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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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  • Monteoliva fingió demencia, pero reconoció que quien disparó de civil es un jerarca de la Federal

    10 de agosto, por Impunes — , , , , , , , , , , , , ,

    La ministra de Seguridad trastabilló al intentar encubrir al comisario inspector Gustavo Gauna, fotografiado sin uniforme ni identificación mientras disparaba a manifestantes el jueves frente al Congreso. Entre mentiras, dijo no saber quién es, pero se trata de un jefe de la PFA mano derecha de su antecesora Bullrich. La izquierda exige que Monteoliva dé explicaciones.

    Durante un reportaje en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ministra de Seguridad sucesora de Bullrich, Alejandra Monteoliva, fue consultada sobre la foto que circuló por casi todos los medios, en la cual se ve a un policía vestido de civil, sin identificación alguna y disparando en posición horizontal contra los manifestantes durante la represión del pasado jueves.

    Monteoliva intentó justificar el accionar del comisario Gustavo Antonio Gauna, a quien evitó nombrar y dijo no recordar con exactitud su cargo: "no se si es comisario o subcomisario". Durante su explicación tuvo un momento de niebla mental y duda e hizo un esfuerzo para decir que la escopeta habría sido de "estruendo". Ni siquiera pudo confirmar de que Gauna hubiera tenido su identificación fuera de toda vista: "probablemente tenía su placa colgada", mintió.

    "Si, es un agente de la Policía Federal, es un oficial jefe", reconoció. “La gente de Investigaciones está de civil, tienen una camperita con el logo de la fuerza y deben colgar una placa. Generalmente el jefe de esas divisiones de investigaciones están de civil con su placa. Es probable que este comisario o subcomisario -no lo tengo claro- que es el oficial de turno ese día haya tenido su placa colgada...”. Y continuó: "frente al uso del arma, por la foto que vi... me podés corregir Juan Pablo (su asesor) con más ojo... es una escopeta de... (se rasca la cabeza), la de ruidos, con... perdigones de... de... estruendos... eso quería decir".

    Es decir que de formas insólitas Monteoliva intentó justificar a Gauna. Por un lado dando una explicación de porqué el comisario estaba sin el uniforme y vestido de civil: "Es de investigaciones, y generalmente los jefes están de civil". ¿Y sobre la ausencia de idenfificación? La ministra nos dice que "probablemente" tendría su placa colgada (en un lugar fuera de toda vista).

    Por otro, apelando al recurso de que la escopeta utilizada por Gauna no disparaba postas de goma sino que era solamente de "estruendo". Algo que deberá demostrar en el marco de los 1500 heridos por el accionar de Gauna y el resto de las fuerzas, con impactos de proyectiles en las zonas oculares de algunos manifestantes.

    Es que Monteoliva cuenta con experiencia difundiendo fakenews para garantizar la impunidad de las fuerzas policiales. En 2024, cuando aún era secretaria de Bullrich y virtual viceministra de Seguridad, se encargó de difundir un video falso sobre el ataque con gas pimienta por parte de un efectivo contra la niña Fabrizia de diez años de edad, que había ido a apoyar a los jubilados junto a su madre el miércoles 11 de septiembre de 2024, cuando se trataba un magro aumento previsional.

    En esa ocasión envió a distintos medios una filmación en la que un hombre ajeno a las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich gaseaba a una niña. Con ese falso registro intentaban deslindar de responsabilidades al efectivo de la policía federal Cristian Rivaldi que había atacado a la Fabrizia. Esa campaña, amplificada por los medios amigos del Gobierno, fue finalmente desbaratada, gracias a los registros de los propios manifestantes durante aquella jornada. El bochorno fue tal, que hasta algunos "ensobrados" pidieron la renuncia de Monteoliva en sus programas televisivos.

    Te puede interesar: El caso de la nena gaseada: cuando Alejandra Monteoliva comandó una mentira siniestra

    Volviendo a lo sucedido el pasado jueves, tras las declaraciones de Monteoliva en la Bolsa de Córdoba, Alejandrina Barry, ex legisladora del Frente de Izquierda y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunció mediante un posteo en X: La Ministra de Seguridad ahora reconoce que el policía que disparó de civil pertenencia a la Policía Federal. No es cualquiera, Gustavo Antonio Gauna es un Comisario, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina, las explicaciones las tiene que dar en la JUSTICIA."

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    El diputado nacional por el PTS en el FITU, Nicolás del Caño, también salió a denunciar la impunidad con la que la ministra de Seguridad justifica el accionar de Gauna y el resto de las fuerzas represivas durante esa jornada:

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    En la nota publicada este domingo en este sitio, titulada ¿El “policía sin uniforme” que disparó a manifestantes en Congreso es un alto jefe de la Federal se alertaba ya que el hombre de la foto viralizada "sería el Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina." En ese artículo, citado por diversos medios durante ese lunes, se indicaba que "el hombre es parte de la máxima plana de la PFA. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales."

    Las fotos de la brutal represión del pasado jueves 6 de agosto tuvieron un enorme repercusión. Hubo personas heridas con balas en el rostro, una periodista quedó internada con fractura en el cráneo y hubo más de 1500 heridos. El Gobierno y la ministra Monteoliva deben dar explicaciones por ese feroz accionar represivo de las fuerzas de Seguridad para intentar dispersar la enorme e insistente movilización en contra de las leyes de entrega que se trataban en el Senado.

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  • ¿El “policía sin uniforme” que disparó a manifestantes en Congreso es un alto jefe de la Federal?

    10 de agosto, por Represión — , , , , ,

    Sería el Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina. Su foto circuló en medios de todo el país, disparando con su escopeta fuera de cualquier protocolo. El gobierno tiene que dar explicaciones.

    La imagen está recorriendo el país. Incluso el diario La Nación se hizo eco del “pedido de explicaciones” al Ministerio de Seguridad.

    Según información a la que pudo acceder La Izquierda Diario, el hombre que disparaba a mansalva en la esquina de Solís e Irigoyen, sin identificación y a una altura prohibida por los propios protocolos de la fuerza, sería el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna.

    El hombre es parte de la máxima plana de la PFA. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales. ¿Cuáles serían las "organizaciones criminales" a las que estaba investigando en ese momento?

    En ese momento estaba a cargo del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, quien dejó el cargo pero el jueves 6 de agosto “comandaba” las fuerzas parlamentarias de La Libertad Avanza a pocos metros de donde habría actuado Gauna. Pero se trata de un hombre conocido por la ministra.

    Desde que se ganó el cargo de comisario, según el Boletín Oficial en marzo de 2009, ocupó cargos de importancia en PFA. Antes del último ascenso clave, era jefe del Departamento Investigaciones Nacionales, un cargo clave en la investigación de los grandes delitos de la actualidad. Por eso recibió una capacitación por parte de la ANMAT en delitos contra la seguridad pública.

    En estas fotos se lo puede ver en esa disertación, en las pesquisas por el caso de la desaparición forzada del niño Loan Peña en Corrientes y en el juicio por el caso de Lucas González, asesinado por miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Barracas. En el caso del 6 de agosto, las fotos fueron sacadas por Kaloian Santos, Martín Vega y Susi Maresca que cubrían la jornada. Las imágenes confirmarían que se trata de la misma persona.

    La Izquierda Diario pidió al Ministerio de Seguridad la confirmación de la presencia de Gauna en la represión del jueves. Hasta el momento, dijeron las fuentes, no cuentan con esa información para difundir.

    Las fotos de la represión del jueves 6 de agosto, mientras miles de personas se manifestaban contra un proyecto del gobierno que ataca derechos fundamentales, recorrieron el mundo. Se pudo ver a jóvenes heridos con balas en el rostro, una periodista quedó internada con fractura en el cráneo y hubo más de 1500 heridos. La policía actuó de manera brutal y desafiando sus propios protocolos de actuación. La imagen del comisario, con la escopeta apuntando al cuerpo de manifestantes, deja claro que no eran “algunos locos” sino toda la institución, encabezada por sus principales jefes.

    Toda una muestra de la ferocidad con la que está dispuesta a manejarse el gobierno para imponer leyes a favor de los poderosos. Es por eso que debe dar explicaciones sobre el accionar del comisario que se puede ver en la foto y los responsables del operativo.

    Gustavo Antonio Gauna en la movilización del 6 de agosto, en Congreso (Foto: Kaloian Santos) / Gauna junto a Patricia Bullrich (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación) / Gauna junto a Enriqueta Pearson, subadministradora nacional de la ANMAT (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación)

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  • La Comunidad Mbya Puente Quemado II llama a la solidaridad para defender su territorio y reconstruir sus viviendas

    9 de agosto, por Misiones — , , , , , , , , ,

    La Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II difundió un comunicado urgente tras el desalojo ilegal y las amenazas de encapuchados vinculados al empresario Ruff. Solicitan solidaridad para reconstruir sus viviendas y sostener la resistencia. Reproducimos su comunicado.

    COMUNICADO URGENTE: desalojo ilegal por parte del poder judicial de Misiones, y violencia racista del empresario Ruff y un grupo de encapuchados contra la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II.

    En la mañana 28 de julio del 2026 en la provincia de Misiones, dos personas que se nombraron como juez y secretario del juzgado de Jardín América, el comisario de Garuhapé, acompañado por un operativo de alrededor de 50 policías con sus vehículos y una ambulancia, con se presentaron en la comunidad Mbya Guaraní, Puente Quemado II, Garuhapé.

    En sus manos traían una orden de desalojo totalmente irregular. Bajo amenaza y acorralamiento desalojaron a las familias de la comunidad, sin embargo, desde el juzgado de Jardín América dicen que el retiro de la comunidad fue “voluntario”.

    Asimismo, es importante mencionar que además de esta mentira -¿Cómo es posible que digan que se retiraron voluntariamente si rodearon a las familias con niños, ancianos un operativo de 50 policías exigiéndoles que se vayan-, ESTA SITUACIÓN TIENE MUCHÍSIMAS IRREGULARIDADES.

    Aquí enumeramos algunos de los puntos IRREGULARES para que visibilicemos y denunciemos públicamente la desprolijidad y la deshumanidad que habita en las autoridades de la justicia misionera:

    El caso lo está tratando un juzgado de instrucción, cuando en realidad, al tratarse de un territorio que se encuentra en demanda por titularización, el Juez Roberto Antonio Sena debería haber derivado el caso al Juzgado Civil de Posadas y no intervenir en el pedido del denunciante Alfredo Ruff.

    El día 5 de mayo de este año, sin orden del Juez de Puerto Rico detienen al cacique y desalojan a más de 12 personas por presunta usurpación sin reconocer el relevamiento de territorio indígena, el cual reconoce la posesión del territorio

    En esa fecha, la policía actuó bajo las órdenes telefónicas del secretario del juzgado de Puerto Rico, el señor Isidoro Duarte, ex abogado del empresario forestal Alfredo Ruff, titular de la propiedad en conflicto.

    Cuando la defensa de la comunidad buscó el expediente de la causa, se encontraron con que la detención se realizó sin orden, ni resolución judicial que haya ordenado dichas acciones.

    La defensa presentó estas anomalías y reiteró el pedido de que el caso sea tratado desde el Juzgado Civil de Posadas, como es competente al caso.

    Ante esta situación el juez de Puerto Rico, fue inhibido y pasó el caso al Juzgado de instrucción Dos de Jardín América, el cual el día 17 de julio ejecutó orden de desalojo express la cual no es aplicable para una comunidad indígena y sin tener en cuenta la defensa que se venía presentando.

    Para frenar el desalojo, la defensa presentó a la justicia una apelación: esta misma trataba de que se reconozca el derecho indígena, amparado en el Artículo 75, inc 17 de la Constitución Nacional, tanto como la carpeta técnica donde consta que dicha comunidad está dentro de un territorio indígena relevado en el marco de la ley 26.160, que reconoce la posesión de tierras y que debería protegerlo de los conflictos históricos que sufren los pueblos originarios frente a intereses inmobiliarios, agrícolas o estatales. Además existe el Convenio 169 de la OIT el cual obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte. Más allá, de estos puntos básicos, la defensa suma el cuestionamiento de que por competencia de un caso que se encontraba en juicio de titularización, el caso lo debía tomar el Juzgado de Civil que se encuentra en Posadas.

    Esta orden se encuentra legalmente suspendida tras la apelación presentada el pasado 17 de julio. Por lo que el procedimiento judicial y policial procedieron de forma ilegal e irregular porque el juez que la ejecutó, ya no tenía competencia gracias al efecto suspensivo de la apelación y porque corresponde que el caso lo tome el Juzgado Civil de Posadas y luego de la apelación la cámara correspondiente.

    Sin embargo, el día de 28 de julio, con el operativo mencionado, la comunidad fue desalojada por acorralamiento y amenazas, mientras que el juez Sena y las autoridades de la provincia comunican que la comunidad de Puente Quemado II se retiró de forma voluntaria para encubrir la ilegalidad con la que vienen actuando tanto el juzgado de Puerto Rico como el de Jardín América, amigos del empresario Forestal Ruff.

    El 28 de julio unas topadoras destruyeron las viviendas de las 7 familias que habían sido desalojadas y retiraron sus pertenencias en un camión jaula, limpiando el terreno para que el desmonte avance.

    El 30 de Julio, el fiscal de Instrucción Héctor Daniel Simón dictaminó a favor del recurso presentado por la Comunidad Puente Quemado II y solicitó que se deje sin efecto la resolución que ordenó su desalojo. También destacó que la defensa había denunciado la falta de tratamiento de distintos planteos, la omisión de medidas de prueba y la incorporación de documentación vinculada al reconocimiento de la Comunidad que deben ser analizados antes de tomar una medida de ejecución inmediata. Consideró que corresponde al juez revisar su decisión y, en caso de mantener el criterio, conceder la apelación para que el expediente sea revisado por la Cámara de Apelaciones.

    El 2 de agosto de 2026, los integrantes de la comunidad indígena de Puente Quemado II regresaron a sus tierras ancestrales, y las recuperaron en forma pacífica. Mientras las familias volvían al territorio, se presentó en el lugar Alfredo Ruff con un grupo de personas con camionetas con la patente tapada y encapuchados. Amenazaron y hostigaron con discursos de odio, mientras la comunidad intentaba explicarles sobre su preexistencia y los derechos que poseen. Irónicamente la policía de la provincia -la misma que hizo el desalojo del 28 de julio- actuó el domingo como escudo protector de la comunidad y de sus rituales.

    El 3 de agosto, “personas extremadamente agresivas que apoyan al empresario forestal Alfredo Ruff volvieron a invadir la comunidad, donde profirieron insultos y graves amenazas. No les importó en lo más mínimo el miedo y llanto de las niñas y niños Mbya. En un diálogo sostenido entre Roberto Bonetti, militante de la Libertad Avanza, y el empresario Alfredo Ruff, que se volvió viral, Bonetti expresó con total impunidad: ‘soy partidario que nosotros podemos defendernos, y si hace falta a los tiros, a los tiros tiene que ser'. Esto es apología del delito”. Estos hombres siguen llegando al lugar con sus camionetas anónimas para insultar y amenazar a las siete familias. Los hacemos responsables de cualquier agresión.

    No es menor destacar que esta situación se da en un momento en donde el gobierno nacional y algunos políticos provinciales quieren aprobar una ley en donde pone en riesgo nuestra soberanía, pero por sobre todo, al reconocimiento por el territorio y derechos indígenas.

    Desde la comunidad, que también atraviesa fuertes conflictos con la empresa Arauco, exigen que se reconozcan los derechos y garantías que les corresponden como Pueblos Originarios, que además cuentan con personería jurídica y el relevamiento territorial.

    Las abajo firmantes personas, instituciones y organizaciones:

    Visibilizamos y alertamos sobre la incitación al racismo y a la violencia por parte de Bonetti y Ruff, de forma presencial hacia las comunidades como por medio de las redes sociales. El delito está a la vista, por eso solicitamos al gobierno y a la justicia de Misiones que garanticen la seguridad de la comunidad Mbya.

    Denunciamos también a la multinacional Arauco, y exigimos que devuelvan a Puente Quemado II, las 333 hectáreas que robaron a la comunidad para invadir con monocultivos de pinos.

    Denunciamos el accionar del sistema judicial de la provincia, especialmente al juzgado de Puerto Rico por parte del secretario Isidoro Duarte y de Jardín América con el Juez Sena por actuar en favor de intereses privados, vulnerando los derechos indígenas.

    Repudiamos el servilismo y falta de perspectiva en defensa de los derechos indígenas de los funcionarios provinciales, que llegan a decir que las comunidades no tienen derecho a definir donde vivir en el propio territorio el cual se encuentra relevado.

    Exigimos el reconocimiento y respeto del territorio a la comunidad Puente Quemado II, reclamamos para que el caso sea llevado por las vías judiciales que corresponden. Que la comunidad pueda vivir en paz en su territorio.

    Reclamamos por la necesidad urgente de que las autoridades judiciales y funcionarios públicos de la provincia deben recibir formación de derecho indígena.

    ATENCIÓN

    A quienes puedan solidarizarse, la comunidad pide apoyo a la sociedad:

    Podemos acompañar de forma presencial en el territorio para sumar fuerza y sostener con cuerpo y espíritu, contra el discurso del odio de Ruff, Bonetti, el accionar de la justicia provincial y la falta de respeto por parte de la provincia.

    Podemos difundir las noticias y el petitorio a todas las oganizaciones e instituciones que conozcamos. Aprovechemos para generar conciencia sobre la situación de las comunidades y los discursos de odio y racismo con que las mismas conviven ante la falta de funcionarios, leyes y muchas veces una sociedad que falta perspectiva y formacion sobre el derecho índigena.

    ¡BASTA DE CRIMINALIZACIÓN, RACISMO Y VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

    Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II

    Contacto:Santiago Ramos (cacique Puente Quemado II) - 3743 583673

    PARA SUMAR TU FIRMA :

    https://docs.google.com/forms/d/e/1...

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  • Exigen la libertad inmediata de los presos políticos detenidos este jueves

    7 de agosto, por Represión — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Una treintena de personas fueron “cazadas” durante la tarde-noche, a varias cuadras del Congreso, por patotas de las fuerzas represivas. Además hubo unos 1.500 heridos de distinta gravedad. Organizaciones políticas y de derechos humanos exigen la liberación de todas y todos los presos por protestar.

    El saldo de la represión ejecutada por el gobierno de Javier Milei este jueves en las inmediaciones del Congreso, en el marco del tratamiento en el Senado de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, es brutal. Unas 1.500 personas heridas de diferente gravedad por balazos de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos. Y una cacería nocturna que concluyó con la detención de una treintena de manifestantes.

    Muchas de las personas detenidas fueron conducidas al Centro de Atención y Derivación (CAD) Sur de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Suárez 2050 del barrio de Barracas. Hasta allí fueron muchos familiares al enterarse de que sus seres queridos habían sido detenidos por estar protestando en la vía pública. Pasado el mediodía del viernes, aún muchos familiares no sabían bajo qué cargos los mantenían secuestrados y se les negó siquiera la posibilidad de verlos.

    Federico Puy, docente, secretario general adjunto de Ademys y referente de la Corriente 9 de Abril, difundió la situación desde las puertas del CAD Sur. “Estamos exigiendo la libertad de los presos, los familiares nos comentan que no los pudieron ver, no les permitieron el ingreso para saber cómo estaba, solamente les permitieron acercarles algo de agua y una frazada”, denunció. Y agregó: “Tenemos que preparar y exigir a todas las centrales sindicales que cuando quieran votar esta ley en el Congreso sea con una huelga general hasta que se vaya Milei”

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    Como sucedió en otras manifestaciones contra el plan de ataque de Milei contra la clase trabajadora y el pueblo pobre, a la represión en las inmediaciones del Congreso le sigue una cacería feroz por parte de las fuerzas represivas. Pasó ante la Ley Bases, ante las marchas de jubiladas y jubilados y ante la reforma laboral reaccionaria.

    Sin embargo, es importante destacar que este jueves las decenas de miles que se movilizaron al Congreso no sólo enfrentaron las inclemencias climáticas sino también, y mucho más, el afán represivo de La Libertad Avanza y sus aliados políticos y mediáticos. El pueblo en las calles es más fuerte que cualquier tropa mercenaria del Estado. Por eso, no hay que aflojar hasta voltear toda la ley en Diputados y pararle la mano al Gobierno.

    Policía Federal durante el operativo represivo de este jueves frente al Congreso | Foto Enfoque Rojo

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  • Represión en Congreso: periodista de La Izquierda Diario recibió un impacto de bala de goma

    6 de agosto, por Ataque a la prensa — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    En medio de la brutal represión a la movilización que se desarrolló en Congreso en contra de la "ley de inviolabilidad de la propiedad privada", un periodista de este medio recibió un impacto de proyectil de parte de las fuerzas de seguridad que mandó el Gobierno. Hubo disparos por arriba de la cintura y herida en la zona de la cara a dos manifestantes. A pesar de ello, miles volvieron una y otra vez a la zona del Congreso.

    Mientras hacía su trabajo, un periodista de La Izquierda Diario recibió un impacto de bala de goma durante la represión por parte del Gobierno a la manifestación contra la ley de entrega que se trata en el Senado. A pesar de los ataques, miles de personas volvieron una y otra vez a la zona de Congreso a expresar su bronca y rechazo al proyecto reaccionario del Gobierno.

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    Te puede interesar: Bregman: "Milei y su banda no pueden seguir entregando todo, huelga general hasta derrotarlo"

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