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Matías Aufieri: “Defender los derechos humanos implica ser independiente de todos los gobiernos”
28 de marzo, por Al Hueso — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Jorge Julio López, Myriam Bregman, Policía Federal, Matías Aufieri, Patricia Bullrich, Represión, A 50 años del Golpe, 50 años del golpe de Estado de 1976, Al Hueso
Abogado con larga experiencia en causas de lesa humanidad, contra la represión a la protesta y por los derechos obreros. En febrero de 2024 la Policía Federal le quitó la visión de un ojo al reprimir una movilización frente al Congreso. En esta charla en profundidad con La Izquierda Diario+ cuenta su historia y la del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CepRoDH).
Desde hace un par de semanas el doctor Matías Aufieri presta especial atención al desarrollo del juicio oral y público por los crímenes cometidos en 1976 en la llamada Masacre de la Calle Corro, donde fueron asesinados cinco militantes de la organización Montoneros, entre ellos Victoria Walsh, hija de Rodolfo. Allí, un equipo del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) encabezado por Myriam Bregman patrocina a Patricia Walsh, hermana de Vicky, y a Lucía Coronel, hija de José Coronel, otro de los masacrados.
Aufieri se sumó al CeProDH hace unos veinte años. Hoy, con 44 de edad, ya acumula una extensa experiencia como querellante en juicios de lesa humanidad y también como defensor de trabajadores y activistas perseguidos por el Estado y sus gobiernos de turno.
Hay una particularidad: desde el 1° de febrero de 2024 el mismo abogado pasó a engrosar la lista de víctimas de la represión estatal. Aquel día, en el marco del brutal ataque orquestado por Patricia Bullrich contra quienes se manifestaban en rechazo a la llamada “Ley Ómnibus”, un balazo de goma disparado por la Policía Federal lo dejó sin la visión de su ojo izquierdo.
La Izquierda Diario+ invitó a Aufieri a conversar en profundidad sobre su historia personal y también sobre qué es y cómo actúa el CeProDH. Una charla Al Hueso para pensar, en tiempos de negacionismo y reivindicación del genocidio emanados desde la cúspide del poder político, qué implica en la actualidad la lucha por la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Lo que implica, a su vez, un debate franco con quienes rechazan el principio de independencia política respecto al Estado capitalista y sus gobiernos de turno.
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“Quizás la categoría de ‘negacionistas' a veces empieza a ponerse en duda, ya que pasan del negacionismo a reivindicar directamente a la dictadura, además de que reivindican todas aquellas políticas económicas”, dice Aufieri. Y agrega que Javier Milei “cuenta con el apoyo de todos aquellos que llamaron al Golpe y se mantienen impunes hasta el día de hoy, el gran empresariado argentino y multinacional”. Así, “la reforma laboral que acaban de votar es digna de José Alfredo Martínez de Hoz”.
El abogado afirma que hoy más que nunca se “pone en valor la definición de que fue un genocidio de clase. Definición que hacemos desde el CeProDH junto a otros organismos desde hace más de veinte años, desde que se iniciaron los juicios contra los genocidas tras la anulación de las leyes de impunidad”.
Y destaca la enorme movilización que se vio en todo el país el 24 de marzo en repudio al golpe de 1976: “Quedó demostrado que cuando parte de la sociedad que está dispuesta a enfrentar estas políticas es convocada, responde de forma muy masiva. Somos más quienes queremos salir a enfrentar estas políticas que la gente que puede poner en la calle Milei para defenderlo. La sociedad salió muchísimo y cuando es convocada responde”.
A los ojos
Aufieri desgrana y analiza en detalle los hechos del 1° de febrero de 2024 frente al Congreso, donde su vida cambió inesperadamente producto del accionar criminal de los uniformados al mando de Bullrich. “Desde un primer momento se demostró que era una farsa lo del protocolo antipiquetes”, cuenta sobre la previa a la represión. “Estaba todo premeditado”, agrega al recordar que unas quince motos de la Federal arremetieron a tiros contra quienes manifestaban sobre la plaza. “No había interrupción de tránsito, pasaban haciendo círculos y disparaban a los rostros. Hubo muchos heridos, entre ellos varios trabajadores de prensa”.
Hoy el abogado está dando una dura batalla judicial para que los responsables materiales y políticos de aquel ataque sean enjuiciados. “Todo apunta a un plan de impunidad, estamos dando una pelea muy grande con mis abogados Myriam Bregman y Carlos Platowski”, afirma. Y remarca que, “al estar ese mensaje de impunidad, seguramente quienes me dispararon a mí siguen disparando y reprimiendo en cada manifestación”.
Por eso pidió que el Ministerio de Seguridad informe el listado de efectivos que estuvieron en la represión del 12 de marzo de 2025, cuando el Gobierno casi asesinó a Pablo Grillo e hirió gravemente a Jonathan Navarro y a otros manifestantes. La idea es ver si algunos nombres coinciden con los que actuaron el 1° de febrero de 2024. “Pero el Ministerio se negó a dar esa información”, denuncia.
La independencia como principio
La segunda parte de la conversación con Aufieri se centra en qué es, cómo y dónde actúa el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que él integra. “El CeProDH es un organismo que pusieron en pie en 1997 abogados como Myriam y Rubén Tripi junto a sobrevivientes de la dictadura como Alejandrina Barry, profesionales de otras disciplinas, psicólogos, contadores, trabajadores sociales”, relata.
“La lucha contra la impunidad de los genocidas, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Raúl Alfonsín y los indultos de Carlos Menem, se combinaba con la defensa de los trabajadores que eran despedidos, perseguidos, procesados y encarcelados por luchar contra las consecuencias del ajuste de los años 90. Luchas que eran embrionarias de lo que terminó en diciembre de 2001”, agrega.
Tras la anulación de esas leyes e indultos se retomaron los juicios que habían sido frenados en seco dos décadas atrás. Y se abrieron otros nuevos. Fue allá por 2006, cuando se convenció de que tenía que terminar la carrera de Derecho, porque se iban a necesitar más abogados. “Los primeros juicios fueron en La Plata, donde el CeProDH participó con Myriam Bregman, Liliana Mazea y compañeros de esa ciudad. Fueron los juicios contra Miguel Etchecolatz, en el cual desapareció Jorge Julio López antes de la sentencia, y contra el cura Christian Von Wernich. Eran momentos muy movilizadores y me convencí de terminar la carrera”.
En la entrevista con Al Hueso el abogado recuerda causas en la que intervino directamente, como el patrocinio a trabajadores ferroviarios que dieron una gran lucha contra la tercerización y por el pase a planta permanente. Lucha que tuvo como punto trágico el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra en 2010 a manos de una patota conducida por la burocracia de la Unión Ferroviaria. Allí se logró el pase a planta de unos tres mil trabajadores.
También recuerda la denuncia en 2011 del Proyecto X de Gendarmería, con el que el Estado hacía espionaje ilegal contra activistas sociales, delegados de fábrica y referentes de derechos humanos para luego alimentar con esa información causas armadas para criminalizar las luchas. Y que en 2017 junto a Bregman volvieron a denunciar a Gendarmería por el espionaje a familiares y organizaciones que reclamaban la aparición con vida de Santiago Maldonado. “A veces se naturaliza que el Estado haga inteligencia contra la población y sus organizaciones. Nosotros cada vez que podemos meter el dedo en la llaga con eso, lo hacemos. Es algo que existe en todo gobierno”, sentencia Aufieri.
Y da una definición contundente, que abre un debate crucial con otros organismos y referentes de derechos humanos. “Nosotros, junto a no pocos organismos, hemos defendido siempre la idea de la independencia respecto al Estado. Se dice, con razón, que los derechos humanos los violan sólo los Estados y sus gobiernos. Entonces integrarse a un gobierno, de cualquier signo, y más allá de que es legítimo que cada quien tenga sus preferencias políticas, va a redundar en dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno”.
“Pasó con la desaparición de Julio López, cuando muchos sectores tardaron mucho en denunciarlo cuando todo apuntaba a la Policía Bonaerense influenciada por Etchecolatz”, ejemplifica. “Y pasó también en la pandemia, con un control social de las fuerzas provinciales y federales sobre los sectores más castigados, que no podían hacer ni una changa. Muchos fueron asesinados y hubo quienes no lo denunciaron”.
“No vemos una escisión entre las causas por las que lucharon los 30 mil y las causas por las que luchamos hoy, porque los dueños del país siguen siendo los mismos”, reafirma el abogado del CeProDH. Y remata: “La pérdida de la independencia respecto al Estado y los gobiernos de turno, en última instancia, redunda en que haya muchos sectores desmoralizados, que crean que no se puede hacer nada contra la derecha, y en perder de vista la máxima potencialidad que tiene el pueblo trabajador cuando lucha en las calles y no es conducido al plano del mal menor electoral. Apostamos a que al gobierno de Milei se lo derrote en las calles y no volver a repetir el ciclo de los últimos años, que no es sólo en Argentina sino en buena parte de Latinoamérica”.
Podés ver las anteriores emisiones de Al Hueso en el canal de YouTube de La Izquierda Diario+.
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Milton Romani: “Trump se autoconcede la libertad de aplicar la pena de muerte”
27 de marzo, por Narcoterrorismo — Política, Salud, Libertades Democráticas, Estados Unidos, Narcotráfico, Drogas, Guerra contra las drogas, Terrorismo, Donald Trump, OEA, DEA, Uruguay, Milton Romani, Política, Salud, Libertades Democráticas, Estados Unidos, Narcotráfico, Drogas, Guerra contra las drogas, Terrorismo, Donald Trump, OEA, DEA, Uruguay, Milton Romani
El docente y psicólogo uruguayo integra el Panel de Expertos independientes que revisará el sistema internacional de fiscalización de drogas de la ONU. Habla de la trama oculta de una “guerra” cuyo trasfondo es nada menos que la intención de Estados Unidos de instaurar el “neocolonialismo” en América Latina.
Año 2011. En Miami, un grupo de embajadores ante organismos internacionales en materia de drogas y derechos humanos recorre las instalaciones de La Florida del Homeland Security Service (Departamento de Seguridad Nacional, creado tras el 11S). Uno de los invitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos es Milton Romani Gerner, representante de Uruguay designado por el presidente José “Pepe” Mujica.
En ese puesto de control fronterizo, el exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) durante la presidencia de Tabaré Vázquez fue informado de que allí funcionaba una Task Force que coordinaba tareas de interdicción de unas 35 agencias antinarcóticos, entre ellas la Guardia Costera y la Administración de Control de Drogas, la DEA.
Con los ojos puestos sobre un mapa, el encargado de la visita guiada lanzó un comentario “anecdótico”: “Tenemos jurisdicción en el Caribe y la costa del Pacífico”. Ante la pregunta obvia -pero “impertinente”- de Romani, el funcionario norteamericano, ahora con la mirada fija sobre él, reafirmó: “Sí, sobre todo en el Caribe y en el Pacífico”. Detalló que de 1.800 eventos detectados intervinieron “con efectividad en el 25 %, pero trabajamos para alcanzar el 30 %”.
La segunda pregunta molestó aún más. “No. No son todos los eventos, son de los cuales tenemos noticias. Y de éstos, no podemos intervenir en todos; o lo hacemos en uno o en otro”, contestó el hombre del mapa. Llámese “eventos” a lanchas que salían de Nicaragua por el Pacífico o submarinos “artesanales” de Colombia, que “indican” tráfico de drogas. Incluso barcazas que regresaban de Estados Unidos con dinero. O armas.
Quince años después Milton Romani recuerda sobre aquel día: “Lo primero que me llamó la atención fue cómo el tipo se atribuyó el derecho a intervenir allí. Lo segundo, la poca eficacia con que lo hacían, es decir, el paupérrimo nivel de reducción de la oferta que tiene este enfoque, que no busca la disminución del consumo con otras medidas como la prevención”.
Hoy Romani es uno de los 19 miembros del Panel Multidisciplinario de Expertos que, durante dos años, hará la primera revisión externa e independiente del sistema internacional de fiscalización de drogas, un proceso ordenado en 2025 por una resolución de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La DEA en acción | Foto archivo AP El docente y licenciado en psicología es un histórico militante por los derechos humanos y uno de los impulsores de la Ley de Regulación del Cannabis en Uruguay, promulgada en 2013. Hoy, junto a su par ecuatoriano, es representante por Latinoamérica y el Caribe del equipo que, partiendo de “la ineficacia y la incoherencia que ha evidenciado la prohibición y el desarrollo de una violencia muy cruda a partir del enfoque de guerra contra las drogas”, elevará propuestas para modificar las políticas de drogas a nivel mundial.
Sobre su nuevo rol, afirma: “No vamos a ir a Viena a hacer un saludo a la bandera ni a retomar discusiones ya dadas. Si se pueden consensuar algunas cosas, mejor; si no, habrá dos posiciones opuestas”. Y adelanta: “El primer paso que voy a dar es promover que este grupo firme una declaración política previa: si vamos a trabajar en serio, se debe exigir que los estados miembros de la Comisión de Estupefacientes respeten el derecho internacional, las convenciones, la Declaración de Derechos Humanos y la Carta de la ONU”.
En ese sentido, se pregunta: “¿Para qué vamos a reformar las cosas si hay un desquiciado que quiere hacerlas por su lado, a su manera, y se autoconcede la libertad de ejercer la pena de muerte?
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LanzaMiento
Marzo de 2026. El 69° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes celebrado este mes en Viena, Austria, centró el debate en el “fortalecimiento de la cooperación internacional” y el “enfoque integral”, con “especial atención” a la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Pero tanto la CND como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Undoc, continúan sin condenar lo que, irónicamente, Milton Romani denomina “el nuevo tratado unilateral, una especie de Apocalipsis Now contra las drogas”.
El diplomático se refiere a la Operation Southern Spear , un despliegue militar en la zona del Caribe y el Océano Pacífico que oficialmente actúa desde septiembre 2025 bajo las órdenes del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pero que, como se ha visto, funciona desde mucho antes. Una “lanza” cuyo alcance declarado se caracteriza por su condición “híbrida” entre guerra contra las drogas y guerra contra el terrorismo, es decir, el “narcoterrorismo”.
Pero además advierte que “ya no hablamos sólo de una nueva convención sobre drogas sino además de una nueva especie de ONU, también unilateral, porque eso que Trump llama ‘Junta de Paz' tiene por objetivo supervisar a la ONU”.
La lectura que el exrepresentante permanente de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace sobre la Operación Lanza del Sur se divide en distintos niveles que se entrelazan. Por un lado, afirma que “es otra muestra de lo costosa e inútil que es una operación de este tipo”, argumentando que “mantener un submarino sale entre 8 y 10 millones de dólares diarios: para hundir 45 lanchas, en costos bélicos es un desastre”.
En paralelo, denuncia que se trata de “una violación flagrante al derecho internacional, con ejecuciones extrajudiciales”, e invita a reflexionar: “¿Se puede interrogar a los detenidos? No hay. Están muertos. No sabemos quiénes son, cuánta droga se capturó. Cuando se realizan este tipo de intervenciones se debe rendir cuentas. Pero hundieron las lanchas y punto. Lo único que se sabe es que murieron 150 personas”.
“De paso, entraron a Venezuela, agarraron a Maduro -supuestamente vinculado al supuesto Cártel de los Soles- y se lo llevaron preso; un hecho muy grave que demuestra que Estados Unidos está dispuesto a ocupar suelo sudamericano y que debería alertar a todos los países de la región”, reflexiona sobre la Operation Absolute Resolve , llevada a cabo el 3 de enero de este año.
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Por todo ello, Romani Gerner sostiene que Lanza del Sur no representa un despliegue de fuerzas contra el narcoterrorismo: “No hay una guerra efectiva sino una demostración marketinera de su fuerza militar. La guerra contra las drogas le ha hecho cosquillas al narcotráfico, pero América Latina puso un millón de muertos. Esto lo que anuncia es ‘ojo que vamos a estar donde sea; el hemisferio es nuestro y sus riquezas también'”.
Y remata: “Ya sabíamos que Estados Unidos quiere que América Latina sea un protectorado, pero ahora es explícito”.
Milton Romani | Foto Junta Nacional de Drogas de Uruguay Del Comando Sur y otros demonios
El ataque reciente a Venezuela fue el primero de EEUU en tierra sudamericana. Pero no es el primero en Latinoamérica. Es imposible no asociar la captura de Nicolás Maduro y de su esposa con la invasión estadounidense de Panamá de 1989, que finalizó a comienzos de 1990 con el encarcelamiento del dictador militar Manuel Antonio Noriega. Más allá de que las detenciones ocurrieron un 3 de enero -dato anecdótico-, ambas intervenciones fueron justificadas por temas relacionados con tráfico de drogas, a pesar de la desconfianza de gran parte de la comunidad internacional.
En el caso de Noriega, su vínculo con la CIA y la colaboración regional para combatir los procesos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador, le valieron la protección de la DEA. Hasta que dejó de ser funcional a los intereses imperialistas norteamericanos.
En cuanto a Maduro, el Gobierno de Donald Trump no tuvo ningún reparo en reconocer, a los pocos días del ataque, que la motivación real de la embestida militar fue el control del petróleo, ni en poner en duda la existencia del Cártel de los Soles . Es preciso recordar que la inclusión de dicha organización a la lista de “Organizaciones Terroristas Internacionales” le permitió a EEUU, bajo el nuevo paradigma de “narcoterrorismo”, aplicar en Venezuela acciones de contrainsurgencia militar.
Las operaciones Just Cause (en Panamá) y Lanza del Sur (Venezuela) fueron lideradas por el Comando Sur de Estados Unidos (Ussouthcom), el cual ha apoyado financieramente a Colombia y México para librar sus conflictos internos antinarcóticos. Y, de paso, condicionar sus políticas económicas y sociales.
“Los gobiernos y las organizaciones populares tienen que estar en alerta porque se sabe que están interesados en América del Sur. Podrán decirme que Estados Unidos ya actuaba de esta manera. Sí, pero ahora estas acciones militares son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad”, advierte Milton Romani y resalta: “Hay que reivindicar la paz. Los aires de paz son los que verdaderamente pueden embanderar a los pueblos contra estos señores que se creen los amos. Más allá de los títeres y vasallos, va a haber oposición, va a haber resistencia”.
En ese sentido, amplía: “Estados Unidos es como el matón de barrio: te amenaza y si puede negociar, negocia. Y si no, deja un gobierno de títeres como el de Venezuela. Pero ahora se ha extendido en varios escenarios de guerra, entonces dosifica: entraron a Venezuela, pero amenazaron a Colombia y no hicieron nada”.
Es por ello que Romani considera que hay que “descartar ocupaciones” como la de Irak o Afganistán: “Ellos han aprendido que ocupar territorio les juega en contra porque cuando pisan tierra se empantanan; empiezan a llegarles los sobres negros y la muerte de los jóvenes en combate impacta mucho en la sociedad norteamericana”.
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No te lo “Presti”, te lo regalo
En agosto pasado, mediante una Resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el gobierno de Javier Milei incorporó al Cártel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según el documento, la medida se tomó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.
En esa línea, el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó este mes el ingreso de Argentina a la coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo que impulsa EEUU. Fue durante la Conferencia Anti Cárteles de las Américas, convocada por Pete Hegseth -¿quién si no?-, realizada en La Florida -sí, en la sede del Comando Sur-.
Formación de la Coalición de Seguridad Hemisférica contra el Narcoterrorismo. En el centro Pete Hegset, secretario de Defensa de EEUU. Cuarto (de izquierda a derecha) el ministro de Defensa argentino Carlos Presti | Foto Ministerio de Defensa En nombre del “Presidente de la Nación Argentina, nuestro Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro líder, Javier Milei”, Presti, envuelto para regalo y moño incluido, manifestó: “La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente […] Es un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”.
Si bien la lucha contra el “narcoterrorismo” es una de las competencias del Comando Sur, su máximo objetivo es la defensa de intereses estratégicos estadounidenses, un eufemismo que se traduce así: expandir su presencia en las aguas del hemisferio, instalar más bases militares en la región y controlar los recursos naturales.
“La cooperación internacional es para los norteamericanos un factor clave para que insistan en mantener la guerra contra las drogas, que es, en realidad, contra las personas. Cuando yo asumí como secretario de la Junta Nacional de Drogas, me decían, “bueno, vamos a firmar este acuerdo, este otro…”, cuenta Romani, y agrega: “Es uno de los factores económicos que incide, lo mismo que el complejo industrial militar. Los acuerdos de cooperación implican transferencia de tecnología, venta de armas y la dependencia de los repuestos, instructores… Hay toda una maquinaria detrás de las guerras, de cualquier guerra, que desde el punto de vista laboral tiene una incidencia muy grande. Y es evidente que esa cuestión económica le ha permitido el despliegue en la región. Por eso es que se le exige que pare con el flujo de armas de norte a sur, que ha existido siempre”.
En tanto, si bien a nivel global el factor económico le ha servido a Estados Unidos para dominar, sostiene que “en eso también son un fracaso”. “En Afganistán estuvieron veinte años y quedó un gobierno talibán que sigue siendo uno de los máximos productores de amapola del mundo. Pero mientras estuvieron allí tuvieron que alimentar esa maquinaria militar por un tema de dinero”, argumenta.
El Panel Multidisciplinario de Expertos independientes que revisará el sistema internacional de fiscalización de drogas en vistas de modificar la Convención de Estupefacientes vigente, enfrentará un enorme desafío, signado principalmente por las contradicciones que expone EEUU y su modelo “unilateral”.
“Hacen una guerra costosísima, que no es contra las drogas sino para consolidar su rol hegemónico en la región. A su vez, plantean la legalización de la marihuana a nivel federal, porque les cayó la ficha de que el mercado legal deja mucha plata. Pero también tienen cien mil muertos por sobredosis de opiáceos, con una demanda de fentanilo que crece constantemente”, enumera Romani.
Y cierra: “Muchos misiles en el Caribe, pero, ¿cuáles son las operaciones para desarticular la distribución de droga en su país? No lo sabemos, nunca son claros en ello. De lo no hay dudas es de que si Estados Unidos para con sus guerras, tiene una desocupación brutal”.
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Ituzaingó: convocatoria por “Justicia por Juan Cruz Leal”, asesinado por un policía
27 de marzo, por Gatillo fácil — Juventud, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Violencia policial, Brutalidad policial, Ituzaingó, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Juventud, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Violencia policial, Brutalidad policial, Ituzaingó, Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Este viernes 27, cuando Juan Cruz cumpliría 22 años, su familia convoca a una concentración en la plaza San Martín de Ituzaingó. El joven fue asesinado por un policía de la Ciudad que “pensó que le iba a robar la moto”, cuando iba a jugar al fútbol con un amigo.
En un conmovedor video subido a la página de Instagram @justiciaxjuancruzleal, Cecilia la madre de Juan Cruz cuenta lo que pasó con su hijo. Y convoca a exigir justicia por él, este viernes 27 a las 17 horas en la Plaza San Martín de Ituzaingó, frente al teatro. “No es una fecha arbitraria, ese día mi hijo hubiese cumplido 22 años”.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>¿Cuáles fueron los hechos? En horas de la noche del 12 de marzo, Juan Cruz manejaba la moto en la que iba con Daniel Kuhne, su amigo, a jugar a la pelota. Este último relata que “en una maniobra intempestiva, el policía Lucas Adrián Gómez gira la moto y arranca a dispararles”.
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Juan Cruz recibió tres de esos disparos. Uno de ellos en la pierna, lo que le hizo perder mucha sangre. Esto generó que luego, estando ya internado en el Hospital del Bicentenario, sufriera dos paros cardiorespiratorios hasta finalmente perder la vida.
Mientras el jóven estaba internado sus amigos, al ver que no había llegado a jugar al fútbol, se comunicaron con su madre. Esta, con la ayuda de su novia, logró obtener la ubicación del celular: estaba en la comisaría cuarta de Ituzaingó.
Hasta allí se dirigió su madre y solo recibió mentiras y maltrato. Primero le negaron que el celular estuviera ahí. Luego, se solidarizándose con la versión del asesino, le dijeron que su hijo estaba en el hospital por “haber intentado robarle una moto a un policía de la ciudad, que se defendió”. Luego le dijeron que estaba en el hospital de Haedo, hacia donde su madre fue, sólo para enterarse que estaba en el Hospital del Bicentenario.
No solo actuaron con “espíritu de cuerpo”, que es cómo le llaman al encubrimiento mutuo de sus crímenes. Sino que además le impidieron a una madre compartir los últimos minutos de vida de su hijo.
Justicia por Juan Cruz! Basta de gatillo fácil!
Mañana viernes 27 su familia convoca a movilizar en Ituzaingó
Juan iba a jugar a la pelota y lo asesinó un policía de la ciudad pic.twitter.com/h0ZnIY4PHR— Jorgelina Esteche (@EstecheJor) March 27, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Otros que guardaron un silencio cómplice fueron los jefes del policía Lucas Gómez, los que lo entrenaron. Empezando por Jorge Macri, Jefe de gobierno porteño. Siguiendo por el Ministro de Seguridad y ex comisario de la Metropolitana, Horacio Jimenez. Y finalmente Diego Calzalo, el jefe de la Policía de la Ciudad. Ninguno de ellos pronunció palabra al respecto, ni siquiera se comunicaron con la familia para ponerse a disposición.
Los familiares y amigos que están organizando el reclamo de justicia esperan que concurra mucha gente este viernes 27 a la Plaza San Martín. Juan Cruz Tenía muchos amigos y era muy querido. La colaboración y difusión es fundamental para que el pedido de Justicia se escuche y poder así romper la cadena de la impunidad.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Una impunidad que es marca registrada de la policía, gobierne quién gobierne. Según el informe de Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) publicado recientemente, desde el fin de la dictadura el aparato represivo del estado asesinó a 10.181 personas. Y recalcan que el 10% de los mismos ocurrieron en los 25 meses que lleva el gobierno de Milei. Una clara manifestación de la vía libre y la impunidad que goza la policía bajo el gobierno derechista.
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Juan Cruz
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Tercera audiencia juicio CNU II
26 de marzo, por Lesa humanidad — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Crímenes de lesa humanidad, CNU, Juan José "Pipi" Pomares, Carlos "El Indio" Castillo, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Lesa humanidad, Crímenes de lesa humanidad, CNU, Juan José "Pipi" Pomares, Carlos "El Indio" Castillo, 50 años del golpe de Estado de 1976
En los Tribunales Federales de La Plata finalizó la lectura de cargos y pedidos de elevacion da juicio de las partes respecto a los acusados Carlos “Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y AAgustín Antonio “Tony” Jesús, integrantes de la banda paraestatal que funcionó en La Plata, Mar del Plata y otras ciudades bonaerenses.
Los imputados son Carlos Ernesto “El indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Tony” Jesús.
Son acusados de los delitos de homicidio calificado, tormentos y privación ilegal de la libertad contra 13 víctimas: Jorge Rosendo Ruda , Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz , Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.
Seguí las audiencias en vivo por La Izquierda Diario.
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Reparación histórica en el Poder Judicial de la PBA: "La importancia del archivo como guardián de la memoria"
25 de marzo, por A 50 años del golpe genocida — La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Videos, Poder Judicial, Verdad y Justicia, Memoria, 50 años del golpe de Estado de 1976, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Videos, Poder Judicial, Verdad y Justicia, Memoria, 50 años del golpe de Estado de 1976
Este 25 de marzo en el Salón Auditorio de la Suprema Corte bonaerense se realizó un acto donde se hizo entrega de los legajos de los judiciales que fueron víctimas del terrorismo de Estado a sus familiares. Hablamos con Micaela y Roberto, trabajadores del Archivo de la Corte, quienes fueron parte de la investigación e impulsores de la reparación y reconocimientos de dichas víctimas.
