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El viernes pasado el fiscal Diego Ignacio Funes pidió la elevación a juicio de la causa penal que él mismo había abierto “de oficio” contra el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Julio Vaca, y 22 de sus subordinados. Funes conduce la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2 de San Salvador y acusa a los penitenciarios de ser coautores de “severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos sobre detenidos”. Delitos encuadrados en artículo 144 bis del Código Penal de la Nación con penas de hasta 15 años de prisión.

Las víctimas de esas torturas y apremios son el ingeniero y docente universitario Nahuel Morandini y el trabajador independiente Roque Villegas, a quienes el Servicio Penitenciario provincial tuvo entre sus garras del 4 de enero al 26 de febrero, en el marco de una causa armada a pedido de Gerardo Morales. El exgobernador radical, haciendo uso del régimen político-judicial que él mismo armó a su medida, ordenó perseguir y detener a ambos hombres, acusándolos de delitos gravísimos con la única “prueba” de un par de comentarios chistosos en redes sociales.

Luego de 53 días preso junto a Villegas (a quien no conocía antes de compartir cautiverio), Morandini relató en detalle a La Izquierda Diario las torturas y tratos inhumanos que recibieron en la Unidad Penitenciaria 1 del Barrio Gorriti de la capital jujeña. Vejaciones entre las que se cuenta mantenerlos desnudos frente a decenas de presos del Pabellón 2, obligarlos a comer alimentos en mal estado y realizar sus necesidades en botellas plásticas. A Morandini, además, le negaron el uso de sus anteojos, sin los que no puede manejarse.

Morales tiene patas cortas

Tanto el armado de la causa contra los “presos por tuitear” (así se conoció el caso a nivel nacional e internacional) como las torturas que padecieron, obligaron al propio Morales a dar sus explicaciones. Pero no pudo con su genio y decidió desconocer lo evidente y asegurar lo insostenible. El 27 de febrero le dijo a la periodista Paz Rodríguez Niell del diario La Nación que lo denunciado por Morandini y Villegas “es mentira, es falso”.

Agregó que él mismo se ocupó de “preguntar cuando salió esa versión” y que el jefe de la Policía y el ministro de Seguridad se lo negaron. “Habrá que pedir las cámaras del servicio penitenciario”, intentó zafarse. Sin embargo acusó a sus denunciados de “victimizarse” cuando en realidad “fueron victimarios” de su familia con sus publicaciones en X y Facebook.

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Al igual que su mandante político, el jefe del Servicio Penitenciario (ahora procesado) también negó cualquier tipo de torturas. Julio Vaca le dijo a la misma periodista el 1° de marzo que Morandini y Villegas “recibieron todas las atenciones; es decir, un equipo interdisciplinario, un equipo médico, recibieron las cuatro comidas diarias, se brindó un espacio para la recreación y, además días especiales de atención a los familiares y representantes de organismo de Derechos Humanos”. Y agregó que la higiene es “permanente” en el penal de Gorriti.

El de Vaca es un cargo jerárquico de línea directa con la Gobernación, hoy en manos de Carlos Sadir, heredero político de Morales. De allí que el exgobernador pensó que todo estaba encaminado a demostrar que Morandini y Villegas eran poco menos que terroristas. Pero algo le falló a la matrix moraliana. Mientras ellos confiaban en el buen destino de sus mentiras, el 28 de febrero el fiscal Funes decidió abrir la causa por vejaciones contra 23 penitenciarios, incluído Vaca. Apenas habían pasado dos días de la liberación de Morandini y Villegas.

El fiscal (quien no se ha privado en otras causas de criminalizar a luchadores sociales) se anticipó a las acciones legales que de todos modos el docente universitario y el trabajador independiente ya tenían pensado iniciar. Por eso, pese a haberla abierto “de oficio” (sin denuncia), el fiscal no tardó en aceptarlos como querellantes.

Las pruebas

Los agentes penitenciarios a los que el fiscal pide llevar a juicio son el jefe Vaca (47 años); los jefes de sector Hernán Flores (29), Pablo Herrera (29) y Marcos Espinosa (30); y los celadores del Pabellón 2 Raúl “Ruli” Inchastoy (39), Lucas Hevia (29), Matías Canedi (38), Santos “Pepe” Mamani (34), Maximiliano Linares Esquivel (33), Manuel Cerrudo (30), José “Chofer” Olaguivel (36), Fabricio Lara (36), Adrián “Jerry” Miranda (34), Benjamin Guantay (34), Gustavo Quispe (37), Mauricio Romero (27), Luis Canedi (28), Daniel Toconas (34), Víctor “Flaco” Balderrama (35), Miguel Chaile (28), Diego Ovejero (32), Ariel Yampe (28) y Leonardo Flores (29).

Tras escuchar a Morandini, Villegas y otros presos que compartieron cautiverio con ellos, de conocer un informe del Comité Provincial Para la Prevención de la Tortura, de analizar videos y documentación del penal de Gorriti, de realizar diversas pericias y de conocer las versiones oficiales sobre el asunto; Funes consideró probadas las torturas. Y llegó a la conclusión de que muchos de esos maltratos y vejaciones también se aplican sobre otros presos.

En su dictamen de pedido de elevación a juicio, al que accedió La izquierda Diario, el fiscal tiene probado que “entre los días 5, 6 y 7 de enero de 2024, en las dependencias de la Unidad Penitenciaria N° 1”, más precisamente “en el Pabellón N° 2 de castigo”, los imputados “impusieron severidades” a Morandini, Villegas “y a otras personas alojadas en el mismo lugar”. Habla de las “celdas de aislamiento” en las que los mantuvieron “por tres días en el pabellón de castigo de manera ilegal y sin causa justificada”.

Para el fiscal se aplicaron diversos “tratos rigurosos y humillantes” a los detenidos. Se los obligó “a desnudarse cada vez que aparecía un funcionario penitenciario” y se los mantuvo sin ropas “durante su estadía en castigo y aislamiento”. Se los alojó en “reductos sin la debida ventilación ni iluminación y faltos de higiene” (ni siquiera papel higiénico tenían). Se los obligó a hacer sus necesidades “en un balde, orinando en una botella” (que a su vez ellos mismos debían limpiar), “sin elementos necesarios para higiene” ni “utensilios necesarios para alimentarse”. Se les negó el uso de anteojos “a personas cortas de vista” (uno de ellos Morandini).

Hasta se les arrojó el pan “en lugares con agua sucia” para que “lo ingirieran en ese estado, en condiciones serviles, afectando la dignidad de las víctimas con restricciones ilegítimas e irrazonables; tornándose una práctica constante que se extendió en el tiempo”. Así, para el fiscal “existen elementos de convicción suficientes que permiten sostener como probable tanto la existencia material de los hechos (plena prueba) narrados” como “la participación penalmente responsable que les cupo” a los 23 penitenciarios.

En su acusación, Funes agrega que esas prácticas “no se debían a falta de elementos, ni mucho menos a una carencia en la infraestructura sanitaria en la cárcel”. No sólo allí hay baños sino que los presos habían llegado con su propia ropa, sólo que se les impedía usarla. Y vale decir que en varias oportunidades los presos fueron filmados por los penitenciarios. Para el fiscal, el “claro y único sentido” de esas conductas era el de “degradar y humillar a los seres humanos que allí se encontraban, mellando su dignidad y quebrándolos en su ánimo”.

Similares “condiciones inhumanas de detención” fueron corroboradas por otros seis detenidos de esos días en el mismo pabellón. Para el fiscal, semejante aislamiento “sin que hayan cometido ningún acto de indisciplina que justifique tamaña medida, convierte al acto en ilegal”. Un acto que, a su vez, “formaba parte de un comportamiento habitual e institucionalizado que se extendía a lo largo del tiempo”.

“Las prácticas vejatorias que han sido constatadas durante el curso de la presente investigación, denotan de manera palmaria un comportamiento absolutamente violatorio de reglas consagradas internacionalmente aplicables a personas privadas de su libertad”, dice el dictamen del fiscal Funes. Se basa en los postulados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (conocidas como Reglas Nelson Mandela) y demás normativas que, para el régimen de Morales (y muchos otros del resto del país), no son más que papel mojado.

Al desnudo

¿Alguien en su sano juicio puede pensar que el gobernador Sadir y su Gabinete, que los jueces del Superior Tribunal de Justicia o que la Procuración de la provincia desconocen este estado de cosas? Semejante ingenuidad no resiste el menor análisis. Claramente el régimen criminalizador y represivo jujeño no se sustenta sólo en las mentiras de Morales y sus penitenciarios. Hay un variopinto muestrario de complicidades a las que inevitablemente les cabe responsabilidad. Algunas, incluso, son muy evidentes.

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El 27 de marzo, cuando la causa por torturas llevaba casi un mes abierta, el Procurador de la provincia, Sergio Lello Sánchez, presentaba en la Legislatura jujeña su informe anual de gestión. Entre las consultas de las y los legisladores, desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda Natalia Morales lo interpeló sobre la criminalización de la protesta en la provincia. Y también sobre las denuncias de torturas a “los presos por tuitear”. El jefe de los fiscales buscó evadirse. Dijo que ya había “alrededor de diez o quince personas del personal penitenciario que fue enviado a juicio” por “vejámenes y otras severidades”. Pero se habló encima. El fiscal Funes recién pediría la elevación a juicio una semana después.

El viernes pasado, apenas se notificaron del requerimiento fiscal, la familia Morandini difundió un comunicado de prensa. “En reiteradas ocasiones realizamos la denuncia pública de los tratos degradantes que padecieran Nahuel y Roque, el jefe del servicio penitenciario nos desmintió, y también lo hizo públicamente el exgobernador ante la prensa. Sin embargo, el día 4 de abril, el fiscal Diego Funes solicitó la elevación a juicio de 23 agentes del servicio penitenciario en el marco de la investigación que inició de oficio, cuando las denuncias tomaron mayor difusión”.

El texto agrega que, “como querellantes de esta causa, solicitaremos se investigue también a los responsables políticos, que ordenaron las detenciones ilegales, la prisión en un penal y los tratos crueles que sufrieron en esta causa totalmente escandalosa. Entendemos que esto no pudo suceder sin que el gobernador de Jujuy, el ministro de justicia y el ministro de seguridad conocieran la situación. Consideramos que el objetivo era quebrar emocionalmente a Nahuel y Roque para que firmen el juicio abreviado y se autoinculpen de un delito inexistente, eximiendo a jueces y fiscales de su responsabilidad frente a una imputación vergonzosa”.

El comunicado finaliza agradeciendo el “apoyo de organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas” para “resistir la prisión que se les impuso”. Y exige “el inmediato sobreseimiento y que caigan las causas que pesan sobre Nahuel, Roque y Lucía González. Justicia a los presos por tuitear”.

Hasta el momento, sobre la elevación a juicio de 23 de sus agentes penitenciarios, incluyendo al jefe Vaca, el exgobernador Morales no dijo ni una palabra. Tampoco su ahijado y actual mandatario Sadir. Y pensar que hace apenas dos meses, cuando tenían a Morandini y Villegas encerrados y torturados, se paseaban por todos los medios hablando de “democracia”. ¿Y si en una de esas terminan ellos también sentados en algún banquillo?

Se está llevando a cabo el cuarto juicio de la causa conocida como Saint Amant, en el cual se están juzgando delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra 74 víctimas en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba una parte significativa del noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo los partidos de San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino.

Esta megacausa lleva el nombre del ex-coronel Manuel Fernando Saint Amant, quien estuvo al mando del Área Militar 132 durante la dictadura y falleció en marzo de 2016 en el penal de Ezeiza mientras cumplía una condena de prisión perpetua impuesta en 2012, tras ser condenado en el primer juicio de la causa ese mismo año. Desde entonces, 16 represores han sido condenados en esta causa, siendo la última condena en 2020. Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, conformado por Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, ha iniciado este cuarto juicio después de su aplazamiento hace tres semanas.

Los 12 acusados que enfrentan cargos por secuestros, torturas y asesinatos incluyen a exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás: Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa; así como a Omar Andrada; los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, además del ex subteniente Carlos Manuel Biglieri.

En la jornada del 9 de abril darán testimonio María Mayer, su sobrino Francisco Mayer, y sus hijos Jorge, Carlos, José y Alejandra Berg. Originalmente la audiencia se iba a realizar en San Nicolás, donde radican los testigos y se cometieron los delitos. Igualmente con las audiencias sobre Baradero y Pergamino. Sin embargo, por decisión arbitraria del poder judicial, se cambió el lugar de las audiencias a la sede del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. La Mesa de la Memoria por la Justicia, junto a otras organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, insiste en que vuelvan a las localidades para expandir la participación de la comunidad.