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Desaparición del sobrino de monseñor Plaza: "Cuando vi a mi tío con Camps, salí corriendo"
6 de mayo, por Lesa humanidad — Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Iglesia Católica, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Bloque A4 - 8 , Política, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Iglesia Católica, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Bloque A4 - 8Los hermanos de Juan Domingo "Bocha" Plaza declararon en el juicio que se lleva a cabo por los crímenes cometidos en las instalaciones de los Cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, ubicados en las calles 1 y 60, y la Comisaría 8va de La Plata. Fuerte relato que da cuenta de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con el plan genocida.
Durante la última audiencia llevada a cabo en el juicio por crímenes de lesa humanidad, conocido como "1 y60"- donde se juzgan a 18 represores que actuaron en dos centros clandestinos de detención de la ciudad de La Plata- declararon los hermanos Plaza, querellantes en la causa, y sobrinos del entonces Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de la Diócesis de La Plata y capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El testimonio de los Plaza es una espina difícil de sacar para la jerarquía de la Iglesia Católica que, en el último tiempo, busca lavar culpas por su accionar y complicidad durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Los Plaza eran cinco hermanos: Santiago, Juan Domingo, Jesús María, Luis María y María del Carmen Plaza. "Todos muy familieros", sostuvo Santiago, el primero en declarar. Por la labor diplomática del padre de los Plaza (hermano del sacerdote) residieron largos años en España, llegando a La Plata en 1962. Tanto Santiago como Juan Domingo, "Bocha", entraron a trabajar al Banco Río.
Bocha era militante peronista. Tuvo a su cargo una unidad básica, "Héroes de Trelew" en el barrio El Churrasco, donde organizaba partidos de fútbol con los pibes del barrio y llevaba consultorios médicos y legales gratuitos para el barrio. "Bocha era una persona de un corazón enorme. Dado al prójimo como ningún otro", recordó su hermano Luis María. Por diferencias con la organización se alejó y formó parte de la llamada Alianza de la Juventud Peronista. Sus otros hermanos también militaron, pero circunscripto a lo sindical.
El vínculo de los hermanos con el arzobispo se limitaba a visitas esporádicas del "cura" (así lo llamaban) a la familia. "Mi padre era el moderador entre la familia y él. Cuando venía a casa nos obligaba a que le besáramos el anillo y ahí puteábamos nosotros. Había diferencias de corte ideológico con él", afirmó Santiago. Un vínculo tenso que terminó de cortarse con la muerte del padre de los hermanos Plaza y el secuestro de Bocha.
Los Plaza ya venían siendo hostigados y perseguidos desde antes del golpe de Estado. Santiago recordó el atentado que sufrió la casa familiar entre los años 1974 y 1975. En abril de 1976, el mayor de los hermanos partió a México a encontrarse con Jesús María, que ya residía en aquel país. "Vos andate y raja, yo me encargo acá", fue la última vez que Santiago y Bocha se vieron.
El 16 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, Bocha pasó por la casa familiar y se despidió de sus hermanos Luis y María del Carmen. Ella recordó: "Bocha no demostraba sus emociones. Esa mañana me llevó un mate a la cama. Me dijo que venía de la Curia de ver al cura (así le decíamos) para solucionar unos papeles de un auto que era de mi papá, fallecido un año antes. Me pareció verosímil. Después me dijo que se iba a ver al papá de un amigo al bar de 7 y 34".
Por su parte, Luis María afirmó: “Bocha pasó por casa y me dijo que le avise a mamá que iba a llegar un poco tarde”. A las horas, recibió el llamdo de Eduardo Landaburu, esposo de una prima, quien presenció el secuestro de Bocha. "Nunca más supimos nada".
Juan Domingo Plaza fue secuestrado en el bar y pizzería "Don Vicente", en la esquina de 7 y 34, por un grupo armado de hombres sin uniforme que lo subieron a la fuerza a un auto Fiat junto Mardoño Rafael Díaz Martínez, de 57 años, que fue liberado 15 días después. Bocha nunca más apareció.
Landaburu, años después declararía: "Entré a hablar por teléfono al bar. Estaba la policía, lo vi a Bocha y también a un señor mayor que después supe era Mardoño Díaz Martínez, de Catamarca. Los tenían a ambos contra la pared con las manos detrás del cuerpo. Traté de buscar la mirada de Bocha para ofrecerle ayuda. Pero él bajó la vista como si no me conociera. Salí del bar atontado, caminé unos pasos y recién ahí me di cuenta de que ese muchacho me había salvado la vida".
El devenir familiar en la búsqueda de algún dato sobre el paradero de Bocha estuvo colmado de habeas corpus presentados en secreto por parte de la madre; conversaciones con testigos como Hugo Maldonado, quien aseguró haberlo visto en 1 y 60 encapuchado y golpeado. Luis María quedó con su mamá y la búsqueda de Bocha en La Plata, y sus hermanos en el exilio.
" - ¿Sabés algo de Bocha?
- Yo no sé nada y tu cuídate porque te puede pasar lo mismo"
Así recordó Luis el corto diálogo que tuvo con su tío en las oficinas de la Curia. No lo vio nunca más. Por su parte, María del Carmen, también declaró haber ido a ver al monseñor: "Yo fui en el 78, antes de irme a Mexico, a pedir ayuda. Subí directamente. Llegué al hall, antes del escritorio y del dormitorio, Estaba con el general Camps. Me dijo ´veni que te presento´. Saludé y sali corriendo. Uno ya sabía lo que simbolizaba eso. No volví más".
Para los Plaza no hay dudas que el "cura" sabía algo. Antonio Plaza fue una figura clave en el entramado que sostuvo a la dictadura y en particular a la represión en la provincia de Buenos Aires, bajo la mano de Ramón Camps. Fue uno de los quince sacerdotes mencionados como represores por la Conadep.
La cúpula de la Iglesia Católica legitimó el accionar del terrorismo de Estado de mediados de los años 70 y principios de los 80, cooperando activamente con su plan de exterminio: aportó curas y obispos a los centros clandestinos de detención para las “confesiones” de detenidos y detenidas, entregó fieles a los genocidas luego de que éstos iban a las parroquias a buscar consuelo o ayuda, ayudó a engañar a madres y padres desesperados que buscaba gestiones infructuosas para saber algo de sus seres queridos, bendijo las armas represoras y hasta le dio sustento “teológico” a los vuelos de la muerte, entre otras divinidades.
Frente a quienes levantan las banderas del negacionismo y afirman que la cifra de los 30.000 es un invento, el pedido de los sobrinos del cura resulta más que contundente: "Que se haga justicia, no solo por mi hermano, por los 30 mil que faltan", gritaron los sobrinos del cura
Monseñor Plaza- Bocha Plaza. Revista Noticias
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A pedido de Bullrich: anulan el juicio que condenó al policía asesino Luis Chocobar
6 de mayo, por Reaccionario — Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Ministerio de Seguridad, Carla Lacorte, Policía del gatillo facil, Policía Bonaerense, Patricia Bullrich, Luis Chocobar, Doctrina Chocobar, Bloque x A8 , Política, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Ministerio de Seguridad, Carla Lacorte, Policía del gatillo facil, Policía Bonaerense, Patricia Bullrich, Luis Chocobar, Doctrina Chocobar, Bloque x A8Moviéndose al compás de los vientos políticos, la Cámara Nacional de Casación revocó el fallo que en 2021 condenó al policía bonaerense que mató por la espalda a Pablo Kukoc. Chocobar deberá ser juzgado nuevamente. Sonríen la ministra de Seguridad y su ladero Fernando Soto, funcionario y a la vez abogado del criminal. ¿Quién era Kukoc, el joven de 18 años que encontró la muerte cuando escapaba desarmado por las calles de La Boca?
Este lunes Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, festejó por la red X lo que considera una excelente noticia. Minutos antes el abogado había recibido el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según el cual queda anulado el juicio realizado en 2021 contra uno de sus más renombrados clientes.
El defendido en cuestión es Luis Chocobar, el efectivo de la Policía Bonaerense que la mañana del 8 de diciembre de 2017 asesinó por la espalda a Pablo Kukoc en el barrio porteño de La Boca. Luego de que el joven de 18 años, en compañía de un menor de edad, asaltaran violentamente a un turista extranjero, Chocobar (que no estaba uniformado ni cumpliendo funciones) lo corrió varias cuadras hasta que lo remató de un tiro por la espalda. Kukoc corría desarmado y murió minutos después.
Tras el crimen y la apertura de una causa penal contra él, Chocobar fue recibido con honores en la Casa Rosada. El entonces presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich no sólo destacaron su “heroísmo” sino que llegaron a fundar una doctrina con su apellido. Doctrina policial basada en disparar y después preguntar qué onda. Una institucionalización del gatillo fácil, que nunca dejó de crecer y que puede pegar un nuevo salto si es que prosperan algunos proyectos de ley que Bullrich acaba de mandar al Congreso.
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La fuerte presión política y mediática de intensos sectores manoduristas, combinada con la escasez de recursos económicos de la familia Kukoc, derivó en un juicio relativamente beneficioso para Chocobar. Tan es así que, el 28 de mayo de 2021, el Tribunal Oral de Menores 2 de la Ciudad de Buenos Aires terminó condenándolo sólo a dos años de prisión “en suspenso” por el “homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber”.
Pese al lobby encabezado por Bullrich y su ladero Soto, los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete no pudieron evitar condenar a Chocobar, aunque con una pena casi simbólica. En los fundamentos de su sentencia, el TOM 2 afirmó que fue “innecesario y desproporcionado” el disparo final que provocó la muerte de Kukoc, quien en su escape no resultaba “peligroso para nadie”. Chocobar había incumplido “la normativa nacional e internacional” sobre el uso de armas, lo que resultó más grave al ser policía.
Tres años después, con Bullrich nuevamente sentada en el sillón ministerial de un gobierno que levanta todos los clichés criminalizadores de la pobreza al tiempo que aplica un plan de ajuste que hace que esa pobreza siga creciendo, nuevos vientos soplan desde el Poder Judicial, brindándole un poco de aire fresco a las pestilentes fosas nasales oficialistas.
En su fallo de este lunes, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin, decidieron revocar aquella condena de 2021.
Justicia a la medida de Bullrich y Milei: Para sostener la Doctrina Chocobar Casación acaba de anular la ya insuficiente condena contra el policía de gatillo facil pic.twitter.com/p5wHZU7THu
— Carla Lacorte (@Lacorte_Carla) May 6, 2024
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Este mismo mediodía el doctor Soto habló por el canal oficialista LN+. Con el fallo aún ante sus ojos, el abogado funcionario dijo que lo sorprendió la resolución de Casación. “No estaba dentro de las posibilidades que barajábamos”, le dijo a María Laura Santillán. Basó su sorpresa en que, supuestamente, el tribunal en cuestión suele ser “muy duro” con los policías que cometen crímenes contra civiles.
Soto resaltó que el fallo cuestiona que “un montón de pruebas” que la defensa de Chocobar había pedido que se presentaran en el juicio no fueron tenidas en cuenta. Y también destacó que, para los jueces de la Sala II, la sentencia de aquel juicio “es arbitraria”. En ese marco, vale decir que la Cámara también decidió apartar al Tribunal Oral de Menores del caso, con lo que el nuevo juicio deberá realizarlo otro tribunal.
La defensa acérrima del Gobierno a policías asesinos como Chocobar es tan bochornosa que, en la misma conversación entre Soto y los periodistas de LN+, al abogado se lo cuestionó no sólo por ese compromiso político e institucional con un asesino del gatillo fácil sino por la misma incompatibilidad del calvo funcionario al estar, de alguna manera, de los dos lados del mostrador.
Soto respondió a parte de esos cuestionamientos con una definición que lo pinta de cuerpo entero: “Se ensañaron con Chocobar porque con los policías hay una discriminación”. Y agregó que “eso de ‘gatillo fácil' es una frase de prejuicio y desprestigio para los policías en general (...) no, nos están salvando la vida”. Lejos de fundamentar su afirmación en datos estadísticos (que justamente dicen todo lo contrario, ya que reina la impunidad en la mayoría de los casos de gatillo fácil), el defensor de criminales uniformados basa sus diatribas en su pertenencia a la familia represora.
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Alcanza con recordar que, además de Chocobar, entre los clientes de Soto también se puede mencionar a Gonzalo Cané y Francisco Pintos. El primero integró el gabinete de Bullrich entre 2015 y 2019 y tuvo destacada participación en el encubrimiento de los efectivos de Gendarmería que, en el marco de una brutal represión a la comunidad mapuche en Chubut, provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El segundo es uno de los “albatros” de Prefectura que, en el marco de una brutal represión a la comunidad mapuche de Río Negro, provocaron la muerte de Rafael Nahuel, hecho por el que fue condenado junto a sus camaradas de armas.
Es de esperar que la querella de la familia de Kukoc apele la sentencia de Casación, con lo que el caso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia. Como la condena que pesaba sobre Chocobar era “en suspenso” y sólo de dos años, el asesino recibió esta “buena noticia” en libertad. Probablemente Bullrich y Soto estén preparando una nueva visita del criminal de la Policía Bonaerense a la Casa Rosada y, quién te dice, algún ascenso o nombramiento honorífico en el Ministerio.
A quien seguramente Bullrich, Soto y su troupe de apologistas del crimen a manos del Estado no quieran escuchar es a Ivonne Kukoc, la madre del joven asesinado. En febrero de 2018 La Izquierda Diario fue a su humilde casa del barrio de La Boca. Allí la mujer no sólo relató cómo fue que se enteró de la muerte de Pablo. También desmintió los argumentos oficiales que buscaban salvar al policía. Y dio una breve biografía de su hijo, uno de los miles y miles de jóvenes “ni-ni” que desde hace décadas pueblan el AMBA.
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La única obra pública que reactiva el Gobierno es la construcción de más cárceles
3 de mayo, por Ni escuelas ni hospitales — Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Myriam Bregman, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cárceles, Columnistas Vertical , Jorge Macri, Patricia Bullrich, Presos, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Criminalización de la pobreza, Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Myriam Bregman, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cárceles, Columnistas Vertical , Jorge Macri, Patricia Bullrich, Presos, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Criminalización de la pobrezaPatricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri hicieron anuncios conjuntos en política penitenciaria. Dicen que buscan resolver la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sus políticas de ajuste y represión preanuncian que la cantidad de presos por habitante no dejará de subir.
Este viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló ante la prensa junto al jefe de Gobierno porteño y demás funcionarios macristas del área de seguridad. Lo hizo en el barrio de Villa Soldati, frente al Parque Indoamericano, en el marco de la presentación de “módulos” (contenedores acondicionados por la empresa Ecosan) que harán las veces de celdas para detenidos que hoy saturan comisarías y alcaidías de la Ciudad.
Junto a Bullrich y Jorge Macri estuvieron Waldo Wolff, ministro de Seguridad de CABA, Diego Kravetz, secretario de Seguridad y jefe de la Policía porteña y Gabino Tapia, ministro de Justicia del mismo distrito. Según se supo, los tres armaron un “plan” carcelario para supuestamente descomprimir las dependencias policiales locales. Un plan en el que el Gobierno de Javier Milei se involucra directamente para su concreción.
Plata hay
El esquema diseñado por el Ejecutivo porteño busca “resolver” la sobrepoblación carcelaria (que se da también en todas las provincias y en los penales federales) a través de varias vías. Además de la creación de nuevas alcaidías (ya se está trabajando en una ubicada en la zona sur de la ciudad) y de los “módulos de detención” (containers pegados unos a otros) insertados en patios y predios de dependencias policiales, habrá más tobilleras electrónicas para casos de presos por delitos menores y, a la vez, se intentará que el Poder Judicial expulse del país a condenados extranjeros.
El plan incluye también el traslado del penal federal ubicado en el barrio de Villa Devoto a Marcos Paz. Para ello, deberá retomarse la construcción del Complejo Penitenciario II de esa localidad bonaerense. Según el convenio firmado entre Nación y CABA, para fines de 2025 los 1.900 internos de Devoto deberían estar en esa otra cárcel.
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El dato “curioso” es que la financiación de la terminación del complejo de Marcos Paz estará a cargo del Gobierno porteño, pese a que pertenece al Servicio Penitenciario Federal, desde el 10 de diciembre último bajo la órbita del ministerio conducido por Bullrich.
Lo curioso deja de serlo cuando se entiende que todo se trata de un toma y daca muy beneficioso para Jorge Macri. Se estima que el gasto que demandará la habilitación del complejo marcospacense (resta un 30 % de las obras) será muchísimo menor de lo que recibirá como contraprestación la administración PRO.
Según publicó el periodista Robertino Sánchez Flecha en Infobae, el gobierno porteño planea habilitar en los terrenos de Villa Devoto “inversiones para darle otra fachada y explotar económicamente el lugar”, aunque aún el macrismo “no reveló detalles de qué destino le darán finalmente”. Lo seguro es que se tratará de un meganegocio inmobiliario.
Huelga decir que, pese a las “internas” del PRO, sobre todo entre Bullrich y Mauricio Macri, desde la Casa Rosada mantienen una más que estrecha relación con la administración porteña. Esta “colaboración” en materia penitenciaria no es más que la confirmación de la afinidad ideológica y política entre ambas gestiones. Más cárceles, menos escuelas y menos hospitales.
El “canje” de los terrenos de Villa Devoto por la finalización de las obras en Marcos Paz significa una nada disimulada tercerización de obras públicas nacionales que, desde diciembre, Javier Milei y su séquito decidieron frenar en seco. Una decisión que, además de suspender por tiempo indeterminado la construcción de rutas, puentes y otras obras de infraestructura, ya produjo miles de despidos en el gremio de la construcción (con la complicidad de la Uocra conducida por Gerardo “Batallón 601” Martínez).
Pero lejos de firmar convenios para la construcción de escuelas, hospitales, clubes y demás obras con fines sociales progresivos, La Libertad Avanza sólo parece entusiasmarse con la construcción de más cárceles y reductos de detención para alojar a cada vez mayores porciones de la población. De allí que los anuncios de este viernes sean coherentes con otras iniciativas de Bullrich. Ella misma aprovechó la oportunidad para avisar que en el Congreso ya presentó cuatro proyectos que le permitirían avanzar con sus planes.
En efecto, la semana pasada dos funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional (de los que hablaremos en una próxima nota) se apersonaron ante las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados para defender los proyectos referidos al “Orden Público” (de lo que se habla en esta otra nota), a medidas “antimafias”, a ampliar penas para la “reiterancia” y a crear un nuevo registro nacional de datos genéticos. Todas iniciativas que, de convertirse en leyes, redundarán en una mayor criminalización social y, por consiguiente, en una mayor sobrepoblación carcelaria.
En esa reunión de comisiones, desde la bancada del Frente de Izquierda desenmascararon con precisión los objetivos represivos disfrazados por la ministra y sus secuaces de “lucha contra el crimen organizado”. En palabras de Myriam Bregman, diputada del PTS-FITU, esos proyectos muestran a un gobierno deseoso de “vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación”, convirtiendo a la protesta social en “crimen organizado” y dando más vía libre al gatillo fácil policial.
Pero además esas iniciativas represivas se combinan, nada paradójicamente, con la inclusión en el paquete fiscal (recientemente votado en Diputados) del “blanqueo de capitales” que permite meter en el mercado legal fondos provenientes del narco y otros negocios clandestinos. “Van a seguir persiguiendo el narcomenudeo, la venta del chiquitaje, cuando el gran dinero narco se está haciendo una fiesta y esperando la Argentina con cuchillo y tenedor porque va a ser un paraíso para el lavado”, sentenció Bregman ante los funcionarios de Bullrich.
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Deshumanizándonos
En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 2.000 presos en comisarías y alcaidías. El doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. O lo que es lo mismo, una sobrepoblación del 100 %. Según un reciente informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de ese total de personas sólo el 14 % tienen una condena concreta, el 58% está bajo prisión preventiva y el 28 % restante espera una decisión judicial sobre su situación.
En la provincia de Buenos Aires la cosa luce aún peor. Los largos años de gobernaciones peronistas no tienen nada que envidiarle a sus pares del macrismo porteño. Según el relevamiento de datos abiertos de la Comisión Provincial por la Memoria (actualizado a marzo), en varias cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la sobrepoblación oscila entre el 200 y el 300 %. Es decir que donde debería haber un interno pueden estar alojados hasta cuatro. Inhumano por donde se lo mire.
El mismo registro de la CPM afirma que, de las casi 58 mil personas detenidas bajo custodia del SPB, más de 29 mil lo están con prisión preventiva. Menos de la mitad están efectivamente condenadas. Porcentaje más, porcentaje menos, esa realidad se repite en casi todas las cárceles del país, estén bajo administración provincial o federal.
Más de la mitad de las personas detenidas hoy en Argentina son inocentes, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Aún sabiendo que parte de esos detenidos podrán ser declarados culpables, no es menos cierto que en Argentina prolifera una industria de “causas armadas” contra “perejiles” (que tras años presos terminan absueltos en juicios sin pruebas) y que, a la vez, hay un abuso paroxístico de las prisiones preventivas de personas pobres por parte de jueces y fiscales.
En este marco, que la única política “seria” del Estado sea la construcción de más y más cárceles (algo que comparten todos los partidos políticos tradicionales cuando les toca gobernar), lejos de resolver los problemas realmente existentes sólo derivarán en mayores niveles de encarcelamiento de la población.
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Ante esto, vale recordar un dato clave. Según la ONU, a finales de 2021 en todo el mundo se registraban 142 personas detenidas por cada 100.000 habitantes. Esa relación, conocida como tasa de encarcelamiento, en Argentina supera ampliamente el promedio. Para ese mismo año, en el país había 221 detenidos por cada 100.000 habitantes (306 en la provincia de Buenos Aires). Dada la tendencia histórica, en estos tres años esa tasa de encarcelamiento no paró de crecer.
Es obvio que las políticas de La Libertad Avanza no van en sentido contrario al crecimiento de esa tasa de encarcelamiento. Tampoco las implementadas por las gobernaciones peronistas. Políticas que combinan ajuste sobre la población trabajadora (en beneficio de minorías empresarias parasitarias), degradación de las condiciones generales de vida de las mayorías, criminalización de la pobreza y represión abierta a la protesta social.
Como “frutilla” de ese cóctel reaccionario se despliegan hoy las iniciativas oficiales en materia de “seguridad”, encabezadas por Bullrich pero sostenidas como razón de Estado gobierne quien gobierne. Por eso, además de luchar por derrotar la Ley Bases y el DNU 70/2023, si de enfrentar al plan de guerra de Milei se trata, también habrá que combatir las políticas de “seguridad” de la ultraderecha.
Foto TV Pública
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Causa Facundo Astudillo Castro: luchar contra gigantes
30 de abril, por Cuatro años de su desaparición — Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Violencia policial, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Desaparición forzada, Facundo Astudillo Castro, Política, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Violencia policial, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Desaparición forzada, Facundo Astudillo CastroA cuatro años de la desaparición del joven durante la pandemia, los policías sospechados de su muerte siguen sin ser imputados. La labor de la Fiscalía. El dolor de su madre.
A Facundo Astudillo Castro se lo vio con vida por última vez el mediodía del 30 de abril de 2020. Su último contacto registrado fue con miembros de la Policía Bonaerense, en ese entonces al mando de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, quien se comprometió personalmente con la impunidad de sus subordinados. La causa sigue impune. Los pormenores del caso están reflejados en una sección especial de este diario. Aquí compartimos una crónica actualizada a cargo de Adriana Meyer, publicada originalmente en la revista Acción .
—-------------------------------El cuarto aniversario de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro encuentra a los policías bonaerenses sospechados aún sin haber sido imputados, pero con intenso movimiento en la investigación judicial a partir del análisis de los cruces de sus celulares y la respectiva geolocalización.
El trabajo encomendado por la fiscalía federal de Iara Silvestre, Alberto Gentili y Horacio Azzolín a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) con los datos aportados por las querellas de la familia de Facundo e institucional de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que entregó casi 80 números de una treintena de policías– arrojó el registro de 213.420 geolocalizaciones. “Con la información remitida se ha podido geolocalizar los impactos de 53 abonados de interés”, dice el informe al que accedió Acción.
Esto es porque los investigadores judiciales coinciden con la hipótesis de las querellas en cuanto a la responsabilidad de los cuatro uniformados que detuvieron a Castro el 30 de abril de 2020, en pleno ASPO por la pandemia de covid-19, cuando se dirigía a dedo hacia Bahía Blanca, y de otras decenas que habrían encubierto su asesinato haciendo desaparecer el cuerpo.
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Los restos del joven nacido y criado en la localidad de Pedro Luro aparecieron esqueletizados e incompletos el 15 de agosto de ese año en el cangrejal de Villarino Viejo. Está probado en la causa que el 8 de mayo, apenas una semana después de su desaparición, un móvil policial de Bahía Blanca salió de su radio asignado y estuvo en el cangrejal. “Se requirieron a la Fiscalía instrumentos especiales para analizar el enorme volumen de los datos obtenidos, con el objetivo de avanzar con imputaciones en la causa”, dice a Acción la abogada Margarita Jarque, de la CPM.
Entre las novedades de estas horas está también el testimonio de un empleado del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), aportado por las querellas para dar cuenta del contexto en que fue elaborado un informe de mareas, que los investigadores descartaron por “trucho”. Aquel documento fue presentado en la causa para abonar la teoría de que Facundo perdió la vida de manera accidental, y así aliviar la situación de los policías Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González, entre otros y otras.
Esa era la única hipótesis que activó la jueza federal María Gabriela Marrón, apartada de la causa por la Cámara de Casación en diciembre de 2021 por su “falta de imparcialidad” y por la “negación y dilación de pruebas esenciales a la investigación”.
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La familia –representada por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto– y la CPM denunciaron a la magistrada por estas mismas causales graves ante el Consejo de la Magistratura y la semana pasada se activó la acusación en la Comisión de Disciplina, por cinco votos contra tres, por lo cual debe preparar su descargo porque la audiencia sería en breve.
Por otra parte, fue suspendido el concurso en el cual Marrón se postulaba para ascender a camarista de La Plata. “Pudimos levantar esa denuncia que habían cajoneado, y también logramos frenar su ascenso, que era como un premio al mal desempeño, la estaban por ascender a camarista a esta jueza que hizo todo mal, para que siga embarrando causas, sigan desapareciendo pibes y ella no siga investigando”, expresa a Acción Cristina Castro, madre de Facundo. “Al principio les salió bien, podían actuar bajito a espaldas de todos, pero se les cayó la careta, gracias a la CPM, a Adolfo Pérez Esquivel, a quienes están pendientes y apoyan la causa de Facu”, agrega.
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La mamá de “Kufa” –como le decían a este joven de 22 años que tocaba en la Batucada del pueblo, asistía al Semillero Cultural y era parte del programa Jóvenes y Memoria– volvió a trabajar a los galpones de empaque en estos meses de temporada de cebolla porque la plata no les alcanza. “Es a lo que nos ha obligado Milei, encima no es solo que te pagan mierda, están todos detonados y locos, el país se fue al carajo”, comenta, y se le nota la bronca.
Sobre la investigación por la desaparición forzada de su hijo, tal como está caratulado el expediente, Cristina detalla: “Estamos tratando de tener un mejor panorama del cruce de llamadas que se hizo, de ciertos personajes que son los responsables de la desaparición y muerte de Facu. También estamos llevando nuevos testigos, siempre aparecen. Para decir una mentira hay que tener muchos cómplices, y algunos se están bajando”.
“Por todos los pibes”
Cristina Castro trabaja en la estación de servicio Shell de Pedro Luro. Hace un alto en su turno para reflexionar sobre estos cuatro años. “La ausencia de Facu la vivimos todos los días, nos hace falta. Sabemos que está en un cementerio, a veces nos planteamos si seguir peleando, los ánimos se bajan. Por Facu quiero justicia para que descanse en paz, pero ahora es por todos los pibes, para que todos abran los ojos y saquemos a estos asesinos de las calles, están expuestos los hijos de todos”, dice. “Llega abril y me cuesta hasta pensar. Este 30 tengo el corazón en pedacitos, en estos días abrazo a los míos y poder llorar a mi hijo en paz; para tratar de hacer un duelo, pero no puedo salir adelante si mi vida quedó en pausa”.
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Ella reconoce que sabían que sería un camino largo, pero cree que este año habrá alguna respuesta. “¿Por qué mataron a Facu? ¿Por qué lo desaparecieron? Este aniversario nos encuentra peleando contra los gigantes, se ha puesto todo más difícil, pero vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos nunca”.
Cristina admite: “Antes no podían entender de dónde sacaban las fuerzas las Madres de Plaza de Mayo, y hoy me pasa a mí y ahora las entiendo. Hoy te matan un pibe por nada y algunos en las redes siguen defendiendo esas acciones».
Cuando habla de sus nietas le cambia el tono de voz. La mayor de 10 vivió muchas cosas con su tío Facu, pregunta todo el tiempo. La más chica se parece a Facu en el carácter. «Cuando la llevamos al jardín nos cruzamos con los amigos y familiares de estos asesinos, tratamos de hacerlo con entereza, a nosotros nos arrebataron lo más preciado. Vamos con la frente en alto, son ellos los que tienen que dar respuesta», afirma.
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Luro
El pueblo de Kufa cambió, y muchos de sus amigos se tuvieron que ir a vivir a otro lugar. “Uno se fue del país, hubo persecución y sigue sucediendo. El Semillero Cultural no se volvió a formar, uno de los chicos trabajaba en el Anses y lo despidieron. Ellos por ser de La Cámpora fueron más atacados”, relata Cristina.
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Ella y uno de sus abogados, Peretto, integran la comisión directiva del club Villa Obrera. “La estamos guerreando porque nos clausuraron la cantina por decreto del intendente (de Villarino, Carlos Bevilacqua), nos hacen pagar multas, era un club en quiebra que ahora tiene muchas actividades. Pensé irme para que no los sigan atacando, pero la comisión dijo que no. Parece que a nivel municipal me quieren ver encerrada en mi casa o que no viva más”, explica.
Para ella, “los Gobiernos pasan, los muertos quedan, y cada vez nos hacen más pelota al pueblo argentino, pagamos todos por un voto castigo. Encima nos quieren sacar la educación pública, nos están acorralando para que seamos esclavos. Hay que ponerse de pie como en la marcha universitaria. Yo no terminé el secundario, pero quiero que mis nietas sigan estudiando”.
Foto Enfoque Rojo
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Juicio La Escuelita VIII. Testigos de la querella y fiscalía declararon en una nueva audiencia
29 de abril, por Neuquén — Sociedad, Neuquén, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Causa "La Escuelita", Sociedad, Neuquén, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Causa "La Escuelita"Oscar Ragni, Onofre Mellado y Silvia Tronelli hicieron hoy sus declaraciones, fue en el marco de la última audiencia con testigos por parte de las querellas y la fiscalía, en el juicio La Escuelita VIII, que se lleva adelante en AMUC.
Oscar Ragni, Onofre Mellado y Silvia Tronelli hicieron hoy sus declaraciones, fue en el marco de la última audiencia con testigos por parte de las querellas y la fiscalía, en el juicio La Escuelita VIII, que se lleva adelante en AMUC. A partir del 17 de mayo declararán los testigos convocados por las defensas de los imputados, juez y fiscal que ejercieron durante la última dictadura cívico militar.
Es el octavo tramo del Juicio “La Escuelita”, en este tramo son juzgados Pedro Laurentino Duarte, y Marcelo Ortiz, quienes se desempeñaron como Juez federal y Fiscal federal durante la dictadura. Están acusados por 22 casos de compañeras y compañeros.
En cada una de las declaraciones hechas hasta el momento, familiares y ex detenidos han dado muestra del rol clave que jugó el Poder Judicial durante la dictadura. En cada instancia se reconstruye, desde los recuerdos que perduran, la vida y el secuestro de las y los jóvenes secuestrados en la región y la implacable lucha que sostuvieron sus familiares durante todos éstos años. Incluso están quienes perdieron la vida antes de poder declarar.
Mariana Derni, parte de la querella del CeProDH dijo "Hoy nos dio su testimonio Oscar Ragni, papá de Oscarcito Ragni, secuestrado y desaparecido desde diciembre del 76, acompañado por Inés Rigo, su esposa y Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén.
Su testimonio, fundamental como toda su lucha, es parte de la pelea contra el negacionismo y la impunidad, contra el intento aún vigente de responsabilizar a los sobrevivientes y a sus familias. Llegando las defensas oficiales a punsar sobre esto, como si no hubiese ocurrido un genocidio siguen preguntando "porqué no declaró al momento de los hecho", cinismo e impunidad.Oscar relató hechos relacionados a la actuación del poder judicial en aquella época en Neuquén, él fue en varias oportunidades al Juzgado Federal, junto con Noemí Labrune y otras compañeras y compañeros, jamás se les dio una respuesta más que la negación. En una oportunidad asistio al Juzgado con el obispo Italo Barbero y la funcionaria provincial ante el TSJ María del Carmen Barrera de Ingelmo, el ex juez Duarte los dejo esperando afuera sin atenderlos y a la funcionaria le respondió puertas adentro "no te metas". La justicia sabía, era parte del plan y del andamiaje represivo. La respuesta era asegurar la impunidad, ningunear a las familias y rechazar los Habeas Corpus.
Queda claro que la batalla por rescatar la historia de nuestra clase para el futuro cobra vitalidad y se torna importantísima para fortalecer las peleas de hoy. Oscar e Inés son parte de ello”.
Rosendo Onofre Mellado, fue secuestrado junto a su hijo de 7 años, cuando iba a buscarlo al colegio. Fue llevado a la comisaría de Plottier y luego a la Policía Federal, dónde es torturado brutalmente. Fue liberado seis meses después de padecer todo tipo de torturas. Al momento de su secuestro trabajaba en el juzgado de paz y militaba en el PC.
Escuchamos también el testimonio de Silvia Tronelli, hermana de Mirta Tronelli, quien era estudiante en aquel momento de Trabajo Social. Mirta era oriunda de Barda del Medio. Es una de las seis jóvenes de la región que aún se encuentran desaparecidas.
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Natalia Hormazabal afirmó "Hoy terminamos la etapa de testimoniales de las partes acusadoras. Pudimos escuchar finalmente y no sin un enorme esfuerzo a Oscar Ragni, querellante por la desaparición de su hijo Oscarcito y a cuya querella representamos junto a Mariana Derni, en este debate oral. Su testimonio aporta elementos centrales de la acusación contra los funcionarios judiciales.
Estamos conforme porque tanto Fiscalía como querellas pudimos probar la responsabilidad de Pedro Duarte y Victor Ortiz, quienes actuaron en el plan genocida desplegado en la región durante la última dictadura, como juez y fiscal federal.
Es claro que ellos tenían conocimiento de lo que ocurrió, lo sabían de primera mano por ser funcionarios consustanciados con el terrorismo de Estado. Fueron designados en sus roles justamente para ser funcionales al terror, desaparición, torturas y muertes y permitir con su accionar, rechazando habeas corpus y denuncias, no investigadas o dando apariencia formal de proceso; que se siguieran cometiendo cada uno de esos delitos. “
Es importante señalar el enorme esfuerzo que hacen los testigos para declarar a casi 50 años de los hechos. Lo tardío de esta instancia hace que sea aún más que necesario sostener una importante participación para conseguir las condenas correspondientes.
De las 390 personas que fueron desaparecidas en la región, hoy aún 54 continúan desaparecidas. Escuchar cada recuerdo sobre sus vidas es invaluable, es parte de recuperar la historia de una generación que habitó esta región y quería una sociedad diferente. La historia de jóvenes que se los conocemos un poco más en estas instancias, para ayudar a mantener viva la memoria.