Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
U$S 40 millones: mientras crece el hambre, Estados Unidos subsidia a Argentina en gastos militares
19 de abril, por Milei lamebotas — Política, Libertades Democráticas, Fuerzas Armadas, Edición Chile, Edición Uruguay, Ministerio de Defensa, Javier Milei, Marc Stanley, Laura Richardson, Luis Petri, Política, Libertades Democráticas, Fuerzas Armadas, Edición Chile, Edición Uruguay, Ministerio de Defensa, Javier Milei, Marc Stanley, Laura Richardson, Luis PetriLa gestión de Joe Biden aprieta el torniquete vía el FMI para que Argentina perpetúe su sometimiento financiero. A la vez, le regala dólares a Milei para que compre aviones, armas y “servicios” al propio Estados Unidos. El “subsidio” militar yanqui equivale a 234.000 jubilaciones mínimas. La “libertad” avanza hacia el cipayismo hecho y derecho.
Estados Unidos anunció este jueves, a través de la web de su embajada en Buenos Aires, la entrega de U$S 40 millones al gobierno de La Libertad Avanza, en calidad de “fondo no reembolsable”, con el supuesto objetivo de reforzar la seguridad nacional. En la comunicación oficial, reproducida por el embajador Marc Stanley, se afirma que el aporte se debe a que Argentina es un “socio importante” de la potencia norteamericana. Desde 2003 el país no recibía un subsidio millonario justificad en esa categoría.
“El FMF (Financiamiento Militar Extranjero) es un subsidio de asistencia en seguridad reservado para socios importantes. Permite que Argentina compre artículos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos, a través de fondos de asistencia gratuita, y mejore la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses. Este subsidio favorecerá el esfuerzo de modernización militar de Argentina, contribuyendo a la compra argentina de los jets de combate supersónicos F-16″, explica la Embajada de Estados Unidos en su comunicado. Las negritas del textual son nuestras.
Como se sabe, Argentina comprará a Dinamarca 24 unidades F-16 , aviones que ya son viejos y casi están en desuso en el mundo, aunque las versiones oficiales dicen que están “modernizados”. Y como son de fabricación yanqui, el subsidio anunciado podría servir para que Milei y su ministro de Defensa Luis Petri paguen parte del costo. Una parte pequeña, vale decir, ya que se estima que el Estado argentino termine pagando entre U$S 300 millones y U$S 600 millones por esa compra con factura danesa.
Para Estados Unidos es todo ganancia. “La compra de los 24 F-16s a Dinamarca alinea a Argentina con un grupo de 26 naciones y aliados que operan la plataforma, aumentando la interoperabilidad. Los F-16 permitirán a Argentina defender más efectivamente su territorio y cooperar con socios regionales para mantener la paz y la estabilidad en América”, señala la Embajada con su ya histórica demagogia.
Te puede interesar: ¿Qué pretende Milei colaborando activamente con el Estado genocida de Israel?
En efecto, desde el 10 de diciembre Milei y su gabinete vienen alineándose incondicionalmente con Estados Unidos y con su socio estratégico en Medio Oriente, el Estado sionista de Israel (que hoy consuma un genocidio a cielo abierto en tierras palestinas y amenaza con dar rienda suelta a una guerra encarnizada con Irán y otros países de la región). Un alineamiento que tuvo entre sus capítulos más resonantes el recibimiento con honores en Tierra del Fuego a la titular del Comando Sur del ejército estadounidense, la generala (para ella sí hay lenguaje inclusivo) Laura Richardson.
“Estados Unidos tiene una relación larga y confiable con Argentina en adquisiciones militares, entrenamiento y educación profesional”, afirma la Embajada en su comunicación de este jueves y recuerda que desde 1998 “Argentina es un Aliado Mayor extra-OTAN”. De allí que “la Embajada y el gobierno de EE.UU. están trabajando estrechamente con nuestros socios argentinos para fortalecer aún más la seguridad de Argentina y la asociación de defensa entre ambos países bajo el estandarte del programa F-16”.
Si bien desde La Libertad Avanza afirman que aún no hay novedades al respecto, también se supo que el Estado argentino podría comprar en un futuro no tan lejano más equipamiento militar a Estados Unidos. Se trataría de compras que alcanzarían un total de U$S 143 millones. Entre lo adquirido habría aviones Basler BT-67 (lo que incluye repuestos y tecnología de mantenimiento), equipos para aeronaves y asistencia en tierra, publicaciones y documentación técnica, cuotas de participación en el “Programa de Coordinación Técnica”, formación de personal y servicios de apoyo logístico, técnico y de ingeniería, entre otros.
Te puede interesar: Argentinos en Dinamarca protestaron contra la compra de aviones de guerra
Mientras esas informaciones llegan desde la Embajada yanqui y desde el Ministerio de Defensa que conduce el “top gun” trucho Luis Petri, Argentina sigue sumida en una de sus más profundas crisis económicas y sociales de la historia. La idea oficial de que el país debe ampliar su capacidad para defenderse de ataques militares externos (algo que no está en el radar geopolítico al menos desde la guerra de Malvinas de 1982) es uno de los pilares discursivos de la improvisada y temeraria política exterior del libertarianismo.
Una política que va de la mano con la profundización del hambre, la pobreza y la indigencia de millones de habitantes a manos de un gobierno ajustador y represor. Por caso, el “subsidio” que recibirá Argentina por parte de Estados Unidos equivale a 234.000 jubilaciones mínimas de $ 171.000. O sea, plata hay. El asunto es qué se hace con ella.
La noche del jueves 4 de abril Milei y Petri rindieron pleitesía a Richardson y a Stanley en Ushuaia. Allí el Presidente dio un discurso tan cipayo que avergonzó a más de uno de los presentes en la base naval fueguina. “Occidente corre peligro por apartarse de las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad privada”, leyó Milei al tiempo que anticipó “una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta, para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo”.
Como ya se dijo aquí en aquella oportunidad, si para Milei el prototipo de la “libertad” es el imperialismo yanqui, se entiende perfectamente que para él no sean dictadores Jorge Rafael Videla o Leopoldo Galtieri, ni mucho menos fanáticos religiosos como Benjamin Netanyahu y su gobierno racista y genocida. Y también se comprende la satisfacción oficial al recibir “subsidios” del Estado más guerrerista del mundo para fortalecer a las Fuerzas Armadas locales.
No es posible soslayar, en este contexto, que el régimen del FMI iniciado por Mauricio Macri en 2018, seguido por les Fernández-Massa y profundizado ahora por Milei, redobla la sumisión nacional al imperialismo. No hay soberanía posible sin un desconocimiento soberano de la deuda hipermillonaria con el FMI. Al igual que la visita reciente de la generala Richardson, el “regalo” de U$S 40 millones para comprar naves de guerra es un símbolo de las aspiraciones geopolíticas del “gendarme mundial”, que ahora encuentra nuevos bríos para pisar más fuerte sobre nuestro territorio.
Es de primer orden desenmascarar a los servidores locales del imperialismo, sean libertarios, macristas, radicales o peronistas. No hay otra opción si de defender nuestra soberanía, nuestros bienes naturales comunes y nuestra población se trata.
Javier Milei, Laura Richardson y Luis Petri
-
Familiares de Lolo Regueiro y Lito Costilla exigieron justicia frente a Tribunales
18 de abril, por La Plata — Sociedad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Impunidad, Violencia policial, César "Lolo" Regueiro, Sociedad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Impunidad, Violencia policial, César "Lolo" RegueiroJunto a la familia de Christian Estegui, trabajador del mayorista Nini fallecido en un accidente laboral en 2019, realizaron una radio abierta denunciando la impunidad que rodea a los casos.
El pasado martes, familiares de Lito Costilla, Lolo Regueiro y Christian Estegui se concentraron en las puertas de los tribunales platenses y realizaron una radio abierta denunciando la impunidad que rodea a a los tres casos.
Lito Costilla fue asesinado por efectivos de la Policía Local el 7 de octubre de 2020 en la zona de diagonal 74 y 119. Siguiendo el manual de la maldita policía, los policías intentaron manipular el hecho y hacerlo pasar por un "accidente". Sin embargo, gracias a la lucha incansable de su familia y la solidaridad de vecinos de la zona que aportaron cámaras y testimonios de la persecución, desmitieron la versión de la policía y lograron el cambio de carátula de "accidente" a "homicidio culposo". Damián Antonio Aquino, Mauricio Rodríguez Medina y Sergio Ceferino Martínez fueron exonerados de la fuerza y dos de ellos están detenidos a la espera de la fecha de juicio.
Lolo Regueiro murió luego de la brutal represión de la Policía Bonaerense en las afueras del estadio Juan Carmelo Zerillo del bosque platense el 6 de octubre de 2022, la noche en que Gimnasia y Boca jugaban por la Superliga del Fútbol Argentino. Mientras esperan el juicio contra comisarios y funcionarios, familiares del hincha fallecido acusan al Gobierno provincial (UxP) y al exintendente Julio Garro (JxC) de “querer tapar todo”.
Christian Estegui tenía 45 años y era un trabajador tercerizado del supermercado mayorista Nini. En 2019, falleció transportando mercadería para el hipermercado platense cuando, en medio de la ruta, se le abrió la puerta del camión- que no se encontraba en condiciones de circular- y cayó. Desde ese momento, la empresa buscó deslindarse de la responsabilidad a la vez que hostiga permamente a la familia.
"Es necesario que se aceleren las causas, la Justicia es muy lenta y nuestros reclamos están siempre", denunciaron los familiares presentes.
Foto: Camila Flores Catino (Pulso Noticias)
-
Excarcelaron a Juan Carlos Rolón, genocida de la ESMA
17 de abril, por Impunidad — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Crímenes de lesa humanidad, Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Crímenes de lesa humanidadLos jueces Germán Andrés Castelli y Adriana Palloti Paula, integrantes del Tribunal Oral Federal n° 5 (CABA), otorgaron el beneficio de libertad condicional al represor, emblema de los grupos de tareas de la ESMA, condenado por delitos de lesa humanidad, mientras que el juez Daniel Obligado votó en contra. En 2022, el mismo tribunal ya había concedido el mismo beneficio al genocida pero la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió excarcelar al genocida Juan Carlos Rolón, condenado en 2017 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como "ESMA Unificada"; concendiéndole el beneficio de la libertad condicional. Los jueces Germán Andrés Castelli y Adriana Palliotti votaron a favor de la medida mientras que Daniel Horacio Obligado se opuso.
¡ALERTAS EN EL BARRIO!
Fue excarcelado Juan Carlos Rolón, genocida de la ESMA condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad
La decisión fue tomada por la jueza Palliotti y el juez Castelli (Comodoro Py)
El único lugar para un genocida es la cárcel común pic.twitter.com/V2Y0edWOIR
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) April 15, 2024
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Juan Carlos Rolón, alias "Juan" o "Niño", fue integrante del temible grupo de tareas de la ESMA, además de ser parte de los sectores de inteligencia y del sector operaciones. Condenado a cadena perpetua en el juicio ESMA lll (uno de los tramos de la megacausa ESMA) por centenares de desapariciones forzadas, torturas, homicidios y secuestro de niños recién nacidos. Capitán de Fragata y oficial de inteligencia, además fue instructor en cursos sobre represión y torturas que se dictaban en la ESMA a militares de toda Latinoamérica.
Por mayoría, la resolución del tribunal dispuso "su inmediata libertad, por lo que deberá comparecer" ante el Tribunal "dentro del plazo de 24 horas de notificado, acompañado por su garante, para confeccionar el acta de compromiso correspondiente".
Te puede interesar: Lesa Humanidad: los juicios que tenemos, que no son los que queremos
Entre las "obligaciones" que le impusieron a Rolón, deberá "fijar domicilio real, el que no podrá ser modificado y del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin dar aviso al Tribunal", "presentarse ante estos estrados, en forma mensual, a estar a derecho", "abstenerse de concurrir a cualquier espacio u acto público, en particular aquellos relacionados con el gobierno de facto de 1976-1983" y "la prohibición de acercamiento intencional a cualquiera de las víctimas -sean éstas directas o resulten alguno de sus familiares-". No podrá salir del país salvo que tenga autorización de la Justicia y deberá ser incorporado mantener al Programa de Asistencia a Personas bajo vigilancia electrónica.
En el polémico fallo, la jueza Palliotti expresó que Rolón "se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de la excarcelación, de conformidad con lo previsto en el art. 317 inc. 5º del Código Procesal Penal de la Nación, toda vez que, conforme el cómputo actuarial, lleva privado de su libertad, al día de la fecha, un total de veintiún (21) años, 9 meses y 6 días". Resolución que compartió su par Castelli.
Para fundamentar su oposición, el juez Obligado recordó que "la libertad condicional constituye, en esencia, la etapa final del régimen de progresividad y permite a la persona condenada recuperar la libertad antes del vencimiento de la pena". A lo que agregó que "para los casos de prisión perpetua, la pretensión del legislador es que se cumpla la sanción de por vida. De tal modo surge de la ley 27.375 (BO 28/07/2017), negando la posibilidad de acceder a la libertad condicional a aquellos sujetos condenados por delitos graves; como homicidios agravados del art. 80 CP, privación de la libertad coactiva si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida del art. 142 bis CP, etcétera. Todo ello según el texto del art. 38 de la ley 27.375".
En estos años de “democracia”, con décadas de total impunidad como fueron los 80 y los 90, los juicios y las pocas condenas a los genocidas fue por la lucha incansable de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos para mantener viva la memoria y el pedido de juicio y castigo. Pero también cuando se reanudaron los juicios, sucedieron hechos como la desaparición por segunda vez Julio López o el asesinato de Silvia Suppo, lo que nos demuestra que gran parte del aparato represivo quedó intacto e impune; lo que hoy le da sustento, argumentos y hasta funcionarios a los negacionistas.
Frente a quienes levantan las banderas del negacionismo y afirman que la cifra de los 30.000 es un invento, la tarea que llevaron y aún llevan a cabo sobrevivientes y familiares sobre recolección de datos y lugares de tortura es una manifestación clara de la verdad: fue genocidio.
-
Proyecto de ley: Milei y Bullrich quieren convertir la protesta social en “crimen organizado”
17 de abril, por Hay que frenarlos — Política, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Congreso Nacional, Criminalización de la protesta social, Patricia Bullrich, Javier Milei, Represión, Protocolo de Orden Público, Política, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Congreso Nacional, Criminalización de la protesta social, Patricia Bullrich, Javier Milei, Represión, Protocolo de Orden PúblicoEl Ejecutivo envió una batería de proyectos al Congreso con los que busca reforzar el control social y la represión en medio de la crisis. También dar más impunidad a policías, gendarmes y prefectos que maten o torturen. La excusa de combatir a narcos y mafiosos (siempre amparados desde el propio Estado) para limitar las libertades democráticas. Hay que enfrentarlos en las calles y en el Congreso.
Esta semana el gobierno nacional envió al Congreso cuatro proyectos de ley enfocados en ampliar categorías penales y años de cárcel en el marco de lo que la gestión libertariana llama “lucha contra la criminalidad organizada”. Los proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados y fueron anticipados en varias oportunidades por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A ella Javier Milei le encomendó llevar al extremo las políticas represivas y de control sobre la población, en un contexto de extrema crisis económica y social.
Los proyectos de ley incluyen desde una “Ley Antimafias” hasta reformulaciones sobre la “legítima defensa” para civiles y uniformados, pasando por una ampliación de la impunidad para los agentes que se vean involucrados en casos de gatillo fácil y represión estatal. También hay intención de establecer un nuevo registro nacional de datos genéticos.
“Orden público”
Bullrich lleva meses agitando su “Protocolo de Orden Público”, más conocido como Protocolo Antipiquetes, con el que intenta justificar sus reiteradas represiones a marchas y concentraciones. En algunos casos, esas avanzadas adquirieron tal nivel de violencia que derivaron en manifestantes heridos con daños irreversibles, como la pérdida de ojos (ver acá, acá y acá) causadas por balazos de goma directos y a corta distancia.
Fracasado el primer intento de la Ley Ómnibus, donde había un capítulo dedicado al tema, ahora la ministra y sus servidores presentan cuatro proyectos diferentes para que sean tratados por el Congreso. Uno de ellos, directamente busca dar más herramientas a las fuerzas represivas para actuar sin contemplaciones contra vastos sectores de la población. A las directivas de cómo reprimir se sumaría, de ser votado este proyecto, la garantía de impunidad para los represores y de mayor criminalización para los reprimidos.
Te puede interesar: Alejandrina Barry denuncia: "Macri impulsa un fuerte aumento para la represión social en la Ciudad"
El proyecto en cuestión lleva el número de ingreso 38289118 y lo firman (como a los otros tres proyectos) Milei, Bullrich, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Se titula Modifica el Código Penal - Orden Público y en apenas tres páginas propone cambios sustanciales en la legislación penal.
Pero bajo la categoría de “orden público” se pretende meter en la misma bolsa hechos tan disímiles como un robo a mano armada y la reacción de manifestantes a la provocación policial en una marcha. Algo que no es inocente, ya que lo que se busca no es más “seguridad” en los barrios sino una criminalización extrema de la pobreza y de la protesta social, aplicando la figura de “delincuente” (o sospechoso, al menos) a todo lo que se moviliza activamente contra las políticas oficiales.
En los fundamentos del proyecto se afirma que el objetivo es sustituir algunos artículos del Código Penal por otros, “en atención a la vinculación de su contenido con el resguardo del orden público”. Y se detalla que los efectivos de las fuerzas estatales “no pocas veces se han visto inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber”. O sea, démosles impunidad a quienes necesitamos para reprimir.
Vale recordar que Bullrich siempre puso como ejemplo el caso de Luis Chocobar, el policía bonaerense condenado por asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, a quien persiguió por las calles del barrio porteño de La Boca luego de que el joven de 18 años asaltara violentamente a un turista. Para ella, Chocobar sólo cumplió con su deber y hasta mereció ser condecorado.
Legítima defensa
Sobre la “legítima defensa”, el proyecto amplía los alcances de esa figura, dando más aire para el uso de armas y otros medios violentos a civiles o policías que supuestamente no tengan otra alternativa que repeler una agresión con una agresión mayor.
En ese sentido, se propone reformular algunos inicios del artículo 34 del Código Penal, que determina las causales de inimputabilidad. Actualmente el inciso 4 dice que no será penado quien “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. El proyecto de Milei y Bullrich agrega: “en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser interpretada, en caso de duda, en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Ese agregado es en beneficio directo de policías, prefectos y gendarmes. La misma Bullrich, siendo ministra de Macri, buscó por todos los medios (y en cierta medida lo logró) beneficiar a quienes en 2017 reprimieron a las comunidades mapuche de Cushamen (Chubut) y Villa Mascardi (Río Negro), donde perdieron sus vidas los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el primero de ellos desaparecido durante 78 días.
Te puede interesar: Silencio: Kicillof no dijo una palabra sobre la represión de Bullrich en la Provincia de Buenos Aires
El texto presentado en Diputados también modifica el inciso 6 del artículo 34. Por un lado, agrega que no será punible quien, sin importar el resultado, se defienda de una agresión (aún de personas desarmadas) y tema quedar en desventaja por “una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña”. Por otro lado, la nueva redacción de ese inciso extiende el derecho a repeler un ataque a la propiedad privada a todas las horas del día y no sólo a la noche, como versa actualmente la norma.
También se agrega en ese inciso una aclaración que favorece a policías y demás uniformados, ya que da inimputabilidad a quienes se defiendan “de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma, real o falsa, y exista un peligro verosímil de muerte o de lesiones graves para quien se defendiere o para terceras personas”. Bajo esa justificación suelen basar sus estrategias las defensas de muchos asesinos de gatillo fácil.
Otra modificación relevante se da en el inciso 7 del mismo artículo 34. Textualmente se agrega que “quien iniciare el curso de una acción delictiva que implique fuerza o violencia no tendrá derecho a indemnización alguna por las consecuencias que se derivaren de esa situación. En tales casos, ni él ni sus herederos podrán instar la acción penal contra los que intentaron impedir la comisión del delito”.
Esto último es grave porque habilita a que los uniformados (o cualquier civil) cometan delitos propios (incluyendo el asesinato) sin ningún tipo de sanción penal con la justificación de que se estaba repeliendo el supuesto delito de otra persona. Las familias de tantos torturados y muertos por el Estado no podrían denunciar a los verdugos de sus seres queridos ni ser indemnizadas. Una gravedad al cuadrado, en un país donde el armado de causas contra inocentes y el gatillo fácil policial están a la orden del día.
Atentado y resistencia a la autoridad
“En cualquier país, quien golpea a un policía pierde su libertad. El respeto a las fuerzas del orden es uno de los pilares del sistema democrático”, dice el proyecto de ley en sus fundamentos. De allí que propone “elevar las penas previstas” para los casos de “atentado” y “resistencia a la autoridad”, figuras que desde hace dédadas son aplicadas contra activistas, huelguistas y hasta trabajadoras y trabajadores de prensa que cubren manifestaciones y protestas.
Te puede interesar: Ataque a la prensa: balazos de goma en la cara y detención de periodistas en la 9 de Julio
“Nada de lo que se propone en este proyecto tiene un carácter exorbitante o extraordinario”, dicen Milei, Bullrich y compañía. Y agregan que “el orden es la imagen más visible del Estado frente a su propia comunidad y frente al mundo”. En esa línea, proponen modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal.
El artículo 237 actualmente penaliza con prisión “de un mes a un año” a quien “empleare intimidación o fuerza” contra funcionarios públicos o personas que colabore con ellos “para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”. El Gobierno ahora propone que esos delitos sean reprimidos con prisión de entre uno y tres años y medio, es decir que en su aplicación máxima dejaría de ser excarcelable.
A su vez, se propone modificar las penas estipuladas por el artículo 238, que hoy van de seis meses a dos años (excarcelables). Para el Gobierno, quien sea condenado por ese artículo debería recibir penas de entre cuatro y seis años, o sea ir a la cárcel directo. ¿Y quiénes serían condenados? Hasta ahora lo son quienes cometen atentado y resistencia a la autoridad “a mano armada”, o si lo hacen en “una reunión de más de tres personas”, o “si el autor fuere funcionario público” o “pusiere manos en la autoridad”. Ahora, Milei y Bullrich procuran que también sean condenados bajo esta figura quienes agredan “a la autoridad con piedras, palos u otros objetos contundentes”.
La gravedad de esta última modificación radica en que, precisamente, en los últimos meses se vio cómo actúan las fuerzas federales (y también las locales) frente a importantes marchas o concentraciones: primero se amenaza con impedir un corte de calles; luego, es la misma fuerza la que corta la calle; enseguida, se avanza contra los manifestantes, que protestan de forma pacífica; poco después se lanzan gases y, escudos de por medio, se apalea a quienes están en primera línea; cuando los manifestantes intentan permanecer, se les disparan balas de goma; haya habido o no resistencia popular (¡las piedras y los palos!) sobrevienen detenciones masivas, torturas y procesamientos.
La Libertad Avanza (con perdón de la palabra) quiere convertir en ley la represión indiscriminada. Tras el camuflaje insostenible del combate a la “criminalidad organizada” se esconde el deseo burgués de controlar y reprimir al máximo a la población cuando ésta, mayoritariamente, crece en frustraciones y decadencia de sus condiciones de vida. Para su plan de gobierno, criminalizar al extremo a los sectores más movilizados es una condición sine qua non .
Bullrich, Milei y el resto de los que gobiernan saben que las mafias están de su lado. Saben que la droga que se exporta desde Rosario no podría salir sin el aval de los pulpos cerealeros que controlan todo lo legal y lo ilegal que pasa por sus puertos privados. Saben que ningún multimillonario negocio ilegal podría funcionar sin participación directa de policías, políticos patronales, jueces, fiscales y penitenciarios. Y saben que dándoles más poder e impunidad a las fuerzas estatales se está bien lejos de terminar con ese entramado.
Pero qué bien les viene esta situación para justificar el engorde del aparato represivo del Estado, más que necesario para aplicar su plan de guerra contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. Porque, como no dejamos de decirlo, el ajuste no pasa sin represión. Y allí están Bullrich y sus “proyectos de ley”. Hay que enfrentarlos, en las calles y también en el Congreso.
-
Apemia repudia el fallo de Casación en el tema AMIA: “Consagra la vieja historia oficial y el punto final”
16 de abril, por Comunicado — Política, Libertades Democráticas, Israel, AMIA, APEMIA, Política, Libertades Democráticas, Israel, AMIA, APEMIALa Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA emitió un comunicado sobre el fallo del Tribunal de Casación. Lo reproducimos a continuación.
REPUDIAMOS EL FALLO DE LA CASACION EN EL TEMA AMIA LA SENTENCIA CONSAGRA LA VIEJA HISTORIA OFICIAL Y EL PUNTO FINAL
Los jueces del Tribunal de Casación dictaron una sentencia que tira abajo la evidencia acumulada a lo largo de 30 años y varios Juicios Orales que se hicieron en la llamada causa AMIA. Sin embargo, las pruebas son concluyentes: el Estado argentino sabía del atentado antes de su realización y organizó el encubrimiento político posterior.
En un fallo cargado de prejuicios negaron hasta lo evidente: la responsabilidad del Estado nacional en el encubrimiento del atentado, cuando así lo reconoció el Poder Ejecutivo hace casi 20 años en el Decreto 812/05 y lo reafirmó hace 2 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo del máximo tribunal penal no sólo no aporta al esclarecimiento del atentado, sino que niega cualquier posible responsabilidad o participación del Estado argentino en la comisión de este crimen político.
Con esta orientación, no debe sorprender que hayan resuelto no condenar y exculpar a Galeano, los Fiscales, la dirección de SIDE y de la Policía Federal por el delito de encubrimiento. Por esta razón, les bajaron las penas que impuso el Tribunal Oral hace 5 años, cuando ya entonces eran reducidas para condenar crímenes de Lesa Humanidad.
El juez Mahiques, autor de la sentencia por la mayoría, sabía que en los fallos que tenían a consideración nunca se discutió la autoría ni la responsabilidad criminal del atentado cuya investigación sigue pendiente. Reconoció también que sigue pendiente se desclasifique y digitalice la información de los archivos secretos de Inteligencia que los jueces no leyeron.
Aun así se atrevieron a construir una versión antojadiza y prejuiciosa acerca de que “el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán” (pág. 201). Presentaron una versión que no solo no se sostiene en pruebas sino que tampoco fue materia del debate en juicios previos.
Mahiques explicó su convicción y cómo llegó a la conclusión de que Irán era un Estado terrorista y responsable de los ataques en Argentina: “El acto tiene una matriz entre ideológica y religiosa, y responde también a un programa escatológico, apocalíptico, que pretende instalar una especie de califato universal” (Infobae, 12/04/24).
El caso AMIA le dio la oportunidad de presentar su opinión acerca de lo conveniente de replantear “desde el punto de vista de la seguridad pública, el concepto de seguridad nacional”, en un guiño al debate de la reforma de las leyes de Seguridad y Defensa para facilitar la militarización en materias de Seguridad.
Estamos frente a una campaña política y de comunicación que se viene gestando desde hace años. Pretende negar cualquier responsabilidad del Estado nacional en la comisión del crimen y su encubrimiento, en medio de un contexto internacional abrumador: el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en sus políticas de guerra y genocidio en Medio Oriente. Resulta evidente que la sentencia de Casación se inscribe en esa perspectiva. El Estado argentino y sus socios internacionales vuelven a poner el tema AMIA al servicio de una política de agresión contra los pueblos.
La sentencia de Casación no es un “Fallo Histórico” como lo presentan los medios… Es un fallo miserable camino del punto final y cierre de una causa judicial.
Desde APEMIA, queremos hacer un llamamiento urgente al pueblo argentino, a sus partidos políticos, a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos para repudiar y denunciar el fallo de los jueces de Casación, exigir la apertura y el acceso irrestricto a las pruebas y documentos del Estado y conformar una Comisión Investigadora para esclarecer este crimen de Estado e impulsar la lucha por Verdad y Justicia.
En vísperas del 30° aniversario, nos proponemos entregar de manera pública las primeras conclusiones alcanzadas con la lectura y análisis de los documentos oficiales del Estado.
El trabajo, realizado en los últimos 2 años, respalda la hipótesis sobre la responsabilidad del Estado argentino en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA, y muestra la construcción de una Historia Oficial contra la Verdad en este crimen de terrorismo de Estado en democracia.
13 de Abril de 2024
A.P.E.M.I.A.