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Penal de Bouwer: 10 guardiacárceles se turnaban para golpear a un hombre trans
3 de diciembre de 2025, por Torturas en Cárceles — Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Córdoba, Libertades Democráticas, Torturas, Policía de Córdoba, Córdoba, Géneros y Sexualidades, LGTBIQ+, Córdoba, Libertades Democráticas, Torturas, Policía de Córdoba, Córdoba
Diez agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba fueron detenidas e imputadas por abuso de poder y violencia institucional tras la agresión a un interno trans en el Complejo penitenciario de Bouwer. Piden también la libertad para Paola Ortiz.
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la propia víctima, quien fue atacado el pasado 23 de noviembre. Este hombre privado de la libertad se encontraba alojado en el pabellón de mujeres y había iniciado su proceso de transición durante su período de detención. Luego de manifestar su decisión de comenzar esa transición, habría sido blanco de agresiones físicas por parte de varias agentes penitenciarias, en lo que se presume fue un acto de castigo, discriminación y violencia por motivos de género.
De acuerdo al contenido del expediente judicial, las guardiacárceles habrían encerrado al interno en un cuarto, donde ingresaban de a una para golpearlo, en un mecanismo que evidenciaría una práctica sistemática y planificada. Este detalle fue clave para que la causa adquiriera mayor gravedad, ya que no se trataría de un hecho aislado, sino de un procedimiento organizado con el objetivo de agredir y humillar a la víctima.
En ese sentido, organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad como la Asamblea de Disidencias comenzaron a expresar su repudio ante lo ocurrido y exigieron que se garantice una investigación profunda, con perspectiva de género y sin encubrimientos institucionales.
Este caso se suma al asesinato de Samuel Tobares por parte de dos policías en Villa Parque Siquiman, que reflejamos en esta nota. La responsabilidad del gobierno provincial es flagrante, Pero cada semana se suma un nuevo caso.
Está situación se desarrolla bajo la gestión del actual ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros, funcionario nombrado como "renovación" por el gobernador Martín Llayrora. Quinteros, cada vez más alineado con Patricia Bullrich y la política penal de LLA, anticipa una escalada de este tipo de hechos de brutalidad policial. Además, se suma la política de odio estatal hacia las disidencias que se fomenta desde el gobierno nacional de Milei y que avala el accionar de las fuerzas represivas.
Para visibilizar estos casos y accionar en las calles, desde la Asamblea de Disidencias se convoca el próximo viernes 5 de diciembre a las 17 h, en Plaza Pepa Gaitan (ex Plaza de la Intendencia) a una asamblea y movilización hacia el Patio Olmos, donde es fundamental la presencia de todes.
¡Libertad para Paola Ortiz!
Paola Ortiz está detenida también en la Cárcel de Bouwer desde el 2013, luego de atravesar un denominado "parto en avalancha" y ser juzgada por la presunta muerte del bebé.
En un fallo que data de 2015, la Cámara Correccional y del Crimen de Villa María, estableció que era culpable de "homicidio agravado por el vínculo", y la sentenció a la pena de prisión perpetua.
Abogadas feministas presentaron un recurso para que el Tribunal Superior de Justicia revise el veredicto.
Este caso recuerda el de “Belén”, en Tucuman. Como sucedió allá el movimiento de mujeres de Córdoba está organizando una gran campaña nacional e internacional en favor de su liberación inmediata. Desde Pan y Rosas somos parte activa de este reclamo.
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Dorado Task Force: Bullrich y el avance de la seguridad subordinada a Washington
3 de diciembre de 2025, por Sumisión al imperio — Libertades Democráticas, Estados Unidos, Columnistas Vertical , Patricia Bullrich, Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, Libertades Democráticas, Estados Unidos, Columnistas Vertical , Patricia Bullrich, Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas
Mientras desocupaba su despacho, la ministra saliente firmó un acuerdo clave para que un agente de la Policía Federal se incorpore a una fuerza de tareas estadounidense. Un paso más en la Doctrina de Seguridad Nacional subordinada al imperio.
A pocas horas de abandonar el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado, Patricia Bullrich rubricó un Memorándum de Entendimiento que constituye un paso más en la subordinación de Argentina a los intereses de seguridad de Estados Unidos. El acuerdo, firmado con el embajador Peter Lamelas, incorpora a un representante de la Policía Federal a las Fuerzas de Tareas "El Dorado" de Nueva York, el grupo de “combate” al lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
Desde el Poder Ejecutivo, Bullrich ya había anunciado la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un organismo que, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con participación del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, representa un claro retorno a la Doctrina de Seguridad Nacional y coloca nuevamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La creación de la CNA, fue publicado en el Boletín Oficial (decreto 717), en octubre de este año.
De manera complementaria, la saliente ministra y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaron un proyecto de reforma del Código Penal que, bajo la doctrina de "mano dura", busca imponer penas más severas y reducir la edad de imputabilidad.
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El doble estándar imperial y la hipocresía del "combate al lavado"
Patricia Bullrich firma este acuerdo con Estados Unidos que resulta un acto de cinismo monumental. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acumula pruebas contra el empresario Fred Machado por narcotráfico y lavado de activos, quien realizó aportes a la campaña electoral de figuras del oficialismo, incluida la propia Patricia Bullrich. Antes de su extradición, Machado lanzó una advertencia: “Si hablo, se cae el país mañana”, mensaje que, según reveló, fue enviado a Santiago Caputo, hombre de máxima confianza del presidente Milei.
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Esta moral elástica de Washington demuestra que la "lucha contra el narcotráfico" es una política para militarizar los países de la región en función de sus intereses geopolíticos. El imperialismo no duda en aliarse con los mismos actores que públicamente dice combatir cuando se trata de consolidar el control sobre un territorio estratégico y asegurar la subordinación política de un gobierno aliado.
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Geopolítica del control: la "Guerra contra las Drogas" como herramienta de dominación
La incorporación a la "El Dorado Task Force" no es un hecho aislado. Se inscribe en una política histórica y sistemática de Estados Unidos para la región. La llamada "Guerra contra las Drogas", declarada por Richard Nixon en 1971, ha funcionado durante décadas como un mecanismo de intervención y dominación sobre América Latina.
Este enfoque, lejos de resolver un problema de salud pública, ha servido para justificar la militarización, la injerencia de agencias como la DEA y el FBI, y el socavamiento de la soberanía de los países. El caso del Plan Colombia es el ejemplo más crudo de cómo esta "guerra" se utiliza para desplegar bases militares, entrenar fuerzas locales y garantizar el control sobre recursos estratégicos.
Ahora, la administración Trump busca replicar este modelo de dominación. En el acuerdo financiero de "swap" por 20.000 millones de dólares, del cual se activó una parte (unos U$S 2500 millones) como salvataje al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas, el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, admitió haber "ganado dinero". Ante el absoluto secretismo, con el Banco Central negándose a dar datos oficiales, estimaciones de consultoras calcularon una ganancia no menor a los 70 millones de dólares, evidencia la lógica del negocio y el chantaje político. La firma del acuerdo de seguridad es la contraparte de esa dependencia económica: a cambio de salvavidas financieros que sostienen a un gobierno ajustador, se entrega soberanía en materia de seguridad e inteligencia.
La “eficacia” imperial: una contabilidad peculiar de la "guerra contra el lavado"
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense despliega con orgullo el balance de su "principal grupo de trabajo contra el lavado de dinero": desde su creación en 1992, la El Dorado Task Force habría incautado aproximadamente 600 millones de dólares y realizado más de 2.100 arrestos. Unas cifras que buscan exhibir una imagen de eficacia implacable. Sin embargo, un simple ejercicio aritmético desnuda la realidad: distribuidas a lo largo de sus 33 años de existencia, estas hazañas se traducen en un promedio de poco más de 18 millones de dólares incautados y unos 63 arrestos por año. Para una fuerza especial que moviliza a más de 200 agentes de 35 agencias, con un presupuesto multimillonario y jurisdicción en el centro financiero global, estos resultados anuales parecen más bien el desempeño de una comisaría de barrio en una ciudad mediana, no el de un bastión contra el crimen financiero transnacional.
Esta ridícula contabilidad no es un error; revela que el verdadero objetivo de estos organismos no es desmantelar los flujos financieros ilícitos del capitalismo global –que se miden en billones anuales y sustentan desde el narcotráfico hasta la evasión fiscal corporativa–, sino gestionarlos y controlarlos políticamente.
Las incautaciones de tráfico de drogas, así como las de lavado de dinero, solo existen para justificar la existencia y el presupuesto de estos organismos y, lo peor, para justificar su poder de injerencia internacional, mientras dejan intacta la arquitectura bancaria y los paraísos fiscales que son el verdadero "Dorado" del lavado. Es la clásica operación de cosmética represiva: capturar algunos “perejiles” para mostrar actividad, mientras se garantiza que el río de capitales ilegales, vital para el sistema, siga fluyendo sin obstáculos estructurales hacia los grandes bancos y fondos de inversión. Los 18 millones anuales no son un fracaso; son el tributo necesario para mantener la farsa de una "guerra" que nunca se pretende ganar.
La Doctrina Bullrich: seguridad para el capital, represión para el pueblo
Esta escalada en la cooperación con el aparato de seguridad estadounidense se complementa con una profundización represiva a nivel interno. La creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA) y la reforma del Código Penal son dos caras de la misma moneda: la construcción de un Estado policial.
El CNA, con participación militar en tareas de inteligencia interna, es un peligroso retroceso hacia la Doctrina de Seguridad Nacional, aquella que durante la dictadura identificó como "enemigo interno" a los sectores combativos que peleaban por otra sociedad. Organismos de derechos humanos, como el CELS, vienen denunciando que el gobierno de Milei "mete a las Fuerzas Armadas, por la ventana, en cuestiones internas". Esto viene de la mano con la designación del jefe del Ejército como ministro de Defensa. Algo que no sucedía desde la caída de la dictadura.
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Mientras tanto, la reforma penal propuesta por Bullrich y Adorni busca criminalizar la pobreza y la protesta social, bajando la edad de imputabilidad y ampliando los márgenes de la "legítima defensa" para las fuerzas represivas. Es la doctrina de la "mano dura" que sirve para disciplinar a un pueblo exhausto por el ajuste económico, mientras se abren las puertas a una mayor presencia imperial.
Por una salida desde abajo
El acuerdo con la "El Dorado Task Force" no es un avance en la lucha contra el crimen organizado. Es una nueva capitulación. Se otorga acceso a información sensible a una potencia extranjera cuyo historial en la región está manchado por impulsar los golpes de Estado sangrientos que aniquilaron lo mejor de la vanguardia.
La verdadera lucha contra el lavado de dinero y la economía ilegal no pasa por una mayor subordinación al FBI, sino por medidas de soberanía nacional, como la nacionalización del sistema bancario bajo gestión de los trabajadores, para terminar con la complicidad de grandes entidades financieras en el lavado de activos. Ruptura de los acuerdos de cooperación militar y de inteligencia con el imperialismo. Eliminación del Centro Nacional Antiterrorista y de las reformas penales que criminalizan la protesta.
El camino no es más alineamiento con el imperialismo, sino luchar contra esta entrega y organizar la resistencia.
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Al genocida Patti lo saluda por su cumpleaños un medio local de Escobar
2 de diciembre de 2025, por Negacionismo — Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Escobar, Genocidas, Luis Patti, Negacionismo , Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Escobar, Genocidas, Luis Patti, Negacionismo
Luis Abelardo Patti fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. El director del Diario de Escobar, Diego Curutchague, publicó con su firma en el sitio del periódico un afectuoso saludo al genocida.
En la publicación del Diario de Escobar de la semana pasada dice: “Hoy desde El Diario de Escobar enviamos un cálido saludo por su cumpleaños a Luis Abelardo Patti, ex intendente del distrito y figura que marcó una etapa importante en la historia local…
Más allá del presente que atraviesa, creemos que quienes cumplen sus deudas con la sociedad deben mantener su visibilidad, especialmente quienes han tenido un rol de liderazgo y conservan el afecto de parte de la comunidad.”<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Luis Abelardo Patti, fue condenado por múltiples causas de homicidios, tormentos, robos, privación ilegítima de la libertad, allanamientos ilegales y amenazas. Entre las causas más emblemáticas se encuentra la del periodista Ricardo Giménez, el militante peronistas Concalvez y diputado peronista Diego Muniz Barreto.
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Actualmente cumple una condena domiciliaria en un exclusivo barrio privado de Escobar desde 2017.
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Patti, además, fue intendente del partido de Escobar, fiel exponente de sus intereses de clase, con una política represiva hacia la juventud y el pueblo laborioso; y abriendo el negocio inmobiliario para barrios de lujos para pocos a costa de los humedales y las condiciones ambientales de la mayoría de la población. Negocios que hoy se continúan con el actual gobierno municipal.
Entendemos que la publicación saludando a Patti no refleja el sentir de todos los trabajadores de prensa. Este medio que recibe aportes con publicidad del gobierno municipal.
No es casual, este envalentonamiento, cuando desde el gobierno nacional, tienen una política negacionista, la designación al ministerio de defensa del Teniente General Luis Pestri es una muestra de ello.
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La referente de la izquierda en Escobar, Alicia Ciciro, militante del PTS en el Frente de Izquierda se refirió “Repudiamos los dichos por el director del Diario de Escobar, hacemos un llamado de atención a la municipalidad de Escobar sobre sus aportes a dicho medio negacionista. Es necesario que todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, ambientales desarrollen una campaña contra el negacionismo y contra el beneficio de la prisión domiciliaria a Patti. No pasarán”
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Con Bullrich senadora, Milei quiere reforzar el Código Penal para criminalizar más a la población
2 de diciembre de 2025, por Mano durísima — Política, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Columnistas Vertical , Código Penal, Patricia Bullrich, Punitivismo, Represión, Manuel Adorni, Alejandra Monteoliva , Política, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Columnistas Vertical , Código Penal, Patricia Bullrich, Punitivismo, Represión, Manuel Adorni, Alejandra Monteoliva
Así lo anunciaron desde la Casa Rosada la ministra de Seguridad saliente y el jefe de Gabinete Adorni. Aún no se conoce el texto que presentarán para las sesiones extraordinarias del Congreso, pero dieron algunas definiciones. El latiguillo “el que las hace las paga” es una abstracción que puede tener alcances peligrosos para las libertades democráticas y los derechos humanos.
Este lunes en la Casa Rosada el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la saliente ministra de “Seguridad Nacional” Patricia Bullrich anunciaron el envío al Congreso de un proyecto para endurecer en varios ítems el Código Penal de la Nación. La intención oficial es que el texto se discuta y vote durante el período de sesiones extraordinarias.
Bullrich dijo que el proyecto profundiza las penas y que, en caso de convertirse en ley, obligará a todo el Poder Judicial a aplicar esos cambios. En la presentación estuvo presente Alejandra Monteoliva, quien este martes asumirá en reemplazo de Bullrich como ministra y hasta hoy era su secretaria de Seguridad. Pese a su nuevo rol, en la conferencia de prensa que funcionó como acto de despedida de su jefa para asumir como senadora, Adorni no le dejó decir ni una palabra a Monteoliva.
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Bullrich se despidió públicamente de su cargo (ya asumió como senadora) mientras que Adorni, vocero presidencial a la vez que jefe de Gabinete, le dedicó palabras de reconocimiento y enmarcó el proyecto de nuevo Código Penal en la política general del gobierno de Javier Milei.
“El déficit fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno”, dijo el funcionario y relacionó directamente ese imperativo con la necesidad de reprimir la protesta social y todo lo que el Gobierno considere que haya que reprimir. “Este ordenamiento de la economía también tiene que ser acompañado por el orden en las calles", sostuvo ante de anunciar la creación de la Agencia Nacional de Migraciones , un nuevo organismo que tendrá un fuerte perfil represivo en el control de las fronteras y también dentro del país.
Adorni resaltó los supuestos “logros” de la gestión Bullrich en el Ministerio: dijo que bajó el índice de homicidios en el país, aunque no hay ningún dato que permita comprender por qué sería una conquista de estos dos últimos años de gobierno, ya que los homicidios son delitos de índole “ordinaria”, es decir que son investigados y juzgados por el Poder Judicial de cada provincia. Sí bajaron los homicidios en lugares como Rosario, pero más por un “reordenamiento” del negocio del narcotráfico que por el éxito investigativo y persecutorio de Bullrich.
A Bullrich se le adjudica casi sin dudar el “logro” de eliminar los cortes de calle como parte de las protestas sociales. Pero eso se debió a un plan ultraviolento y archirrepresivo, que dejó cientos de heridos y detenidos y, aún así, no impidió que se produjeran enormes movilizaciones contra el ajuste y el hambre planificado. Entre los heridos se encuentran casos gravísimos como los de Pablo Grillo, Matías Aufieri y Jonathan Navarro. Y casi la totalidad de los detenidos fueron acusados de cargos sin pruebas y la gran mayoría de esas causas terminaron cayéndose. Si así se mide el éxito, qué queda para los fracasos.
“La doctrina Bullrich llegó para terminar con el descontrol”, sentenció Adorni en homenaje a la ministra saliente. “Vino a proteger a los argentinos y a quienes los cuidan”, agregó en referencia a las fuerzas represivas que actúan a las órdenes del Ministerio. Y con el ridículo lenguaje que suelen usar las fuerzas celestiales, afirmó: “Las políticas de seguridad tienen que quedar grabadas a fuego”. Bullrich agradeció a Adorni y profundizó aún más la “doctrina” que se le atribuye.
“Con el Código Penal actual, los que más se beneficiaban eran los delincuentes, los violadores y los asesinos”, lanzó la ahora senadora sin mostrar una sola evidencia, como nunca lo hace. Y agregó que, “de ahora en adelante, quienes van a estar protegidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas”.
Según su visión, el nuevo proyecto marcará un quiebre: “Dejamos atrás la doctrina zafaronista y pasamos a la doctrina de que el que la hace, la paga”. Puro verso, si se miran casos como los de José Luis Espert-Fred Machado, Lorena Villaverde, las coimas en la ANDis, la estafa presidencial con la criptomoneda $Libra y, lógicamente, la impunidad garantizada a los gendarmes, prefectos y policías federales que violan sistemáticamente los protocolos y causan daños irreparables a manifestantes pacíficos.
Sobre el proyecto de reforma del Código Penal, Bullrich dio apenas un par de detalles: “No queremos penas que se sientan insuficientes, queremos que se cumplan de verdad, que no pase más que nos crucemos en la calle con delincuentes que deberían estar presos y vuelven a delinquir”, dijo. Y mencionó los proyectos que ya se aprobaron en el Congreso por su iniciativa y ahora pretenderán ser incorporados a un nuevo Código. Se trata de las llamadas leyes “antimafia” y de “reiterancia”, entre otras.
“Todos los cambios que estamos haciendo en el Código Penal son de cumplimiento obligatorio para los jueces de todo el país, sin importar si son jueces ordinarios, provinciales o federales”, dijo Bullrich antes de terminar. “Todo el sistema penal tiene que aplicar el Código Penal y es obligatorio”, insistió, anticipándose a lo que probablemente se convierta, de ser aprobado, en un tira y afloje con constitucionalistas, académicos, abogados, fiscales y jueces.
Aún resta conocer la letra del proyecto, que no fue ingresado de momento en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Pero se da por descontado que generará profundas discusiones sobre qué significa el “castigo” a quienes son considerados delincuentes por el Estado y qué implicancias tiene ello tanto en los sistemas penitenciarios del país como en las conductas de las policías sobre la población.
El latiguillo “el que las hace las paga” es una abstracción que, en boca de personajes mentirosos, manipuladores y creadores de fake news como buena parte del personal político libertariano, puede tener alcances altamente peligrosos para las libertades democráticas y los derechos humanos. Hay que estar muy atentos y prepararse para dar la batalla también en este terreno, donde desde el Estado se buscará, con eufemismos como “seguridad” y “orden”, profundizar aún más los condicionamientos a la vida y la libertad de las mayorías trabajadoras.
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El caso de la nena gaseada: cuando Alejandra Monteoliva comandó una mentira siniestra
1ro de diciembre de 2025, por Sumario sin secreto — Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , Policía Federal, Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Alejandra Monteoliva , Sumario sin secreto, Política, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, Columnistas Vertical , Policía Federal, Jubiladas y jubilados, Congreso de la Nación , Patricia Bullrich, Represión, Alejandra Monteoliva , Sumario sin secreto
La reemplazante de Bullrich en Seguridad se especializa en armar fake news para tapar la violencia estatal contra la población. El caso de Fabrizia, de diez años de edad, atacada frente al Congreso en 2024 por el policía federal Cristian Rivaldi, mostró de qué es capaz Alejandra Monteoliva. La mentira duró poco y hasta Feinmann pidió al aire su renuncia. Pero Milei la premió con uno de los cargos más altos.
Este martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, la cordobesa Alejandra Monteoliva jurará ante los santos evangelios desempeñar, “con lealtad y patriotismo”, el cargo de ministra de “Seguridad Nacional”. Desde mediados del año pasado, la sucesora de Patricia Bullrich fue su secretaria de Seguridad y virtual viceministra. Dicen quienes la conocen que, si la dejan hacer, Monteoliva puede profundizar aún más las políticas represivas de su jefa y referente.
En junio de 2024, cuando asumió como secretaria, La Izquierda Diario te contó en detalle quién es Monteoliva. Entre otras cosas, durante los años 90 trabajó en Medellín para el nefasto Plan Colombia, que lejos estuvo de terminar con el narcotráfico pero dejó miles de campesinos muertos y desaparecidos. También asesoró y colaboró con el sanguinario Nayib Bukele en El Salvador. Y en 2013 el entonces gobernador José de la Sota la echó de su cargo de ministra tras mostrar un desmanejo supino de la Policía de Córdoba.
Con semejante prontuario, que Monteoliva sea acusada de mentirosa parece una nimiedad. Excepto que la mentira sea, para ella, parte sustancial de su gestión al frente de las fuerzas represivas. En ese caso, el asunto cobra otro color.
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Mentir para reprimir
El miércoles 11 de septiembre de 2024 la Cámara de Diputados (por un ajustado margen y gracias a la colaboración de algunos opositores peronistas) convalidó el veto de Javier Milei al módico aumento previsional que el Congreso había aprobado días antes. Ese (nuevo) golpe al bolsillo de millones de jubiladas y jubilados tuvo gran rechazo popular. Por eso, ese miércoles la tradicional marcha frente al Congreso tuvo un nivel superior de asistencia de adultos mayores, organizaciones y “gente suelta”.
Carla Pegoraro fue con su hija Fabrizia. No habían ido a ninguna marcha antes, pero venían acumulando indignación al ver cada miércoles tanto desprecio oficial hacia un reclamo más que legítimo. Y sabían, porque lo habían visto en marchas como la de la universidades, que cuanta más gente fuera a la plaza más difícil le sería al Gobierno reprimir. Fabrizia, de apenas diez años, acompañó convencida a su madre.
Terminada la votación, cuando el grueso de manifestantes desconcentraban, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería empezaron a descargar su furia en las calles. Las órdenes llegaban desde la cúpula del Ministerio de “Seguridad Nacional”. Es decir, de Bullrich y Monteoliva.
Las filmaciones de la jornada demostraron que las escuadras avanzaron violentamente contra manifestantes que estaban sentados o parados, lejos de cualquier actitud beligerante. Arremetieron con escudos y palos, dispersaron gas pimienta en el ambiente y detuvieron gente al voleo. El ataque a la madre y su hija fue en Avenida Rivadavia casi Entre Ríos, a metros del Congreso.
Hubo al menos doce personas heridas. Entre ellas Fabrizia y otro nene, de nueve años, a quien se lo registró conmocionado y vomitando. La hija de Carla terminó en el Hospital Santa Lucía por los daños del gas pimienta que arrojó sobre su rostro y a corta distancia Cristian Miguel Rivaldi, miembro de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (Doucad) de la PFA. Para el oficial de 38 años, Fabrizia no era otra cosa que una barrabrava.
“Se sentían orgullosos”
Recuperadas de los efectos provocados por el agente químico, Carla y Fabrizia relataron su vivencia ante los medios. “Nosotras quisimos ir a defender a los jubilados”, dijo la nena con firmeza ante un móvil televisivo. “No habíamos hecho nada, era una manifestación pacífica, nunca le pegamos a nadie, no les pegamos a los policías, no insultamos, estábamos sentadas en el piso nomás”, detalló.
Bullrich acusó a Pegoraro de llevar a la nena a la manifestación, como si estuviera prohibido. En su cuenta de X acusó a Carla de “madre irresponsable y violenta”. Y buena parte de la caterva libertariana que pulula en las redes se “ofendió” porque Fabrizia a esa hora “debía estar en la escuela”. Termos. Ese miércoles no había clases por el 136° aniversario de la muerte de Sarmiento. Quienes la conocen, aseguran que Fabrizia es de las mejores alumnas en su escuela de San Telmo.
“Cuando me tiraron el gas yo justo estaba viéndolos. Escuché a mi mamá gritar ‘¡cerrá los ojos!', pero era tarde, ya me había entrado. No podía ver ni respirar, de los nervios no escuchaba nada, sentía que me llevaban de acá para allá, me asusté mucho”, contó la chica ante los medios.
Con claridad meridiana sentenció: “Se sentían orgullosos por tirarme gas pimienta, encima Patricia Bullrich le echa la culpa a mi mamá y dice que está prohibido llevar niños a las manifestaciones, pero en ninguna parte dice que eso está prohibido, nomás ella lo dice”. Junto a ellas, también sufrió la gaseada un hombre que transitaba ayudado por muletas.
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Operación Campera Naranja
La imagen de Fabrizia llorando, ahogada y con un ardor nunca antes experimentado, recorrió el país. Bullrich, Monteoliva y otros “cerebros” del Ministerio decidieron intentar tapar todo. Nada que no hubieran hecho ya. En su anterior paso por la cartera policíaca (gobierno de Mauricio Macri) habían hecho cosas peores ante crímenes como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Siempre bajo la máxima goebbeliana de “miente, miente, que algo quedará”.
Llamaron a los empleados más duchos en “inteligencia” del Ministerio. Había que torcer la verdad a cualquier costo. “Busquen videos o fotos en los que haya gente tirando cosas, a quienes podamos acusar de lanzar el gas”, fue la directiva. La operación sería coordinada por Luis Rollé, el jefe de la Federal.
Tras algunas horas, ya tenían un “plan”. Habían encontrado un video de una cámara de seguridad en el que se veía a una persona, en apariencia vestida con una campera naranja, arrojando algún tipo de polvo por sobre las cabezas de una muchedumbre. La filmación era tan mala que hacía imposible identificar el lugar (podía incluso no ser Buenos Aires). Mucho menos se veía a Fabrizia y su madre en la escena.
Creyéndose capaces de inventar el crimen perfecto, Bullrich y Monteoliva ordenaron a Rollé que difundiera cuanto antes el video entre los medios, acompañándolo de una breve explicación. Según el relato, se podía ver “claramente” a la niña recibiendo “pimienta roja en polvo” de parte de alguien totalmente ajeno a las fuerzas federales. Las imágenes, dijeron, estaban siendo “analizadas” para identificar al agresor.
Quienes primerearon difundiendo la “primicia” fueron los medios de los grupos Clarín y La Nación. Gabriel Iezzi, docente de la Escuela Superior de la Policía Federal y coequiper de Eduardo Feinmann en LN+ (hoy en A24), reprodujo el invento al pie de la letra. Otro tanto hicieron Jonatan Viale y sus amigos en TN. Convertido en noticia, el video se viralizó desde cuentas de funcionarios y trolls liberfachos.
Milei retuiteó el video junto a un texto: “Resulta que NO fue la policía quien tiró gas sino (sic) fueron los mismos manifestantes que le tiraron la sustancia a la niña”. Estaba todo coordinado. Aunque el Presidente nunca explicó por qué, ese tuit luego fue eliminado.
Ya era la noche del miércoles y las grandes empresas periodísticas sólo hablaban de la “irresponsabilidad” de Carla por llevar a Fabrizia. Pero hacía falta algo más. Con el video sólo no alcanzaba. Había que darle fuerza “institucional” al relato. Por eso Bullrich mandó a Monteoliva a ser entrevistada en un par de canales. En LN+ habló por teléfono con Feinmann. En TN fue al estudio a conversar con Viale.
“En el caso de la nena las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de la Policía en ese momento. Evidentemente, fue un gas que arrojaron estas personas que estaban en proximidad a ella. Específicamente, vestidos de naranja. Es una mujer, todavía no está identificada”, decía la secretaria de Seguridad. Todo parecía marchar acorde al plan…
La verdad en la calle
… Hasta que aparecieron las fotos y los videos que tiraron abajo la fake news oficial.
#Jubilaciones ayer con un video trucho Bullrich armó al ejercito de trolls para desligarse de la represión sobre una nena. Hoy salio el video como se ve en el Congreso que la nena fue gaseada por la policía. Nunca olvidar no son trabajadores como nosotros, son lacras. Fin pic.twitter.com/xJxGviimWS
— Leandro (@Leo_Espartaco) September 12, 2024
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Bullrich, Monteoliva y compañía quedaron en jaque. Ya todo el país sabía que la Federal arremetió contra manifestantes que estaban quietos en medio de Rivadavia. Y que tras la orden de “¡avancen!” de un comisario, mientras unos abrían paso con los escudos otros aparecían detrás lanzando el potente gas, cuyo uso está prohibido a cortísima distancia por los daños que provoca.
Lejos de pedir perdón por la fallida opereta, desde el Ministerio cantaron retruco. Acusaron al “periodismo” por la difusión del falso video de la campera naranja. Pero no imaginaron que iban a ser los propios Feinmann y Viale quienes, desde las mismas pantallas amigas, dirían que el video lo mandó el comisario Rollé y que Monteoliva les había mentido en la cara.
A los animadores televisivos no les quedó otra que pedir disculpas a sus audiencias por, supuestamente, haberse deglutido una fake news más grande que una casa. Para zafar de su complicidad, acusaron a los funcionarios. Feinmann, desencajado, llegó a pedir públicamente que Milei les pidiera las renuncias a la ministra, su secretaria y hasta el vocero del Ministerio porque no iba a permitir que a él, justo a él, quisieran enchastrarlo.
Feinmann se calentó porque lo usaron para la opereta de la nena gaseada y ahora pide la renuncia de Bullrich. Esto se pone bueno ? pic.twitter.com/2sjm8JImEN
— Todo Negativo (@TodoNegativo) September 12, 2024
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Acostumbrada a decir cualquier cosa gratuitamente, Bullrich asumió la tarea de defender a su tropa. Lo llamó a Feinmann mientras éste estaba al aire. La acalorada discusión es antológica, aunque más parecida a un sketch de Cha-Cha-Cha que a una conversación entre una funcionaria y su amigo propalador.
Más tarde la ministra fue a los estudios de TN a lanzar sin filtro una nueva catarata de falacias. Negó que haya sido Rollé el que difundió el video trucho y dijo todo lo contrario a lo que Monteoliva había asegurado 24 horas antes. Hipotetizó que Fabrizia había sido gaseada “antes” de la secuencia registrada por los medios. Y si a Feinmann le prometió pedirle explicaciones a Rollé, en TN negó que fuera a hacerlo.
Para salir del paso, la ministra aceptó que algún policía podría haber tirado gas a la niña, pero que “fue sin intención”. Con una filosofía muy interesante, explicó: “No voy a poner la responsabilidad sobre un policía que está en una fila, que no ve absolutamente nada de lo que está pasando en el piso y le dicen ‘esquiven' (...) había veinte personas rodeando, agrediendo, y la línea policial siguió”.
Pero, tal como lo registraron les compañeres de Enfoque Rojo aquella tarde de septiembre, en el momento en que Fabrizia fue víctima del gas pimienta los represores podían ver perfectamente todo lo que pasaba. Incluso uno de los lanzadores ni siquiera tenía baja la visera de acrílico, su visual era plena.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El premio de Milei
Tras la vorágine de esos días, del tema se fue hablando cada vez menos. Bullrich y Monteoliva siguieron en la suya, pergeñando nuevas represiones y armando un megarrelato (carente de evidencias y datos duros) sobre un supuesto avance histórico en materia de seguridad pública, lucha contra el narcotráfico y demás cuestiones del área.
Menos de cinco meses después del ataque a Fabrizia, también frente al Congreso, Gendarmería dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo y Prefectura le quitó la visión de un ojo al empleado municipal Jonathan Navarro. Fue el 12 de marzo, en otro miércoles de protesta de jubiladas y jubilados contra el hambre planificado.
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Lejos de lo que esperaban en la Casa Rosada, a la familia de Fabrizia no la paralizó el miedo. Por eso decidieron avanzar judicialmente contra la violencia y la mentira oficiales. Con apoyo popular y asesoramiento jurídico, Carla Pegoraro se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Allí se abrió la causa 3801/2024 caratulada “Bullrich, Patricia s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
El expediente recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 9 a cargo del juez Luis Rodríguez. A cargo de la investigación quedó el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 8.
Con las pruebas acumuladas, hace poco más de un mes Taiano pidió la elevación a juicio oral y público contra el oficial Rivaldi, por considerarlo responsable de “abuso de autoridad” y “lesiones leves”. El juez Rodríguez aún no resolvió. Lo lógico sería que le dé curso al pedido del fiscal. Pero, tratándose de Comodoro Py, no se puede descartar ninguna hipótesis.
Para Taiano no existe ninguna duda que Rivaldi roció “deliberadamente” con líquido irritante a Fabrizia y su madre, “en sus cuerpos y rostros, ocasionándoles lesiones”. Y que además lo hizo “de forma desmedida e injustificada”, a una “corta distancia” y contra “víctimas que se hallaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”.
El fiscal acusa al policía de violar tanto el “Reglamento General” de las fuerzas federales para el uso de “armamento no letal de inmovilización e incapacitación” como las “disposiciones y principios” regidos por el “Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza”.
Si el represor fuera finalmente condenado, las penas previstas para los delitos que se le endilgan irían de “un mes a dos años” de prisión e “inhabilitación especial por doble tiempo”. Es decir que nunca terminará preso (el mínimo es de tres años de pena) y a lo sumo no podrá “trabajar” de policía por cuatro años. Pero una condena dejaría en claro que todo lo dicho y hecho por él y sus superiores fue criminal y mentiroso.
Si la causa penal avanzara como debiera, Bullrich, Monteoliva y Rollé tendrían que ser citados a declarar y, naturalmente, quedar procesados por delitos más complejos que los cometidos por gaseador Rivaldi. Como queda demostrado en esta crónica, las pruebas siempre estuvieron a la vista.
Mientras tanto, Bullrich ya consiguió fueron parlamentarios por seis años en el Senado, Monteoliva será premiada este martes con el cargo de ministra de “Seguridad Nacional” y Rollé, el repartidor de videos truchos, sigue comandando la Policía Federal.
“Conozco tu recorrido y esa entrega que te representa”, le dijo Bullrich por X a Monteoliva la semana pasada, cuando se anunció que sería su sucesora. “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, agregó. Que la mentira tenga patas cortas no quiere decir que no pueda correr rápido. Eso sí, nada impide pensar que, más tarde o más temprano, las criminales y mentirosas funcionarias terminen pagando por buena parte del daño ocasionado. Habrá que organizarse y luchar, siempre en las calles, para lograrlo.