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  • Identifican al prefecto que disparó a Jonathan Navarro en la represión ordenada por Bullrich

    29 de julio, por 12 de Marzo — , , , , , , , , , , ,

    Un prefecto fue identificado como el autor del disparo que provocó una lesión irreversible en el rostro de Jonathan Navarro durante la represión del pasado 12 de marzo. La reconstrucción audiovisual de los hechos reveló un accionar coordinado entre Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, bajo las órdenes del comando unificado dirigido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

    Jonathan fue uno de los cientos que se movilizaron el 12 de marzo, junto a sus amigos hinchas de Chacarita, para acompañar a jubiladas y jubilados en defensa de sus derechos. Recibió un disparo en la cara que le hizo perder la visión de su ojo izquierdo. En la misma jornada represiva, Pablo Grillo, fotógrafo, fue apuntado en la cabeza por un proyectil disparado por un agente de Gendarmería, lo que puso en riesgo su vida. Aún hoy continúa en recuperación.

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    La identificación del tirador fue posible gracias al análisis conjunto de material audiovisual captado por fotorreporteros, testigos y cámaras de monitoreo urbano. Las imágenes fueron procesadas y difundidas por el colectivo Mapa de la Policía, y forman parte de la causa judicial que investiga los hechos.

    Jonathan se encontraba sobre la Avenida Rivadavia, cerca de Rodríguez Peña, cuando fue alcanzado por el disparo. En una de las grabaciones de la cámara “Domo Entre Ríos”, ubicada en el Congreso de la Nación, se distingue a un agente de Prefectura de pie detrás de la primera línea represiva, apuntando directamente a la cara de Jonathan. El prefecto fue identificado por varios elementos: el color naranja del rifle BYRNA TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano.

    El rifle táctico disuasivo BYRNA TCR es un arma que lanza proyectiles neumáticos con gas pimienta a velocidades de hasta 300 km/h y está equipada con una mira para disparos de larga distancia. El manual de uso de este armamento prohíbe explícitamente apuntar a zonas sensibles como la cabeza o el rostro. Sin embargo, el registro audiovisual muestra claramente al agente violando esa norma y disparando a más de tres metros de distancia.

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    Aunque el nombre del prefecto aún no trascendió públicamente, la reconstrucción permitió individualizarlo con claridad.

    Jonathan, que vive en San Martín, relató todo lo que atravesó en una entrevista con La Izquierda Diario unos meses atrás. Allí contaba que decidió sumarse a la movilización tras ver cómo su padre tenía que pagar $80.000 por un medicamento esencial, reflejo del brutal ajuste que atraviesa el sistema de salud y previsional. Y que mientras continúa su recuperación, también lucha por denunciar lo que le ocurrió y no baja los brazos:

    “Yo les digo que no tengan miedo, pero que se cuiden. Lo que me pasó a mí, al fotógrafo Pablo Grillo y seguramente a otros más, no tiene que pasar. Lo que ellos quieren es que todos tengamos miedo para que no salgamos a reclamar. Pero es un derecho salir a protestar. Está mal, muy mal, lo que hacen de aterrorizar para que no salgamos.”

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    El caso de Jonathan no fue un hecho aislado. Tres minutos antes, el cabo Héctor Guerrero, de Gendarmería Nacional, disparó a la cabeza de Pablo Grillo, también incumpliendo los protocolos de uso de armas. Y no es el único antecedente reciente: el 20 de febrero de 2024, Matías Aufieri, abogado del CeProDH , también perdió la visión de un ojo como Jonathan, tras ser alcanzado por un proyectil durante la represión a la marcha contra la Ley Bases.

    La evidencia es clara: fuerzas distintas, víctimas distintas, pero la misma metodología represiva, apuntando a la cabeza de manera sistemática. Lejos de tratarse de excesos individuales, se trata de una política desde lo más alto del mando político.

    Te puede interesar: Bullrich y la represión en Congreso: del armado de causas truchas a su responsabilidad criminal

    Ese día, el operativo de Prefectura estaba bajo el mando del Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe del grupo Albatros, quien reportaba al comando unificado liderado por Patricia Bullrich. El propio jefe operativo confirmó que la ministra dio las órdenes. La represión fue planificada, ejecutada y avalada políticamente desde lo más alto del gobierno.

    El caso de Jonathan Navarro, como el de Pablo Grillo, Matías Aufieri y otros tantos, expone con crudeza el uso sistemático de la violencia estatal contra quienes se movilizan. Mientras el gobierno de Milei y Bullrich avanza con su ajuste, los trabajadores, jubilados y jóvenes siguen saliendo a las calles para resistir la motosierra y defender sus derechos, a pesar del intento del Estado de imponer el miedo como método de control, cada vez son más los que salen a pelear por sus empleos, salarios, jubilaciones como vemos en el Garrahan, docentes, Secco y cientos más.

    **Todas las imágenes son capturas del video difundido por la red Mapa de la Policía

    Fotos del prefecto que disparó contra Jonathan Navarro (Registro Colectivo A.H.O.R.A)

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  • Identifican al prefecto que disparó a Jonathan Navarro bajo las órdenes de Bullrich

    29 de julio, por Represión frente al Congreso — , , , , , , , , , , , , ,

    Un oficial de Prefectura fue identificado como el autor del disparo que provocó una lesión irreversible en el rostro de Jonathan Navarro durante la represión del 12 de marzo, donde Gendarmería también hirió a Pablo Grillo. La reconstrucción audiovisual realizada por el Mapa de la Policía reveló un accionar coordinado de las fuerzasa federales bajo las órdenes del Comando Unificado dirigido por Patricia Bullrich.

    Jonathan fue uno de los cientos que se movilizaron el 12 de marzo, junto a sus amigos hinchas de Chacarita, para acompañar a jubiladas y jubilados en defensa de sus derechos. Recibió un disparo en la cara que le hizo perder la visión de su ojo izquierdo. En la misma jornada represiva, Pablo Grillo, fotógrafo, fue apuntado en la cabeza por un proyectil disparado por un agente de Gendarmería, lo que puso en riesgo su vida. Aún hoy continúa en recuperación.

    Te puede interesar: Nuevas imágenes muestran cómo un gendarme disparó directo a la cabeza de Pablo Grillo

    La identificación del tirador fue posible gracias al análisis conjunto de material audiovisual captado por fotorreporteros, testigos y cámaras de monitoreo urbano. Las imágenes fueron procesadas y difundidas por el colectivo Mapa de la Policía, y forman parte de la causa judicial que investiga los hechos.

    Jonathan se encontraba sobre la Avenida Rivadavia, cerca de Rodríguez Peña, cuando fue alcanzado por el disparo. En una de las grabaciones de la cámara “Domo Entre Ríos”, ubicada en el Congreso de la Nación, se distingue a un agente de Prefectura de pie detrás de la primera línea represiva, apuntando directamente a la cara de Jonathan. El prefecto fue identificado por varios elementos: el color naranja del rifle BYRNA TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano.

    El rifle táctico disuasivo BYRNA TCR es un arma que lanza proyectiles neumáticos con gas pimienta a velocidades de hasta 300 km/h y está equipada con una mira para disparos de larga distancia. El manual de uso de este armamento prohíbe explícitamente apuntar a zonas sensibles como la cabeza o el rostro. Sin embargo, el registro audiovisual muestra claramente al agente violando esa norma y disparando a más de tres metros de distancia.

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    Aunque el nombre del prefecto aún no trascendió públicamente, la reconstrucción permitió individualizarlo con claridad.

    Jonathan, que vive en San Martín, relató todo lo que atravesó en una entrevista con La Izquierda Diario unos meses atrás. Allí contaba que decidió sumarse a la movilización tras ver cómo su padre tenía que pagar $80.000 por un medicamento esencial, reflejo del brutal ajuste que atraviesa el sistema de salud y previsional. Y que mientras continúa su recuperación, también lucha por denunciar lo que le ocurrió y no baja los brazos:

    “Yo les digo que no tengan miedo, pero que se cuiden. Lo que me pasó a mí, al fotógrafo Pablo Grillo y seguramente a otros más, no tiene que pasar. Lo que ellos quieren es que todos tengamos miedo para que no salgamos a reclamar. Pero es un derecho salir a protestar. Está mal, muy mal, lo que hacen de aterrorizar para que no salgamos.”

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    El caso de Jonathan no fue un hecho aislado. Tres minutos antes, el cabo Héctor Guerrero, de Gendarmería Nacional, disparó a la cabeza de Pablo Grillo, también incumpliendo los protocolos de uso de armas. Y no es el único antecedente reciente: el 20 de febrero de 2024, Matías Aufieri, abogado del CeProDH , también perdió la visión de un ojo como Jonathan, tras ser alcanzado por un proyectil durante la represión a la marcha contra la Ley Bases.

    La evidencia es clara: fuerzas distintas, víctimas distintas, pero la misma metodología represiva, apuntando a la cabeza de manera sistemática. Lejos de tratarse de excesos individuales, se trata de una política desde lo más alto del mando político.

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    Ese día, el operativo de Prefectura estaba bajo el mando del Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe del grupo Albatros, quien reportaba al comando unificado liderado por Patricia Bullrich. El propio jefe operativo confirmó que la ministra dio las órdenes. La represión fue planificada, ejecutada y avalada políticamente desde lo más alto del gobierno.

    El caso de Jonathan Navarro, como el de Pablo Grillo, Matías Aufieri y otros tantos, expone con crudeza el uso sistemático de la violencia estatal contra quienes se movilizan. Mientras el gobierno de Milei y Bullrich avanza con su ajuste, los trabajadores, jubilados y jóvenes siguen saliendo a las calles para resistir la motosierra y defender sus derechos, a pesar del intento del Estado de imponer el miedo como método de control, cada vez son más los que salen a pelear por sus empleos, salarios, jubilaciones como vemos en el Garrahan, docentes, Secco y cientos más.

    **Todas las imágenes son capturas del video difundido por la red Mapa de la Policía

    Fotos del prefecto que disparó contra Jonathan Navarro (Registro Colectivo A.H.O.R.A)

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  • Muerte en la comisaría: los gritos de Gonzalo Tamame y los silencios del gobierno de Kicillof

    28 de julio, por Olavarría — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Debía ser una detención por violencia de género. Terminó en muerte en el calabozo disfrazada de “suicidio”. La autopsia confirmó lesiones y estrangulamiento. Circulan los videos donde grita “no puedo respirar”. Vecinos denuncian amenazas para que se borren esos registros. El Gobernador y su ministro Alonso bancan a los sospechosos mientras polarizan con Bondarenko y Bullrich. La maldita Bonaerense, viva y coleando.

    En el inicio de la campaña hacia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, tanto la oposición provincial de La Libertad Avanza como el gobierno peronista de Axel Kicillof tendrán a la llamada “inseguridad” como eje temático, buscando captar los sentidos comunes reaccionarios de parte del electorado.

    Ya se vio en estos días. Primero, con la entronización del excomisario de la Policía Bonaerense Maximiliano Bondarenko (apadrinado por Patricia Bullrich) como primer candidato a diputado liberfacho de la Tercera Sección electoral. Luego, con la “respuesta” de la Gobernación pasando a disponibilidad (una sanción menor) a 24 jerarcas de la fuerza que estarían ayudando a Bondarenko en su proyecto político.

    Curiosamente (o no tanto), de lo que ninguno de ellos habla es de los crímenes de La Bonaerense (una de las fuerzas más prontuariadas del país) contra la población, que van desde el manejo de negocios en sociedad con narcos y piratas hasta la ejecución de jóvenes pobres en los barrios vía el gatillo fácil, la tortura y hasta la desaparición forzada. Parece que ahí, en lo profundo del accionar policial, no hay grietas ni polarizaciones.

    El caso más reciente es el de Gonzalo Tamame, un joven de 29 años que la semana pasada murió en un calabozo de la Comisaría Primera de Olavarría tras haber sido detenido en la calle. Un caso que, al menos de momento, no mereció ni una comunicación oficial ni declaraciones del ministro de Seguridad Javier Alonso (menos aún de su jefe gobernador), pese a que que circulan videos de escenas de tortura contra el detenido, a una autopsia que compromete el accionar policial y a que hubo una movilización por justicia que derivó en represión por parte de la misma Bonaerense y detenciones, entre ellas la del candidato a concejal del Frente de Izquierda Agustín Mestralet.

    “¡No puedo respirar!”

    A diferencia de otros casos relatados por La Izquierda Diario en los últimos años, los momentos previos a la muerte de Tamame fueron registrados por teléfonos de ocasionales testigos. Videos que fueron difundidos por el medio local Verte y cuestionan de plano la versión que intentó instalar la Policía, según la cual el joven “se suicidó con un buzo” dentro de la celda de la Comisaría Primera.

    El primero de esos videos fue tomado en el momento de la detención, en plena calle. Fue pasada la 1:30 de la madrugada del miércoles 23, en Cerrito y Grimaldi. Allí se ve a no menos de cinco efectivos reduciendo a golpes a Tamame, quien grita con desesperación. A su vez se escucha una orden: “¡Dejá de grabar!”

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    El otro video es de las 2 de la madrugada, momento en que Tamame es ingresado a la comisaría (la Policía dijo que entró 2:30). Allí se escucha con claridad: “¡No puedo respirar!”. Quien grabó el video dijo a Verte que lo bajaron a la fuerza, con insultos y golpes, y que para que nadie viera nada lo entraron en un móvil a un patio interno de la seccional. “El chico gritaba de dolor, les decía que paren de golpearlo, porque no podía respirar”, agregó el testigo.

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    El silencio de las autoridades políticas que tienen a su cargo el manejo de la Policía Bonaerense contrasta con lo que viene denunciando la familia de Tamame y parte de la comunidad olavarriense. Marcela, la madre, dijo a los medios locales que “en la calle Cerrito andaba una camioneta blanca con tres hombres y una mujer parando a todos los chicos preguntándoles si tenían los videos. Ningún chico quiere salir a la calle porque tienen miedo”.

    La escena de policías de civil, en vehículos no oficiales, intimidando a adolescentes y hasta “visitando” domicilios en busca de quienes los escracharon, no son extrañas ni originales. Pasan todos los días en la provincia de Buenos Aires. Por eso la familia de Tamame agradeció públicamente el coraje de quienes les enviaron esas imágenes demoledoras del relato policial.

    Modus operandi

    La Investigación Penal Preparatoria (IPP) por la muerte de Tamame lleva el número 01-02-3719-25, se tramita en el Juzgado de Garantías 1 de Olavarría, donde actúa como juez subrogante Carlos Villamarín, y está caratulada como “averiguación de causales de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”.

    Las pesquisas recayeron en la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N° 4, a cargo de Paula Serrano, aunque por feria judicial las primeras diligencias las tomó la UFI N°5 (de turno) a cargo de la fiscal Mariela Viceconte. Al menos tres policías, de apellidos Astrada, Bortolotti y Campos, están imputados (no procesados), ya que serían parte del grupo que esa noche estuvo de guardia en la Primera.

    Durante el fin de semana la Fiscalía General del Departamento Judicial Azul dio un informe preliminar del caso, que incluye el resultado de la autopsia realizada al cadáver de Gonzalo Tamame. El examen traumatológico externo mostró “múltiples lesiones” en el cuerpo, que “no tienen por sí mismas la jerarquía necesaria y suficiente” para ocasionarle la muerte. Es decir, que fue torturado. Y murió por “la compresión cervical externa con un elemento a modo de lazo de adelante hacia atrás y hacia arriba que comprimió las estructuras del cuello generando un cuadro de asfixia traumática”. Es decir, un estrangulamiento posterior a las torturas.

    La autopsia estuvo a cargo de la doctora Carolina Pérez Mernes, del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, con sede en Junín, dependiente de la Procuración General de la Provincia. Según el informe oficial, se hizo con “estricta aplicación del Protocolo de Minnesota”, el instrumento jurídico-científico sugerido por la ONU en casos de muertes violentas bajo custodia del Estado. El informe final de la autopsia se conocería recién la primera semana de agosto.

    La Fiscalía General de Azul agregó que Tamame fue detenido en plena calle tras un llamado al 911 de su expareja. En esa comunicación, registrada a la 1:39 del miércoles 23, la mujer acusaba al hombre de haberla abordado en Cerrito y Grimaldi, golpearla, dañar su moto y sacarle su teléfono.

    Siempre según la versión oficial, Tamame nunca se escapó ni resistió. Lo detuvieron en esa esquina, en la vereda de enfrente a donde estaba ella, con el celular en su poder. Se dio aviso a la UFI 5, donde la fiscal Viceconte (la misma que horas después inició las actuaciones por la muerte de Tamame) abrió un expediente por “lesiones, daño y robo”.

    El informe detalla que médicos del Hospital Municipal, convocados por los policías, certificaron a las 4:30 el fallecimiento de Tamame “en el interior de uno de los calabozos". Y que recién quince minutos después los uniformados avisaron a la Fiscalía 4, que “dispuso la preservación del lugar y convocó a personal de Policía Federal DUOF Olavarría a fin de labrar las correspondientes actuaciones penales”.

    Entre la detención y la firma del certificado de defunción pasaron casi tres horas. Qué pasó en ese tiempo, pocos lo saben. Pero hubo un lapso suficiente como para que quienes tenían control de la escena hicieran y deshicieran muchas cosas. De allí que las “medidas de urgencia” ordenadas por la Fiscalía, como el “relevamiento de rastros”, la “recepción de testimonios” o el recogimiento de libros de guardia, celulares y cámaras de seguridad pueden arrojar más dudas que certezas.

    Así lo expresó Marcela, la madre del joven, durante la movilización del jueves en el centro de Olavarría. “Lo único que sé es que a mi hijo lo mataron como a un perro. Pedía auxilio, ‘por favor, me están matando, me están ahorcando'. Pedía en la calle ‘por favor, no me dejen solo porque me están matando'. Lo llevaron desnudo, con una remera y en calzoncillos, a la rastra entre ocho o nueve”.

    María, una de las hermanas de Gonzalo, agregó: “Dijeron que se ahorcó con un pullover, pero lo llevaron en calzoncillos y remera. ¿Cómo se va a ahorcar con un pullover?”. Para la familia, “no hay posibilidad de que se ahorque dentro un calabozo”. Mucho menos cuando, aseguran, Gonzalo quería vivir. “Yo pedí las cámaras (de seguridad), pero dicen que no andaban”, denuncia Marcela.

    Nadie se suicida en una comisaría

    En el informe difundido por la Fiscalía General de Azul se suma un “antecedente” que pareciera intentar dar fundamentos a la teoría policial del “suicidio”. Allí se dice que en enero Tamame fue detenido en Azul por “portación ilegal de arma de fuego”, “amenazas” y “resistencia a la autoridad”. Y que una vez detenido “se intentó quitar la vida asfixiándose” con una prenda colgada “de una puerta del calabozo”. La causa por presunto “suicidio en grado de tentativa” sigue abierta en UFI 13 de esa otra localidad cercana a Olavarría.

    Según la Comisión Provincial por la Memoria, cada vez más la Policía Bonaerense apela al relato del “suicidio” para explicar las sucesivas muertes de personas que están bajo su custodia directa. “Desde 2012, año en que la CPM comenzó un registro riguroso de muertes en dependencias policiales bonaerenses, hasta 2023 se registraron 89 muertes por ahorcamiento”, dice el organismo que tiene reconocimiento legal como Mecanismo de Prevención de la Tortura de la provincia.

    Obviamente, ese relato no es exclusivo de la fuerza que conducen Kicillof y Alonso. Desde hace décadas, todas las fuerzas provinciales y federales tienen esa primera versión de los hechos como parte de su ya clásico manual de procedimiento. O, para decirlo más precisamente, de su modus operandi . De allí que la CPM se presentó rápidamente como particular damnificado en la causa por la muerte de Tamame, “para promover una investigación judicial objetiva que aparte a las fuerzas policiales del proceso, y que se enfoque en investigar hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”.

    De la dictadura hasta hoy. Comisaría Primera de Olavarría, donde siempre se violaron los derchos humanos | Foto Verte

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  • La lucha de los trabajadores de Secco contra empresas impunes y el rol del Ministerio de Trabajo de PBA

    28 de julio, por Ningún escudo contra los despidos — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Como abogado de los trabajadores despedidos de Secco quiero compartirles unas reflexiones: sobre los despidos ilegales, empresas impunes y el rol de los funcionarios del Ministerio de “Trabajo” que encabeza Walter Correa y el Gobierno de Axel Kicillof.

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    El ministro de trabajo provincial, en una reciente entrevista, habló de que ponen “el Estado Provincial del lado de quienes laburan y no de los poderosos”, retomó las palabras del gobernador que indicó que la provincia tiene que actuar como “red y escudo” frente a los ataques de Milei, agregó “que hacen todo los posible por mantener los puestos de trabajo y generar nuevos”.

    Pero, ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con los despidos en un contexto en que sube la desocupación?

    Industrias Juan F. Secco despidió el año pasado a 7 trabajadores eléctricos que operaban en una planta de la empresa que funcionaba en el Ceamse de Ensenada. Los despidió porque se organizan por sus derechos laborales y el de los usuarios por un servicio de calidad. Ese fue el primer antecedente.

    Este año volvió al ataque con despidos a 30 trabajadores más, todos del área de emergencias, quienes reestablecían el servicio en situaciones de apagones masivos (como el de anoche donde casi 500 mil usuarios se quedaron sin luz). Despidieron entre ellos a un delegado, un vocal de la FeTERA, ex delegados y candidatos a delegados e históricos activistas sindicales. Estos hechos, fácilmente demostrables, dan cuenta de que son despidos ilegales y discriminatorios de una empresa sin crisis, que quiere avanzar en la flexibilización laboral y aplicar la “reforma laboral”, que ya Milei y centrales sindicales como la CGT negocian como se vió en el llamado Consejo de Mayo.

    Pero mientras su propia legislación sostiene eso, hasta ahora los funcionarios del Ministerio, en las ¡7 audiencias que se celebraron en el Ministerio de San Martín! sólo amenazaron con cerrar la instancia de las audiencias en Ministerio de Trabajo, y no tomaron ni la más elemental medida a favor de los trabajadores y contra una empresa que actúa con impunidad. Recordemos de paso que Jorge Balán, el dueño de la misma, está imputado en la Causa Cuadernos y va a juicio oral en noviembre acusado de cohecho por pagar coimas a cambio de licitaciones y beneficios en los contratos de la empresa con el Estado.

    El Ministerio de Trabajo podría haber declarado el carácter ilegal y discriminatorio de los despidos e incluso aplicarles multas, reincorporar a los delegados despedidos, y si como en este caso, hay reincidencia de parte de la empresa:

    ATENCIÓN: “Clausurar el establecimiento; Inhabilitar a Secco por un año para acceder a licitaciones públicas; Suspenderlo de los registros de proveedores”. Dos meses y siete audiencias pasaron y nada de esto ocurrió.

    Aparte Secco no es cualquier empresa, sino que tiene múltiples contratos con el estado (nacional, provincial, municipales), incluso una de sus plantas funciona en el predio del CEAMSE, institución pública de la que forma parte la provincia de Bs. As. y está ubicada en el predio de Jose León Suarez, en el municipio de San Martín. Osea, Secco y el Gobierno provincial tienen negocios “comunes”.

    En resumen, Kicillof y Correa tienen muchas herramientas para intervenir y revertir los despidos ilegales de una empresa que despide impunemente, pero al momento, lejos de funcionar como un “escudo” para los trabajadores no ha tomado la más elemental medida “contra los poderosos”. Incluso como si todo esto fuese poco, los amedrenta con denuncias penales, como las que le realizó el CEAMSE a los trabajadores, que están en lucha contra los despidos.

    Los hechos están claros y quién está de qué lado. El expediente está ahora en la sede regional del Ministerio de San Martin y los trabajadores siguen exigiendo una respuesta favorable. ¿Sino para qué sirve el Ministerio de Trabajo?

    Como abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (que preside Myriam Bregman), seguiremos acompañando a los trabajadores de Secco, como a los de Georgalos, para pararle la mano a estos grandes empresarios. Como tendrían que hacer también los sindicatos y sus abogados, si no quieren ser meras escribanías de los gobiernos de turno, más preocupados por la campaña electoral del Gobernador en septiembre, que en ponerse a disposición de los despedidos y sus familias que están injustamente en la calle.

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  • Elecciones municipales del 27 de julio bajo la sombra del fraude, la represión y la apatía

    26 de julio, por Venezuela: Pronunciamiento de la LTS — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Este domingo 27 de julio se realizarán las elecciones municipales y de concejales en todo el país. Se llevan a cabo luego de los comicios para la Asamblea Nacional y de gobernaciones del 25 de mayo y de las presidenciales del 28J del año pasado, ambas marcadas por el fraude. Un proceso electoral que es casi simulacro, dado lo totalmente intervenido por el gobierno quien ha puesto y quitado candidatos a placer, que incluso hasta pasan casi desapercibidas para las grandes mayorías, donde dará la tónica el ausentismo.

    No hay nada nuevo en las elecciones municipales del domingo. Tal como las realizadas hace dos meses a diputados y gobernadores, se trata de unas elecciones convocadas bajo la sombra del fraude y la represión. Aún no se sabe incluso los votos segregados que sacó cada diputado, pero ya fueron proclamados electos. Por eso no es casualidad el gran desinterés reinante de dichos comicios que estarán marcadas también por una gran abstención, peor aún que las realizadas a finales de mayo.

    En las últimas semanas vimos cómo candidatos a alcaldes eran impedidos de inscribirse o, peor aún, estando ya inscritos, se los sacaba de la carrera, sin ningún tipo de explicación por parte del CNE. Ni siquiera ya se molestan por argumentar algún supuesto asunto de inhabilitación por corrupción o alguna otra argucia legal, solo se los saca de carrera y ya, sin explicación alguna. De allí que es cierta la expresión de que es una elección donde el que está participando es "porque tiene el permiso del gobierno".

    Por eso, en esta elecciones municipales, no solo se mantienen las restricciones que ya existían para las presidenciales del 28 de julio del año pasado, sino que se sigue negando la participación a todo aquel que no tenga el beneplácito del gobierno o que no haya reconocido el “resultado” proclamado de las pasadas elecciones presidenciales; además de la proscripción de todo lo que es organización política a izquierda del gobierno de Maduro.

    El fraude reina en el ambiente, tal como fue la reelección de Maduro sin demostrar ningún resultado, una decisión que se impuso a fuerza de una escalada represiva brutal, con más de veinte muertos y más de dos mil encarcelados, sobre todo en los sectores populares que el 29 y 30 de julio salieron a rechazar el anuncio fraudulento.

    Por eso es que se va también a unas elecciones municipales con gran despliegue de los cuerpos policiales y militares en las calles y con una represión en curso donde cada vez más se refuerza el carácter autoritario bajo la imposición de un gobierno de facto. En las últimas semanas hemos sido testigos de una nueva oleada de detenciones, entre las que se incluyen dirigentes gremiales como Yanny González, presidenta del colegio de enfermeras de Barinas, o sindicales, como Fidel Brito, presidente de Fetrabolívar y Fernando Serrano, dirigente sindical de Venalum, o el dirigente estudiantil de la UCV, Simón Bolívar.

    Mientras producto de los pactos con Trump, con el canje de los migrantes venezolanos presos en las cárceles de Bukele, Maduro libera a casi 80 presos políticos en Venezuela, acto seguido activa y acelera la puerta giratoria con las más de 20 detenciones que se han llevado en los últimos días. Todas estas son condiciones que hacen de esta una elección totalmente antidemocrática que llegan casi al simulacro, no solo por las condiciones que impone totalmente a gusto y placer del Gobierno, donde de antemano tiene asegurado el resultado a favor, sino porque también, cualquiera que intente levantarse contra un fraude será aplastado con la más dura represión.

    El autoritarismo y el esquema represivo del gobierno de Maduro está en el marco de los duros ataques que lleva años imponiendo sobre los trabajadores y el pueblo pobre, garantizándole a los patronos condiciones de super explotación de la fuerza de trabajo y una cada vez más brutal desigualdad social, manteniendo a grandes sectores de la población en la pobreza, mientras campean los negocios y vida de lujos de una minoría.

    Brutales medidas económicas capitalistas siguen su curso, una moneda que se devalúa diariamente, donde el salario mínimo ha caído casi al nivel de un dólar mensual, mientras los viejos y nuevos ricos, los grandes empresarios y transnacionales son beneficiados aumentando extraordinariamente sus ganancias. Esto como parte de un plan de ajuste que ha estado en curso sin cesar, en concordancia plena con el capital privado. Continuar con todo este plan, solo se puede hacer con mano dura y con los mecanismos más perversamente antidemocráticos, como los fraudes, para mantenerse en el poder.

    Sin embargo, el gobierno no está solo en atacar las condiciones de vida del pueblo, pues las sanciones imperialistas a las que está sometido el país, y que han profundizado las penurias del pueblo, tienen, como sabemos, el aval y apoyo total del derechaje que representan María Corina Machado, Leopoldo López, etc. Por eso, aunque Maduro es el que está en el gobierno, ese otro sector también es responsable de la tragedia social que vivimos como clase trabajadora.

    El régimen de sanciones económicas -impuestas por los adversarios imperialistas del gobierno, que no por ser sus adversarios son amigos del pueblo venezolano ni mucho menos– no solo afecta duramente las condiciones de vida de la población venezolana, sino que se convierte también en un mecanismo de interferencia en la disputa política nacional, y esa disputa incluye las elecciones, por supuesto. No puede dejar de mencionarse eso como parte de los factores que violentan los derechos democráticos del pueblo venezolano, en este caso, no por obra de la casta gobernante de turno, sino de la principal potencia imperialista actual.

    Por esa razón, y por todo lo que representa, nos diferenciamos también claramente, y rechazamos, las posiciones del sector de la oposición trumpista, María Corina Machado y Edmundo, que llaman a la abstención en estas elecciones, pero que no solo son parte de ese mecanismo de condicionamiento imperialista que funciona en el país desde hace ya bastantes años, aupando y avalando el reforzamiento de sanciones a la economía del país, sino que además se arrastran plenamente a la ofensiva racista y antinmigrantes de Trump, a la criminalización de las familias trabajadoras venezolanas que han migrado a Estados Unidos.

    Para estas elecciones municipales del 27 de julio se prevé un gran ausentismo, incluso más grande que la de las pasadas a diputados y gobernadores. Se volverá a repetir la altísima abstención, y más aún, que recuerdan a los ausentismos de la época de los últimos años del puntofijismo, con gran descrédito y ninguna confianza en todo el esquema electoral. Obviamente, desde el CNE ya se da por descontado que anunciará, sea cual fuere la situación, alta participación. Además de que Maduro para imponer sus candidatos, utilizará todo el aparato del gobierno, desde el uso descarado de los recursos del Estado, y todos los medios, oficiales como afines, sumándole más saña a lo antidemocrático.

    Un sector de partidos de oposición, además del llamado colaboracionista, ha decidido participar en estas municipales; son aquellos que se aglutinaron en las presidenciales en la Plataforma de Unidad Democrática pero ahora no acatan las directivas emanadas de María Corina Machado de su abstención. Pero la derechista María Corina tiene esta posición desde la acera enemiga del pueblo trabajador, desde la acera también antidemocrática que busca, como aliada del imperialismo y clamando por mayor intervencionismo, que se imponga un gobierno por vía de la fuerza de la injerencia, que sea a su favor, disciplinado a Estados Unidos y en sintonía con los Bukele y Milei del continente.

    Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsa La Izquierda Diario, consideramos, ante la situación que impera, sostener el llamado a la abstención en las presentes elecciones municipales y concejales, levantando las banderas del pueblo trabajador, por los plenos derechos democráticos, contra la represión, por la libertad de todos los presos por protestar y por razones políticas, y lo hacemos también desde el antiimperialismo. Esto, tal como lo hicimos con otros agrupamientos políticos de izquierda durante las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, levantando las banderas de la independencia de clase.

    Desde la LTS continuamos considerando la necesidad de la unidad de la izquierda anticapitalista, de los sectores que luchan de los trabajadores y los sectores populares para ir construyendo una fuerza política que se plante desde una perspectiva independiente. Una tarea que en la situación adversa que atravesamos como clase, podrá ser a contracorriente, pero es la única vía para poder reorganizar las fuerzas, luchando en una perspectiva anticapitalista y antiimperialista. Es por eso que venimos impulsando la unidad de acción ante los ataques que sufrimos como clase, tanto del gobierno como de los sectores patronales, por nuestros salarios, por nuestros derechos laborales, por la libertad de los trabajadores presos por protestar, por razones políticas o por el simple hecho de hacer una denuncia, por nuestras plenas libertades democráticas.

    Levantando una política propia ante la cuestión democrática y ante los problemas sociales y nacionales, que exprese independencia política de la clase trabajadora y del pueblo pobre, que plantee un programa desde los intereses de las y los trabajadores, un programa obrero y popular. Evitar que nuestra clase solo tenga como alternativas políticas aquellas que expresan los intereses de clase de quienes nos pisotean, de los grandes capitales de cualquier origen geográfico y de los ricos de este país, sean los nuevos o los de vieja data. Lo hacemos desde la perspectiva de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.

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