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Santiago Maldonado: se reabre la causa y apartan al juez que dio impunidad a Gendarmería
10 de mayo, por Desaparición y muerte — Política, Chubut, Libertades Democráticas, Gendarmería, Patricia Bullrich, Desaparición forzada, Tierra del Fuego, Edición Uruguay, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Santiago Maldonado, Comunidad mapuche, Sergio Maldonado, Gustavo Lleral, Política, Chubut, Libertades Democráticas, Gendarmería, Patricia Bullrich, Desaparición forzada, Tierra del Fuego, Edición Uruguay, Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Santiago Maldonado, Comunidad mapuche, Sergio Maldonado, Gustavo LleralLa Cámara Federal de Comodoro Rivadavia atendió los pedidos de la Fiscalía y las querellas. Tras casi siete años de impunidad, el juez Gustavo Lleral ya no manejará el expediente. Lo reemplazará el juez de Ushuaia, Federico Calvete. Según la sentencia a la que accedió La Izquierda Diario, el nuevo juez deberá adoptar “máxima diligencia y premura” para “procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”. Otra mala noticia para Patricia Bullrich.
Este viernes la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut) emitió un fallo en el que ordena reabrir la causa en la que se debe investigar qué pasó con Santiago Maldonado. A su vez, en el escrito de 26 páginas al que accedió La Izquierda Diario, los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez decidieron apartar de la causa a Gustavo Lleral, titular del Juzgado Federal de Rawson. El caso pasará a estar en manos de su par Federico Calvete, hoy a cargo del Juzgado Federal de Ushuaia (Tierra del Fuego).
Si bien desde hace cinco años la misma Cámara Federal comodorense viene descartando la hipótesis de la desaparición forzada de Maldonado, la decisión que se conoció hoy reafirma lo que vienen denunciando desde el principio tanto la familia como organismos de derechos humanos: que Santiago no se ahogó de casualidad sino que fue víctima directa de una represión brutal de la Gendarmería, entonces al mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y que hoy, a casi siete años de los hechos, sigue pendiente que el Estado diga cuándo, dónde y cómo murió.
Maldonado estuvo desaparecido entre el 1° de agosto y el 17 de octubre de 2017. La última vez que se lo vio con vida escapaba de la balacera de los gendarmes que, cumpliendo órdenes precisas, arremetieron contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen. El cuerpo del joven artesano fue hallado luego de 78 días en las aguas del Río Chubut, en las cercanías de la Pu Lof, pese a que con anterioridad la zona había sido rastrillada varias veces por buzos de Prefectura y de la Policía Federal.
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La causa judicial, que sigue caratulada como “Desaparición Forzada de Persona”, tuvo muchas idas y vueltas pero pocas definiciones que permitan saber con certeza qué pasó con Santiago. De hecho, en su nuevo fallo, los camaristas de Comodoro Rivadavia reconocen que se ha perdido mucho tiempo sin investigar y que el juez Lleral hizo mal en cerrar el expediente hace casi un año y sobreseer a los cuatro gendarmes imputados.
En la sentencia, Leal de Ibarra y Suárez revocan aquella resolución de Lleral, ordenan la producción de nuevas medidas probatorias y apartan al juez de Rawson del caso. En tanto que a su reemplazante, el juez Calvete, le recomiendan “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba”, a los fines de “procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”.
Un larga trama de impunidad
La resolución que se conoció este viernes es una respuesta a los recursos de apelación presentados tanto por la Fiscalía General como por las querellas contra el cierre de la causa. Vale decir que, además de la familia Maldonado, son querellantes la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Comisión Provincial por la Memoria (en común con la APDH) y el CELS.
Tal como informó La Izquierda Diario , el 28 de febrero pasado la Cámara Federal patagónica convocó a las partes a una audiencia para escuchar sus apelaciones. Allí la fiscala general Verónica Escribano y las abogadas y abogados de las querellas afirmaron que el juez Lleral decidió cerrar la causa y sobreseer a Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra “sin mediar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido”.
En su reclamo, fiscalía y querellas denunciaron que Lleral ni siquiera cumplió con lo ordenado por la misma Cámara en septiembre de 2019, cuando a través de un fallo pidió “esclarecer definitivamente las circunstancias en que se produjo el fallecimiento” del joven. En aquel momento las querellas habían pedido el apartamiento de Lleral, pero los camaristas rechazaron el pedido dejando el caso en las manos del mismo injusto juez.
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En su apelación, las partes acusadoras volvieron a exigir que la Cámara aparte al juez garante de impunidad. “Ha incurrido en prejuzgamiento”, dijeron. Y resaltaron que se verificó en él “un temor fundado de parcialidad, al haber afirmado, en reiteradas oportunidades, que la única hipótesis posible es la que ha expuesto y desarrollado en sus considerandos, como fundamento de la decisión conclusiva que adoptó”.
En otras palabras, Lleral primero armó la explicación más conveniente para el entonces Gobierno de Mauricio Macri, luego buscó las “pruebas” que sustentaran esa hipótesis y, finalmente, sentenció que no hubo delito, librando de culpa y cargo a los gendarmes. Por eso la exigencia de la familia de Santiago y el resto de los querellantes de que se cambie al juez y se realice una investigación que arroje conclusiones certeras respecto a si la muerte se produjo (o no) por una conducta delictiva de Gendarmería (que, lógicamente, debió contar con complicidad política).
Entre las razones irrefutables de fiscales y querellas está el reconocimiento de la propia Cámara Federal en su fallo de 2019 respecto a que la autopsia realizada al cuerpo de Maldonado sólo dio información “estimativa” respecto a la fecha del deceso y al tiempo que estuvo sumergido en las agua del Río Chubut, por lo que para tener alguna certeza sería imperioso realizar nuevas pericias y obtener más información.
Vale recordar que en aquella sentencia (revocatoria del archivo de la causa que el juez Lleal había dictado en noviembre de 2018), los camaristas exigieron al juez diversas medidas para continuar la investigación. Por caso, que determinara si el cadáver estuvo siempre en un mismo sitio o fue trasladado previo al hallazgo. También que investigara cuánto tiempo estuvieron bajo el agua las pertenencias encontradas en las ropas del joven (en teoría debería coincidir con el tiempo estimado de sumersión del cuerpo, pero no hubo pericias). Agregaron el pedido de una “reconstrucción virtual” de la represión y sus consecuencias. Y que se llamara nuevamente a declarar a uno de los testigos de la comunidad mapuche.
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De todo eso, Lleral no hizo nada. Recién en octubre de 2022 firmó un papel ordenando la “reconstrucción virtual” y una pericia tecnológica sobre videos de Gendarmería durante la represión. Esas medidas nunca se concretaron y casi un año después, el 11 de agosto de 2023, el juez cerró intempestivamente la causa. No sólo había incumplido lo ordenado por la Cámara en 2019 sino que sobreseyó a los cuatro gendarmes. La fecha no fue casual, faltaban apenas dos días para las PASO presidenciales, donde Patricia Bullrich competía con Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.
Crueldades judiciales
En su sentencia de este viernes, los camaristas reconocieron que “el transcurso del tiempo atenta contra el éxito de las investigaciones, en especial de aquellas con características como la presente”, dando fundamento a su resolución de apartar a Lleral. Aunque la sentencia sea escandalosamente tardía, no deja de confirmar lo que siempre se denunció: la parcialidad manifiesta del juez para con Bullrich y sus perros rabiosos.
En su escrito los jueces dicen que, además de la familia Maldonado y el resto de las querellas, es la sociedad entera la que tiene el derecho a “saber cómo se desarrollaron los acontecimientos, cuál fue el escenario y eventualmente, quiénes son los responsables que llevaron o contribuyeron a tal luctuoso desenlace, sin poder permitirse que las líneas de investigación queden truncas o sean dirigidas en una única dirección”.
Para no caer en contradicciones propias, los jueces vuelven a remarcar lo que dijeron en 2019 respecto que, para ellos, la hipótesis de la desaparición forzada debe seguir siendo descartada. Específicamente dicen que “los elementos probatorios incorporados al expediente” son suficientes para descartar la hipótesis de que Maldonado “había sido privado de su libertad durante el procedimiento llevado a cabo en el Pu Lof, y luego conducido, de manera clandestina y sin reconocer dicha detención, hacia un lugar distinto en que le provocaron la muerte”.
Nuevamente la afirmación de la Cámara suena prematura. Si reconocen que ni siquiera hubo una reconstrucción de los hechos y de que la autopsia no pudo ser determinante para afirmar cuándo, dónde y cómo murió Santiago; ¿en qué se basan los jueces para negar de plano esa hipótesis? Eso es lo que no termina de convencer a los familiares del joven y a una gran parte de la sociedad. Pero para los camaristas, con Maldonado puede haber ocurrido cualquier cosa menos una desaparición forzada a manos de Gendarmería. Irónicamente, la causa sigue estando caratulada como “Echazu, Emmanuel y otros s/desaparición forzada de persona”.
Para Leal de Ibarra y Suárez, “la injustificada reticencia que ha evidenciado el magistrado instructor en la tarea de agotar las alternativas que se hallaban a su disposición para despejar los interrogantes que persisten, dejando transcurrir un extensísimo plazo - que tales medidas no hubieran requerido - es suficientemente demostrativa de que ya tiene una posición tomada”. Lo cual, afirman, “resulta incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar quien se encuentra a cargo de la investigación de un hecho ilícito de estas características”.
En una confesión de los rasgos crueles del Poder Judicial, la misma Cámara Federal que en 2019 se había negado a apartar al juez Lleral gira 180° y ahora decide quitarle al magistrado el poder sobre el expediente. Y para agregarle angustia al asunto, ponen en su reemplazo a un juez de Ushuaia. ¿Por qué ahora el caso se investigará a 2.000 kilómetros de Esquel, sede “natural” por cercanía con Cushamen? Porque, según los propios camaristas, en los juzgados federales más cercanos (Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia) hay funcionarios que no pueden garantizar imparcialidad en una causa de este calibre.
La decisión adoptada por la Cámara Federal comodorense fue bien recibida por las querellas. No es para menos, tras años de campaña de desacreditación contra Santiago Maldonado y su familia por parte de funcionarios y propagandistas mediáticos de lengua y dedos fáciles.
Sin embargo, no escapa al análisis que el regreso de Bullrich al Ministerio de Seguridad de la mano de Javier Milei le dio un punto de apoyo crucial para “bancar” la impunidad. A eso se suma que en los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se garantizó la preservación de pruebas en ese Ministerio. Menos aún se sumarió y expulsó a quienes protagonizaron represiones criminales como las que se llevaron las vidas de Maldonado y de Rafael Nahuel. Incluso con Aníbal Fernández como ministro, el Estado siguió reprimiendo a las comunidades originarias.
Que esta nueva etapa que se abre, gracias a la lucha de la familia de Santiago y los organismos de derechos humanos, sirva para esclarecer qué pasó con el joven artesano y quiénes fueron todos los culpables. Para ello será fundamental reforzar la organización y la movilización en las calles, independiente de todos los gobiernos y los partidos políticos patronales.
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La Plata: descubren banda de policías bonaerenses especializada en entraderas
9 de mayo, por Poliladrones — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , Policía Bonaerense, Delincuencia policial, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , Policía Bonaerense, Delincuencia policialSeis integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata fueron detenidos en el marco de una causa que investiga a una organización criminal que participó en decenas de robos, incluido el atraco a una sucursal del Banco Provincia local.
Seis efectivos de la Policía bonaerense fueron detenidos luego de realizarse una serie de allanamientos, en el marco de la investigación por el asalto a la sucursal del banco Provincia ubicado en 1 y 67, ocurrido el 19 de julio de 2023.
Las detenciones de los oficiales, que prestaban servicio en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, fueron solicitadas por María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°17, quien los indagará por los delitos de "asociación ilícita" y "robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda".
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Según fuentes cercanas al caso, en los allanamientos llevados a cabo por agentes de la Policía Federal Argentina se secuestraron ametralladoras, armas de fuego, granadas y gran cantidad de municiones, todo escondido en un montículo de arena ubicado en el patio de uno de los domicilios allanados. También se hallaron chalecos antibalas del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, pasamontañas y guantes.
Una "mega asociación ilícita" de civiles y policías dedicada al robo de vivienda y automotores, indicaron desde la sede judicial que investiga, incluso, la participación de más funcionarios policiales. Ninguna excepción a algo que se sabe es un modus operandi.
Un dolor de cabeza para el gobernador Axel Kicillof que mantiene su línea colaboracionista con la politica represiva que la ministra Patricia Bullrich llev a adelante en Rosario. La misma fuerza a la que se le da empodera cada vez más, en nombre de la batalla contra la "inseguridad" y, al mismo tiempo, se la encubre en crímenes como desapariciones forzadas, gatillo fácil.
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Milei vacía la escuela pública y Bullrich propone cambiar guardapolvos por grilletes
8 de mayo, por Edad de imputabilidad — Política, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Inseguridad, Eduardo Feinmann, Patricia Bullrich, Edad imputabilidad , Baja de la edad de imputabilidad, Javier Milei, Represión, Política, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Inseguridad, Eduardo Feinmann, Patricia Bullrich, Edad imputabilidad , Baja de la edad de imputabilidad, Javier Milei, RepresiónEl reaccionario “debate” sobre la baja de la edad de imputabilidad se reaviva en medio de una crisis económica y social que deja a cada vez más niños y niñas en la pobreza. La ministra de “seguridad”, que sabe de balas pero desprecia casi todo lo demás, sueña con criminalizar a la población desde los 12 años.
Este miércoles Patricia Bullrich fue entrevistada en Radio Mitre por Eduardo Feinmann, uno de los periodistas apologéticos de Javier Milei. Allí dialogaron, entre otro temas, de la idea oficial de bajar la edad de imputabilidad de los menores acusados de cometer delitos. Un supuesto “debate” en temas penales que, de fondo, encubre posicionamientos reaccionarios tendientes a controlar, reprimir y criminalizar principalmente a los sectores más empobrecidos de la población.
En sus declaraciones, la ministra de “seguridad” admitió que el tema está siendo estudiado por la administración (gobierno sería mucho decir) de La Libertad Avanza y que probablemente haya algún proyecto próximo a presentarse en el Congreso. Feinmann le consultó si es cierto que pretenden bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. “Todavía se está discutiendo la edad, si es a 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, respondió Bullrich. Y dijo que tomarán una decisión luego de analizar “cómo ha impactado eso en la población” de los países mencionados. Algo similar había dicho en enero su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Como para atajar algunas críticas, la ministra dijo que se estudia la baja para casos de “delitos gravísimos, como un asesinato”. Y a la vez debió aclarar que existen serias limitaciones constitucionales para hacer lo que se le ocurra al Gobierno. “Hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando esta…”, afirmó, sin especificar qué es lo que supuestamente debe ser “ordenado”.
Pese a contar con todo el tiempo radial disponible para decir lo que quiera, Bullrich insistió con sus habituales generalidades que no explican nada y sólo dan “títulos” para sus aliados mediáticos. Por ejemplo, dijo que “con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores”. Y también que “tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, algo que, dicho sea de paso, ya existe en el Código Penal.
Sin mostrar estadísticas públicas que sustenten sus afirmaciones, Bullrich apeló a mostrar los supuestos “éxitos” de su “filosofía interesante”. Y lo hizo homenajeando tácitamente al nefasto exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, creador de la hiperrepresiva Tolerancia 0. En este caso la ministra habló de la Teoría de las ventanas rotas, según la cuál quien en la Gran Manzana cometía “un delito menor” era sometido a “un tratamiento especial para que no vuelva a cometer un delito”. Según ella, “en su momento fue muy exitoso”, pero “luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.
Rudolph Giuliani, vale recordar, es adorado en Argentina tanto por Javier Milei y Victoria Villarruel como por Sergio Massa, Daniel Scioli y otros tantos dirigentes peronistas. Hay temas en los que nunca hubo “grieta” entre los partidos tradicionales.
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Cómoda con su interlocutor, Bullrich también aprovechó para hablar de su política de deportación de personas extranjeras. Un rasgo xenófobo disfrazado de patriotismo securitario. Por un lado dijo que el Gobierno está trabajando en un “perfeccionamiento de la Ley de Migraciones”. Por otro afirmó que, “al día de hoy, todos los días estamos echando del país a personas que delincan o que pertenezcan, directa o indirectamente, a organizaciones criminales”.
Sobre esto último, puso ejemplos que sirven más a su propia satisfacción verbal que a fundamentar sus políticas. Dijo que “el otro día entraron personas por un paso ilegal y fueron echados de manera inmediata”, aunque no les adjudicó otro delito que el de no haber pasado por un control migratorio-aduanero. Y que también supuestamente se les prohibió la entrada al país a dos abogados de la familia de un narco ecuatoriano y que, también según sus palabras, se expulsó a un violador chileno. Poca sustancia para tanta xenofobia.
Lógicamente, Bullrich no perdió la ocasión para festejar el reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación de la Ciudad de Buenos Aires en favor de su protegido, el policía asesino Luis Chocobar. Una sentencia que no lo absolvió ni mucho menos, sino que ordenó la realización de un nuevo juicio contra el agente que en 2017 mató por la espalda a un joven que corría desarmado por las calles de La Boca.
“Sentí justicia”, dijo la ministra. Y agregó que, para ella y su ladero Fernando Soto (abogado del criminal y a la vez funcionario del Ministerio de Seguridad), éste “es un caso testigo muy importante. Chocobar hoy es el ejemplo del buen policía, que hace lo que tiene que hacer”. Una justificación lisa y llana del gatillo fácil policial, ése “deporte” que, desde hace décadas, practican todas las fuerzas represivas del país con complicidad política y judicial.
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Con su ametralladora de iniciativas estigmatizantes, criminalizadoras y represoras, Bullrich es la colaboradora perfecta de Milei, quien junto a su otro ministro Luis Caputo y asesores como Federico Sturzenegger vienen aplicando un brutal plan de saqueo sobre los ingresos populares en beneficio directo de los sectores más concentrados y poderosos de la economía. Un plan de ajuste sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras que sólo puede “pasar” si, a la vez, se aplica una férrea política de control social, criminalización de la pobreza y represión a la protesta.
Mientras la ministra, con la excusa de luchar contra la inseguridad ciudadana, vuelve a proponer la baja de la edad de imputabilidad para meter presos a cada vez más jóvenes de los sectores populares, su propio Gobierno desfinancia la educación pública de la que esos mismos sectores son sujetos de derecho.
En un país donde la pobreza (según la UCA, no la izquierda) ya alcanza al 57 % de la población, este año la canasta escolar tuvo un aumento del 450 % respecto al año pasado (con picos de hasta un 900 % en productos como lápices o papel glacé). A su vez el Gobierno nacional eliminó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación Salarial Docente, por lo que el poder adquisitivo de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación no sólo se licúa por efecto directo de la inflación sino que, encima, es recortado. Y además la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello sigue negándose a proveer alimentos básicos a miles de comedores de los barrios más carenciados.
Aunque sofistiquen las palabras y se justifiquen con mentiras, la ecuación de La Libertad Avanza es sencilla: menos plata para los pobres, más plata para los ricos; si los pobres se quejan, los reventamos a palazos; y si algunos de sus hijos en edad escolar son arrojados al delito ante un futuro sin promesas, que se pudran en la cárcel cada vez más chicos. Violento, clasista y reaccionario (criminal, en definitiva) por donde se lo mire.
Si las ideas oficiales se traducen en proyectos de ley que el Congreso deba debatir y votar, más de un “progresista” estará en problemas. Es que iniciativas como la baja de la edad de imputabilidad podría encontrar muchos acompañantes “opositores”, sean peronistas, radicales, del PRO o “federales”. Vale recordar que hace veinte años fue el naciente kirchnerismo el que impulsó la sanción de las llamadas “Leyes Blumberg”, un paquete de normas de endurecimiento de penas que, lejos de resolver las causas de la “inseguridad”, profundizó la represión en los barrios y la saturación de las cárceles con una población cada vez más pobre y joven.
Huelga decirlo, pero sólo el Frente de Izquierda se niega a sancionar leyes que profundicen aún más el control policíaco-militar y la represión contra las mayorías sociales. No sólo es una cuestión de principios. Esa negativa está acompañada de un programa integral para terminar con la pobreza y la indigencia, haciéndoles pagar a los poderosos que hoy sostienen a Milei y Bullrich el costo de la crisis. Una crisis económica y social que ellos mismos generaron y de la que esperan salir descargando (nuevamente) sus efectos sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras. Contra ellos hay que luchar. No contra los pibes y las pibas en edad de guardapolvo.
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Desaparición del sobrino de monseñor Plaza: "Cuando vi a mi tío con Camps, salí corriendo"
6 de mayo, por Lesa humanidad — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Iglesia Católica, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Iglesia Católica, Dictadura cívico-militar-eclesiásticaLos hermanos de Juan Domingo "Bocha" Plaza declararon en el juicio que se lleva a cabo por los crímenes cometidos en las instalaciones de los Cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, ubicados en las calles 1 y 60, y la Comisaría 8va de La Plata. Fuerte relato que da cuenta de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con el plan genocida.
Durante la última audiencia llevada a cabo en el juicio por crímenes de lesa humanidad, conocido como "1 y60"- donde se juzgan a 18 represores que actuaron en dos centros clandestinos de detención de la ciudad de La Plata- declararon los hermanos Plaza, querellantes en la causa, y sobrinos del entonces Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de la Diócesis de La Plata y capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El testimonio de los Plaza es una espina difícil de sacar para la jerarquía de la Iglesia Católica que, en el último tiempo, busca lavar culpas por su accionar y complicidad durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Los Plaza eran cinco hermanos: Santiago, Juan Domingo, Jesús María, Luis María y María del Carmen Plaza. "Todos muy familieros", sostuvo Santiago, el primero en declarar. Por la labor diplomática del padre de los Plaza (hermano del sacerdote) residieron largos años en España, llegando a La Plata en 1962. Tanto Santiago como Juan Domingo, "Bocha", entraron a trabajar al Banco Río.
Bocha era militante peronista. Tuvo a su cargo una unidad básica, "Héroes de Trelew" en el barrio El Churrasco, donde organizaba partidos de fútbol con los pibes del barrio y llevaba consultorios médicos y legales gratuitos para el barrio. "Bocha era una persona de un corazón enorme. Dado al prójimo como ningún otro", recordó su hermano Luis María. Por diferencias con la organización se alejó y formó parte de la llamada Alianza de la Juventud Peronista. Sus otros hermanos también militaron, pero circunscripto a lo sindical.
El vínculo de los hermanos con el arzobispo se limitaba a visitas esporádicas del "cura" (así lo llamaban) a la familia. "Mi padre era el moderador entre la familia y él. Cuando venía a casa nos obligaba a que le besáramos el anillo y ahí puteábamos nosotros. Había diferencias de corte ideológico con él", afirmó Santiago. Un vínculo tenso que terminó de cortarse con la muerte del padre de los hermanos Plaza y el secuestro de Bocha.
Los Plaza ya venían siendo hostigados y perseguidos desde antes del golpe de Estado. Santiago recordó el atentado que sufrió la casa familiar entre los años 1974 y 1975. En abril de 1976, el mayor de los hermanos partió a México a encontrarse con Jesús María, que ya residía en aquel país. "Vos andate y raja, yo me encargo acá", fue la última vez que Santiago y Bocha se vieron.
El 16 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, Bocha pasó por la casa familiar y se despidió de sus hermanos Luis y María del Carmen. Ella recordó: "Bocha no demostraba sus emociones. Esa mañana me llevó un mate a la cama. Me dijo que venía de la Curia de ver al cura (así le decíamos) para solucionar unos papeles de un auto que era de mi papá, fallecido un año antes. Me pareció verosímil. Después me dijo que se iba a ver al papá de un amigo al bar de 7 y 34".
Por su parte, Luis María afirmó: “Bocha pasó por casa y me dijo que le avise a mamá que iba a llegar un poco tarde”. A las horas, recibió el llamdo de Eduardo Landaburu, esposo de una prima, quien presenció el secuestro de Bocha. "Nunca más supimos nada".
Juan Domingo Plaza fue secuestrado en el bar y pizzería "Don Vicente", en la esquina de 7 y 34, por un grupo armado de hombres sin uniforme que lo subieron a la fuerza a un auto Fiat junto Mardoño Rafael Díaz Martínez, de 57 años, que fue liberado 15 días después. Bocha nunca más apareció.
Landaburu, años después declararía: "Entré a hablar por teléfono al bar. Estaba la policía, lo vi a Bocha y también a un señor mayor que después supe era Mardoño Díaz Martínez, de Catamarca. Los tenían a ambos contra la pared con las manos detrás del cuerpo. Traté de buscar la mirada de Bocha para ofrecerle ayuda. Pero él bajó la vista como si no me conociera. Salí del bar atontado, caminé unos pasos y recién ahí me di cuenta de que ese muchacho me había salvado la vida".
El devenir familiar en la búsqueda de algún dato sobre el paradero de Bocha estuvo colmado de habeas corpus presentados en secreto por parte de la madre; conversaciones con testigos como Hugo Maldonado, quien aseguró haberlo visto en 1 y 60 encapuchado y golpeado. Luis María quedó con su mamá y la búsqueda de Bocha en La Plata, y sus hermanos en el exilio.
" - ¿Sabés algo de Bocha?
- Yo no sé nada y tu cuídate porque te puede pasar lo mismo"
Así recordó Luis el corto diálogo que tuvo con su tío en las oficinas de la Curia. No lo vio nunca más. Por su parte, María del Carmen, también declaró haber ido a ver al monseñor: "Yo fui en el 78, antes de irme a Mexico, a pedir ayuda. Subí directamente. Llegué al hall, antes del escritorio y del dormitorio, Estaba con el general Camps. Me dijo ´veni que te presento´. Saludé y sali corriendo. Uno ya sabía lo que simbolizaba eso. No volví más".
Para los Plaza no hay dudas que el "cura" sabía algo. Antonio Plaza fue una figura clave en el entramado que sostuvo a la dictadura y en particular a la represión en la provincia de Buenos Aires, bajo la mano de Ramón Camps. Fue uno de los quince sacerdotes mencionados como represores por la Conadep.
La cúpula de la Iglesia Católica legitimó el accionar del terrorismo de Estado de mediados de los años 70 y principios de los 80, cooperando activamente con su plan de exterminio: aportó curas y obispos a los centros clandestinos de detención para las “confesiones” de detenidos y detenidas, entregó fieles a los genocidas luego de que éstos iban a las parroquias a buscar consuelo o ayuda, ayudó a engañar a madres y padres desesperados que buscaba gestiones infructuosas para saber algo de sus seres queridos, bendijo las armas represoras y hasta le dio sustento “teológico” a los vuelos de la muerte, entre otras divinidades.
Frente a quienes levantan las banderas del negacionismo y afirman que la cifra de los 30.000 es un invento, el pedido de los sobrinos del cura resulta más que contundente: "Que se haga justicia, no solo por mi hermano, por los 30 mil que faltan", gritaron los sobrinos del cura
Monseñor Plaza- Bocha Plaza. Revista Noticias
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A pedido de Bullrich: anulan el juicio que condenó al policía asesino Luis Chocobar
6 de mayo, por Reaccionario — Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Ministerio de Seguridad, Carla Lacorte, Policía del gatillo facil, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Patricia Bullrich, Luis Chocobar, Doctrina Chocobar, Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Ministerio de Seguridad, Carla Lacorte, Policía del gatillo facil, Columnistas Vertical , Policía Bonaerense, Patricia Bullrich, Luis Chocobar, Doctrina ChocobarMoviéndose al compás de los vientos políticos, la Cámara Nacional de Casación revocó el fallo que en 2021 condenó al policía bonaerense que mató por la espalda a Pablo Kukoc. Chocobar deberá ser juzgado nuevamente. Sonríen la ministra de Seguridad y su ladero Fernando Soto, funcionario y a la vez abogado del criminal. ¿Quién era Kukoc, el joven de 18 años que encontró la muerte cuando escapaba desarmado por las calles de La Boca?
Este lunes Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, festejó por la red X lo que considera una excelente noticia. Minutos antes el abogado había recibido el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según el cual queda anulado el juicio realizado en 2021 contra uno de sus más renombrados clientes.
El defendido en cuestión es Luis Chocobar, el efectivo de la Policía Bonaerense que la mañana del 8 de diciembre de 2017 asesinó por la espalda a Pablo Kukoc en el barrio porteño de La Boca. Luego de que el joven de 18 años, en compañía de un menor de edad, asaltaran violentamente a un turista extranjero, Chocobar (que no estaba uniformado ni cumpliendo funciones) lo corrió varias cuadras hasta que lo remató de un tiro por la espalda. Kukoc corría desarmado y murió minutos después.
Tras el crimen y la apertura de una causa penal contra él, Chocobar fue recibido con honores en la Casa Rosada. El entonces presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich no sólo destacaron su “heroísmo” sino que llegaron a fundar una doctrina con su apellido. Doctrina policial basada en disparar y después preguntar qué onda. Una institucionalización del gatillo fácil, que nunca dejó de crecer y que puede pegar un nuevo salto si es que prosperan algunos proyectos de ley que Bullrich acaba de mandar al Congreso.
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La fuerte presión política y mediática de intensos sectores manoduristas, combinada con la escasez de recursos económicos de la familia Kukoc, derivó en un juicio relativamente beneficioso para Chocobar. Tan es así que, el 28 de mayo de 2021, el Tribunal Oral de Menores 2 de la Ciudad de Buenos Aires terminó condenándolo sólo a dos años de prisión “en suspenso” por el “homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber”.
Pese al lobby encabezado por Bullrich y su ladero Soto, los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete no pudieron evitar condenar a Chocobar, aunque con una pena casi simbólica. En los fundamentos de su sentencia, el TOM 2 afirmó que fue “innecesario y desproporcionado” el disparo final que provocó la muerte de Kukoc, quien en su escape no resultaba “peligroso para nadie”. Chocobar había incumplido “la normativa nacional e internacional” sobre el uso de armas, lo que resultó más grave al ser policía.
Tres años después, con Bullrich nuevamente sentada en el sillón ministerial de un gobierno que levanta todos los clichés criminalizadores de la pobreza al tiempo que aplica un plan de ajuste que hace que esa pobreza siga creciendo, nuevos vientos soplan desde el Poder Judicial, brindándole un poco de aire fresco a las pestilentes fosas nasales oficialistas.
En su fallo de este lunes, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin, decidieron revocar aquella condena de 2021.
Justicia a la medida de Bullrich y Milei: Para sostener la Doctrina Chocobar Casación acaba de anular la ya insuficiente condena contra el policía de gatillo facil pic.twitter.com/p5wHZU7THu
— Carla Lacorte (@Lacorte_Carla) May 6, 2024
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Este mismo mediodía el doctor Soto habló por el canal oficialista LN+. Con el fallo aún ante sus ojos, el abogado funcionario dijo que lo sorprendió la resolución de Casación. “No estaba dentro de las posibilidades que barajábamos”, le dijo a María Laura Santillán. Basó su sorpresa en que, supuestamente, el tribunal en cuestión suele ser “muy duro” con los policías que cometen crímenes contra civiles.
Soto resaltó que el fallo cuestiona que “un montón de pruebas” que la defensa de Chocobar había pedido que se presentaran en el juicio no fueron tenidas en cuenta. Y también destacó que, para los jueces de la Sala II, la sentencia de aquel juicio “es arbitraria”. En ese marco, vale decir que la Cámara también decidió apartar al Tribunal Oral de Menores del caso, con lo que el nuevo juicio deberá realizarlo otro tribunal.
La defensa acérrima del Gobierno a policías asesinos como Chocobar es tan bochornosa que, en la misma conversación entre Soto y los periodistas de LN+, al abogado se lo cuestionó no sólo por ese compromiso político e institucional con un asesino del gatillo fácil sino por la misma incompatibilidad del calvo funcionario al estar, de alguna manera, de los dos lados del mostrador.
Soto respondió a parte de esos cuestionamientos con una definición que lo pinta de cuerpo entero: “Se ensañaron con Chocobar porque con los policías hay una discriminación”. Y agregó que “eso de ‘gatillo fácil' es una frase de prejuicio y desprestigio para los policías en general (...) no, nos están salvando la vida”. Lejos de fundamentar su afirmación en datos estadísticos (que justamente dicen todo lo contrario, ya que reina la impunidad en la mayoría de los casos de gatillo fácil), el defensor de criminales uniformados basa sus diatribas en su pertenencia a la familia represora.
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Alcanza con recordar que, además de Chocobar, entre los clientes de Soto también se puede mencionar a Gonzalo Cané y Francisco Pintos. El primero integró el gabinete de Bullrich entre 2015 y 2019 y tuvo destacada participación en el encubrimiento de los efectivos de Gendarmería que, en el marco de una brutal represión a la comunidad mapuche en Chubut, provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El segundo es uno de los “albatros” de Prefectura que, en el marco de una brutal represión a la comunidad mapuche de Río Negro, provocaron la muerte de Rafael Nahuel, hecho por el que fue condenado junto a sus camaradas de armas.
Es de esperar que la querella de la familia de Kukoc apele la sentencia de Casación, con lo que el caso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia. Como la condena que pesaba sobre Chocobar era “en suspenso” y sólo de dos años, el asesino recibió esta “buena noticia” en libertad. Probablemente Bullrich y Soto estén preparando una nueva visita del criminal de la Policía Bonaerense a la Casa Rosada y, quién te dice, algún ascenso o nombramiento honorífico en el Ministerio.
A quien seguramente Bullrich, Soto y su troupe de apologistas del crimen a manos del Estado no quieran escuchar es a Ivonne Kukoc, la madre del joven asesinado. En febrero de 2018 La Izquierda Diario fue a su humilde casa del barrio de La Boca. Allí la mujer no sólo relató cómo fue que se enteró de la muerte de Pablo. También desmintió los argumentos oficiales que buscaban salvar al policía. Y dio una breve biografía de su hijo, uno de los miles y miles de jóvenes “ni-ni” que desde hace décadas pueblan el AMBA.
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