El pasado 21/04 alrededor de 100 personas nos amordazamos en la puerta de Tribunales como protesta por el fallo de la Corte Suprema que ratifica que el colectivo de querellantes Justicia YA! no tendrá derecho a participar en los juicios contra los genocidas que se sustancien en adelante en la Capital Federal, tal como ya lo había resuelto el Tribunal Oral 5 y la Cámara de Casación.

Luego de dicho acto de repudio ante la decisión de la Corte Suprema, una importante delegación integrada por Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), CeProDH, Liberpueblo, APEL, LADH, IRE, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Unión por los DH La Plata, CAJ, Madres LF, etc., se dirigió al Consejo de la Magistratura, donde fueron recibidos por el presidente del mismo, Dr. Luis María Bunge Campos, acompañado por otros tres Consejeros.

Para comenzar, Myriam Bregman expuso los motivos de estar nuevamente exigiendo la destitución del TOF 5, quienes como clara venganza por haberlos responsabilizado del asesinato del prefecto Febrés resolvieron dejar fuera de los juicios a Justicia Ya!; recalcó que el Consejo rechazó la anterior denuncia a instancias de los kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel.

Compañeros de la AEDD, sobrevivientes de la ESMA, manifestaron lo que significaba después de más de 30 años de lucha, que nuevamente la justicia les sea negada. Nora Cortiñas expresó su apoyo al reclamo de Justicia YA! con un emotivo reconocimiento a la valentía y la constancia de los sobrevivientes de los campos de concentración para conseguir justicia.

A su vez, se entregó un documento en el que se denuncia “Entendemos que de ninguna manera esta decisión – de la Corte- se motiva en argumentos ‘de organización del proceso’. La proscripción que denunciamos tiene consecuencias directas, inmediatas y con efectos de largo alcance: ya no se exigirá que se condene a los genocidas por lo que son, por haber cometido un genocidio.”, evidenciando también que la Corte Suprema “proscribe a este colectivo y se lo hace bajo el tramposo argumento de que nuestro pedido retarda los juicios. Ello, en una resolución en que no dice una palabra de los años en que rigió la obediencia debida, el punto final, los indultos, las chicanas procesales de los genocidas, los “ritmos” de la Cámara de Casación en resolver el recurso de “Scheller”. Una vez más, el “problema” somos los querellantes, es decir: las víctimas que cuestionamos la impunidad”.(…) “El colectivo Justicia YA! se distingue claramente de otros colectivos y querellantes por sus particulares planteos. Ante todo, porque exigen que se condene por genocidio y no por delitos aislados.” Y se afirma “esa fue la estrategia de la represión en Argentina: desaparecer a un grupo nacional, unificado y definido como tal por los genocidas, que pretendía cambios revolucionarios”.

Es de destacar para terminar lo publicado por el diario Perfil (19 de abril): “La Corte Suprema quedó envuelta en una polémica al ratificar esta semana la resolución del Tribunal Oral Federal número 5 (TOF 5) para excluir al colectivo de abogados Justicia Ya”.

Este semanario sostiene que “Fuentes de la Corte Suprema afirmaron a este diario que ‘en el caso Walsh, la decisión fue por practicidad, más allá de la legitimidad que pueda tener Justicia Ya’, y reconocieron que su decisión ‘puede perjudicar al organismo para integrar querellas en futuros juicios’, como alegan en Justicia Ya.”

Entendemos que el dejarnos afuera de los principales juicios orales que se realicen en la Capital Federal es también funcional al plan de realizar algunos juicios emblemáticos donde se juzgue de conjunto a unas decenas de genocidas y dar por terminado con estos juicios. Plan que esbozaron algunos miembros del gobierno como la ministra Garre, quien dijo que para el 2010 deben estar finalizados los juicios a los genocidas. Que mejor para esos fines que dejar sin voz al colectivo de querellantes que ha mantenido una independencia constante del Estado y sus instituciones, denunciando en cada momento las carencias y falacias de la política gubernamental en materia de Derechos Humanos. También en este punto parece que finalmente el gobierno y la Corte Suprema han cerrado filas.