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• La Plata: por justicia, verdad y memoria por Johana Ramallo

  4 de junio, por Sigue el juicio — Géneros y Sexualidades, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, Johana Ramallo, Géneros y Sexualidades, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, Johana Ramallo
  

  El viernes pasado se realizó la segunda audiencia del juicio de una de las causas que se desprende de la causa principal donde se investiga la desaparición y el posterior femicidio de Johana Ramallo. En esta causa se juzgan los delitos de encubrimiento, comercialización de estupefacientes y facilitación de la prostitución. Su mamá, Marta Ramallo, declaró y su valiente testimonio fue clave para imputar a Javier Novarini, otra de las personas señaladas por la familia desde el comienzo de su búsqueda.

  El viernes pasado se realizó la segunda audiencia por el juicio de los delitos vinculados a la causa principal de femicidio y desaparición de Johana. Su mamá Marta declaró y su valiente testimonio fue clave para imputar a Javier Novarini, otra de las personas señaladas por la familia desde el comienzo de su búsqueda. Es quien había tenido una relación con Johana tiempos antes de su desaparición y quien la habría acercado al consumo de drogas, tal como declaró Marta.

  El relato de Marta fue estremecedor y contundente. Dejó al descubierto la red de complicidades que opera alrededor del delito de la trata y explotación sexual en nuestra región. Marta desde el momento que su hija no llegó a casa comenzó su búsqueda por hospitales y comisarías, ella misma buscaba datos y se dirigía a direcciones que le daban mujeres víctimas de redes de trata.

  

  No recibió ningún tipo de ayuda, incluso por parte de la Policía solo recibió malos tratos, hostigamiento, amenazas y simulacros de investigación. Relató que un oficial le pegó a su hijo y le dijo "decile a la negra de tu mamá que cierre el orto porque le va a pasar lo mismo". También denunció que patrulleros de la Comisaría Novena se frenaban cerca de ella en una clara acción intimidatoria y que recibió tiroteos en su casa que nunca se investigaron." Todo está en el expediente de la impunidad de la provincia" señaló.

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  Expresó también que los ocho imputados no son los únicos responsables y exigió que se sigan investigando todas las responsabilidades. "A Johana la prostituyeron durante diez meses, la descuartizaron, ninguna de nosotras elegimos ser prostituidas". También denunció a la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones de la Policía Bonaerense) por la impunidad, desde donde Torres le dijo: "pueden devolverle a su hija con vida o en pedazos". Marta manifestó: "Yo destapé la olla y me devolvieron pedazos de mi hija".

  Marta hizo referencia al dolor de la familia por la desaparición y femicidio de Johana, el padecimiento de su pequeña hija y los sueños de una joven que el sistema le quitó brutalmente y para siempre. Además, hizo un recorrido por la vida de una hija atenta, amorosa y compañera que de haber tenido las oportunidades y la contención necesaria hubiese podido rehacerse su vida.

  El caso de Johana es testigo, no solo por impunidad que refleja sino porque, como cientas de pibas pobres, son arrojadas a su “suerte” sin protección del Estado, quien debería velar sus derechos

  Por esto, por todas las pibas que ya no están, por el ataque del gobierno a los derechos de las mujeres y diversidad este 3J en La Plata y el 4J en CABA junto a las jubiladas y sectores en lucha, movilizamos para gritar bien fuerte ¡NI UNA MENOS!

  Géneros y Sexualidades / La Plata, Berisso y Ensenada / Libertades Democráticas / Provincia de Buenos Aires / Poder Judicial / Johana Ramallo

• Infancias y adolescencias bajo sospecha: criminalización y pobreza en tiempos de ajuste

  3 de junio, por Sociedad — Libertades Democráticas, Baja de la edad de imputabilidad, Criminalización de la pobreza, Niñez y Adolescencia, Libertades Democráticas, Baja de la edad de imputabilidad, Criminalización de la pobreza, Niñez y Adolescencia
  

  Desde los comedores comunitarios hasta las calles, lxs niñxs y adolescentes enfrentan el avance de un sistema que, en lugar de protegerlos, los estigmatiza y criminaliza, al mismo tiempo que desmantela políticas públicas fundamentales. En esta entrevista, una referente de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia analiza esta realidad.

  El plan del gobierno de Milei basado en el hambre, el ajuste salvaje contra los trabajadores y la eliminación de derechos necesita un chivo expiatorio: por eso criminaliza a lxs pibxs y a los barrios populares. La estigmatización no es casual: es una herramienta de disciplinamiento para naturalizar la miseria y dividir al pueblo mientras avanzan con su proyecto de exclusión.

  Para entender la estrategia de punitivismo como política de Estado, dialogamos con Marcela Alejandra Val, presidenta de CHE PIBE e integrante fundadora de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia [1], quien junto al Grupo Facilitador del Espacio Asambleario de la Mesa abordó temas urgentes como la crisis alimentaria, la criminalización de la pobreza y los objetivos políticos detrás de la campaña por la baja de edad de imputabilidad.

  Este espacio federal y apartidario viene advirtiendo, a través de distintas acciones y actividades, sobre el grave retroceso en derechos que atraviesa la infancia bajo el gobierno de Javier Milei: desde el hambre y la falta de acceso a la salud, hasta la persecución a comedores comunitarios y el avance de discursos que buscan instalar el encierro como única respuesta estatal. En esta entrevista, desmontan los mitos del punitivismo y sostienen con firmeza que la cárcel no es la solución para lxs pibxs.

  - ¿Poseen datos respecto a la situación de las infancias que concurren a los comedores? (acceso a la salud, escolaridad, situaciones de trabajo infantil, alimentación)

  Hay un dato que ya viene circulando acerca de lo que ocurre, a nivel federal, en torno a la situación alimentaria en la Argentina. UNICEF dio un dato en 2024 que ahora se agravó: 7 millones de pibxs en el país viven en la pobreza y 1 millón se va a dormir sin cenar. Desde la Mesa de Articulación, junto a redes académicas y sociales, advertimos esta situación en todo el territorio, como lo venimos denunciando en lo cotidiano.

  Con el aumento generalizado de precios, los salarios congelados y el avance de despidos en el sector estatal y privado, los ingresos de las familias que cuidan de las infancias no solo están lejos de gozar de soberanía alimentaria, sino que ni siquiera tienen garantizada la seguridad alimentaria.

  Desde nuestra Mesa federal advertimos que la demanda en comedores comunitarios -sostenidos por mujeres de movimientos sociales- crece cada vez más, mientras estos espacios sufren criminalización y recortes en la entrega de alimentos. Esto llevó al cierre de comedores o a la reducción de días de atención. Aunque muchos intentan complementar con donaciones, hay un deterioro grave en la cantidad y calidad de nutrientes que lxs pibxs necesitan para desarrollarse. No es lo mismo comer 'lo que se pueda' que estar alimentado. Se necesita urgentemente una política alimentaria estatal, porque esta crisis profundiza los índices de pobreza y afecta la salud, especialmente en contextos de hacinamiento urbano.

  En salud, y en particular en salud mental, advertimos el cierre de dispositivos territoriales y que vacían los pocos que quedan. Allí aparecen deficiencias alimentarias -por mala calidad o falta de nutrientes- que derivan en enfermedades cada vez más frecuentes: desnutrición, anemias, diabetes, celiaquía, cáncer.

  Las demoras para operaciones indispensables son moneda corriente. Hospitales como el Garrahan, que atiende a niñeces de todo el país, sufren desmantelamiento, afectando tanto a trabajadorxs como a pacientes.

  Paralelamente, crece la psiquiatrización de lxs pibxs por autolesiones, depresión y ansiedad, sin abordajes comunitarios ni espacios culturales/deportivos. Esto impacta en el mal llamado 'rendimiento escolar', pues las escuelas no tienen equipos ni formación para contener estas situaciones, más allá de la buena voluntad de lxs docentes.

  Muchxs adolescentes realizan trabajos mal remunerados o no remunerados; en este último caso, principalmente niñas y adolescentes que asumen el cuidado de hermanxs, resignando su escolaridad.

  Tampoco existe un abordaje a los consumos problemáticos, y esto no es una crítica a la ley de salud mental, sino por la falta de reglamentación que arrastran varios gobiernos, lo que impide crear los dispositivos territoriales necesarios.

  A esto se suman los discursos de odio desde el gobierno y medios hegemónicos, que afectan especialmente a infancias y adolescencias racializadas, LGBTIQ+, migrantes y con otras condiciones personales.

  - ¿Cuál es su opinión respecto a las políticas públicas destinadas a los pibes?

  El sistema de promoción y protección de derechos de niñez y adolescencia requiere políticas públicas integrales, territoriales y adaptadas a las familias. Sin embargo, hoy vemos un retroceso: se recortan recursos y se niegan derechos, como los de las infancias trans, la ESI y la participación política. A esto se suma la violencia institucional, con casos graves como la niña gaseada en su rostro en una de las movilizaciones de los jubilados, o el adolescente herido con balas de goma por la policía bonaerense mientras hacía fila en un comedor en Quilmes.

  Asimismo, se advierte mayor hostilidad con niñeces en situación de calle, a la par que se incentiva una mirada de la infancia y adolescencia meramente consumidora cuando se habilita a preadolescentes de 13 años a realizar inversiones destinadas a la especulación financiera.

  - ¿Conocen de otros hechos, como el sucedido en Quilmes, en otros comedores? En caso de que sucedan, ¿consideran que es contra algunas organizaciones en particular?

  Hay persecución y criminalización de quienes trabajan en comedores comunitarios de movimientos sociales que no se alinean con el gobierno, incluyendo allanamientos, causas penales e inhabilitaciones de los espacios por cuestiones menores. Estas organizaciones son fundamentales para el cuidado y crianza colectiva de las infancias y adolescencias, brindando alimentación, contención, espacios seguros de esparcimiento y organización política de las adolescencias y redes de apoyo frente a las violencias.

  - ¿Por qué creen que se naturaliza la criminalización en los barrios pobres? ¿Ven alguna diferencia entre los diferentes gobiernos, más allá de las políticas de contención?

  La criminalización de la pobreza es una constante y prácticamente constitutiva del derecho penal mismo que, como sabemos, nutre sus prisiones de pobres y difícilmente hace recaer su peso sobre quienes cometen delitos a escala o el llamado delito de cuello blanco.

  Aunque la criminalización de la pobreza ha sido común a varios gobiernos, el actual profundiza esta lógica con un estado de excepción: el presidente promueve discursos de odio, amenaza opositores, difunde mentiras, alienta el machismo y la libre tenencia de armas, mientras minimiza e invisibiliza los conflictos sociales reales.

  Todas las medidas del gobierno son regresivas en materia de derechos. Desde la Mesa de Articulación alertamos a legisladores sobre el impacto del mega DNU y la Ley Bases, que afectan gravemente los derechos de la infancia y comprometen el futuro, incluso el derecho a un ambiente sano.

  Este gobierno se ha destacado por una política de desguace sin precedentes. A diferencia de gestiones anteriores, donde por distintas razones —ya sea por presión social, decisión política o afinidad con agendas progresistas— se lograron ciertos avances en derechos, hoy se ha retirado todo. Si bien la movilización popular, aplastada por la represión, estuvo presente desde el primer momento en que asumió el gobierno, la expectativa está puesta más en resistir que en conquistar nuevos derechos, que ni siquiera figuran en la agenda política. Esta situación también expone la falta de una estrategia clara por parte de la oposición frente a una política de extrema derecha.

  A la par, emergen nuevas expresiones populares de resistencia que se desmarcan de los reclamos sectoriales y, en algunos casos, prescinden de las estructuras organizadas de partidos políticos o sindicatos, resistiendo a la extrema violencia y transversalizando el conflicto. Hemos visto a lxs jubiladxs y los apoyos inéditos que generaron (aunque de forma no sostenida), así como la masiva marcha universitaria, la marcha antifascista antirracista LGBTIQ+ y otras formas novedosas de resistencia.

  En esta línea inscribimos también la lucha por los derechos de las infancias y adolescencias, con el protagonismo de lxs propixs pibxs. Por eso, nuestros escritos políticos y técnicos van acompañados de lo que escriben o dibujan lxs pibxs. Entendemos que, en este momento, la maniobra política los ha puesto en el centro de su estrategia de ataque y por eso apelamos al significado que tiene para nosotrxs como sociedad aceptar sin cuestionarnos que el gran problema de este país son lxs más jóvenes, incluso lxs niñxs, y que frente a eso, lo único en lo que podemos pensar es en la cárcel como respuesta.

  - ¿Por qué creen que se está dando esta avanzada de la policía en contra de las infancias y adolescencias de barrios vulnerables? ¿Hubo un incremento del gatillo fácil?

  No advertimos mayor incremento de casos de gatillo fácil, pero sí prácticas de abuso policial o el armado de causas, que ahora apuntan a pibxs de menor edad como consecuencia de este agite punitivista contra ellxs. También vemos hostilidad policial, el uso generalizado de balas de goma para disipar cualquier situación que se considere tumultuosa, no solo en las movilizaciones, sino también en los barrios populares. Dentro de esta hostilidad, advertimos la omisión en la intervención frente a las manifestaciones de violencia en estos barrios, donde la policía se limita a armar un cerco en torno a personas que se agreden físicamente, pero sin intervenir para detener el delito, sino más bien, mejorando el escenario para que continúe el enfrentamiento.

  También hay un recrudecimiento de otra forma de violencia policial: la complicidad con el avance del narcotráfico. Bajo el discurso mediático de "se matan entre ellos", se encubren formas sofisticadas de violencia institucional que disciplinan los barrios con lógicas narco, funcionales a políticas de sobrevigilancia y subvigilancia selectiva en territorios populares.

  Esta avanzada responde a lineamientos políticos claros. La policía actúa bajo órdenes ministeriales y también por señales del contexto, donde el poder y los medios legitiman la represión como forma de hacer bien su trabajo. Para este gobierno, seguridad es sinónimo de represión.

  Para nosotrxs, la seguridad implica justicia social, acceso real a la justicia y cuidado. Incluye los derechos de las víctimas, que no se limita al castigo del ofensor, sino también a través de la escucha, el acompañamiento y la reparación simbólica, emocional y material. Se trata de abordar los conflictos en toda su complejidad, evitando respuestas punitivas que no resuelven el daño y muchas veces dejan a las víctimas expuestas al temor de un posible reencuentro con el ofensor.

  - ¿Qué objetivos ven en la actual campaña del gobierno y la derecha por la baja de edad de imputabilidad?

  Los objetivos son los mismos que en otras iniciativas de otros gobiernos, y en eso, prácticamente todos los gobiernos desde el retorno democrático han agitado en algún momento la baja de edad, aunque no todos acompañaron sus declaraciones con iniciativas concretas. Y eso no es un dato menor.

  El objetivo es crear una "cortina de humo", un enemigo inexistente, en este caso lxs adolescentes, inventando estadísticas sobre el crecimiento del delito en edades más tempranas (lo cual es falso).

  Así, distraer la atención de otros problemas en general vinculados a lo socioeconómico, el desguace del Estado, el cercenamiento de derechos, los alimentos pudriéndose en galpones gubernamentales, las denuncias nacionales e internacionales contra el presidente por el escándalo de la criptomoneda.

  El discurso positivista es efectivo porque recurre a la sensibilidad que genera la idea de vulnerabilidad ante la agresión, promueve el individualismo y debilita la fraternidad y solidaridad. Focaliza el odio en colectivos históricamente vulnerabilizados (niñxs, adolescentes, jóvenes, subversivxs, migrantes) y ataca las agendas progresistas que promueven garantías, facilitando el avasallamiento de derechos civiles y políticos y la criminalización de la oposición. Así, se neutraliza la crítica al desmantelamiento del Estado social y al retroceso en derechos de lxs trabajadorxs.

  Un rasgo común es que estas iniciativas surgen en contextos electorales. El discurso punitivista es efectista y amplifica conflictos individuales para ocultar lo colectivo. A veces se basan en casos excepcionales que reciben cobertura mediática, pero no reflejan tendencias reales. Estudios incluso señalan que las noticias que criminalizan a infancias y adolescencias aumentan en periodos de receso vacacional, cuando baja la actividad política y buscan entretener.

  Este discurso reúne prácticas de crueldad que acompañan el contexto desde los centros de decisión, mediante un despliegue sistemático de extrema violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, como quienes están en situación de calle, migrantxs y vendedorxs ambulantes. La estrategia parece buscar acostumbrarnos a la respuesta violenta del Estado ante casi cualquier manifestación de disidencia.

  En esta política de crueldad se observa una intención de eliminar al colectivo de infancia y adolescencia, que nuestra cultura asocia al cuidado, la protección, las oportunidades de crecimiento, el juego y la educación. Mostrar a lxs pibxs como delincuentes peligrosxs y adultizarlxs permite eludir las obligaciones del Estado, lo que se refleja en el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a proteger sus derechos y justifica el desguace.

  En este gobierno hay una clara estrategia de constituir una pedagogía de la crueldad como mecanismo de disciplinamiento. La ministra de Seguridad lleva más de 20 años intentando sin éxito bajar la edad de punibilidad. Sin embargo, el contexto actual es otro, ya que el proyecto cuenta con dictamen favorable en cuatro comisiones de la Cámara de Diputados.

  Muchxs legisladorxs desconocen que el delito juvenil es bajo y está en descenso, y que el sistema penal vigente ya permite sanciones antes de los 16 años, incluso con antecedentes de penas perpetuas criticadas internacionalmente.

  Actualmente, se piensa en las cárceles como política para la pobreza, profundizando la criminalización de lxs pobres. Se promueven penas crueles y condiciones deshumanizadas, tomando como modelo las cárceles de Bukele, incluso agravando el proceso penal para lxs pibxs. Se afirma que las bandas criminales usan a lxs niñxs para delinquir, pero en lugar de evitar su captación y victimización, se lxs equipara con adultxs, criminalizando a las víctimas ante la incapacidad estatal para frenar la trata.

  Se sigue creyendo que los institutos de menores son escuelas, pero en realidad son cárceles con rejas donde trasladan a lxs pibxs con esposas, donde la circulación es libre. Ofrecen pocas oportunidades, mantienen o incluso inician consumos problemáticos, y si se fugan, se libra orden de captura. Ya ni siquiera se recurre a la idea, discutible, de la cárcel como factor de resocialización, lo que dificulta a las organizaciones exigir mejores condiciones cuando algún vecinx o pibx está presx.

  Para nosotrxs, esxs pibxs, esas personas, siguen siendo miembros de familias que viven en los barrios, jóvenes a los que vimos crecer y conocemos sus historias y los contextos en los que crecieron, acechados por las pautas de la vida precaria mientras que, de todas partes, se promueve el consumo. A veces, mujeres empujadas al narcomenudeo como única estrategia de supervivencia para procurar -al mismo tiempo- ingresos y el cuidado de sus hijxs. Varones que tienen la carga de ser "proveedores", pero son sobreexplotados en sus trabajos por un salario mínimo.

  Los objetivos en proponer bajar la edad de punibilidad son muchos; como intentamos describirlo, tienen múltiples implicaciones que sobrepasan lo estrictamente penal y la infracción penal que pueda cometer unx pibx. Dicho sea de paso -según UNICEF- sólo el 0,45% de adolescentes comete delitos, y de ese porcentaje el 84% son robos (no homicidios, no abusos, no delitos violentos). El gobierno de Milei explícitamente trata de refundar las bases de la nación y con eso pretende echar por tierra una máxima de nuestra cultura popular: “lxs niñxs primero”, para eludir las consecuencias políticas que esto implica.

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  [1] *La Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia es un espacio federal, plurinacional y apartidario, integrado por organizaciones sociales, académicas, sindicales y de derechos humanos. La Mesa surgió hace casi una década para defender los derechos de niñxs y adolescentes frente a los intentos de bajar la edad de punibilidad y otras políticas regresivas del Estado. Sostienen que el castigo penal a niñez y adolescentes es ilegítimo: "Está demostrado que aumenta la reincidencia y no reduce la violencia". Y subrayan que es falso que lxs pibxs menores de 16 años sean responsables de la inseguridad; de hecho, ya hay menores presxs ilegalmente y que bajar la edad de imputabilidad no solo viola la Convención de los Derechos del Niño, sino que profundiza el fracaso del sistema.

  Libertades Democráticas / Baja de la edad de imputabilidad / Criminalización de la pobreza / Niñez y Adolescencia

• Trabajador de Secco: "Pedimos ser reincorporados y que no cierren la planta"

  
  3 de junio, por En lucha — Mundo de l@s trabajador@s, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Paro, Energía, Trabajadores de Secco, Mundo de l@s trabajador@s, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Paro, Energía, Trabajadores de Secco
  

  Juan José es uno de los trabajadores despedidos de la empresa de energía Secco dialogó con ElDestapeTV y llamó a rodearos de solidaridad ante las amenazas de la empresa y el Gobierno

  "Algunos compañeros despedidos tienen más de 15 años de años de antigüedad" contó Juan José, referente de los trabajadores de Secco que pelean por su reincorporación.

  Desde hace varios días, más de 30 trabajadores esenciales de la empresa Juan F. Secco —multinacional argentina especializada en generación de energía— mantienen medidas de fuerza y diversas acciones. Frente a despidos arbitrarios e injustificados, los trabajadores no se quedan de brazos cruzados: se organizan, resisten y convocan a una acción solidaria.

  Te puede interesar: Gran Buenos Aires. Trabajadores esenciales de la energía realizan un paro ante más de 30 despidos

  Mundo de l@s trabajador@s / Zona Oeste del Gran Buenos Aires / Libertades Democráticas / Provincia de Buenos Aires / Paro / Energía / Trabajadores de Secco

• Caso Lacorte: una historia de lucha que aporta a enfrentar la represión de hoy

  31 de mayo, por A 24 años — Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Quilmes, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Carla Lacorte, Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Quilmes, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Carla Lacorte
  

  El 1º de junio de 2001, en Quilmes, el policía bonaerense José Salmo disparó a Carla Lacorte cuando ella volvía de la Facultad de Veterinaria. Allí comenzó una larga lucha contra la represión, que sigue hasta hoy y ella plasmó en su libro La disciplina de las balas, del que presentamos su capítulo final. El crecimiento del gatillo fácil en democracia, sus responsables y la relación con la represión a la protesta. Y algunas propuestas de lucha, en un contexto donde Milei y Bullrich profundizan la represión y sigue la criminalización de la juventud y los abusos policiales en los barrios de la provincia gobernada por Kicillof.

  Este domingo 1º de junio se cumplen 24 años del caso de gatillo fácil en el que el exoficial de la Policía Bonaerense José Salmo baleó y dejó en una silla de ruedas a Carla Lacorte, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS). Eran los días del “meta bala” que impulsaba el entonces gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf, para contener por vía del terror la conflictividad social que terminó estallando en diciembre de ese año.

  El mismo Ruckauf que ahora posa de especialista en “seguridad” y política internacional, siempre desde una clara postura de derecha, en las pantallas de La Nación o TN, mientras José Luis Espert, el nombre que más suena para encabezar la alianza entre LLA y el PRO en la provincia, repite en declaraciones a los medios esta peligrosa receta un cuarto de siglo más tarde.

  Aquel ataque policial fue para Carla el inicio de una lucha enorme, que compartió y comparte con familiares de víctimas de gatillo fácil, estudiantes, jubilados, trabajadores ocupados y desocupados que también tienen que enfrentar la represión del Estado. Este proceso fue condensado, junto a las elaboraciones que fue haciendo, en el libro La disciplina de las balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en la Argentina , que Ediciones IPS publicó en septiembre de 2019, cuando Patricia Bullrich finalizaba su tristemente célebre primera gestión en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

  

  Justamente en momentos en que Bullrich y Milei le dan una nueva vuelta de tuerca al ajuste del FMI para lo que sostienen una dura política de represión a la protesta (agravada por los intentos de cercenar el derecho de huelga), se vuelve a emplear al ejército para tareas de “seguridad interna” en el norte del país y se avanza en la criminalización de la juventud y en el gatillo fácil en los barrios, de la mano de las policías provinciales como la de Axel Kicillof en Buenos Aires; ofrecemos como aporte el capítulo final del libro en el que se analiza el crecimiento del gatillo fácil en los últimos cuarenta años en el marco del llamado “Estado Neoliberal”, su relación con otras formas de represión, sus responsables políticos y materiales y los fundamentos de una política revolucionaria para enfrentarlos.

  Parte final del capítulo 8 de La disciplina de las balas: Algunas reflexiones a manera de conclusión

  La Disciplina de Las Balas - Capítulo 8 - Algunas reflexiones a manera de conclusión by daniel.satur18

  Mirá también la primera parte del capítulo 8 haciendo clic acá

  

  Carla Lacorte conversa con una compañera de lucha | Foto Enfoque Rojo

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• Madres en Defensa de la Verdad: “Urgente, Jhondry Caraballo está siendo torturado en Tocorón”

  29 de mayo, por Comunicado — Libertades Democráticas, Represión en Venezuela, Edición Venezuela, Libertades Democráticas, Represión en Venezuela, Edición Venezuela
  

  Publicamos a continuación un Comunicado del Comité de Madres en Defensa de la Verdad en el que exigen atención médica inmediata e investigación para el caso de Jhondry Caraballo, de 41 años de edad, padre de dos hijos, quien se encuentra injustamente detenido desde el 1 de agosto de 2024 en el Centro Penitenciario de Tocorón.

  Comunicado Comité de Madres en Defensa de la Verdad

  Denunciamos que, JHONDRY CARABALLO, CI 16.381.308, de 41 años de edad, padre de dos hijos y sostén de su hogar, residenciado en Catia La Mar, quien se encuentra injustamente detenido desde el 1 de agosto de 2024 en el Centro Penitenciario de Tocorón, está siendo torturado por dos custodios apodados “El Tigre” y “El Diablo” desde el día de ayer. De acuerdo con la información disponible, JHONDRY se encuentra recluido en una celda de castigo, amarrado, recibiendo golpes de manera sistemática desde el día de ayer, encontrándose muy débil de salud.

  Presumimos que la razón de la tortura es un castigo por haber realizado una denuncia. En días pasados, durante una visita del Ministro del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, JHONDRY tomó la palabra y denunció ante esta autoridad los malos tratos que estaban recibiendo de parte de los custodios y del director del penal. De hecho, le informó al Ministro que temía por su integridad física después de que él se fuera por las denuncias que estaba realizando. Dos semanas después, JHONDRY está siendo torturado en el piso 2, celda 3, de este centro penitenciario.

  Exigimos a todas las autoridades competentes, realizar una inspección urgente para verificar el estado de salud de JHONDRY CARABALLO, brindarle atención médica urgente e investigar y sancionar a los funcionarios responsables de estos graves hechos. Así mismo, exigimos la destitución inmediata del director de ese Centro penitenciario. Hace tan solo unas semanas, LINDOMAR AMARO BUSTAMANTE, se quitó la vida después de haber permanecido durante 15 días en una celda de castigo. Le recordamos al Estado que es su deber proteger la vida e integridad de las personas que permanecen bajo su custodia y ratificamos que cualquier situación que le ocurra a nuestros muchachos es de su absoluta responsabilidad.

  ¡Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!

  Publicado originalmente en Instagram por Comités de Madres en Defensa de la y Surgentes Colectivo de DD.HH. https://www.instagram.com/p/DKPy169xPjD/?igsh=MW41Mmg2ZzJ4OTl2Nw==

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