Viernes 17 de junio de 2005

La justicia "apuntala las instituciones" Por Gloria Pagés, hermana de desaparecidos

La lucha impuso la inconstitucionalidad de las Leyes de Impunidad {{La justicia "apuntala las instituciones"}} Por Gloria Pagés, hermana de desaparecidos La justicia acaba de declarar que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que habían sido anuladas por el Parlamento el 25 de agosto de 2003, son inconstitucionales. Esto allana indudablemente el camino hacia el juicio y el castigo a los asesinos de la dictadura, ya que todos aquellos que fueron salvados por las leyes de Alfonsín1, leyes que cabe recordar fueron aplaudidas y votadas a mano alzada por el conjunto de los partidos patronales, léase la UCR y el PJ, hoy verán sus causas reabiertas y las rejas más cercanas. Esto, hay que decirlo, no es un mero gesto del progresista Kirchner; es producto, lisa y llanamente de la permanente, constante y heroica movilización de los organismos, los sobrevivientes, las madres, los hijos, los que perdimos familiares, las organizaciones de trabajadores y de la izquierda que entre sus filas cuentan con centenares de compañeros asesinados y desaparecidos, que sin pausa, pero con prisa, no dejamos ni un instante de exigir y reclamar cárcel para los asesinos. Es importante rescatarlo, porque si hubiéramos olvidado, como pretendían, si nos hubiésemos reconciliado y si hubiésemos perdonado y abandonado las calles como método de lucha, ni atisbos habría de lograr una condena. Y es posible hoy -y no antes- porque en el año 2001, Argentina sucumbió frente a la rebelión de las masas. El régimen y sus partidos tuvieron y tienen como tarea primordial, la de reconstruir las instituciones que fueron duramente golpeadas. La justicia es una de ellas, sino la más importante. Aquella Corte que ayer convalidó el saqueo a los ahorristas, a los jubilados, a los trabajadores, es hoy la Corte post 2001, aquella que necesariamente debe ceder ante los reclamos populares para seguir de pie. De este modo, al decir de Horacio Verbitsky en Página/12 de ayer, “uno de los poderes del Estado concurre en apuntalar el edificio institucional”. Pero a la pregunta de porqué ahora, podemos atinar también otra respuesta que viene de la mano de lo anterior: el gobierno y la justicia hacen la misma cuenta: son, según quién haga la suma, cerca de 400 -1000 dicen los escribas de grueso pelambre de La Nación para sembrar el fantasma del “malestar en las Fuerzas Armadas”, mientras reclaman a gritos que alguien escuche una vez más su teoría de los dos demonios- los “uniformados” que deberán presentarse a declarar al reabrirse las causas que los involucraban en delitos cometidos durante la dictadura. De todos ellos, acá lo importante, un 10% está hoy en actividad: es decir, como Verbitsky no se cansa de machacar, a lo sumo 20 oficiales cuya jerarquía no es menor a la de coronel, de los cuales casi ninguno tiene “mando de tropas” (Verbitsky dixit). Ahora bien, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en los últimos años se certificó que el 90% de las comisarías de la Capital fueron utilizadas como centros de tortura. Sólo ese número -resta hacer la cuenta de todos los que, desde el comisario al cabo realizaban tareas en ellas-, sumados a los servicios de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad, sin nombrar la cadena de complicidades “civiles”, tira por la borda esa ridícula cifra de 400 “enjuiciables”. Para ir a fondo, y para conocer toda la verdad, exigimos que el Estado haga lo que nunca hizo y está a su alcance: abrir de inmediato todos los archivos, informes y microfilms que, se sabe por los sobrevivientes, existieron y existen y ponerlos en manos de una comisión independiente de organismos, víctimas, familiares, organizaciones obreras y estudiantiles para que sirvan de prueba contra todos y cada uno de los implicados en los crímenes del genocidio. Jóvenes de espíritu sanmartiniano Entonces recapitulemos nuestro segundo “por qué ahora”: tal como está planteado no afecta más que a gerontes inhábiles, a viejos genocidas que el mismo régimen quiere sacarse de encima, para poder, de una vez por todas recomponer a la institución más odiada del país. Lilita Carrió se encargó de decirlo claramente: “hay justicia y esto implica reconstruir las Fuerzas Armadas y evitar toda humillación hacia ellas”. Ya nuestro tan citado Verbitsky, gastó ríos de tinta e insiste en separar las Fuerzas Armadas “jóvenes”, con “espíritu sanmartiniano” y “apegadas a la Constitución”, de las que actuaron en los años '70. Los asesinos de trabajadores desocupados al mando de la Gendarmería, como lo fueron Chiappe en Corrientes y Jorge -hoy retirados- en Cutral Có donde murió Teresa Rodríguez fueron la muestra más cruda de la continuidad. Los herederos de Camps y Videla son esos jóvenes que hoy actúan en la Policía y el resto de las fuerzas represivas. “Al ingresar a la seccional los hicieron formar primero en un pasillo y mientras esperaban en el lugar (...) los detenidos recibían apremios psicológicos por parte de los uniformados, quienes hacían comentarios en voz alta diciendo: ‘Les va a pasar lo mismo que en el '76', ‘Los vamos a poner en la parrilla' y entonaban cánticos diciendo ‘Volveremos, volveremos como en el 762”. Así fueron tratados los compañeros detenidos el 26 de junio de 2002, cuando en el Puente Pueyrredon, eran asesinados Maxi y Darío. Los que esto decían no superan los 30 años. Los mismos jóvenes, o no tanto, que forman parte de las misiones nada humanitarias que por ejemplo, Kirchner mandó contra el hermano pueblo haitiano y que ya fueron denunciados por violaciones y abusos en las calles de Haití. Son estos pequeños ejemplos los que nos obligan a insistir en que las FFAA y la policía están y estarán siempre dispuestas a servir a sus amos, la burguesía y los gobiernos de turno, y que son instituciones armadas contra el pueblo y los trabajadores, como lo enseña la historia de miles de mártires de la clase obrera. Por eso, nuestro llamado es a movilizarnos para exigir el castigo a cada uno de los milicos asesinos y a luchar por castigar a los represores de hoy. El juicio contra los asesinos de Maxi y Darío es nuestro desafío inmediato, junto con la lucha por liberar a todos los presos políticos de este sistema. 1 Han quedado una vez más por fuera los Indultos de Menem. 2 Testimonio tomado del libro del MTD Aníbal Verón, Maxi,y Darío, dignidad piquetera