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Bregman con Guadalupe Godoy: “Si no llevábamos la memoria incómoda a los juicios, ¿quién iba a hacerlo?”
25 de mayo, por Entrevista — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Genocidio, Jorge Julio López, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Myriam Bregman, Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, Edicion Perú, Bloque multimedia 2, Guadalupe Godoy, Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Genocidio, Jorge Julio López, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Myriam Bregman, Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, Edicion Perú, Bloque multimedia 2, Guadalupe Godoy
La diputada nacional conversa con la directora de Políticas de Memoria y Reparación de la UNLP. Hace veinte años ambas abogadas encabezaron los primeros juicios a genocidas tras la anulación de la leyes de impunidad. Los desafíos de juzgar a Etchecolatz, Von Wernich y los civiles genocidas. Y la desaparición de Julio López como ícono de muchas continuidades.
La diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman viajó a la capital de la Provincia de Buenos Aires para conversar con Guadalupe Godoy, directora de Políticas de Memoria y Reparación de la Universidad Nacional de La Plata. A cincuenta años de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, ambas abogadas recuerdan cuando hace veinte años fueron parte de las querellas en los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad inaugurados tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos a los genocidas.
“Con Guadalupe nos une haber vivido juntas experiencias que nos cambiaron la vida”, comienza diciendo Bregman, fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) . “Hace ya veinte años, siendo jóvenes abogadas, tuvimos el orgullo de participar de los primeros juicios a los genocidas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida. Pero éramos apenas la cara visible de organizaciones integradas por un gran movimiento de lucha contra la impunidad, iniciado allá lejos con las primeras rondas de las Madres en 1977 y que tuvo hitos como las marchas contra los indultos o el 24 de Marzo de 1996, cuando nosotras también empezamos a salir a la calle”.
Recuerda que “con las compañeras y compañeros del colectivo Justicia YA! luchamos para que desde las primeras sentencias se dejara sentado que esos crímenes aberrantes no fueron hechos aislados, sino parte de un genocidio llevado adelante con la planificación y la participación de los grandes empresarios que hoy, cincuenta años después, siguen dominando los destinos del país. Así como con la complicidad de la jerarquía eclesiástica y otros sectores civiles”.
Godoy afirma: “Son memorias incómodas. Y llevar esas memorias incómodas a los juicios, si no lo hacemos nosotros, ¿quién?”
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En la conversación reflexionan sobre la particularidad de La Plata como una ciudad en la que se ha investigado, identificado y juzgado a civiles que participaron del genocidio. Uno de los primeros juicios fue contra Christian Von Wernick, el excapellán de la Policía Bonaerense, en el año 2007. Ambas estuvieron al frente de la querella.
“Era un engranaje más de la tortura, que intentaba quebrar las voluntades y convencerlos de delatar a sus compañeros”, dice Godoy sobre cómo usaba el cura las “confesiones” a las y los detenidos en centros clandestinos. Y recuerda las dificultades de encarar ese juicio tras la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Entre las amigas de los genocidas que solían presenciar el juicio a Von Wernich eran Cecilia Pando y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel. Otro de los personajes que empezaban a actuar en esa época era Nicolás Márquez, a la postre biógrafo de Javier Milei.
Las responabilidades de civiles, desde empresarios a jueces y fiscales, en el genocidio también fue parte del trabajo común de los organismos de derechos humanos querellantes en los juicios, donde Godoy y Bregman cumplieron roles destacados. “Empezaban a parecer gerentes de empresas potentes como Techint o YPF y también complicidades (de las dirigencias) sindicales”, remarca Godoy.
Begman agrega que en ese proceso se le dio “una mirada histórico-política que se reflejaba en lo jurídico y no al revés. No pensábamos la calificación legal primero, sino que la calificación legal que poníamos era adaptada a la acusación y al contenido histórico-político que le queríamos dar a lo que había ocurrido en la Argentina”.
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Otro de los ejes de la charla refiere al contenido de clase del genocidio, con la persecusión y eliminación de comisiones internas y cuerpos de delegados en una acción común entre militares, policías, empresarios y burócratas sindicales. “A mí siempre me conflictuó un poco que hay una memoria predominante de lo que pasó, que es una memoria más de los sectores medios, los sectores medios que pudieron denunciar y organizarse”, reflexiona Godoy. “En los relatos posteriores a la dictadura, la clase obrera perseguida fue bastante borrada”, suma Bregman.
El juicio de 2006 a Etchecolatz, con el agregado de la segunda desaparición de López, se lleva buena parte de la entrevista. Ambas abogadas también encabezaron en ese proceso la querella del colectivo Justicia YA!
“Siempre habíamos dicho que los genocidas continúan impunes, que las patotas siguen actuando, pero en ese juicio nos tocó saber que eso no eran frases hechas de la militancia, sino que era verdad. Y una mañana estábamos esperando que llegue Julio López para alegar en su nombre y no llegó”, recuerda Bregman.
“Ese juicio se hizo en el contexto del segundo intento de purga o reforma policial. Etchecolatz y los grupos que querían impedir la continuidad de los juicios fueron los que eligieron a quién, pero no quienes llevaron adelante eso. El contexto era el de una pelea feroz de la Bonaerense por seguir siendo la Bonaerense”, suma Godoy dimensionando la tragedia que significó la desaparición de López. “Y sobre todo nos da real dimensión de lo que significó la decisión política de que, aún sabiendo eso, permitieran que durante un año y medio la causa por su segunda desaparición la siguiera investigando la Policía”, completa.
Un momento emotivo. Guadalupe le hace escuchar a Myriam un audio de Radio Provincia de septiembre de 2006, cuando la recordada Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos , relata a la prensa las primeras horas sin López.
“Creo que hemos enfrentado mucho y que supimos dar esa respuesta colectiva en enormes movilizaciones que mostraron que no nos iban a paralizar”, afirma la diputada nacional del FITU. “Yo pienso en cómo toda esa etapa nos permitió ir tomando dimensión de quiénes eran efectivamente los que querían impedir la continuidad de los juicios”, concluye la abogada de La Plata.
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Armada Argentina: una asociación ilícita camuflada tras la sombra de Guillermo Brown
25 de mayo, por Sumario sin secreto — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Armada, Fuerzas Armadas, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Edición Uruguay, Emilio Eduardo Massera, Dictadura, Masacre de Trelew, Vuelos de la Muerte, Sumario sin secreto, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Armada, Fuerzas Armadas, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Edición Uruguay, Emilio Eduardo Massera, Dictadura, Masacre de Trelew, Vuelos de la Muerte, Sumario sin secreto
En el 212° aniversario de su creación el jefe de la Armada, el ministro de Defensa y el canciller contaron un cuentito feliz, ocultando los crímenes y golpes de Estado que protagonizó la Marina. Bombas en Plaza Mayo, fusilamientos en Trelew, picanas en la ESMA, vuelos de la muerte, rendición cobarde en Malvinas y hasta espionaje ilegal durante el kirchnerismo. Aunque la quieran hundir, la verdad siempre sale a flote.
A horas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y a pocos días de haberse cumplido 212 años del Combate Naval de Montevideo (que puso fin al dominio de la corona española en aguas rioplatenses), la Armada Argentina en modo “libertario” encara un proceso de cesión de soberanía pocas veces visto.
Lejos de hacer avanzar la “libertad”, el pacto entre el gobierno de Javier Milei y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos entrega el monitoreo del Mar Argentino a Washington. Hay cierta continuidad con acuerdos anteriores, incluso uno firmado por el gobierno del Frente de Todos con el Departamento de Estado. Ahora (y como en todos los temas) la ultraderecha estafa a la sociedad con la excusa de “proteger los bienes comunes globales” y perseguir la “pesca ilegal”.
Pero lo que podría pensarse como una “novedad” es un nuevo capítulo en la larga historia de entrega al imperialismo con las Fuerzas Armadas como protagonistas. Una historia acallada en los manuales escolares y tapada por el relato romantizado de heróicas gestas patrióticas. Hace una semana ese relato reemergió durante los festejos del 212° aniversario del triunfo de la Escuadra comandada por el almirante Brown frente a las costas uruguayas. Pero, aunque la quieran hundir, la verdad sale a flote.
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Yanquis go to Argentine
“ Guillermo Brown había nacido en Irlanda, pero a los ocho años se fue a vivir a Baltimore con toda su familia. Allí se hizo marino. Después de la Revolución de Mayo, Brown viene a Buenos Aires y se instala como comerciante que navegaba por el Río Paraná y los puertos de la costa oriental. Cuando se forma la primera escuadrilla nacional fracasan en San Nicolás y son derrotados por los barcos españoles que estaban en Montevideo. Ahí aparece la figura de Guillermo Brown que todos conocemos como un buen marino y en donde se le encarga la organización de la primera escuadra marina nacional argentina”.
Esta cita se lee en Si lo contás te mato. Confesiones de Carlos Guillermo Suárez Mason, el general más sanguinario de la dictadura. El libro de Gustavo Sammartino acaba de ser publicado por Planeta, 23 años después de la muerte del genocida que, desde el 24 de marzo de 1976, condujo nada menos que el Primer Cuerpo del Ejército. Allí, entre anécdotas represiva y algunas imprecisiones históricas, el militar metió en su álbum familiar a Brown, el fundador de la Armada Argentina.
William Brown | Oleo de Alfredo de la María Según Suárez Mason, el padre de su tatarabuelo fue William Robert Mason, un navegante que conocía a Brown de joven, cuando ambos eran mercaderes en Baltimore. Tras el triunfo del 17 de mayo de 1814 contra los realistas en Montevideo, Brown fue ungido prócer nacional. Agradecidas por la contribución anglosajona, las autoridades argentinas invitaron a la burguesía yanqui a hacer negocios en la otra punta del continente.
Uno de los primeros que viajó a Sudamérica fue William Mason, amigo de Brown. Como a tantos otros mercaderes, le dieron una autorización especial para atacar barcos extranjeros y quedarse con las ganancias de los botines capturados. A cambio, el naciente Estado obtendría una comisión.
El domingo pasado, en la Base Naval Puerto Belgrano, cercana a Bahía Blanca, el Gobierno y la Armada Argentina festejaron los 212 años del Combate Naval de Montevideo. El mayor homenajeado fue Brown, claro. Pero en el acto lleno de almirantes, comodoros, capitanes y funcionarios nadie cometió el desatino de recordar las corruptelas y prebendas de aquellos patrióticos marinos.
“Las más nobles tradiciones navales”
En la ceremonia hablaron el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada, el teniente general del Ejército Carlos Presti, ministro de Defensa, y el timbero Pablo Quirno, actual canciller. Ninguno habló de los “botines” de Brown y Mason de hace dos siglos. Mucho menos de las mil y una criminalidades de las Fuerzas Armadas cometidas contra la propia población argentina desde entonces.
El ministro Presti, como ya te contó La Izquierda Diario, es hijo del coronel del Ejército Roque Carlos Presti, un torturador, asesino y ladrón de bebés que, oh casualidad, actuó en dictadura bajo las directivas de Suárez Mason y murió impune en 1993. El actual titular de la cartera de Defensa siempre reivindicó la “trayectoria” de su padre.
El canciller Quirno, el ministro de Defensa Presti y el jefe de la Armada Romay festejando el cumple de la fuerza| Foto Miniserio de Defensa El domingo, en el homenaje a la Armada, Presti dijo que “sin el dominio del río y del mar, no había independencia posible”, que Brown “lo entendió antes que muchos” y que por eso aquella victoria “quebró el principal sostén marítimo del poder colonial en el Río de la Plata”. Audaz, el hijo del genocida agregó: “Las generaciones que nos precedieron construyeron esta institución con sacrificio. Hoy nos toca a nosotros hacerla avanzar y crear las condiciones para que quienes vengan detrás nuestro puedan llevarla aún más lejos”.
A su turno, en un largo discurso, el almirante Romay leyó una historieta romántica donde la fuerza que conduce siempre estuvo en manos de valientes caballeros libres de toda mácula. Habló de una “Armada bicentenaria forjada al calor de vivencias heroicas y de jornadas de gloria, aunque no exenta de dificultades y desafíos”.
La Armada, siguió Romay, está “fundada en principios y valores imperecederos, y nutrida de las más nobles tradiciones navales heredadas de nuestros próceres. Orgullosos de ese legado, hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del Siglo XXI”. Finalmente el jefe de la Marina expresó su deseo de “compartir esta visión con todos los argentinos, nuestros conciudadanos, a quienes servimos”.
Bombas en la Plaza
Los jerarcas de las Fuerzas Armadas se llenan la boca hablando de “la Patria”. Pero reivindican a la Marina que hace siete décadas bombardeó a plena luz del día la patriótica Plaza de Mayo, asesinando a no menos de 300 compatriotas que iban o volvían de trabajar, estudiar o simplemente paseaban. Fue el jueves 16 de junio de 1955.
Cinco días antes, la Iglesia católica había organizado una procesión de corpus christi en Buenos Aires. Ese sábado miles de derechistas opositores al gobierno de Juan Perón salieron a las calles al grito de “¡Cristo Vence!”. Pero en pocas horas la liturgia mutó a manifestación política. Enojado, Perón apretó a la Arquidiócesis, hizo expulsar a dos obispos y planeó un acto de desagravio para el jueves siguiente. Los golpistas se le adelantaron.
Los aviones de la Armada que bombardearon la Ciudad de Buenos Aires con la referencia "Cristo Vence" Se calcula que 14 toneladas de explosivos fueron lanzadas a lo largo del día sobre el centro porteño. El “plan” era atacar la Casa Rosada, matar al Presidente, copar edificios públicos y extender el golpe a todo el país. Durante horas las aeronaves de combate de la Aviación Naval descargaron su fuego sobre la Plaza de Mayo y alrededores. Destruyeron un trolebús lleno de pasajeros. También atacaron el Palacio Unzué (entonces residencia presidencial), la sede de la CGT y la del ministerio de Ejército, entre otros edificios.
El golpe fracasó. Las Fuerzas Armadas debieron esperar tres meses más para hacer renunciar a Perón. Nunca nadie pagó por los cientos de muertos y heridos del 16 de junio. Pese a todo, la retina popular nunca olvidará aquellas imágenes de los aviones de la Armada lanzando su odio gorila desde aviones pintados con una cruz dentro de una V… porque Cristo vence.
Balas en Trelew
Los militares tampoco hablan de la masacre perpetrada la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de la provincia de Chubut. Al mando del capitán Luis Emilio Sosa, un pelotón de fusilamiento ametralló a 19 detenidos indefensos. Era un grupo de militantes de organizaciones populares, recapturados una semana antes tras el fallido intento de fuga del penal de Rawson.
Con la “valentía” que los caracteriza, en los días previos a la Masacre de Trelew los herederos de William Brown torturaron a su gusto a las y los presos políticos. Finalmente el lunes 21, tras una reunión de la Junta Militar encabezada por el dictador Alejandro Lanusse, recibieron órdenes desde Buenos Aires: “¡Mátenlos!”
Sosa reunió a sus subalternos Emilio Del Real, Carlos Marandino y Roberto Bravo (uno de los más entusiastas torturadores). Pasadas las tres de la mañana del martes 22 despertaron a los 19 detenidos y los sacaron de los calabozos. Los fusilaron en cuestión de segundos. A algunos los remataron en el piso.
Los prisioneros de Trelew que serían fusilados días después | Foto Emilser Pereira - Diario Jornada Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos del Rey, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Mena, Mario Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Bonnet (todos del PRT-ERP); Alfredo Kohon, Carlos Astudillo y María Sabelli (FAR); Mariano Pujadas y Susana Lesgart (Montoneros) murieron en el acto. Tenían entre 20 y 36 años.
Sólo sobrevivieron María Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar. Tras ser enviados al penal de Villa Devoto, la movilización popular los liberó junto a otros quinientos presos políticos el 25 de mayo de 1973. Cuatro años después Camps murió acribillado en la puerta de su casa de Lomas de Zamora. Berger y Haidar terminaron secuestrados y desaparecidos, ella en 1979 y él en 1982, por patotas de la Escuela de Mecánica de la Armada. De la misma Armada que ya los había fusilado.
Días después de la masacre, desde la misma Base Almirante Zar el capitán de navío Horacio Mayorga diría que la Armada no tenía nada de qué arrepentirse. “Lo hecho bien hecho está. No hay de qué disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos”, sentenció.
Recién cuarenta años después los marinos Sosa, Del Real y Marandino fueron condenados a perpetua por un tribunal de Comodoro Rivadavia.
Bravo, el más sanguinario, tras los hechos fue enviado como agregado militar a la Embajada en Washington. Se nacionalizó yanqui y se convirtió en un próspero empresario de la “salud”. Estados Unidos se negó a extraditarlo a Argentina. Familiares de fusilados lo denunciaron en Miami y lograron que se lo juzgue allí, pero sólo civilmente. En 2022 apenas lo condenaron a “indemnizar” a los denunciantes. Ni él ni sus camaradas pidieron siquiera perdón.
La mecánica de la Escuela
Al mando de Emilio Eduardo Massera, la Armada tuvo su punto cúlmine de criminalidad durante los años del genocidio contra la población trabajadora argentina perpetrado entre mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980. Y su nave insignia fue la Escuela de Mecánica de la Armada.
La ESMA fue el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Por ese chupadero, ubicado en Avenida del Libertador al 8.000 del exclusivo barrio porteño de Núñez, pasaron más de cinco mil personas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas y desaparecidas. Los herederos de William Brown sólo dejaron un puñado de sobrevivientes.
Escuela de Mecánica de la Armada Al igual que sus socios del Ejército, de la Fuerza Aérea, de todas las policías y de los servicios penitenciarios, los “grupos de tareas” de los marinos cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad. Pero además de secuestrar, torturar y matar, ellos arrojaron personas vivas al Río de la Plata y hasta armaron la mayor “maternidad” clandestina para hacer parir a las detenidas embarazadas y robarles sus bebés.
Por si eso fuera poco, en la ESMA los almirantes, comodoros y capitanes crearon un rentable sistema basado en el trabajo esclavo. Mientras en “la Escuela” los cadetes tomaban sus clases militares, en los sótanos los torturados eran obligados a producir documentos y pasaportes falsos que luego comerciaban los jerarcas.
En una extensa entrevista publicada en marzo por La Izquierda Diario, el sobreviviente Carlos “Sueco” Lordkipanidse recordó junto a Myriam Bregman una de las acciones más perversas de los marinos. En 1979 la Iglesia católica le cedió a la Armada la quinta El Silencio , ubicada en una isla del Tigre, para que allí fueran escondidos los secuestrados de la ESMA.
El plan fue “despejar” el predio de Núñez ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertada por las denuncias de familiares de desaparecidos. Terminada la dictadura, Lordkipanidse y otros sobrevivientes lograron localizar la isla y denunciar lo vivido. Por ése y otros hechos la Conferencia Episcopal Argentina siempre se negó a abrir sus archivos.
Vuelos
La jerarquía eclesiástica también justificó nada menos que los vuelos de la muerte con los que la Armada intentó borrar del mapa los cuerpos de miles de desaparecidas y desaparecidos. A lo largo de los años (y de los juicios) se supo que los obispos “tranquilizaban” a los genocidas que ejecutaban esos viajes infernales explicándoles que el descarte de los cuerpos en el Río de la Plata o el Mar Argentino era la forma más cristiana de morir que les cabía a los “subversivos”.
En 1995, el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo le confesó al periodista Horacio Verbitsky detalles de cómo se hacían esos vuelos. El tipo estaba retirado y libre gracias a la alfonsinista Ley de Obediencia Debida. Según su relato, el modus operandi fue “una decisión orgánica” de la Armada comunicada apenas consumado el golpe de Estado “a todos los oficiales con destino en el área naval Puerto Belgrano”.El vicealmirante Luis Mendía, entonces comandante de Operaciones Navales, fue quien informó la orden. “Dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta”, explicó Scilingo. Y agregó que “al regresar de los vuelos, los capellanes confortaban a los oficiales con citas de los Evangelios sobre la necesaria separación del yuyo del trigal”.
Avión Short Skyvan SC-7 utilizado en los vuelos de la muerte, hoy expuesto en la ESMA Dos años después, de paseo por el Estado español, Scilingo le dijo a TVE que “todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa a los oficiales que se harían cargo, de forma tal que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por eso”. Y remató: “De la misma forma en que los nazis crearon las cámaras de gas, en la Armada usamos ese método para eliminar a alrededor de cuatro mil personas”.
Como te contamos en la edición anterior de Sumario sin secreto, entre 1977 y 1978 algunos de esos cuerpos reaparecieron en las costas argentinas y uruguayas. Entre ellos los de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Ángela Aguad, Esther Ballestrino de Careaga y Mari Ponce y el de la monja francesa Léonie Duquet. Habían sido secuestradas por una patota de la ESMA, luego de que se infiltrara entre ellas el capitán de navío Alfredo Astiz.
Scilingo y Astiz hoy cumplen condenas a prisión perpetua por algunos de los múltiples crímenes que cometieron. Dicen que cada domingo van a misa.
Cobardes en Malvinas
El 15 de junio de 1982, 74 días después del desembarco en Puerto Argentino y tras semanas de combate, la dictadura encabezada por Leopoldo Galtieri anunció que las tropas al mando de Mario Benjamín Menéndez, “gobernador” de Malvinas, se iban finalmente de las islas tras “negociar” con los generales ingleses. Fue una lisa y llana rendición incondicional, con consecuencias nefastas para el país.
Un símbolo de aquella humillación fue, precisamente, el marino Astiz. El mismo genocida que secuestró madres y monjas, que ejecutó torturas y vuelos de la muerte contra personas indefensas, fue el primero en rendirse en el campo de batalla ante el avance de las tropas británicas. Y lo hizo con el patético récord de no haber disparado un solo tiro contra el enemigo pirata.
Margaret Thatcher (ídola de Milei) cometió el crimen de guerra que derivó en el hundimiento del ARA General Belgrano en aguas excluidas de la zona de confrontación. En el crucero viajaba un millar de marinos, de los cuales 323 (casi todos soldados) murieron en el acto. Se salvaron prácticamente todos los jerarcas de la Armada. Los mismos que terminarían rindiéndose cobardemente sin haber tomado medidas mínimas para enfrentar en serio al imperialismo.
La rendición de Alfredo Astiz en las Islas Georgias Espionaje en “democracia”
Que el Estado, gobierne quien gobierne, hace espionaje ilegal sobre la población es un secreto a voces. Permanentemente salen a la luz ejemplos de cómo tanto la SIDE como las oficinas de “inteligencia” de las fuerzas represivas nacionales y provinciales usan los fondos públicos para perseguir y armar operaciones contra opositores, activistas y organizaciones populares. La Armada no tenía por qué ser la excepción.
Décadas después de la Masacre de Trelew y en plena “democracia”, la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut volvió a ser noticia por sus acciones criminales. En un juicio cuya sentencia se conoció en 2015 se determinó que entre 2003 y 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) desde esa base los militares realizaron tareas sistemáticas de espionaje ilegal contra dirigentes y organizaciones sociales, políticas, sindicales.
Los responsables de esas tareas clandestinas fueron el almirante Jorge Godoy, jefe del Estado Mayor conjunto de la Armada (de plena confianza de Kirchner) y el entonces subjefe Benito Rótolo. Ambos terminaron condenados a dos y años y un año y ocho meses de prisión, respectivamente. Por ser penas en suspenso, ninguno pisó una cárcel. Además se los “condenó” a tomar cursos de “derechos humanos” y “derechos constitucionales”. Un chiste de pésimo gusto.
Nadie con dos dedos de frente creerá que la Armada sólo espió a la población civil durante esos tres años. Eso fue apenas lo que se descubrió. Y el caso de Godoy es emblemático en ese aspecto.
“En 1977 estuvo asignado en el centro clandestino de Mar del Plata, de donde era Astiz. Godoy sabe perfectamente bien qué pasó con los compañeros que pasaron por ahí. Habría que preguntarle qué pasó con Cecilia Viñas, que estuvo en la ESMA y después fue llevada a la base de Mar del Plata”, dijo en aquellos años Cachito Fukman, sobreviviente de la “Escuela” y cofundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
En las últimas décadas del Siglo XX el productor y empresario mediático Alejandro Romay se ganó el mote de “zar de la televisión”. Uno de sus fuertes fue la producción incesante de telenovelas, muchas de ellas aún recordadas. Hace una semana su tocayo, el almirante Juan Carlos Romay, lo homenajeó al leer en la Base Naval Puerto Belgrano un ficticio cuento feliz sobre la historia de los marineros argentinos. Ficción que esconde crímenes y delitos. Como todo lo que dicen los comandantes de La Libertad Avanza.
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Malvinas, Antártida y recursos estratégicos: ¿qué busca Estados Unidos en el Atlántico Sur?
23 de mayo, por Cesión de soberanía — Libertades Democráticas, Islas Malvinas , Columnistas Vertical , Edición Uruguay, Comando Sur , Ministerio de Defensa, Javier Milei, Antártida, Libertades Democráticas, Islas Malvinas , Columnistas Vertical , Edición Uruguay, Comando Sur , Ministerio de Defensa, Javier Milei, Antártida
El convenio firmado entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco del "Programa de Protección de Bienes Comunes Globales", permite el monitoreo conjunto del Mar Argentino. Se trata de una cesión de soberanía que habilita el acceso de Washington a recursos naturales estratégicos del Atlántico Sur.
El reciente acuerdo firmado entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos es presentado por el Gobierno nacional como un paso estratégico para modernizar la infraestructura y combatir la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Sin embargo, lejos de ser una mera cooperación técnica, el convenio, cuyo nombre es "Programa de Protección de Bienes Comunes Globales", habilita tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el mar argentino. Al considerar al Mar Argentino como un "bien común global", el acuerdo expresa una clara cesión de soberanía.
En la práctica, estos acuerdos implican que Estados Unidos tendrá acceso a recursos naturales estratégicos y buscará fortalecer la "seguridad regional" según sus propios intereses.
No es el primer acuerdo con el Comando Sur. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces canciller Santiago Cafiero ya había sentado precedentes al firmar una asociación con el Departamento de Estado en materia de seguridad del Atlántico Sur. Ahora, con el actual acuerdo, Estados Unidos consolida su presencia militar y de inteligencia en una de las regiones estratégicas del planeta por su cercanía con la Antártida, por las rutas bioceánicas y por sus riquezas naturales marítimas. Además, el otro gran interés de Estados Unidos es alejar a China de la región, utilizando como excusa la depredación de barcos chinos en el límite de las 200 millas.El problema de fondo: ¿qué son los "bienes comunes globales"?
La principal controversia reside en la justificación misma del acuerdo: el resguardo de esos supuestos bienes comunes. Si bien la pesca ilegal es una amenaza real, el argumento del Comando Sur deja de lado la jurisdicción argentina: el Mar Argentino, incluyendo su plataforma continental y la milla 201, no es un "bien común global". Al adoptar esta terminología, el gobierno de Milei suscribe que se trata de espacios de "interés global", lo que abre la puerta a futuras operaciones unilaterales de potencias extranjeras en nombre del "bien común". Y esto es crítico porque la región concentra enormes recursos pesqueros, potencial energético offshore y es puerta estratégica hacia la Antártida, territorio clave en futuras disputas globales por recursos naturales, minerales críticos y agua dulce.
Injerencia yanqui: Milei al servicio del imperio
Un dato revelador del acuerdo es que el anuncio no lo realizó el Ministerio de Defensa argentino, sino la Embajada de Estados Unidos y el propio Comando Sur. Esto no es un dato menor: sugiere que el principal impulsor y vocero es el socio norteamericano, mientras que el gobierno argentino se limita a acatar las órdenes del imperio yanqui. La decisión de no someter el contenido del acuerdo al Congreso ni a las provincias del litoral marítimo habla a las claras de la alineación automática que el gobierno de Milei establece con Washington.
La excusa de la modernización
El convenio tendrá una duración inicial de cinco años e incluirá entrega de equipamiento militar, tecnología de vigilancia, entrenamiento de élite y cooperación operativa directa entre fuerzas estadounidenses y argentinas. Bajo la excusa de modernizar los equipos de la Armada, anuncian la adquisición de las aeronaves B-200M Cormorán con sensores WESCAM MX-10, los futuros B-360ER y los drones de despegue vertical.
Estos "acuerdos" entre la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) para la vigilancia marítima en el Atlántico Sur confirman que la subordinación al imperio es política de Estado: se delega el control operativo y la inteligencia en la disputa por el Atlántico Sur, donde también se encuentran las Islas Malvinas y los recursos energéticos. Estados Unidos prestará el equipamiento y, seguramente, por lo menos durante cinco años, se quedará con la información de esta zona.
La tecnología ya fue probada y quedó oficialmente transferida este año tras la firma entre Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota, y el jefe de la Armada Argentina, Juan Carlos Romay. Pero el programa no se agota allí. El Comando Sur adelantó que la cooperación se expandirá con "equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas".
El acuerdo, además, tiene antecedentes recientes. En 2025, también bajo mecanismos de cooperación impulsados por Washington, avanzó la transferencia de dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER MPA para la Armada Argentina, destinadas a vigilancia y patrullaje marítimo.
Todos estos convenios y equipamiento revisten un importante peligro, porque no se puede olvidar que históricamente la injerencia militar estadounidense ha servido para imponer sus planes en la región a sangre y fuego.Alineamiento automático
Este acuerdo con el Comando Sur no es un hecho aislado. Es una pieza más de un alineamiento automático y estratégico del gobierno de Javier Milei con los intereses de Washington. Una postura que ya se había expresado en el posicionamiento a favor de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, en el silencio cómplice ante el asedio a Venezuela, que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro, y en la presión creciente que soporta Cuba, en el apoyo al gobierno boliviano mientras las movilizaciones populares cuestionan los planes de ajuste. También se manifestó en el apoyo irrestricto a Israel, que lleva adelante un genocidio en Gaza.
El mismo alineamiento se profundizó hace apenas semanas con la visita del mandatario al portaaviones nuclear USS Nimitz, cuando la nave recorría la costa argentina, y con la llegada de buques militares estadounidenses para ejercicios conjuntos en aguas de la zona económica exclusiva. Así, mientras la diplomacia estadounidense consolida su presencia militar e informativa en uno de los territorios más codiciados del planeta, el gobierno argentino no solo cede soberanía, sino que además avala tácitamente que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, una causa histórica e irrenunciable para el pueblo argentino, quede subordinado a los intereses geopolíticos de Washington.
El Atlántico Sur es una de las zonas más estratégicas para Argentina debido a la histórica disputa por las Islas Malvinas. La enorme riqueza natural existente en la plataforma marítima argentina y el hecho de que las Malvinas son argentinas hacen que sea urgente expulsar al imperialismo de Latinoamérica. Para que los recursos naturales permanezcan en la región, es necesario luchar tanto por la salida de Estados Unidos de América Latina como por el fin de la ocupación británica en las Islas Malvinas.
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Condenan al exjuez Aráoz de Lamadrid: cobró coimas para encubrir el crimen de Mariano Ferreyra
22 de mayo, por Burocracia asesina — Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Unión Ferroviaria, Ferroviarios, Burocracia sindical, Columnistas Vertical , Mariano Ferreyra, José Pedraza, Partido Obrero (PO), Barracas, Coimas, Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Unión Ferroviaria, Ferroviarios, Burocracia sindical, Columnistas Vertical , Mariano Ferreyra, José Pedraza, Partido Obrero (PO), Barracas, Coimas
La sentencia del TOF 8 también alcanzó a Luis Ameghino Escobar, exsecretario de la Cámara de Casación. El crimen ocurrido en pleno gobierno de Cristina Kirchner destapó a la mafia de José Pedraza y a varios de sus cómplices empresarios, funcionarios y policías. El militante del PO fue asesinado en medio de una protesta de tercerizados que reclamaban el pase a planta permanente.
A 16 años del asesinato a tiros de Mariano Ferreyra en Barracas, a mano de una patota de la Unión Ferroviaria, finalmente hubo condenas contra dos de los implicados por el encubrimiento del crimen. El mediodía del 20 de octubre de 2010, el joven militante del Partido Obrero cayó mientras acompañaba una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente.
El ataque armado de la patota tuvo la complicidad de la Policía Federal y de la porteña, además del apoyo explícito del gobierno de Cristina Kirchner a la burocracia comandada por el hoy fallecido José Pedraza y sus secuaces.
Este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y al exsecretario de Casación Luis Ameghino Escobar a penas de cinco y tres años de prisión, respectivamente, por haber cobrado coimas para encubrir y proteger a los responsables del asesinato de Ferreyra.
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Para el juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, su excolega Aráoz Lamadrid fue “autor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias agravado, cohecho activo y pasivo”, mientras que Escobar fue “partícipe necesario del delito de tráfico de influencias agravado”. El juicio fue impulsado por la querella de la familia de Mariano, con representación letrada del CELS, y actuaron el fiscal titular de la Fiscalía General 8 ante los Tribunales Orales Federales de CABA, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D'Angelo.
Según se pudo determinar, Pedraza pagó U$S 50.000 al juez Aráoz de Lamadrid y otro tanto al agente de la SIDE y operador judicial Juan José Riquelme para que éstos influyeran sobre los jueces de la Cámara de Casación que debían resolver sobre el enjuiciamiento de los asesinos. Uno de esos magistrados era Eduardo Rafael Riggi, quien estuvo detrás del sorteo fraudulento de la Sala III. Luis Ameghino Escobar, uno de los recientemente condenados, era secretario de la Cámara.
Las coimas cobradas por el exjuez y el exsecretario tuvieron como objetivo desplegar un operativo de impunidad para el viejo caudillo de la UF, José Pedraza, quien con el resto de los jerarcas del sindicato enviaron a un grupo de lúmpenes a reprimir la lucha de trabajadores tercerizados del Roca. Además del fallecimiento de Mariano, el ataque dejó mal herida a Elsa Rodríguez, también militante del PO.
Pedraza, como es de público conocimiento, era uno de los sindicalistas protegidos por el Estado, en ese entonces al mando de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho la causa penal por el crimen reveló conversaciones telefónicas posteriores al hecho en las que el propio Pedraza conspiraba contra los trabajadores y la izquierda junto al entonces ministro de trabajo Carlos Tomada.
La sentencia es un paso más en la larga pelea de los familiares y compañeros de Ferreyra por aclarar no sólo quiénes apretaron el gatillo, sino también quiénes intentaron tapar la verdad y garantizar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales.
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En agosto de 2012, casi dos años después del ataque mafioso, comenzó el juicio oral y público que sentó en el banquillo de los acusados a Pedraza y 16 acusados más. Había desde miembros de la patota que disparó hasta jerarcas de la Policía Federal que permitieron la cacería de manifestantes.
Ese juicio sacó a la luz el fraude laboral que durante años se había ejecutado sobre miles de laburantes con participación directa de la dirigencia de la Unión Ferroviaria a través de falsas “cooperativas”. El crecimiento económico de los años kirchneristas se basó, entre muchas otras cosas, en la proliferación de mano de obra barata de millones de trabajadoras y trabajadores precarizados que dejan la vida en fábricas y empresas por salarios miserables. Ése fue el móvil último del crimen de Mariano: terminar con la lucha de los tercerizados que se venían organizando y luchando por el pase a planta permanente desde principios de 2010.
El 19 de abril de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de CABA dio a conocer la sentencia de aquel primer juicio. Como ya se relató detalladamente en este diario, el proceso había comenzado con la calificación de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas”, pero a poco de andar el Tribunal la cambió por “homicidio simple”, desconociendo la existencia de un plan criminal. Gracias a eso, quedaron impunes los funcionarios nacionales y los empresarios de la entonces Ugofe .
Finalmente Pedraza y su segundo en el sindicato, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, fueron condenados por “homicidio simple” a 15 años de prisión en su calidad de “partícipes necesarios”. El delegado Pablo Díaz, quien condujo a la patota en el ataque, y los pistoleros Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez recibieron condenas a 18 años. El resto de la banda recibió penas menores, de entre 11 y 8 años. Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, los encargados de esconder las armas homicidas, fueron escandalosamente absueltos.
En el caso de los policías federales, también tuvieron penas menores. El comisario Luis Mansilla recibió diez años, Jorge Ferreyra nueve, los oficiales Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti 2 (de ejecución condicional) y David Villalba (el camarógrafo policial que dejó de filmar al momento del crimen) apenas recibió una multa. En tanto que Rolando César Garay fue absuelto.
Pedraza murió en 2018, a los 75 años. Cumplía su prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero, adquirido con las riquezas arrancadas a miles de ferroviarios durante décadas. Uno de sus secuaces, el condenado Pablo Díaz, en mayo de 2021 logró el beneficio de la “libertad condicional”. Le faltaban cumplir ocho años de condena.
El crimen de Mariano Ferreyra es un símbolo de la violencia estatal y paraestatal que sufren quienes luchan por los derechos de los trabajadores. También de la impunidad con la que se mueven los poderosos en la Argentina.
Pese a las penas irrisorias de cinco y tres años por encubrir un crimen tan atroz, el juicio que acaba de terminar dio nuevos fundamentos para comprender las tramas del poder en las que se cruzan empresarios, dirigentes sindicales, funcionarios, policías y jueces. La impunidad y el encubrimiento son moneda corriente cuando de proteger los intereses de los capitalistas se trata.
Cerámico por Mariano Ferreyra confeccionado por los obreros sin parón de la ex Zanon de Neuquén. Tras estar varios años instalado en la estación de Constitución, fue arrancado en 2018 por las autoridades del ferrocarril Roca. | Foto Enfoque Rojo
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Escrache a Duhalde por familiares de Kosteki y Santillán, sus defensores respondieron con la marcha peronista
22 de mayo, por Universidad de Lanús — Juventud, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús, Juventud, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Lanús
Fue en el cine de la Universidad Nacional de Lanús, donde el exgobernador y expresidente interino, principal responsable de la Masacre de Avellaneda de junio de 2002, fue a presentar un libro sobre su gestión junto al rector Daniel Bozzani. Sus simpatizantes, enojados por la manifestación en su contra, se pusieron muy nerviosos.
“El rector (Daniel) Bozzani recibe a un asesino: repudiamos la visita de Duhalde a la UNLa”, dice el posteo de Instagram compartido por el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y la cuenta Familias y Compas de Darío y Maxi. El repudio se debió a que este miércoles el exgobernador bonaerense y expresidente interino, máximo responsable de la Masacre de Avellaneda perpetrada el 26 de junio de 2002, provocadoramente participó en la presentación de un libro apologético de su pasado.
La obra escrita por Aritz Recalde, nada menos que el director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa, se titula La gobernación de Eduardo Duhalde. 1991-1999. El proyecto político que transformó la provincia de Buenos Aires. El libro lo editó la propia Universidad de Lanús y se puede leer sin gastar ni un peso haciendo clic acá.
Según denuncian el CESACO y los seres queridos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fue el rector Daniel Bozzani quien “encargó a la universidad la presentación de este libro”, abriéndole las puertas a quien “dio la orden de ejecutar manifestantes el 26 de junio de 2002”.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Como se sabe, Santillan y Kosteki fueron asesinados en aquella jornada de lucha social que dejó más de 90 heridos (31 con balas de plomo) y 200 detenidos en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la estación ferroviaria de Avellaneda. La misma estación que años después fue rebautizada con el nombre de esos jóvenes militantes de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.
“Duhalde es el impulsor de la ‘Maldita Policía' Bonaerense, responsable de la Masacres de Wilde, de Ramallo y de Budge, de la desaparición de Miguel Bru y Andrés Núñez y el asesinato de 259 personas por casos de gatillo fácil y torturas durante su gobierno”, detalla el posteo.
Como se sabe, Santillan y Kosteki fueron asesinados en aquella jornada de lucha social que dejó más de 90 heridos (31 con balas de plomo) y 200 detenidos en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la estación ferroviaria de Avellaneda. La misma estación que años después fue rebautizada con el nombre de esos jóvenes militantes de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.
“Duhalde es el impulsor de la ‘Maldita Policía' Bonaerense, responsable de la Masacres de Wilde, de Ramallo y de Budge, de la desaparición de Miguel Bru y Andrés Núñez y el asesinato de 259 personas por casos de gatillo fácil y torturas durante su gobierno”, detalla el posteo.<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria y los seres queridos de Kosteki y Santillán recordaron, a su vez, que Bozzani, el rector de la UNLa, “hace pocas semanas recibió al ‘Gallego' Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias que constantemente ataca a las universidades nacionales y se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa línea, afirman, la máxima autoridad de la Universidad “continúa dando la bienvenida a figuras nefastas que representan la cara del ajuste y la represión ¡Duhalde asesino, no sos bienvenido! ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes! ¡Juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda! ¡Basta de impunidad!”
