El Jefe del Comando de Patrullas de Avellaneda, el Comisario Mijin, hoy pasado a disponibilidad, fue reconocido por Adriana Calvo (Ex Detenidos Desaparecidos) como represor de la dictadura. Mijin, jefe del asesino Fanchiotti, fue el encargado de supervisar la detención del dirigente Raúl Castells durante los 7 meses que estuvo preso en el Comando.
Son los mismos asesinos y represores de la dictadura, los que se encontraban en funciones el día de la Masacre de Avellaneda, los mismos verdugos cuyas manos manchadas de sangre han recorrido diferentes gobiernos dictatoriales y democráticos.
Pero sigamos. La titular del Garantías N° 5 de Lomas de Zamora, Dra. Marisa Salvo, fue quien ordenó la prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa contra Raúl Castells, sin ninguna prueba en que basarse más que en relatos evidentemente armados de personal de seguridad y policía bonaerense. Así, Raúl, que continúa en detención domiciliaria, deberá afrontar un juicio oral el próximo 11 de Octubre.
Como abogadas de Raúl Castells, no podemos menos que remarcar que la misma juez, que a demostrado tanta parcialidad a la hora de juzgar un dirigente de los desocupados, tiene ahora a su cargo la causa por la Masacre.
Porque, como se ve, no es solo un problema de "manzanas podridas", es necesaria la conformación de una Comisión de Investigación, independiente del Estado y la Justicia, para lograr una verdadera investigación que lleve hasta las ultimas consecuencias el esclarecimiento de las muertes de Avellaneda y del operativo represivo de conjunto, en el que se conozcan todos y cada uno de los responsables políticos y materiales de la Masacre. No podemos dejar que las mismas autoridades que encarcelan a luchadores sean las encargadas de la investigación.
Y por ello es necesaria también una Comisión de Abogados comprometidos con la lucha obrera y popular, que se constituya ante cada ataque del gobierno y del Estado para la defensa incondicional de TODOS los que luchan, para que casos como este no queden impunes ni librados únicamente al arbitrio de un juez, para que los presos y procesados por luchar cuenten con una defensa amplia como reflejo de la unidad que se demuestra en las calles.