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El Gobierno manda al Ejército a vigilar tierras salteñas mientras encubre a gendarmes asesinos
15 de abril, por Tartagal-Salvador Mazza — Política, Salta, Libertades Democráticas, Gendarmería, Narcotráfico, Fuerzas Armadas, Patricia Bullrich, Gustavo Saénz, Represión, Luis Petri, Política, Salta, Libertades Democráticas, Gendarmería, Narcotráfico, Fuerzas Armadas, Patricia Bullrich, Gustavo Saénz, Represión, Luis Petri
Bullrich garantiza impunidad a quienes mataron al bagayero Fernando Gómez en Orán. Y junto a su par Luis Petri y al gobernador Gustavo Sáenz, ahora lanzan un nuevo tramo del “Plan Güemes”, que incluye la “Operación Julio Argentino Roca” con Fuerzas Armadas rodeando comunidades originarias. Nada que altere la normalidad del gran delito.
Este lunes, desde la sede del Escuadrón 52 de Gendarmería ubicado en Tartagal, los gobiernos nacional y de Salta anunciaron el lanzamiento del “segundo tramo” del denominado Plan Güemes . Desde fines de 2024, con la excusa de “combatir” al narcotráfico, la trata de personas y otros fenómenos del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich viene militarizando (aún más) el territorio salteño cercano a la frontera con Bolivia. En sus planes está hacer lo propio en Formosa (frontera con Paraguay) y Misiones (lindante también con Brasil).
En estos primeros cuatro meses, el “Plan” se desplegó en los departamentos de Orán y Aguas Blancas. Ahora se suma el departamento de San Martín, donde las fuerzas federales controlarán el corredor que abarca las ciudades de Tartagal, Salvador Mazza y Aguaray. Con una novedad: la incorporación del Ejército Argentino al patrullaje de la frontera con Bolivia. Así lo anunció ayer el ministro de Defensa Luis Petri, presente en el acto junto a su par de Seguridad y el gobernador massista Gustavo Sáenz.
A Petri y sus asesores no se les ocurrió mejor idea que bautizar Operación Presidente Julio Argentino Roca a la incursión militar en un territorio mayoritariamente poblado por comunidades originarias. A través de la Resolución 347/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir (en principio hasta el 15 de diciembre) en “Zonas de Seguridad de Fronteras”, actuando coordinadamente con las fuerzas federales y la policía provincial. Formalmente, los militares no estarían en pasos habilitados y zonas urbanas. Sólo formalmente.
Este lunes en Tartagal el radical Petri tuvo, además, una nueva expresión de negacionismo respecto al genocidio perpetrado en Argentina entre mediados de los años 70 y principios de los 80. Para él, lejos de haber sido condenadas por la sociedad a raíz de sus múltiples y aberrantes crímenes de lesa humanidad, las Fuerzas Armadas fueron injustamente “perseguidas” y “canceladas” por un “sesgo ideológico” que las obligó a estar “limitadas a la hora de intervenir en las fronteras”. Un canalla.
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Primer tramo sangriento
En el acto, tanto la ministra Bullrich como el gobernador Sáenz dijeron que hasta ahora el Plan Güemes es “un éxito”. Y que van por más. La jefa de las fuerzas federales anunció que se buscará firmar un convenio con Bolivia para controlar en común el espacio aéreo. Y el mandatario local prometió “invertir” más de $ 150 millones en “reacondicionar instalaciones” para alojar a las tropas. Sin dar precisiones, Sáenz dijo que el “Plan” en Orán y Aguas Blancas ya incautó “más droga que en todo el año pasado” y “detuvo más personas”.
Más allá de las palabras oficiales y de iniciativas “originales”, como la instalación de un alambrado entre la terminal de Agua Blancas y el Puerto de Chalanas, si por algo debería ser recordado este “primer tramo” del Plan Güemes es por su criminalidad de Estado.
El 18 de diciembre, apenas nueve días después de lanzado, Gendarmería se cargó a las primeras víctimas del Plan Güemes . En un “operativo” ordenado por el Poder Judicial pero enmarcado en las directivas de Bullrich, una patrulla del Escuadrón 20 asesinó de dos balazos al trabajador de 27 años Fernando Gómez y dejó un tendal de heridos, entre ellos Ariel Gareca, a quien un disparo en la cabeza le arrebató la movilidad de la mitad de su cuerpo.
El crimen de Gómez no fue producto de ninguna “lucha contra el narcotráfico”, como lo disfrazó tempranamente y sin ninguna prueba la ministra. El joven era un bagayero, de los miles que día a día, en situaciones de extrema precariedad, se ganan el mísero mango de la subsistencia trasladando mercaderías de un país a otro. Mercaderías que luego grandes y medianos empresarios comercializan sin culpa en diversas ciudades salteñas y de otras provincias.
El contexto y los detalles del asesinato de Fernando están relatados en el documental “Morir en Orán”, realizado por un equipo de La Izquierda Diario al cumplirse un mes de la muerte. Por el caso se abrió una causa penal en la que están imputados los gendarmes Néstor Ortiz, Jonatan Franco, Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vázquez, todos del Escuadrón 20 de Orán.
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La familia Gómez, junto a organismos de derechos humanos, denunciaron recientemente que los gendarmes no sólo siguen libres, sino que la jueza federal Ivana Hernández parece estar jugando para el Gobierno. Por caso, la magistrada decidió caratular el expediente apens como “homicidio en riña o en el marco de una agresión” (revictimizando a la víctima) y desatender el reclamo de los familiares para que los criminales sean detenidos y acusados de “homicidio agravado”.
Segundo tramo con un genocida como emblema
El supuesto “éxito” de estos meses de control represivo a las poblaciones salteñas de Orán y Aguas Blancas envalentonó a los funcionarios. Ahora, sumando al Ejército, lanzan la Operación Presidente Julio Argentino Roca , que ordena el despliegue de medios y personal militar en el departamento de San Martín, alcanzando a las localidades de Tartagal, Salvador Mazza y Aguaray.
“Bullrich y Sáenz dicen que el Plan Güemes viene siendo un ‘éxito' contra el narcotráfico, pero la verdad es que es un plan contra el pueblo trabajador. Es en el marco de ese ‘plan' que Gendarmería mató a Fernando, por quien hoy seguimos pidiendo justicia”, dice a La Izquierda Diario Daniela Planes, docente y candidata a concejal de la capital Salteña por el PTS-Frente de Izquierda en las elecciones del próximo 11 de mayo.
“Lo que quieren es hacer pasar este ajuste con mayor represión”, afirma la trabajadora de la educación. Y agrega que “en este caso es más brutal aún, porque además de represivo es racista. Dentro del Plan Güemes plantean la Operación Roca, en una provincia con pueblos y culturas originarias presentes en todo el territorio. Es una provocación que no podemos dejar de repudiar y enfrentar”.
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En los últimos días se intensificaron los vuelos de aviones de las fuerzas federales sobre las regiones de Tartagal y Salvador Mazza, lo que causa inquietud en las poblaciones. El diario El Tribuno, que no se caracteriza precisamente por defender las libertades y derechos de la clase trabajadora salteña, no pudo desconocer la preocupación de los pobladores que siempre vieron la distancia entre los discursos oficiales y la realidad de un Estado cómplice con el gran delito. En una de sus crónicas citan a uno de ellos: “Está muy bien que combatan a los narcos y a los grandes contrabandistas que llevan camiones y ómnibus llenos de mercadería, pero no a la gente que cruza papel higiénico o servilleta porque es la única fuente de trabajo que tienen. Que controlen a los gendarmes, policías y federales porque si la droga pasa es por complicidad de muchos”.
Daniela Planes amplía esa mirada: “Nos quieren hacer creer que Gendarmería, Policía Federal y la propia Policía de Salta pueden combatir al narcotráfico, las redes de trata y otros grandes delitos, cuando en verdad todo el pueblo sabe que el Estado es cómplice, con bandas integradas también por uniformados y con funcionarios y jueces que encubren a los jefes, que a su vez financian las campañas de los partidos tradicionales”.
Gustavo Sáenz, Patricia Bullrich y Luis Petri en el Escuadron 52 de Gendarmería | Foto @luispetri
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Festival Solidario por Pablo Grillo: “No doy mas de amor y agradecimiento”
15 de abril, por Lanús — Sociedad, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, UNLa, Universidad Nacional de Lanús, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Remedios de Escalado, Represión, Pablo Grillo, Sociedad, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, UNLa, Universidad Nacional de Lanús, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Remedios de Escalado, Represión, Pablo Grillo
Enorme festival de solidaridad y de exigencia de justicia en Remedios de Escalada por Pablo Grillo.
Con la plaza Moreno colmada de vecinos, amigos, familiares, hinchas de diversos clubes, jóvenes estudiantes, jubilados entre otros cerca de las 14 hs arrancó el festival por Pablo Grillo, el fotoperiodista que se encuentra en estado delicado luego de la terrible represión desatada hace un mes por Patricia Bullrich y el gobierno de Milei en la ronda de jubilados de todos los miércoles.
Durante la jornada Pablo envió un mensaje desde terapia intensiva, donde se encuentra dando pelea hace un mes “Un gran abrazo y gracias por toda la jornada. Un orgullo. Acá en la cama, acá en la clínica. Gran fuerza para hoy. No doy mas de amor y agradecimiento. Sin palabras. Abrazo de gol, de siempre”.
Los pedidos de justicia se hicieron presentes con cánticos de unidad de los trabajadores, la exigencia de renuncia a la ministra Patricia Bullrich y el apoyo a los jubilados, quienes fueron parte de la jornada.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El festival contó con la participación de diferentes bandas como el Bosque de Natamacca, Banda 504, Dr Regui e Inestables Androides, Dr Kein, Rudy Güemes, Fusión de Raíz, La Chilinga, KCud y TuCumbia. Además, había diversos stand como B.A.M Tuca-Tuca, para estampado de remeras o de intervención de pañuelos de la Red de estudiantes y graduados de DDHH de la UnLa.
La peña Faryd Mondragon del Club Atletico Independiente quienes vienen sosteniendo y acompañando las concentraciones los viernes por Pablo en la plaza Moreno, fueron parte del festival colaborando con el buffet y reclamando justicia por Pablo. También participaron los despedidos en lucha de Shell quienes llevaron su solidaridad a la familia y amigos. Y la Asamblea Autoconvocada de Lanús, quien viene participando en la convocatoria de los viernes.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Los estudiantes del Centro de estudiantes de salud comunitaria, CESACO se hicieron presentes con una muestra de fotos solidaria de la campaña impulsada en la UNLa, universidad donde Pablo estudiaba, junto a estudiantes y docentes. Luego realizaron la entrega de un álbum de fotos con toda la solidaridad a la familia de Pablo. También contó con un stand de Ediciones IPS, y la participación de la Posta de Salud, un espacio de organización de estudiantes y trabajadores de la salud entre otros quienes vienen participando de todas las movilizaciones para cuidar a quienes luchan. La asamblea de Discas en lucha, se hizo presente difundiendo su lucha y estampado en serigrafía.
Artistas como Indio Solari, Víctor Heredia, La Renga, Bersuit Vergarabat, hicieron llegar su solidaridad, junto a distintas figuras como el ex futbolista Héctor Enrique, Lola Berthet, Cora Gamarnik entre otros.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Hacia el final en un festival rodeado de solidaridad y un inmenso apoyo y cariño hacia Pablo, Fabian Grillo compartió unas palabras emocionantes recalcando que el amor está institucionalizado en el hospital público, en un reconocimiento a los trabajadores de salud, y agregó “nunca más a la violencia institucional y a la mentira. Esto es todo lo que está bien y se opone a todo lo que está mal”. Con una gran emoción cerró la jornada con un gracias infinito.
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Bullrich y la represión en Congreso: del armado de causas truchas a su responsabilidad criminal
12 de abril, por Un mes después — Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Javier Milei, Protesta Social, Represión, Pablo Grillo, Política, Libertades Democráticas, Gendarmería, Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Javier Milei, Protesta Social, Represión, Pablo Grillo
El 12 de marzo, además de herir a Pablo Grillo y a Jonathan Navarro, el Gobierno “cazó” al voleo a 114 personas. Fueron liberadas, pero sigue abierto un expediente armado por la ministra en el que las pruebas brillan por su ausencia. En otras dos causas, ella está entre los acusados. Los vaivenes judiciales a un mes de la brutal represión.
Se cumple un mes de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la relación del gobierno de Javier Milei con la protesta obrera y popular. El miércoles 12 de marzo debería quedar marcado en el almanaque como el día en que “la calle” le terminó de enrostrar a los estrategas de La Libertad Avanza lo limitado de sus aspiraciones. El día en que parte del pueblo se le plantó a un gobierno en crisis (por sus límites y sus errores no forzados), resistió con coraje la represión y desmontó las mentiras lanzadas coordinadamente por usinas oficiales y paraestatales.
Los hechos alcanzaron repercusión internacional. Entre otras cosas, por el accionar homicida de las fuerzas de “seguridad”, que casi termina con la vida de un trabajador de prensa. Buenos resúmenes de lo acontecido podés ver acá, acá o acá. Pero muchas cosas no terminaron ese día, sino que continúan. Empezando por la movilización de jubiladas y jubilados que crece cada semana frente al Congreso, acompañados por hinchas de fútbol, laburantes, estudiantes y la izquierda.
Pero también esa represión tuvo derivaciones judiciales, con al menos tres causas penales abiertas. Una por el ataque letal de Gendarmería al fotógrafo Pablo Grillo, quien afronta valientemente una compleja recuperación. Otra por el disparo, también de parte de fuerzas federales, que le cegó el ojo izquierdo al hincha de Chacarita Jonathan Navarro. Y una tercera, endeblemente armada por Patricia Bullrich, en la que 116 personas están acusadas de “atentado y resistencia a la autoridad”.
Los casos de Grillo y Navarro muestran la brutalidad criminal de las fuerzas al mando de la ministra de Seguridad Nacional cuando tratan de intentar someter a quienes protestan en las calles. Brutalidad que se vio en varias manifestaciones a lo largo de 2024 y en los recientes crímenes de Fernando Gómez en Salta e Ivo Torres en Jujuy, pero que el 12 de marzo cobró más notoriedad.
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Lo sufrido por el fotógrafo de 35 años es lo más conocido, al punto que la propia ministra creyó tambalear en el cargo a medida que iban saliendo a la luz las pruebas del ataque homicida de Gendarmería. De Navarro, trabajador municipal de 33 años que vive en San Martín, se sabe menos. Pese a haber perdido la visión de su ojo izquierdo por un balazo de goma, las empresas periodísticas no cubren su caso.
“¡Disparen al lente!”
La causa por el intento de homicidio de Grillo recayó originalmente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Servini. Lo primero que intentó la jueza fue sacársela de encima, derivándola al Juzgado Federal 12, que no tiene titular y es subrogado por Ariel Lijo. El “casi juez” de la Corte (el Senado rechazó su pliego) se declaró incompetente y la Cámara Federal ordenó a Servini retener el expediente. Allí interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano.
Como se recordará, a través de una reconstrucción basada en el aporte colectivo de imágenes (del que La Izquierda Diario fue parte), el Mapa de la Policía logró determinar que el ejecutante del disparo de gas lacrimógeno, fuera de todo protocolo y con claras intenciones criminales, fue el cabo primero Héctor Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional.
Guerrero no tuvo un “rapto de locura”. Su accionar fue parte de una planificación. Por eso la familia Grillo reclama que se investigue a Bullrich, al director nacional de Gendarmería Claudio Brilloni, al jefe de la Unidad 6 Héctor Ferreira y al jefe del Comando Región I Marcelo Porra Melconian, entre otros. La cadena de mandos debe responder por sus responsabilidades penales.
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En el expediente ya se ordenó el pedido de información tanto a Gendarmería como a los ministerios de Seguridad nacional y porteño. Entre otras cosas, se solicitaron la remisión de filmaciones de cámaras de seguridad (tanto públicas como privadas), los listados del personal desplegado esa tarde, el detalle de armas, gases y municiones usadas, los “protocolos” de actuación aplicados y el registro de las comunicaciones internas.
La familia Grillo, a su vez, pide que se incorporen al expediente todo lo que registraron durante esas horas decenas de medios de comunicación, gráficos, radiales y audiovisuales. Y que Bullrich entregue el listado completo de quienes se encontraban en la Sala de Situación de la Dirección de General de Operaciones del Ministerio. Allí, además de múltiples testigos, podría haber nuevos imputados.
En las últimas semanas Servini se tomó licencia. Hasta este jueves la subrogó su colega Sebastián Ramos. Recién este viernes, a un día de cumplirse el mes, la jueza aceptó como querellantes a los padres del fotógrafo. Una dilación que, durante semanas, impidió actuar normalmente en el expediente a las abogadas del CELS y la LADH que los patrocinan. Para aceptar a los abogados defensores del cabo Guerrero la jueza fue más expeditiva.
Los Grillo están convencidos, e irán por ello, de que Guerrero debe ser acusado de autor material de “tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Algo que también debería alcanzar a sus superiores, quizás a la propia Bullrich.
La Posta de Salud y Cuidados, integrada por trabajadoras y trabajadores de la salud, presente en cada movilización | Fotos Enfoque Rojo “¡Y a las camisetas!”
El caso de Jonathan Navarro también impacta y conmueve. El 12 de marzo su vida pegó un vuelco inesperado al perder la visión de su ojo izquierdo por un balazo de goma lanzado a corta distancia desde un grupo de prefectos y policías federales. Hincha de Chacarita, en una detallada conversación con este diario, en su casa de San Martín, Navarro contó por qué fue al Congreso, cómo recibió el impacto y qué piensa de la avanzada represiva oficial.
Mientras sigue una recuperación médica que le llevará varios meses, el albañil y empleado municipal ya denunció penalmente al Estado nacional por la grave herida recibida. Junto a su abogado Pablo Zapulla, acusan directamente a Bullrich y sus subalternos. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcciona N° 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, e interviene la Fisacalía Nacional N° 55 que subroga el fiscal César Troncoso.
El último miércoles Navarro no pudo ir a la plaza, pero no quiso estar ausente. “Les envío mi apoyo a los jubilados, Bullrich actúa de esta forma para que la gente tenga miedo, pero no hay que aflojar aunque la lucha sea larga”, dijo en la previa a la movilización a través de un video filmado desde su casa.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Presos sin pruebas
La primera causa derivada de la represión del miércoles 12 se abrió por decisión del propio Gobierno. Allí están acusadas de “atentado y resistencia a la autoridad” 116 personas. Se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce la jueza Karina Andrade. Primero intervino la Fiscalía de Flagrancia y hoy lo hace la Fiscalía N° 14 a cargo de Pablo Gaspani.
Como informamos a horas de desatada la represión, ese expediente tiene un sin fin de irregularidades de origen. Empezando por la supuesta “flagrancia” que habría motivado a la Policía Federal y la de la Ciudad a detener a 114 personas en las inmediaciones del Congreso. Las acusaciones vagas, así como las imprecisiones de tiempo y lugar de cada detención, superaron a cualquier “prueba”. Tan flojo de papeles fue el accionar del Ministerio de Seguridad que, en cuestión de horas, la jueza Andrade no tuvo más remedio que liberar a todas y todos.
Enardecida, Bullrich acusó a la jueza de no cumplir con su deber y decidió meter mano. Atrincherada en su relato contra supuestos “barrabravas” que habrían copado salvajemente la Plaza Congreso, publicó un listado de 26 personas a las que se les aplicaría el “derecho de admisión” a estadios de fútbol, veinte de las cuáles son parte de aquellas 114. Tan burdo es todo que allí hay gente a la que ni le gusta el fútbol ni fue nunca a la cancha.
Una semana después de la represión, la ministra quiso sumar otros 29 imputados. Con anuencia de la Fiscalía, a dos de ellos los acusa de haber sido quienes incendiaron el patrullero de la Policía de la Ciudad que fue sospechosamente abandonado, con las puertas abiertas, en medio de la manifestación. La jueza Andrade ordenó la prisión preventiva de estos últimos, pero rechazó el pedido por los otros 27.
De la lista original de 114 personas imputadas, siete son patrocinadas por un equipo de abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) encabezado por Matías Aufieri, quien a su vez es otra víctima de la represión de Bullrich. Al igual que Navarro, el letrado perdió la visión de su ojo izquierdo en febrero de 2024 por un balazo de goma disparado por la Policía Federal. Por eso es querellante en otra causa en la que también se investiga el accionar de policías y funcionarios nacionales.
El año pasado, junto a Myriam Bregman, Aufieri también tomó la defensa de varias de las 33 personas detenidas el 12 de junio, otra vez en redadas irregulares a varias cuadras del Congreso. Causa en la que casi todos terminaron sobreseídos por la jueza Servini (la misma del caso Grillo), ante la endeblez de las acusaciones del fiscal Carlos Stornelli y su amiga Bullrich.
En diálogo con La Izquierda Diario, el doctor Aufieri dice que hace un mes “se vieron hechos insólitos, burdos por donde se los mire, con infiltrados de las fuerzas de seguridad actuando a cielo abierto, con uniformados plantando armas de fuego en la plaza del Congreso y hasta insultando a manifestantes desde un camión hidrante al grito de ‘¡vengan zurdos!'. Hay centenares de videos en los que se ve cómo el 12 de marzo detuvieron a cualquier persona desprevenida que estuviera parada en una esquina, incluso menores de edad”.
Detención del médico Alejandro Todaro, uno de los 114, en Rivadavia y Entre Ríos | Primera foto Filo News - Fotos restantes Enfoque Rojo Para el abogado, ese “accionar impune” del Poder Ejecutivo está avalado por buena parte del Poder Judicial “que deja hacer”. Si bien reconoce que, al ordenar las prontas liberaciones, la jueza Andrade “se atrevió a echar un manto de realidad después de horas de detención”, en verdad “la causa penal sigue abierta” y hasta el momento los imputados “no pudieron acceder a un sumario en el cuál consten los datos y las acusaciones”.
“No tienen con qué armar un sumario con el que definir la situación procesal de toda esa gente. Fuimos a pedir que nos dejaran ver el expediente y nos dijeron que todavía lo están armando. Es decir que no hay aún imputaciones formales”, detalla Aufieri a un mes de los hechos.
Tras la liberación masiva ordenada por Andrade, el Ministerio de Seguridad denunció a la jueza ante el Consejo de la Magistratura. En el escrito confundieron su nombre y, por si fuera poco, presentaron la denuncia en el Consejo nacional cuando, en verdad, ella es jueza de la Ciudad. “Sería gracioso ver cómo se manejan, si no fuera que buscan aleccionar a los jueces ante hechos que impliquen el accionar policial y de la propia Bullrich”, advierte el referente del CeProDH.
“Si nuestras denuncias fueran descabelladas y no tuvieran sustento, rápidamente resolverían sobre el fondo de la cuestión rechazando a los querellantes y sobreseyendo a los policías, pero no es lo que sucede”, sintetiza Aufieri. Y razona: “Si no hubieran salido a la luz los registros que demostraron el ataque a Grillo, es probable que lo hubieran acusado de estar tirando piedras ‘camuflado' de fotógrafo o algo así. Habrán buscado hasta el infinito imágenes para incriminarlo, pero no encontraron nada”.
Tras semanas sin novedades, a algunos de los 114 detenidos el 12 de marzo los están citando para los próximos días. Los mensajes llegan por Whatsapp a través de la Defensoría Pública (que patrocina a varios de ellos), sin mayores precisiones. Uno de esos mensajes fue recibido por Alejandro Todaro, médico psiquiatra con una década de trabajo en el Hospital Laura Bonaparte que poco después relató a este diario todo lo que pasó aquel día. Además de todo lo que le hicieron durante su detención, el Gobierno lo acusó de barrabrava y le aplicó “derecho de admisión”, pese a que nunca fue a la cancha ni le interesa ese deporte.
“Yo sigo yendo a las marchas de los miércoles”, dice Todaro ante la consulta de La Izquierda Diario. Esta semana también estuvo allí, en el marco de la jornada nacional convocada por las centrales sindicales. Y sigue en contacto con varias de las personas que padecieron lo mismo aquella tarde, laburantes a quienes desconocía previamente. Una “camaradería” popular que, sin dudas, les debe causar urticaria a Bullrich y sus secuaces.
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Festival solidario por Pablo Grillo en Remedios de Escalada
11 de abril, por Lanús — Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Festival, Lanús, Patricia Bullrich, Pablo Grillo, Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Festival, Lanús, Patricia Bullrich, Pablo Grillo
A un mes de la represión de Patricia Bullrich que dejó herido gravemente al fotoperiodista militante Pablo Grillo, familiares y amigos organizan un festival solidario.
Este sábado 12 desde las 14hs en la plaza Mariano Moreno, en Remedios de Escalada, familiares y amigos de Pablo Grillo impulsan un festival solidario y siguen exigiendo justicia por Pablo.
El 12 de marzo en la movilización de todos los miércoles de los jubilados que fue acompañada por distintos hinchas de clubes de fútbol y en donde Patricia Bullrich implementó un gran operativo policial que terminó en una importante represión sobre quienes se solidarizaron con los jubilados, dejó a Pablo gravemente herido. Desde ese momento Bullrich justificó la represión a Pablo alegando que gendarmería había actuado según reglamento, esto fue desmentido rápidamente luego de reconstruir la escena gracias a “Mapa de la policía” (grupo periodístico) y a otros fotoperiodistas que aportaron imágenes de la represión.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En este momento Pablo ha mostrado importantes avances, pero sigue peleando día a día.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></scriptNumerosas organizaciones de DDHH, artistas, centros de estudiantes y diferentes figuras como el Indio Solari, se han solidarizado y pronunciado por Pablo. Convocando y difundiendo el festival por Pablo.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El festival contará con música en vivo, buffet con precios populares, shows infantiles, intervenciones artísticas y además, recibirá donaciones de alimentos no perecederos para jubilados. Desde las 14hs en Plaza Moreno, Remedios de Escalada Lanús ( Av. H Yrigoyen 6200).
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A dos meses: Nueva movilización exigiendo justicia por Ramiro Dina
9 de abril, por Viedma — Juventud, Río Negro, Libertades Democráticas, Violencia policial, Río Negro, Viedma, Alberto Weretilneck, Policía de Río Negro, JSRN, Juventud, Río Negro, Libertades Democráticas, Violencia policial, Río Negro, Viedma, Alberto Weretilneck, Policía de Río Negro, JSRN
El domingo 9 de febrero de 2025, Ramiro Dina, un joven de 22 años oriundo de Carmen de Patagones, murió en la Comisaría 30 del barrio Guido de la capital rionegrina. Sus familiares, amigos del barrio y de su club, marcharon nuevamente por la ciudad.
Hoy se cumplen dos meses de una lucha incansable de las hermanas, padres y amigos de Ramiro, exigiendo justicia. Esta vez marcharon desde la Fuente Pucará de la costanera viedmense, pasando por todo edificio del poder judicial provincial y del poder político local y provincial que pudieron. Entre las consignas convocantes plantean: justicia por Ramiro Dina, muerto en custodia”. A lo que apuntan es a las graves responsabilidades del estado en la muerte de su hermano.
La marcha pasó por el Concejo Delibeante local, porque ni siquiera ante la propuesta de una mínima investigación del caso propuesta por una concejal al Ejecutivo local, el Intendente Marcos Castro con su bloque oficialista Juntos Somos Río Negro decidieron cajonearlo. Es parte de la línea que tiene el poder político local, que es la misma que tiene el poder político provincial de Weretilneck. Ya los proios familiares y amigos de Ramiro habían elevado al poder político la mínima exigencia de que se aparten a los policías implicados.
Como cuentan las hermanas de Ramiro, a pesar de que está detallado quienes fueron los agentes de la Policía de Río Negro implicados en la detención y posterior muerte de Ramiro, siguen patrullando con toda impunidad el barrio Guido donde está la Comisaría 30. Entre las movilizaciones que realizaron durante estos dos meses, una de ellas fue hacia el propio barrio Guido. Allí muchos vecinos y vecinas escucharon ese 9 de febrero los gritos y fueron testigos directos del arribo de la ambulancia a la Comisaría, durante la tarde de ese día. Incluso hay un video donde puede verse a Ramiro en el piso de la vereda mientras arribaba el vehículo médico. Las hermandas de Ramiro, Leonella y Guillermina, lo explican clarito: la Policía sigue actuando día tras día en el barrio, amedrentando a cualquier posible testigo.
En esta movilización, así como en cada una de las que emprendieron en estos 60 días, la familia de Ramiro expresó su mayor deseo: exigen justicia por Ramiro, pero también que no le pase a ningún pibe más. Y también hacen un llamado a la solidaridad: como la investigación no avanza, apelan a todo el barrio Guido, donde allí están los testigos directos de todos los atropellos que cometieron sobre la vida de Ramiro. Solicitan que se acerquen, que den su testimonio. Mientras la causa duerme en fiscalía y con los agentes policiales patrullando con impunidad, son los propio familiares quienes tienen que moverse para que la investigación avance.
Las inconsistencias del relato oficial sobre los hechos
El relato oficial, elaborado por la policía en los medios de comunicación en esas primeras semanas de febrero fue sufriendo varias modificaciones desde el día de la tragedia. En los primeros informes se hablaba de un robo cometido por Ramiro Dina cerca del kilómetro 9 de la Ruta Provincial 1, en Viedma. Según la policía, vecinos habrían alertado sobre el delito, lo que motivó la intervención policial. Sin embargo, conforme avanzó el reclamo de la familia se empezó a mencionar que Ramiro no estaba involucrado en un robo, sino que habría intentado huir al percatarse de la presencia de los oficiales. Este cambio de versión genera un primer punto de contradicción: si inicialmente se lo vinculó con un robo, ¿por qué luego se habla solo de resistencia a la autoridad? ¿Resistirse de qué sino hubo robo?
A medida que el caso tomaba notoriedad, más detalles fueron sumándose al relato oficial. Se indicó que Ramiro había estado alterado, posiblemente bajo los efectos de “alguna sustancia”; y asociando dicha “alteración” a supuestos altercados en el partido de fútbol que estaba viendo Ramiro junto a sus amigos del club. Pero hasta la propia liga barrial declaró que en ese partido no hubo ningún tipo de disturbios. Así, otra de las clásicas declaraciones estigmatizantes del aparato policial, sin respaldo de ninguna prueba, se cayó rápidamente.
La familia de Ramiro ha insistido en que él se encontraba en buen estado físico y no había mostrado comportamientos agresivos o anormales antes de su arresto. Y que cuando lamentablemente tuvieron que reconocer el cuerpo en la morgue, estaba todo golpeado. Señálese que la causa de la muerte según los primeros informes fue por un posible edema pulmonar, aunque aún esté pendiente el informe final. El fiscal José Chirinos, quien lleva adelante la investigación, aún a dos meses de los hechos, no ha aclarado nada de todo esto.
Cómo la familia reconstruye los hechos
El relato de la familia Dina ofrece una versión diametralmente opuesta a la oficial. Según Leonella, hermana de Ramiro, él no estaba alterado en ningún momento y no había mostrado signos de agresividad durante el partido de fútbol que se disputaba en la cancha de la Ruta 1. De hecho, los testimonios de varios vecinos que estuvieron presentes en el evento coinciden en que Ramiro no tuvo ningún conflicto en el lugar y no estuvo involucrado en ningún disturbio.
La familia Dina sostiene como hipótesis más firme que Ramiro fue golpeado brutalmente durante su detención y que los abusos continuaron en la comisaría. Según su versión, cuando fue bajado del patrullero y llevado a la dependencia, ya estaba visiblemente golpeado. Aseguran que, cuando los agentes lo llevaron a la comisaría, testigos escucharon gritos pidiendo que lo dejaran de golpear. Este relato es clave, ya que contrasta con la narrativa policial.
La denuncia de maltrato por parte de la familia Dina ha sido apoyada por diversos testimonios anónimos, que aseguran haber escuchado los gritos de Ramiro pidiendo auxilio. Sin embargo, estos relatos aún no han sido corroborados formalmente en la investigación. Lo que es indiscutible es que, en el proceso de detención y traslado, Dina sufrió una serie de lesiones que, según algunos testigos, no existían antes de la intervención policial.
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En este contexto, el caso de Ramiro Dina no solo es un clamor de una familia rota por el dolor, sino también un reflejo de las tensiones sociales entre la policía y la comunidad de los barrios. El caso de Ramiro tiene similitudes con el que sucediera semanas antes en Villa Regina con Nacho Cerutti, lo que demuestra que la violencia institucional de la Policía de Río Negro es pan de cada día. A dos meses del inicio de esta lucha, lo que sí queda claro es que el estado es responsable.
