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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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  • El Parlament de Catalunya debatirá una resolución en solidaridad con Anasse Kazib

    17 de junio — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La propuesta ha sido presentada por los grupos parlamentarios de CUP, Comuns y ERC y fue aceptada a trámite por la Junta de Portavoces. Insta al gobierno catalán a trasladar al Estado francés la preocupación por el respecto a los derechos fundamentales de Anasse Kazib y su compañero ante el juicio que enfrentan este 18 de junio por las acusaciones de delitos de “apología del terrorismo”.

    El pasado 3 de junio, Anasse Kazib y su abogada Elsa Marcel fueron recibidos en el Parlament de Catalunya por representantes de los grupos parlamentarios de la CUP-Defensem la Terra, Comuns y Esquerra Republicana de Catalunya.

    En el encuentro, pudieron explicarles el proceso judicial abierto contra Kazib y otro militante de su organización, Révolution Permanente, por su apoyo al pueblo palestino y la denuncia del genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel.

    Los diputados Dani Cornellà, de la CUP, Andres Garcia Berrio, de Comuns y Ana Balsera de ERC, participaron de este intercambio, junto a la portavoz y miembro del Secretariado Nacional de la CUP, Su Moreno, y la regidora de ERC en el ayuntamiento de Viladecans, Rita Borqué.

    Todos ellos coincidieron en señalar este caso como otra muestra más de la criminalización de la protesta social y la disidencia política. En esta ocasión se trata de un ataque dirigido contra el movimiento por Palestina y la izquierda revolucionaria francesa.

    Los tres grupos parlamentarios acordaron presentar un proyecto de resolución para su discusión, enmienda y votación por parte del Parlament, a través de la Junta de Portavoces de la Cámara. Fue presentada el jueves 5 de junio y admitida a trámite unos días más tarde, el 10, quedando a la espera de agendar la fecha para su debate y votación definitiva.

    En la exposición de motivos recuerdan el juicio que enfrentará Anasse y su compañero este miércoles 18 de junio en el Tribunal Correccional de París y como “la acusación inicial partió de la organización próxima a la extrema derecha y al candidato a presidente en 2022 Éric Zemmour, presidente del partido Reconquête”.

    Contextualiza el caso de Kazi como parte de una ofensiva más global, ya que “en abril de 2024, Kazib fue convocado por la policía antiterrorista junto con la eurodiputada Rima Hassan, la presidenta del grupo La France Insumise en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, y otras personas”. Al mismo tiempo, resalta lo excepcional y nefasto precedente de la causa al ser “el único portavoz de una organización política nacional procesado por unos cargos, los de apología del terrorismo” y que “en caso de que Kazib sea condenado, establecería un peligroso precedente contra los derechos de opinión y organización política”.

    La resolución recuerda como “la utilización de este tipo penal para condenar apenas de prisión por opiniones políticas ha sido cuestionada incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o por antiguos jueces antiterroristas como Marc Trévidic”. Y prosigue advirtiéndo que “desde octubre de 2023 son centenares las causas y procesos abiertos contra activistas y organizaciones que denuncian el genocidio que tiene lugar en Gaza”.

    Todo este proceso, según el texto presentado, “se hace todavía más grave en los momentos en que estamos viendo una intensificación de los ataques y del genocidio contra el pueblo palestino por parte del gobierno de Netanyahu a la Franja de Gaza y un aumento de los ataques en Cisjordania”.

    También hace referencia al manifiesto internacional suscrito por más de 1.000 personalidades en favor de “la absolución para Anasse Kazi y todos los activistas por Palestinas encausados por delitos de opinión, reunión o manifestación” y como todos ellos “coinciden al señalaresta causa como “un paso más en la represión de los opositores políticos”.

    Entre los firmantes en solidaridad con Kazib hay los premios Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Annie Ernaux, y activistas internacionales como Angela Davis, Nancy Fraser, Assa Traoré, Rima Hassan, Ken Loach, Frédéric Lordon, Adèle Haenel o Yanis Varoufakis, además de diputados de las tres formaciones políticas que han presentado la resolución al Parlament. Uno de ellos, Andrés García Berrio, de Comuns, ha hecho entrega hoy de una copia del manifiesto, junto a las más de 1000 firmas, a la Cònsul adjunta de Francia en Barcelona, Raphaëlle Lijour.

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    Como resolución, se propone que el Parlamento de Catalunya manifieste “su preocupación por la banalización del uso del delito de “apología del terrorismo” contra varios activistas y organizaciones que denuncian el genocidio contra el pueblo palestino a diferentes países” y “su solidaridad con aquellos activistas y organizaciones por los cuales se mantienen abiertos procesos de persecución judicial para manifestar opiniones, pertenecer a asociaciones de solidaridad con el pueblo palestino o participar de movilizaciones denuncia del genocidio, tanto en Francia y otros países de la UE”.

    Por último, de aprobarse, el Parlament de Catalunya instaría al gobierno catalán a “trasladar al Consulado francés en Barcelona la preocupación por el respecto a los derechos fundamentales del Sr. Anasse Kazib y su compañero ante el juicio que enfrentan por acusaciones de delitos de “apología del terrorismo” y a “continuar denunciando los hechos que han llevado al Tribunal Penal Internacional a acusar formalmente por crímenes de guerra y lesa humanidad a responsables del Gobierno y el Ejército de Israel”.

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  • Clase pública y asamblea interclaustro: ¡No a la proscripción!

    17 de junio, por El terciario N°29 de Merlo se organiza — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La tarde/noche del viernes 13, cerca de 150 estudiantes y docentes nos reunimos para organizarnos contra la proscripción y persecución a Cristina Kirchner y en defensa de todas las libertades democráticas, de la educación pública, los jubilados y el Garrahan. Fue una convocatoria unitaria de las distintas agrupaciones estudiantiles y sindicatos como el Suteba.

    La jornada de lucha comenzó con una clase pública que fue muy concurrida a pesar de la lluvia. Fue dada por tres profesores del terciario, de las carreras de Historia y Educación Primaria, y hubo varias intervenciones de estudiantes.

    Allí se expresó la importancia de defender nuestros derechos democráticos conquistados y un fuerte rechazo a la proscripción y persecución política que implica el último fallo de la Corte Suprema contra CFK, que se suma al fuerte malestar por el ajuste del Gobierno de Milei.

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    Un ataque antidemocrático por parte de tres jueces que no son imparciales sino que responden a los intereses del imperialismo y de la derecha, y que buscan restringir la participación popular definiendo ellos quienes pueden ser candidatos y quienes no.

    Además de la pelea contra la proscripción estuvo muy presente la solidaridad con las luchas en curso: los jubilados, la educación pública, el hospital Garrahan, el Posadas, y el pueblo palestino.

    También estuvo presente el ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo: ellas se enfrentaron a una dictadura militar que también respondía a los intereses imperialistas de Estados Unidos. A ellas no les ganó el miedo, y tenemos que seguir su ejemplo. Contra la salida individual que buscan imponer, en la asamblea dejamos en claro que acá nadie se salva solo y necesitamos de la mayor unidad en las calles.

    Desde la agrupación “No Pasarán” (juventud del PTS e independientes) no dudamos en ser los primeros en propulsar la organización para tirar abajo este ataque a las libertades democráticas que es parte del mismo plan de ajuste sobre el pueblo trabajador y en beneficio del poder económico concentrado.

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    Por eso, tras la noticia del fallo proscriptivo contra CFK abrimos debates en grupos y en nuestros cursos, y le transmitimos a Docentes en Formación (La Cámpora) - conducción del centro de estudiantes del 29 - la necesidad de que frente al fallo proscriptivo los estudiantes nos tenemos que organizar en asamblea y votar un plan de lucha.

    Y lo hicimos aún siendo opositores políticos al peronismo y CFK, como lo expresaron nuestros compañeros Myriam Bregman y Nicolás del Caño cuando fueron a reunirse con Cristina ni bien se conoció el fallo. Porque es una medida de autodefensa. Quienes venimos enfrentando los planes de ajuste de Milei y el FMI - y por eso sufriendo la persecución y la represión, atacando nuestro derecho a la protesta - no podemos permitir que avance este intento autoritario de un Poder Judicial que actúa a favor de los poderosos y contra los trabajadores, como pudimos ver con los despidos discriminatorios en Secco, Shell, entre otros.

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    Con aplausos y cánticos, en la asamblea se expresó la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha para tirar abajo el fallo proscriptivo y todo el plan de ajuste. Un ajuste que lo vivimos en primera persona, en la educación pública con recortes en el progresar, el boleto terciario, con cursos hacinados, con docentes peleando por mejores salarios. También en nuestra vida cotidiana con trabajos precarios, teniendo que elegir entre estudiar o trabajar, y siendo cada vez más difícil llegar a fin de mes.

    Esta clase pública y asamblea organizada desde abajo se suma a las acciones que se están expresando en todo el país: asambleas, tomas de colegios y facultades, los cortes y movilizaciones de distintos sectores que vienen mostrando el camino y demostrando que hay fuerzas para pelear contra la proscripción.

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    Hay ejemplos de resistencias y cada vez más sectores llegan a la conclusión de la necesidad de unir todas las luchas, como se vió el último 4 de junio donde confluimos las mujeres con el Ni Una Menos, los jubilados, trabajadores de la salud y otros sectores. Por eso, se hizo escuchar la exigencia de Paro general y plan de lucha para tirar abajo el fallo proscriptivo y todo el plan de ajuste de Milei, el FMI y sus cómplices.

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    También propusimos que este martes 17 realicemos una acción para visibilizar y una nueva asamblea para decidir cómo seguir, ya que el miércoles es un día clave debido a que se concretaría el fallo. Porque consideramos que nuestra organización desde abajo tiene que continuar sumando a más estudiantes y derrotar el fallo. Finalmente, se votó asamblea para la otra semana, y exigimos al Centro de Estudiantes que respete dicha resolución para mantener viva la pelea.

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    Entre las resoluciones votadas se encuentra la de movilizar este miércoles a Comodoro Py bajo la consigna “libertades democráticas sí, proscripción no”. Una consigna que nos unifica a todos los que queremos enfrentar este fallo para salir a las calles, sin por eso dar apoyo político al peronismo y CFK.

    Llamamos a estudiantes y docentes del terciario a que se sumen a seguir impulsando nuestra organización desde abajo para derrotar la proscripción, la persecución política y todo el plan de ajuste.

    A continuación les compartimos el conjunto de las resoluciones de la asamblea:

    Miércoles 18 movilización a Comodoro Py bajo la consigna "libertades democráticas si, proscripción no".
    Por un paro general y plan de lucha
    Movilización Lunes 16 a las 17 hs en Merlo.
    Adhesión a la lucha de jubilados, trabajadores del hospital Garrahan y Posadas.
    Abrazo simbólico al ISFD 29.
    Asamblea para la otra semana para continuar organizados.
    Postergar elecciones del Centro de Estudiantes y CAI, debido a la inminente concreción del fallo contra Cristina Kirchner.
    Talleres junto a docentes para comprender los contextos políticos.
    Documento de pronunciamiento por plataforma.

    La asamblea del terciario 29 de Merlo contra la proscripción

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  • Un misterio llamado Cecilia Giubileo: a cuarenta años de su desaparición

    16 de junio, por 16 de junio de 1985 — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Es uno de los mayores enigmas de la historia criminal argentina. El 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Giubileo tomó su guardia en el hospital psiquiátrico Montes de Oca de Luján y nunca más se la volvió a ver. Hubo todo tipo de hipótesis, la mayoría absurdas. Los archivos de inteligencia de la Policía Bonaerense a los que accedió La Izquierda Diario.

    Estaba llena de barro: los pies, las manos, la cara. Se estaba hundiendo en esa ciénaga pestilente que ocupaba casi veinte de las 266 hectáreas de la colonia. Y mientras más se esforzaba por salir, más profundo calaba en el inmenso lodazal. Muchos la miraban pero nadie hacía nada para rescatarla. Quería pedir ayuda, quería gritar antes de que su boca empezara a tragar tierra. De golpe, se incorpora. Y la pesadilla por fin acaba.

    No es la primera vez que tiene ese sueño horrible y tampoco le parece una casualidad. Es domingo, faltan seis días para que comience el invierno, pero el frío ya se adelantó al calendario. El día no la obliga a madrugar: su primer compromiso será recién a la noche, cuando tenga que tomar su guardia en la Montes de Oca . Era la última vez que dormiría en su departamento de Luján.

    Aquel 16 de junio de 1985 por la noche, la doctora Cecilia Giubileo encaró con su Renault 6 hacia la Colonia Montes de Oca , un hospital psiquiátrico para dos mil enfermos mentales de ambos sexos en la localidad bonaerense de Torres. Firmó en su ficha personal el ingreso a las 21.15 horas. Poco después firmó el acta de defunción de una interna de 23 años que había fallecido, recetó un antifebril, charló con algunos internos y acudió a atender de urgencia una urticaria en un pabellón.

    Concluidas esas tareas, se retiró a la casa la médica del lugar. Un paciente con el que tenía confianza la acompañó a campear los 500 metros de oscuridad que la separaban hasta la vivienda interna. Había pedido tres cigarrillos para acompañar la vela leyendo, así ninguna emergencia la encontraba dormida. La medianoche se estaba imponiendo y no volverían a solicitarla hasta el sol del lunes. Cuando un compañero fue en su búsqueda en esa nueva mañana, la puerta de la casa médica estaba cerrada con llave. Pero adentro ya no había nadie.

    La primera reacción administrativa de la colonia fue abrir un sumario interno por abandono de trabajo: aseguraban que Giubileo se había retirado bajo su voluntad y por sus propios medios. Sin embargo, su auto permanecía en el mismo lugar donde ella lo había dejado estacionado. Por diversos motivos, no hubo otros médicos de guardia esa noche. Todas las camas amanecieron prolijamente tendidas, incluso la de ella. Los únicos testigos de esa quietud inquietante fueron sus propios zapatos, quienes permanecieron en la base de la mesa mientras un grupo de albañiles pintaba paredes y corría cosas de lugar ese lunes, cuando fueron ordenadas tareas de mantenimiento en la casa médica.

    Cuando su amiga personal Beatriz Ehlinger hizo la denuncia policial por averiguación de paradero dos días después, ya era tarde: algunas evidencias se habían borrado para siempre por obra de esa sorpresiva remodelación.

    “Esa demora complicó el caso de entrada porque dificultó luego la recolección de pruebas en el último lugar donde se la vio”, cuenta Marcelo Parrilli, exabogado de la familia Giubileo. “El caso se manejó burocráticamente –explica–, esperando que las pruebas llegaran al mostrador. No hubo una ofensiva investigadora. La Policía caracterizó que ella se había ido por su propia voluntad y eso evitó haber podido recoger de entrada pruebas que a lo mejor existieron, a lo mejor no, pero nunca se pudo saber”.

    El caso resonó por la espectacularidad de las hipótesis, pero también por otro hecho igual de alarmante: la desaparición de una persona en democracia y la imposibilidad que el Estado, a través de sus determinados instrumentos y herramientas, manifestó por hallarla.

    Bajo las órdenes de Carlos Galloso, juez penal del Departamento Judicial de Mercedes, comenzaron a trabajar en la causa la Delegación de Inteligencia y la Brigada de Investigaciones de la misma ciudad, la División Antisecuestros del Puente 12, la División Homicidios y Delitos Graves de Banfield y efectivos policiales de Luján.

    La paz rural de un pueblo de 1.500 personas sucumbió ante la invasión de policías, fiscales, ovejeros adiestrados y helicópteros que rastrillaban gran parte de las 266 hectáreas de la colonia, escudriñando salones, pastizales, bosques, construcciones abandonadas, sótanos, cloacas, pozos ciegos e incluso túneles subterráneos que habían sido concebidos a principios del Siglo XX para distribuir calefacción entre los pabellones.

    El caso escaló en los medios de manera entre cinematográfica y sensacionalista. Muchos recuerdan la cobertura amarillista de José de Zer para Canal 9, quien intentaba ir más rápido que la investigación conjeturando teorías que no gozaban de gran sustento jurídico. Ante el secreto de sumario, teorías de todo tipo pretendieron calmar la sed de información.

    Desde la colonia seguían sosteniendo que se había retirado por sus propios medios. Algunos hablaron de una secta en Colombia, otros de un inesperado escape frente al conflicto pasional con una compañera de trabajo, o incluso de la venganza de una novia celosa, línea en la que la investigación intentó insistir únicamente por los chismes que circulaban en algunos pasillos de la colonia.

    En el banco, sin embargo, informaron que su cuenta no había registrado movimientos, mientras que la Policía encontró en su departamento de Luján una caja de maicena con tres mil dólares. El Renault 6, en tanto, permanecía bajo custodia policial. Los que se preguntaban adónde podría ir sin dinero ni vehículo comenzaron a poner la mirada contra Montes de Oca y Open Door , dos colonias psiquiátricas a diez kilómetros una de la otra y en las que Cecilia Giubileo trabajaba .

    El ingreso principal estaba fiscalizado por un guardia que movía la barrera a su arbitrio, siempre y cuando el sueño no lo sorprendiera desparramado en su silla. “La desaprensiva actitud de este empleado deja la incertidumbre de si la doctora pudo salir por sus propios medios o ser sacada por la fuerza por el puesto principal y única salida del Instituto”, razona en un documento de aquel mes de junio de 1985 un agente de la Dirección de Inteligencia de La Bonaerense.

    La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) siguió en esos tiempos muy de cerca un caso que había tomado notoriedad pública a la par del Juicio a las Juntas Militares que en simultáneo se estaba desarrollando.

    Aunque su condición de insano viciaba de nulidad toda declaración, el paciente que acompañó a Giubileo a la casa médica aquella noche dijo que, mientras regresaba a su pabellón, observó cómo un auto negro avanzaba hacia donde moraba la médica. Una interna, en tanto, fue encontrada desnuda días más tarde en una casilla rural, donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas. Aseguraba haber visto a la doctora atada y golpeada, pero no se encontró ninguna prueba. El inmenso cerco perimetral que encerraba a la colonia ofrecía accesos alternativos en aquellos límites alejados del casco central a los cuales se podía llegar fácilmente desde infrecuentados caminos de tierra.

    Semanas después encontraron el departamento de la médica revuelto. Al poco tiempo apareció allí la cartera que tenía la última vez en la que fue vista. En ambas oportunidades, la vivienda estaba bajo custodia judicial. La colonia comenzó a recibir algunas visitas sospechosas por las noches, tres en total y todas ellas en la zona de enfermería. Además, varios de los allegados a Giubileo confesaron haber sufrido amenazas anónimas. Entre tanta verborrea, el silencio se hizo oír. ¿Qué es lo que no se podía decir?

    La mamá de Cecilia Giubileo señaló el nombre y apellido de una enfermera que había amedrentado a su hija semanas antes por cuestiones que no quedaban claras sin eran profesionales o personales. Luego los medios comenzaron a hablar de Mabel Tenca, una profesional de Montes de Oca que fue citada a declarar varias veces y siempre se negó a hablar con la prensa. Además, la madre de la médica testimonió que en los días posteriores a la desaparición de su hija recibió varias llamadas que se cortaban cuando ella atendía.

    En la primera semana del caso, en tanto, una pareja de la localidad de Torres vivió una situación macabra: al teléfono, una voz femenina les dijo que la médica ya no se iba a presentar al consultorio que tenía en esa localidad. A través de EnTel, la compañía estatal de comunicaciones, la investigación logró saber el origen de la misma: había sido efectuada desde Open Door , la otra colonia psiquiátrica en la que Giubileo trabajaba. Sin embargo nadie se hizo cargo.

    En abril de 1985, un senador bonaerense había presentado un informe sobre unos extraños contratos de arrendamiento en tierras de ese neuropsiquiátrico, situación que también volvió a repetirse hacia 2010, cuando varios empleados advirtieron plantaciones de soja en fértiles hectáreas de la finca.

    Los rumores fueron imprecisos, pero igualmente espeluznantes: a falta de información oficial, se impuso la idea de que la médica estaba investigando una supuesta red de tráfico de órganos, córneas y sangre que operaba clandestinamente con los internos, muchos de los cuales eran depositados por familias pobres que jamás los reclamaban, o directamente derivados desde otros lugares del país sin mayores datos y erraban en la soledad rumbo a una muerte lenta como ignotos NN.

    Incluso se comentó que había acopiado frondosos biblioratos que la volvían una persona inquietante para ciertos intereses espurios. Un grupo de cuarenta empleados de Montes de Oca salió a contraatacar a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Salud y Acción Social en el cual dudaban de la buena fe de quienes colocaban a Giubileo como la “investigadora de hechos delictuosos que sólo existentes en la mente de quien los inventó”, tal como indicaba ese texto.

    En el Juzgado de Mercedes hicieron saber su fastidio. Muchos estaban más preocupados por anotarse declaraciones estruendosas en los medios que, luego, no se animaban a sustentar en sede judicial. Pero el policial negro recargó sus tintas cuando el misticismo comenzó a tomar la posta en noviembre de 1985. Aunque en principio fue desmentido, una cinta de mala calidad llegó a la comisaría de Luján. En ella, alguien se presentaba como Cecilia Giubileo y pedía que no la buscaran más porque estaba bien, rodeada de amigos y con la paz que tanto había buscado. Las fuentes aseguraban que la grabación fue producida en una sesión espiritista. El comisario Luis Lencinas no lo había comunicado al juez Galloso, quien se enteró de esto por artículos periodísticos y lo citó a declarar urgentemente.

    Mientras se peritaba infructuosamente el material, dos parapsicólogas decían visualizar un cuerpo en el fondo de un tanque de agua idéntico al de la colonia. Las había presentado José de Zer, que en su cobertura se aventuraba a establecer hipótesis sin demasiado fundamento. El juez autorizó el vaciamiento de los 500 litros de agua y los especialistas que se encargaron de la tarea hallaron un gato muerto.

    Marcelo Parrilli propuso algo más real y también más difícil: drenar la inmensa ciénaga que, de tanto en tanto, escupía algún interno sin vida. “Si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ése era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje. Una barbaridad, como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente, más aún en un instituto de salud mental”, sostiene el abogado.

    “A medida que la prensa deje de hostigar a los testigos y merodear por los lugares donde se mueve el personal policial, pueden surgir nuevos y positivos indicios que marquen con claridad los pasos dados por la víctima”, asegura un policía en un documento secreto de inteligencia fechado en septiembre de 1985. Es curiosa esta estrategia de señalar al periodismo como obstáculo, habida cuenta de que algunos cronistas contaban por lo bajo con contactos directos con fuentes de la investigación que les revelaban secretamente algunos de los movimientos de la causa.

    Con todo, para 1986 la investigación ya estaba en terapia intensiva. “Obtener datos fue muy difícil porque, en general, la gente de la colonia no hablaba”, recuerda Parrilli. “Había muchos problemas de corrupción interna, de todo tipo, y se mantenía una suerte de equilibrio biológico en el cual ‘si me mandás al frente a mí, yo te mando al frente a vos, yo robé esto pero vos aquello, yo le pegué a este interno y vos a aquél, yo violé a esta interna y vos a la otra', cosas así”.

    Y no sólo eso: “Algunos empleados también estaban trastornados. Te daban datos según el humor con el que los agarrabas y, de esa forma, no tenías un punto de referencia en el cual hacer pie. En ese marco fue difícil establecer si las cosas sucedieron por un delito, falta de recursos, desidia, imprudencia o porque alguien quiso que ocurrieran de determinada forma. Todo era posible. Lo más ‘prolijo' es que la hayan matado esa misma noche y la hayan tirado en la ciénaga. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Imposible saberlo: nunca pudimos encontrar nada”.

    “La desaparición fue un tema personal y extrahospitalario”, sostiene Julio Acedo, compañero no médico de Giubileo en Montes de Oca y Open Door , quien reproduce una sospecha compartida con varios excompañeros: “Yo creo que está viva y no sé si en el país”. A Francisco Merino, novio de Cecilia y luego muy amigo de ella, le sorprendió el repentino silencio de su familia cuando la causa naufragaba invariablemente: “Tiempo después de la desaparición vi a uno de sus hermanos y me dijo ‘yo no sé nada'. No sé qué habrán pensado, o si a lo mejor estaban amenazados”.

    Por falta de pruebas o desidia investigativa, la carátula de la causa que en su momento fue de “supuesta privación ilegítima de la libertad”, luego varió a “búsqueda de paradero”. Más de mil personas habían engrosado un expediente de 700 páginas sobre el que ninguno de los jueces que desfilaron por el Juzgado 2 de Mercedes pudo pronunciarse antes de que la prescripción, en 2000, lo archivara definitivamente. Para la estadística, Cecilia Enriqueta Giubileo es apenas una de las 25 personas que en Luján desaparecen anualmente sin dejar rastros. Para la historia argentina, un misterio inalterable al paso del tiempo.

    Tráfico de órganos: la eterna sospecha

    Cecilia Giubileo había vivido mucho tiempo en Córdoba y anduvo por varias localidades de Buenos Aires antes de establecerse en Luján. También alquiló un departamento por Recoleta a principios de la década de 1980 para estar cerca de donde cursaba alguna de las especializaciones que estudiaba. Estaba divorciada, sin hijos y la relación con su familia era constante, pero fría.

    Cultivó unas cuantas amistades porque, al fin y al cabo, era una persona dada, agradable y muy inteligente. Pero también discreta. “Tenía una forma de ser muy particular. Era amiguera, entradora, pero no contaba toda su vida. En ese sentido, era muy callada”, recordó su excompañera de facultad y amiga personal Teresa Merino.

    En cambio Francisco, el hermano mayor de Teresa, había logrado ingresar en la intimidad de Cecilia. Fueron novios durante ocho años y, luego, sucedió lo que no es habitual: una amistad profunda y sincera. De esas noches de confianza, Francisco Merino recuerda las veces que le decía que “el trato a los enfermos mentales era desastroso”.

    Todas las charlas por teléfono fueron iguales. Menos la última: “Allí me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada”, recordó Merino unas décadas después. “Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivamos tranquilos porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse y al que jode, lo matan”. Giubileo desapareció una semana después de la última charla con Francisco.

    Tiempo después Merino se convirtió en camarista de la localidad cordobesa de San Francisco y se arrepintió de no haberse presentado a declarar. “La había pasado muy mal durante la dictadura y sentí mucho miedo de hacerlo”, se excusó ante este periodista.

    Pero para Julio Acedo, excompañero de Giubileo y actual referente gremial de ATE Luján, la historia no cierra en absoluto. “Un órgano no es una caja de chicles que se compra en un kiosco. Para un óbito orgánico hacen falta un lugar personalizado, recurso humano especializado y compatibilidad genética. En ningún pabellón de la colonia se puede ablar órganos porque sería para tirarlo a los chanchos”.

    El abogado Marcelo Parrilli coincide, aunque observa: “En la colonia no había capacidad quirúrgica, ni médica, ni farmacológica, ni higiénica como para hacer absolutamente nada. Es estúpido decir que había tráfico de órganos ahí. En todo caso, era más probable que hubiera tráfico de personas: tranquilamente podías llevarte un tipo y, al mejor estilo del desarmadero de Warnes, sacarle los órganos donde a vos se te ocurriera sin que nadie se enterase, ya que cualquier chacarero debía tener más control sobre sus gallinas que el que tenía la colonia con sus internos”.

    Florencio Sánchez, un director polémico

    Florencio Sánchez era muy estimado en Luján e incluso hoy muchos lo recuerdan como un gran hombre de la comunidad. Los que vinculan la desaparición de Cecilia Giubileo con el tráfico de órganos tampoco lo olvidarán. Es que el director de la colonia siempre sostuvo la idea de que la médica se había retirado por sus propios medios y muchos creen que sus maniobras fueron las que enturbiaron la investigación.

    Judicialmente salió ileso, aunque una causa posterior lo llevó a la cárcel por irregularidades en su administración. Murió el 10 de julio de 1992 en el penal de Mercedes, aunque en sus cinco meses de cautiverio llegó a escribir “El desnudo de la inocencia. La verdad sobre la Colonia Montes de Oca ”, una obra póstuma editada por Galerna. Prologado por Vicente Galli (director nacional de Salud Mental de Raúl Alfonsín, es decir, en la época donde desapareció Giubileo), el libro pretendió ser una defensa en vida de quien abre el primer capítulo preguntándose: “¿Por qué yo?”.

    Inteligente como pocos (además de psiquiatra, era médico legista y sanitarista, cirujano, criminalista y antropólogo), Sánchez destacó con un atrapante tono literario su gestión al frente de Montes de Oca , que había comenzado en 1977. Reconoció que “algunas máximas figuras del gobierno militar tenían o habían tenido hijos con deficiencia mental, uno de ellos internado en la Montes de Oca varios años hasta su deceso”. No ofreció nombres, aunque Página|12 confirmó en 1998 que se trataba de Alejandro, el hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla.

    Al caso Giubileo le dedicó unas escasas seis páginas, donde reflotó su supuesta vinculación con grupos guerrilleros: dos cuñados militantes del ERP desaparecidos que eran hermanos de Pablo Chabrol, su exmarido. “¿Por qué nadie expresó opiniones sobre el antecedente subversivo?”, dijo Sánchez, quien deslizó la teoría de que la médica había obtenido cargos públicos en Montes de Oca y Open Door durante la dictadura “por revelar algunos conocimientos del tema subversión”. También se refirió a ella como una mujer con “actitudes extrañas de tipo autista” y “signos esquizofrénicos en su conducta”.

    ¿Sabía algo más? Nunca pudo contarlo. Cuando el libro fue finalmente publicado, él se había llevado todo el misterio de su muerte gritando por su inocencia hasta el fin de sus días.

    La desinteligencia de la inteligencia

    Según archivos de la Dippba a los cuales pudo acceder La Izquierda Diario a través de la Comisión Provincial por la Memoria , hubo sobre el caso una tarea de espionaje igual de desorientada que la propia investigación judicial. Así se puede advertir a través de las diversas teorías que los agentes van postulando en los numerosos documentos que, en total, superan las 500 fojas.

    “En cuanto a la investigación policial, se ha ido probando y descartando cuanto indicio ha aparecido en el curso del trabajo”, dice un memo del propio junio de 1985, mes en el que Giubileo es vista por última vez. El comisario Luis Angel Carrizo, encargado de la mayoría de los reportes a la Dippba, refiere a “relaciones lesbianas con dos mujeres de Campana” y una “actitud similar con la otra”. Luego, agrega que “también existen confirmaciones por testimonios que la doctora era adicta a las drogas, y de allí su aspecto raro”.

    La estrategia no llama la atención a quien acostumbra a revisar esta clase de archivos: es una costumbre de los organismos de espionaje cargar la culpa de la desaparición en la víctima a través de una serie de prejuicios aceptados por las sociedades de ese momento.

    Sin embargo, no había línea alguna entre los atribuidos vínculos y consumos de Cecilia Giubileo con su desaparición. Por eso, semanas más tarde los documentos de inteligencia alimentan otra hipótesis: “A medida que avanza la investigación, cobra más cuerpo la posibilidad de que el desencadenante de este misterioso hecho se haya producido con fines políticos extremistas”. El razonamiento surgía porque los dos excuñados de Giubileo eran militantes del ERP y permanecen desaparecidos, aunque eso había ocurrido prácticamente diez años antes de la última vez que la médica había sido vista.

    “De las continuas declaraciones que se reciben, surge que se trata de una excelente profesional, responsable, muy introvertida y que gozara del aprecio de todos los internados, esto último poco común”, reconoce otro agente de inteligencia de La Bonaerense.

    Conforme avanzaban los meses y las tareas tanto policiales como judiciales no lograban ningún tipo de información, los agentes de la Dippba empieza a descartar una por una las hipótesis que postulaban los medios. “Se descartan los móviles políticos, también el trasplante de órganos y la fuga por sus propios medios, ya que el entorno de la colonia vuelve imposible que la doctora lo hubiera hecho sin ser advertida”, escribe un espía en un documento de octubre de 1985. “Si la médica estas dentro de la colonia, sin dudas que es sin vida. De lo contrario, fue sacada de la colonia por medio del engaño o de la violencia”.

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  • La Policía de la Ciudad desalojó el acampe en las inmediaciones de la casa de CFK

    15 de junio, por No a la proscripción y represión — , , , , , , , , , , ,

    En la madrugada de este domingo, las fuerzas a cargo de Jorge Macri avanzaron violentamente contra los manifestantes que se encontraban de forma pacífica en la puerta de la casa de la expresidenta desde la noticia de la escandalosa condena. La proscripción política se sostiene con represión.

    Entre las 2:30 y las 3:00 de este domingo, un operativo con más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad desalojó violentamente la manifestación pacífica que se llevaba a cabo en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución.

    Al amparo de la noche y en forma brutal secuestraron, de acuerdo a lo que informó la vocera del gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, gazebos, sillas y mesas. Pero, además, en sus palabras "limpiaron" las paredes de pasacalles, banderas y cartelería.

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    Desde el día que se conoció el fallo de la Corte que condena a la ex presidenta a prisión y la proscribe políticamente, en un hecho que responde a los intereses de sectores del gran capital y la embajada, se había instalado un virtual acampe en la esquina de San José y Humberto 1° en su apoyo y en rechazo a la antidemocrática decisión.

    Sin embargo, en la madrugada de este domingo, el Gobierno porteño avanzó sobre los manifestantes porque la proscripción política se sostiene con represión.

    Como dijeron los dirigentes del PTS que estuvieron presentes en la reunión en el PJ el pasado viernes, "el gobierno de Milei necesita este fallo de la Corte y el recorte a las libertades democráticas y el derecho a la protesta para ir a fondo con el plan de ajuste contra el pueblo trabajador que dicta el Fondo Monetario Internacional. Por eso, ante semejantes enemigos, es necesario contraponer la fuerza de la clase trabajadora y los sectores populares, como ya lo demostró el paro del 10 de abril, con una paro general activo de todas las centrales sindicales, que sea el inicio de un plan de lucha con movilización, hasta derrotar la proscripción y el ajuste del gobierno y el imperialismo norteamericano, contra el pueblo trabajador".

    Te puede interesar: ¿Qué propone el PTS contra la proscripción y la condena a Cristina Kirchner?

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  • Renuevan pedido de justicia a tres años de la muerte de Ezequiel Castro

    14 de junio, por Córdoba — , , , , , , ,

    Se cumplen tres años desde que Ezequiel Castro muriera en el Hospital Misericordia de Córdoba, con fuertes golpes, luego de estar detenido en dependencias policiales. Reproducimos comunicado enviado por familiares y amigos denunciando el accionar policial y judicial en la investigación de la causa. Anuncian también un homenaje para el próximo 19 de Junio.

    A 3 años del asesinato de Ezequiel ¡Seguimos exigiendo justicia! Necesitamos una
    investigación eficiente y que avance en pos de la justicia.

    Hace 3 años asesinaron al Eze, la policía lo detuvo sin causa alguna alegando después q
    era por brote psicótico y lo trasladaron al Centro Psico Asistencial (CPA), una institución de
    salud mental que depende de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia de Córdoba, a
    cargo de la Lic. Licenciada en Psicología Maria Pia Guidetti. detrás del EP9.

    Lo buscamos durante 4 días, en tribunales nos decían que la liberación del Eze ya estaba dictada y en el CPA no nos daban información. Lo encontramos internado en el Hospital Misericordia con
    signos de torturas. Los médicos nos dijeron que antes de dormirse el Eze les pidió que por favor no lo dejen volver ahí porque lo habían torturado. Falleció el 14 de junio del 2022.

    Desde entonces le exigimos al Poder Judicial un proceso penal que respete los tiempos y nos dé respuestas. Que se haga la correcta investigación, que los responsables paguen por lo q hicieron queremos saber que paso con Ezequiel. Exigimos justicia por nuestro hijo, amigo, hermano.

    La justicia no respondió a la altura, siempre nos dieron mil vueltas. La complicidad entre la
    policía, que siempre nos amedrentó, y el gobierno quedó en evidencia cada vez más. La
    inoperancia de las fiscales Silvia Fernandez y Jorgelina Gutiez fue total.

    Rápidamente nos encontramos en una lucha contra un sistema que a veces se hacía el
    ciego o el sordo.

    Golpeamos todas las puertas, hace 1 año presentamos un petitorio para ser recibidos por el
    Fiscal General Juan Manuel Delgado acompañado de escritos de Amnistía Internacional y el
    Comité Nacional para la Prevención de tortura.

    Fue en las puertas de Tribunales II exigiendo justicia, peleando por saber qué le pasó a Ezequiel que nos encontramos con familiares de otros pibes que estaban en la misma situación que nosotros, algunos llevaban más de 10 años luchando. Unirnos con otras familias de víctimas de gatillo fácil, de desaparecidos de manera forzosa por el estado y de personas torturadas y muchas veces asesinadas dentro del sistema penitenciario nos dio una fuerza inconmensurable.

    Así conocimos a la familia de Matias Mariño, quien se encuentra en estado vegetativo por las torturas recibidas en el mismo lugar y descubrimos que en su causa algunos de los imputados son los mismos que en nuestro caso, demostrando que en el CPA la tortura es una práctica sistemática.

    Son 27 los imputados por la muerte de Ezequiel Castro:
    A tenor del art. 80 del CPP: Agte. Melisa Olmos, el Of. Ayte. Emilio Campos, Sgto. 1° Ivana
    Gargas, Sgto. Cristian Farias, Of. Ayte. Pablo Vera, Of. Insp. Luis Barrionuevo, Of. Ppal. Diego Saya y a los siguientes profesionales del Centro Psico Asistencial: Laureana Vignolles, Ines Funes Gatto, Mónica Elizabet Rodríguez, Andrea Benito, Marcelo Díaz, Cristian Pereyra, María José Riquelme, Violeta Carranza, Ariel Caucota, Celeste Quassollo, Fabiana Parma, Juan Robledo, Beatríz Ortuño, Virginia Comba Gontero, Rubén Rincon, Ayelén Padilla, Alejandro Moyano, Néstor Lópes y Gabriel Tenedini.

    La primera fiscalia (Silvina Fernandez y Jorgelina Gutiez) nos cerraba la puerta en la cara
    durante dos años. Recién este año nos recibió el fiscal general Juan Manuel Delgado y
    conseguimos un cambio de fiscalía. Ahora estamos en la fiscalía Distrito 3 Turno 7 de Raúl
    Garzón.

    En Argentina, son más de 9 mil los casos de asesinatos por gatillo fácil, desapariciones forzadas y muertes dentro del sistema penitenciario según el último informe de la Correpi.

    En lo que va del gobierno de Milei se registraron 419 casos. En Córdoba tenemos la peor situación carcelaria del país con un 60% de sobrepoblación. En estos 3 años el CPA tiene mas de 200 casos por golpes, torturas y situaciones infrahumanas estructurales.

    La represión policial dio un salto en el marco de un gobierno nacional negacionista y con el protocolo de Bullrich. Ahora quieren discutir la baja de edad de imputabilidad y una reforma
    al Código Penal. Persiguen y reprimen a periodistas, jubilados. Atacan el derecho a huelga,
    nuestros salarios siguen siendo de miseria y Córdoba con Llaryora no se queda atrás. Con la situación penitenciaria en condiciones infrahumanas y con otras represiones, como la del cacerolazo en diciembre del 2024 cuando detuvieron estudiantes y periodistas.

    En este marco nuestra lucha está más viva que nunca y es clara:
    ¡QUEREMOS JUSTICIA POR EZEQUIEL CASTRO Y POR TODOS LOS PIBES ASESINADOS POR LA POLICÍA Y EL SISTEMA PENITENCIARIO!
    ¡Queremos que se investigue qué pasó y que nos digan la Verdad!
    ¡Queremos que los responsables tengan la pena que merecen!

    Es por todo esto que el 19 de junio vamos a realizar un homenaje al Eze, vamos a reparar
    la placa que pusimos el año pasado y recordarlo con mucho amor.

    Invitamos a todas las familias que atravesaron situaciones como estas, a los organismos de
    Derechos Humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y autoconvocados a
    participar y acompañarnos en nuestra lucha.

    El 19 de junio en Belgrano 1500 (en la puerta de la guardia del Hospital Misericordia) a las
    10 hs.

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