Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
Myriam Bregman: "Estamos enfrentando la causa emblema del negacionismo"
12 de diciembre de 2025, por Comodoro Py — Política, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Comodoro Py, Victoria Villarruel, ddhh, Negacionismo , Política, Libertades Democráticas, Myriam Bregman, Comodoro Py, Victoria Villarruel, ddhh, Negacionismo
Promovida por defensores de genocidas como la propia vicepresidenta Villarruel, la causa apunta a llevar a juicio a militantes de los años '70. “Buscan garantizar la impunidad de los genocidas y otorgar beneficios a quienes ya fueron condenados”, advirtió la abogada Myriam Bregman en su intervención.
La Cámara Federal de Casación Penal realizó una audiencia para evaluar el avance en la causa sobre la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), adjudicada a la organización Montoneros.
Hace un año, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura del caso, impulsado por defensores de los genocidas: desde la propia vicepresidenta Victoria Villarruel hasta un represor condenado a prisión perpetua, Eduardo Kalinec. Un claro guiño de la Justicia a favor del negacionismo del gobierno nacional, como denunció Myriam Bregman en aquel momento.
El objetivo que persiguen los defensores de delitos de lesa humanidad es intentar que se juzgue a militantes de los años ´70 por el atentado a la Superintendencia –donde funcionaba un centro clandestino de detención–. En representación de Patricia Walsh, hija del reconocido escritor y militante de esa organización, la reconocida abogada de DDHH denunció el intento de reapertura “atado a la búsqueda de impunidad de los genocidas y a lograr beneficios para los ya condenados. Buscan una especie de empate, emparejar, para lograr la impunidad”. No obstante el intento del gobierno llega a tener visos ridículos ya que, aunque lo intente ocultar, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual espada del Presidente en el Senado, aparece como una de las acusadas en el expediente judicial , iniciado en 2003.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En una sala desbordada por la presencia de numerosos familiares de víctimas del genocidio y organismos de DDHH y varios medios de comunicación, la abogada defensora de causas de lesa humanidad e integrante del CEPRODH, Liliana Mazea reprochó la decisión de la Cámara Federal de tener por parte a Kalinec condenado a perpetua por crímenes en los centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo, sin que hayan presentado algún certificado que demuestre que fue afectado en el atentado que denuncia. También impugnó la sentencia de la Cámara ante la pretensión de cambiar la calificación de delitos de lesa humanidad que requieren de la participación del Estado: “Nos agravia que digan que los particulares pueden cometer delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, declaró Mazea.
Myriam Bregman, por su parte, comenzó afirmando que el fallo de la Cámara Federal está "permeado" por la coyuntura política, en la búsqueda del avance de la impunidad de los represores. Y expresó la preocupación por que "la pretensión de legitimar lo ocurrido en la dictadura prepare el terreno para que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol en la represión interna".
“Quienes hoy aparecen con el dedo acusador, ¿qué eligieron hacer cuando tenían todo el poder del Estado?”, preguntó Bregman, y siguió: “Sembrar cadáveres”. Mencionó como represalias al atentado a la Superintendencia la Masacre de Fátima y la Masacre de San Patricio. Y citó, como "testimonio brutal", las estadísticas del libro de entradas de la morgue judicial, que da cuenta del ingreso de 1o o 2 cuerpos NN por día, mientras que desde el 3 al 7 de julio de 1976, el número trepó a 46. "Teniendo el aparato administrativo y judicial en su poder, no lo usaron. Es más, años después, armas en mano pujaron por el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. No es serio que vengan a reclamar 'verdad y justicia' en 2025".
La diputada mostró también cómo la elección de imputar a Patricia Walsh –la única sobreviviente de la familia y que nunca integró Montoneros– solo puede estar vinculada a su autoría en la ley 25.779, que propició la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final: "De avanzarse contra ella, esta Cámara estaría regulando la venganza". Y consideró la aceptación de Kalinec, uno de los condenados a partir de la nulidad de esas leyes, "una provocación".
Los intentos de avanzar en la causa tienen la intención de "transformar los pasillos de los tribunales federales de todo el país en un desfile de militantes o de aquellos que resistieron a la dictadura”, dijo Bregman. También hicieron uso de la palabra el defensor oficial y el representante legal de Firmenich, Gustavo Maradini Drago, que se expresaron en el mismo sentido que las abogadas antecesoras.
En la sala se encontraba el abogado José Sacheri, conocido por haber reclamado una “amnistía general” durante un acto en Plaza San Martín, en 2006, y un puñado de personas defensoras de genocidas en una actitud claramente provocadora. A tono con la intervención de los abogados querellantes, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, que participaron de manera virtual, negaron la existencia del terrorismo de Estado y solo hablaron de “operaciones quirúrgicas” por parte de las Fuerzas Armadas. Ambos abogados miembros de la organización que participó de los intercambios para la concreción de las visitas de diputados mileístas a Alfredo Astiz y a otros genocidas presos, Saint Jean, hijo del gobernador bonaerense durante la dictadura, intentó instalar la idea de que Montoneros contaba con respaldo internacional, citando a Chile y Cuba y hasta el “Estado palestino”, que provocó burlas en la audiencia.
En el público estuvieron presentes importantes referentes, familiares y sobrevivientes y de organizaciones de Derechos Humanos como Elsa Pavón (cofundadora de Abuelas y presidenta de la Asociación Clara Anahí), Victoria Montenegro, Alejandrina Barry, Luis Zamora, Margarita Cruz, María Laura Bretal, Rufino Almeida, Carlos Loza; Nora Zaldúa y Andrea Robles, el grupo de apoyo a la Ronda de Madres LF, CELS, Nietes. Los diputados Christian Castillo y Vilma Ripoll, Marga Noia (secretaria de DD.HH. CTA Autónoma), María Laura Bretal (CCD La Cacha - Colectivo Las Azucenas), Susana Ancarola (Ate Sur), Mirta Israel de Pañuelos en Rebeldía, Liberpueblo y Venceremos, Matías Aufieri, Carlos Platkowski, Lilén Reyes y Leo Deza, del Ceprodh.
En las próximas horas será publicada una declaración de numerosos referentes y organizaciones de DDHH que se siguen sumando –el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros– a la exigencia por el cierre de esta causa amañada al servicio de la impunidad de los genocidas.
-
Milei pone en el área de Derechos Humanos a Joaquín Mogaburu, confeso apologista de la dictadura
11 de diciembre de 2025, por Más negacionismo — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , Secretaria de Derechos Humanos, Derechos Humanos, Javier Milei, Dictadura, Victoria Villarruel, Negacionismo , Mariano Cúneo Libarona, Alberto Baños, Joaquín Mogaburu, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , Secretaria de Derechos Humanos, Derechos Humanos, Javier Milei, Dictadura, Victoria Villarruel, Negacionismo , Mariano Cúneo Libarona, Alberto Baños, Joaquín Mogaburu
La Secretaría de Derechos Humanos funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia de Cúneo Libarona. Renunciado el impresentable Alberto Baños, el Gobierno lo reemplaza con un funcionario de Comodoro Py con licencia que ya hizo de las suyas en el Ministerio de Defensa con Petri. Su bandera es la “memoria completa”, eufemismo con el que desde hace décadas encaran su “batalla cultural” los defensores del ganocidio de los 70.
Este miércoles, desde las cuentas oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, se informó la aceptación de la renuncia de Alberto Baños como subsecretario de Derechos Humanos y la asunción en su reemplazo del abogado Joaquín Ignacio Mogaburu. Se trata de un funcionario que viene del ámbito judicial, ya que se desempeña desde hace años como secretario del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py. Además, cumplió funciones en el Ministerio de Defensa a las órdenes de Luis Petri.
Precisamente en el área de Defensa Mogaburu se dedicaba a dar “charlas” en los cuarteles militares bajo la doctrina de la llamada “verdad completa”, un eufemismo inventado por los apologistas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica para quitarles peso y sustento a los atroces crímenes de lesa humanidad y, a la vez, promover discursos refractarios a la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia encarada por sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y la izquierda. Lo que incluye, desde ya, la intención de liberar a la mayor cantidad de genocidas condenados posible.
En principio se espaculaba con que Baños sería reemplazado por el abogado macrista Alfredo Vítolo, pero finalmente desde La Libertad Avanza optaron por Mogaburu. Según diversas fuentes, el nuevo funcionario pidió licencia en el TOF 7 para poder ocupar el nuevo cargo en el Poder Ejecutivo. Tal como sucedió cuando Petri lo puso al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario de la cartera de Defensa, la aprobación o desaprobación de esa licencia depende de la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei ya lo anunció como seguro al frente de la Secretaría de DDHH. Una curiosidad: la cuenta de la red X de Mogaburu está bloqueada para el público en general. Sólo pueden ver sus posteos los "seguidores aprobados". Mala señal tratándose de un funcionario público.
Te puede interesar: Negacionismo, otra vez: Alberto Baño negó ante la ONU el número de desaparecidos
¿Memoria completa?
A fines de noviembre se conoció que Mogaburu y otros apologistas de la dictadura como Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal organizaban en los liceos militares cursos de “derechos humanos y verdad completa”. Según confirmaron desde el propio Ministerio de Defensa, a través de los testimonios de los “conferencistas” se intentó dejar “un mensaje de concordia política y perdón” ante las nuevas camadas de miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Vale recordar que Larrabure e Ibarzábal llevan años impulsando una “batalla cultural” en favor de los genocidas. Hace veinte años ambos fueron parte de la creación de la AVTA (Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino). Larrabure también integró organizaciones como ArPaNa (Argentinos por la Pacificación Nacional) y el CELTyV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), éste último creado por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel. Ibarzábal integra también Afavita (Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina).
Te puede interesar: Teniente general Carlos Presti, nuevo ministro de Defensa: un fiel heredero de su padre genocida
No es posible desligar el nombramiento de Mogaburu al frente de la Secretaría de Derechos Humanos del nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti en reemplazo de Luis Petri en el ministerio que nuclea a las Fuerzas Armadas. Se trata de un personal político enfocado en reivindicar a los militares en su rol “histórico” para defender los intereses de “la Patria”, un camuflaje con el que se intenta ocultar el papel represivo hacia la población por parte del “partido militar” que gobernó a sangre y fuego durante varios períodos del Siglo XX. Lo que conlleva, lógicamente, el negacionismo sobre las 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y la búsqueda de la impunidad total para sus verdugos.
La figura de Presti, quien nunca repudió los atroces crímenes cometidos, entre otros, por su propio padre, es un ejemplo más que contundente. Si bien por su edad no fue personalmente partícipe de asesinatos, secuestros y desapariciones, sabe a la perfección muchos detalles de aquellos hechos y nunca aportó nada en los juicios de lesa humanidad. Más aún, siempre reivindicó a su padre, uno de los criminales más sanguinarios que actuaron en aquella época.
Te puede interesar: Con el nombramiento de Presti, La Nación retoma su defensa del accionar genocida del Ejército
Doctor negacionista
Joaquín Mogaburu tiene una formación ultraconservadora. En los últimos años fue un ferviente defensor del aborto clandestino, enfrentando al movimiento de mujeres y diversidades que conquistó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Algunos lo sindican como miembro de la secta católica conocida como Opus Dei. Y su formación profesional en historia y derecho la cursó en instituciones como la Universidad Católica Argentina, la American University de Washington y la Universidad de Navarra del Estado E
español (ésta última propiedad del Opus).Es lógico que, en su nuevo rol de secretario de “Derechos Humanos”, Mogaburu siga con el plan trazado por su antecesor, el exjuez Baños. Eso significa, entre otras cosas, recortes presupuestarios y vaciamiento y/o achicamiento de áreas de trabajo. “Bajo esta nueva conducción, la subsecretaría profundizará el proceso de reordenamiento”, dice textualmente el Ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona en un comunicado difundido en redes sociales.
Nada bueno ni nuevo puede esperarse de Mogaburu y sus ideas. Es uno más de los funcionarios que llegan a sus cargos para intentar borrar la verdad histórico con relatos prearmados por los propios genocidas a comienzos de la década de 1980. Como si en estas cuatro décadas el fenomenal movimiento de derechos humanos de Argentina no hubiera demostrado con creces el carácter genocida de la última dictadura. Pero aunque pongan todas sus energías y “conocimientos” en esa empresa reaccionaria, ¡sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia no pasarán!
Joaquín Mogaburu | Foto redes sociales
-
A 40 años de la sentencia a las Juntas Militares
10 de diciembre de 2025, por Lo que logró la movilización — Libertades Democráticas, Genocidio, Impunidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Fuerzas Armadas, Ley Obediencia Debida, Ley Punto Final, Libertades Democráticas, Genocidio, Impunidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Fuerzas Armadas, Ley Obediencia Debida, Ley Punto Final
El 9 de diciembre de 1985 concluyó el Juicio a los excomandantes con la lectura de la sentencia. Sin embargo, quedó claro que el objetivo real del Poder Judicial no era encarcelar a los genocidas, sino ofrecer una imagen de recomposición institucional, e iniciar el camino hacia la ley del “punto final”.
El juicio y sus antecedentes
El último gobierno de facto, mucho más débil por las movilizaciones obreras y la derrota en Malvinas, pactó con la Multipartidaria el llamado a elecciones para fines de 1983. Un mes antes de los comicios, la Junta Militar sancionó la Ley 22.924 de “Pacificación Nacional”. Las FF.AA elaboraron un documento final sobre la “guerra contra la subversión y el terrorismo”, donde asumían la responsabilidad y señalaban que, en 1975, los había convocado el gobierno peronista para su “aniquilación”.
A su vez, el documento proclamaba la amnistía para las Fuerzas Armadas. El influyente movimiento democrático, surgido en la lucha contra la dictadura, expresó su repudio al documento en una marcha que convocó a más de 50.000 personas en el centro porteño.
Raúl Alfonsín ganó las elecciones prometiendo, bajo la “teoría de los dos demonios”, el juicio a los militares. Días después de asumir, firmó los decretos 157 y 158, en los que indicaba el juzgamiento a los jefes de las organizaciones armadas (diezmadas antes del golpe) y solo a las tres primeras Juntas -bajo la tesis de la “obediencia debida”-.
La responsabilidad del proceso judicial recaería sobre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. A la vez, el Congreso promulgó la Ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar que permitía la apelación del fuero civil.
Con este diseño judicial, Alfonsín creyó que las FF.AA. podían juzgarse a sí mismas e integrarse, a partir de la depuración de algunos dictadores emblemáticos, a la “vida democrática”. Pero las Fuerzas Armadas preservaron la unidad corporativa y se negaron, bajo dilaciones, juzgar a sus camaradas de armas. Finalmente, la causa quedó en manos de la Cámara Federal, compuesta por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D' Alessio, y los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo.
Durante las audiencias se presentaron más de 833 testigos y 709 casos, seleccionados entre los más de 9.000 recogidos por la CONADEP. El proceso judicial excluyó a la cuarta y última Junta presidida por Reynaldo Bignone y a todos los responsables civiles, miembros de la Triple A y de las fuerzas de seguridad que participaron del genocidio de clase.
Fin del juicio, el inicio de la impunidad
La lectura del fallo fue realizada el lunes 9 en una audiencia que, a diferencia de las anteriores, se televisó con sonido -desde abril se habían transmitido algunas imágenes, pero sin audio-. Los fundamentos de la sentencia -como los utilizados para procesar a los nueve genocidas, en simultáneo, con los jefes guerrilleros- eran congruentes con la “teoría de los dos demonios” que dio a conocer el informe Nunca Más. El texto del fallo dejaba en claro que los acusados no se encontraban en el banquillo por haber terminado con el “flagelo subversivo”, sino por los medios utilizados para conseguirlo. Según el fallo, los ex comandantes habían tenido a su disposición instrumentos legales y medios para llevar adelante la represión “de modo lícito”, pero en cambio, eligieron “procedimientos clandestinos e ilegales”.
En segundo lugar, la sentencia no se correspondía con las pruebas reunidas a lo largo del juicio -una gran cantidad desestimadas por la Cámara- y que habían dado a conocer la magnitud y alcance de la represión genocida. En términos legales, el fallo identificaba siete clases de delitos, tales como la detención ilegal, el homicidio, la tortura y la reducción a la servidumbre. Sin embargo, las penas aplicadas fueron leves y cuatro de los nueve acusados consiguieron la absolución.
¿Cómo consiguió la Justicia disminuir las penas y el número de condenados? En primer lugar, negó la existencia de algún tipo de coordinación en las decisiones tomadas por las tres fuerzas. Al no haber pruebas sobre la formación de un comando conjunto, cada jefe militar debía ser juzgado por separado y no como integrante de la Junta Militar de gobierno. A la vez, había quedado demostrado –según el fallo- que los comandantes de cada fuerza habían tenido distintos grados de responsabilidad: mayor en el caso del jefe del Ejército, y menor en el caso de la Armada y la Fuerza Aérea, respectivamente. De este modo, aunque Videla, Massera y Agosti habían integrado la primera Junta Militar, las penas fueron mucho más leves para este último. Sobre Agosti, que recibió una condena de 4 años y 6 meses, el texto del fallo aclaraba que “sólo se probó la intervención de la Fuerza Aérea en los hechos de la llamada ‘Mansión Seré' (…) que a partir de mayo de 1978 fue destruida (…)”.
En segundo lugar, la sentencia fijó un límite temporal que permitió la absolución de Graffigna, integrante de la segunda Junta (1981) y de los tres comandantes de la tercera Junta Militar (1981-1982); hacia inicios de los 80, según el fallo, “habían cesado los secuestros y las torturas”.
En tercer lugar, la Cámara desestimó numerosas pruebas, absolviendo a los acusados de varios delitos.
Finalmente, cinco de los nueve procesados recibieron condena y cuatro fueron absueltos. Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua y a penas accesorias como la inhabilitación y la destitución militar. Para Agosti -mencionado más arriba- y los demás sentenciados, las penas fueron menores a las de un delito común. Viola -sucesor de Videla en la segunda Junta- recibió 17 años, mientras que Lambruschini -sucesor de Massera- fue condenado a 8 y Rubens Graffigna -sucesor de Agosti- fue absuelto, al igual que los tres miembros de la tercera Junta Militar. A todos ellos, se les computó la prisión preventiva y en ningún caso hubo degradaciones -retiro de honores e insignias militares-, evitando así aumentar el disgusto de los militares en servicio.
Como la Cámara no había juzgado a los responsables con rango inferior al de los comandantes, se comprometía a dar a conocer el contenido del fallo al Consejo Supremo de las FF.AA. para que éste pudiera iniciar una investigación sobre la responsabilidad de los oficiales que fueron “jefes de zonas y subzonas de defensa”.
Según la Fiscalía, este punto abría la posibilidad de avanzar en el juzgamiento de numerosos oficiales. No obstante, la investigación quedaba en manos de la justicia militar, que –estaba claro- defendería a sus miembros, como en 1983. En segundo lugar, el gobierno evaluaba la posibilidad de otorgar el beneficio de la “obediencia debida” -contemplada en el Código Militar- y el “punto final”.
Desde el inicio del juicio hablaban de un proyecto de ley de Punto Final y para noviembre, cuando faltaba muy poco para el dictado del fallo, la prensa dio mayor cobertura al tema. El principal problema era cuándo y de qué forma. Si la fecha era cercana al cierre del juicio, el gobierno radical corría el riesgo de minar los logros obtenidos por este. Tampoco podía ser visto como una ley de amnistía encubierta. Lo único claro –según voceros del gobierno- era que el juicio representaba “el comienzo del cierre de una etapa” (La Nación, 13/12/85).
El fallo, por su parte, había contribuido con esta tarea al desestimar como “objeto de juzgamiento” a los subordinados/ejecutores de las órdenes de los altos oficiales. En ese punto, la Cámara se amparaba en el Código Militar. Según este último, el responsable de un delito no es aquel que lo ejecutó, sino el que dio la orden. De este modo, el fallo había establecido un primer “punto final”. Al año siguiente, Alfonsín les otorgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y con Carlos Menem conseguirán el indulto. De este modo, radicales y peronistas consumaron su política de impunidad.
El Juicio y la política de reconciliación
Con el Juicio a las Juntas –en la actualidad, valorado positivamente por distintos sectores del peronismo, el radicalismo, el kirchnerismo–, el gobierno de Alfonsín se propuso desmovilizar el inmenso movimiento democrático surgido durante la dictadura y avanzar en la reconciliación de las Fuerzas Armadas –brazo armado del Estado burgués– con la sociedad. Y aunque el juicio a dictadores emblemáticos le otorgó a Alfonsín prestigio nacional e internacional, el movimiento democrático continuó exigiendo juicio y castigo a todos los culpables. El Juicio tampoco logró reconciliar a la sociedad con unas fuerzas armadas que siguieron defendiendo la “guerra contra la subversión”. Los sucesivos gobiernos mantuvieron, bajo distintas políticas, ese objetivo. El gobierno de los Kirchner fue el que más avanzó en este propósito, intentando demostrar que a partir de los juicios se había avanzado en la depuración de las FF.AA., mientras nombró como jefe del Ejército a César Milani y mantuvo ocultos los archivos que podrían arrojar pruebas sobre la participación de más de 150.000 militares —además de numerosos empresarios, jueces y fiscales y miembros de la jerarquía eclesiástica— en el genocidio.
-
Murió Oscar Castelnovo, referente del periodismo comprometido con las causas obreras y populares
8 de diciembre de 2025, por Triste noticia — Política, Libertades Democráticas, Medios de comunicación, Cárceles, Américo Alejandro Balbuena, Agencia Walsh, Oscar Castelnovo, Medios Comunitarios, Política, Libertades Democráticas, Medios de comunicación, Cárceles, Américo Alejandro Balbuena, Agencia Walsh, Oscar Castelnovo, Medios Comunitarios
Fue fundador de las gencias Rodolfo Walsh y Para la Libertad. Murió a los 70 años por una falla cardíaca. Durante décadas impulsó medios alternativos para contar lo que las empresas mediáticas callan. Logró la condena al espía Balbuena de la Policía Federal, infiltrado entre 2002 y 2013 en la agencia Wlash. Su última publicación fue sobre los “diputados del pueblo”, en referencia a la asunción de las tres bancas del Frente de Izquierda. ¡Hasta la victoria, siempre, Oscar!
En la noche del sábado apareció un posteo en las redes sociales del periodista Oscar Castelnovo: “Hola, soy Ernesto, el hijo de Oscar. Escribo por acá para comunicarles que en el día de hoy mi papá falleció en su casa por una falla cardíaca. En los próximos días voy a avisar por este medio dónde y cuándo lo vamos a poder despedir. Muchas gracias. HLVS”.
La noticia conmovió a todo el arco de medios alternativos y populares, referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y de la izquierda. No sólo por lo inesperado del fallecimiento (estuvo activo y trabajando hasta el día anterior) sino por el profundo dolor que deja su partida.
Oscar nació en Buenos Aires, tenía 70 años y una vida dedicada a impulsar diversas experiencias de comunicación comunitaria y cooperativa, siempre con la convicción de que hay mucha información de la clase trabajadora y los sectores populares que los grandes medios ocultan o tergiversan, que debe ser difundida con compromiso militante y con la verdad como insumo innegociable.
Trabajó en algunas empresas periodísticas, pero su desarrollo mayor lo hizo en medios alternativos, muchos creados por él mismo en sociedad con otres compañeres, pensados desde las antípodas del lucro. De allí las innumerables relaciones de solidaridad, amistad y compañerismo que cosechó a lo largo de décadas de trabajo continuo en defensa de las causas y luchas obreras y populares.
Este lunes la familia Castelnovo difundió un nuevo mensaje, agradeciendo tanto "cariño, es impresionante, no podemos contestar a todxs pero sepan que leímos cada uno de sus comentarios y posteos con mucho amor". Y agregaron están "juntando plata para poder costear los gastos del sepelio" (ver flyer con datos abajo). Posiblemente la despedida de sus restos sea el próximo miércoles.
Te puede interesar: Oscar Castelnovo: “Balbuena no era un cuentapropista, el Estado lo infiltró entre nosotros”
La Walsh y el “pluma” Balbuena
Durante la crisis argentina de fines del Siglo XX, con las jornadas de diciembre de 2001 como parteaguas, Castelnovo fundó junto a Rodolfo Grinberg y otros compañeros la Agencia Rodolfo Walsh , una experiencia comunicativa que entregaba cotidianamente a miles de casillas de e-mail información que no se encontraba en otros sitios. Una experiencia que “mereció” la atención especial del Estado, que envió al espía de la Policía Federal Américo Balbuena a infiltrarse en ella haciéndose pasar por un periodista con ganas de colaborar.
Con todos los recursos estatales para garantizar el éxito de su misión, Balbuena estuvo infiltrado en La Walsh entre 2002 y 2013, es decir durante tres gobiernos (Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner). En esos años reportó a sus superiores de la PFA datos sensibles de agrupaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, información sobre actividades y hasta de reuniones internas de las organizaciones.
Balbuena fue descubierto de casualidad, no porque la Casa Rosada hubiera decidido dejar de infiltrarse en las organizaciones populares. Con Castelnovo y Grinberg como querellantes, patrocinados por Myriam Bregman, Matías Aufieri y Liliana Mazea del CeProDH, el espía y dos de sus superiores del Cuerpo de Informaciones de la PFA fueron enjuiciados. Recién diez años después de haber sido descubierto y sólo por la perseverancia de la querella, el Poder Judicial dictó sentencia.
Ya sin el abrigo del Estado, en abril de 2023 Balbuena y sus cómplices directos Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares fueron condenados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Las penas fueron irrisorias, de apenas dos años de prisión en suspenso. Pero el precedente que sentó la sentencia es de enorme alcance. Apenas conocido el fallo del juez federal Daniel Rafecas, la doctora Bregma dijo que en el juicio “se demostró que los espías políticos no actúan solos o por cuenta propia, la pelea que dimos demostró que tienen una estructura orgánica y que cumplen órdenes”.
En noviembre de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas. Tras algunos recursos presentados por los acusados, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente el 27 de marzo de este año el máximo tribunal del país dejó firme la sentencia. La lucha de Oscar Castelnovo y sus compañeres no fue en vano. Hoy el caso integra una importante página de la lucha obrera y popular contra el Estado capitalista y sus agentes.
Para la Libertad
A principios de 2014, junto a Rosario Fernández y otres compañeres, Castelnovo fundó otro medio digital, la Agencia Para La Libertad, periodismo de intervención social . En un contexto en el que desde la cima del Poder Ejecutivo se levantaba un discurso supuestamente comprometido con los derechos humanos, la APL se encargaría de denunciar cómo “miles son torturados cada segundo en las cárceles de mala muerte de la Argentina”, una “masacre silenciada” por el “encubrimiento y la impunidad” de los poderosos y sus cómplices políticos.
“Queremos intervenir socialmente para que nuestras ideas sean confrontadas, enriquecidas, impugnadas, completadas y transformadas para la movilización contra el orden capitalista, el sistema penal y su ícono estrella: la cárcel (...) Porque la prisión murada nació con el capitalismo para control, disciplinamiento, devastación o exterminio de los hijos e hijas del pueblo más vulnerable”, sentencia la APL en su declaración de principios.
Durante más de diez años Castelnovo publicó entrevistas a personas privadas de su libertad, denunció las mil y una violaciones a los derechos humanos que comete diariamente “por abajo” en Estado y dio voz a quienes luchan por otro mundo y otra sociedad. A su vez, supo combinar la crónica de la cruda realidad con la ficción literaria. Entre sus libros están Lili, presa política, Cárceles de mala muerte, Curtiendo asfalto y Mujeres apasionadas.
Su última publicación en la Agencia Para la Libertad la realizó el miércoles pasado. Se tituló “Diputados del pueblo”, era un texto breve compañado de una foto de Myriam Bregman con su puño en alto durante la jura en la Cámara baja: “‘Por los 30 mil detenidos desaparecidos, contra el negacionismo: ni un paso atrás; por la lucha antiimperialista: fuera yanquis de Venezuela y de América Latina; por los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales; por el socialismo y contra el genocidio en Palestina: ¡SI, JURO!'. Así juró la compañera Myriam Bregman. Luego lo hicieron Nicolás del Caño y Romina del Pla, en el Congreso Nacional. Asumen el 10 de diciembre para llevar la voz del pueblo a ese antro que reúne a panqueques, veletas y soldados del FMI”.
Se te va extrañar Oscar Castelnovo. Y como te despidió el sábado tu hijo Ernesto: ¡HLVS!
-
"Buscan que la población no vaya a la movilización por miedo, pero Mendoza tiene una fuerte conciencia democrática"
8 de diciembre de 2025, por Represión — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Policía de Mendoza, Represión, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Policía de Mendoza, Represión
El abogado del CeProDH Enrique Jasid, fue entrevistado en MDZ Radio tras la difusión de los videos de la detención de Liza Rule y Martín Iglesia. Allí denunció la brutalidad policial en las detenciones que se ven en los videos y destacó que el Gobierno provincial busca instalar una campaña del miedo para evitar una movilización que igualmente será masiva para rechazar el proyecto San Jorge
Tras la publicación de los videos de las bodycam de los policías que intervinieron en las detenciones de Liza Rule y Martín Iglesia en octubre pasado, el abogado del CeProDH y militante del PTS Enrique Jasid fue entrevistado en el programa Digamos Todo, de MDZ Radio.
Allí, Jasid destacó que "estamos en un contexto donde el martes se espera una movilización muy grande en la Legislatura provincial porque van a tratar el proyecto san Jorge y la mayoría de la población ya ha expresado su rechazo", en relación a la movilización del próximo martes.
"En 2019 creyeron que tenían los acuerdos necesarios para modificar la 7722 y una semana después tuvieron que retroceder porque se dieron cuenta que no había licencia social", expresó en relación al creciente rechazo al proyecto que se ve en las calles de Mendoza, con acciones y movilizaciones en todos los departamentos. "Hay una conciencia social en Mendoza que tiene que ver con el rechazo a estas prácticas que terminan en contaminación", concluyó.
En relación a los videos difundidos, profundizó en las responsabilidades políticas del accionar policial: "además del problema de la represión policial, esta el problema adicional de que si van a hacer aprehensiones, lo tienen que hacer en la vía publica, no se puede utilizar la Legislatura, que es un edificio publico, como un centro de detención ilegal. Las cámaras que están dentro de la Legislatura, todavía no nos las han dado. Hay una responsabilidad política de la vicegobernadora, que es la responsable del edificio de haber autorizado, por acción o por omisión, la utilización de la Legislatura como un centro de detención".
El abogado del CeProDH denunció la campaña de miedo que intenta instalar el Gobierno de Cornejo para evitar una movilización masiva. En los últimos días, la ministra de seguridad Mercedes Rus anunció que quienes se movilicen serían identificados por reconocimiento facial, junto a otras medidas de intimidación como llenar la Legislatura de policías un día que no había ninguna movilización convocada.
"Hay una intención del poder ejecutivo de generar miedo, buscan que la población no vaya a la movilización por miedo, pero se equivocan porque la población de Mendoza tiene una fuerte conciencia democrática de rechazar este tipo de practicas violentas", aseguró.
Para concluir la entrevista, declaró que "el mensaje que le queremos dar a todos los que quieran manifestarse es que vayan tranquilos, que es una manifestación pacifica y los abogados y las organizaciones vamos a estar ahi para evitar cualquier provocación policial. Queremos que se exprese el rechazo social que hay con miles de personas porque no nos van a asustar con su campaña del miedo".
