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Histórico: identifican a 12 víctimas de La Perla en una fosa común removida por los militares en 1979
11 de marzo, por A 50 años del Golpe — Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Principal bbc A3 3, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Principal bbc A3 3, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976
El Juzgado Federal N°3 de Córdoba confirmó la identificación genética de doce personas secuestradas y desaparecidas en el principal centro clandestino de detención de la provincia. Los restos fueron hallados en la zona de Loma del Torito, donde los genocidas realizaron una "limpieza" de pruebas en 1979 ante la visita de la CIDH. Un triunfo de la lucha de los organismos de derechos humanos y la ciencia al servicio de la memoria, verdad y justicia.
El hallazgo es el resultado de las excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona de Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural Militar La Calera. Los restos óseos, hallados desarticulados y fragmentados, confirman la hipótesis sostenida durante décadas por los sobrevivientes: a principios de 1979, los militares realizaron una "limpieza" a gran escala para ocultar las evidencias del genocidio ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con maquinaria pesada del Batallón de Ingenieros 141, los represores removieron las fosas comunes, compactaron y trasladaron los cuerpos a lugares desconocidos, intentando borrar todo rastro del horror. Sin embargo, la ciencia y la lucha inclaudicable de los familiares y el movimiento de Derechos Humanos lograron lo imposible: encontrar los fragmentos que quedaron y comenzar a darles una identidad.
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"Esto es una conquista de la lucha de los familiares y los sobrevivientes del genocidio", afirman desde el movimiento de derechos humanos. Para las familias es un logro saber cuál fue el destino de su ser querido, pero también es una victoria arrancarlos de las fosas cavadas por los genocidas, que continúan con su pacto de silencio.
Por estas horas, el juzgado trabaja en la notificación a los familiares. Recién cuando ellos sean informados y autoricen la publicación de los nombres, se convocará a una conferencia de prensa. Mientras tanto, el EAAF solicita a las familias que aportaron muestras de sangre que actualicen sus datos de contacto, ya que aún hay cientos de restos por identificar en las 14 mil hectáreas del predio.
La Perla: un centro clandestino de 14.000 hectáreas
La Perla funcionó entre 1975 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército, al mando del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Por sus celdas pasaron más de 5 mil personas: obreros, estudiantes, militantes populares. Los testimonios de los sobrevivientes, recogidos en los juicios de lesa humanidad, describen el ritual macabro de los "traslados": los prisioneros eran vendados, amordazados, subidos a camiones Mercedes-Benz.
Viajes de apenas 20 o 30 minutos que terminaban en fusilamientos dentro de la propia guarnición militar. El teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, en un escrito presentado en 2004, confesó haber participado en esos fusilamientos -incluyendo el de una mujer que acababa de parir-, detalló el operativo de remoción de cuerpos de 1979, afirmando que los restos fueron "compactados" y arrojados en salinas de La Rioja.
Memoria, verdad y justicia
Este hallazgo no solo trae verdad y un poco de justicia para doce familias. También abre una luz de esperanza para todas las personas que aún continúan luchando por conocer la verdad. A 50 años del golpe, se mantienen las consignas "Aparición con vida ya" y "Que digan dónde están".
Las nuevas generaciones, los nietos de desaparecidos, junto al movimiento de derechos humanos, toman la posta de esta lucha histórica. La identificación de estos 12 compañeros y compañeras demuestra que, a pesar del tiempo transcurrido y de los intentos de los genocidas por borrar las pruebas, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue vigente.
Exigimos la apertura total de los archivos de la dictadura. Es necesario que el Estado y las Fuerzas Armadas rompan el pacto de silencio y aporten la información que permita seguir encontrando a los 30.000 desaparecidos y a recuperar la identidad de los bebés nacidos en cautiverio.
¡Y son 30.000!
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Impunidad empresarial: suspenden el inicio del juicio por la causa Ingenio La Fronterita
10 de marzo, por Tucumán — Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Juicios por la dictadura, Operativo Independencia, Trabajadores azucareros, Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Juicios por la dictadura, Operativo Independencia, Trabajadores azucareros
A menos de 24 horas de comenzar el debate oral, el Tribunal Oral Federal de Tucumán postergó las audiencias tras un pedido de pericias médicas para uno de los empresarios imputados. Un nuevo obstáculo en una causa histórica que investiga la responsabilidad directa de las patronales azucareras en el genocidio.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán resolvió suspender el inicio del debate oral en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita, el cual debía comenzar este miércoles. La medida se tomó luego de que se solicitara una nueva evaluación pericial sobre el estado de salud del imputado Jorge Alberto Figueroa Minetti. Esta decisión posterga sin fecha definida un proceso judicial que ya lleva más de diez años de trámite y que afecta a 68 víctimas.
Este juicio tiene un carácter histórico para la provincia, ya que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el marco del Operativo Independencia y tras el 24 de marzo de 1976. Según la investigación, en el predio del ingenio funcionó una base militar y un centro clandestino de detención, evidenciando el lazo estructural entre la patronal azucarera y la represión sistemática contra trabajadores y referentes gremiales.
La dilación de la justicia profundiza el escenario de "impunidad biológica". De los seis empresarios imputados originalmente, tres fallecieron en el transcurso de la década y uno fue apartado por razones de salud. Actualmente, solo Figueroa Minetti y Eduardo Butori llegan como procesados a esta instancia. El paso del tiempo, lejos de ser un factor neutral, opera como un beneficio para quienes entregaron listas de trabajadores, aportaron infraestructura y financiaron el accionar represivo hace ya cinco décadas.
Desde los organismos de derechos humanos y las querellas denuncian que estas maniobras judiciales a último momento revictimizan a las familias y sobrevivientes. En la víspera de los 50 años del golpe, la postergación de este debate oral vuelve a poner de manifiesto las fallas estructurales de un Poder Judicial que llega tarde, mientras las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia efectiva por la responsabilidad civil y empresarial en el genocidio.
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Los trabajadores desaparecidos de la ex Jabón Federal de La Matanza
10 de marzo, por 50 años del golpe — Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Detenidos desaparecidos, Ex Jabón Federal, A 50 años del Golpe, Historia, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Detenidos desaparecidos, Ex Jabón Federal, A 50 años del Golpe
A 50 años del último golpe cívico-militar, los trabajadores de la ex Jabón Federal intentaron reconstruir la historia no contada por los empresarios y gobiernos de las últimas cinco décadas. Los desaparecidos en una de las fábricas más importantes de La Matanza, la continuidad en la lucha contra la precarización un tiempo después.
Durante la última dictadura militar, fueron al menos seis los trabajadores detenidos y desaparecidos en la ex- Jabón Federal: Juan Eduardo Estéves; Mirta Susana Trejier Fischquin Darroscini; Nora Cristina González; Oscar Roque "Tortuga" Antonini (delegado); Luis " El Gordo" Terranova (delegado) y Miguel Ángel Baamonde. Además, Osvaldo Ferrari, fue detenido y torturado pero luego, liberado. Algunos eran parte de la comisión interna de la fábrica.
La dictadura militar que comenzó en 1976 atacó principalmente a los trabajadores y sobre todo a los sectores combativos. En la fábrica de productos de limpieza y tocador, en esa época ubicada en La Tablada, los detenidos desaparecidos son recordados por sus compañeros porque son parte de la tradición que queremos reconstruir. Los distintos gobiernos que estuvieron en el poder desde entonces, han intentado ocultar quiénes fueron los responsables cívicos, políticos y otros tantos militares y ocultar qué ocurrió con nuestros compañeros.
Fábrica Federal, Crovara y la Avenida General Paz, La Matanza.
El golpe militar de 1976 fue un genocidio de clase
Con El Cordobazo en mayo de 1969, cuando obreros y estudiantes enfrentaron a la dictadura de Onganía y su ejército en las calles, se abrió un periodo de auge en las luchas obreras que se extendió al Gran Buenos Aires, principal concentración industrial del país. Los procesos de organización superaron las luchas por fábrica y comenzaron a desafiar los planes económicos de ajuste impulsados por el gobierno peronista y para 1974 se empezaron a gestar las coordinadoras interfabriles.
En La Matanza se nuclearon las comisiones internas antiburocráticas, combativas y activistas, esencialmente de fábricas metalúrgicas, papeleras, automotrices, textiles, de fibrocemento y jaboneras. La ex Jabón Federal, donde en ese momento trabajaban aproximadamente 1500 obreros, fue parte de una de esas coordinaciones que se denominaba “ Coordinadora de La Matanza” junto a trabajadores de otras fábricas como Lucas Indiel, Textil Oeste, Mercedes Benz, Santa Rosa y Borgward, entre otras.
El proceso de lucha abierto contra el ajuste del gobierno de Isabel Perón llevó a una huelga general en junio del ´75 que derrocó el plan de ajuste del ministro de economía Celestino Rodrigo, en el denominado Rodrigazo y que además echó al “Brujo”López Rega, ministro de Bienestar Social e impulsor de la AAA (Alianza Argentina Anticomunista), que junto a la burocracia sindical perseguían y asesinaban a militantes y activistas obreros en los años previos a la dictadura militar genocida.
Los trabajadores mostraron una gran disposición a la lucha y enfrentaron a los empresarios, logrando que cada acuerdo salarial sea homologado por el Ministerio de Trabajo, que también lo hacía contra su voluntad. La fuerza de estas coordinadoras amenazaron a los capitalistas. La respuesta fue una dictadura militar impulsada por las Fuerzas Armadas junto a la cúpula eclesiástica y los partidos políticos patronales (PJ y UCR) a partir del 24 de marzo de 1976.
Jabón Federal: una historia con tradición de lucha y organización
Los trabajadores de la ex Jabón Federal habían formado parte de las fábricas que pararon en solidaridad con los trabajadores del frigorífico Lizandro Delatorre en la gran huelga general contra su privatización en 1959, bajo el gobierno de Frondizi. Ya en ese entonces, mostraban tradición de lucha. Algunos compañeros cuentan que a partir del 24 de marzo de 1976 los militares entraron a la fábrica, llegaron al vestuario y reventaron los cofres.
Buscaban material “subversivo”: volantes, libros, periódicos, banderas, carteles y todo lo que podría considerarse peligroso para los intereses de los empresarios que por entonces habían ido a buscar a las FFAA, para eliminar a todos los obreros que se organizaban en sus fábricas. La patronal de ese entonces combinaba la colaboración con la dictadura para identificar y detener a los obreros combativos, con una política de contención y cooptación del resto. Haciendo como una pantalla de humo que quería aparentar que todos eran una gran familia unida. Entregaron todo tipo de beneficios a los trabajadores y sus familias, mientras facilitaba la labor a los militares, y entregaba a los que estos buscaban.
Las consecuencias sociales y la herencia de la dictadura
La dictadura buscó, junto a la aniquilación de una generación entera de obreros y estudiantes que querían una sociedad mejor, someter al país y la región, a los intereses económicos del imperialismo norteamericano. Tras su caída en 1982, el país multiplicó su deuda externa y una nueva hiperinflación sacudió los salarios a fines de esa década. Ya en los 90, vinieron el cierre de cientos de fábricas y privatizaciones.
En 1996, los trabajadores de Jabón Federal dieron pelea para defender su fuente de trabajo ante la venta de la firma y el despido de la mayoría de sus empleados. Fue comprada por capitales europeos en 1997 y solo 70 trabajadores mantuvieron sus puestos. Les robaron todo: categorías, antigüedad, pago de los sábados doble, ni derecho a tener delegados. A partir del 2003, los que escribimos esta nota, fuimos parte de la nueva generación de obreros que luego encabezamos el proceso de recuperación de la comisión interna desde el año 2005 hasta el 2013, de muchas conquistas sociales y salariales, enfrentamos los despidos en el 2006 con una gran lucha que duró 56 días con asambleas, paros y piquetes obreros. Luego fuimos la principal oposición (La Bordó) a la burocracia sindical de la lista Azul y Blanca al principio, y luego de su continuidad, la Verde. Hoy seguimos reconstruyendo la historia de los trabajadores de esta fábrica y la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos. Esta es parte de una historia escondida, casi borrada.
Levantamos las banderas de los 30000 compañeros desaparecidos
Nosotros, como trabajadores clasistas y de izquierda, que actualmente, levantamos las banderas de los desaparecidos y hace años estamos reconstruyendo la historia de los trabajadores de Jabón Federal y sus luchas, estamos convencidos de que la mejor forma de mantener viva la memoria de los compañeros de Jabón Federal y los 30.000 desaparecidos, es saliendo a las calles este 24 de marzo y movilizarnos para reclamar por el castigo a los responsables militares y civiles de sus desapariciones.
Este artículo fue publicado originalmente en 2021 en las páginas de La Izquierda Diario.
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Protocolo Antipiquetes: comienza el primer juicio armado por Bullrich contra manifestantes
9 de marzo, por Criminalización de la protesta — Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Policía Federal, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Ley Ómnibus, Ley Bases, Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Policía Federal, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Ley Ómnibus, Ley Bases
Este martes el Poder Judicial porteño sentará en el banquillo a cinco personas “cazadas” el 2 de febrero de 2024 frente al Congreso. Con el relato de miembros de la Policía Federal como única “prueba”, son acusados de “atentado contra la autoridad”. Mientras, se esperan avances en otras causas que tienen a Bullrich y sus exsubordinados como imputados por hechos criminales realmente comprobados.
En febrero de 2024 Javier Milei llevaba apenas dos meses en el poder. Una de las primeras medidas que tomó, a través de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue reprimir brutalmente cuanta movilización callejera se produjo, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre fines de enero y principios de febrero, con el Protocolo Antipiquetes como amenaza permanente, esa violencia estatal se desplegó a pleno en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las protestas populares contra la llamada Ley Ómnibus (luego conocida como Ley Bases).
En el atardecer del jueves 1° de febrero, entre otros ataques realizados desde la mañana, la división motorizada de la Policía Federal arremetió disparando balas de goma contra manifestantes y organismos de derechos humanos que se encontraban sobre la Plaza de los Dos Congresos. Personas que ni siquiera estaban “alterando” la circulación vehicular (habitual excusa oficial para descargar la represión). Previamente se había producido un más que sospechoso “apagón” de las luces públicas en la plaza y calles aledañas.
El abogado Matías Aufieri, miembro del CeProDH y asesor de la bancada del Frente de Izquierda, estaba realizando tareas de relevamiento de detenidos y heridos. Un perdigón de esas balas de goma impactó de lleno en su ojo izquierdo y le provocó la pérdida de la visión. Por ese hecho criminal, Aufieri presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich (responsable de la orden de disparar a la cara y arremeter sobre la plaza) y altos miembros de las fuerzas federales.
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Al día siguiente, el viernes 2, se produjo otra represión en la misma escenografía. Además de, al menos, 65 heridos atendidos por la Posta de Salud y Cuidados , la Federal con ayuda de la Policía de la Ciudad detuvieron a catorce manifestantes. Como en muchas otras ocasiones, buena parte de las personas detenidas en manifestaciones bajo cargos como “atentado y resistencia a la autoridad” o “daños” finalmente terminan siendo sobreseídas ya que el Gobierno nunca logra demostrar la comisión de delitos.
Pero en el caso de los hechos del 2 de febrero de 2024, sobre cinco de las catorce personas avanzó un proceso judicial que esta semana finalmente será juzgado y habrá sentencia. Astor Galán Vizgarra, Joaquín Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Arrúa están acusados, precisamente, de “atentado contra la autoridad”, un delito que contempla una pena mínima de un mes y una máxima de un año de prisión (por ser de menos de tres años, es excarcelable).
El juicio se desarrollará el martes, miércoles y jueves en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad de Buenos Aires (Suipacha 150, piso 8), a cargo de la jueza María Julia Correa. Al frente de la acusación está el fiscal Tomás Vacarezza.
Según el auto de elevación a juicio, pasada la medianoche de ese día los cinco imputados tiraron piedras y botellas contra miembros de la Policía Federal, que procedieron a detenerlos y abrirles un expediente. Para Vacarezza, el hecho no fue un “hecho aislado” sino que debe ser considerado como un “hecho grave que atentó contra las instituciones de nuestro país”. El mismo discurso de Milei y Bullrich que no pudo sostenerse en otras causas, aquí encontró eco en un funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, desde la defensa de los cinco imputados denuncian que el fiscal acusa sin siquiera tener como pruebas los elementos supuestamente arrojados por los cinco manifestantes. Y, peor aún, la acusación se basa exclusivamente en los testimonios recogidos entre los mismos uniformados que protagonizan infinidad de ilegalidades, atropellos y ataques violentos contra la población que protesta.
“A partir de los testimonios del personal policial es posible advertir que los acusados no fueron a manifestarse pacíficamente”, escribió Vacarezza en su más que flojo de papeles pedido de elevación a juicio. De existir realmente algo parecido a la “justicia”, esa afirmación sería una verdadera confesión de parte, dejando en evidencia su complicidad con el armado de causas truchas a manos del Gobierno.
La defensa de los cinco imputados que esta semana van a juicio está integrada por Marcela Dal Santo, Silvia Pelozo, Martín Alderete y Alexis Penela, abogadas y abogados que integran la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep) . El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , a su vez, interviene como amicus curiae (“amigo del tribunal”, figura que permite incluir en el proceso valoraciones y recomendaciones de personas y organizaciones que no integran la querella o la defensa de forma directa).
“Aunque se demostró con videos y testimonios que su intervención (la de sus defendidos) en la actividad fue pacífica, fueron acusados de atentado y daños”, denuncian desde Cadep. Y anticipan que “durante las jornadas del debate oral declararán como testigos ofrecidos por la defensa Katja Alemann y Mirta Israel, entre otras”. A su vez convocan “a la más amplia difusión de este nuevo ataque a las libertades democráticas, porque en estos cinco manifestantes lo que se está juzgando es el derecho a la protesta de todo el pueblo argentino”.
Mientras esto pasa, personas afectadas por las arremetidas criminales del Estado, como el abogado Aufieri, el fotorreportero Pablo Grilloy el trabajador municipal de San Martín Jonathan Navarro, siguen esperando que avancen las causas penales en las que son querellantes. Allí Patricia Bullrich, otros funcionarios del Ministerio de Seguridad y jerarcas de las fuerzas federales son acusados de delitos gravísimos, que incluyen en algunos casos tentativa de homicidio. Ahí sí que hay pruebas de sobra.
Represión del 2 de febrero de 2024 | Foto Enfoque Rojo
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La Policía de Mendoza hostiga e impide en Luján de Cuyo se movilicen en el contracarrusel
7 de marzo, por Persecución — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Policía de Mendoza, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Policía de Mendoza
En la mañana de este sábado, integrantes de la Asamblea por el Agua de Luján de Cuyo se encontraron con un móvil policial que impedía que pueda salir el camión con el carro que habían armado para participar del contracarrusel de la vendimia. Compartimos su comunicado de prensa
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Censura y prohibición en el contra-carrusel por el agua
El pasado martes 3 de marzo , el Ministerio de Seguridad, la Sub Secretaría de Cultura, y la Policía de Mendoza nos autorizaron a utilizar un camión para el contra-carrusel. Ayer nos reunimos de 18:00 a 23:30 en una casa amiga de Guaymallén para decorar nuestro camión y dejarlo guardado ahí. A las 00:30 llegamos a la casa del dueño del vehículo en Luján de Cuyo(donde no estaba el camión) y 3 policías, 2 móviles, nos estaban esperando para abordarnos en una situación de lo más irregular y sospechosa. Se nos notificó que no podíamos usar el camión en el contra-carrusel. Sin darnos ningún razón. Solo dijeron que no se puede. La orden llegó del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Tomaron nuestros datos y nos tuvieron hasta las 4:30 de la madrugada a la espera del labrado de un acta que no se hizo en presencia nuestra, por una situación que no denotaba delito ni irregularidad de ningún tipo (al menos de nuestra parte).
Una vez más el gobierno de Mendoza, de Cornejo, Rus, Latorre y Gareca, pisotean los derechos de la ciudadanía; quieren avasallarnos, callarnos y amedrentarnos.
Estuvimos toda la semana trabajando, armando la decoración y pintando carteles con uno solo mensaje: QUEREMOS AGUA PURA. Y nos notificaron a último momento, cuándo teníamos todo listo, (y cuando ya nos habían dado permiso), que no podíamos participar.
El extractivismo se impone por la fuerza y con violencia. Nos reprimen, nos censuran, nos meten presos, nos imputan y nos prohíben el arte en defensa del agua.
Pero esto nos da más fuerza. Seguiremos adelante, para defender el agua y la vida, por las próximas generaciones. El camión del agua estará en muchas esquinas, calles y parques. Por más que Cornejo y Gareca no quieran, el pueblo de Mendoza verá por todos lados el camión que prohibieron.
