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Presos políticos: denuncian traslado intempestivo de Milton Tolomeo y Eneas Gallo al nuevo penal de Marcos Paz
15 de octubre, por Grave — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Presos políticos, Milton Tolomeo, Eneas Gallo, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Presos políticos, Milton Tolomeo, Eneas Gallo
Familiares de ambos jóvenes trabajadores, junto a la Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticxs, hacen públicas las condiciones de detención y la vulneración de derechos en el nuevo complejo habilitado por el Gobierno para el traslado de los presos de Villa Devoto. Milton y Eneas están presos hace meses por haber protestado en febrero contra la Reforma Laboral esclavista de Milei y sus cómplices.
Familiares de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, junto a la Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticxs denunciaron en las últimas horas el traslado compulsivo de ambos presos políticos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires), el mismo en el que están siendo alojados cientos de detenidos que se encontraban en el penal de Villa Devoto (Ciudad de Buenos Aires).
En un comunicado público, familiares, amigos y organizaciones solidarias denuncian las condiciones de detención y la vulneración de derechos fundamentales de Milton, Eneas y el resto de las personas trasladadas allí. Vale recordar que ambos ya se encontraban detenidos cerca de allí, en el original complejo penitenciario de Marcos Paz. Ahora fueron alojados en las instalaciones linderas creadas por el Servicio Penitenciario Federal tras el pacto entre el gobierno nacional y el porteño de Jorge Macri.
Como viene informando La Izquierda Diario, Milton y Eneas llevan varios meses detenidos en el marco de una causa armada tras haberse movilizado en febrero al Congreso para repudiar la reforma laboral esclavista impulsada por el gobierno de Javier Milei. En un claro plan de represión y criminalización de la protesta social, el Estado no sólo orquestó una persecución sobre ambos sino que ahora se apresta a llevarlos a juicio.
“Milton y Eneas van a juicio sin fecha y los siguen acusando de terrorismo”, denunciaron hace pocos días los familiares. Tras dar por finalizada la etapa de instrucción (amañada y arbitraria), el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio, con el agravante de que se les podrían duplicar las penas ya que, según el nefasto funcionario, los supuestos delitos se cometieron “para aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas (...) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Eneas Gallo y Milton Tolomeo Traslado intempestivo
El comunicado difundido en las últimas horas señala que entre los días 12 y 13 de octubre, Milton y Eneas junto a decenas de detenidos, fueron trasladados “de manera intempestiva” al nuevo complejo penitenciario.
“Las primeras horas transcurrieron incomunicados, y sus familias pudieron establecer contacto varias horas después para tomar conocimiento de las condiciones en las que se encontraban. Según lo denunciado por ellos, no habían podido ingerir alimentos ni bebidas por varias horas y habían sido despojados de su ropa y de sus elementos de higiene, circunstancias que los sometieron a condiciones de hambre, frío, y sed, exigimos sea investigada la situación de manera urgente”, alertan.
Agregan que “la celeridad con la que se llevó adelante el traslado de todas las personas detenidas guarda relación con el anuncio del Papa sobre su visita, prevista para noviembre, a la sobrepoblada cárcel de Devoto, pero también con el hecho de que esa misma zona es codiciada por el negocio inmobiliario. Es de extrema necesidad el hecho de esclarecer los motivos, las responsabilidades y los intereses que pudieran haber intervenido en la decisión y ejecución de estos traslados”.
A su vez exigen la investigación de las vulneraciones de derechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como el cese de cualquier medida que ponga en riesgo la integridad de las personas detenidas.
¡Luchar no es delito! ¡Libertad a Milton y Eneas!
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Presos políticos: denuncian el traslado de Milton Tolomeo y Eneas Gallo al penal de Marcos Paz
14 de octubre, por Grave — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Presos políticos, Bloque1 A4 3, Milton Tolomeo, Eneas Gallo, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Reforma laboral, Presos políticos, Bloque1 A4 3, Milton Tolomeo, Eneas Gallo
La Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticxs denuncian las condiciones de detención y la vulneración de derechos fundamentales. Milton y Eneas están presos hace meses por haber protestado en febrero contra la reaccionaria Reforma Laboral.
La Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs Políticxs denuncia el traslado compulsivo de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, presos políticos del Gobierno, al penal de Marcos Paz. Familiares, amigos y organizaciones solidarias denuncian las condiciones de detención y la vulneración de derechos fundamentales.
Milton y Eneas llevan varios meses detenidos en el marco de una causa armada tras haberse movilizado en febrero al Congreso para repudiar la reforma laboral esclavista impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Grave l Denuncian el traslado compulsivo de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, presos políticos del Gobierno, al penal de Marcos Paz. Familiares, amigos y organizaciones solidarias denuncian las condiciones de detención y la vulneración de derechos fundamentales.
¡Basta de presos por luchar!
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) October 14, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El comunicado señala que entre los días 12 y 13 de octubre, Miltos y Eneas junto a decenas de detenidos, fueron trasladados de manera intempestiva, al nuevo Complejo Penitenciario de Marcos Paz.
“Las primeras horas transcurrieron incomunicados, y sus familias pudieron establecer contacto varias horas después para tomar conocimiento de las condiciones en las que se encontraban. Según lo denunciado por ellos, no habían podido ingerir alimentos ni bebidas por varias horas y habían sido despojados de su ropa y de sus elementos de higiene, circunstancias que los sometieron a condiciones de hambre, frío, y sed, exigimos sea investigada la situación de manera urgente”, alerta el comunicado.
“La celeridad con la que se llevó adelante el traslado de todas las personas detenidas guarda relación con el anuncio del papa sobre su visita, prevista para noviembre, a la sobrepoblada cárcel de Devoto, pero también con el hecho de que esa misma zona es codiciada por el negocio inmobiliario. Es de extrema necesidad el hecho de esclarecer los motivos, las responsabilidades y los intereses que pudieran haber intervenido en la decisión y ejecución de estos traslados”, agrega.
Exigen la investigación de las vulneraciones de derechos, y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como el cese de cualquier medida que ponga en riesgo la integridad de las personas detenidas.
¡Luchar no es delito! ¡Libertad a Milton y Eneas!
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Gendarme "Carancho": 12 años después va a juicio por criminalizar la protesta
10 de octubre, por Autopartista Lear — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Gendarme Carancho, Lear, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Gendarme Carancho, Lear
Tras más de una década de trabas, el gendarme Juan Alberto López Torales irá a juicio por el montaje que permitió detener a un manifestante durante una protesta de los trabajadores de Lear en la Panamericana. “Fue una lucha persistente de más de una década, con miles de trabas que trataron de impedir que estos hechos se juzguen”, afirmó Myriam Bregman, diputada del FIT-U y querellante en la causa junto a los abogados del CeProDH, Carlos Platkowski y Matías Aufieri.
El 30 de julio de 2014, la autopista Panamericana fue escenario de una de las maniobras de criminalización de la protesta social más burdas que se recuerden. Ese día, trabajadores de la autopartista Lear protestaban contra los despidos con una caravana de autos que circulaba a baja velocidad para hacer oír sus reclamos. La respuesta del Estado fue una operación de Gendarmería que terminó con un manifestante detenido y un comandante fingiendo ser atropellado frente a las cámaras de televisión.
Ese comandante era Juan Alberto López Torales. Hoy, más de una década después, está siendo juzgado.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Los hechos
Esa mañana, López Torales, al mando del destacamento de Gendarmería encargado de detener la protesta, se lanzó sobre el capó del auto de Christian Romero, rompió el parabrisas, simuló ser atropellado, cayó al asfalto y ordenó la detención del conductor.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de televisión. Esa filmación, que recorrió el mundo, se convirtió en la prueba central que hoy lo tiene sentado frente al Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.
López Torales está imputado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio. Por esa acción, se lo conoce como "el gendarme carancho".
La palabra de los querellantes
"Los delitos que lo llevan a juicio a Lopez Torales son privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio en causa criminal; así lo calificamos nosotros y también la fiscalía. Él, además de detener al conductor, le arma una causa penal. Hablo de Cristian Romero, a quien representamos desde el CeProDH. Después de la detención ilegal, el gendarme declara dos veces que Romero lo había atropellado. Es una mentira flagrante porque él no sabía que estaba todo filmado. Aparece un video, varios, en realidad, pero uno en particular, que no deja lugar a dudas de que se tiró encima del auto para justificar la detención. Son esos dos delitos: privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio en causa criminal", dice el abogado Carlos Platkowski, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
"Fue una lucha persistente de más de una década, con miles de trabas que trataron de impedir que estos hechos se juzguen", expresó la diputada del FIT-U Myriam Bregman, también querellante en la causa junto a Platkowski y Matías Aufieri.
En la primera audiencia, la defensa del excomandante ya jubilado planteó que había pasado demasiado tiempo y que se había excedido el plazo razonable. El tribunal rechazó el planteo. "Les contestamos que ellos fueron los que demoraron el juicio durante todos estos años, inclusive llegando a la Corte Suprema", respondió Platkowski.
El juicio se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín ante los jueces Javier Matías Arzubi Calvo, Juan Manuel Gasset Maisonave (presidente) y Esteban Rodríguez Eggers, con la intervención del fiscal general Carlos Cearras.
Fraguar los hechos para armar causas penales
López Torales era el máximo reponsable de aquel operativo. Lo que él hizo no es novedoso. Las fuerzas de seguridad arrastran una tradición sistemática de armar causas, fabricar pruebas e inventar delitos para justificar la represión y criminalizar la protesta. El caso del Gendarme Carancho es una muestra paradigmática de ese modus operandi. Primero se tiró sobre el capó para fraguar una causa penal que pretendía legitimar el operativo brutal contra los trabajadores de Lear; después, no conforme con eso, declaró como testigo e imputó a Romero relatando hechos que nunca ocurrieron, con el objetivo de dejarle una causa penal y mandarlo preso. Esa secuencia -reprimir, fraguar, declarar en falso- no es un hecho individual, sino una práctica aceitada dentro de una fuerza que, en esa oportunidad actuaba sostenida bajo el mando de altos cargos como el de Sergio Berni, viceministro de Seguridad de Cristina Kirchner, responsable de múltiples operativos represivos contra obreros, trabajadores, sus familias y manifestantes del PTS. Berni estuvo imputado, pero finalmente quedó como testigo.
La causa contra los trabajadores
La puesta en escena del gendarme Carancho, López Torales, sirvió de base para criminalizar a los manifestantes. Romero y sus compañeros fueron acusados de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones culposas. Finalmente, todos resultaron sobreseídos.
La protesta de los trabajadores de Lear no era un hecho aislado. En 2014, la autopartista había despedido y suspendido a cientos de trabajadores, incluyendo delegados. Los obreros respondieron con distintas movilizaciones y reclamos, entre ellas realizaron una caravana de autos sobre la Panamericana a velocidad mínima. La represión de Gendarmería incluyó balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
El diputado nacional Nicolás del Caño, presente en la protesta, fue rociado con gas pimienta y golpeado. La lucha de los obreros de Lear contra los despidos masivos se convirtió en un ejemplo de resisitencia contra las prepotencia patronal.
Lo que viene
En las próximas audiencias comenzarán las testimoniales y la exhibición de los videos. Entre los testigos estarán el diputado Nicolás del Caño y la legisladora porteña (MC) Alejandrina Barry. También será incorporada la declaración del fallecido militante de derechos humanos y sobreviviente de la dictadura, Enrique "Cachito" Fukman.
Fukman participó de la protesta de los trabajadores de Lear junto a Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, y a otros referentes de derechos humanos.
"En la primera audiencia se leyó nuestro requerimiento de elevación a juicio y el de la fiscalía. Y en ambos escritos se llega a la misma conclusión", nos cuenta Platkowski. El "gendarme carancho" siempre negó haber planeado la provocación, pero los videos que recorrieron el mundo lo desmienten con contundencia. Al referirse al largo camino judicial que finalmente desembocó en el juicio oral contra el "Gendarme Carancho" por la detención ilegal y el falso testimonio contra Romero, Myriam Bregman sostuvo que fue una lucha persistente de más de una década, con miles de trabas que trataron de impedir que estos hechos se juzguen.
Foto: Gendarme Carancho en el conflicto de Lear
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Impunidad para el gatillo fácil: absolvieron a los policías que asesinaron a Facundo Ferreira
9 de octubre, por Tucumán — Política, Edición Argentina, Tucumán, Libertades Democráticas, Facundo Ferreira, Bloque4 A4 2, Política, Edición Argentina, Tucumán, Libertades Democráticas, Facundo Ferreira, Bloque4 A4 2
La Corte Suprema de Tucuman absolvió a los policías responsables del homicidio del niño de 12 años
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La Corte Suprema de Justicia de Tucuman absolvió y ordenó la libertad de los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca. Ambos fueron condenados en el 2023 como coautores del homicidio de Facundo Ferreira, niño de 12 años, ocurrido el 8 de marzo del 2018. Un nuevo hecho de impunidad que nos llena de bronca y redobla el compromiso por luchar contra la maldita policía del gatillo fácil.
El fallo cuenta con los votos de Daniel Leiva y la adhesión de Antonio Estofán y Fabián Fradejas. De esta forma, tres jueces definieron liberar a los responsables de un hecho que conmocionó a la provincia. Los argumentos, para este fallo de la impunidad no soportan la más mínima prueba. Ocho años después de los hechos, la Corte Suprema inventa un conjunto de hipótesis no demostradas a lo largo de todos estos años para sustentar un verdadero fallo a favor del gatillo fácil.
En un primer juicio, los policías fueron condenados a prisión perpetua. La Corte Suprema tucumana anuló ese primer fallo y ordenó una revisión. Tras un segundo debate oral, los efectivos fueron condenados a 20 y 15 años de prisión. Contra este segundo fallo, que ya lavaba la responsabilidad policial al tratarlo como un homicidio simple, la Corte falla anulándolo.
La Corte llega a decir que su muerte se dió en el marco del “cumplimiento del deber”. En un cambio total de los hechos, dan a un caso de gatillo fácil, la forma de un casi enfrentamiento. De esta forma la justicia actúa como garante de la impunidad policial. En sintonía con la “doctrina Chocobar” de Bullrich y con el aumento de razzias y detenciones arbitrarias y persecutorias, la Corte quiere empoderar a la policía.
Este fallo se da acompañado de que Tucuman es una de las primeras provincias en comenzar a implementar el “Nuevo régimen penal juvenil”. Hay una clara relación entre un sistema penal que avanza en aumentar las penas para las niñeces y adolescencia y un Poder Judicial que vez garantiza impunidad para la policía. La línea hacia la juventud es clara, represión y mayores condenas.
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Algunas preguntas a partir del caso de la graffitera mendocina
9 de octubre, por ¿Convivencia o criminalización cultural? — Cultura, Edición Argentina, Mendoza, Libertades Democráticas, Grafitis, Arte Gráfico, Arte callejero, Criminalización, Cultura, Edición Argentina, Mendoza, Libertades Democráticas, Grafitis, Arte Gráfico, Arte callejero, Criminalización
El lunes por la noche distintos portales digitales de Mendoza reprodujeron el mismo titular: una joven que realizaba grafitis en la Ciudad de Mendoza podría enfrentar una sanción cercana a los diez millones de pesos. Más allá del caso particular, la noticia abre una discusión mucho más profunda sobre el derecho a la cultura, la participación ciudadana y el lugar que ocupan las prácticas artísticas en el espacio público
La sanción surge de la aplicación del Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, antes de discutir el monto de la multa, vale la pena formular algunas preguntas elementales: ¿quién elaboró ese código?, ¿participaron artistas visuales, muralistas o grafiteros en su redacción?, ¿se abrió una instancia real de debate con la comunidad cultural?, ¿o las reglas fueron definidas exclusivamente dentro de los espacios institucionales y luego presentadas como una decisión colectiva?. La cuestión no es menor porque el Código de Convivencia suele presentarse como una herramienta de participación ciudadana. Sin embargo, participar de un jurado vecinal no es lo mismo que participar en la definición de las reglas que luego se aplican. Cuando los marcos del debate ya fueron establecidos previamente por funcionarios y cuerpos legislativos, la participación corre el riesgo de convertirse en una instancia limitada de validación de decisiones tomadas de antemano. Desde la perspectiva de la democracia participativa, la pregunta central es quién define los problemas públicos y quién tiene derecho a intervenir en la construcción de las soluciones. Si el espacio público es de todes, ¿por qué las discusiones sobre las formas legítimas de intervenir quedan restringidas a ámbitos institucionales donde la comunidad artística prácticamente no tiene representación?.
Otro aspecto problemático es la manera en que el debate ha sido planteado. En gran parte de la cobertura periodística aparece una asociación casi automática entre grafiti y vandalismo. Sin embargo, grafiti y vandalismo no son equivalentes. El graffiti constituye una práctica cultural y artística con una larga tradición histórica, mientras que el vandalismo remite al daño deliberado de bienes o espacios. Al equipararlos, se invisibiliza la dimensión cultural de estas intervenciones y se clausura la discusión antes de que pueda producirse. El graffiti posee una larga tradición cultural, artística y política. Gran parte de la historia del arte urbano se ha desarrollado precisamente en tensión con las normas establecidas, cuestionando límites, jerarquías y formas de apropiación del espacio público. Cuando toda intervención no autorizada es presentada bajo la etiqueta de vandalismo, la discusión queda resuelta antes de comenzar. El problema deja de ser cultural para transformarse exclusivamente en una cuestión policial o administrativa.
Esta situación resulta aún más llamativa si observamos el panorama de las políticas culturales mendocinas. En la investigación Las políticas públicas para las artes visuales y el trabajo artístico y cultural en Mendoza entre 2020-2021 (Zappettini, 2026), se puede constatar que más de la mitad de las instancias de sostenimiento de las trayectorias artísticas dependen del financiamiento público. También se observa una importante discontinuidad de las políticas culturales, una escasa articulación entre municipios y provincia y la ausencia de un diagnóstico común para el sector. En otras palabras, el Estado ocupa un lugar central en el sostenimiento de las trayectorias artísticas, pero al mismo tiempo las herramientas de apoyo al sector suelen ser insuficientes, discontinuas o carecer de continuidad en el tiempo. Por eso resulta paradójico que existan mecanismos claros para sancionar determinadas prácticas culturales mientras continúan siendo escasas las políticas destinadas a promoverlas, comprenderlas o incorporarlas dentro de estrategias más amplias de desarrollo cultural.
La magnitud de la sanción merece además una reflexión particular. Diez millones de pesos no constituyen una multa simbólica ni una simple contravención administrativa. Para gran parte de quienes desarrollan actividades artísticas y culturales se trata de una suma inalcanzable. Tanto la Organización Internacional del Trabajo (2004; 2014) como la UNESCO (1980) han señalado históricamente las condiciones de precarización, inestabilidad laboral e incertidumbre económica que atraviesan a artistas y trabajadores de la cultura. En la misma línea en la investigación sobre las artes visuales en Mendoza (2026) se concluye que la pandemia no creó la crisis cultural sino que profundizó problemas estructurales ya existentes. La fragilidad económica, la discontinuidad de las fuentes de financiamiento y la dificultad para acceder a mecanismos de protección social forman parte de esa realidad. Los resultados de dicha investigación muestran precisamente que las trayectorias artísticas mendocinas dependen en gran medida del financiamiento público, mientras que las políticas culturales destinadas al sector presentan importantes problemas de continuidad. Estamos hablando, entonces, de un campo artístico atravesado por condiciones de vulnerabilidad económica. Por eso una sanción de semejante magnitud no puede interpretarse únicamente como una medida administrativa. Cuando la penalización equivale potencialmente a años de ingresos para una trabajadora cultural, la discusión también involucra la proporcionalidad de la pena y sus consecuencias materiales concretas. Más que una simple multa, puede convertirse en una condena con capacidad de comprometer seriamente una trayectoria artística y económica.
El caso adquiere una dimensión adicional si consideramos que la persona involucrada es una mujer, a días del 39 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, uno de los principales espacios de organización política y debate colectivo del país, desde donde se viene reclamando de manera sostenida la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. En la investigación (2026) se registró una fuerte participación de mujeres y disidencias dentro de la Asamblea de Trabajadorxs de las Artes Visuales de Mendoza. Sin embargo, esta presencia no encuentra un correlato equivalente en las políticas públicas dirigidas al sector. Las mujeres y disidencias participan activamente de la producción artística y cultural, pero continúan insuficientemente representadas en los mecanismos de financiamiento, reconocimiento y diseño de políticas culturales.
Por otra parte, la noticia parece asumir que existe un acuerdo social evidente respecto de cómo debe utilizarse el espacio público. Sin embargo, la historia reciente de Mendoza demuestra que esto no siempre es así. Desde los conflictos vinculados al agua (La Izquierda Diario, 2025), la provincia ha sido escenario de desacuerdos profundos sobre quién decide acerca de los bienes comunes y bajo qué mecanismos de participación democrática se toman esas decisiones.
No es la primera vez que una política centrada exclusivamente en la criminalización del grafiti genera conflictos. El caso más emblemático ocurrió en Bogotá en 2011 (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2024), cuando el joven grafitero Diego Felipe Becerra fue asesinado por un policía mientras realizaba una pintada. La conmoción social que produjo el hecho impulsó un profundo debate sobre las políticas urbanas hacia el grafiti y el arte callejero, demostrando que la respuesta punitiva no es la única alternativa posible. Experiencias de distintas ciudades latinoamericanas muestran que existen alternativas a la criminalización. Allí donde los conflictos entre gobiernos y artistas urbanos fueron abordados exclusivamente mediante sanciones, los problemas no desaparecieron. En cambio, muchas políticas encontraron mejores resultados cuando incorporaron diálogo, mediación y participación de las comunidades artísticas en el diseño de las soluciones.
Tal vez la pregunta más importante no sea cuánto debe pagar una grafitera. Tal vez la verdadera pregunta sea qué lugar ocupa la cultura en la ciudad que queremos construir. Si las únicas respuestas disponibles frente a una práctica artística son la sanción y la judicialización, entonces el problema no es solamente el graffiti. El problema es la ausencia de una conversación democrática sobre el derecho a la cultura, el uso del espacio público y la participación efectiva de quienes producen arte en nuestra provincia. Porque antes de preguntarnos cómo castigar una intervención urbana, quizás deberíamos preguntarnos por qué seguimos teniendo tantas dificultades para construir políticas culturales capaces de incluirla, discutirla y comprenderla. Y también por qué resulta más sencillo imponer una multa millonaria a una artista que garantizar condiciones dignas para el desarrollo del trabajo cultural.
Referencias:
Diario El Sol .(2026). La atraparon pintando 22 grafitis y el Jurado Vecinal la sancionó. https://www.elsol.com.ar/departamentales/la-atraparon-pintando-22-grafitis-y-el-jurado-vecinal-la-sanciono/
Diario Mendoza. (2026). Pintó 22 grafitis en Capital y podría recibir multas por hasta $10 millones. https://www.diariomendoza.com.ar/sociedad/pinto-22-grafitis-capital-podria-recibir-multas-10-millones-n180470
Diario UNO. (2026). Jurado vecinal halló responsable a una mujer por 22 grafitis: la multa podría llegar a $10 millones. https://www.diariouno.com.ar/sociedad/jurado-vecinal-hallo-responsable-una-mujer-22-grafitis-la-multa-podria-llegar-10-millones-n1603461
La Izquierda Diario .(2025). El agua de Mendoza no se negocia. Multitudinaria movilización en Mendoza contra el proyecto San Jorge. https://www.laizquierdadiario.com/Multitudinaria-movilizacion-en-Mendoza-contra-el-proyecto-San-Jorge
Los Andes. (2026). La vieron haciendo un graffiti en Mendoza y fue vinculada con otras 21 pintadas: qué decidió un Jurado Vecinal. https://www.losandes.com.ar/policiales/la-vieron-haciendo-un-graffiti-mendoza-y-fue-vinculada-otras-21-pintadas-que-decidio-un-jurado-vecinal-n6009096
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.(2024). En el Día del arte urbano recordamos a Diego Felipe Becerra y su legado de lucha y resistencia. https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/principal/noticias/dia-del-arte-urbano-diego-felipe-becerra.
Organización Internacional del Trabajo. (2014). Las relaciones de trabajo en las industrias de los medios de comunicación y la cultura. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_240703.pdf
—--------------------------------------------------- (2004). El futuro del trabajo y de la calidad en la sociedad de la información: el sector de los medios de comunicación, la cultura y las industrias gráficas. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_192418.pdf
UNESCO. (1980). Recomendación de 1980 relativa a la condición del artista. https://www.unesco.org/creativity/es/1980-recommendation-concerning-status-artist
VoxPopuli. (2026). Hizo grafitis en Mendoza y ahora enfrenta una multa de hasta $10 millones. https://www.voxpopuli.net.ar/mendoza/hizo-grafitis-en-mendoza-y-ahora-enfrenta-una-multa-de-hasta-10-millones/Zappettini, V. F. (2026). Las políticas públicas para las artes visuales y el trabajo artístico y cultural en Mendoza entre 2020-2021. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Cuyo].https://bibliotecas.uncuyo.edu.ar/explorador3/Record/21663
