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  • A 40 años del Juicio a las Juntas Militares

    22 de abril, por Efeméride — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio público a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, que condujeron el “Proceso de Reorganización Nacional”, acusados por violaciones a los Derechos Humanos.

    Los antecedentes

    Hacia finales de la dictadura, el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone pactó con la Multipartidaria (integrada por el PJ, la UCR y, entre otros, el PC) una transición ordenada. Antes de abandonar el Poder Ejecutivo, sancionó la ley 22.924 (conocida como "Ley de Pacificación Nacional" o "Ley de autoamnistía") que tenía como objetivo evitar que se juzgara y castigara su accionar durante los años que estuvo en el poder.

    Esta norma otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) por los crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

    No obstante, el entonces presidente Raúl Alfonsín tuvo que derogar esta ley a poco de asumir el gobierno debido al desprestigio de las FFAA ante las masas por los crímenes que cometieron durante la dictadura y la posterior capitulación en la guerra de Malvinas.

    Junto con la derogación de la Ley de autoamnistía firmó, bajo la infame teoría de los dos demonios, los decretos 157 y 158 que ordenaban el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y las tres primeras juntas militares. A fines de ese año, el gobierno radical dispuso la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y a principios de 1984 sancionó la Ley de reforma del Código de Justicia Militar.

    La modificación del Código reconocía la autoridad del fuero castrense en el juzgamiento de los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983. La ley tenía como objetivo que las FFAA condenaran a sus miembros, incorporándose de esta forma al proceso democrático; pero, al mismo tiempo, permitía la apelación de la justicia civil a través la Cámara Federal. Hasta ese momento los delitos militares eran juzgados únicamente por el fuero militar.

    Los militares no aceptaron ni siquiera este exceso de beneficios que la UCR les otorgaba. El 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que las órdenes de represión que habían dado las cúpulas militares eran "inobjetablemente legítimas".

    Fracasado el intento del gobierno de Alfonsín de que las FFAA se “juzgaran” así mismas, la Cámara Federal se hizo cargo del juicio a las Juntas en octubre de 1984. Los militares hicieron todo lo posible por evitar el juicio. El General Albano Harguindeguy, exjefe del Ejército durante la dictadura militar, en representación de las FFAA, trato de negociar para evitarlos.

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    La teoría de los dos demonios

    Con la colaboración de los integrantes de la CONADEP, se legitimó el discurso oficial del gobierno de Alfonsín que instaló la teoría de los dos demonios, que igualaba el accionar de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado, reduciendo el genocidio a una guerra entre bandos beligerantes.

    Esta “teoría” intentó ocultar que el golpe tenía el objetivo de liquidar a todos los activistas y referentes obreros antiburocráticos y los cuerpos de delegados que enfrentaban al peronismo en el poder.

    El radicalismo se planteaba desmovilizar los reclamos por juicio y castigo. La burguesía temía que estos fueran más allá y amenazaran la propia estabilidad del Estado capitalista, con unas FFAA en crisis para poder reprimir. Con ese fin, el alfonsinismo montó el juicio a las Juntas Militares en las que fueron juzgados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, y los líderes de los grupos armados que actuaron en la década del '70, mientras dejaba a más de 150.000 genocidas impunes, cifra estimada a partir de los datos de cuántos represores actuaron en los más de 500 centros clandestinos, sumado a los grupos de tarea que intervinieron en los allanamiento donde secuestraron a más de 30.000 personas.

    El juicio

    El 22 de abril de 1985 se iniciaron las audiencias y el 9 de diciembre del mismo año se dictó la sentencia a las Juntas. Se juzgaron a las tres primeras Juntas, dejando impune a la última Junta Militar y a todos los responsables civiles que participaron del genocidio de clase.

    Alfonsín, que como presidente de la Nación era también jefe de fiscales, nombró a Julio César Strassera: quien fuera fiscal durante la dictadura y que poco antes de morir habló contra la lucha de los derechos humanos para que “presente las pruebas” contra los militares.

    Los jueces que integraron el tribunal fueron: Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D' Alessio. Durante el juicio los jueces rotaron cada semana en la presidencia del tribunal. Luis Gabriel Moreno Ocampo fue el fiscal adjunto.

    Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública y en ella declararon 833 personas, entre ellos exdetenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y represores. Durante el juicio, aunque no se abrieron los archivos de la dictadura, y menos aún se conoció la identidad de los niños apropiados que nacieron en cautiverio, quedó en evidencia que desde el '76 al '83 hubo un aparato clandestino de represión.

    La clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, eliminación física de los detenidos y el saqueo de las viviendas de los detenidos, quedaron expuestos durante el juicio. Todos estos hechos fueron cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, bendecidos por la Iglesia Católica argentina. Un plan de exterminio contra una clase social, que los militares justificaron que pudo haber “excesos propios de cualquier acción militar”.

    Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Strassera realizó el alegato de la fiscalía. Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre alegaron las defensas de los jefes militares. Insistieron en que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra. La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal.

    Fueron sentenciados a prisión Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini. El fallo que condenó sólo a cinco de los responsables del genocidio fue apelado por la defensa. El 30 de diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia modificó la calificación de los delitos lo que consiguió la reducción de penas para Viola y Agosti a penas de 16 años y 6 meses de prisión y 3 años y 9 meses, respectivamente.

    Si bien el fallo reconoció que las Juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, señaló que cada fuerza actuó en forma autónoma y que las penas debían ser graduadas en función de ello.

    Este argumento permitió disminuir aún más las condenas. Incluso señalaron que con posterioridad a 1980 no se pudo comprobar crímenes que pudieran ser responsabilidad de la Junta Militar, exculpando a la tercera Junta: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Arturo Lami Dozo. Junta que fue responsable del secuestro y asesinato de Ana María Martínez, militante del PST, el 4 de febrero de 1982. La cuarta y última Junta fue excluida del juicio, dejando impune a Reynaldo Bignone, Augusto Hughes y Rubén Franco. Recién en el año 2011, Bignone fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante el tiempo que ostentó el poder.

    Pero en el último gobierno de facto comandado por Bignone, mucho más débil por la crisis de la derrota de Malvinas y las movilizaciones previas del movimiento obrero, fue asesinado el joven obrero metalúrgico Dalmiro Flores durante la marcha de la Multipartidaria del 16 de diciembre de 1982. A pesar de la apertura política, el aparato represivo del gobierno militar continuó funcionando y el 17 de mayo de 1983 fueron asesinados por policías bonaerenses los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Enrique Pereyra Rossi.

    Reynaldo Bignone le entregó el bastón, la banda y la Casa Rosada a Raúl Alfonsín.

    Un año después de finalizado el Juicio a las Juntas, y ante una enorme cantidad de denuncias contra las FFAA, el Congreso aprobó la Ley de Punto Final, cerrando la posibilidad de nuevos juicios. Al año siguiente, se sancionaba la Ley de Obediencia Debida, que desvinculaba de los crímenes de la dictadura a los oficiales y suboficiales de menor rango, evitando el juzgamiento de toda la cadena de mandos. Pero Alfonsín desde un comienzo ordenó juzgar solo a los comandantes de las tres fuerzas, bajo la lógica de la Obediencia Debida.

    A 40 años

    El aniversario número 40 del Juicio a las Juntas Militares, nos encuentra con un gobierno de extrema derecha, negacionista del genocidio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a los genocidas presos, junto con el cura reaccionario Javier Olivera Ravasi, fue una prueba de su intento (fallido) de avanzar con la impunidad. Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, defensora de los genocidas, a pesar de estar en conflicto de poder interno con el presidente, fue elegida para la fórmula presidencial por su perfil negacionista.

    Pero el importante repudio a la visita a los genocidas el año pasado. Y, éste año, la enorme movilización del último 24 de marzo (aniversario del golpe del '76), demostró que la memoria de las mayorías sigue intacta. A pesar del intento del gobierno de Javier Milei de tergiversar la historia, a través de la figura de Agustín Laje; cientos de miles de personas gritaron en las calles de todo el país: 30 mil detenidos desaparecidos ¡Presentes! y fue un genocidio.

    La lucha por memoria, verdad y justicia continúa. Por la apertura de los archivos secretos de la dictadura, que guardan tanto el Estado como la Iglesia católica. Por conocer el destino de los desaparecidos y desaparecidas. Y por recuperar la identidad apropiada de sus hijos e hijas.

    Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri

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  • Luca Bonfante: "¿TN quiere dejar afuera del debate de candidatos a la izquierda?"

    19 de abril, por Proscripción — , , , , , , , , , , , , , , ,

    El referente de la lucha estudiantil y segundo en la lista del FITU detrás de Vanina Biasi para las elecciones a la Legislatura porteña denunció que la señal de cable no incluiría a “la cuarta fuerza política de la Ciudad en el debate que está organizando” en lo que sería un hecho inadmisible.

    A través de La Política Online y otros medios se conoció que TN estaría organizando un debate de candidatos para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, dejando afuera al Frente de Izquierda Unidad con sus candidatos Vanina Biasi y Luca Bonfante. La fuerza política tiene como principales referentes a Myriam Bregman y Nicolás del Caño y una bancada de cinco diputados nacionales, en la CABA cuenta con 3 legisladores, en el 2021 obtuvo una banca en el Congreso Nacional con el 8% de los votos y es una de las principales fuerzas en el distrito.

    El dirigente estudiantil y candidato a legislador Luca Bonfante declaró que "de confirmarse lo publicado en La Política Online y distintos medios TN estaría proscribiendo al Frente de Izquierda Unidad. Es inadmisible: ¿pretenden dejar afuera del debate a la cuarta fuerza política de la Ciudad?”

    El joven referente conocido por las tomas de facultades y por debatir con libertarios insistió “sería la única fuerza con representación en la Cámara de Diputados y la Legislatura que dejan afuera, aun cuando las encuestas nos dan claramente arriba de otros invitados. Es un ataque clarísimo al Frente de Izquierda. El pueblo de la Ciudad necesita un debate en igualdad de condiciones de todas las fuerzas políticas, sin ningún tipo de proscripción ni censura. Es un derecho elemental tener acceso a todas las propuestas".

    Bonfante denunció además que "las condiciones en las que se da esta elección, organizada por el ejecutivo porteño, ya de por sí son restrictivas sin espacios de difusión gratuitos que favorecen solo a las listas bancadas por los grandes grupos económicos".

    Así lo denunció este sábado en el programa El círculo rojo de Radio Con Vos.

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  • Ramiro Dina: reconstrucción de una muerte en la Comisaría de Viedma

    19 de abril, por El minuto a minuto del 9 de febrero — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Durante el conversatorio realizado en CURZA- UNCo de Viedma, con la presencia de las hermandas de Ramiro y de la madre de Facundo Astudillo Castro, Cristina Castro; Leonella Dina relató detalladamente los hechos ocurridos el 9 de febrero, el día en que su hermano Ramiro perdió la vida dentro de una comisaría, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la justicia. Reproducimos esta reconstrucción necesaria, para dar cuenta de cómo actuó el estado, responsable de la muerte de Ramiro.

    Esa mañana, Ramiro se encontraba en la casa de los padres de Leonella. Se cambió y se dirigió al barrio "la 268" de Patagones, ya que era hincha del club del barrio. Allí se reunió en la plaza con los chicos de la hinchada, y todos juntos subieron a dos colectivos para asistir al partido de la Copa de Campeones que se disputaba en Viedma. Como el encuentro se jugaba en las canchas del Banco, ubicadas en el kilómetro 10 camino al balneario El Cóndor, se dirigieron hacia allí en los dos colectivos. A las 11:30 ya estaban pasando el control de seguridad privada e ingresando con toda la hinchada. El partido se llevó a cabo sin inconvenientes. Ese día “la 268” ganó, y Ramiro festejó en la cancha junto a los demás hinchas del barrio. Luego, salieron caminando.

    Los chicos subieron al colectivo, pero Ramiro decidió no hacerlo. Les dijo a sus amigos que se volvería en un auto particular. La hipótesis de la familia es que quizás esperaba a alguien en particular para regresar pero aunque no esté claro eso, lo que sí se sabe según relató la gente de seguridad, es que Ramiro estuvo aproximadamente diez minutos esperando fuera del predio. Al no conseguir con quién volver, comenzó a caminar por la ruta. Al llegar al kilómetro 9, ingresó a un barrio privado que hay en esa zona.

    Un llamado al 911 y una persecución injustificada

    La hipótesis de su familia es que, al no tener celular en ese momento, Ramiro buscaba la forma de comunicarse con ellos. Uno de los vecinos del barrio privado llamó a la policía, ya que según ellos habían sido víctimas de robos previamente, y al ver a Ramiro, un joven desconocido y por su vestimenta decide llamar al 911. Como dice Leonella, Ramiro fue juzgado por ir con ropa de cancha, zapatillas deportivas, una visera, anteojos de sol, en un día en el que hacía 40 grados de calor.

    Lo que se sabe es que un policía llegó rápidamente, posiblemente desde la garita ubicada cerca de la ruta. Según testimonios de los vecinos del barrio, el policía persiguió a Ramiro a los tiros dentro del predio. Se escucharon disparos, y en ese momento, al recibir la voz de alto, Ramiro se tiró al piso y permitió que lo reprimieran y esposaran. Luego fue subido a un patrullero. Los testigos afirman que esto ocurrió sin que Ramiro opusiera mayor resistencia. Eran aproximadamente las 16:15.

    ¿Qué pasó en esos 20 minutos?

    A partir de ahí es lo que debe explicar la justicia. Leonella, Guillermina y su familia, exigen que la justicia les pueda explicar qué es lo que pasó con Ramiro desde que a él lo cargan en el patrullero en el km 9 hasta que termina sin vida en la puerta de la comisaría n°30 del barrio Guido. Según el fiscal, la ambulancia del SAME que acudió al lugar certificó que Ramiro ya estaba sin vida a las 16:36. Es decir, en tan solo veinte minutos, Ramiro fue brutalmente golpeado y asesinado. Así fue como su cuerpo le fue entregado a su familia.

    En ese momento, la familia aún no tenía esa información. Lo único que sabían era que Ramiro no había regresado del partido, por lo que comenzaron a buscarlo. Pensaron que, al estar sin celular, podía haber vuelto caminando. En distintos vehículos de la familia y con la ayuda de amigos, comenzaron la búsqueda por la ruta, en casas de amigos, de su novia, e incluso contemplaron la posibilidad de que se hubiese desvanecido por el calor en el monte.

    El primer reconocimiento

    Cerca de las seis de la tarde, el cuñado de Leonella, pareja de su hermana, se dirigió a la comisaría 30 del barrio Guido. Allí observó un gran movimiento de vecinos, gritos, tumultos y un vallado de la Policía Federal. Vio una persona sin vida en el playón de la comisaría, cubierta con una sábana. Al preguntar quién era, le dijeron que se trataba de alguien proveniente de Bahía Blanca. El cuñado respondió que estaba buscando a su cuñado Ramiro, y en ese momento lo hicieron ingresar a la comisaría, donde comenzaron a interrogarlo para obtener información sobre Ramiro. Estuvo allí entre 15 y 20 minutos antes de ser liberado.

    Fuera de la comisaría, el cuñado de Leonella empezó a conversar con vecinos del barrio Guido, quienes le dijeron que el joven fallecido era flaquito, alto y llevaba una camiseta de Villa Mitre. Ese fue el primer indicio que lo puso en estado de alerta, ya que los colores de ese club coinciden con los de “La 268”.

    Leonella llegó a la comisaría a las 19:45, justo cuando sacaban el cuerpo en una bolsa. Le llamó la atención que lo hiciera una empresa funeraria, Casa Rey. Se acercó a pedir información, explicando que llevaba cuatro horas buscando a su hermano desaparecido. No le dieron respuestas. Entonces, junto a su familia, siguieron en dos autos la camioneta hasta la morgue del hospital.

    Primer intento de encubrimiento y violencia institucional

    Al llegar al hospital, fueron tratados como los “peores delincuentes”, dice Leonella. Habían enviado seis patrulleros de la Comisaría Primera y vallado el lugar. Leonella, que solo quería saber si el cuerpo era el de su hermano, fue completamente ignorada. En ese momento recordó que trabajaba en el Poder Judicial,y como nadie le daba información, decidió pedir ayuda. Llamó a sus conocidos y uno de ellos contactó al fiscal, quien accedió a atenderla.

    Gracias a su condición de empleada judicial, Leonella fue recibida por el fiscal en su oficina. Le mostró una foto del cuerpo de Ramiro, desde la cintura hacia abajo, sin mostrarle el rostro ni el estado en el que se encontraba. Ella lo reconoció por su contextura y la ropa que había usado para ir a la cancha.

    Luego, se dirigió a su casa para comunicarle la noticia a sus familiares en persona. Su mamá ya había estado en la comisaría y le habían dicho puras mentiras: le dijeron que Ramiro había sido detenido por robar en un kiosco, que se golpeaba la cabeza contra la pared, e incluso intentaron consolarla con palmadas en la espalda. A la familia de su novia también le dieron una versión similar. Más tarde quedaría completamente comprobado que no fue así, solo se trataba de encubrir lo que los policías habían hecho.

    La primera noche de lucha

    Esa noche, la familia y los amigos se reunieron frente a la casa. Comenzaron a recibir testimonios de vecinos del barrio Guido a través de las redes sociales: contaban que Ramiro había sido golpeado dentro de la comisaría, que se escuchaban sus gritos pidiendo que dejaran de pegarle, que lo patearon en la puerta de la comisaría, en la cabeza y en el pecho.

    Decidieron acercarse esa misma noche al playón frente a la comisaría para ver si algún vecino se animaba a hablar. Pero ya los estaban esperando. La policía salió a reprimirlos, les arrojaron toscazos desde la comisaría. A uno de los amigos de Ramiro lo detuvieron. La familia se subió nuevamente a los autos y, al dar la vuelta a la manzana, fueron perseguidos por móviles policiales, teniendo que esconderse ellos de quienes en realidad deberían estar dando respuestas. Esa noche también fue detenida la pareja de la hermana de Leonella, quien con el amigo de Ramiro, estuvieron detenidos hasta el día siguiente.

    Así comenzó el camino de Leonella, Guillermina, su familia y sus amigxs, en su búsqueda de justicia por Ramiro. Desde La Izquierda Diario, apoyamos a la familia de Ramiro Dina en su lucha hasta lograr la verdad y justicia.

    Leonella Dina junto a su hermana Guillermina y Cristina Castro, en el Conversatorio realizado por En Clave ROJA en el CURZA-Viedma

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  • El Gobierno gastó casi $ 80 millones “extra” el 12 de marzo para reprimir a jubilados e hinchas

    18 de abril, por Plata hay — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Son fondos destinados al accionar específico de las fuerzas federales ese día, en el que casi matan a Pablo Grillo y le arrebataron la visión a Jonathan Navarro. A eso se suman los “gastos corrientes” (del presupuesto) y los “fondos reservados” de la SIDE y otras agencias con manejo vidrioso. Y después dicen que “no hay plata”.

    Este lunes el Gobierno nacional informó el monto del gasto oficial “extraordinario” del operativo represivo del miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso. Entre las cuatro fuerzas federales, en un solo día el Ministerio de Seguridad sumó nada menos que $ 78.720.989.10 a los “gastos corrientes” para actividades de esta naturaleza.

    Además del gasto habitual y de esos casi 80 millones “extra”, habría que agregar también otra fortuna volcada al financiamiento de infiltrados y operaciones de inteligencia diversas, como la impresión y reparto de volantes apócrifos del Frente de Izquierda o la “entrega” de un patrullero para su incineración en plena vía pública. Los famosos “gastos reservados” de la SIDE y otras agencias especializadas en el manejo críptico y nunca detallado de cuantiosos fondos públicos.

    Tal vez haya que sumar, también, otros fondos salidos de despachos oficiales para que pseudoperiodistas, animadores televisivos e incluencers intentaran instalar el relato de que, en lugar de la concurrencia de hinchas de fútbol solidarios con la causa de las y los jubilados, las inmediaciones del Congreso se llenaron de violentas patotas de “barrabravas” que buscaban algo así como un golpe de Estado. Algo que sólo estuvo en la imaginación del libertarianismo reaccionario.

    Vale recordar que, producto del accionar criminal de las fuerzas federales durante aquella jornada de protesta de jubiladas y jubilados, resultaron heridos muchos manifestantes. Entre ellos el fotógrafo de 35 años Pablo Grillo, quien sigue luchando por su recuperación, y el trabajador municipal de 33 años Jonathan Navarro, a quien un balazo de goma le cegó el ojo izquierdo. Además de 114 detenidos “al voleo” y de forma tan irregular que debieron ser liberados a las pocas horas.

    Te puede interesar: Bullrich y la represión en Congreso: del armado de causas truchas a su responsabilidad criminal

    “Desembolso con carácter extraordinario”

    La información sobre los gastos específicos destinados al operativo del 12 de marzo le fue remitida a la diputada nacional Natalia Saracho, del bloque de Unión por la Patria, quien la había solicitado formalmente. El informe de dos carillas lo firma Analía Zapulla, a cargo del área de acceso a la información pública de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad del Ministerio de Seguridad Nacional.

    Allí el Gobierno afirma que ese miércoles participaron 1.266 efectivos, contando los de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y detalla cuánto recibió cada fuerza en concepto de “desembolso con carácter extraordinario”, lo que incluiría “consumo adicional de combustible” y “equipos de apoyo”.

    Quienes más dinero agarraron ese día fueron los comisarios de la Federal. A esa fuerza el Ministerio le depositó para gastos “extraordinarios” $ 75.963.104, más del 96 % del total, lo que se vio reflejado en una presencia mayoritaria de azules entre las tropas apostadas para apalear y gasear manifestantes. Los gendarmes recibieron por idéntico concepto $ 1.843.558,10, los aeroportuarios $ 466.800 y los prefectos $ 447.527.

    Si se divide el total de erogación “extra” de ese día (es decir los $ 78.720.989.10) por la cantidad de efectivos oficialmente destinados a las tareas represivas (1.266 entre las cuatro fuerzas), se puede concluir que el Gobierno gastó ese miércoles $ 62.180 más que lo habitual para movilizar y pertrechar a cada policía, gendarme o prefecto. Un monto muy cercano a los congelados $ 70 mil mensuales que el Estado paga en concepto de bono jubilatorio.

    Si se tiene en cuenta que la jubilación mínima (con ese bono congelado desde hace un año) apenas alcanza los $ 349.000, Bullrich y sus secuaces se patinaron de forma “extraordinaria” en aquellas frenéticas horas del miércoles 12 nada menos que el equivalente a 225 haberes mínimos. Que, huelga decirlo, cada vez están más lejos de lo que vale la canasta básica de los jubilados, estimada en más de $ 1.200.000. Obsceno por donde se lo mire.

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    A pocos días de esa brutal represión La Izquierda Diario te contó otro dato. Cada cartucho de gas lacrimógeno como el que impactó en la cabeza de Pablo Grillo equivale a dos tercios de una jubilación mínima. En julio de 2024, por la compra de casi seis mil de esos cartuchos a Fabricaciones Militares S.E., el Ministerio de Seguridad gastó U$S 992.875. Sí, pagó en dólares, pese a que el proveedor es una empresa estatal.

    Plata para reprimir al pueblo hay. Y de sobra. Como se viene insistiendo en estas páginas, la posibilidad de que Bullrich y sus rabiosos perros de presa sigan con sus “gastos extra” para gases, bastones, balas de goma y demás pertrechos es inversamente proporcional a la masividad que alcancen las movilizaciones a las que se busca reprimir.

    Como ocurrió en 2024 con las movilizaciones universitarias, o el 1° de febrero contra el discurso machista y homolesbotransfóbico de Milei en Davos, o el 8 y el 24 de Marzo ante fechas emblemáticas como el Día Internacional de la Mujer y el aniversario del golpe genocida, cuantos más seamos en las calles más rápido se frenará el afán criminal de las fuerzas represivas de Bullrich.

    Miércoles 12 de marzo, momentos previos al comienzo de la represión | Foto Enfoque Rojo

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  • Murió el genocida Héctor Vergez, cerebro del centro clandestino La Perla

    18 de abril, por Córdoba — , , , , , , , , , , , , ,

    Fue en el Complejo Penitenciario de Bouwer de Córdoba donde cumplía condena por su accionar durante la dictadura. El ladero de Luciano Benjamín Menéndez organizó el Comando Libertadores de América, la “Triple A cordobesa”, que actuó previo al golpe de 1976. Amparado por las leyes de impunidad, continuó haciendo inteligencia, estando involucrado en coimas vinculadas a la causa Amia. Detenido en 2006, recién en 2012 fue condenado por sus crímenes de la dictadura.

    “La Perla fue mi hija, mi obra. Yo la hice”, le confesó al periodista Ricardo Ragendorfer en una entrevista que mantuvo en su casa del centro porteño, en 2004. Allí se jactó de haber llevado a cabo “una guerra de inteligencia”. Para Vergez “las batallas se liberaban en los interrogatorios. Eso no siempre implicaba la tortura sino una pugna psicológica muy sutil con el detenido”confesó en aquella entrevista.

    Espía y experto en Inteligencia del Batallón 601, Vergez formó parte del Comando Libertadores de América en la provincia de Córdoba, la versión cordobesa de la Triple A. Junto al comisario Pedro Telleldín (encargado de la inteligencia en la policía cordobesa y padre de Carlos, implicado en el atentado a la Amia), atentaron contra el diario La Voz del Interior y fueron los responsables de asesinatos en la ciudad durante 1975 como los de la familia Pujadas, Susana Luna y Marcos Osatinsky (jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias- FAR).

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    Ya en curso la dictadura genocida, se desempeñó como Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, dependiente del III Cuerpo de Ejército en el Grupo Operaciones Especiales (OP3) inaugurando el centro clandestino La Perla. Allí fue la cabeza que determinaba sobre la vida y la muerte de quienes eran secuestrados y torturados en la provincia, como así también del robo de sus bienes. En un libro que escribió a modo de "memorias", titulado "Yo fui Vargas", se vanaglorió de haber matado a 43 militantes de la JUP en 48 horas.

    Pasado a retiro en 1979, continuó sus fechorías entre servicios a la exSIDE y negocios privados. Fue gerente de una financiera en la ciudad de Córdoba, vinculada al exvicepresidente Victor Martínez, donde realizó infinitas estafas. Quedó comprobada su vinculación con Telledín hijo y el pago de coimas en el caso del atentado a la AMIA.

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    Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, recién en 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 5 lo condenó a 23 años de prisión por los secuestros y desapariciones del abogado Julio Gallego Soto, del funcionario ministerial Juan Carlos Casariego de Bel y del militante del ERP Javier Coccoz. También fue juzgado por el secuestro de la esposa de Coccoz, Cristina Zamponi, y su hijo, quienes sobrevivieron. Posteriormente, en 2016, fue sentenciado a prisión perpetua en la megacausa "La Perla" por su responsabilidad en 448 delitos, incluyendo 108 homicidios calificados y seis casos de tormentos seguidos de muerte.

    Vergez murió en prisión. Fue encontrado tirado en el piso. Responsable de la represión, tortura y muerte en Córdoba fue uno de los pocos genocidas que cumplió condena en cárcel común.

    A pesar del negacionismo que busca instalar el gobierno nacional, seguiremos en la lucha por memoria, verdad y justicia porque FUE GENOCIDIO.

    Foto| Archivo Será Justicia

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