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  • Corte en Puente Pueyrredón a 24 años de la Masacre de Avellaneda exigió justicia por Darío y Maxi

    26 de junio, por Contra la impunidad — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Mientras Eduardo Duhalde pasea por el conurbano bonaerense, familiares de Kosteki y Santillán junto a organizaciones, artistas y organismos de derechos humanos renovaron el homenaje a los caídos el 26 de junio de 2002 en Avellaneda. Y reclamaron juicio y castigo a los responsables políticos de ese crimen de Estado.

    Este viernes se cumplen 24 años de la Masacre de Avellaneda, el acto criminal ejecutado por las fuerzas represivas del Estado al mando del gobierno nacional de Eduardo Duhalde en conjunto con la gobernación bonaerense de Felipe Solá. Como cada año, familiares y compañeros de lucha de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, junto a organizaciones políticas y sociales, homenajean a los jóvenes caídos. A su vez, vuelven a levantar la voz en reclamo de juicio y castigo a los responsables políticos que siguen impunes.

    Desde las 10hs este viernes se desarrolló un corte en Puente Pueyrredón en Avenida Hipólito Irigoyen en el marco de las actividades por el 24 aniversario de la Masacre de Avellaneda. Familiares, amigos, organizaciones sociales, referentes de izquierda como Nicolás del Caño se encuentran presentes para exigir justicia.

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    "Homenajeamos a Darío y Maxi a 24 años de la Masacre de Avellaneda. Su familia sigue exigiendo el castigo a responsables políticos, Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, todos los que estuvieron implicados en esta masacre, una masacre planificada en este crimen de Estado", señaló desde el Puente Pueyrredón, Nicolás del Caño a La Izquierda Diario. "Valoramos la lucha de Darío y Maxi, jóvenes de 20 años en ese momento que peleaban para que los sectores populares pudieran cambiar esta situación que viene afectándonos desde hace muchos años. Por eso esta lucha tan importante por justicia para encarcelar a los responsables políticos. Sus familias siguen exigiendo justicia, siguen siendo un ejemplo de lucha, persistencia, valentía. Por eso homenajeamos a Darío y Maxi con sus valores de solidaridad, de lucha colectiva que son tan necesarios en el día de hoy para para enfrentar a Milei y sus cómplices contra el ajuste contra las mayorías trabajadoras", agregó.

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    Las actividades comenzaron este jueves por la tarde y se extendieron hasta la noche en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda) del Ferrocarril Roca. Una jornada cultural que incluyó charlas debate, muestras e intervenciones artísticas y bandas en vivo, una olla popular, una feria autogestiva y una asamblea transfeminista plurinacional. De una de las charlas participó Raúl Godoy, obrero de la recuperada neuquina Fasinpat, referente del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) que impulsa el PTS y exdiputado neuquino.

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    Sigue la impunidad

    La Masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado perpetrado el 26 de junio de 2002 cuando las fuerzas represivas, bajo órdenes del gobierno peronista de Eduardo Duhalde y en coordinación con la gobernación bonaerense de Felipe Solá (también peronista), reprimieron brutalmente una manifestación de trabajadores y trabajadoras desocupados en el Puente Pueyrredón.

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    En esa jornada, en medio de una persecución feroz, efectivos de la Policía Bonaerense asesinaron a los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, en el marco de una represión planificada para disciplinar a los movimientos sociales que venían protagonizando luchas contra el ajuste y el hambre tras las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001.

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    Aquella represión fue parte de un operativo coordinado por el entonces secretario de Seguridad Juan José Álvarez, con participación de la SIDE, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y la Bonaerense (a la que Duhalde condujo como gobernador entre 1991 y 1999). El objetivo era enviar un mensaje de “orden” ante la crisis social y política, en medio de negociaciones con el FMI y con el peronismo intentando recuperar la calle frente al avance de la organización y movilización de los movimientos de desocupados, las asambleas barriales y las fábricas recuperadas.

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    La versión oficial, elaborada en los despachos gubernamentales y difundida por las grandes empresas periodísticas, intentó instalar que las muertes de Kosteki y Santillán fueron producto de un “enfrentamiento entre piqueteros”. Pero la verdad salió a la luz gracias a la movilización popular y la aparición de imágenes registradas por fotorreporteros que mostraban a los policías disparando a quemarropa. El saldo de la represión fue, además de los dos asesinatos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

    Tras revelarse la verdad de los hechos, pocos días después Duhalde anunció su decisión de adelantar seis meses las elecciones presidenciales que, originalmente debían realizarse en septiembre de 2003. Así quedó al desnudo su debilidad institucional al ser considerado el principal responsable político de la Masacre de Avellaneda.

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    Sin embargo, hasta hoy la impunidad persiste: si bien los autores materiales como el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados, los responsables políticos siguen sin ser juzgados. Y en 2024 el Poder Judicial benefició con la libertad condicional al excabo Acosta, lo que ha generado el repudio y nuevas movilizaciones de familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

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    Como se informó hace un mes, Duhalde acaba de ser homenajeado por las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús. La excusa fue la presentación del libro La gobernación de Eduardo Duhalde. 1991-1999. El proyecto político que transformó la provincia de Buenos Aires, escrito por Aritz Recalde (director del Departamento de Humanidades y Artes) y financiado por la propia UNLa. Junto al rector Daniel Bozzani, el exgobernador y expresidente fue repudiado cara a cara por familiares de Kosteki y Santillán y estudiantes organizados en el Cesaco.

    A 24 años, la Masacre de Avellaneda sigue siendo un símbolo de la criminalización de la protesta social y la represión estatal en defensa de los intereses capitalistas. La lucha por justicia y castigo a todos los responsables sigue vigente, y cada aniversario es una jornada de memoria activa, movilización y compromiso con los derechos de quienes luchan por una sociedad más justa.

    El homenaje del diputado Nicolás del Caño a Maxi y Darío en la sesión del miércoles

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  • Crece el reclamo por libertad para Mariela Agunin, presa por cannabis

    25 de junio, por Criminalización — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Este viernes hay una acción a las 11:00 en Tribunales de Bahía Blanca. La justicia confirma su encarcelamiento como si fuera una narcotraficante peligrosa, en una causa absurda armada por el fiscal Mauricio "cogollero gris" Del Cero, que además la ataca en los medios de comunicación.

    Mariela Agunin tenía su Reprocann en trámite por demoras del Estado, pero fue detenida en un operativo casi cinematográfico por 7 gramos de cannabis. Hoy tiene su certificado vigente, pero no puede acceder al uso de cannabis que tiene indicado por su médica. Esto, sumado al encierro y lo traumático de ser tratada como una criminal peligrosa, desencadenó en Mariela problemas de salud mental, ataques de pánico, de angustia, insomnio severo. Por eso hoy depende de dos medicaciones psiquiátricas para poder descansar, con los efectos secundarios que esto implica.

    Esto implicaría un justificativo más que válido para otorgarle como mínimo la detención domiciliaria, sobre todo tratandose de un "delito" no violento y sin daño a terceros. Algo que el juez Alberto Manzi, a cargo de la causa en el Juzgado de Garantías N° 3 viene dilatando innecesariamente: puso una fecha recién a fines de julio para realizar peritajes de salud a Mariela, cuando ella ya tiene informes de una psiquiatra y de personal médico de la penitenciaría de Saavedra donde está presa.

    Además, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Christian Yesari y Ángel Barbieri, confirmó el pasado viernes 19 su prisión preventiva, rechazando todas las apelaciones de la defensa de Mariela, en manos del letrado Carlos Carnevale. Utilizan como uno de los argumentos, para sostener la idea de que existe riesgo de fuga, la ausencia de trabajo en relación de dependencia.

    Pero como muchas mujeres jóvenes, Mariela es una trabajadora autónoma, precarizada: vende comida casera, cuida chicos, hace construcción en seco y biocontrucción comunitaria en barro, método con el que construyó su casita, arrasada por 13 policías en el violento allanamiento con el que la detuvieron, en el que no encontraron absolutamente nada. Esta política persecutoria es contradictoria con la Ley de Cannabis Medicinal, se trata de una sustancia que cada vez más se reconoce su bajísima peligrosidad, y cada vez se habla más abiertamente de sus usos terapéuticos e industriales.

    En ese marco, su hermano Santiago junto a la organización Cannabis y Salud y las comparsas de candombe de Bahía (donde Mariela tocaba el tambor chico antes de su detención) están convocando a una protesta en la puerta de los Tribunales de la justicia provincial que la está persiguiendo, para exigir su inmediata libertad. Esto se realizará este viernes 26 a las 11:00 en Colón 46.

    Crecen en el país y en la ciudad de Bahía Blanca los pronunciamientos en solidaridad, por parte de organizaciones sociales, sindicales, políticas, de cultivadores, de cannabis medicinal, etcétera. La CTA Bahía Blanca publicó recientemente un comunicado al respecto que ya fue firmado por casi 200 organizaciones y referentes de todo el país. También en el Comité en apoyo a Myriam Bregman de Bahía Blanca, con la presencia de unas 120 personas, se votó tomar esta causa y proponer la creación de una Coordinadora por Libertad para Mariela Agunin, invitando a todas las organizaciones y personas que quieran llevar adelante acciones, para poder multiplicar este reclamo.

    El fiscal Mauricio del Cero está pidiendo para ella una pena que va de 6 a 20 años, absurda en su desmesura, pero coherente con su cruzada junto a la Policía Bonaerense contra jóvenes cultivadores y usuarios. Además, sabemos que la mayor parte de las personas privadas de su libertad por casos encuadrados como “narcomenudeo” son mujeres, por eso la consigna “Ni una presa más por cannabis” fue parte del último Ni Una Menos en Bahía Blanca.

    La fiscalía solamente pudo probar concretamente que le entregó 7 gramos de cannabis a una amiga en la plaza, pero fuerza la interpretación de los peritajes al celular de Mariela para pintar el cuadro de una persona que se dedica al "narcomenudeo". Utiliza el hecho de que se hayan encontrado en la plaza para hablar del agravante de un espacio público. De este modo, el delito que se le imputa tiene una altísima pena en expectativa, y así la justicia justifica su encarcelamiento preventivo.

    Como si todo esto fuera poco, el "cogollero gris" Del Cero habla en medios de comunicación de que ella vendía "drogas, fundamentalmente marihuana", configurando una "fake new": sugiere así que hubo otra sustancia involucada además de cannabis, algo que es absolutamente mentira. Además, con su repugnante tono moralista, habla de "afán de lucro" y de "habitualidad", y eso reproduce el diario La Nueva, uno de los principales medios de la región. Pero lo único concreto son esos 7 gramos, que la mitad fueron un regalo, y un solo intercambio anterior de wassap con una amiga. Juntas, ambas situaciones citadas en la causa no suman ni siquiera el valor de 3 pizzas. Se trató de intercambios solidarios, por un monto que en dos meses no suma ni lo necesario para pagar una factura de un servicio.

    El ensañamiento con una mujer trabajadora como Mariela, que no vivía de esto, y cuyos proyectos laborales (en docencia como técnica agropecuaria, en acceso por cuerdas para trabajar en los parques eólicos) quedaron totalmente truncados por el encarcelamiento, contrasta con la enorme impunidad de la que gozan los verdaderos narcos en la ciudad.

    Sólo basta con recordar el caso de las "bobinas blancas" de 2017. Incautaron casi 2.000 kilos de cocaína ocultos dentro de enormes bobinas de acero en el Parque Industrial de Bahía Blanca, ningún directivo de las empresas logísticas del Parque Industrial involucradas terminó condenado o en prisión. A quien figuraba como responable en el país de la falsa empresa canadiense Can Trade Connections le dieron 6 años de prisión, a quienes lavaban el dinero y organizaban la logística concretamente, les dieron 5 años. Una pena menor que la que piden para Mariela, y se trataba de uno de los mayores secuestros de cocaína en la historia argentina.

    También este año conocimos el brutal caso de Thiago, el niño baleado por soldaditos del narco en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca. Las organizaciones sociales y territoriales como Proyecto Social, Educativo y Pastoral "Los Pibes de Don Bosco", Jóvenes Esperanza, Oratorio Taller de Soñadores y Oratorio Esperanza, vienen denunciando hace tiempo el crecimiento de la violencia y el narco. Su familia sigue denunciando que la causa de Thiago aún no tiene fiscal a cargo.

    El contraste con la saña punitiva hacia Mariela es tremendo, y habla de la impunidad de los verdaderos narcos que brinda esta justicia para ricos y patriarcal. Una nota al margen para el fiscal Del Cero, que además fue garante de la impunidad del poder político de Monte Hermoso en el aberrante femicidio de Katherine Moscoso.

    El diputado provincial Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y representante del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) en la Cámara baja, presentó el 3 de junio un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para exigir la inmediata libertad de Mariela Agunin.

    En Bahía Blanca, además, hay un amplio sistema de vigilancia con cámaras y persecución con redadas violentas en los barrios populares. Esta política municipal se complementa con el tándem entre el Fiscal Del Cero y la Policía Bonaerense que permanentemente requisan y arman causas a jóvenes y trabajadores por pequeñas cantidades de cannabis, se amparan en el concepto sui generis de "microtráfico" además con métodos muy cuestionables como en el caso, que cubrimos desde este medio, de los jóvenes de Puan.

    El texto presentado en la Legislatura Provincial Bonaerense por Christian Castillo traza un paralelismo directo del caso de Mariela con el emblemático caso de Damián Raña en Ensenada (2019), cuya libertad se conquistó mediante la movilización popular, y destaca la contradicción de estas detenciones frente a la tendencia internacional, como la reciente reclasificación del cannabis en EEUU.

    Seguimos exigiendo la legalización integral, como plantea el proyecto presentado nuevamente en el mes de mayo en el Congreso Nacional por Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Es similar al que vienen presentando desde 2016, previo intercambio con organizaciones cannábicas que participaron de su elaboración. La regulación integral es central para terminar con la persecución, y conseguir la amnistía a todas las personas condenadas por cannabis.

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  • Jujuy: Bullrich y el juez Lijo detienen a un joven campesino

    25 de junio, por Libertad de expresión — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Franco Oscari fue detenido tras un operativo violento de la policía federal que irrumpió de madrugada en su casa del Paraje Las Goteras en Santa Barbara. El motivo, una supuesta amenaza por redes sociales contra la senadora de la Libertad Avanza. El MNCI, organizaciones sociales, de derecho humanos y políticas denuncian persecución política por defender la tierra.

    En la madrugada del miércoles 24, la Policía Federal allanó violentamente la vivienda donde vive el joven campesino, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-MNCI VC, y de la organización Tierra Fértil, Franco Oscari. La orden la dio el juez Ariel Lijo a pedido de Patricia Bullrich. Ocurrió en el paraje Las Goteras, del departamento Santa Bárbara, al suroeste de la provincia.

    ¿Los motivos? Una supuesta amenaza a la senadora en la red social Facebook.

    El repudio a esta arbitrariedad no tardó en generar solidaridad por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, abogados, periodistas, sindicatos, activistas y referentes políticos. Desde la Legislatura de Jujuy fue la diputada Natalia Morales del bloque del PTS FITU, que denunció la situación durante la situación "en la provincia sabemos de presos por tuitear, ahora esta situación de extrema gravedad que vincula a un joven de una organización que defienden la tierra y el territorio".

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    El joven se encuentra detenido en la División Unidad Operativa Federal de la policía federal en San Salvador de Jujuy. Su detención ocurre en un contexto donde desde distintas comunidades y familias vienen enfrentando intentos de desalojo y peleando por el derecho de permanecer en sus tierras y en defensa del agua. Durante el día de hoy referentes de Derechos Humanos, de la organización campesina e incluso Nahuel Morandini, ex preso por tuitear fueron a constatar el estado en el que se encuentra detenido, también se hizo presente Lamia Debbo del bloque del PTS FITU quien brindó solidaridad con Franco y su familia y solicitó un informe sobre el operativo al jefe de la DUOF, tras las denuncias sobre procedimientos irregulares durante la detención.

    Tras una reunión de coordinación por la libertad de Franco realizada ayer miércoles se está convocando a una concentración afuera del lugar de detención para exigir su solidaridad.

    Ampliaremos.

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  • Los fusilamientos de José León Suárez de 1956 fueron declarados crímenes de lesa humanidad

    23 de junio, por Operación Masacre — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Fueron setenta años de impunidad, que incluyeron abrazos de Menem con el almirante Rojas. La lucha de familiares y militantes por los derechos humanos logró un juicio por la Verdad, que este lunes finalizó con una sentencia condenatoria por las cinco muertes y siete tentativas de homicidio ocurridas la noche del 9 de junio de 1956. Rodolfo Walsh lo reconstruyó un año después, pero el Estado siempre bancó a los asesinos.

    Después de setenta años de silencio y encubrimiento estatal, los fusilamientos de José León Suárez, que Rodolfo Walsh retrató en su gran investigación Operación Masacre , fueron reconocidos judicialmente como crímenes de lesa humanidad. Fue este lunes, tras desarrollarse el juicio por la Verdad en los Tribunales de San Martín.

    El proceso estuvo a cargo de la jueza federal Alicia Vence. Allí fueron juzgadas las responsabilidades por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad, homicidios agravados y tentativas de homicidios agravados ocurridos en la noche del 9 al 10 de junio de 1956, hace exactamente setenta años.

    La investigación judicial, motorizada por familiares y organismos de derechos humanos, llevó a la jueza Vence a dictar una sentencia según la cual se dio por probado el secuestro de doce personas, su traslado a los basurales de José León Suárez (partido de San Martín) y un fusilamiento colectivo en el que cinco de las víctima resultaron asesinadas.

    Sin embargo, más allá de la sentencia, no hubo condenados. O sí, pero ya están muertos. Se trata de parte de la plana mayor de la autodenominada “Revolución Libertadora” (rebautizada popularmente como “La Fusiladora”). Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Juan Ceferino Quaranta (exsecretario de Inteligencia del Estado), Desiderio Fernández Suárez (exjefe de la Policía de Buenos Aires) y Rodolfo Rodríguez Moreno (exjefe de la Unidad Regional de San Martín). Según la sentencia de la jueza Vence, todos ellos deberían haber sido condenados a prisión perpetua.

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    En el juicio se dio por probado que por orden de “La Fusiladora” se allanaron dos casas de la localidad Florida, donde estaban reunidos Mario Brion, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Vicente Rodríguez, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Juan Carlos Livraga, Julio Torres, Horacio Di Chiano y Miguel Ángel Giunta. Menos Torres, que logró escapar, todos fueron detenidos. También cayeron Julio Troxler y Reinaldo Benavides, sorprendidos cuando llegaban a la reunión.

    Los llevaron a la Unidad Regional San Martín de la Policía y horas después, en un colectivo de línea “prestado” para tal fin, se los trasladó a los basurales de la región donde se ejecutó un fusilamiento colectivo. Brion, Garibotti, Lizaso, Carranza y Rodríguez murieron en el acto. El resto sobrevivió, algunos fingiendo haber muerto. Giunta pudo escapar, pero al tiempo lo volvieron a apresar. Díaz también fue recapturado tras pasar varios meses escondido. Troxler y Benavides se fueron a Bolivia y Gavino se refugió en la embajada de ese país en Buenos Aires. Livraga fue el “fusilado que vive”, encontrado de casualidad por Walsh y cuyo relato dio inicio a la investigación periodística.

    Durante siete décadas el Estado argentino garantizó la impunidad de esos crímenes. No sólo eso, sino que en 1989 el entonces presidente Carlos Menem fue a visitar a su casa al mismísimo Isaac Rojas, uno de los criminales, y se fundieron en un abrazo. El gobierno que hegemonizó al peronismo en los años 90 y hoy es “modelo” de la gestión de Javier Milei justificó aquella impunidad en su política de supuesta “reconciliación nacional”. Es sabido que las víctimas de la Operación Masacre se referenciaban, justamente, en la llamada “resistencia peronista” al golpe gorila instaurado en 1955.

    Dos encuentros de Menem con Rojas, uno en 1989 y otro en 1996 durante un acto de la Armada
    Dos encuentros de Menem con Rojas, uno en 1989 y otro en 1996 durante un acto de la Armada

    Durante años los responsables gozaron de impunidad, protegidos por pactos de silencio y complicidades estatales. Sin embargo, la persistencia de quienes nunca bajaron los brazos logró torcer el rumbo. Tras largos años de lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, finalmente se logró que los estrados judiciales convalidaron lo que Walsh investigó y concluyó a poco de ocurridos los hechos. Inaugurando el género non fiction en estas tierras, Operación Masacre fue publicada por primera vez en 1957.

    La sentencia deja en claro que aquellos crímenes no prescribieron y que sus causantes, aún amparándose en la impunidad biológica, pueden ser juzgados de cara a la Historia.

    Julia Carranza, hija de Nicolás, dialogó con La Izquierda Diario en las afueras de los Tribunales de San Martín mientras aguardaba la sentencia. “Cuando a él lo fusilaron yo tenía 45 días. Mucha emoción, muchos nervios, es histórico lo que está pasando, porque después de setenta años se logra el juicio. Esperamos que en los colegios se hable de este tema, lo que pasó es la pura verdad. Que la juventud se asesore para que no vuelva a pasar, más en el tiempo que estamos viviendo”.

    Alberto Palacio, abogado de las familias querellantes y director de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSaM, destacó que en el debate oral y público los seres queridos de las víctimas “pudieron expresarse después de tanto tiempo sosteniendo el reclamo de memoria, verdad y justicia”. En ese marco, afirmó, la sentencia “es un acto reparatorio importante”.

    Foto Huellas del Sur

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  • Legalizan las Taser para fortalecer la represión en medio de la crisis social

    23 de junio, por Río Negro — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Este 11 de junio de 2026 la Legislatura de Río Negro aprobó una ley que habilita a la Policía provincial a incorporar y utilizar pistolas Taser, aerosoles irritantes y otros dispositivos denominados ‘armas menos letales'. Se profundiza una orientación represiva en un contexto atravesado por el ajuste, el crecimiento de la pobreza y el aumento del malestar social.

    El gobierno provincial presenta esta medida como una herramienta moderna para la prevención del delito y bajo el argumento de que permitirían intervenciones más ‘seguras' y reducirían el uso de armas de fuego; sin embargo, detrás de este discurso de innovación y seguridad se profundiza una orientación represiva que busca ampliar las capacidades de control estatal en un contexto atravesado por el ajuste, el crecimiento de la pobreza y el aumento del malestar social.

    El mito de las armas "no letales"

    Las pistolas Taser no son herramientas inofensivas ni una solución eficaz frente a la inseguridad aunque suelen presentarse como armas ‘no letales' o ‘menos letales', distintos organismos de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de su utilización, ya que, producen descargas eléctricas destinadas a generar dolor e inmovilizacióny pueden provocar lesiones graves e incluso muertes en determinadas circunstancias. Por eso, no debe pensarse solamente como si fuera la llegada de una nueva herramienta tecnológica, sino como un cambio en la forma en que el Estado ejerce su poder de coerción.

    Asimismo, el problema no es únicamente la existencia de un dispositivo eléctrico, sino la ampliación de las facultades de intervención policial en la vida cotidiana. La experiencia muestra que cuando se incorporan nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad su uso puede extenderse más allá de los casos excepcionales para los que fueron justificadas, aumentando las posibilidades de intervención y control sobre la población.

    Si bien desde el gobierno se plantea que los efectivos recibirán capacitación para su utilización, otra de las cuestiones es ¿quiénes serán responsables de esa formación y bajo qué criterios se realizará?. En ese sentido, el uso de armas ‘menos letales' puede terminar legitimando mayores niveles de vigilancia, persecución y violencia institucional, especialmente sobre sectores vulnerables, jóvenes de barrios populares y trabajadores.

    Más presupuesto para controlar, menos para garantizar derechos

    La aprobación de esta ley en Río Negro no puede entenderse por fuera del contexto actual. El gobierno de Alberto Weretilneck se alinea a la derecha de Milei y Bullrich.Mientras faltan recursos para áreas fundamentales como salud, educación, vivienda y empleo, sí aparecen fondos destinados a reforzar el equipamiento represivo.

    En los últimos meses, la provincia fue escenario de distintos episodios represivos que involucraron a fuerzas de seguridad, uno de los hechos más recientes ocurrió durante una jornada que comenzó con una acción de visibilización y una volanteada a la altura del puente carretero,en el marco de reclamos docentes por salarios y condiciones laborales dignas que terminó con la intervención represiva por parte de la Gendarmería Nacionaly la Prefectura Naval,y entrada la media mañana se sumó al operativo la Policía Federal, mediante el uso de gases y palos contra quienes participaban de la protesta.

    Asimismo, frente a los problemas de violencia en las escuelas la respuesta estatal suele orientarse hacia medidas como: la presencia de policías en las instituciones escolares, el control de las acciones cotidianas, restricción en la circulación y el posible secuestro de dispositivos, trasladando el enfoque hacia la criminalización de las juventudes en lugar de abordar las causas sociales de fondo.

    Mientras tanto, docentes y familias denuncian que muchos pibxs atraviesan situaciones de hambre, dificultades de acceso a la salud y falta de condiciones básicas dentro de las instituciones educativas. Esta forma de abordar la problemática también evidencia una expresión de violencia institucional: la falta de equipos interdisciplinarios, la ausencia de inversión en salud mental y la escasez de políticas de acompañamiento social. Como señaló la concejala Julieta Katcoff "la violencia también se ejerce cuando el Estado no garantiza los recursos necesarios".

    En la misma línea, el gobierno de Río Negro avanzará con la implementación de controles biométricos, una herramienta que ya se aplica y se aplicó en distintos lugares del pais y el mundo, bajo el argumento de tener un mejor registro de asistencia de los empleados públicos mediante sistemas de reconocimiento facial y datos biométricos.

    También, a nivel nacional esta misma lógica se expresa en las políticas impulsadas por el gobierno de Milei y Bullrich, que refuerzan el aparato coercitivo, el equipamiento policial y las herramientas represivas. Todos estos hechos se dan en un contexto de vaciamiento de la educación y la salud, con salarios docentes que continúan en niveles de pobreza y una creciente falta de respuestas a las demandas sociales. La orientación del Estado frente a los reclamos laborales y sociales parece enfocarse en el disciplinamiento y la criminalización por sobre la garantía de derechos.

    Hacia otra respuesta frente a la crisis social

    La incorporación de las pistolas Taser en Río Negro y otros dispositivos de control no representa una respuesta a las causas profundas de la inseguridad ni a los problemas sociales que atraviesan miles de familias trabajadoras. Por el contrario, forma parte de una orientación que busca fortalecer los mecanismos de control y coerción estatal mientras se mantienen el ajuste, la precarización laboral, el deterioro de la educación pública, la crisis habitacional y el vaciamiento de la salud.

    Desde el PTS sostenemos que la verdadera seguridad para los sectores populares y de trabajadores comienza por garantizar trabajo con derechos, salarios que cubran la canasta familiar, acceso a la vivienda, educación pública y laica de calidad, salud integral y políticas de acompañamiento para las juventudes. Los millones destinados a equipamiento represivo deberían destinarse a crear equipos interdisciplinarios en escuelas y barrios, fortalecer la salud mental, construir viviendas, garantizar infraestructura educativa y generar empleo genuino.

    Frente a una política que responde a la pobreza con más policía y más armas, proponemos una salida opuesta: la defensa irrestricta del derecho a la protesta, como garantía de todos los demás derechos, terminar con la criminalización de la juventud y los sectores populares, avanzar en la organización democrática de trabajadorxs, estudiantes y comunidades para decidir sobre las prioridades sociales, entre otras. Porque la salida a la crisis no puede ser más represión para quienes sufren sus consecuencias, sino una reorganización de los recursos en función de las necesidades de las grandes mayorías y no de los intereses de unos pocos.

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