivas. Sería un exceso wokista para ellos ligar las posibilidades del descenso de los asesinatos con, por ejemplo, que todas y todos tengan un trabajo con derechos, una vivienda digna y una mejora sustancial de la salud y la educación públicas.

  Por eso, mientras aplauden el ajuste de Milei que impide a millones siquiera llegar a fin de mes, inventan una “doctrina” policial para explicar la baja coyuntural de los homicidios. Una maniobra propia de personajes como Bullrich y Monteoliva, más ocupadas en perseguir y reprimir al pueblo trabajador que en darle una solución de fondo a la violencia social que reproduce el mismo sistema que ellas defienden a capa y espada.

  Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich en mayo de 2025 | Foto Prensa Ministerio de Seguridad

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• Bregman: “Esto no es una causa judicial, es un panfleto; nada le da entidad a lo que sostienen jurídicamente”

  
  16 de diciembre de 2025, por Causa Superintendencia — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Negacionismo , Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Negacionismo
  

  Entrevistada por Gustavo Sylvestre en Radio10, la diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda se refirió a la causa impulsada por defensores del genocidio a raíz de la explosión en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), ocurrida en julio de 1976. "Es una causa a la que no le han faltado sentencias que digan que está prescripta, que debe archivarse", señaló.

  – “Esta es una causa que pasó por tres sentencias de la jueza Servini, que las tres veces dijo que debía ser archivada. Dos sentencias de las cámaras de apelaciones, más otra sentencia de la Cámara de Casación y una sentencia de la Corte Suprema. Es decir, es una causa a la que no le han faltado sentencias que digan que está prescripta, que debe archivarse porque no se califica dentro de lo que es lesa humanidad y, por ende, prescribe con el paso del tiempo.”

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  – “Hay que hacer un poco de historia frente a la sociedad y recordar que esta gente que hoy pide juzgar a determinadas personas fue la que tomó otro camino frente a la dictadura. Cuando este hecho ocurre, ellos pasan a tomar venganza por mano propia, como se hacía en la época de la dictadura. Es decir, secuestran, asesinan, torturan. No es que dijeron ‘quiero saber quién hizo este hecho y buscar verdad'.”

  – “Esta causa no es una causa judicial, es un panfleto basado en la novela de Ceferino Reato. No tiene una prueba, no tiene absolutamente nada que le dé entidad a lo que sostienen jurídicamente. De aquella acusación original empiezan a borrar nombres y a dejar los que hoy suenan más importantes para que esto reaparezca, como es el caso de Patricia Bullrich.”

  – “Es raro que quieran revertir toda una lucha de memoria, verdad y justicia para darle el gusto a Victoria Villarruel. Mayoritariamente nuestra sociedad adoptó esa lucha como una lucha propia. Esto no tiene que ver con que los voten o no los voten, sino con una construcción colectiva de décadas. Pretender invertir esa historia es muy grave y no parece representar a un sector mayoritario de la sociedad.”

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  Política / Libertades Democráticas / Genocidio / Negacionismo

• Patricia Bullrich, la ministra acusada en la causa por la impunidad que impulsa el Gobierno

  16 de diciembre de 2025, por Absurdo oficial — Política, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Patricia Bullrich, Política, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Patricia Bullrich
  

  El intento de reabrir una causa judicial impulsado desde el gobierno y orientada a garantizar impunidad a los genocidas de la última dictadura fue denunciada como una maniobra política. Distintos medios destacaron el rol de Myriam Bregman que desnudó el burdo objetivo que en su "ofensiva" tuvo que ocultar a uno de los los acusados: Patricia Bullrich, ministra clave del propio gobierno.

  Hace unos días escribimos sobre la audiencia en Comodoro Py la semana del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Un show judicial promovido por el oficialismo fue expuesto, hasta el ridículo, en sus fines políticos de lograr mayor impunidad para los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

  La intervención de la abogada Myriam Bregman, como parte de la defensa que incluyó a Liliana Mazea, entre otros, fue destacada en distintos medios . Allí denunció el operativo fogoneado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y bendecido por la Sala I de la Cámara Federal porteña (Llorens, Bertuzzi y Bruglia).

  La causa que se intenta abrir, a pesar de que cuenta con varios fallos en su contra, se origina en el atentado atribuido a la organización Montoneros, el 2 de julio de 1976, al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba un centro clandestino de detención. Acusando a militantes de los años 70, persigue un “empate de impunidad” que favorezca a los genocidas. Pero tiene el “inconveniente” de tener a Patricia Bullrich en la lista de los acusados.

  Detrás del aparente absurdo se esconde algo más simple, como dijo Bregman: "El paso del tiempo". La causa se inició en agosto de 2003 como una reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes de Obediencia debida y Punto final. Una venganza que explica la acusación a Patricia Walsh, a quien la diputada de izquierda defiende, por ser la autora del proyecto para la anulación.

  La defensa y la denuncia de Bregman

  Bregman destapó el intento de ocultar la presencia de Bullrich entre los acusados. En su alegato, mostró cómo el nombre desapareció convenientemente de la lista de imputados, dejando al descubierto la manipulación judicial. En foja 153 del expediente se menciona a Bullrich con su nombre de guerra: "Carolina Serrano, cuñada de Rodolfo Galimberti, residió en Francia y México", incluida en momentos que se encontraba a mitad de camino en su peregrinar de la militancia en Montoneros a las huestes de la ultraderecha.

  Desde el público de la audiencia se escuchó: “Traigan a Patricia”, a tono con la causa judicial que ser consecuente debería procesar a su funcionaria estrella y uno los máximos referentes del oficialismo en el Congreso.

  La audiencia en Comodoro Py fue una clase de cómo funciona la impunidad. Myriam Bregman dejó en evidencia la arbitrariedad y el trasfondo político de la causa. Como le señaló a los jueces, “¿qué eligieron hacer cuando tenían el poder del Estado?: sembrar cadáveres". Años después pujaron por el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. No es serio que vengan a reclamar ‘verdad y justicia' en 2025”.

  El periodista de investigación y escritor especializado en temas policiales Ricardo Ragendorfer afirmó, en el diario Tiempo Argentino, que fue “clave un dato aportado por Myriam Bregman”, durante la audiencia, donde sostuvo que “antes del 2 de julio de 1976 solían ingresar a la morgue dos cuerpos por día. Pero desde el 3 al 7 de julio, el número trepó a 46”.

  No hay ningún interés real de “justicia” en esta causa, concluyó la abogada de Walsh. La Cámara Federal la reabrió con el único fin de instalar la doctrina Villarruel: todo acto de resistencia a la dictadura puede –y debe– ser juzgado, aunque eso implique citar a muertos, desaparecidos o gente que ni siquiera integró Montoneros, puntualizó la diputada de izquierda.

  No es casual: el ataque a la memoria y la reivindicación de los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia no es sólo una batalla judicial, es una ofensiva política para legitimar el ajuste y la represión. Lo que se juega es demasiado grave para dejarlo pasar.

  Frente a la farsa judicial, la respuesta es la movilización: porque la memoria, la verdad y la justicia no se negocian ni se relativizan. Los mismos que hoy quieren “empatar” los crímenes de la dictadura con los de la resistencia, mañana buscarán impunidad total para los genocidas y más palos para los que luchan.
  

  Política / Libertades Democráticas / Myriam Bregman / Patricia Bullrich

• Masacre del Pabellón Séptimo: hubo sentencia por las muertes masivas ocurridas en Devoto en 1978

  12 de diciembre de 2025, por A 47 años — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cárceles, Columnistas Vertical , Crímenes de lesa humanidad, Cárcel de Villa Devoto, Derechos Humanos, Masacre en el Pabellón Séptimo, Dictadura, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cárceles, Columnistas Vertical , Crímenes de lesa humanidad, Cárcel de Villa Devoto, Derechos Humanos, Masacre en el Pabellón Séptimo, Dictadura
  

  Tras un año de audiencias, terminó el juicio contra tres exagentes del Servicio Penitenciario por la muerte de 65 presos y 88 casos de torturas. Los hechos ocurrieron en esa cárcel porteña durante la dictadura. El TOF 5 reconoció que fue una grave violación a los derechos humanos, condenó a dos acusados y absolvió al tercero. Sensaciones encontradas tras conocerse el veredicto.

  Este jueves terminó el juicio oral y público por los crímenes cometidos el 14 de marzo de 1978 por parte del Servicio Penitenciario Federal en el pabellón séptimo del penal de Villa Devoto (Ciudad de Buenos Aires). Allí fueron juzgados los exagentes Juan Carlos Ruiz, Horacio Galíndez y Gregorio Zerda, acusados de participar de 88 casos de torturas y 65 de tormentos seguidos de muerte. Todas las víctimas eran internos que estaban alojados en ese pabellón al momento de desatarse un feroz incendio.

  El relato de tres sobrevivientes de aquel crimen, Juan Olivero, Hugo Cardozo y Roberto Montiel, podés verlo en una extensa entrevista realizada por La Izquierda Diario hace algunos años.

  El juicio comenzó en octubre de 2024 y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. Finalizadas las audiencias, los jueces declararon culpables a Ruiz y a Galíndez. El primero era el director del penal y el segundo era el jefe de la División Seguridad Interna. La pena recibida es de 25 años de cárcel por haber torturado hasta la muerte a 65 “presos comunes” y aplicar tormentos a otros 88. Según los jueces, el excelador Zerda no cometió delitos, fue absuelto y quedó en libertad.

  Así, la Masacre del Pabellón Séptimo finalmente es reconocida como una brutal violación a los derechos humanos. La sentencia reconoce algo que no por obvio debe ser dejado de lado: la gravedad de los hechos y la sistematicidad de la violencia ejercida por el aparato represivo estatal durante la dictadura, incluso contra personas que no estaban detenidas por motivos políticos.

  Las abogadas Natalia D'Alessandro, Denise Feldman y Claudia Cesaroni (quien investigó la masacre y publicó un libro demostrando lo que realmente pasó) fueron quienes patrocinaron a los querellantes. Ellas pidieron para Ruiz y Galíndez las penas que finalmente aplicó el TOF 5. En conversación con La Retaguardia al finalizar la lectura del veredicto, las letradas destacaron “que se haya dictado una sentencia condenatoria, que se haya reconocido este crimen como una grave violación a los derechos humanos y, por lo tanto, como un delito que no prescribe”.

  La querella también había pedido una pena similar para Zerda, pero en ese caso el Tribunal no les dio la razón. Cesaroni, D'Alessandro y Feldman sabían que era posible que algo así sucediera con el excelador, ya que los jueces podrían apelar a que “no tenía poder de decisión” durante los hechos.

  Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes, también habló a la salida de la última audiencia del juicio en el que fue querellante. “Hoy puedo estar en paz porque conseguimos que se reconozca a las víctimas, a esas 65 personas asesinadas que durante años fueron ignoradas y que ahora un juez tuvo que nombrar una por una en la sentencia. Me prometí ser la voz de ellos y hoy, por fin, pueden descansar en paz”.

  

  Lógicamente, la absolución del exagente Zerda será apelada. Así lo confirmaron las abogadas y también el fiscal actuante en el juicio, Abel Córdoba. Éste último afirmó en sus alegatos finales que los imputados “actuaron con un profundo desprecio por la vida y la dignidad de las víctimas, a quienes trataron como si fueran basura, destruyéndolas sin piedad”.

  Si bien el veredicto reconoció esas muertes y tormentos como “graves violaciones a los derechos humanos”, los jueces desestimaron la exigencia de la querella de calificarlos como “crímenes de lesa humanidad”. Si bien con la primera calificación se evita que esos delitos prescriban, la diferencia no es menor. Al no ser considerados crímenes de lesa humanidad, el caso podría pasar del fuero federal al ordinario, en este caso al Poder Judicial porteño. Eso podría modificar sustancialmente la causa, que sigue abierta y con un cuarto procesado: el exjuez Guillermo Rivarola, encargado de la “investigación” apenas ocurridos los hechos y quien encubrió todo.

  Además de dejar libre de culpa y cargo a Zerda, los jueces Toselli, Obligado y Palliotti no atendieron otros reclamos de la querella. Entre otros, que tal como ocurrió con diversos lugares utilizados por la dictadura para torturar y matar, el edificio del Penal de Villa Devoto, ubicado en la manzana comprendida por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano de ese barrio porteño, sea preservado como Sitio de la Memoria.

  También pidieron que medios nacionales como Clarín, La Nación y Crónica publiquen la corrección de las noticias difundidas hace más de 47 años, en las que reprodujeron la versión mentirosa lanzada por la Junta Militar gobernante. Tal como lo reconstruyeron sobrevivientes y la abogada Cesaroni, durante años no se habló de masacre, ni de torturas ni de responsabilidades estatales, sino del “motín de los colchones” en el que toda la culpa recayó sobre las propias víctimas.

  Este jueves, tras escuchar el fallo condenatorio de Ruiz y Galíndez y absolutorio de Zerda, entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas reunidos en los Tribunales las sensaciones eran contradictorias. Por un lado, una sentencia que confirma lo que se sostenía hace décadas: que fue una masiva violación de los derechos humanos. Por otro lado, la certeza de que la lucha debe continuar. Porque el Poder Judicial y el Estado de conjunto dan “justicia” tarde y a cuentagotas. Es el propio Estado el que garantiza impunidad y sólo acepta condenar a sus agentes cuando la pelea desde abajo es sostenida, se hace visible y suma cada vez más adhesiones.

  

  A más de 47 años de la Masacre del Pabellón Séptimo, la situación en las cárceles argentinas sigue siendo tan crítica como entonces. En las últimas décadas otras masacres se sucedieron en diferentes penales del país. Muchas continúan impunes.

  Según publicó en su último informe el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en Argentina las condiciones de encierro son “alarmantes” y deben tomarse “medidas urgentes para que los lugares de detención cumplan con los estándares internacionales mínimos”.

  En los penales federales como el de Villa Devoto esa responsabilidad le cabe al Ministerio de “Seguridad Nacional”, hasta hace algunos días conducido por la ahora senadora Patricia Bullrich y hoy bajo el mando de su discípula Alejandra Monteoliva. Ambas están mucho más preocupadas en armar operaciones de fake news , perseguir pobres y opositores y reprimir protestas sociales que en garantizar derechos humanos a la población.

  Foto archivos personales de Hugo Cardozo y Claudia Cesaroni

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