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En 1990 La Bonaerense desapareció a su compañero, hoy ella lucha contra un intento de desalojo
28 de septiembre, por Caso Andrés Núñez — Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Axel Kicillof , Policía Bonaerense, Eduardo Duhalde, Desaparición forzada, Julio Alak, Andrés Núñez, Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Axel Kicillof , Policía Bonaerense, Eduardo Duhalde, Desaparición forzada, Julio Alak, Andrés Núñez
Mirna Gómez nunca deja de exigir justicia por el trabajador que el 28 de septiembre de 1990 fue secuestrado, torturado y asesinado en la hoy sede de la DDI de la capital provincial. El Poder Judicial que no busca al asesino prófugo Gerez Duhalde (sobrino de Eduardo) quiere quitarle la casa. Kicillof y Alak dicen que la van a ayudar, pero aún no lo hicieron.
Hace exactamente 36 años, el 28 de septiembre de 1990, una patota de la Policía de la Provincia de Buenos Aires persiguió, detuvo, torturó, mató e hizo desaparecer al joven trabajador Andrés Núñez. Formalmente fue el primer desaparecido a manos de la maldita Bonaerense después de terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
El caso Núñez es emblemático. En diversas notas de La Izquierda Diario se relataron los pormenores de esa desaparición forzada, sus derivaciones judiciales y políticas y el ejemplo de lucha que encarna Mirna Gómez, la compañera que se puso al hombro su búsqueda y la exigencia de juicio y castigo a los culpables. A modo de ejemplos, podés leer varias crónicas acá, acá, acá y acá.
Muy lejos de ser parte del pasado, el caso tuvo infinidad de ramificaciones a lo largo de estas tres décadas y media. Dos ejemplos hablan por sí solos: de un lado, un excomisario que comandó la patota, sobrino a su vez del expresidente y exgobernador Eduardo Duhalde, está “prófugo” hace años; de otro lado, la compañera de Núñez, quien lleva 36 años luchando por verdad y justicia, está al borde del desalojo de su vivienda por un capricho clasista del Poder Judicial.
Al momento del secuestro y desaparición, Andrés y Mirna vivían en una casa de 119 y 78 de La Plata. Pero parte de la familia de ella llevaba años habitando otra casa, ubicada en Diagonal 78 esquina 4, frente al conocido colegio Normal 2. Allí fueron Mirna y sus hijos tras el atroz crimen de su pareja. Parte de la familia con los años se mudó y ella quedó allí viviendo con su hijo.
En 2007 Cecilia Gómez, su hermana, inició un trámite judicial para que se les reconociera la figura de “usucapión” y así poder obtener un título de propiedad definitiva. Quien les había entregado originalmente la vivienda les había dicho en reiteradas oportunidades que la casa iba a quedar para Mirna. Pero nunca llegaron a formalizar una transferencia de titularidad. El dueño falleció y algunos de sus herederos (probablemente persiguiendo un negocio inmobiliario) exigieron ser reconocidos como los únicos propietarios e iniciaron un juicio de desalojo.
El Poder Judicial usó la excusa de que Cecilia manifestó (con total honestidad) que la casa era “prestada” para rechazar el pedido de usucapión, amparándose en el criterio legal de que debería haber existido una “posesión” del inmueble de no menos de veinte años y que esa posesión debe ser con “ánimo de dueño”. Como no se expresó con esa literalidad, se les negó el derecho básico a tener esa casa.
El año pasado, tal como lo relató La Izquierda Diario, tras el fallecimiento de Cecilia (quien llevaba adelante las diligencias) llegó al domicilio una orden de desalojo, estipulado inicialmente para diciembre del mismo 2025. Y hasta mandaron a una de las inmobiliarias más encumbradas de La Plata a “tazar” el inmueble como si todo ya estuviera cocinado.
Acompañando a Mirna, organizaciones y referentes de derechos humanos de la región se presentaron como “tercero interesado” para pedir que se estableciera una mesa de diálogo con el Estado provincial, la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo bonaerenses con el fin de encontrar una solución al tema. Se buscaba que Mirna, en el caso de que no hubiera marcha atrás con el desalojo de la que hasta hoy es su casa, pudiera conseguir otra vivienda donde ir. Una vez más, el Poder Judicial mostró su clasismo más vil y no hizo lugar a ese pedido de una mesa común.
Ahora pende sobre la familia de Andrés Núñez una nueva fecha de posible desalojo, el 12 de octubre. Mientras tanto, Mirna y su hijo lograron un “compromiso” de parte de la Gobernación que conduce Axel Kicilllof y el Municipio manejado por Julio Alak para que se les asegure una vivienda.
Hoy, cuando se cumplen 36 años de la desaparición forzada de Andrés, la familia sigue esperando una formalización de ese compromiso. Confían en que las autoridades no se echarán atrás y finalmente hallarán una solución a este angustiante conflicto. Sin dudas, si Mirna logra finalmente quedarse en su casa o conseguir otra vivienda, será por su perseverancia y coherencia en la lucha junto a otros familiares de víctimas de la represión del Estado y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de la clase obrera y los sectores populares.
En el Estado capitalista, gobierne quien gobierne la propiedad privada es protegida con más énfasis que la dignidad humana. Kicillof y Alak conocen la situación de Mirna desde hace años. El intendente, además, estuvo al frente del Municipio casi veinte de los 36 años de lucha de la familia Núñez. Su compromiso para resolver la situación habitacional ante un eventual desalojo está bien, pero no deja de ser tardío.
Ante el ataque judicial a la dignidad de Mirna y su familia, esta vez quienes gestionan los poderes ejecutivos no pudieron mirar para otro lado. Pero no hay que olvidar que tanto la Policía Bonaerense como el Poder Judicial y quienes han tenido o tienen poder de decisión en los ejecutivos, llevan décadas sin “encontrar” al prófugo excomisario Pablo Martín Gerez Duhalde, sobrino del expresidente peronista, exgobernador bonaerense y máximo protector de la “maldita Policía” de los 90.
Gerez Duhalde es hijo de Nelly Duhalde, prima hermana de Eduardo. En su legendario libro La Bonaerense (Planeta, 1997), Ricardo Ragendorer y Carlos Dutil demostraron que el “padrino” policial del sobrino segundo del “Cabezón” era Mario “Chorizo” Rodríguez, uno de los emblemas de esa maldita policía.
En 1990, Gerez Duhalde no sólo comandó el operativo que terminó con la vida de Núñez, sino que consiguió una parcela del campo El Roble de General Belgrano, a 115 kilómetros de La Plata, para descartar el cuerpo. Ese predio lo cuidaba otro sobrino de Duhalde. El cuerpo enterrado, descuartizado y quemado, fue hallado recién cinco años después, tras la confesión del “arrepentido” sargento primero José Ramos.
Desde entonces, el excomisario vive en la clandestinidad, desde donde hasta se da el lujo de enviar escritos al Poder Judicial pidiendo la “prescripción” de la causa contra él por el paso del tiempo.
Por un lado, el Poder Judicial que encubrió a los criminales de uniforme hasta donde pudo, que después fue juzgando tarde y de a tandas a los policías y que al día de hoy sigue sin “encontrar” a uno de los máximos asesinos, familiar directo del poder político. Por otro lado, el mismo Poder Judicial que no duda en joderle la vida a Mirna Gómez y el resto de la familia de Andrés Núñez. Hasta la casa quieren sacarle. “Justicia” de clase, hecha y derecha.
Pero Mirna no está sola. Junto a otros familiares de caídos por el poder estatal, a organizaciones de derechos humanos y a la izquierda, con sus 69 años y no pocas complicaciones de salud, ella sigue en la primera línea de la lucha por verdad y justicia. Pese a las mil y una trabas del sistema, ella es un ejemplo de cómo la lucha incansable logra sus frutos. Mal que les pese a los gerenciadores del Estado.
Foto Eva Cabrera | Archivo Télam
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La izquierda rechaza el juicio contra los luchadores del "jujeñazo"
28 de septiembre, por Legislatura de Jujuy — Política, Edición Argentina, Parlamentaria, Jujuy, Libertades Democráticas, Juicio, Reforma constitucional Jujuy, Política, Edición Argentina, Parlamentaria, Jujuy, Libertades Democráticas, Juicio, Reforma constitucional Jujuy
El Bloque legislativo del PTS-FITU presentó una iniciativa parlamentaria para rechazar el inicio del juicio a los 19 activistas que fueron parte de las jornadas de rechazo a la Reforma Constitucional que impulsó en 2023 el gobierno radical. Calificaron la medida como un intento más de disciplinamiento a los que piensan diferente.
El proyecto presentado busca manifestar el rechazo ante el inminente inicio del juicio oral y público promovido contra 19 trabajadores docentes, estatales, referentes sociales y miembros de comunidades indígenas de Jujuy, imputados por manifestarse durante las jornadas de protesta de junio y julio de 2023 contra la Reforma Constitucional impulsada en la provincia por el Gobierno de Gerardo Morales.
En diálogo con su autora, la diputada Natalia Morales, manifestaba "la gravedad que implica el avance de este proceso judicial hace al accionar coordinado de los distintos poderes e instituciones del Estado jujeño, los cuales desplegaron un esquema represivo y punitivo orientado al disciplinamiento social. La respuesta del Gobierno provincial ante el reclamo salarial docente y la oposición de las comunidades originarias, sectores sociales y sindicales a la reforma constitucional fue accionando de forma antidemocrática como denunciamos durante la Convención Constituyente, además del uso indiscriminado de la fuerza pública".
"Se registraron graves violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos nacionales e internacionales (como la CIDH y Amnistía Internacional), tales como: disparos de proyectiles de goma al rostro de los manifestantes, resultando en personas con pérdida de visión y mutilaciones oculares que hasta el día de hoy continúan impunes. Incursiones y allanamientos sin orden judicial válida en domicilios particulares de activistas y dirigentes. Detenciones arbitrarias mediante la utilización de vehículos particulares y camionetas sin identificación oficial. También la persecución física y hostigamiento a integrantes de las comunidades originarias en los cortes de ruta de la Puna y Quebrada de Humahuaca.
El aparato judicial de la provincia de Jujuy ha actuado ejecutando las directivas del Poder Ejecutivo, operando a través del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como un brazo de castigo político".Cabe mencionar que mientras se acelera el juicio oral contra 19 trabajadores y activistas por ejercer el derecho a manifestarse, no existe un solo funcionario policial ni responsable político imputado o juzgado por las mutilaciones oculares, torturas y apremios ilegales cometidos contra la población durante las represiones.
Continuando con su análisis, la legisladora afirmaba, "hoy bajo el gobierno de Carlos Sadir, encontramos sintonía con las políticas de ajuste y entrega del gobierno nacional de Javier Milei. A nivel judicial, el Ministerio Público de la Acusación actúa como brazo ejecutor de la criminalización de un derecho (la protesta social). La ecuación es clara: el ajuste, las políticas extractivistas y la entrega de recursos no pasan sin represión ni amedrentamiento a quienes resisten. Desde el bloque del PTS FITU y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) sostenemos que luchar y manifestarse no es un delito".
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A 50 años del golpe genocida: homenaje a docentes detenidos desaparecidos de La Matanza
27 de septiembre, por Suteba — Política, Edición Argentina, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Suteba La Matanza, La Matanza, Política, Edición Argentina, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Suteba La Matanza, La Matanza
A 50 años del golpe militar y en el mes donde se cumplen 20 años de la segunda desaparición de Julio Lópezz, se realizó un acto homenaje a los docentes detenidos desaparecidos del distrito. Con la presencia de familiares, organismos de derechos humanos, y la comunidad se llevó adelante la colocación de esta nueva placa que es parte de un trabajo colectivo de investigación que comenzó en 2016 y a raíz de la recuperación del sindicato se continuó.
Desde que la Multicolor - Azul y Blanca recuperó el SUTEBA La Matanza, la Secretaría de DDHH se puso como uno de sus objetivos principales continuar la investigación sobre docentes desaparecidxs de La Matanza que se había comenzado en el 2016. En ese momento se había colocado una placa con 12 nombres y en esta oportunidad con 21. Siendo un total de 33 docentes detenidos desaparecidos en nuestro distrito, que son parte de los 600 compañerxs docentes que hubo a nivel nacional durante la dictadura militar de 1976.
Además de la investigación que involucró un trabajo con el Archivo Nacional de la Memoria de la ex - ESMA, fueron parte más de 50 aportantes al bono que lanzamos para poder costear la placa ya que la seccional Matanza que está dirigida por la oposición está sufriendo un ahogo financiero por parte del SUTEBA Provincia.
Tuvimos el agrado de contar con la presencia de familiares de Antonio Gerardo Lucente, Ana Mercedes Delgado y Omar Manuel Cobacho, así como con el saludo de la familia de Irma Ana Nesich. Nos acompañaron organismos de derechos humanos de la zona como H.I.J.O.S. La Matanza —a quienes venimos acompañando en el reclamo de desafectación de la Brigada de San Justo para que se constituya en un espacio de memoria—, la APDH y el CEProDH. También estuvieron presentes Hugo Osores y Graciela Osores, de la agrupación Hermanos de Detenidos Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado (familiares de víctimas del Pozo de Vargas), el Colegio de Trabajadores Sociales y el Centro de Estudiantes del ISFD N° 88. Asimismo, enviaron su adhesión y saludo la CPM y la Comisión El Vesubio - Puente 12.
Tomaron la palabra los familiares, organismos de derechos humanos, docentes. También, la jornada contó con poemas y una hermosa canción. Al finalizar, se nombró a todos los compañeros para hacer el presente y se descubrió la nueva placa.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Este homenaje, y otros que se están haciendo en los barrios y en las comunidades educativas, cobran aún más relevancia en un momento donde el gobierno de Milei y la derecha quieren instalar una campaña negacionista. Tenemos que redoblar los esfuerzos para seguir peleando contra la impunidad de los genocidas y empresarios complices que fueron impulsores del genocidio en nuestro país. Por eso decimos fuerte: ¡son 30.000! ¡apertura de los archivos! ¡juicio y castigo a todos los responsables!
Hacer memoria no es contemplar el pasado, es sacar las conclusiones para transformar el presente y el futuro. Reivindicamos la combatividad y la resistencia de la generación de los setenta que, lejos de la resignación, marcaron el camino para cambiar esta sociedad. Como dijo Myriam Bregman, cuando algunos dicen “no se puede”, hay que recordar el ejemplo de las Madres y Abuelas, quienes salieron a luchar contra lo más cruento de la dictadura militar sin importar el peligro. Contra la impunidad de ayer y de hoy: memoria, verdad y justicia.
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A los 14 años al banquillo: la Justicia porteña avanza con el régimen penal juvenil de Milei
26 de septiembre, por La doble vara — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , Edad de punibilidad, Juventud , Rafael Nahuel, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , Edad de punibilidad, Juventud , Rafael Nahuel
La Cámara porteña revocó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años y apartó a la jueza Laura De Marinis de la causa, habilitando el proceso bajo el nuevo régimen punitivo. Mientras se busca llevar a un pibe al banquillo, Casación Federal reduce las condenas a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel. Una doble vara que criminaliza a la juventud de los sectores populares mientras garantiza impunidad a la violencia estatal.
La Justicia porteña acaba de dar un nuevo paso en la implementación del régimen penal juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei. La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocó la resolución de la jueza Laura De Marinis que había declarado inconstitucional el artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) para el caso concreto del adolescente que sobreseyó por un caso de robo con grado de tentativa.
Pero la resolución no se limitó a revocar el sobreseimiento. La Cámara también apartó a la magistrada del expediente y ordenó sortear un nuevo juez. La decisión vuelve a poner en el centro de la escena la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad.
La Ley 27.801, aprobada por el Congreso y promulgada en marzo, establece un régimen penal para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. La norma entró en vigencia el 5 de septiembre y derogó el régimen anterior de la Ley 22.278.
El Gobierno presentó la reforma como una herramienta para abordar la problemática del delito juvenil. El cambio tiene una consecuencia concreta, ahora los adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente quedaban fuera del sistema penal pasan a estar alcanzados por un régimen de responsabilidad penal.
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Los que se horrorizan con el fallo de la jueza De Marinis evitan preguntarse si la respuesta debe pasar por ampliar el alcance del sistema penal sobre adolescentes o por fortalecer políticas de protección, educación, salud, vivienda y acompañamiento social. Evitan porque eligen el sistema penal como única respuesta.
El caso que encendió el debate
El expediente comenzó por una denuncia contra un adolescente de 14 años por una tentativa de robo de un teléfono celular. El hecho no llegó a consumarse.
De Marinis había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 exclusivamente para ese caso y había dispuesto el sobreseimiento del adolescente. La jueza no había declarado inconstitucional toda la ley.
Su decisión estaba limitada al expediente y se apoyaba en las circunstancias concretas del adolescente, incluyendo su situación de vulnerabilidad socioeconómica, la falta de consumación del robo y el principio de proporcionalidad. El propio Poder Judicial porteño informó que la resolución había aplicado un control de constitucionalidad y convencionalidad sobre el caso concreto.
Es decir, no se trató de una decisión que eliminara el nuevo régimen penal juvenil. Se trató de una jueza que cuestionó que ese régimen pudiera aplicarse automáticamente a un adolescente de 14 años en esas circunstancias. La diferencia no es menor.
La respuesta: revocar y apartar
La Fiscalía apeló la decisión. Ahora, la Cámara hizo lugar al recurso y revocó el fallo.
Los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca sostuvieron que De Marinis no había demostrado de manera suficiente que la aplicación de la nueva legislación fuera incompatible con la Constitución o con los tratados internacionales. Vale recordar que hay tratados internacionales que proponen justamente poner en primer lugar los derechos del niño. Como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Unicef es una de las organizaciones que también se pronuncia en oposición a la baja de la edad de punibilidad.Te puede interesar: Una mirada sobre el suicidio: ¿qué sociedad produce semejante malestar?
La propia resolución de De Marinis había puesto el foco sobre esa dimensión y había ordenado comunicar la situación del adolescente al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que interviniera desde el sistema de protección integral. El caso De Marinis funciona como un primer test del nuevo régimen penal juvenil. Pero la Cámara fue más allá, decidió apartar a la jueza del expediente.
La medida se produce después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionara públicamente la decisión de De Marinis y promoviera un juicio político contra la magistrada.
La “mano dura” empieza por los más jóvenes
La nueva legislación forma parte de una política de seguridad que coloca el aumento de la intervención penal como una de sus principales respuestas ante el aumento de la pobreza, el recorte de derechos básicos para los más vulnerables, la desocupación creciente. La precarización de la vida.
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Dos fallos en un mismo día que muestran que la vara no es la misma para todos. Si el acusado de intentar robar un celular es un pibe joven de un barrio popular, al que le faltó todo, el sistema lo convierte rápidamente en un delincuente, un peligro, alguien que merece la cárcel. Pero cuando la víctima es un joven mapuche asesinado por la espalda, como Rafael Nahuel, a manos de la Prefectura Nacional, la respuesta es otra: lejos de castigar al responsable del disparo, se le otorga beneficios. Para los pibes pobres, castigo y cárcel; para las fuerzas represivas que matan, impunidad y premios.
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Una salida anticapitalista para las juventudes
Frente a la respuesta punitiva, hay que levantar un programa que ataque las causas sociales de fondo. No queremos más policías ni cárceles para los pibes de los barrios populares. Queremos trabajo con derechos para las familias trabajadoras, reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, salarios que cubran el costo de vida y acceso a una vivienda digna. Queremos terminar con la precarización que condena a millones de jóvenes a trabajos sin derechos y sin futuro.
Defender la educación y la salud públicas, con presupuesto suficiente y bajo control de sus trabajadores y usuarios. Garantizar el acceso gratuito a la cultura, el deporte, la recreación y espacios de encuentro en cada barrio. Abrir las escuelas y universidades a las necesidades de las comunidades y terminar con la expulsión de quienes trabajan, cuidan o atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Pero ninguna de estas medidas puede pensarse separada de una cuestión de fondo: ¿quién decide sobre la riqueza que produce la sociedad? Mientras una minoría concentre las grandes empresas, los bancos, la tierra y los recursos estratégicos, las necesidades de las mayorías estarán subordinadas a la ganancia de unos pocos.
Por eso, una verdadera salida para las juventudes necesita cuestionar la propiedad capitalista y poner los recursos de la sociedad al servicio de las necesidades sociales. Expropiar a los grandes capitalistas, nacionalizar bajo control de sus trabajadores los sectores estratégicos de la economía y avanzar hacia una planificación democrática de la producción, para que sean las mayorías quienes decidan qué producir, cómo y para quién.
Frente a una juventud que el poder quiere disciplinar, criminalizar y encerrar, proponemos que se organice junto a la clase trabajadora para pelear por otra sociedad. No queremos jóvenes presos por ser pobres: queremos terminar con una sociedad que produce pobreza. No queremos una juventud adaptada al capitalismo: queremos una juventud organizada para transformarlo todo.
Baja de edad de punibilidad
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Caso Rafael Nahuel: jueces del poder ayudan a los prefectos asesinos y los salvan de ir presos
25 de septiembre, por Impunes — Política, Edición Argentina, Río Negro, Libertades Democráticas, Pueblos originarios, Prefectura Naval Argentina, Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Pueblo Mapuche, Patricia Bullrich, Comunidad mapuche, Rafael Nahuel, Villa Mascardi, Lof Lafken Winkul Mapu, Política, Edición Argentina, Río Negro, Libertades Democráticas, Pueblos originarios, Prefectura Naval Argentina, Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Pueblo Mapuche, Patricia Bullrich, Comunidad mapuche, Rafael Nahuel, Villa Mascardi, Lof Lafken Winkul Mapu
La Sala III de la Cámara de Casación, integrada por el padre del ministro de Justicia, bajó de prepo las penas a los cinco prefectos condenados en 2023. De los cinco años que les habían dado pasaron a tres, en suspenso, y encima los volvieron a habilitar para seguir reprimiendo.
En una nueva muestra de cómo funciona el Poder Judicial cuando de beneficiar a los servidores del poder se trata, los efectivos de Prefectura Naval responsables del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel recibieron una reducción en sus condenas, no pisarán la cárcel y, para colmo, podrán volver a vestir uniforme. Así, el aparato judicial vuelve a garantizar la impunidad para las fuerzas represivas del Estado, mientras las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia.
El caso de Rafael Nahuel, de 22 años, asesinado el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura en Villa Mascardi, Río Negro, es un emblema de la represión estatal contra los pueblos originarios que luchan por sus tierras. Los hechos ocurrieron en la Lof Lafken Winkul Mapu que se encontraba en una pequeña porción del Parque Nacional Nahuel Huapi. La misma comunidad fue reprimida tanto por el gobierno de Mauricio Macri como por el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
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Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal decidió rebajar las penas a los miembros del Grupo Albatros que en 2023 habían sido condenados a prisión. Todos miembros del Grupo Albatros. El año pasado la misma Cámara había dado sentencia definitiva en el caso, aunque había ordenado al tribunal rionegrino que revisara las penas. Pero en febrero de este año los jueces de primera instancia corroboraron esos cómputos y, ante un nuevo reclamo de las defensas, ahora la Cámara decidió arbitrariamente rebajarlos y permitir que los asesinos sigan “trabajando”.
El fallo, conocido este jueves, lo firman los jueces de la Sala III de la Cámara Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Todos socios del poder económico y político. El primero no sólo es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sino que es íntimo amigo de poderosos, como algunos capos de la AFA. Fue en la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino que el juez festejó uno de sus cumpleaños. Magistrados acostumbrados a jugar con las vidas (y las muertes) de los pibes y pibas de los sectores populares como Nahuel.
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Menos penas con viles argumentos
El fallo de Casación aparece justo en momentos en que desde grandes empresas periodísticas y usinas de propaganda de La Libertad Avanza se machaca con la necesidad de meter “cárcel o bala” (Espert dixit) a cuanto pibe sea atrapado arrebatando una billetera o un celular. Quienes se escandalizan por fallos judiciales basados en mínimos estándares humanitarios son quienes festejan que asesinos con uniforme cieguen vidas pobres a pedido de terratenientes y magnates como Benetton o Lewis.
Como relató entonces La Izquierda Diario, el juicio realizado varios años después del crimen en Fiske Menuco (Gral. Roca) tuvo muchas irregularidades y animosidades del Tribunal contra la comunidad mapuche. Y pese a que las penas aplicadas a los criminales fueron por demás módicas, se comprobó que no hubo enfrentamiento armado (la versión oficial buscaba instalar esa hipótesis) y que los uniformados actuaron sin filtros para matar.
En el juicio de 2023 los acusados pudieron seguir las audiencias por Zoom, un privilegio dado por al Tribunal Oral Federal de Fiske Menuco El prefecto Sergio Cavia fue condenado a cinco años de prisión por ser hallado autor material del “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. En tanto que a sus compañeros Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García se los consideró “partícipes necesarios” del crimen y fueron condenados a cuatro años y medio de prisión. A su vez Cavia recibió una inhabilitación para formar parte de fuerzas de “seguridad” por ocho años y el resto por siete.
En debate oral y (semi) público se comprobó que Pintos primero atacó a los jóvenes mapuche con un arma “no letal”, pero que a los pocos minutos él y sus cuatro cómplices dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y con un subfusil MP5. Uno de los disparos, proveniente de la pistola de Cavia, ingresó por la parte trasera de la cadera izquierda de Rafael Nahuel y le causó la muerte por hemorragia interna.
Pese a que las penas no eran excarcelables, el Tribunal no mandó a la cárcel a los asesinos sino que permitió que siguieran libres hasta que la condena estuviera firme. El año pasado la Cámara dictó un fallo definitivo que confirmaba las condenas, pero ellos siguieron en libertad.
Ahora la Cámara de Casación decidió reducir, a sola firma, aquellas penas y estableció nuevos cómputos que “de cumplimiento condicional”. Cavia pasó de cinco años de prisión a tres, Obregón de cuatro a dos y medio, Pintos y Sosa de cuatro a dos años y tres meses, y García de cuatro a dos. Todos pasaron de prisiones efectivas a prisiones en suspenso. Un verdadero premio al “cumplimiento del deber”. Así, se diluye por el momento la posibilidad de que los criminales pisen una cárcel, al menos por este hecho.
Por si fuera poco Mahiques, Borinsky y Yacobucci también les levantaron la inhabilitación especial que les impedía seguir formando parte de las fuerzas represivas del Estado. Algo por lo que clamó siempre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad durante todo el gobierno macrista y en los dos primeros años de gestión de Javier Milei.
Vale recordar que fue Bullrich quien, apenas corrió la noticia del asesinato de Nahuel, puso a todo su ministerio a trabajar al servicio del encubrimiento y la impunidad. Ella misma salió a hacer conferencias de prensa para instalar la endeble versión del enfrentamiento. Hasta llegó a vociferar delirios como que los jóvenes mapuche tenían armas de guerra que podían derribar árboles. Una metodología calcada a la que, en esos mismos meses, utilizó para zafar de su responsabilidad y la de Gendarmería en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Tito Nahuel y Graciela Salvo, padre y madre de Rafael, previo a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Criminal de Fiske Menuco | Foto David Sánchez - Télam Los camaristas argumentaron que la sentencia anterior no había tenido en cuenta de manera suficiente las circunstancias atenuantes ni había diferenciado el grado de responsabilidad de cada uno de los condenados. El fallo de esta semana llega luego de que en junio los jueces escucharan los lamentos de los cinco imputados. En su nueva sentencia dicen que tanto por la “falta de antecedentes penales” y “sanciones administrativas” como por la “falta de experiencia en enfrentamientos armados” que tienen los prefectos, se merecen ser salvados de ir a la cárcel.
Para la Cámara de Casación el argumento de la “legítima defensa” y la versión original del supuesto “enfrentamiento” siguen en pie, pese a que en el juicio no se expusieron pruebas que permitieran llegar a esas conclusiones. Los tres camaristas coincidieron en que todas las penas quedaran en suspenso y, además, que no se aplicaran inhabilitaciones a los condenados.
Una vez más, la mal llamada “Justicia” protege a quienes calzan uniformes y armas para defender los intereses de los poderosos. Mientras tanto, la comunidad mapuche y las organizaciones de derechos humanos denuncian que este fallo es un mensaje de aval a la represión y la criminalización de la protesta social.
La familia de Nahuel expresó su indignación ante la noticia y reafirmó que seguirán luchando para que los responsables paguen por el crimen. “No vamos a bajar los brazos, Rafita no murió en vano, vamos a seguir exigiendo justicia”, dijeron desde el entorno familiar a medios de prensa.
Rafael Nahuel | Patricia Bullrich y Prefectura
