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Crímenes de la CNU: la precuela de la dictadura y el derrotero peronista
26 de abril, por Sumario sin secreto — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Axel Kicillof , Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Peronismo, Juan Domingo Perón, Columnistas Vertical , Isabel Perón, Triple A, Concentración Nacional Universitaria (CNU), Juan José "Pipi" Pomares, Carlos "El Indio" Castillo, Derecha peronista, José Ignacio Rucci, Julio Alak, Sumario sin secreto, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Axel Kicillof , Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Peronismo, Juan Domingo Perón, Columnistas Vertical , Isabel Perón, Triple A, Concentración Nacional Universitaria (CNU), Juan José "Pipi" Pomares, Carlos "El Indio" Castillo, Derecha peronista, José Ignacio Rucci, Julio Alak, Sumario sin secreto
En La Plata se juzga a tres asesinos de la banda parapolicial que secuestró y asesinó a decenas de personas entre 1971 y 1976. Primero al amparo de Rucci y la UOM; después con la Triple A; finalmente con el Ejército, a las órdenes del padre del actual ministro de Defensa de Milei. Daniel Cecchini, testigo en el juicio, echa luz sobre esa historia que hoy muchos guardan en el placard.
La calurosa mañana del lunes 23 de febrero arrancó en La Plata un nuevo juicio oral y público contra exmiembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) acusados de una serie de crímenes de lesa humanidad cometidos a mediados de la década de 1970. Los imputados son Carlos Castillo (73), alias El Indio, Juan José Pomares (71), alias Pipi, y Antonio Jesús (74), alias Tony. El único con condena previa es El Indio, que junto a Pipi (con prisión preventiva) comparte pabellón en el penal federal 34 de Campo de Mayo. Tony goza de arresto domiciliario.
Están acusados de haber secuestrado y torturado a trece personas, algunas muy jóvenes, y de haber asesinado a nueve de ellas. Son Graciela Martini, Néstor Dinotto, Alcides Méndez Paz, Leonardo Miceli, Ricardo Rave, Daniel Rayson Midon, Jorge Ruda, Carlos Sathicq y Horacio Urrera (todos asesinados); más los sobrevivientes Adelaida Barón, Hugo Pastorino, Walter Martini y Elia Zanata.
La cantidad de víctimas y de victimarios habla por sí sola de que no se trata de un juicio más. Pero, teniendo en cuenta otros factores, su trascendencia es aún mayor. Por un lado, porque los crímenes de las bandas de la ultraderecha peronista (amparadas desde el Estado) antes del 24 de marzo de 1976 están entre los menos investigados judicialmente en estas cinco décadas. Por otro, porque en este juicio (como en los anteriores) sale a la luz la complicidad del Partido Justicialista y la dirigencia de la CGT con esos criminales antes, durante y después del golpe de Estado.
El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, conformado por los jueces Jorge Gorini, Fernando Minguillón y María López Iñíguez. El Ministerio Público Fiscal interviene a través del fiscal general Gonzalo Miranda y les auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira.
Las querellas están representadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el doctor Pablo Llonto en representación de las familias Rave y Urrera. También es querellante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Gobernación de Axel Kicillof.
Juan José Pomares, Carlos Castillo y Antonio Jesús | Fotos Gabriela Hernández y captura de video Todas las columnas de Sumario sin secreto podés verlas acá
El derecho de las bestias
La CNU fue una de las bandas parapoliciales nacidas de las entrañas de la derecha peronista que actuaron como fuerzas de choque y patotas criminales contra los sectores combativos y antiburocráticos de la clase trabajadora y las organizaciones populares que venían protagonizando desde 1969 una heróica insurgencia de clase.
La relación de los fundadores de la CNU con Juan Domingo Perón y José Ignacio Rucci, entre otros referentes de ese espacio político, quedó documentada en varias investigaciones. También el vínculo mantenido en las décadas siguientes entre algunos de los asesinos y los herederos políticos de Perón en territorio bonaerense. Parte de esa historia se ventiló en 2015 en Mar del Plata, en 2017 en La Plata y en 2021 en Bahía Blanca, durante los primeros juicios realizados a exmiembros de la banda.
En mayo de 2019 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena recibida dos años antes por el Indio Castillo. En el fallo se puede leer: “Ha sido debidamente probado en autos que la agrupación Concentración Nacional Universitaria funcionaba con la aquiescencia absoluta del Estado y que formaba parte integral del plan de represión que era dirigido desde las más altas esferas del gobierno argentino de aquellos tiempos”.
Ya pasaron seis audiencias en el segundo juicio realizado en La Plata. La Izquierda Diario viene dando cuenta de ellas. Quien quiera verlas completas puede encontrar en Youtube las transmisiones conjuntas de Pulso Noticias y La Retaguardia. Para tener detalles de quiénes eran, cómo actuaban y qué hacían con sus víctimas esos criminales, resulta imprescindible el libro La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe, publicado en 2013 por los periodistas platenses Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal.
Precisamente el martes pasado, en la sexta audiencia, Cecchini fue citado a declarar como testigo. Durante más de dos horas las querellas, las defensas y la Fiscalía le hicieron muchas preguntas. El periodista de 70 años respondió con datos precisos, nombres, lugares, fechas. Incluso aportó nueva información respecto a su declaración en el juicio de 2017. Podés escucharlo completo al final de esta nota.
Casi todo lo contado por Cecchini está en el libro que escribió con Elizalde Leal. Su testimonio oral agregó precisiones sobre algunos de los casos tratados. Y también sobre cómo fue el proceso de reconstrucción de los casos, con qué tipo de fuentes trabajaron y cómo llegaron a obtener testimonios de exmiembros de la CNU (algo que no está plasmado en la obra editada), como el policía bonaerense Alfredo Lozano, alias El Boxer.
Daniel Cecchini | Foto Gabriela Hernández Los muchachos peronistas
La Concentración Nacional Universitaria fue creada por Carlos Disandro, un filósofo y teólogo anticomunista, antisemita y ultraconservador de La Plata. “Estaba relacionado con Perón, de hecho lo visitó en Puerta de Hierro; al punto que a principios de la década del 60 Perón lo nombró delegado de la Juventud”, recordó Cecchini. Se conocieron a través del mayor Bernardo Alberte, secretario del general en el exilio.
Originalmente Disandro formó un grupo de estudios en los que combinaba reflexiones griegas con la doctrina justicialista por una “comunidad organizada”. Entre sus seguidores estaba el estudiante Patricio Fernández Rivero, a la postre capanga de la patota. Tanta manija le dio “el profesor” al grupo que se fueron convenciendo de pasar a la acción. Y empezaron a reclutar lúmpenes, sicarios sindicales y hasta policías en actividad.
Los blancos móviles del grupo eran militantes de organizaciones de izquierda (incluyendo a peronistas), estudiantes secundarios y universitarios, profesores, delegados de fábrica, sindicalistas combativos y opositores a la burocracia. Incluso en sus listas figuraron militantes históricos de la resistencia peronista. El libro La CNU recopila casos de unas setenta víctimas, pero los autores aseguran que fueron “más de cien”. En cuanto a los miembros de la banda, llegaron a identificar a una veintena de criminales.
Comenzaron sus primeros ataques en las universidades de La Plata y Mar del Plata. “Rompían asambleas, agarraban militantes de organizaciones de izquierda o de la tendencia peronista en la calle y los golpeaban”, recordó Cecchini ante el Tribunal. El primer crimen reivindicado por la organización fue en diciembre de 1971, cuando un grupo entró a los tiros a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata, dejó varios heridos y asesinó a la estudiante Silvia Filler.
La foto que encabeza este artículo es de mediados de 1971, unos meses antes, cuando la CNU hizo su presentación en sociedad en la ciudad balnearia con un acto en el que participaron, entre otros, Disandro, Fernández Rivero y José Ignacio Rucci, entonces secretario general de la CGT y máximo representante sindical de Perón en el país.
Rucci era, además, el máximo líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicato que no sólo le dio cobertura “institucional” a la CNU sino que aportó a algunos de sus más experimentados pistoleros. Huelga decir que entre las víctimas de sus crímenes hay delegados y activistas combativos del gremio metalúrgico, especialmente de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada.
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Tres años después de aquella foto de Rucci con la CNU, otro referente de la UOM convocaría a la patota a trabajar para él. Era Victorio Calabró, vicegobernador bonaerense que el 24 de enero de 1974 asumió la conducción de la provincia tras el golpe palaciego, orquestado junto al Poder Ejecutivo nacional, contra el gobernador Oscar Bidegain (electo once meses antes).
Calabró era tesorero de la UOM nacional y tenía como aliado central a Rubén Diéguez, diputado provincial, líder de la UOM local y secretario general de la CGT La Plata. “Quien acercó a Castillo a la CNU, que era un ‘culata' suyo, fue Diéguez, burócrata ultraderechista”, detalló Cecchini en el juicio. Un abogado querellante le pidió que especificara qué es “culata”. El periodista respondió: “un custodio y ejecutor de acciones violentas ordenadas por dirigentes sindicales o políticos”.
Cecchini recordó que, asumido de facto Calabró en la Gobernación, “la CNU se transformó en su brazo armado ilegal”. Desde entonces se multiplicaron los secuestros, las torturas y los asesinatos. Todo con la ayuda de la Policía Bonaerense que, por órdenes del propio Calabró, “liberaba” las zonas por las que sabían que pasaría la banda.
A esa cobertura en sus crímenes se suma que los jefes políticos del peronismo conchabaron a varios de los sicarios en la administración provincial. Algunos firmaron contrato y cobraban sueldos de los ministerios de Economía y de Obras Públicas, otros del Registro de la Propiedad y otros del Hipódromo de La Plata (manejado por Calabró). Tras la intervención de la UNLP, también en 1974, algunos se convirtieron en “preceptores” del Nacional y del Liceo Víctor Mercante. “En esos colegios implementaron un régimen casi carcelario, haciendo inteligencia y seleccionando blancos”, detalló el investigador.
Juan José Pomares en persona y en carteles con la leyenda "Genocida" | Foto Gabriela Hernández Te puede interesar: El misterio de Victorio Calabró: un gobernador asesino que murió en 2011 y nadie se enteró
Golpe, dictadura y después
La investigación de Cecchini y Elizalde Leal marca tres “momentos” de la trayectoria criminal de la CNU. El primero, desde su creación hasta enero de 1974. El segundo, con Victorio Calabró como Gobernador y la Triple A con base en la Ciudad de Buenos Aires. El tercero, cuando se sumaron a las tareas terroristas del Ejército entre octubre de 1975, tras la firma de los decretos para “aniquilar a la subversión”, y abril de 1976.
“Entre los primeros meses de 1974 y hasta principios de 1975 hicieron varias operaciones conjuntas con el grupo de Aníbal Gordon de la Triple A. Nosotros le llamamos ‘un curso de capacitación para el asesinato', ya que algunos de la CNU no tenían mucha experiencia en secuestros y asesinatos”, dijo Cecchini este martes en el juicio.
Y agregó que, en su última etapa, la CNU actuó coordinadamente con grupos del Batallon 601 de Inteligencia (con asiento en Campo de Mayo) y con el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, “que entonces estaba a cargo del coronel Roque Carlos Presti, padre del actual ministro de Defensa” Carlos Alberto Presti.
Los sucesivos padrinos estatales valoraban la eficacia de la CNU. “Operaban de noche en la mayoría de los casos que investigamos, irrumpían en las casas, se llevaban a las personas y las mataban esa misma noche, a veces con una ‘escala' para torturarlas en algún lugar que tenían especialmente para eso”, relata Cecchini.
Eran “especialistas” en descargar sus armas sobre víctimas indefensas. “La idea era acribillarlos, a veces los volaban con explosivos, después arrojaban los cuerpos en las afueras de La Plata”. Los lugares predilectos eran el camino que une Villa Elisa con Punta Lara, el camino a Magdalena y el camino a Brandsen. También se hallaron cuerpos en Sarandí (Avellaneda). “Pero eran lugares donde se podía hallar rápidamente los cadáveres, la idea era provocar terror, especialmente entre la militancia”, afirma el periodista.
Un dato revelador echa por tierra los postulados canallas de la Teoría de los Dos Demonios: la CNU nunca se enfrentó a tiros con ninguna de sus víctimas. No tuvieron muertos ni heridos. Sus “objetivos” no eran una amenaza.
Algunos operativos se realizaban a metros de comisarías e incluso de la misma Jefatura de la Policía Bonaerense. Pese a los tiros, gritos y ruidos que estallaban en plena noche, esa fuerza nunca intervenía, garantizando el terror en los barrios.
Pero la CNU tenía fecha de vencimiento. Cuando las Fuerzas Armadas se apoderaron de todo el Estado, le sacaron el jugo al trabajo de inteligencia que la Triple A y la CNU habían hecho por años. Toda esa información les facilitó la consumación de nuevos secuestros y asesinatos. Pero había ciertas incompatibilidades entre el plan de los militares y las prácticas de los sicarios de la derecha peronista.
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El Indio, Pipi, Tony y sus secuaces no querían subordinarse por completo a los milicos. Casi como una obligación moral, siguieron cometiendo crímenes extras, más allá de las acciones coordinadas con el Ejército. Cecchini recuerda que “Presti les había pedido que no lo hicieran más, ya que la política de qué hacer con los cuerpos había cambiado, ya no se sembraban en las calles sino que se los hacía desaparecer”.
Además de secuestrar y matar “sin permiso”, la CNU saqueaba bienes de sus víctimas. Y hasta robaron a gran escala, desde camiones transportadores de autos hasta un frigorífico, con botines que se repartían entre ellos. “Generaban una ola delictiva que no era conveniente para la sensación de ‘orden' que quería dar la dictadura”, agrega el periodista platense.
La CNU cayó en desgracia la noche del 29 de abril de 1976, apenas un mes después del golpe. Y cayó tomando su propio veneno. La Policía Bonaerense (bajo mando del Ejército) le había prometido “zona liberada” para un nuevo secuestro. Una emboscada. Cuando el Ejército llegó al lugar detuvo a Castillo, Pomares, Jesús y una decena más de miembros de la banda. “Los procesaron exclusivamente por delitos comunes, no por sus crímenes”, recuerda Cecchini. Pasaron un tiempo alojados en la Unidad 9 de La Plata y luego liberados.
Las actas de aquel burdo proceso demuestran, de todos modos, el nivel de impunidad de la CNU. Por ejemplo, se les secuestró un arsenal de armas de guerra que guardaban en una quinta de las afueras del casco urbano y en una casa lindera a la Facultad de Agronomía de la UNLP. Y también les secuestraron bienes robados a sus víctimas, como la máquina de escribir del dirigente sindical del Hipódromo Carlos Domínguez, asesinado por la banda el 12 de febrero de 1976.
La Plata, mediados de 2025. Axel Kicillof y Julio Alak | Foto @Kicillofok Servicios prestados a la “democracia”
El miércoles 15 de marzo El Indio, Pipi y Tony hablaron en el juicio en La Plata. Fue en la quinta audiencia, dedicada a las indagatorias de los imputados. Se negaron a declarar y responder preguntas, excepto las de rigor que, por ley, no pueden negarse.
Al ser consultados sobre sus antecedentes laborales, lógicamente, ninguno reconoció haber asesinado a decenas de personas y robado sus bienes. Pero lo que dijeron respecto a sus ocupaciones desde 1983 demuestra que los lazos con buena parte del peronismo bonaerense seguían intactos.
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Antonio Jesús dijo ante el Tribunal que se desempeñó como director de Información Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense desde el fin de la dictadura hasta 2011, año en que se jubiló. Y reconoció que en los años 70 estuvo contratado en dependencias públicas como la Junta Electoral y el Hipódromo platense.
Carlos Castillo es más críptico. Dice que su trabajo siempre fue la “restauración de autos clásicos” y que no tiene jubilación ni obra social. Un típico “culata” que cosecha experiencia e ingresos en la clandestinidad. Sí reconoce que, tras la dictadura, se sumó a los militares golpistas comandados por Aldo Rico. Tras la asonada de Semana Santa de 1987 y el pacto con Raúl Alfonsín que derivó en la Ley de Obediencia Debida, el movimiento carapintada se “democratizó” y creó el Movimiento por la Libertad y la Independencia, Modin. Así Castillo llegó a ser secretario parlamentario en el Congreso durante cinco años.
El caso de Juan José Pomares es surrealista. Todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires sabía de su prontuario. Sin embargo, el tipo nunca dejó de acumular cargos y poder. Entre 1983 y 1987 fue secretario administrativo del bloque de senadores del PJ en la Legislatura provincial. También fue secretario de Carlos Mosse, quien detentó los cargos de subsecretario de Hacienda bonaerense, secretario administrativo de la Convención Constituyente de 1994 y secretario de Hacienda de Néstor Kirchner. Pomares asistió a Mosse hasta su muerte, en 2011.
Daniel Cecchini recuerda que, además, Pipi Pomares “trabajó en la Municipalidad de La Plata durante las primeras gestiones del intendente Julio Alak”. Es decir, entre 1991 y 2007. Se lo había sugerido el dirigente local Alberto “El Cabezón” Delgado, conocedor de punteros y sicarios. Alak lo puso de “director general de Urbanización”, dándole el poder de policía ciudadana con las patrullas de Control Urbano.
En 2017, durante el primer juicio en La Plata, declaró Luis Ricardo Córdoba. Exobrero y delegado de la sección Alistamiento del Astillero Río Santiago de Ensenada, fue detenido en 1976 por su militancia sindical. La dictadura lo mantuvo un año preso. En la Unidad 9 de La Plata vio a Castillo, Pomares y Jesús entre la población carcelaria. Años después los volvería a ver.
“Los vi paseándose en la Municipalidad de La Plata y por las cámaras de Diputados y Senadores. A Pomares y Castillo los he visto después de 2006 en la Legislatura (...) Y a Pipi me lo crucé en la Municipalidad durante la gestión de Alak. Estaba trabajando en la oficina del secretario de Gobierno”, aseguró el jubilado de 71 años que dijo ante los jueces la verdad y nada más que la verdad.
Pomares tuvo una segunda temporada en el Senado bonaerense. Fue de la mano del Frente Para la Victoria, durante la gobernación de Daniel Scioli. Tuvo el cargo de “asesor” del bloque de senadores kirchneristas hasta 2012. Pero en julio de 2011 Pipi y El Indio ya habían caído en desgracia, apresados en el marco de la primera causa por los crímenes de la CNU. Curioso, el vicegobernador Gabriel Mariotto se tomó un año para dar de baja su contrato.
“¡Soy un peronista militante!”, dijo Pipi, con voz potente, hace tres semanas ante el Tribunal que lo juzga por algunas de sus atrocidades. Al grito le siguió su fundamentación. Dijo orgulloso que, además de sus cargos públicos, fue durante 16 años congresal provincial del PJ.
En la época en la que Pomares asesoraba senadores en la Legislatura, Alak era nada menos que ministro de “Justicia y Derechos Humanos” de Cristina Kirchner. Él y el resto de los líderes peronistas con años de actuación en territorio bonaerense siempre conocieron el prontuario de sus empleados. La pregunta, en todo caso, es cuánto más saben y callan, tanto ellos como sus segundas y terceras líneas. ¿Qué más espera el Poder Judicial para citarlos a declarar?
Hace seis meses el gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak (exministro de “Justicia y Derechos Humanos” también en la provincia) encabezaron un acto para bautizar un tramo de la calle 36 de La Plata con el nombre de José Ignacio Rucci. El mismo que aparece en la foto que encabeza esta columna. Cosas que pasan.
Mar del Plata, mediados de 1971. José Ignacio Rucci en el acto de fundación de la CNU en la ciudad balnearia bonaerense
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Desde la izquierda repudiaron la agresión de la policía de Jorge Macri a "Pitu" Salvatierra
24 de abril, por Solidaridad — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Andrea D'Atri, Alejandrina Barry, Jorge Macri, Desalojos, Criminalización de la pobreza, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Andrea D'Atri, Alejandrina Barry, Jorge Macri, Desalojos, Criminalización de la pobreza
En su escalada ultraderechista, el Jefe de Gobierno porteño festejó el desalojo con represión llevado acabo este jueves a 30 familias en Villa Mitre y la patoteada al legislador que estuvo presente. La diputada nacional Myriam Bregman y la legisladora porteña por el PTS en el FIT-U, Andrea D'Atri le salieron al cruce y brindaron su solidaridad al referente social.
Una vez más, Jorge Macri da un paso adelante en su escalda ultraderechista al festejar la patoteada que la policía a su servicio realizó contra un legislador porteño. Se trata de Alejandro "Pitu" Salvatierra del bloque Fuerza por Buenos Aires.
El referente social se hizo presente este jueves en el barrio de Villa Mitre cuando un enorme operativo de la Policía de la Ciudad desalojó, con represión incluida, a 30 familias de un complejo de casas en las que vivían hacía más de 30 años.
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Desde la izquierda brindaron su solidaridad al "Pitu" y repudiaron el accionar de Macri. Tanto Myriam Bregman como la legisladora porteña Andrea D'Atri, del PTS en el FIT-U quien comparte comisión en la legislatura con Salvatierra se expresaron al respecto. También lo hizo la legisladora (MC) y referente de los DDHH, Alejandrina Barry.
Cuando se desalojan familias que llevan décadas habitando en un lugar abandonado y se lo hace sin orden judicial y con la represión policial contra mujeres y niños, ¿quién es usted para impedir que los legisladores porteños actúen en defensa de los vecinos cuyos derechos están… https://t.co/SftZ3UQVal
— Andrea D'Atri (@andreadatri) April 24, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Toda mi solidaridad con Pitu. Todo mi repudio al matón de cuarta que gobierna la Ciudad. https://t.co/8D4ujbcbla
— Myriam Bregman (@myriambregman) April 24, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Toda la solidaridad con @SalvatierraPitu acá el unico violento es el Jefe de Gobierno que gaseo niñxs, lastimó vecinos para dejarlos en la calle, golpeando a legisladores que se solidarizaron ante semejante brutalidad. https://t.co/JuClh63qOA
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) April 24, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Desde la banca en la legislatura, D'Atri viene denunciando la campaña represiva de Jorge Macri quien tiene como plan de gobierno parecerse cada día más a Milei.
"Cuando se desalojan familias que llevan décadas habitando en un lugar abandonado y se lo hace sin orden judicial y con la represión policial contra mujeres y niños, ¿quién es usted para impedir que los legisladores porteños actúen en defensa de los vecinos cuyos derechos están siendo vulnerados? Le informo que su autoritarismo le rendirá algunos likes en redes sociales, pero está atropellando derechos democráticos de vecinos y diputados", sentenció.
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Para recibir a Peter Thiel en la Rosada, Milei prohibió el ingreso al periodismo acreditado
23 de abril, por Censura explícita — Política, Libertades Democráticas, Censura , Casa Rosada, Columnistas Vertical , Trabajadores y trabajadoras de prensa, Ciberseguridad, Javier Milei, Peter Thiel, Palantir, Política, Libertades Democráticas, Censura , Casa Rosada, Columnistas Vertical , Trabajadores y trabajadoras de prensa, Ciberseguridad, Javier Milei, Peter Thiel, Palantir
El Presidente se reúne este jueves con el tecnomagnate estadounidense altamente cuestionado por su relación con Trump, la guerra y el cibercontrol. Al mismo tiempo, en un hecho inédito y con pobres excusas, la Policía Federal y la Casa Militar cerraron la Sala de Prensa y dejaron afuera a todos los periodistas para hacer sus tareas habituales. Censura explícita.
Paula Larrousse fue la primera en llegar hasta las rejas de la sede del Poder Ejecutivo nacional, apenas pasadas las 7:30 de este jueves. La movilera de Radio Diez salió a los pocos minutos al aire para dar una noticia extraña: “Desde hace un tiempito soy la primera en llegar y ‘abrir' la Sala de Periodistas, pero hoy me prohibieron el ingreso a la Casa Rosada. Y es para todos los colegas”.
La periodista relató que efectivos de la Policía Federal y de la Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) la atendieron sin dejarla pasar a su habitual lugar de trabajo. “Tenían una hoja blanca con el nombre de 60 periodistas. Me dijeron que les avisara a mis colegas, a todos los acreditados, que ninguno podría entrar porque dieron de baja todas las acreditaciones”.
? RADIO 10 NO PUDO INGRESAR A CASA ROSADA
?️ Paula Larrousse, periodista acreditada en Casa Rosada, informó que le prohibieron el ingreso. Minutos más tardes le aclararon que "ningún periodista acreditado podrá ingresar".#MañanaSylvestre con @Gatosylvestre pic.twitter.com/Ofd74aOOWc
— Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 23, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Al ser consultada por las razones esgrimidas por las autoridades de seguridad, la movilera contó que primero no le querían dar ninguna explicación y luego apareció “una persona de planta, que está hace muchos años en la Casa Rosada, y dijo que él no era el responsable pero lo mandaron a decir que esto es por ‘el espionaje' (la campaña contra la supuesta “infiltración rusa”, NdR) pero además por lo sucedido con los periodistas de TN”.
Grave: cierre de la sala de prensa en la Casa Rosada.
Quitar acreditaciones a periodistas y clausurar la sala de prensa exige un alto grado de autoritarismo y mucho que ocultar: preguntas que no pueden responderse.
Ni siquiera ocurrió durante la dictadura.
Es una señal de…— Myriam Bregman (@myriambregman) April 23, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>AHORA El gobierno CERRÓ LA SALA DE PERIODISTAS de la @CasaRosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de @lucianageuna . No se sabe hasta cuándo.
— Liliana Franco (@lilianafranco20) April 23, 2026
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La referencia al canal del Grupo Clarín se centra en una especie de cámara oculta realizada por periodistas de esa señal, cuyas imágenes se transmitieron en el programa “¿Y mañana qué?” que conduce Luciana Geuna, donde mostraban algunas escenas internas de la sede del Poder Ejecutivo. Hecho por el que, supuestamente, la Casa Militar denunció penalmente a la producción de ese canal.
Las excusas oficiales son impresentables, como casi todo lo que hacen los funcionarios de La Libertad Avanza.
La razón bien podría ser otra: intentar “blindar” la sede gubernamental de miradas indiscretas ante la visita de Peter Thiel, el explotador de 58 años propietario de Palantir, la tecnológica dedicada a brindarle “servicios” al Gobierno de Estados Unidos, especialmente en cuestiones bélicas. Un servicio sin el cual Donald Trump probablemente no habría podido avanzar tanto en su ataque a Irán.
Como se explicó en otros artículos de La Izquierda Diario, como acá y acá, la empresa de “inteligencia artificial” de Thiel está soldando una alianza cada vez más fuerte con el poder militar, vigilancia, negocios tecnológicos y reorganización del Estado imperialista.
Según la agencia Noticias Argentina, Milei recibirá este jueves al Thiel desde las 14 horas en la Rosada. Será la primera actividad oficial del presidente libertariano tras su reaccionario viaje a Israel, donde lejos de conseguir algún tipo de beneficio para la población argentina se dedicó a congraciarse con el genocida y criminal de guerra Benjamin Netanyahu y a participar de la ceremonia por el llamado “Día de la Independencia” israelí.
Junto al ultrareaccionario Elon Musk, Thiel cofundó la plataforma financiera PayPal y luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook. Con esos “emprendimientos” se llenó de plata y fue ganando cada vez más influencia en la industria tecnológica con sede en Silicon Valley. También fue parte de inversiones claves en otras corporaciones como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.
El encuentro de Milei con Thiel dista mucho de ser una mera “reunión” para hablar amistosamente de las ventajas tecnológicas de Palantir. El tecnomagnate llegó a Argentina y pasará un par de meses, según él para “observar” el experimento liberfacho in situ. Se ha confesado un admirador del plan de motosierra y ajuste aplicado por el Gobierno argentino contra su población.
Se entiende entonces que, usando cualquier estúpida excusa, este jueves, en un hecho inédito en la historia reciente, el Gobierno haya decidido cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada e impedirle a decenas de trabajadoras y trabajadores de prensa realizar su trabajo. Un hecho de censura explícita que debe ser repudiado y frenado de forma inmediata.
Es una incógnita hasta cuándo mantendrá la Jefatura de Gabinete, a cargo por el momento de Manuel Adorni, la desición de desacreditar a decenas de periodistas en la Casa Rosada. Cuantos más días pasen, más clara será la intención: que nadie mire, escuche ni huela lo que se cocina en los despachos.
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Cuatro muertes en granjas "terapéuticas": suicidios, encubrimientos y falta de respuesta estatal
22 de abril, por Provincia de Buenos Aires — Salud, Libertades Democráticas, Ley de salud mental, Bloque1 A3 1 titulo, Salud, Libertades Democráticas, Ley de salud mental, Bloque1 A3 1 titulo
En un año y medio, cuatro personas murieron en comunidades terapéuticas de la provincia de Buenos Aires que funcionaban sin habilitación estatal, sin control sanitario y, en algunos casos, pese a haber sido clausuradas. Entre las víctimas hay dos adolescentes de 17 años, una de ellas encubierta, y dos adultos que se suicidaron en el mismo, con menos de diez meses de diferencia.
Los fallecidos son Sebastián (36), Catalina (20) y dos jóvenes de 17 años, a quienes, para resguardar su identidad, llamaremos Braian y Juliana. Los cuatro casos ocurrieron en instituciones de los partidos de Escobar y Pilar, donde las personas con consumo problemático de sustancias eran sometidas a regímenes de encierro, castigos y, en muchos casos, trabajos forzados, sin acompañamiento terapéutico profesional.
Suicidios en una comunidad clausurada
Sebastián y Catalina murieron en la comunidad terapéutica Sanar para Vivir, ubicada primero en Escobar y luego trasladada a Pilar, donde continúa abierta pese a haber sido clausurada. Él se quitó la vida en septiembre de 2024; ella, en junio de 2025.
Testigos relataron a la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP), dependiente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que dentro de la institución reinaba un clima de amenazas y sobremedicación. A Sebastián lo insultaban constantemente: le gritaban “bolsa de falopa” y “maricón”. Catalina, el día anterior a su suicidio, escribió en su cuaderno: “Me desperté con voces en mi cabeza”. Según testigos, lloraba, hiperventilaba y pedía ayuda sin recibir respuesta. La encerraban, la empujaban, la sobremedicaban y le gritaban: “Estás loca, pendeja de mierda”. Al día siguiente, apareció sin vida en su habitación.
Menores derivados por el propio Estado a centros clandestinos
Braian, de 17 años, padecía un retraso madurativo y obesidad severa. Fue trasladado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro a la comunidad Nunca Más Solos, en Pilar. Allí, el 1° de enero de 2026, murió tras ser derivado con un cuadro de neumonía al Hospital J. Sanguinetti. Los dueños del centro encubrieron su muerte, abandonaron al joven y obligaron a su madre a firmar un “abandono de tratamiento”.
A pesar de que la UIP había denunciado la institución en noviembre de 2025 y fue inspeccionada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), nunca fue clausurada. La comunidad operaba sin profesionales de salud mental: solo contaba con cuidadores sin formación, que funcionaban más como personal de seguridad que como acompañantes terapéuticos.
El cuarto caso es el de Juliana, también de 17 años, fallecida el 2 de febrero de 2026 en la Comunidad Terapéutica Señales, en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. La muerte fue informada preliminarmente como “ahorcamiento”. La UIP analizó la página web del centro y detectó una institución opaca y disciplinaria: prometía un “entorno controlado” y un “cambio de conductas y hábitos”, pero no identificaba a ningún profesional de salud mental con nombre, matrícula ni función. Tampoco informaba sobre habilitación sanitaria o responsables clínicos. Solo ofrecía números de WhatsApp.
Un problema estructural, no hechos aislados
ARDA sostiene que estas muertes no son casos excepcionales. En 2024, la organización publicó un documento en el que denunció 20 muertes ocurridas en dispositivos de encierro durante una década: suicidios, homicidios culposos, incendios, ahogamientos y otras muertes evitables.
Las granjas terapéuticas, lejos de aplicar intervenciones basadas en la ley de salud mental, imponen regímenes de encierro y castigo. Muchas familias llegan a internar a un ser querido en estos lugares después de recorrer sin éxito otros dispositivos de atención. Ambos casos fueron archivados rápidamente, sin una investigación profunda. Sus familias no tuvieron recursos para costear un tratamiento privado y el Estado provincial no les ofreció alternativas dentro del sistema de salud pública.
El problema de fondo es la falta de un sistema de salud pública abierto las 24 horas, con equipos interdisciplinarios capaces de acompañar a pacientes con consumo problemático, incluso en sus recaídas.
Ese tipo de dispositivos existen, pero casi exclusivamente de forma privada. En la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, con un alto reconocimiento de familiares y pacientes por su capacidad de atención en estas problemáticas, sufrió despidos de profesionales especializados y recortes en talleres y espacios terapéuticos. El gobierno de Jorge Macri decidió atacar a un hospital y profesionales especializados en estas problematicas.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ha señalado la falta de transferencias de fondos nacionales. Sin embargo, el gobierno provincial no ha tomado medidas como aumentar impuestos a sectores concentrados (por ejemplo, el campo) para aumentar los presupuestos en salud y educación. Por el contrario, destina recursos millonarios a otras áreas: acaba de anunciar una inversión récord de 23 mil millones de pesos para modernizar el Sistema Integral de Emergencias 911.
Mientras tanto, comunidades sin habilitación, sin profesionales y con denuncias previas siguen funcionando, mientras pacientes y familiares no encuentran respuestas en el sistema de salud pública.
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Cuatro muertes en granjas "terapéuticas": suicidios, encubrimientos y falta de respuesta estatal
22 de abril, por Provincia de Buenos Aires — Salud, Libertades Democráticas, Ley de salud mental, Salud, Libertades Democráticas, Ley de salud mental
En un año y medio, cuatro personas murieron en comunidades terapéuticas de la provincia de Buenos Aires que funcionaban sin habilitación estatal, sin control sanitario y, en algunos casos, pese a haber sido clausuradas. Entre las víctimas hay dos adolescentes de 17 años, una de ellas encubierta, y dos adultos que se suicidaron en el mismo, con menos de diez meses de diferencia.
Los fallecidos son Sebastián (36), Catalina (20) y dos jóvenes de 17 años, a quienes, para resguardar su identidad, llamaremos Braian y Juliana. Los cuatro casos ocurrieron en instituciones de los partidos de Escobar y Pilar, donde las personas con consumo problemático de sustancias eran sometidas a regímenes de encierro, castigos y, en muchos casos, trabajos forzados, sin acompañamiento terapéutico profesional.
Suicidios en una comunidad clausurada
Sebastián y Catalina murieron en la comunidad terapéutica Sanar para Vivir, ubicada primero en Escobar y luego trasladada a Pilar, donde continúa abierta pese a haber sido clausurada. Él se quitó la vida en septiembre de 2024; ella, en junio de 2025.
Testigos relataron a la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP), dependiente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que dentro de la institución reinaba un clima de amenazas y sobremedicación. A Sebastián lo insultaban constantemente: le gritaban “bolsa de falopa” y “maricón”. Catalina, el día anterior a su suicidio, escribió en su cuaderno: “Me desperté con voces en mi cabeza”. Según testigos, lloraba, hiperventilaba y pedía ayuda sin recibir respuesta. La encerraban, la empujaban, la sobremedicaban y le gritaban: “Estás loca, pendeja de mierda”. Al día siguiente, apareció sin vida en su habitación.
Menores derivados por el propio Estado a centros clandestinos
Braian, de 17 años, padecía un retraso madurativo y obesidad severa. Fue trasladado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro a la comunidad Nunca Más Solos, en Pilar. Allí, el 1° de enero de 2026, murió tras ser derivado con un cuadro de neumonía al Hospital J. Sanguinetti. Los dueños del centro encubrieron su muerte, abandonaron al joven y obligaron a su madre a firmar un “abandono de tratamiento”.
A pesar de que la UIP había denunciado la institución en noviembre de 2025 y fue inspeccionada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), nunca fue clausurada. La comunidad operaba sin profesionales de salud mental: solo contaba con cuidadores sin formación, que funcionaban más como personal de seguridad que como acompañantes terapéuticos.
El cuarto caso es el de Juliana, también de 17 años, fallecida el 2 de febrero de 2026 en la Comunidad Terapéutica Señales, en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. La muerte fue informada preliminarmente como “ahorcamiento”. La UIP analizó la página web del centro y detectó una institución opaca y disciplinaria: prometía un “entorno controlado” y un “cambio de conductas y hábitos”, pero no identificaba a ningún profesional de salud mental con nombre, matrícula ni función. Tampoco informaba sobre habilitación sanitaria o responsables clínicos. Solo ofrecía números de WhatsApp.
Un problema estructural, no hechos aislados
ARDA sostiene que estas muertes no son casos excepcionales. En 2024, la organización publicó un documento en el que denunció 20 muertes ocurridas en dispositivos de encierro durante una década: suicidios, homicidios culposos, incendios, ahogamientos y otras muertes evitables.
Las granjas terapéuticas, lejos de aplicar intervenciones basadas en la ley de salud mental, imponen regímenes de encierro y castigo. Muchas familias llegan a internar a un ser querido en estos lugares después de recorrer sin éxito otros dispositivos de atención. Ambos casos fueron archivados rápidamente, sin una investigación profunda. Sus familias no tuvieron recursos para costear un tratamiento privado y el Estado provincial no les ofreció alternativas dentro del sistema de salud pública.
El problema de fondo es la falta de un sistema de salud pública abierto las 24 horas, con equipos interdisciplinarios capaces de acompañar a pacientes con consumo problemático, incluso en sus recaídas.
Ese tipo de dispositivos existen, pero casi exclusivamente de forma privada. En la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, con un alto reconocimiento de familiares y pacientes por su capacidad de atención en estas problemáticas, sufrió despidos de profesionales especializados y recortes en talleres y espacios terapéuticos. El gobierno de Jorge Macri decidió atacar a un hospital y profesionales especializados en estas problematicas.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ha señalado la falta de transferencias de fondos nacionales. Sin embargo, el gobierno provincial no ha tomado medidas como aumentar impuestos a sectores concentrados (por ejemplo, el campo) para aumentar los presupuestos en salud y educación. Por el contrario, destina recursos millonarios a otras áreas: acaba de anunciar una inversión récord de 23 mil millones de pesos para modernizar el Sistema Integral de Emergencias 911.
Mientras tanto, comunidades sin habilitación, sin profesionales y con denuncias previas siguen funcionando, mientras pacientes y familiares no encuentran respuestas en el sistema de salud pública.
Foto: ARDA
