Hace 7 años atrás, en octubre del 2001 y con el pretexto de la crisis económica, la familia Zanon orquestó un lock out patronal e intentó cerrar una de las fábricas de cerámicos más grande y moderna del país y Latinoamérica.
Los trabajadores y las trabajadoras ceramistas impidieron esta maniobra ocupando la planta y, unos meses más tarde -en febrero del 2002-, decidieron en asamblea ponerla en producción bajo su propio control para mantenerla abierta, conservar los puestos de trabajo y evitar caer en la desocupación.
Pero este 20 de octubre vuelve la amenaza. Ese día vence el plazo judicial para que los trabajadores y trabajadoras de Zanon administren la planta bajo la figura de la cooperativa. La única forma de evitar el desalojo y el desguace de Zanon es la expropiación.

Durante los días 7, 8 y 9 de Octubre se llevaron a cabo nuevas jornadas del juicio que se realiza a ocho genocidas en Neuquén.

El próximo martes 7 de octubre se desarrollarán los alegatos de las Querellas contra los represores Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, responsables del CCD Mansión Seré en Morón, y Alberto Pedro Barda, responsable del CCD La Cueva en Mar del Plata durante la dictadura genocida.

Durante la jornada del 29 de Septiembre, se volvió a confirmar que los militares que declaran siguen manteniendo el pacto de silencio, que mantiene a miles de ellos impunes.
Lamentablemente, muchos de los participes del genocidio, y que deberían estar imputados, son citados como “testigos” a este juicio, permitiéndoles que “cuenten su verdad”, como si fueran meros espectadores. Esta lógica, de que sus palabras sirvan “como prueba” termina siendo funcional a la impunidad. En primer lugar, porque es claro que no dicen todo lo que saben, porque eso los mostraría como parte del genocidio, lo que termina demostrando que desde el punto de vista probatorio no aportan absolutamente nada. Pero lo mas grave es que se les permite, mediante sus “testimonios” escuchar la supuesta verdad de los genocidas.

Días atrás el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó en el diario Página 12 que había que terminar con el trabajo esclavo en la Argentina (Página 12, 24-08-2008). Bajo este lema el Gobierno Nacional está impulsando un proyecto de ley que deroga la actual Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio del año 1941 que, según este funcionario, ha quedado obsoleta por el paso de los años.
Bajo esta consigna, el gobierno pretende hacer pasar como progresista una ley hecha a medida de los industriales textiles...

En la conferencia anunciarán la presentación de tres escritos ante el juzgado federal nº 3 a cargo del juez Arnaldo Corazza, uno vinculado con los juicios contra los genocidas y los otros dos con la desaparición de Jorge Julio López.

Después de los valientes y valerosos testimonios de los compañeros víctimas Antonio Texido y Roberto Liberatore (el caso de Roberto no se juzga en este tramo), se presentaba a declarar un genocida: Raúl Axel Pastor, quien durante el golpe era integrante del Estado Mayor General del Ejército y que en 1979 ascendió a Coronel del Comando en Jefe del Ejército. Que ademas fue Intendente de la Ciudad de Neuquén y compañero de tenis del genocida Reinhold.

En esta nueva jornada del juicio que se realiza a ocho genocidas de la zona declararon tres valientes compañeros/as: Juan Isidro Lopez, Francisco Alberto Ledesma e Islanda Becerra.

Estas nuevas jornadas del juicio que se realiza a 8 genocidas de la Zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, al igual que en las anteriores oportunidades en que han declarado sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, están cargadas por la experiencia que traen quienes “han atravesado la muerte” como dijera Adriana Calvo, y relatan la tortura que sufrieron, el secuestro, la desaparición en vida y la aparición para contar sus verdades.

No vamos a dejar de trabajar hasta no dar con Julio López, nuestro objetivo es ése”, había afirmado (sic) el entonces ministro del Interior de Kirchner (y hoy de Justicia de Cristina), Aníbal Fernández, diez días después del secuestro (Clarin.com, 28/09/06). Y cumplió nomás: no dieron con Julio López y, a dos años de su desaparición, ni siquiera hay un solo imputado en la causa por su desaparición forzada.

Ante las declaraciones de Arslanian, el Juez A. Corazza y el Dr. Gascón Coti, Adriana Calvo responde con el siguiente texto, al que el CeProDH, junto con el resto de los organismos de DDHH nuecleados en Justicia Ya! adherimos. La declaraciones del Dr. Gascón Coti se pueden visualizar en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-111449-2008-09-12.html

En 40 días vence el plazo judicial para que el juez de la quiebra de Zanon empiece con el trámite del remate y le vaya poniendo fecha al desalojo de la planta. Mientras el día se acerca, el gobierno provincial y sus diputados buscan dilatar el tratamiento del proyecto de ley de expropiación presentado por los trabajadores con el apoyo de más de 90 mil firmas. La expropiación de Zanon no suena bien mientras el gobernador Sapag negocia con las petroleras una prórroga de la explotación de los yacimientos de gas y petróleo para que la Repsol continúe saqueando, con “seguridad jurídica”, los recursos no renovables del subsuelo provincial.

Con un aire enrarecido, en el que incluimos el llamativo robo que sufrieran dos de los abogados querellantes por el CeProDH y las amenazas a 2 fotógrafos del diario Río Negro, han pasado las primeras jornadas del Juicio oral a 8 genocidas que actuaron en la región, Sobre las que podemos afirmar que su resultado ha sido revelador. Los importantes testimonios y pruebas que ya se han empezado a producir arrojan las primeras conclusiones, que intentaremos sintetizar aquí, y que serán parte de las que iremos enviando semanalmente.

Hubo una nueva ronda de testigos en el juicio que se les sigue a los represores César Comes, Hipólito Mariani y Alberto Pedro Barda. Declararon las ex detenidas- desaparecidas Pilar Calveiro, Zoraida Martín y Alejandra Taddei. "Mansión Seré era parte de un circuito represivo", manifestó Calveiro.

El gobierno de Córdoba y su justicia lanzaron una verdadera “caza de brujas” contra los trabajadores estatales. El sábado 06/09, el fiscal Enrique Gavier libró orden de detención y allanamiento contra 12 trabajadores estatales, la mayoría de ellos del sindicato de Luz y Fuerza. Los detenidos y sus familias denunciaron que fueron apresados en sus domicilios en horas de la madrugada, en varios casos violentando las puertas de sus hogares e incluso ingresando por los techos.