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  • Libertad a lxs presos por luchar contra la reforma laboral

    6 de abril, por Criminalización de la protesta — , , , , , , , , , , , , , , ,

    Continúa la campaña por la libertad de Milton y Eneas, detenidos por participar de las movilizaciones contra la reforma laboral votada por el Congreso el pasado 11 de febrero.

    El 14 de febrero mientras estaba trabajando como masajista en un evento deportivo en Avellaneda, Milton fue detenido por la policía federal, por haber sido parte de la movilización contra la reforma laboral. Tras su detención, fue trasladado al penal de Ezeiza e ingresado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, creado en 2024 por el Ministerio de Seguridad. Allí permaneció más de un mes en condiciones extremas, alojado en un módulo especial destinado a presos de altísimo riesgo, con hasta 20 horas de aislamiento diario. Fue tratado como un terrorista, en un intento evidente de disciplinar a quienes se organizan y luchan.

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    Esa reforma laboral esclavista que ataca derechos elementales de lxs trabajadores hoy se encuentra suspendida en la mayoría de sus artículos por la Justicia Nacional del Trabajo. Mientras esté vigente la medida cautelar presentada por la CGT, 82 de sus artículos no se podrán aplicar. Pero Milton continúa detenido.

    A los pocos días comenzó una campaña por su libertad y contra las condiciones de detención y el carácter completamente arbitrario de su encarcelamiento. Su familia, su pareja, organizaciones de derechos humanos y anti represivas, asambleas barriales y distintos sectores en lucha impulsaron acciones, difundieron su situación y promovieron presentaciones legales. Incluyendo un habeas corpus por parte de la Correpi y Maria del Carmen Verdu que lleva adelante su defensa y amicus curiae por parte del Ceprodh, Cels y APDH.

    Gracias a esta campaña, el 19 de marzo Milton fue trasladado al penal de Marcos Paz, donde puede recibir visitas, tener acceso a mercadería y estar en un pabellón común. Al día siguiente de esta noticia la policía federal detenía en Gral Rodriguez a Eneas, un trabajador precarizado de aplicaciones, por haber participado de las manifestaciones contra la reforma laboral.

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    La aplicación de las medidas del gobierno solo puede avanzar con represión, criminalización de la protesta y con cómplices que votan estas leyes, porque se trata de un programa contra la clase trabajadora y los sectores populares y favor de los empresarios y del FMI. Ya se vio en las movilizaciones contra la Ley Ómnibus y la Ley Bases, donde hubo detenidos que aún continúan peleando por la absolución. En estas movilizaciones además fue herido en un ojo el abogado del CeProDH Matías Aufieri, quien participaba de la movilización el 1° de febrero de 2024 frente al Congreso. Más recientemente, el 12 de marzo de 2025, en la feroz represión contra jubilados e hinchas, la gendarmería dejó heridos de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo y a Jonathan Navarro.

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    A pesar de que el gobierno, junto a la oposición cómplice, haya logrado votar la reforma laboral, el malestar general de amplios sectores por el empeoramiento cotidiano de las condiciones de vida crece, amplificado en estas semanas por los escándalos de corrupción, como los de los viajes y las casas de Adorni, los escándalos Libra y el 3% de Karina por la corrupción en Andis.

    Este intento de disciplinamiento a los que luchan y quieren enfrentar al gobierno, lejos de amedrentar, solo está generando mayor bronca y descontento. La enorme fuerza que se mostró en las calles el 24 de marzo contra el negacionismo oficial y la persistencia de los jubilados, el movimiento disca y todos los sectores en lucha que enfrentan cada semana la represión de Bullrich y Monteoliva son expresión de eso. La unidad de todos los sectores en lucha, junto al desarrollo de la más amplia solidaridad y campaña por la libertad de Milton y Eneas y de todos los presos y procesados por luchar, se da en este marco.

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  • La Nieta 127 como trofeo: falsa moral “libertaria” y reedición de la Teoría de los Dos Demonios

    5 de abril, por Sumario sin secreto — , , , , , , , , , , , , ,

    Miriam Poblete Moyano, Nieta Recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, se hace llamar Miriam Fernández, tal como la anotó en 1977 Armando Fernández Miranda, sanguinario genocida mendocino. En un video de Casa Rosada, la mujer reproduce el relato creado por sus apropiadores y festejan los liberfachos. No hay “memoria completa”, hay nostalgias del terror estatal.

    Sabían que la Plaza de Mayo iba a reventar de pañuelos blancos, rostros de desaparecidos y un masivo repudio a las actuales políticas dignas de José Martínez de Hoz. Pero no querían quedarse callados. Menos en el aniversario 50. Tras consultar a “expertos” como el Tata Yofre o Nicolás Márquez, resolvieron armar un mensaje de “reconciliación”. Fue el mismo 24, con un video de Youtube filmado en la Casa Rosada, mal editado y peor subtitulado.

    A diferencia de 2024 y 2025, el Gobierno de les hermanes Milei buscó correrse de la reivindicación explícita del genocidio. Apeló a una versión “libertaria” de la Teoría de los Dos Demonios, en la que ambos representantes del mal ya no están diferenciados (las violencias “de izquierda y derecha”, al decir del Nunca Más alfonsinista), sino que conviven mezclados.

    Semejante maniobra requería una historia fuerte, que hiciera pie en ambos “demonios”. Márquez propuso utilizar a Miriam Fernández, a quien conoce hace años. El biógrafo oficial de Milei y la Nieta 127 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo tienen amigos militares y policías en común. ¿Qué mejor para la “batalla cultural” que una hija de desaparecidos atacando a organizaciones de derechos humanos y hablando maravillas de sus apropiadores?

    Habrá que reconocerles a los mercaderes de la moral que gracias a esa puesta en escena quedaron en evidencia. Quisieron presentar como víctima del “revanchismo setentista” a alguien que, en realidad, es un producto refinado del plan genocida.

    “Nosotras la encontramos, si ella niega su origen es como si uno dijera que es inglés y en realidad es argentino. Que se quiera quedar con lo anterior y lo demás no le interese es cuestión suya”, dice Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo.

    “Crecer en una casa de milicos te marca la existencia con discursos paternos muy difíciles de deconstruir. El Gobierno usó el testimonio de esta mujer para una verdadera campaña de apología del robo de bebés”, reflexiona Erika Lederer. La hija de Ricardo Lederer, obstetra y capitán del Ejército que condujo la maternidad clandestina de Campo de Mayo, desobedeció el mandato familiar y hoy lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

    "Tengo cuatro padres", dice Miriam Moyano Poblete, consumando el "logro" de la Teoría de los Dos Demonios

    Cuento falaz

    El video inicia polarizando con el kirchnerismo, a quien acusa de “lanzar una campaña” en 2003 para “imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70” con una visión “sesgada y revanchista”. Primera falsedad histórica. Tras el sacudón de diciembre de 2001, los Kirchner (que venían de ser menemistas y duhaldistas) se vieron obligados a prestarle atención al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de una sociedad movilizada. No fue al revés.

    A esa falsedad se suma otra, según la cual aquel “relato” fue funcional al beneficio económico de sobrevivientes y familiares. Pero más de dos décadas después, el patrimonio de quienes luchan por los derechos humanos está igual o peor. Algo lógico siendo parte de la clase trabajadora.

    Es cierto que hubo cierta militancia que trocó lucha por cargos y hasta familiares cooptados con privilegios a cambio de hacer silencio sobre las nuevas violaciones a los derechos humanos (miremos si no cómo actuó cada quien ante la desaparición de Jorge Julio López en 2006). Pero es canallesco tomar esa pequeña parte para “explicar” un todo inabarcable. Especialmente tratándose de crímenes de lesa humanidad conocidos internacionalmente.

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    Tras esa presentación, el video muestra los testimonios de la Nieta 127 y de Arturo Larrabure, hijo del coronel del Ejército Argentino del Valle Larrabure, muerto en 1975. Sobre éste ya se escribió acá. Aquí sirve recordar que en todas las instancias judiciales a las que acudió la familia del fallecido ya hubo sentencias coincidentes en que esa muerte no tuvo nada que ver con un crimen de lesa humanidad. Fin.

    Pero es en el relato en primera persona de Miriam Fernández que buscan sustentar su versión recargada de la Teoría de los Dos Demonios. Desmenuzar lo contado por ella y mostrar el reverso de aquello en lo que aparenta creer firmemente, es necesario para comprender la operación de propaganda progenocidio.

    De los más crueles

    ¿Qué es verdad? Que Miriam nació en junio de 1977 en la ESMA, el centro clandestino de la Armada por el que pasaron unos cinco mil detenidos desaparecidos. Poco tiempo antes María del Carmen Moyano había caído en ese infierno montado por los militares. Cursaba su último mes de embarazo. La habían trasladado desde Córdoba, tras haber pasado un tiempo detenida con su compañero Carlos Poblete en el centro clandestino La Perla.

    A la recién nacida la llevaron a Mendoza, de donde eran oriundos María del Carmen y Carlos, quienes al día de hoy siguen desaparecidos. Pero no fue entregada a sus familiares paternos ni maternos, sino a la pareja conformada por Armando Fernández Miranda e Iris Luffi, quienes la inscribieron como hija natural en la seccional Guaymallén del Registro Civil.

    Fernández Miranda fue un jerarca del siniestro Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, donde funcionó un centro clandestino entre 1975 y 1980. Él manejó el área de Inteligencia hasta 1979. Tras varios juicios y sentencias a cadena perpetua, si hay algo claro es que Fernández Miranda es uno de los genocidas más crueles que pisaron la provincia. Aquí te contamos buena parte de su prontuario. Participó en cientos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

    Para fraguar el robo de Miriam, Fernández Miranda y Luffi les pidieron a dos amigos del D2 que oficiaran de testigos ante el Registro Civil y dijeran que la niña era hija biológica de la pareja. La macabra “legalización” quedó oficialmente demostrada 34 años después, cuando el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a varios años de prisión al matrimonio y a Abelardo Garay, uno de los “testigos”, por la sustracción y apropiación ilegítima de la niña.

    Iris Luffi murió en 2023, sin llegar a cumplir su condena tras las rejas. Y pese a semejante prontuario, Armando Fernández Miranda (de 85 años) goza de una placentera prisión domiciliaria. “Prisión” que ni siquiera cumple. En 2024 un grupo de familiares de víctimas del genocidio lo encontró paseando (sin custodia alguna) por el centro de la capital mendocina. Lo filmaron cuando, mostrando un envidiable estado de salud, les gritaba “menos mal que estoy preso, porque si no los mataría todos”.

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    A ese genocida defiende la víctima directa de una de sus máximas crueldades. Y el gobierno de Milei disfruta al escucharla. A ese genocida Miriam Fernández le sigue llamando “papá” e intenta salvar su supuesto honor.

    Hay quienes hablan de síndrome de Estocolmo. Una visión psicoanalítica dirá que en casos como éste opera una identificación con el agresor. Un mecanismo de defensa mediante el cual la víctima incorpora rasgos, discursos o mandatos de su victimario para hacer tolerable una situación a priori insoportable. Esa identificación, lejos de ser una decisión consciente, suele operar como síntoma que encubre una verdad no elaborada. Algo que sin dudas se refuerza al ser objeto de una calculada instrumentalización política.

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    En el nombre del “padre”

    En el video lanzado por La Libertad Avanza el 24 de marzo, Miriam despliega una narración en la que abundan los clichés, las lagunas y las intrigas.

    Ante todo ella recuerda su infancia como una etapa “hermosa” junto al matrimonio y los cinco hijos biológicos a los que llama “hermanos”. Y les agradece a Fernández Miranda y Luffi por la “educación, el amor y el montón de valores” que le inculcaron. Lo dice a los 48 años, sabiendo desde hace tiempo la verdad.

    Reconoce que los apropiadores le ocultaron hasta donde pudieron su origen (el que, lógicamente, conocían en detalle) y sólo dieron su versión de la historia cuando ella se les plantó llena de sospechas. “Un día encaré a mi papá y le dije que ya sabía la verdad, él no se lo esperaba obviamente, me contó más o menos cómo había sido”, dice ante cámara. “Mi mamá negaba todo, decía que ella me había parido”, agrega. Y afirma que fue ella la que les pidió no hablar nunca más del asunto. Ellos, claro, festejaron.

    Pero la historia que hoy cuenta Miriam es por demás vidriosa:

    – Un día de julio de 1977 un militar “compañero de trabajo” llegó a la casa familiar con una beba en brazos. Les pidió cuidarla hasta el otro día mientras buscaban al padre, ya que la madre estaba en un hospital. Aunque Fernández Miranda “dudó un poco”, aceptó.

    – El militar “nunca volvió”. Tras pasar algunos días, Fernández Miranda fue a buscarlo al destacamento, pero le dijeron “esa persona no existe” y le pidieron que se retirara.

    – Justo “se cruzó” a un abogado de la fuerza, que le recomendó que buscara testigos, anotara a la beba como hija natural “y en el camino se iría viendo”.

    – Finalmente la acogieron en el hogar y la criaron con mucho amor.

    Miriam considera que la apropiación de medio millar de niñas y niños por parte de la dictadura (la mayoría aún hoy apropiados) “no fue un plan sistemático”. En su caso, “el plan que había era de restituirme”. ¿De dónde saca eso? De algunos relatos de sobrevivientes que escucharon a los militares decir a las parturientas que sus hijos serían entregados a sus familias. Debería saber que no es aconsejable creerle a un militar, menos en un campo de concentración.

    La conclusión parece guionada por Yofre o Márquez: “Lo que hicieron no fue con el afán de apropiarse de una niña y criarla porque no podían procrear, al contrario, tuvieron cinco hijos”... “Me adoptaron y me dieron amor”… “Mis padres cuidadores cometieron un error, eso es la parte legal, pero hay que rescatar la parte humana”, dice Miriam Fernández.

    Si Armando Fernández Miranda es un comprobado criminal genocida, cuya crueldad quedó demostrada de sobra en los estrados judiciales, ¿cuál es el objetivo de Miriam al aferrarse a la fantasiosa imagen de un padre ejemplar que apenas cometió algunos “errores” y cuenta con valores humanos tan nobles como elevados?

    Paja por paz, imparcialidad por parcialidad. Los descuidos de Santiago Oría hablan por sí solos
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    Maneras de encubrir

    Varios sobrevivientes identificaron a Jorge Luis Magnacco como el obstetra que atendió en la ESMA, entre otras detenidas, a la madre de Miriam. Por su accionar recibió múltiples condenas. Las familias Moyano y Poblete encararon la búsqueda de la niña. En 2012, sospechando que ella era la hija de María del Carmen y Carlos, se presentaron ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas de lesa humanidad de Mendoza.

    En diciembre de 2017, tras un examen de ADN al que Miriam se resistió durante meses (con altas dosis de negación), se confirmó científica y judicialmente su origen. Habían pasado 40 años del robo de su cuerpo y su identidad. Y cinco desde que se había iniciado la denuncia penal. Sin embargo, para ella en el caso nunca hubo impunidad.

    Cuesta pensar que Miriam eligió transitar un camino de encubrimiento consciente. Pero ella misma siembra las dudas. En varios juicios contra su padre, mucho antes de aquel análisis de ADN, ella se enfrentó a la verdad que nunca había sido parte de las charlas familiares. Esos “errores” que hoy le achaca a su “padre” fueron crímenes atroces. Lo que sí le parece grave es haber pasado “feos momentos” al concurrir a los tribunales como parte del contingente de familiares de los acusados.

    Su razonamiento se repitió en 2021, cuando se juzgó a Fernández Miranda y a Luffi por su apropiación. Tras conocer la sentencia, Miriam declaró al diario UNO: “Podría haber sido peor (...) Mi papá ya tenía una condena en juicios anteriores de cadena perpetua, por lo que estos diez años no le mueven la aguja, pero lo que más me preocupó fue lo de mi mamá, que ya tiene 70 y una salud muy frágil. Menos mal que quedan instancias y la sentencia no está firme”.

    La apropiadora murió dos años después, declarada culpable pero en libertad. “Fue una mujer muy querida, la acompañaron un montón, pero esos dolores íntimos la llevaron a sufrir en silencio, un miedo social por esta situación, por ese acoso”, dice su víctima, quien sigue compartiendo la vida con el viudo apropiador.

    En el video de la Casa Rosada Miriam afirma que conoce a “muchos nietos” que no quieren saber su historia ni hacerse el ADN por el supuesto miedo a que se invada su intimidad y sean obligados a separarse de sus “familias”. Es curioso que ningún fiscal o juez la haya llamado aún para que declare todo lo que sabe, tanto de esas otras víctimas como de sus apropiadores.

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    ¿Memoria completa?

    Miriam Fernández sabe lo que hicieron con ella, quiénes fueron y cómo lo hicieron. Si no sabe más, es porque no pregunta. Así y todo, presta su imagen y su voz para una operación de propaganda en favor de los verdugos de su verdadera historia. Con la excusa de la búsqueda de “memoria completa”, no repara en las consecuencias de su propio relato.

    Se niega a llamarles apropiadores a quienes se quedaron con ella. Mucho menos sale de su boca la calificación de “genocida” para el exjerarca de la D2 mendocina. Y por si fuera poco, afirma: “Cuando encarcelaron a mi padre, encarcelaron a toda mi familia”.

    Para los paladines de la “memoria completa” es clave atacar y desprestigiar a los sobrevivientes, familiares y organismo de derechos humanos. Y para eso sirve también el relato de Miriam. Dice que en los juicios vio a “testigos que terminaban de declarar y decían ‘¿por dónde paso a cobrar?'” Pero pese a que supuestamente mentían en un tema muy sensible para ella, no hizo ninguna denuncia.

    Semejante intriguismo es un golpe muy bajo a tantos sobrevivientes que dieron testimonio arriesgando sus vidas, como Jorge Julio López y Silvia Suppo. A eso se suma que llama terroristas a sus padres biológicos y cuestiona sus militancias por “violentas”. Rara forma de concebir la violencia cuando se inocentiza, ama y absuelve a un perverso torturador y ladrón de bebés.

    “Una vez que se pongan todas las cartas sobre la mesa y se cuente la verdad, vamos a aprender a sanar, como yo aprendí”, sentencia. Pero no exige al Estado que se abran todos los archivos de la dictadura para saber todo lo que pasó. Por el contrario, sugiere que “no podemos vivir veinte, cincuenta años tirándonos la pelota (...) ya está”. Rozando el esoterismo, duda: “Pienso si no habré venido a esta vida para conciliar una historia y otra”. Y clama: “Construyamos para adelante y sigamos viviendo”.

    Mercaderes de la moral

    Más allá de lo dicho, lo peor del video oficial del 24 de marzo no es el relato de Fernández, sino para qué lo manipuló el Gobierno. Ella asegura que sólo accedió a contar su “experiencia” y su “verdad”, sin ninguna intención política. Algo imposible estando de por medio apologistas del genocidio como Nicolás Márquez.

    Pero, además, sus definiciones son muy políticas. Cuando dice que intenta ser “objetiva” y reconoce que “de un lado las fuerzas cometieron errores y del otro lado también”, se alinea con la versión libertariana de la Teoría de los Dos Demonios. Lo mismo cuando dice que “quiere paz”, “cerrar el pasado” y “mirar para adelante” a la vez que siembra intrigas sobre el largo proceso de búsqueda y recuperación de identidades robadas.

    Erika Lederer, hija desobediente del genocida Ricardo Lederer, dice a La Izquierda Diario que “hay algo que está poco estudiado, es la existencialidad de las personas que fuimos criadas en el seno de familias de genocidas. El psicoanálisis demostró que un niño es hablado por los discursos paternos. Y esos discursos son muy difíciles de deconstruir luego de décadas de convivencia, en este caso, con tu apropiador. Tu existencia está marcada por el discurso hegemónico del milico”.

    En ese marco, mirando su propia experiencia, afirma que “los hijos desobedientes de genocidas logramos deconstruirnos en relación al proceso valorativo del genocidio, pero no necesariamente en otras cosas. En ese marco, muchos no pueden evitar reproducir habitus construidos en esas familias de criminales”.

    Lederer agrega que “en muchos casos de niños apropiados hubo resistencia al inicio, pero con los años fueron comprendiendo su historia y terminaron cambiando su posición, acercándose a las familias biológicas y alejándose de sus apropiadores. Todo lo contrario a lo que pasó con esta mujer, cuyo testimonio utiliza el Gobierno para hacer una verdadera campaña de apología del robo de bebés”.

    “Se puede mentir, se puede imaginar, pero las Abuelas la encontramos y encontramos su origen”, dice Estela de Carlotto tras conocer el contenido del video del Gobierno. “Se dicen cosas para confundir a la sociedad. Nosotras nos manejamos con mucho respeto y vemos actitudes maravillosas de hermanos que se encuentran, donde uno fue robado y el otro no. Nuestra experiencia siempre busca el bien de la persona, si después esa persona saca otra impresión de su vida y de todo lo demás…”, deja picando el remate.

    Quien escuche a la Nieta 127, a Miriam Poblete Moyano (Fernández, según ella), podrá creerle o no, pensar que es víctima del síndrome de Estocolmo o considerarla una encubridora de crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que la verdad histórica se aleja cada vez más de la historia que le contaron, que ella reproduce con aparente convicción y que los apologistas del terror usan en su beneficio. Nunca mejor dicho: ni olvido, ni perdón ni reconciliación.

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  • La memoria como hilo de continuidad: militancia y dictadura

    4 de abril, por A 50 años del golpe — , , , , , , , , , , , , , , ,

    A tres días del aniversario número 50 del golpe genocida, mi abuela me cuenta por primera vez que en mi familia hubo dos desaparecidos. Son noticias que no se reciben todos los días, y a mí me tocó enterarme el día del aniversario de su secuestro.

    Movilizo los 24 de marzo desde que tuve la edad suficiente para ir por mi cuenta, con mi centro de estudiantes o grupos de amigos. Todos esos años, la convocatoria no necesitó explicación alguna: en el colegio siempre me habían enseñado sobre la memoria. Pero nunca había escuchado la historia completa. En el secundario dí talleres a otros estudiantes sobre la complicidad civil con el exterminio sistemático, memorizando el manual de Subversión en el Ámbito Educativo. La junta militar exigía a las instituciones educativas la denuncia inminente ante cualquier indicio de subversión. Palabras y frases como “comunismo”, “cambio integral”, “valores diferentes”, “construir el futuro”, todavía resuenan en mi cabeza. Leyendo esas páginas aprendí a desdibujar las diferencias entre aquellos de los que leía y yo misma.

    La fecha siempre nos perteneció a todos, y no estar presente nunca fue una opción. Pero este año, por primera vez, mi asistencia tuvo nombre y apellido. Tardé 21 años en enterarme de que mi familia había formado parte de la historia que tantas veces escuché, y tantas otras conté. El silencio fue el precio que pagaron por haber sido parte.

    Víctor y Rodolfo, primos hermanos de mi abuela materna, tenían la misma edad que yo cuando fueron secuestrados en su propia casa. Ambos estudiaban en la Universidad de Buenos Aires. Varios miembros de la policía federal, vestidos de civiles, les allanaron la casa mientras esperaban su llegada. Desde aquel 21 de marzo de 1977 permanecen desaparecidos. Nunca se supo nada sobre ellos, más que alguna carta explicitando la tortura a la que serían sometidos, y varios sobornos, expedidos en ambos casos por los militares. Algunos testimonios dicen haberlos visto en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”.

    Formaron parte de una generación de jóvenes que protagonizó un período verdaderamente revolucionario en nuestro país, donde la organización de la clase trabajadora se mostraba indomable y amenazaba directamente a los dueños de todas las cosas. Las coordinadoras interfabriles fueron el epítome de esta experiencia. Los primos de mi abuela, entre tantos otros, daban esta pelea desde sus lugares de trabajo y estudio. Eran militantes, y debemos recordar también su historia en cuanto tales.

    La previa

    La dictadura no cayó del cielo, fue la respuesta de la clase dominante frente a una serie de levantamientos que tuvieron lugar a lo largo y ancho de todo el país entre 1969 y 1975. Las fuerzas represivas buscaban neutralizar y aniquilar la organización revolucionaria.

    El fortalecimiento de la clase trabajadora representaba un riesgo para la burguesía nacional. Los distintos gobiernos profundizaron el ajuste. Crecía la bronca entre los trabajadores, y la represión solo la exacerbaba. Aumentaba la combatividad y la radicalización. El Cordobazo (1969), los Tucumanazos (1969-1972), el Mendozazo (1972), el Villazo (1974), y, con ellos, todos los “Azos”, conformaron una serie de levantamientos en unidad obrero-estudiantil contra las medidas económicas y políticas de los gobiernos que precedieron a la dictadura. Con cada paso que avanzaban en este periodo de ascenso revolucionario, agudizaban aún más la crisis de la clase dominante.

    Resulta de interés particular destacar la experiencia del Rodrigazo: en 1975 se produjo una huelga general contra el plan de ajuste de Celestino Rodrigo, durante el tercer gobierno peronista. Durante todo este periodo, no solo las bases lograron superar a las conducciones peronistas de sus sindicatos, sino que el peronismo no logró doblegar la potencia de la organización de la clase trabajadora en ninguno de sus gobiernos, a pesar de haber asumido como el partido burgués que pondría orden a la insurgencia obrera. Crea, a partir de los 70, organismos de persecución política paraestatal como la Triple A y la UNC. Asimismo, en el año 1975, Isabel Martinez de Perón firma un decreto autorizando el Operativo Independencia, la masacre que sirvió de experimento para lo que sería la dictadura.

    Estos fueron los antecedentes que precedieron al golpe.

    Sangre y plata

    Habitualmente se estudian -y se enseñan- los años de la dictadura desde su componente más sanguinario: los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Pero, ¿qué había detrás de los asesinatos, torturas y desapariciones que los tuvieron como epicentro? ¿Cuál fue el objetivo de su puesta en pie? Para responder esta pregunta, recuperemos la definición que las propias juntas militares dieron a ese periodo histórico: entre 1976 y 1983 tuvo lugar un llamado proceso de reorganización nacional de la estructura política y económica de nuestro país, cuyas consecuencias se mantienen a día de hoy. Algunos elementos se filtran en el discurso del sentido común: contando la historia de sus primos, mi propia abuela la situaba en “los años del proceso”.

    Ciertamente, la idea de “reorganización” dista mucho de todo lo que sabemos sobre esa época. Propomngo pensarlo, en su lugar, como desorganización: buscaba terminar con la organización revolucionaria de la clase trabajadora, conquistada en las últimas décadas, y cuya potencia resultaba una verdadera amenaza a los que más benefició la dictadura.

    Los empresarios eran los patrones de Videla

    ¿Quiénes son los responsables? La última dictadura involucró a distintos sectores militares y civiles: la Iglesia, las instituciones educativas, las Fuerzas Armadas, pero también, y fundamentalmente, a los dueños de las grandes empresas. A día de hoy, la mayoría de sentencias judiciales fueron otorgadas a integrantes de las fuerzas militares, el brazo ejecutor. Pero en los libros de historia brillan por su ausencia muchos nombres: ¿quiénes se beneficiaron del genocidio?

    Los dueños de las grandes fábricas no dudaron en colaborar con los secuestros de los referentes sindicales y militantes que trabajaban en sus predios. Son conocidos ejemplos como el de Ford, el Astillero Astarsa, Ledesma, pero también el de FATE, dónde hoy los trabajadores están dando una pelea enorme por sus puestos de trabajo, contra el cierre y el desalojo, y llevan como semblante la memoria de esos 12 desaparecidos. Los empresarios entregaron listas negras a los militares a primera hora la mañana del golpe, pero que habían sido confeccionadas tiempo antes, formando dos filas distintivas: una que llevaba a la fábrica, y, la otra, al destino incierto que compartieron los 30.000 desaparecidos. Y muchas otras empresas incluso funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, como el Ingenio La Fronterita en Jujuy, por nombrar alguna.

    Si recordamos a Martínez de Hoz, el plan económico de Milei no tiene nada de novedoso. El ex Ministro de Economía del gobierno de facto fue elegido a dedo por la embajada norteamericana. Un modelo neoliberal, basado en la privatización, el extractivismo y el ajuste feroz sobre la clase trabajadora, que no habría podido aplicarse sin la represión que caracterizó a aquella época.

    El 16 de febrero de 1976 la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias realizó un Lockout patronal que anticiparía el advenimiento de la dictadura, y el mismo 24 de marzo se derogó la Ley de Contrato de Trabajo. Fue reemplazada por una nueva serie de medidas que recuerdan a la Reforma Laboral esclavista, aprobada en el Congreso con votos de todos los colores políticos: la prohibición de la organización sindical y las medidas de acción directa (anulación de las afiliaciones, militarización de los conflictos sindicales), el cierre de las paritarias, la Ley de Prescindibilidad, la suspensión de negociaciones por Convenios Colectivos de trabajo y del derecho a huelga, entre otras.

    Los principales benefactores de la dictadura fueron, sin duda, los grandes grupos económicos. Sacaron préstamos para comprar a toda la competencia, constituyéndose en grandes monopolios. Luego, estatizaron su deuda privada, con la intención de que las paguen las familias trabajadoras, durante varias generaciones. Una de las empresas que se vio beneficiada fue FATE, cuyo dueño era Javier Madanes, padre de Madanes Quintanilla, quien hoy encabeza los titulares por haber dejado a 920 familias en la calle.

    El terror, impartido a través de los secuestros y torturas, de los Centros Clandestinos de Detención, fue el medio para asegurar tanto el aplastamiento de la organización de la clase trabajadora, como la aplicación efectiva del plan económico. Los empresarios eran los patrones de Videla.

    El aparato represivo se apropió de los hijos e hijas de los desaparecidos, cuya identificación todavía reclamamos, pero también de sus bienes y los de sus familias. Los tíos de mi abuela destacaban que los efectivos que irrumpieron en su casa “les robaron todo”. ¿Quién se quedó con lo robado a las familias de los desaparecidos? No habrá reparación sin que nos devuelvan todo lo que nos quitaron.

    La detención y exterminio sistemáticos que tuvieron lugar durante esos años, estuvieron dirigidos a terminar con años de organización de la clase trabajadora argentina. La absoluta mayoría de los detenidos desaparecidos de la última dictadura fueron trabajadores y estudiantes. El Plan Cóndor, impuesto en toda América Latina, fue un genocidio de clase.

    La memoria como punta de lanza

    Investigo la historia de Víctor y Rodolfo como herramienta para pensar el presente y el futuro. La dictadura, pero también los gobiernos que la precedieron, pretendieron aplastar el proceso insurreccional que tomaba lugar en nuestro país. Hoy, con un gobierno negacionista y que busca aplicar el mismo plan económico neoliberal que Martínez de Hoz, bajo los intereses imperialistas de Estados Unidos, la potencialidad de la organización obrero-estudiantil no puede mantenerse como un simple recuerdo. El gobierno de Milei se muestra cada vez más débil, y tenemos memoria: sabemos que nuestra clase, organizada, supo resistir y enfrentar la dictadura hasta hacerla caer. Esa es la experiencia que tenemos que recuperar.

    Y no olvidar implica denunciar el rol que históricamente han cumplido aquellos que hoy se hacen llamar oposición, mientras votan a favor de las leyes represivas y esclavistas en el Congreso, y evitan a toda costa poner su fuerza sindical y estudiantil al servicio de las luchas, y de enfrentar a Milei. Contra la impunidad de ayer y de hoy, tenemos un compromiso con recordar también las desapariciones y asesinatos en democracia, y exigir la apertura de todos los archivos, que ningún gobierno hasta el momento llevó a cabo.

    Hoy somos muchos los que levantamos estas banderas

    La noticia sobre mis familiares resignifica todo lo que aprendí sobre la dictadura. No solo disfrutamos de la misma música, prohibida durante esos años, o estudiamos la misma carrera. Los primos de mi abuela eran militantes, y por ello fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. Como muchos otros, se organizaban en pos no solo de conseguir un aumento salarial o mejores condiciones laborales, sino de construir una sociedad distinta. Trabajadores y estudiantes, supieron resistir aún arriesgando sus vidas, recurriendo a la clandestinidad y el exilio, o incluso estando detenidos en Centros Clandestinos, inspirados por la solidaridad de clase. Hoy sé que también lo llevo en la sangre.

    Y ese es el legado que nos dejaron los 30.000 detenidos-desaparecidos y los sobrevivientes que hoy cuentan sus historias. Fechas como esta nos invitan a recordar, pero no solo para que no se repita, sino para darle continuidad a la gran tradición de lucha que supieron construir.

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  • Milei da bonos de hasta $ 340.000 a las fuerzas represivas y mantiene congelado el de jubilados en $ 70.000

    3 de abril, por Prioridades “libertarias” — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Ante las quejas de uniformados federales, el Gobierno busca calmarlos con sumas que pueden alcanzar el 50 % de sus ingresos. Son quienes reprimen frente al Congreso, casi matan a Grillo y le quitaron la visión a varios manifestantes. Mientras, siguen hambreando a millones de jubilados. Desde hace dos años está congelado el bono que, encima, sólo reciben quienes cobran la mínima.

    El miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 216/2026 por el cuál el Gobierno de Javier Milei otorgará sumas de dinero adicionales a los ingresos del personal de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, todas fuerzas represivas que conduce el Ministerio de “Seguridad Nacional” a cargo de Alejandra Monteoliva.

    El “gesto” del Poder Ejecutivo hacia sus uniformados intenta responder pragmáticamente al descontento que desde hace semanas vienen manifestando sectores de las cinco fuerzas respecto a sus ingresos mensuales. De hecho este jueves hubo un “abrazo simbólico” al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional ubicada en el barrio porteño de Retiro, con la consigna “todos juntos por un salario digno”.

    El decreto publicado el miércoles otorga a gendarmes, prefectos, policías federales, aeroportuarios y penitenciarios “una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona” de $ 40.000, “a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026”.

    El texto está acompañado de un anexo en el que se agregan bonos que oscilan, en la mayoría de los casos, entre los $ 250.000 y los $ 300.000. Esas sumas también serán fijas, no remunerativas y excepcionales a cobrar en abril. Las variaciones corresponden a las diferentes categorías en el escalafón de cada fuerza. Quedan exceptuados de ese cobro las más altas, como los comisarios, comandantes, prefectos, inspectores y comisionados generales.

    Así, en abril un sargento de la Federal, un cabo primero de Gendarmería o un oficial de Prefectura cobrarán unos $ 340.000 más que en marzo.

    extractos del anexo del decreto 216/2026
    extractos del anexo del decreto 216/2026

    La remuneración de las fuerzas represivas del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, no suelen ser fácilmente cuantificables. Mucho menos si se contemplan los ingresos provenientes de diversas actividades “extras”, tanto legales como ilegales. Pero hablando de lo que cobran “en blanco”, diversas fuentes estiman que hoy los ingresos más bajos en las tropas están entre los $ 700.000 y los $ 900.000 mensuales.

    En ese marco, el aumento que muchos guardianes del gran capital percibirán en sus bolsillos (que Milei podrá renovar e incrementar con nuevos decretos) puede equivaler hasta un 50 % de su ingreso actual. Algo inimaginable en cualquier paritaria de la clase trabajadora (a la que no pertenecen los represores del Estado), en especial dentro de la administración pública.

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    Dos de los que se verán beneficiados en abril con un par de bonos extras son Héctor Guerrero, cabo primero de Gendarmería, y Sebastián Martínez, oficial de la Agrupación Guardacostas de Prefectura. El primero es quien el 12 de marzo de 2025 gatilló la escopeta de gas lacrimógeno cuya granada dejó al borde de la muerte al fotorreportero Pablo Grillo. El mismo día, el segundo le provocó la pérdida de la visión de un ojo al joven hincha de Chacarita Jonathan Navarro tras gatillar su escopeta de balas de goma. Fue en la brutal represión comandada por la entonces ministra Patricia Bullrich frente al Congreso.

    Quienes también cobrarán esos bonos son los miembros del Cuerpo de Policía Motorizada de la Federal que el 1° de febrero de 2024 (violando el propio Protocolo Antipiquetes) arremetieron contra manifestantes que estaban sobre la Plaza Congreso. Entre los muchos heridos de esa cacería está Matías Aufieri, el abogado del CeProDH que perdió la visión de un ojo por un perdigón de bala de goma. A diferencia de los casos Grillo y Navarro, en esta causa los criminales aún no fueron identificados.

    ¿Accederán también a esos bonos los sargentos Néstor Ortiz y Jonatan Franco y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vázquez, todos de la Sección Núcleo del Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería? Son quienes están penalmente imputados por matar al joven cocalero salteño Fernando Gómez, la madrugada del 18 de diciembre de 2023. Hoy siguen protegidos por el Gobierno, que cínicamente sigue acusando de “narco” a la víctima.

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    Todo Acorde al Plan

    Las prioridades de les hermanes Milei tienen un gran contraste con las necesidades urgentes de gran parte de la población. Mientras por decreto buscan calmar a los pistoleros a los que echan mano para reprimir las protestas populares, no hay ni un atisbo de actualización de otros “bonos” que afectan a millones de personas y que siguen congelados desde hace dos años.

    Es el caso de los $ 70.000 que percibe por mes buena parte de las jubiladas y jubilados como complemento a los haberes mínimos. Ese monto se fijó en marzo de 2024 y desde entonces sigue sin actualizarse. De hecho, el 26 de febrero de este año, a través del Decreto 109/2026, Milei y “Toto” Caputo decidieron mantenerlo en ese miserable valor.

    La inflación acumulada entre marzo de 2024 y enero de 2026 (mes anterior al decreto 109) fue del 115 %. En ese período, el bono congelado de las jubilaciones perdió un 54 % de su poder adquisitivo. Si Milei hubiera decidido mantener aunque sea el poder de compra de ese bono, debería haberlo fijado en poco más de $ 150.000. Lo que ni siquiera alcanzaría a la mitad de las indigentes jubilaciones mínimas, hoy ubicadas en $ 369.600.

    Pero ni a Milei ni a su Gabinete les interesa atender la demanda elemental de un ingreso que permita alcanzar siquiera la canasta básica de los jubilados. Según la Defensoría de la Tercera Edad que coordina Eugenio Semino, a marzo de este año esa canasta alcanzó un valor de $ 1.824.682, es decir tres veces superior al haber mínimo y el bono congelado sumados.

    Milei no sólo hambrea a millones de jubiladas y jubilados, sino que también apalea y daña cada miércoles a quienes hacen visible la justa demanda de haberes acordes a sus necesidades básicas. Y para reprimirlos recurre a los mismos policías, gendarmes y prefectos a los que ahora busca contener frente a una inflación que no afloja y vacía todos los bolsillos. Prioridades “libertarias”.

    Foto Archivo de Enfoque Rojo

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  • Marcha en Ituzaingó: justicia para Juan Cruz Leal

    28 de marzo, por Gatillo Fácil — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Familiares, amigos, vecinos y organizaciones colmaron la plaza de la estación de Ituzaingó en el día en que el joven cumpliría 22 años.

    Este viernes 27 de marzo, la plaza de la estación de Ituzaingó se convirtió en escenario de una masiva concentración para exigir justicia por Juan Cruz Leal, el joven de 21 años asesinado el pasado 12 de marzo por el policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez.
    La fecha de la concentración no fue casual: ese día, Juan Cruz habría cumplido 22 años.
    Con carteles y velas blancas, familiares y amigos fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos.

    Su padre Daniel y su madre Cecilia tomaron la palabra en el escenario, recordaron a su hijo y leyeron una carta relatando cómo fueron los hechos y pidieron justicia por Juan Cruz, “perpetua para Lucas Adrián Gómez”, pidieron que esto “nunca más vuelva a pasar”, y exigieron “basta de esta violencia institucional, basta de matar a nuestros hijos, basta de impunidad, nunca más un Juan Cruz.”
    Luego prendieron velas blancas y gritaron: “Juan Cruz, presente. Ahora y siempre”.

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    El hecho se inscribe en una larga serie de casos de violencia policial en aumento. El asesinato de Juan Cruz Leal no puede leerse como un exceso individual, sino como un nuevo episodio de gatillo fácil que expresa el accionar de un aparato represivo sostenido por el aval político y judicial, como ocurrió también con Cristian Pereyra, docente asesinado en La Matanza. Lejos de ser hechos aislados, forman parte de una práctica de impunidad sistemática que sigue cobrándose vidas.

    La movilización en Ituzaingó no solo fue un homenaje a la vida de Juan Cruz, sino también un grito colectivo contra la impunidad. El reclamo de justicia se vuelve urgente y necesario.

    Por Juan Cruz y por todos los pibes, la lucha seguirá de pie y en las calles.

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