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Represión y criminalización: van a juicio dos laburantes que protestaron contra la Reforma Laboral
30 de septiembre, por ¡Milton y Eneas no son terroristas! — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Criminalización de la protesta social, Flexibilización laboral, Presos políticos, Carlos Stornelli, Marcos Paz, Represión, Milton Tolomeo, Eneas Gallo, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Criminalización de la protesta social, Flexibilización laboral, Presos políticos, Carlos Stornelli, Marcos Paz, Represión, Milton Tolomeo, Eneas Gallo
Milton Tolomeo y Eneas Gallo siguen presos por haberse movilizado al Congreso en repudio de la ley pedida por las corporaciones capitalistas. Organizaciones de derechos humanos demuestran cómo se armó una causa, acusándolos de uno de los delitos más graves del Código Penal. Las familias invitan a firmar un petitorio.
“Milton y Eneas van a juicio sin fecha y los siguen acusando de terrorismo. Terminó la etapa de instrucción sin que hayan dado los resultados de las pericias toxicológicas y de análisis de dispositivos y el juicio puede llegar recién el año que viene. Mientras, obvio que siguen ‘adentro'”, se lee en uno de los mensajes de Whatsapp que circulan en grupos y canales militantes y de medios alternativos. Los envía Eva del Rosario, compañera de Milton Tolomeo.
Milton y Eneas Gallo son dos presos políticos que llevan muchos meses (uno desde febrero, otro desde marzo) detenidos en el penal federal de Marcos Paz. Tras manifestarse en las calles contra la nefasta Reforma Laboral esclavista, fueron acusados de “intimidación pública”, “atentado y resistencia a la autoridad” y hasta “tenencia de material incendiario”. De ser declarados culpables pueden recibir penas de hasta 15 años de prisión.
En la misma causa, otros dos trabajadores, Oscar Aguirre y Néstor Barrera, están procesados (aunque en libertad) acusados de “partícipes”.
A su vez las penas podrían duplicarse ya que el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la “investigación” (amañada y arbitraria), pide que se sume el agravante de que esos delitos se cometieron “para aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. En criollo, se los acusa de “terroristas”.
Las familias de Tolomeo y Gallo solicitan a toda población que adhiera al reclamo de libertad para los dos laburantes. A través de un petitorio, exigen “la inmediata libertad y el cierre de las causas de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, detenidos hace meses por haberse manifestado contra la Reforma Laboral. Ambos son trabajadores precarizados que permanecen privados de su libertad en el Centro Penitenciario Nº 2 de Marcos Paz por ejercer su derecho constitucional a la protesta”. Para sumar tu firma podés contactarte con la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs.
La Gremial de Abogadxs y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicaron un artículo que se reproduce a continuación, en el que brindan los detalles centrales del caso y explican cómo fue el proceso de armado de la causa contra Milton y Eneas.
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Las protestas y las luchas en que participaron Milton y Eneas no son terrorismo. Libertad a Milton y Eneas. Cierre de la Causa
Por La Gremial de Abogaxs - Correpi
El 11 de febrero de 2026 el Congreso Nacional perpetró un verdadero crimen al sancionar la llamada Ley de Reforma Laboral, que destruyó 200 años de derechos conquistados por las y los trabajadores de Argentina. Ese día hubo una masiva movilización en la Plaza de los Dos Congresos, con la participación de las centrales sindicales, infinidad de gremios y multitud de personas que manifestaron su repudio a lo que sucedía en el recinto.
Unos días después, varias personas que fueron “identificadas” a través de dudosos mecanismos de ciberpatrullaje y reconocimiento facial resultaron detenidas, acusadas de graves delitos por haber participado de la manifestación multitudinaria.
Desde mediados de febrero, dos trabajadores, Milton Iván Tolomeo y Eneas Germán Gallo Salomone Croft, están detenidos en la prisión federal de Marcos Paz. A la vez, Oscar Rubén “Homero” Aguirre y Néstor Gabriel Barrera fueron detenidos y excarcelados, pero siguen procesados en la misma causa.
Cuando Milton fue detenido, se lo incluyó, por orden del Ministerio de Seguridad Nacional, en el SIGGPLAR (Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo), destinado a terroristas de gran peligrosidad, lo que significó un aislamiento absoluto, sin posibilidad de comunicarse ni tener visitas de sus familiares ni de sus defensores, con apenas una o dos horas de recreo para poder salir de su celda, usar los baños, comer o salir al patio, vigilado en todo momento por personal no identificado del Servicio Penitenciario Federal enmascarado con balaclavas.
Logramos, al mes, sacarlo de ese infierno y lograr su pase a un pabellón común.
Eneas Gallo y Milton Tolomeo Se los acusa por los delitos de tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública, Milton y Eneas como coautores y Homero y Néstor como partícipes.
Como si eso fuera poco, ya esa acusación prevé la pena de 5 a 15 años de prisión, el Fiscal Stornelli requirió el agregado del agravante previsto en el art. 41 quinquies del Código Penal, que establece la duplicación de penas cuando el hecho se comete “para aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Este artículo fue incorporado al Código Penal en 2011 (ley 26.734), como parte de la batería de “leyes antiterroristas” dictadas a partir de 2007 por presión del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y otros organismos internacionales de control financiero, y fue ampliado aún más en 2024 con la ley 27.739. Es una circunstancia agravante transversal a todo el Código Penal, que automáticamente lleva al doble la escala penal prevista, sin respetar el criterio de proporcionalidad de la pena.
Tanto al momento de su sanción inicial durante la presidencia de Cristina Fernández, como ante su reforma en la actual gestión de Javier Milei, desde las organizaciones populares y sectores académicos advertimos que es una norma peligrosísima, plagada de vaguedades, con expresiones completamente abiertas a la interpretación, como “aterrorizar a la población”, cuya definición queda discrecionalmente en manos de jueces y fiscales que decidan descargar todo su poder punitivo apuntando más a presuntas intencionalidades subjetivas del autor que a las características concretas de una conducta específica.
Decíamos también que, aunque la misma norma indica que esa agravante no se debe aplicar cuando los hechos de que se trate tuvieran lugar “en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, como es el de resistir una medida legislativa que cercena derechos, la falta de precisión de las definiciones que permiten cualquier interpretación intencionada de jueces y fiscales obedientes al poder político habilitan la indiscriminada persecución de la protesta y su híper criminalización.
Desde el inicio de la gestión del gobierno de la Libertad Avanza hemos visto reiteradas veces cómo, ante cualquier protesta callejera, funcionarios de primera línea, con Patricia Bullrich y Javier Milei a la cabeza, inmediatamente exigen al poder judicial la calificación de “terrorista” o “subversivo” de quienes reclaman en las calles.Una y otra vez aplican en los procesos judiciales lo que se ha dado a llamar el “Derecho Penal del enemigo”.
El mismo fiscal Stornelli hizo los deberes, por ejemplo, apenas horas después de la movilización contra la sanción de la Ley Bases, lo que motivó prolongadas detenciones en cárceles federales de varias personas, aunque, hasta ahora, los jueces eran más reticentes a aplicarlas. Ahora, a pesar de que ya un juez y la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad descartaron de plano que se pudiera calificar como “terrorista” la conducta reprochada a Milton, Eneas, Homero y Néstor, el mismo fiscal replanteó su acusación y el juez Ariel Lijo obedientemente acató al dictar el auto de elevación a juicio.
Hoy vemos en la realidad cotidiana los resultados que la reforma laboral ha acarreado para el conjunto del pueblo trabajador. Crece la desocupación, la pérdida de puestos laborales registrados es masiva, la precarización es la regla, mientras las familias se endeudan para pagar servicios y adquirir lo básico para su supervivencia.
Si algo “aterroriza a la población” son esas políticas antipopulares, sus nefastas consecuencias con el incremento de la pobreza y la incesante acción violenta de las fuerzas de seguridad en las calles, tanto en contexto de movilizaciones y manifestaciones como en la represión cotidiana en los barrios, con un impresionante aumento de las detenciones arbitrarias, las torturas a personas detenidas y los fusilamientos de gatillo fácil.
Tanto Milton como Eneas y Homero son trabajadores solidarios y conscientes, ambos con arraigo familiar y laboral suficiente, mientras que Néstor es una persona en situación de calle, que fueron al Congreso con miles más a defender sus derechos. Nada más alejado de un “terrorista”. Es inconcebible que enfrenten una amenaza de pena de 10 a 30 años de prisión por haber participado de una movilización masiva contra el nuevo régimen esclavista que impera hoy en Argentina.
Desde las organizaciones que asumimos su defensa llamamos al conjunto del campo popular a movilizarse para exigir su libertad y el cierre de la causa. Porque el derecho a la protesta no es terrorismo.
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La Corte anuló la absolución de Milani por la desaparición de Alberto Ledo: “Nuestra lucha tiene sentido”
30 de septiembre, por Crimen de lesa humanidad — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , César Milani, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , César Milani
La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución del exjefe del Ejército en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo. El expediente vuelve a Casación, que deberá dictar un nuevo pronunciamiento. El máximo tribunal cuestionó la forma en que se valoraron las pruebas y señaló contradicciones en torno al acta de “deserción” que involucró a Milani. Graciela Ledo, hermana de Alberto, habló con La Izquierda Diario: “Es otra esperanza que se nos abre para ver si por fin logramos que se condenen a los responsables”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló este martes la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani (ex jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Kirchner) en la causa que investiga su responsabilidad en el encubrimiento de la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida el 17 de junio de 1976 en Tucumán.
La decisión lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. También intervino, con un voto concurrente, el conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Según la resolución, el expediente deberá volver a la Cámara Federal de Casación Penal para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
La decisión no implica una condena contra Milani. Lo que hace la Corte es dejar sin efecto la sentencia que había confirmado su absolución y ordenar que el caso vuelva a ser revisado.
Es un nuevo capítulo de una causa que lleva décadas de lucha de la familia Ledo y que atravesó distintas instancias judiciales. En 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán había absuelto a Milani, mientras que condenó a 14 años de prisión al entonces capitán Esteban Sanguinetti por su participación en los hechos. En 2021, la Cámara Federal de Casación confirmó la absolución de Milani. Ahora, esa decisión quedó anulada.
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Qué cuestionó la Corte
Uno de los puntos centrales de la resolución es la forma en que fueron analizadas las pruebas.
La acusación contra Milani se vinculó con el sumario militar iniciado después de la desaparición de Ledo y, particularmente, con el acta que presentó al soldado como un supuesto desertor. La acusación sostuvo que ese documento fue utilizado para encubrir la desaparición.
La sentencia que había confirmado la absolución había considerado que no se podía demostrar, más allá de toda duda razonable, que Milani hubiera confeccionado el acta ni que hubiera sabido que Ledo había sido secuestrado. Esa fue la conclusión a la que había llegado Casación en 2021.
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La Corte, al hacer lugar al planteo fiscal, entendió que la valoración de las pruebas debía ser revisada. Entre los elementos señalados aparece una cuestión particularmente relevante: la discusión sobre la firma del acta.
Durante el proceso se había planteado la necesidad de determinar si la firma correspondía efectivamente a Milani. La Fiscalía había solicitado una pericia caligráfica, pero esa medida fue rechazada. Al mismo tiempo, se valoró un informe técnico presentado por la defensa. El voto que acompañó la anulación de la absolución consideró problemática esa situación procesal.
El cuestionamiento no se limita a la firma. También se señala que las pruebas debían analizarse de manera conjunta y no aisladamente.
Un acta que convirtió una desaparición en una “deserción”
Alberto Ledo era un joven riojano que cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. En mayo de 1976 fue trasladado junto a otros soldados a Tucumán, en el marco del Operativo Independencia.
El 17 de junio salió del campamento durante la madrugada junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti. Nunca volvió.
El expediente judicial estableció que Ledo fue sacado del campamento y desde entonces permanece desaparecido. Sanguinetti fue condenado en 2019 por su participación en los hechos.
Cinco días después de la desaparición se confeccionó un sumario para presentar el caso como una supuesta deserción.
Y allí aparece uno de los puntos que vuelve a estar bajo discusión: qué papel tuvo Milani en la confección de ese documento y qué podía conocer sobre las circunstancias de la desaparición.
El acta no era un papel sin consecuencias. Convertía jurídicamente una desaparición en la versión de que un soldado había decidido abandonar voluntariamente el Ejército.
La propia documentación incorporada al proceso señalaba elementos que ponían en cuestión esa hipótesis. Entre ellos, que Ledo había dejado sus pertenencias en el campamento, incluidos sus anteojos.
El planteo que ahora deberá volver a analizar Casación es, justamente, si esos elementos fueron suficientemente valorados y qué podía inferirse de ellos sobre la actuación y el conocimiento de Milani.
La discusión jurídica también gira alrededor de las llamadas “conductas neutrales”: acciones que, consideradas aisladamente, pueden formar parte de una tarea administrativa o funcional, pero que pueden adquirir otra significación cuando se realizan en determinadas circunstancias y en contradicción con los deberes propios del cargo.
En otras palabras: no alcanza con preguntar si confeccionar un acta era parte de las tareas de un oficial. El nuevo análisis deberá determinar qué información tenía quien confeccionó el documento, qué debía verificar y qué significado tenía consignar como “deserción” una desaparición ocurrida en el contexto de la represión ilegal de la dictadura.
La Corte no afirma con esta decisión que Milani sea responsable penalmente. Lo que establece es que la absolución anterior debe ser revisada porque, según los fundamentos que obtuvieron mayoría, la valoración de la prueba presentó problemas que impiden mantenerla tal como estaba.
La desaparición de Ledo y una lucha que nunca terminó
Para la familia Ledo, el fallo de este martes representa un nuevo capítulo de una lucha que comenzó hace medio siglo.
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Graciela Ledo, hermana de Alberto, junto a su madre Marcela Brizuela de Ledo, fundadora de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, sostuvo durante décadas el reclamo de justicia.
En declaraciones a La Izquierda Diario, Graciela recordó que Alberto estudiaba Historia y realizaba el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. En mayo de 1976 fue trasladado a Tucumán y, según sostiene la familia, quedó vinculado funcionalmente a Milani.
“Alberto fue designado como asistente de Milani. El 17 de junio de 1976 lo desaparecen, después de salir varias veces de recorrida con el capitán Esteban Sanguinetti”, relató.
Y agregó: “Milani redactó el acta sobre la ‘deserción' de mi hermano para encubrir su desaparición”.
La acusación de la familia sobre la responsabilidad de Milani fue sostenida durante años en tribunales y en el espacio público. La Izquierda Diario viene siguiendo esta lucha desde hace más de una década. En 2015, publicamos las denuncias de Graciela frente a las demoras judiciales y las distintas medidas que habían impedido el avance de la causa.
En 2017, finalmente, Milani fue procesado en Tucumán por encubrimiento y falsedad ideológica en relación con el caso Ledo. Pero el proceso terminó con su absolución en 2019, luego confirmada por Casación en 2021.
La familia nunca dejó de reclamar la revisión de esas decisiones.
Otras víctimas también llevaron a Milani a juicio
El caso Ledo no fue el único proceso de lesa humanidad en el que Milani estuvo acusado.
En La Rioja fue juzgado por hechos vinculados con los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón, ocurridos en marzo de 1977, además de la causa relacionada con Oscar Schaller y otra sobre Verónica Matta.
En ese proceso declararon sobrevivientes y familiares que habían señalado a Milani por su participación en los hechos. Entre ellos estuvo Ramón Olivera, además de otros testigos que denunciaron su actuación durante la dictadura. La Izquierda Diario cubrió también ese juicio y las denuncias de los querellantes contra la absolución.
La absolución de La Rioja tampoco fue un punto final para quienes habían denunciado al exjefe del Ejército.
En el caso de Ledo, la familia volvió una y otra vez sobre el expediente y reclamó que las pruebas fueran consideradas en su conjunto.
“Es otra esperanza que se nos abre”Frente al fallo conocido este martes, Graciela Ledo expresó su emoción y volvió a reivindicar la lucha sostenida durante décadas.
“Este fallo de la Corte Suprema es otra esperanza que se nos abre para ver si por fin logramos que se condenen a los dos responsables, que están imputados porque hay muchos más”, sostuvo.
Sobre la decisión de anular la absolución y enviar nuevamente el expediente a Casación, señaló: “Nos parece muy bueno. Es el resultado de nuestra lucha que lleva 50 años”.
Graciela remarcó además que el reclamo de su familia no estuvo atado a ningún gobierno ni a ningún sector político. “Hemos luchado simplemente por justicia, por Alberto y por los 30.000 que no están”, afirmó.
También recordó las dificultades atravesadas durante todos estos años: “Ha sido muy largo el camino, muy duro, porque hemos tenido que luchar contra la protección política de uno de los imputados, que es Milani”.
Sobre la nueva instancia judicial, sostuvo que las pruebas reunidas en el expediente permiten sostener las acusaciones por las que Milani fue llevado a juicio y expresó su expectativa de que Casación vuelva a analizar el caso.
“Esperamos que esto siga bien para toda la familia. Ha sido una gran emoción, porque son pasos que damos, son pasos lentos, lentos, porque la justicia es lenta, pero quiere decir que nuestra lucha tiene sentido, tuvo sentido y que esta lucha es lo que merece mi hermano”, concluyó.
Un nuevo capítulo, no el final
El fallo de la Corte abre nuevamente una causa que parecía haber quedado cerrada después de la absolución dictada en 2019 y confirmada en 2021.
Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar el expediente con una nueva integración y dictar un pronunciamiento.
La Corte no condenó a Milani ni estableció en esta instancia su responsabilidad penal. Sí dejó sin efecto la absolución que había quedado firme en Casación y cuestionó la manera en que fueron valoradas pruebas centrales del caso.
La lucha por juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Alberto Ledo tiene que seguir en los tribunales y especialmente en las calles. Así fue como se anuló el fallo de la corte del 2x1 y como se logró anular las leyes de impunidad. En las calles y con la movilización por Alberto y por los 30.000 desaparecidos.
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Foto: César Milani fue jefe del Ejército entre 2013 y 2015, el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner.
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El reconocimiento facial de Jorge Macri: ¿seguridad o espionaje masivo?
29 de septiembre, por Se viene el zurdaje — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Jorge Macri, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Jorge Macri
El gobierno de CABA busca avanzar con la implementación y el uso de sistemas de reconocimiento facial en el espacio público. Se presenta como una medida de seguridad, pero la medida despierta fuertes cuestionamientos y alertas sobre el control social, la privacidad y las libertades democráticas. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Qué intereses políticos y económicos hay detrás de la videovigilancia masiva?
– "El gobierno de la ciudad está intentando reactivar el sistema de reconocimiento facial mediante cámaras instaladas por todo Buenos Aires. El viernes pasado se celebró una audiencia judicial para revisar el nuevo proceso de licitación impulsado por el gobierno. ¿Por qué una audiencia judicial? Porque existe una causa legal en curso que ha mantenido suspendido el sistema de reconocimiento facial durante cuatro años. En abril de 2019, la ciudad activó el sistema de reconocimiento facial, cuyo objetivo declarado era identificar a prófugos y personas con órdenes de captura pendientes."
– “El sistema no se utilizaba para localizar a prófugos; por el contrario, terminaron incluyendo indiscriminadamente a 10 millones de personas. Elaboraban listas arbitrarias —pensando, por ejemplo: 'Veamos qué hace Chipi Castillo; incluyámoslo en la lista'— y actuaban a partir de ahí. Todo esto salió a la luz gracias a la labor del CELS, ODIA, Ceprodh y diversas organizaciones de derechos humanos dedicadas a estas cuestiones. En 2022, la justicia declaró inconstitucional la implementación del sistema y, en 2023, la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires ratificó dicho fallo."
– "El debate es crucial: ¿quién controla estos datos? ¿Para quién cierran estos gobiernos tan grandes acuerdos? ¿Y por qué debemos debatir y exponer esto más a fondo? Porque la otra cara de la moneda es esa escena en la que cincuenta policías detienen a un vendedor ambulante de paltas usando, precisamente, este sistema de vigilancia".
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¿Paranoia o más represión? Los “30.000 terroristas” que Milei “echó” del país no existen
29 de septiembre, por Mentiroso y peligroso — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Inmigración, Criminalización de la protesta social, Migración, Columnistas Vertical , Criminalización de la juventud, Patricia Bullrich, Terrorismo, Javier Milei, Criminalización de la pobreza, Represión, Alejandra Monteoliva , Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Inmigración, Criminalización de la protesta social, Migración, Columnistas Vertical , Criminalización de la juventud, Patricia Bullrich, Terrorismo, Javier Milei, Criminalización de la pobreza, Represión, Alejandra Monteoliva
Si hubiera esa cantidad de “golpistas” y “desestabilizadores”, el país sería otro. A no ser que se le llame así a trabajadores inmigrantes pobres, sobre todo de países limítrofes. O a militantes populares. O a quienes piensan distinto (y mejor). La megalomanía de Estado tiene un objetivo: reprimir a la clase obrera para seguir ajustando. Hay que frenarlos.
El domingo a la noche, durante una hora y por la pantalla de LN+, Javier Milei mintió mucho. Muchísimo. Sobre diversos temas. Economía, política exterior, pobreza, “seguridad”. En uno de esos pasajes llegó a decir que su Gobierno, entre 2025 y lo que va de 2026, expulsó del país a no menos de 30.000 “terroristas”. Y parece que ningún perro faldero está dispuesto siquiera a sugerirle al liberfacho autolimitarse a la hora de largar al aire ficciones surrealista con pretensiones de narrativa oficial.
Su interlocutor era el animador Luis Majul (a esta altura el traje de periodista le queda por demás grande), uno de los justificadores permanentes de las más viles políticas de La Libertad Avanza. Así y todo, como no es un improvisado, el conductor de La Cornisa le tuvo que hacer algunas preguntas de esas que Milei no quiere escuchar.
Majul preguntó por la pobreza, que en el primer semestre del año, según los datos del propio Indec intervenido por el Ministerio de Economía, afecta al 32,3 % de la población. Según los números oficiales, en ese período unos dos millones de personas cayeron bajo esa línea.
Primero, Milei quiso jugar con sus propias mentiras, al decir que como él ya “había sacado a 14 millones de personas” de la pobreza, descontando estos dos nuevos millones, entonces sacó “a 12 millones”. Pero como el argumento no convenció a su ensobrado interlocutor, el Presidente rebuscó en su cabeza y encontró una salida aún más delirante.
Por un lado, con sus habituales amalgamas conceptuales, relativizó los indicadores que muestran caídas de la actividad económica, del consumo, del empleo formal y de los salarios. Por otro, acusó a un supuesto “tren fantasma” (integrado por todos lo que no comulgan con su plan) que impediría la llegada de nuevas inversiones. Y por último, como parte de ese entramado “desestabilizador”, dijo que está lleno de “terroristas” que quieren asestarle una suerte de golpe de Estado.
Sobre el aumento estadístico de la pobreza, Milei dijo que, en gran medida, se debe a “los cuarenta intentos de proyectos (de ley) tratando de derrumbar el equilibrio fiscal, los siete intentos de juicio político, que fueron siete intentos de golpe de Estado, y los diez mil terroristas que echamos el año pasado”.
Y enseguida le preguntó a su anfitrión: “¿Sabe cuántos terroristas echamos este año?” El animador repreguntó: “¿Gente de la Argentina?” El otro aclaró: “No, gente, digamos, terroristas que los deportamos… Este año ya llevamos veinte mil”. Metido en el relato, Majul inquirió: “¿De qué nacionalidad, qué son, rusos?” Milei sentenció: “Bueno, digamos, son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino. Eso está pasando”.
Recordando otros tiempos con algo más de dignidad, Majul prefirió dejar de preguntar, mirar para abajo y contener la respiración. ¿Por qué el animador televisivo no paró en seco a su entrevistado y le sugirió que, al menos, trate de matizar sus aseveraciones? Si de algo sabe es de audiencias. ¿Para él también las miles de personas que estaban viéndolo del otro lado de la pantalla son capaces de comprar si chistar cada buzón que La Libertad Avanza empaqueta con moño y todo para justificar sus fechorías?
La mentira tiene patas de “león”
Las mismas estadísticas y datos que publica el Ministerio de “Seguridad Nacional” muestran que Milei miente de forma brutal. Y nada menos hablando de “terrorismo”, uno de los tópicos más sensibles a nivel mundial y para cuyo supuesto “combate” se justifican todo tipo de ataques estatales a las libertades democráticas de población, represiones criminales y hasta abiertas ilegalidades.
Ante todo, para calificar como terrorista la conducta de una persona y, en todo caso, a la persona misma, hay que atender qué dicen las leyes argentinas al respecto. Y según la legislación nacional, el “terrorismo” puede llegar a vincularse (incluso no siempre será así) a acciones concretas destinadas a “alterar el orden democrático”.
El Gobierno ya intentó varias veces acusar penalmente a personas por actos de supuesto “terrorismo”, pero siempre fracasó. En tiempos de Patricia Bullrich como ministra, llegó incluso a acusar de formar una “célula” a personas que no se conocían entre sí ni tenían ningún tipo de actividad siquiera relacionable con esa calificación legal. Pero también usó la figura para procesar y encarcelar durante meses a manifestantes que salieron a las calles, haciendo uso del derecho democrático a la protesta, para repudiar junto a miles de personas más las políticas oficiales.
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Con Alejandra Monteloliva como sucesora en el Ministerio, también el “terrorismo” se aplica a las políticas migratorias. Pero aún en ese terreno, los dichos de Milei carecen de la más absoluta certeza y credibilidad.
Por un lado, no alcanza para llamar “terrorista” a alguien sólo por el hecho de haber sido expulsado del país. Y por otro lado, los números que menciona el Presidente no son tales. Según las propias cifras del propio Ministerio represivo, que en lo que va de 2026 hubo sólo 744 “expulsiones”, mientras que en las fronteras y aeropuertos internacionales se registraron 18.947 “incidentes de entrada”, es decir impedimentos de ingresar por razones de las más diversas.
O sea, digamos, no se echó a 20.000 personas. Y muchos menos se echó a “20.000 terroristas”. Y tampoco pasó eso en 2025, donde siempre según datos oficiales se “expulsó” a 772 personas y otras 16.000 se vieron imposibilitadas de ingresar.
Si bien La Libertad Avanza está convirtiendo en un “deporte” la persecución a las y los inmigrantes, los rechazos migratorios siempre existieron y se producen, generalmente, cuando una persona no cuenta con la documentación necesaria para ingresar o permanecer en el país.
En términos de “delito”, tanto el año pasado como éste, la enorme mayoría de quienes fueron conminados a retirarse del territorio nacional o bien a entrar al país estaban involucrados en causas referidas a infracciones por la Ley de Drogas (básicamente narcomenudeo), delitos “contra la propiedad privada” y agresiones a la integridad sexual. Algo que, además, sucede desde hace muchos años y trasciende a este gobierno. ¿Y el “terrorismo”? Nada por aquí, nada por allá.
“En ninguna de las bases (de datos) enviadas por la Dirección Nacional de Migraciones se especifica cuántas personas fueron expulsadas por delitos contra el orden público”, dice el sitio Chequeado, abonando la idea de que las declaraciones presidenciales son puro chamuyo.
“Espero que sobre la ficción oficial de los 20.000 terroristas no se dispongan medidas de gobierno”, dijo la diputada del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman tras escuchar las falacias de Milei. Su compañero de bancada Nicolás del Caño coincidió y agregó una oportuna ironía: “Milei dice que deportó a 20.000 terroristas responsables del aumento de la pobreza. ¿Esto se lo dijo Conan?”, en referencia al perro que hasta el día de hoy no se sabe si vive, está muerto o resucitó en Olivos.
Como alerta Bregman, no hay que descartar que detrás de la aparente “paranoia” mileísta sobre una invasión de terroristas de otros países que vienen a “tratar de dinamitar el modelo argentino” se esconda un nuevo capítulo de los planes represivos de La Libertad Avanza contra el pueblo trabajador y, especialmente, contra las organizaciones populares que salen a las calles a protestar.
Algo de eso se viene viendo desde diciembre de 2023, tanto los miércoles frente al Congreso en las marchas de jubiladas y jubilados, como en las barriadas populares donde las fuerzas federales y las policías locales (la porteña, la Bonaerense y todas las demás) avanzan en la criminalización de la pobreza y la juventud.
Esos planes no pueden seguir avanzando. Para frenarlos es necesario ser cada vez más, marchando y organizándonos, dándole continuidad a la reciente Marcha de Bronca y rodeando de solidaridad cada lucha obrera, social, ambiental, de los feminismos y las disidencias, de los pueblos originarios y de cada sector que, por el solo hecho de existir, “aterroriza” al Gobierno. Los verdaderos cultivadores del terror son ellos, con su plan económico empobrecedor y al servicio de los dueños del país y del mundo.
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Vecinos lograron que la Policía de Jorge Macri no le quite mercadería a una vendedora ambulante
28 de septiembre, por Evitaron un robo — Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Jorge Macri, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Trabajadores ambulantes, Política, Edición Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Jorge Macri, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Trabajadores ambulantes
Las imágenes muestran cómo, durante un operativo en una plaza, los efectivos junto a agentes de Espacio Público golpearon e intentaron quitarle la hielera con jugos a una mujer. La reacción contra la poítica represiva contra los pobres y los laburantes del facho de Macri no se hizo esperar.
Vecinos de la Ciudad intervinieron frente a un nuevo operativo de la Policía de la Ciudad junto con agentes de Espacio Urbano que intentaba confiscarle su mercaderia a una vendedora ambulante.
Ocurrió durante el fin de semana. Los policías al servicio de la política cada vez más facistizante de Jorge Macri que avanza sobre las humildes y trabajadores golpeó a una mujer que se disponía a vender jugos en una plaza.
La Policí@ de la ciudad repudiada por los vecinos cuando le sacaba la mercadería a una vendedora ambulante https://t.co/rLtDE8MR4t
— SERGIO RODRIGUEZ ✌️ (@sergiopeinador) September 27, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>La reacción no se hizo esperar y fueron repudiados, primero a los gritos y luego en un forcejeo que logró que dejaran de molestar a la vendedora. La campaña de Jorge Macri contra los pobres y los jóvenes está despertando la respuesta de quienes no quieren dejar pasar este atropello.
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El pasado viernes, sin ir más lejos, después de ver como sus alumnos llegaban al colegio espantados por el operativo policial de la noche anterior llamado Tromenta Negra, docentes de la Villa 21-24 dijeron "basta" y organizaron junto a trabajadores del Cesac y vecinos cortar la calle Iriarte en las mediaciones del barrio para repudiar esta escalada represiva de Jorge Macri contra los sectores más abandonados por el estado.
