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Ley de Autoaminstía, entre tensiones internas y el rechazo popular
25 de agosto, por A 40 años — Cultura, Historia, Libertades Democráticas, Genocidio, Raúl Alfonsín, Historia argentina, Reynaldo Antonio Benito Bignone, Historia, Cultura, Historia, Libertades Democráticas, Genocidio, Raúl Alfonsín, Historia argentina, Reynaldo Antonio Benito Bignone, HistoriaEl 19 de agosto de 1983 tenía lugar una de las marchas más importantes contra la llamada ley de autoamnistía. El 23 de septiembre el general Reynaldo Bignone, último presidente de facto, promulgó la ley 22.294, denominada por los militares como "Ley de Pacificación Nacional". Las internas dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué esta ley se promulga un mes antes del llamado a elecciones?
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron el último golpe militar. Nuevamente, como lo hicieron a lo largo del siglo XX, destituyen a un gobierno constitucional y se apoderan del Estado. El objetivo fue aniquilar la insurgencia obrera, meta que no pudo lograr el gobierno de Juan Perón e Isabelita, a pesar que armaron bandas paramilitares como la Triple A y le dieron plenos poderes a las Fuerzas Armadas para la represión interna, como fue el Plan Independencia. Incluso, previo al golpe del 76 comenzaron a funcionar centros clandestinos de detención en fábricas como Acindar.
El golpe cívico-militar-eclesiástico tuvo el impulso y respaldo del imperialismo yanqui, los grandes grupos económicos locales y dirigentes de los partidos del régimen. El mismo día del golpe comenzaron con las detenciones ilegales. Ponían en pie los más de 600 centros clandestinos de detención. Madres y familiares de los desaparecidos comenzaron a reclamar en la Plaza de Mayo. La denuncia escaló a nivel internacional. La irrupción de esta corriente de derechos humanos condicionó los planes de las Fuerzas Armadas y sus diferentes fracciones internas comienzan a pensar si cerrar o cómo la etapa de la “lucha antisubversiva”. En septiembre de 1977, el dictador Gral. Rafael Videla, viajó a Estados Unidos para reunirse con James Carter. Allí sostuvo que la “guerra antisubversiva” en Argentina había terminado. En tanto buscaban otros temas de legitimación, como había sido la lucha contra el "enemigo interno".
Es por esto que desde 1977, cuando la gran parte de la vanguardia obrera estudiantil había sido "aniquilada" -al decir de los propios militares-, planifican aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La propuesta surgió por parte del entonces presidente de los Estados Unidos, James Carter -país que impulsó los golpes en todo el continente-, que evaluaba los inconvenientes de continuar haciendo oídos sordos a las graves denuncias de los familiares de desaparecidos y miembros de organismos de derechos humanos que eran realizadas ante organismos internacionales. Invitación que se concreta el 6 de septiembre de 1979. El gobierno de facto buscó que la presencia de la CIDH pudiera desmentir a la prensa europea que sostenía que en Argentina funcionaban centros de detención clandestinos.
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Ley de Amnistía
La llamada "Ley de Pacificación Nacional", sancionada en septiembre de 1983 por el impulso del cuarto y último presidente de facto Reynaldo Bignone, estableció la amnistía para los crímenes cometidos por las fuerzas represivas. Incluyó, además, la amnistía para los militantes de las organizaciones armadas, cuyas acciones, siempre según los militares, habían llevado a la guerra antisubversiva.
Hacia el final de las dictaduras aplicadas en Latinoamérica a partir del Plan Cóndor, los distintos países sancionaron leyes similares para evitar que los militares fueran juzgados por algún delito. En todos esos países, como Brasil, Chile y Uruguay, la ley se hizo efectiva. Argentina fue la excepción. El rechazo a esa autoamnistía no fue solo por la voluntad política del primer gobierno constitucional, y del Congreso que en la primera sesión -luego de años de dictadura- declaró nula la ley de amnistía.
Esta anulación fue posible por la derrota del régimen militar atravesado por las denuncias a escala internacional de la violación a los derechos humanos, con un movimiento democrático movilizado en las calles locales y por la creciente resistencia obrera y popular y el pase de las clases medias a la oposición debido a las consecuencias del plan económico y crisis social. Además que la imagen de "fuerzas victoriosas" ante la "subversión" fue barrida por la derrota militar en Malvinas. Esta guerra, que fue impulsada por el dictador Galtieri para desviar el incremento de las movilizaciones obreras, como se expresó en la marcha del 30 de marzo de 1982 convocada por la CGT, terminó de hundir a la dictadura. En Malvinas se demostró la incapacidad militar de las Fuerzas Armadas para dirigir una guerra, sumado a la crueldad que ejercieron contra los soldados que fueron torturados cuando combatían heroicamente por recuperar las Malvinas.
Las internas en las Fuerzas Armadas
Hay que destacar que la sanción de la ley fue resistida, también, hacia el interior de las propias Fuerzas Armadas. Desde los últimos meses de 1982 debatieron sobre un paquete de normas jurídicas para llegar a la entrega del poder en manos del nuevo gobierno constitucional. Entre ellos el “Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, dado a conocer en 29 abril de 1983 donde las Fuerzas Armadas asumían “una cuota de responsabilidad por lo actuado en la lucha subversiva” y dejaban al juicio de Dios y de la historia los “errores” cometidos en el marco de “actos de servicio”. Daban por muertos a los desaparecidos y negaban tener más información que esta.
Recordemos que desde los primeros meses de gobierno ya se distinguían al interior del poder militar por lo menos dos alas: una conocida como "dura" -que tenía como propósito no aminorar la represión interna- y una “política” -más ligada a los dirigentes de los partidos patronales-, y un ala centro que conciliaba entre ambas posiciones. Todas estas corrientes tenían acuerdo sobre la necesaria transición hacia un régimen más estable, un pacto con los partidos del régimen, donde las Fuerzas Armadas pudieran ocupar un lugar legitimado institucionalmente en un nuevo gobierno constitucional, que incluía ser reconocidos como "vencedores" de la llamada "guerra contra la subversión" y no ser juzgados por los crímenes cometidos. Sin embargo las tensiones se trasladaban al cómo darle esa continuidad, la relación con los partidos políticos y el momento de traspasar el poder a manos civiles.
La promulgación de la ley estuvo atravesada por los vaivenes de este frente interno. El Ejército era una de las armas más involucrada en los crímenes de la dictadura, y por lo tanto la fuerza que más estaba interesada en que la ley fuese sancionada. Se oponía a este plan el ala dura, encabezada por el gral Ramón Camps y el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, quienes junto al jefe de la Policía bonaerense, general Fernando Verplaetsen y sectores intermedios de oficiales y suboficiales, sostenían que emitir una ley de amnistía significaba reconocer que había motivos para ser juzgados, y que de este modo se degradaba su lugar de fuerzas vencedoras. Mientras que la Marina, que también se encontraba muy implicada, con figuras muy señaladas por los organismos de derechos humanos, como el almirante Emilio Massera -que como dijo durante el Juicio a las Juntas: “ganamos la guerra, hicimos lo que nos llamaron a hacer”-, se oponía a la norma. Reivindicaban con fuerza la lucha antisubversiva y sostenían que no había razón ni causa para pedir ser amnistiados, porque habían actuado bajo órdenes. Por eso mismo también se oponían con energía a beneficiar a los “subversivos” con la ley.
Por su parte, la Fuerza Aérea cuestionaba el momento que se elegía para sancionar la ley y que esta debía ser aprobada luego de las elecciones de octubre del 83. Plantean que el alcance del periodo que debía aplicarse la amnistía debía llegar hasta el fin del gobierno de la tercera Junta militar y no incluir a quienes estaban en ejercicio del poder en ese momento para evitar que fuera considerada una autoamnistía. Todos estas alas de las Fuerzas Armadas afirmaban que habían cumplido con su deber y salvado a la nación. Que la ley, además, ponía en términos de igualdad a militares y "subversivos" y que esto equiparaba a los militares que lucharon por la defensa de la patria con los “terroristas”.
Las diferencias internas no les permitió emitir la ley hasta un mes antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983. Para los militares lo que estaba en juego con esta ley y con todas las normas que se discutían para la transición, era garantizar la cohesión y el orden dentro de las fuerzas en relación con las posibles consecuencias de la revisión civil y judicial de los crímenes genocidas. La importancia de asegurarse el pacto de silencio es porque temían que las denuncias surgieran de las propias filas de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado los organismos de derechos humanos se oponían con firmeza a la ley, y planteaban juicio y castigo a los culpables. Se intensifican las movilizaciones por este reclamo. Amplios sectores de la sociedad, como la clase media, comienzan a enterarse del genocidio de clase: los crimenes, las torturas, los robos y saqueos. El reclamo por juicio y castigo fue tan extenso que los militares se apuraron en promulgar la ley de autoamnistía. En tanto los partidos políticos que integraban la Multipartidaria -formada a mediados de 1981 por el PJ, UCR, PI, PDC, MID-, no se pronunciaron sobre los desaparecidos y no cuestionaron a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, pactaron con los militares una transición ordenada para desviar las movilizaciones que reclamaban fuera la dictadura. Solo emitieron un documento, donde entre otras cosas planteaba el llamado a elecciones. Mientras que en la UCR también había distintas alas. Ricardo Balbín, quien en 1975 diría una de sus más temibles afirmaciones: “Hay que terminar con la guerrilla fabril”, apoyaba la ley de amnistía, en tanto Raúl Alfonsín -quien bajo su gobierno instaló la teoría de los demonios- junto a Oscar Alende del PI se opusieron abiertamente a la ley. El resto de los dirigentes políticos que integraban la Multipartidaria no se manifestó en contra. Ítalo Luder tuvo sus ambigüedades. El candidato del Partido Justicialista sostuvo en plena campaña electoral que respetaría la ley. Este sería una de las grandes razones porque perdió las elecciones en mano de la UCR de Alfonsín.
El 23 de septiembre de 1983 se promulgó la ley llamada de "Pacificación Nacional". En su artículo principal establece que: "Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos".
El 22 de diciembre de 1983 fue anulada la ley con los votos de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Alfonsín intentó que luego fueran los propios militares que se autojuzgarán. Esto fracasó por las dilaciones de los propios miembros militares que seguirán reclamando la impunidad absoluta.
¿Que llevó a que esta abrumadora mayoría se pronunciara contra la ley de autoamnistía militar? A la crisis social y económica, la manifestación del movimiento obrero que se movilizaba contra la dictadura, el surgimiento de un potente movimiento democrático que develó los siniestros crímenes que cometieron los militares; una inmensa movilización el 19 de agosto de 1983, un mes antes de aprobarse la ley, expresó con fuerza su rechazo a la misma. Unas 40.000 personas se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires para manifestar su rechazo a la ley de amnistía. La plaza del Congreso se llenó como nunca había ocurrido antes en concentraciones convocadas por los organismos. A la columna encabezada por Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo y los familiares de detenidos y desaparecidos, se sumaron otros sectores de la sociedad que reclaman con fuerza el juicio y castigo a los culpables del horror. La multitud ocupó más de 10 calles, desde la Avenida de Mayo hasta la avenida Córdoba, en el centro porteño. Sin duda la capitulación ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas terminó de desgastar el poder de las Fuerzas Armadas. El Partido Militar estaba acabado.
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Jujuy: tras un reclamo unitario absolvieron al docente Andrés García, miembro de la directiva de Cedems
22 de agosto, por Persecución — Política, Jujuy, Libertades Democráticas, Reforma constitucional, Persecución, Gerardo Morales, Cedems, Docentes, Política, Jujuy, Libertades Democráticas, Reforma constitucional, Persecución, Gerardo Morales, Cedems, DocentesUna justicia contravencional, como siempre floja de papeles, no pudo sostener una inverosímil y extravagante acusación y desistió la acción contra el docente, referente de la agrupación 9 de Abril y del PTS-FIT. Se demuestra que la lucha colectiva sirve y que la justicia jujeña no puede sostener satisfactoriamente la criminalización de la protesta.
Luego de que el Departamento Contravencional desistiera íntegramente de la acusación contra Andrés García, referente del sindicato recuperado de la docencia jujeña, Cedems, el juez contravencional Borda Cabello resolvió su absolución. Acompañaron la cita docentes de distintos niveles, referentes de Derechos Humanos como Nora Ferreyra y Oscar Alfaro, quienes habían asistido en calidad de testigos, sindicales como Mercedes Sosa y Diego Machaca -Cedems-, SEOM, Nando Acosta -ATE-, Gastón Remy -Concejal del PTS/FIT y Diputado provincial electo-, AOMA, APUAP, CTA, apoyo de integrantes del Malón y organizaciones indianistas, organizaciones sociales como el Polo Obrero, ATD, CCC, MST, PCR, así como otros trabajadores y referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas que adhirieron.
Se trata de un importante paso adelante de todos los y las que luchan contra los ataques en curso, desde las contravenciones hasta los descuentos y también quienes sufren represión y hostigamiento. En unidad es posible pararles la mano.
Lo cierto es que la “justicia” no tenía, como en todos los casos, absolutamente nada para demostrar sus acusaciones inverosímiles. El compañero García estaba en una movilización. Eso es todo lo que se ve en las “pruebas”. Como cerca de allí se produjo lo que Morales y sus amigos llamaron “la quema de la Legislatura”, García o cualquier otro y otra que haya estado allí es responsable de ese hecho. Recordemos que no hay ninguna persona acusada por ese hecho particular, pero todos los que son parte de la manifestación, para la “justicia” deberían ser parte del hecho. No solo de ese, sino de arrojar bombas molotov y quemar autos. Insólito. La justicia no avanzó en este caso por la campaña que se hizo y porque iba a salir a la luz una acusación tan escandalosa que iba a demostrar cómo funciona la justicia jujeña. Pero siguen otras causas, tan armadas como esta. Con este “sistema” hay una compañera docente Mercedes Maidana de Humahuaca que es acusada de “sedición”. Aún quedan Carina Sumbaino y otros docentes imputados.
Estos hechos permiten ver varias cosas. Por un lado que la Justicia contravencional es la herramienta utilizada por el gobierno de Morales para criminalizar la protesta social.
Al mismo tiempo ve que las causas existentes carecen de sustento, de pruebas que permitan imputar a distintos manifestantes que ejercen su legal y legítimo derecho a la protesta, libre expresión y reunión, de peticionar a las autoridades. Se trata de causas armadas que, como se dice, si pasan, pasan…
Lo más peligroso quizá, es el modus operandi utilizado por la policía y el Departamento Contravencional. Este consta de identificar referentes (en el caso de García un docente e integrante de la directiva de un sindicato). ¿Cómo se lo identificó a él y a otras personas? No hay otra forma que contar con una base de datos de algunos y algunas referentes. Esto lo vimos en el llamado Proyecto X que se hizo contra los trabajadores de Kraft Foods por parte de la Gendarmería durante el gobierno de Cristina Kirchner. Luego, se intenta probar que “los identificados” ejecutaron un conjunto de las conductas no probadas y cometieron todos los supuestos delitos que se investigan. Una aberración reaccionaria para los libros de la historia del Derecho.
Ese proceder resulta muy delicado, porque estigmatizando referentes se busca penalizar personas, no hechos y actos, algo que está prohibido en el sistema penal argentino, configurando lo que se llama “derecho penal de autor”.
Recordemos que la hipótesis de co-autoría ya fue utilizada por el Ministerio Público de Acusación para detener a compañeras y compañeros como Ivan Blacutt, que aún siguen procesados.
Desde ya que en semejante “investigación” no se hace mención alguna a las personas infiltradas y los policías que desataron una ilegal y feroz represión y siguen impunes (al punto de tirar piedras, balas de goma a la cara y gases lacrimógenos provocando graves lesiones) mientras que los manifestantes son perseguidos y criminalizados, que se expresaron legítima y democráticamente por el aumento de los salarios, por el rechazo a la reforma antiderechos impulsada por Morales votada en conjunto con el PJ.
Que se trata de una justicia que persigue a opositores y manifestantes con causas armadas, puede comprobarse en distintas causas contravencionales, como la seguida a Cruz, confirmado que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos; a Ali Peralta que resultó absuelto entendiendo que el caso presentaba el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación, protesta social; a Ivonne Aparicio que resultó absuelta en similares condiciones que Andrés García, no pudiendo probar ninguna de las imputaciones realizadas.
Queda claro que ante la imposibilidad de probar acusaciones ostentosas pierden peso la persecución y estigmatización que promueven. Se ve que la respuesta colectiva y unitaria puede pararles la mano. Se trata de pelear en común sindicatos, organismos de DDHH, comunidades, organizaciones políticas y sociales, para poner fin a todos los atropellos del gobierno. Este es un paso que sirve para demostrar que se puede. Vamos por el fin de todo tipo de persecución, represión y hostigamiento, contra los descuentos que son represalias por luchar y por el cierre de todas las causas a los y las compañeras perseguidas por haber enfrentado y seguir enfrentando la Reforma. Arriba los derechos, arriba los salarios, Abajo las persecuciones, los descuentos y las causas contravencionales y penales. Abajo la reforma.
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Obediencia Debida y Punto Final: a veinte años de su anulación, la impunidad no terminó
21 de agosto, por Efeméride — Política, Libertades Democráticas, UCR, Genocidio, Partido Justicialista (PJ), Impunidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Rodolfo Walsh, Congreso, Raúl Alfonsín, Ley Obediencia Debida, Patricia Walsh, Ley Punto Final, Política, Libertades Democráticas, UCR, Genocidio, Partido Justicialista (PJ), Impunidad, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Rodolfo Walsh, Congreso, Raúl Alfonsín, Ley Obediencia Debida, Patricia Walsh, Ley Punto FinalFueron dos leyes nefastas promulgadas por Raúl Alfonsín y sostenidas durante dos décadas por radicales y peronistas. El proyecto de anulación lo motorizaron sobrevivientes del genocidio y la izquierda lo presentó tres veces en el Congreso. El 21 de agosto de 2003 el Senado dio sanción definitiva a la nulidad de las “leyes de impunidad” sobre delitos de lesa humanidad. Pero una cosa es la ley y otra la realidad concreta.
Este lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacó en sus redes sociales el papel “fundamental” que tuvo en la historia reciente la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida , de la que hoy se cumplen veinte años. Como afirma la dependencia que conduce Horacio Pietragalla, ese cambio legal permitió que se desarrollaran diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Pero pese a los “festejos” oficiales hay que decir, cuanto menos, dos cosas. Por un lado, que la anulación de esas nefastas leyes (la 23.492 y la 23.521) no fue el regalo de ningún gobernante camuflado de derechohumanismo sino producto de la lucha de años de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y la izquierda. Una lucha que arrancó en el mismo momento de la promulgación de esas leyes en 1986 y 1987 y que en 1998 obligó al peronismo de Carlos Menem y a la oposición de la Alianza (de radicales y "progresistas") a derogarlas (lo que en los hechos las dejaba sin efecto a futuro pero tenía nulas consecuencias retroactivas).
Por otro lado, si bien la misma Secretaría de Derechos Humanos destaca que, por la anulación de esas leyes y de los indultos menemistas a las cúpulas militares, “más un millar de genocidas fueron condenados”, esa cifra resulta modesta si se tiene en cuenta que el aparato represivo del Estado que actuó a sangre y fuego entre mediados de los 70 y 1983 tuvo unos 200.000 ejecutores. Tal es el cálculo realizado por el fallecido exsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien declaró en 2008 como testigo en un juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros siete genocidas.
Hoy se cumplen veinte años de que el Senado diera sanción definitiva (primero había sido votado por Diputados) al proyecto de ley que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Una buena oportunidad para compartir una serie de reflexiones publicadas por La Izquierda Diario en relación a esas normas que estuvieron casi dos décadas vigentes y que el propio Estado aceptó dejar atrás pero sin cambiar en esencia su voluntad de mantener lo más intacto posible el aparato represivo.
Sin ir más lejos, pese a esa anulación legal, muchos genocidas siguieron en funciones hasta que se fueron “retirando” y hoy gozan no sólo de su libertad sino de abultadas jubilaciones por sus servicios prestados.
Vale recordar que fue Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh (detenido y asesinado en la ESMA), quien como diputada de izquierda presentó en 2001 el proyecto de ley que planteaba declarar nulas ambas leyes y los indultos. Pero ni peronistas ni radicales se inmutaron. Un año después Walsh volvió a presentar el proyecto, allí consiguió el apoyo de quince diputados más y un pedido de sesión especial para debatirlo. Pero tampoco se pudo avanzar. Fue luego de la elecciones de 2003, donde Néstor Kirchner ganó con escasos votos y con muchas demandas en las calles, que el nuevo Gobierno aceptó que se avance en la anulación de las leyes.
Te invitamos a leer varios artículos y entrevistas donde se analiza en profundidad tanto el proceso de anulación de las leyes de impunidad como estos veinte años de lucha por juicio y castigo a todos los genocidas por todas y todos nuestres 30.000 compañeras y compañeros desaparecides.
Nulidad de la Obediencia Debida y Punto Final: una larga lucha terminó con las leyes de impunidad, por Rosa D'Alesio
Patricia Walsh fue pionera en presentar a la Cámara de Diputados el proyecto. Aquí habla junto a Mario Santucho, Marta Ungaro, Christian Castillo y Liliana Mazea.
Obediencia Debida: la ley que dejaba impunes a los genocidas, por Rosa D'Alesio
La respuesta de Raúl Alfonsín ante los levantamientos carapintadas. La persistente y masiva lucha contra la impunidad a los genocidas logró que se anularan las leyes de perdón.
El primer levantamiento carapintada y el "Felices Pascuas, la casa está en orden" de Alfonsín, por Rosa D'Alesio
La asonada militar provocó una crisis en el régimen político y masivas movilizaciones populares durante cuatro días. La capitulación frente a los militares mostró el agotamiento del alfonsinismo y los límites del Estado burgués para juzgar a los genocidas.
La Ley de Punto Final, el camino a la impunidad votado por radicales y peronistas, por Rosa D'Alesio
El 23 de diciembre de 1986 la Cámara de Diputados sancionó la primera ley de impunidad a favor de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura-cívico-militar-eclesiástica. Días previos se llevó adelante una marcha multitudinaria que repudió la ley que contaba con media sanción.
Adriana Calvo, una vida dedicada a la lucha contra la impunidad, por Gloria Pagés y Maine García
Fue la primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las Juntas de 1985. La noche de 21 de agosto de 2003 en la Plaza Congreso festejó junto a miles la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luchó contra la impunidad hasta el último día de su vida. Falleció en diciembre de 2010.
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Hija de desaparecidos, querellante contra la Editorial Atlántida y legisladora porteña del FITU, afirma que todo lo que se consiguió fue gracias a una lucha colectiva de familiares, sobrevivientes y la militancia. Una lucha que sigue contra las condiciones estructurales que impuso la dictadura y que siguen intactas.
El gobierno de Raúl Alfonsín frente a los crímenes de lesa humanidad, por Rosa D'Alesio
Ganó las elecciones prometiendo enjuiciar a los militares. Bajo su gobierno se condenó a las tres primeras juntas militares, se creó la Conadep que, en su informe final, sostuvo la teoría de los dos demonios. Y además se dictaronn el Punto Final y la Obediencia Debida.
Foto archivo UNLP
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Milei es lo viejo: militares presos por crímenes de lesa humanidad brindaron por el liberfacho
21 de agosto, por Nada nuevo — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , Edición Chile, Edición Uruguay, Javier Milei, Victoria Villarruel, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Columnistas Vertical , Edición Chile, Edición Uruguay, Javier Milei, Victoria VillarruelDesde lugares de detención como la unidad de Campo de Mayo, genocidas condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, festejaron el triunfo de La Libertad Avanza. Su referente es Victoria Villarruel, negacionista y candidata a vicepresidenta.
Mientras continúan los análisis del avance nacional de Javier Milei, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de las últimas PASO, un dato no menor y poco difundido fue la celebración, con "abrazos y gritos de libertad”, desde la Unidad Penal número 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Así lo describió la periodista Ailín Bullentini en el sitio Letra P.
En la conocida "cárcel vip", la depedencia del Servicio Penitenciario Federal habilitada solo para condenados por lesa humanidad y custodiados por personal militar, cumplen condena más de 50 genocidas de la última dictadura cívico militar eclesiática. Entre los detenidos en la unidad militar de San Miguel están Mario Sandoval, exmiembro de la Policía Federal e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA ; el exteniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, condenado por su actuación en la Brigada de San Justo, responsable del asesinato de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y el exoficial de Inteligencia de la Marina, Jorge Luis Guarrochena, acusado en el actual juicio ESMA VII.
Una versión no oficial sostuvo que horas después de las primarias, Villarruel habría enviado mensajes a algunos de los represores detenidos donde les auguraba que “la libertad para ellos estaba muy cerca”.
No debería causar sorpresa dado que la figura principal que acompaña a Milei en la fórmula presidencial, Victoria Villarruel, es una reconocida y activa negacionista del genocidio de clase que planificó y llevó adelante la última dictadura; "una apologista de la dictadura militar" como la nombró la candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Myriam Bregman en un fuerte cruce que mantuvieron en el Congreso.
En las últimas recorridas mediáticas del candidato por La Libertad Avanza, dejó entrever que Villarruel, en un supuesto triunfo, estaría al mando del ministerio de Seguridad y Defensa, ya que considera que, por su linaje militar, tiene "vasta experiencia en la materia".
Es necesario recordar algunos datos de Victoria Villarruel.
Mientras avanzaban los juicios contra crímenes de lesa humanidad, después de la anulación de las leyes de impunidad que supieron mantener radicales y peronistas por dos décadas, en 2006, junto a otros defensores de la dictadura, creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (Celtyv). Desde allí promovió la idea de que militares, policías y empresarios acusados eran "víctimas del terrorismo", haciendo lobby, nacional e internacionalmente, para lograr un retroceso en leyes y jurisprudencia que, aún dentro del régimen democrático burgués, han sido conquistas de sobrevivientes y organismos de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia.
Se sabe del perfil conservador de la abogada y su constante lobby contra los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y el movimiento ambientalista. La vimos recientemente cuando desplegó su racismo en contra de las comunidades y el pueblo jujeño que se manifiesta contra la reforma reaccionaria de Morales y el PJ.
El Indigenismo llegó a Argentina para quedarse. Ayer en Jujuy vimos a los grupos q buscan sedición x razones etnicas manifestarse y tratar de incendiar al sistema democrático. Señores, que quede claro esto: la lucha por quien se queda con el litio es lo q se está disputando.… pic.twitter.com/JLefOiE4vx
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 21, 2023
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Si de negacionista se trata, no debemos olvidar a Ricardo Bussi, otro reinvindicador del genocidio que protagonizó su padre Antonio, quien comandó el Operativo Independencia durante el gobierno peronista de 1975, y luego ungido como gobernador por Tucumán por Videla. Durante la campaña de Ricardo como candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Milei viajó a Tucumán e hizo gala de su verdadero pensamiento al negar a los 30.000 detenidos desaparecidos.
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Puede sonar contradictorio que Milei vocifere que está por la "libertad" y contra toda "dictadura" y a la vez lleve como candidata a vicepresidenta a una negacionista. Si bien afirmó que, de ser presidente, no habrá indultos para los condenados por lesa humanidad, es un acérrimo defensor del plan económico que Martínez de Hoz y sus cómplices llevaron adelante. Ese plan nunca hubiera sido posible sin la represión contra quienes luchaban por otro sistema.
Si bien Villarruel tiene todas las intenciones de avanzar en beneficio de sus "héroes", Milei no estaría dispuesto a tanto; sabe que es más probable que se enfrente a la resistencia de gran parte de la población. Así se vio en 2017 cuando la Corte Suprema intentó aplicar el 2x1 a los condenados de la dictadura y desató la movilización masiva en las calles que obligó a retroceder a los jueces y a que se promulgara en el Congreso una ley para evitar intentos futuros en esa línea.
El desafío es salir nuevamente a las calles en defensa de la memoria y la verdad, una gran interpelación para los organismos de derechos humanos que han sido cooptados por los gobiernos peronistas. Para enfrentar a la derecha, hay que batallar contra las políticas de ajuste del gobierno actual y del que vendrá, que se disponen a redoblar las condiciones de explotación; las mismas condiciones contra las que pelearon los 30.000.
Foto| Diputados Bonaerenses
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Juicio por Rafael Nahuel: el racismo de Prefectura en la voz de sus ejecutores
19 de agosto, por General Roca — Política, Río Negro, Libertades Democráticas, Pueblos originarios, Prefectura, Criminalización de la protesta social, Pueblo Mapuche, Patricia Bullrich, San Carlos de Bariloche, General Roca, Comunidad mapuche, Rafael Nahuel, Villa Mascardi, Lof Lafken Winkul Mapu, Política, Río Negro, Libertades Democráticas, Pueblos originarios, Prefectura, Criminalización de la protesta social, Pueblo Mapuche, Patricia Bullrich, San Carlos de Bariloche, General Roca, Comunidad mapuche, Rafael Nahuel, Villa Mascardi, Lof Lafken Winkul MapuDos de los cinco prefectos acusados del crimen de 2017 en Villa Mascardi declararon en el juicio oral que comenzó el martes 15. Combinando victimización con odio a las comunidades originarias, leyeron un libreto redactado por el abogado Marcelo Rochetti, exfuncionario de Cristian Ritondo denunciado por “asociación ilícita”. No respondieron preguntas. Las audiencias siguen el martes.
Como relató La Izquierda Diario en una nota anterior, el juicio por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel (ocurrido en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche) comenzó el martes con un “mensaje” del Tribunal Oral Federal de General Roca, integrado por los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava: las cosas para las comunidades mapuche no serán nunca fáciles con un Poder Judicial al que el racismo y la criminalización de los oprimidos le cae de maravillas.
Botón de muestra es el “detalle” de que el juicio se realiza a 520 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, cuando en Bariloche (a 30 kilómetros) hay un Juzgado Federal que podría realizar el proceso sin diferencias con su par de General Roca. El traslado de familia, testigos (un centenar) y demás personas involucradas en el juicio sólo favorece a los privilegios del Tribunal. Y ni siquiera molesta a los acusados, a quienes se les permite seguir las audiencias por Zoom desde sus casas.
Además este juicio, sobre el que hay mucha atención puesta, es muy oral pero casi nada “público”. El Tribunal decidió que sólo sean transmitidas por Youtube un puñado de audiencias (la de apertura, la de alegatos y la de sentencia). Los gerentes de la llamada “Justicia” no pueden ocultar su temor a que se ventile en vivo y en directo la verdad. Saber lo que allí pasa depende de estar presente o de tener fuentes confiables, algo vedado a casi toda la población.
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Matar al indio
Como si fuera un juego de roles, en la segunda audiencia del juicio, realizada el miércoles, los propios imputados por el homicidio de Rafa Nahuel demostraron qué valor se le da desde diversos reductos estatales a la lucha mapuche y de los pueblos originarios en general. El racismo, la xenofobia y la estigmatización de las comunidades originarias es, como siempre lo fue, patrimonio cultural del Estado capitalista.
En la primera audiencia el abogado Marcelo Rochetti (de cuyo prontuario se habla más abajo) había anticipado que dos de sus defendidos, Francisco Pintos y Carlos Sosa, querían hacer uso de su derecho a declarar. Su otro cliente es Sergio Cavia, quien según las pericias con las que se llegó al debate, fue el gatillador de la bala asesina. Los otros dos prefectos juzgados, Juan Obregón y Sergio García, tienen abogadas aparte. Los cinco son del Grupo Albatros de Prefectura Naval.
Por recomendación de su defensor, Pintos y Sosa pidieron la palabra. Lejos de toda naturalidad, decidieron leer un texto cada uno y no responder preguntas ni de jueces, ni del fiscal ni mucho menos de las querellas. Al menos por el momento, la defensa prefiere que Cavia se mantenga en silencio.
Francisco Pintos leyó durante poco menos de media hora. Su relato combinó la victimización (tesis del enfrentamiento y la legítima defensa) con el odio racista hacia los mapuche. Hizo hincapié en la controversia alrededor de las pericias balísticas incorporadas al expediente, que según él no permiten determinar de qué arma salió el disparo letal. Algo que repetiría luego Sosa.
Es más, dijo que la bala que mató a Rafita salió de un arma portada por los propios mapuche: “Recibió el balazo por la espalda y nosotros estábamos disparando de frente”, dijo.
Las querellas desmienten categóricamente las afirmaciones de Pintos. Aseguran que no hay en la causa ninguna prueba ni pericia que habilite a decir que Nahuel murió de otra forma que no sea por un disparo de los albatros.
Pintos se definió a sí mismo y a sus compañeros como “chivos expiatorios” y “víctimas” del accionar del Poder Judicial y de funcionarios políticos, a los que calificó de “corruptos y cobardes” por no “animarse” a tomar medidas para terminar con “el problema mapuche”. Y tildó de “miedosos” a los jueces Gustavo Villanueva y Leónidas Moldes (actuaron en la instrucción), porque “desde sus cómodos despachos” decidieron imputarlo y detenerlo con “una pericia trucha”.
La pericia de la que habla Pintos es una prueba balística realizada por los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe a poco de producido el crimen. Según ese informe, un proyectil salido del subfusil MP5 de Pintos era el que mató a Nahuel. En 2018 apareció otro informe balístico, realizado por Gendarmería (hermana de Prefectura), que desautorizaba al primero y negaba la relación entre la bala y el arma de Pintos.
Una tercera pericia, realizada en 2021 por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, finalmente indicó que el arma de la que salió esa bala es la pistola Beretta 9 milímetros que ese día portaba el cabo primero Cavia. De eso se agarra Pintos para autoexculparse.
Posado sobre esas divergencias periciales, el albatros acusó a los jueces de “no tener el valor de actuar como la Nación lo esperaba” frente a la comunidad mapuche. “No tienen el coraje de enfrentar a los mapuches como yo lo hice”, leyó. Insistió con la tesis del “enfrentamiento” armado y llegó a afirmar, como si el muerto no estuviera del otro lado, que los prefectos salvaron sus vidas “de milagro”.
De todos modos, Pintos confirmó que a tres personas les disparó al cuerpo. Se justificó al decir que se vio “superado en número (...) Estaban detrás de los árboles, frente a nosotros. Efectué pocos disparos, solo cinco”. Para él no hubo ningún “exceso de legítima defensa” (tal la calificación legal con la que los acusa la Fiscalía), porque actuaron “de acuerdo a la Ley”.
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En otro párrafo de su declaración, Pintos caracterizó a las comunidades mapuche como las que “hacen escraches, escupen, usurpan e incendian”. Un estereotipo de manual que el Estado y sectores de la derecha utilizan para justificar la criminalización, pese a carecer de pruebas que demuestren la veracidad de las acusaciones. Como para sumar racismo y xenofobia, Pintos dijo que cuando se enfrentó a los jóvenes en Mascardi, “vestían ropas características de mapuche” y “gritaban en un idioma que no es el oficial de la República Argentina”.
El albatros dijo que él y sus secuaces actuaron, además de por orden judicial, con un “patriotismo” del que carecen jueces, fiscales y políticos. Y que ese patriotismo es indispensable para luchar contra “personas mapuche” que “desconocen la bandera” argentina y hasta “tienen sus propios símbolos”. Por eso aseguró que, si lo condenan por el crimen de Nahuel, es posible que “jamás” se recupere, pero su “dignidad y honor” estarán “intactos”.
El prefecto remató: “El arma que mató a Rafael Nahuel no está, y menos fue disparada por mí”. El mismo argumento con el que tomó la posta su compañero Sosa, quien aseguró no haber matado a nadie y que, encima, “no existe certeza de qué arma disparó el proyectil que mató” a Rafael. “Nos quieren culpar como sea”, protestó al tiempo que habló de “atropellos” a sus derechos por la “cobardía” de quienes deben impartir justicia. Curiosamente, como se dijo en otra nota de este diario, los imputados parecen contar con muchas preferencias y privilegios dados por el Tribunal de Roca. Qué desagradecido.
En línea con Pintos, Sosa finalizó su relato exigiendo a los jueces que “demuestren su valentía y no claudiquen ante un grupo de violentos que no dudan en incendiar, destruir y matar. Mientras no cumplan con su deber nuestra patria estará sometida a la violencia”.
Dime quién te defiende y…
Hagamos un asterisco sobre el defensor de Pintos, Sosa y Cavia. Marcelo Rochetti es un millonario abogado penalista que con el macrismo accedió a diversos cargos públicos. Antes de 2016 había sido jefe de Seguridad de la Legislatura porteña cuando la conducía Cristian Ritondo. Allí conformó una tropa de patovicas integrada por barrabravas. Los contactos con ese submundo incluyen su defensa de Rafael Di Zeo (exlíder de La 12 de Boca) en una causa por falsificación de documentos.
Cuando en 2015 María Eugenia Vidal asumió la Gobernación bonaerense y puso a Ritondo de ministro de Seguridad, éste puso a Rochetti como su jefe de Gabinete. Una de sus tareas fue organizar viajes a Miami junto a funcionarios judiciales, como el fiscal Sebastián Scalera. La “mesa judicial” del PRO bonaerense ardía al calor del armado de causas contra oponentes políticos.
Pero en agosto de 2018 Rochetti renunció al cargo, luego de que Elisa Carrió (socia fundadora de Cambiemos) lo denunciara por asociación ilícita. Copropietario de la aseguradora Caledonia SA con Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, Lilita afirmó que Rochetti se dedicada a operar desde el Estado para favorecer negocios privados, propios de otros amigos.
Cuando Rochetti asumió la defensa de los prefectos que mataron a Nahuel e hirieron a otros jóvenes, Ritondo y Patricia Bullrich le encomendaron una misión casi imposible: tomar del expediente aquello que sirviera para armar un relato según el cual sus defendidos fueron víctimas de un enfrentamiento con una banda de forajidos, se defendieron como pudieron, no les quedó otra que apretar sus gatillos (más de 130 veces, hay que recordar) y, encima, no hay que descartar que los mapuche se hayan matado entre ellos. Lo mismo que dijeron los funcionarios peronistas en 2022 sobre Kosteki y Santillán o lo que dijeron en 2010 sobre los muertos en el Parque Indoamericano.
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Durante este juicio, Rochetti y sus clientes se escudan en el formato virtual (institucionalizado durante la pandemia) para estar lo menos posible en la sala de audiencias. En su caso, hasta se da el lujo de poner la cámara mostrando sólo sus calvos parietales y decirle a los jueces que no puede cambiar el enfoque porque, mientras presencia las audiencias, está “trabajando en otras cosas con la computadora”.
Cómo sigue el juicio
Las audiencias continuarán a razón de dos por semana, los martes y miércoles. En las dos próximas declarará una decena de testigos, todos miembros de las fuerzas represivas. Además de las posibles contradicciones en las que puedan caer (no todos se aprenden el libreto a la perfección), será importante cotejar sus dichos con los de otros testigos que también pasarán ante el Tribunal.
La familia de Rafael aguarda especialmente los testimonios de los jóvenes mapuche que estuvieron ese día en la lof Lafken Winkul Mapu y que salvaron sus vidas de casualidad. Entre ellos Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes cargaron a Nahuel agonizando hasta la ruta para que lo asistieran. Y Johana Colhuan, quien vio caer a Rafael a su lado tras ser alcanzado por la bala 9 milímetros. Ella resultó herida de un balazo que le entró y salió por uno de sus hombros. Su caso y el de Gonzalo Coña, herido en su cadera, debieron incorporarse al juicio como homicidios en grado de tentativa, pero el Tribunal lo desestimó.
Pese a las trabas impuestas por el Tribunal y a la diferencia de calificación con la Fiscalía (que acusó por “homicidio en exceso de legítima defensa” y no por “homicidio agravado”), las querellas se muestran confiadas en que la verdad volcada en el debate ayudará a demostrar no sólo el crimen brutal a manos de Prefectura sino toda la trama de encubrimiento de parte de los jefes políticos de esa fuerza federal.
Los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, abogados de la APDH, patrocinan a la familia de Nahuel. Y también actúa como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo hace a través del abogado Mariano Przybylski y su presencia y acompañamiento es valorada por la familia. Ello no oculta, sin embargo, que desde la dependencia que conduce Horacio Pietragalla hayan mantenido una conducta al menos sinuosa para con ellos y con la comunidad mapuche en general.
Por un lado, se trata del mismo Gobierno del Frente de Todos que, a través de las fuerzas federales comandadas por el ministro Aníbal Fernández, en octubre de 2022 desalojó violentamente del mismo predio de Villa Mascardi a mujeres y niños. De no haber muerto, Rafael Nahuel hubiera estado ahí. La violación a derechos y garantías básicas fue tal que la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se vio en la “necesidad moral” de renunciar a su cargo. Sin embargo la Secretaría de Derechos Humanos no se diferenció del Ministerio de Seguridad. Apenas instrumentó un operativo de control de daños.
Por otro lado, la misma Secretaría le prometió durante largo tiempo a la familia una más que necesaria asistencia psicológica. Los padres y hermanos de Nahuel no tienen recursos para afrontar este tortuoso proceso con una adecuada contención profesional. Según pudo saber este diario, esa asistencia, realizada por profesionales del Centro Ulloa de la Secretaría, recién se hizo concreta pocos días antes del inicio del juicio.
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Casualidades calendarias
El juicio comenzó 48 horas después de las PASO. Con un histórico 32 % de abstención, las fuerzas más votadas fueron las encabezadas por Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, tres cultores de la mano dura policial y de la criminalización de los pueblos originarios. Sus delimitaciones electorales no pueden tapar sus coincidencias en muchos puntos relacionados con la sistemática negación de los reclamos ancestrales de los pueblos originarios. Su acuerdo incluso es más profundo, ya que es parte de sus programas de gobierno no sólo permitir sino fomentar la expoliación que un puñado de corporaciones hacen de los bienes naturales comunes, en detrimento de la supervivencia de las comunidades indígenas.
El crimen de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura racista comandada por la represora Patricia Bullrich (hoy con chances de ser presidenta), es otro trágico capítulo de la larga historia que recorre este suelo. Por eso, exigir verdad y justicia por Rafita no es una consigna individual, sino una necesidad colectiva, que debe expresarse en las calles y de forma independiente del mismo Estado que mata y encubre.
Foto David Sánchez | Télam