Domingo 6 de julio de 2003

4 A UN AÑO DEL ASESINATO DE MAXI Y DARÍO SIGUE LA IMPUNIDAD ¿QUIÉN ORDENÓ MATAR EN PUENTE PUEYRREDON?

“Vaya y haga lo que tenga que hacer” Con estas palabras el presidente Yrigoyen dio luz verde al comisario Varela para avanzar en la masacre conocida como la “Patagonia Rebelde” en 1921. De la misma forma, Duhalde daría el guiño a las fuerzas de seguridad desencadenando la brutal represión conocida como la Masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, más de 30 personas fueron heridas con balas de plomo, más de 160 fueron detenidas y hasta un local partidario de Izquierda Unida arrasado por la infantería como en las peores épocas de la dictadura. Una cacería que abarcó más de 20 cuadras a la redonda del lugar de los hechos. Un año después el MTD Aníbal Verón, ha editado un libro cuyo excelente trabajo investigativo devela de manera lapidaria la trama, los hechos y a los verdaderos responsables. En sus casi 200 páginas -que incluyen un balance general y una visión de su propio movimiento-, los compañeros detallan los preparativos previos, los objetivos políticos, el rol de la justicia, las fuerzas de seguridad y los funcionarios. La documentación y testimonios recogidos no dejan lugar a dudas: fue un plan orquestado desde el gobierno con el objetivo de poner en caja a los sectores de lucha más combativos, fortalecerse y dar muestras de “orden” ante los amos del norte. En este libro se denuncia: “Durante el corto pero intenso mandato del senador Duhalde a cargo de la presidencia, la represión abierta o encubierta se convirtió en un complemento imprescindible del clientelismo social intensivo. De esta forma buscaron frenar una dinámica de lucha popular que combinó luchas reivindicativas con cuestionamientos abiertamente políticos y de fondo como el “Que se vayan todos”... Desde el movimiento piquetero -con sus distintas expresiones- nos mostramos como el sector con mayor capacidad de cuestionamiento al sistema, junto al movimiento asambleario y de fábricas recuperadas por los obreros. Por eso nos convertimos en el blanco central de la represión.” (1) Este libro es un homenaje militante que merece ser divulgado. Es un estímulo para ayudar a la reflexión y ayuda a develar cómo el estado de la clase explotadora dispone todos sus mecanismos -de cooptación y en este caso, de represión- con el fin de someter a las clases explotadas. En estas páginas queremos destacar los aspectos más importantes sobre este punto en los hechos de Avellaneda. Por Maxi, por Darío y por los luchadores populares asesinados por el régimen y el estado en los últimos 20 años de democracia capitalista. “El Estado y la planificación criminal” “La masacre de Avellaneda, como reconoció el Secretario de Seguridad Juan José Alvarez, fue una ‘decisión política'.” (2) El grito “Que se vayan todos” seguía persistente, los ahorristas estafados seguían movilizados, el movimiento asambleario y el movimiento piquetero también. Este último sector, su ala más combativa, preparaba para el 26/6 una nueva jornada de lucha. Los convocantes estarían acompañados por asambleístas y trabajadores de las fábricas bajo control obrero como Brukman y Zanon. El corte al Puente Pueyrredón sería el más importante de los seis accesos a la Capital Federal que serían bloqueados. El gobierno se preparaba para impedirlo. Una semana antes Duhalde declaraba a la prensa: “Los intentos de aislar a la Capital... no pueden pasar más, tenemos que ir poniendo orden”. Los ministros Atanasof, Alvarez y Matzkin reiteraron la advertencia: “Se van a impedir los bloqueos sea como sea.” El 18 de mayo se habían reunido en la Casa de Gobierno el Jefe de Gabinete Atanasof, el Secretario de Seguridad Alvarez y los Jefes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura junto al Jefe de la SIDE, el Ministro de Justicia Vanossi, el Procurador General Nicolás Becerra y el Fiscal General Norberto Quantín. Estos tres últimos acordaron allí los términos de presentación de la denuncia de “Complot” contra los piqueteros. Impulsada por el entonces Jefe de la SIDE Carlos Soria. La causa que aún sigue vigente, los acusa de 19 delitos penales entre ellos el de “sedición”. La agencia de noticias Infosic informaba por entonces que “El gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron en la definición de las directivas que deberán acatar los jueces, los fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar protestas... Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves, cuando los grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos estratégicos a la Capital...”. Más tarde se decidiría que al trabajo conjunto de la Policía Federal, la Prefectura y Gendarmería, se sumaría la policía de la provincia de Bs. As. “Vamos a tratar de que todas las fuerzas sean una” declaró entonces el gobernador Solá. Así, “con el acuerdo de integrar a la Policía Bonaerense en el esquema de coordinación de las fuerzas federales de seguridad, quedaron sentadas las condiciones para el primer operativo conjunto de las fuerzas represivas que se puso en marcha... el miércoles 26 de junio”. Felipe Solá fue parte de la planificación de la masacre. Una responsabilidad que quiso cubrir cuando declaró que se había tratado del accionar de un par de “policías sacados”. “De Fanchiotti a Duhalde” Fanchiotti, Acosta o los parapoliciales de civil y miembros de la prefectura que iniciaron en la zona la cacería disparando con plomo, no fueron un grupo de “sacados”. Actuaron con toda la impunidad que les había otorgado el poder político y el económico. “... En Fanchiotti y sus hombre recayó la responsabilidad operativa de la masacre. El comisario mayor Vega, un protegido político del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, le asignó la misión. El subsecretario de Inteligencia y amigo personal del Presidente, Oscar Rodríguez, fue el nexo entre la Casa Rosada y la maldita policía. El entonces Secretario de Seguridad Alvarez garantizó el brutal operativo conjunto de las fuerzas de represión...Voceros del poder económico, a través de los medios de comunicación, agitaron y justificaron la represión y las muertes. El presidente Duhalde encabezó la decisión de llevar a cabo una represión ‘aleccionadora' que lo mostrara fuerte...” 3 Tal y como se detalla en el libro, así estaba constituida la verdadera cadena de mando. De Halcones y Palomas En su momento diferentes versiones intentaron mostrar dos alas opuestas en el gobierno: unos que exigían más represión, otros del bando de los garantistas. Los primeros fueron denominados halcones; los segundos palomas. El nombramiento de Juan P. Cafiero en la Jefatura de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por parte de Solá lo inscribiría en esta última tendencia. Sin embargo estas opciones no se excluyen. Conforman una estrategia represiva donde la tarea de unos se complementa con la de los otros. Los primeros hacen el trabajo sucio para que los segundos puedan controlar la protesta en los marcos que impone el régimen de los explotadores. Impunidad A un año de los hechos y bajo el actual gobierno, la impunidad sigue vigente. La jueza de la causa Marisa Salvo, en un gesto de verdadero encubrimiento, no hizo lugar a la acusación de homicidio calificado que hubiera condenado a cadena perpetua a Fanchiotti y Acosta -únicos procesados por las muertes de Maxi y Darío. En su lugar los acusó de homicidio simple, una pena que abarca entre 8 y 25 años. La actitud encubridora del fiscal de la causa Juan José González no deja dudas. Sólo tres días después y sin haberse dirigido al lugar de los hechos, presentó un informe en el que se limitaba a hablar de torpeza policial. Durante meses obvió imputar a Fanchiotti o pedir su indagatoria. Hay dos policías prófugos gracias a la complicidad de sus camaradas de armas. El comisario Vega, destituido inmediatamente después de la masacre, fue condecorado a cargo de la Dirección de Vigilancia del Municipio de Lanús por el intendente Quindimil; sólo gracias al repudio de organizaciones de desocupados y derechos humanos, se evitó que asumiera. El responsable de la coordinación de las fuerzas represivas de la Federal, el Comisario Roberto Giacomino, fue impunemente ratificado en su puesto por Kirchner. A pesar de toda la evidencia acumulada, ningún funcionario político por encima de los que apretaron el gatillo fue citado a declarar. Por el contrario: Norberto Quantín, que junto al Fiscal General Becerra, dio el “marco jurídico” para la masacre, fue nombrado Secretario de Seguridad Interior por Kirchner. El ex Secretario de Seguridad de la provincia de Bs. As. Luis Genuod, responsable del operativo de la bonaerense en ese momento, hoy es miembro de la Corte de Justicia Bonaerense gracias a los auspicios del gobernador Solá quien hoy, apoyado por Kirchner, se candidata para la reelección. Mientras tanto... Duhalde se pasea por Europa. Frente a tanta impunidad es necesario poner en pie una verdadera comisión investigadora independiente, conformada en primer lugar por los compañeros de la Verón, familiares de Maxi y Darío, organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados y de derechos humanos, contra la farsa comisión que impulsa el gobierno y el Ministro Béliz y que ha sido rechazada por la Correpi y el Ceprodh. Cárcel a los asesinos y responsables políticos de la represión. Inmediato cese de la causa penal contra los compañeros y de todos los luchadores procesados. 1 “Darío y Maxi dignidad Piquetera” - MTD Aníbal Verón, pág. 169. 2 Idem, pág. 75. 3 Idem, pág. 109. Esta nota fue publicada en La Verdad Obrera n° 122 (27/6/03), autor: Mónica Torraz.