Sábado 9 de octubre de 2004

Piden pan, no les dan

Piden queso... y van presos

Después de permanentes marchas por su libertad y las presentaciones que realizamos desde la defensa, la juez de garantías N° 1, Adriana Miszkin, dispuso la libertad de Julio Tejerina y Susana Acosta del MIJD de Quilmes, presos desde el 24 de Septiembre acusados de extorsión al frigorífico PENTA. Con la libertad ya ganada, seguiremos adelante hasta lograr que se resuelva favorablemente nuestro planteo de inexistencia de delito y que la causa sea definitivamente cerrada. Cualquier coincidencia.... no es casualidad A fines de julio de 2003, los integrantes del MIJD efectuaron por el lapso de tres días una concentración en la "Rotonda de Pasco" reclamando la entrega de alimentos y una salita de primeros auxilios a la Municipalidad de Quilmes. El frigorífico Penta, cercano a ese lugar, colaboró con unos pocos kilos de mondongo y hueso con carne para la olla popular. Luego de culminada la manifestación, el frigorífico realizó una denuncia alegando que se había obstruido la entrada y salida de camiones. La causa fue archivada. Un año después de aquellos hechos, en fecha coincidente con la detención de Raúl Castells en Chaco, la causa es reabierta por el fiscal general Dragui porque mágicamente aparece la empresa a través de un contador denunciando que en aquella oportunidad se sintió "amedrentado". Por eso en nuestra presentación a la justicia denunciamos que "...Al día de hoy, haciéndose eco no sabemos de qué oscura intención y cuando el dirigente del MIJD se encuentra detenido, instan nuevamente la causa pero para emular el delito del que se lo acusa a Raúl Castells y aportan testigos que justifique la extorsión UN AÑO DESPUÉS". También es de destacar que las detenciones se producen en el mismo momento en que el MIJD realizaba en Capital Federal una marcha exigiendo la libertad de Castells. Mientras que el frigorífico Penta es uno de los que más denuncias ha recibido por contaminación ambiental y nunca se logró más que se le cobre una multa de ¡800 pesos!, Susana y Julio estuvieron privados ilegalmente de la libertad por 5 kg de mondongo y 3 kg de hueso con carne. Esta causa demuestra cuál viene siendo la política oficial. Desde el gobierno se cataloga las demandas de los trabajadores ocupados y desocupados como delito, y a continuación aparecen estos buenos servidores de La Corona desarchivando causas y ordenando la detención de los luchadores. Y no es un exceso decir que estas persecuciones son "política oficial"; basta observar que al día de hoy, la provincia con más presos políticos es precisamente Santa Cruz. Desde el CeProDH llamamos a coordinarnos para lanzar una gran campaña nacional e internacional por la libertad de los compañeros de Caleta, Raúl Castells y todos los presos políticos.